Introducción

Con el transcurrir de los años, se ha tomado mayor conciencia sobre el significado de la salud mental, pues su alteración afecta notablemente la calidad de vida de las personas. Para Salaverry la mente es como una tabla rasa u hoja en blanco de la cual surgen ideas a partir de sensaciones provenientes de los sentidos¹. En tal sentido, las enfermedades mentales se asumieron no solo desde una perspectiva intrínseca a la persona, sino que las interacciones, así como percepciones surgidas del entorno tenían un papel fundamental.

En torno a esta perspectiva, la salud mental ha sido considerada por la Organización Mundial se La Salud (OMS) como un elemento fundamental para el bienestar psicológico de todos en general, tanto de quienes sufren enfermedades mentales como de personas sin diagnóstico alguno de este tipo de enfermedades². La OMS refiere a la salud mental como: “… un estado de bienestar en el que el individuo realiza sus capacidades, supera el estrés normal de la vida, trabaja de forma productiva y fructífera, y aporta algo a su comunidad”². Existe una clara necesidad de reconocer que la salud mental va más allá del solo hecho de describir síndromes o trastornos, o que surge por la confluencia de lo ambiental y lo heredado, destacando que si ocurriese una alteración es necesaria la conformación de nuevas condiciones externas o internas que impulsen el restablecimiento o la tendencia a la recuperación³. No obstante, a pesar del impulso a la salud mental, aún existe exclusión y estigmatización de este tipo de enfermedades, aspecto que propicia el desarrollo de mecanismos para la seguridad de las personas⁴.

A nivel sociocultural, diversas organizaciones han señalado preocupación por la salud mental de sus trabajadores, pues han detectado evidencias que muestran un incremento de padecimientos que afectan la salud mental de forma leve o moderada, pero que afecta la calidad de vida de los individuos y su productividad dentro de la organización. En efecto, la Organización Para La Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señala “… uno de cada cinco trabajadores sufre de una enfermedad mental, como la depresión o la ansiedad, y muchos están luchando para hacerle frente”⁵.

Dado que el ser humano, es un individuo con sus propias particularidades a nivel de conciencia, actitud e intencionalidad, es posible constatar su conducta frente a momentos en los cuales es observado, incorporando a su vez, la perspectiva de que a partir de sus interacciones puede co-construir el mundo⁶. Es así como pudieron ser analizados comportamientos que estaban fuera del contexto de la “normalidad”, destacando la obra de Beers “una mente que se encontró ella misma” en la cual se impulsó la humanización del tratamiento a personas con trastornos mentales hasta incluso elaborar cuatro niveles en el trabajo de la salud mental que según Bertlote son “…preservativo, terapéutico, preventivo y positivo”⁴. La idea era apoyar desde la estructuración de una salud pública a personas con sufrimiento psíquico que afectan su vida e interacción con el entorno.

La salud pública es considerada una ciencia direccionada a salvaguardar el bienestar de individuos desde la concepción del Estado como protagonista; para ello, se desarrollan estrategias para prevenir la aparición de enfermedades o restablecer la salud afectada. Sin embargo, en el caso de la salud mental en Uruguay, han sido deficientes las políticas públicas implementadas, aspecto evidenciado por Novoa (2012) quien explica que el tema de la salud mental ha sido un asunto marginal, entre quienes aprueban políticas sanitarias y quienes ponen en práctica la atención a la salud⁷. Tal es así que nuestro país recién hoy (2016) logró dar respuesta a la urgencia de contemplar los derechos de las personas afectadas en su salud mental, ya que estaba vigente desde 1936 la Ley del Psicópata.

Para la mayoría de los Estados, el conformar una buena salud pública es una de las principales políticas, especialmente para aquellos ciudadanos con mayor vulnerabilidad, o condiciones precarias de tipo económico, social e incluso cultural. Para Orozco la salud pública es:

La ciencia y el arte de prevenir las enfermedades, prolongar la vida, fomentar la salud y la eficiencia física y mental, mediante el esfuerzo organizado de la comunidad para: el saneamiento del medio ambiente; el control de las enfermedades transmisibles; la educación sanitaria; la organización de los servicios médicos y de enfermería; y el desarrollo de los mecanismos sociales que aseguren al individuo y a la comunidad un nivel de vida adecuado para la conservación de la salud⁸.

Tal como se evidencia, la salud pública requiere atención sostenida, humanizada, así como eficiente, y es el Estado el primer implicado en la puesta en acto de diversos mecanismos para impulsar una mayor calidad en la asistencia sanitaria. Sin embargo, en Uruguay el Estado pareciera desconocer la realidad de la salud mental y se acostumbró a minimizar las acciones destinadas a este campo sanitario. Esta situación ha hecho que en pocas oportunidades se formulen, implementen y evalúen políticas sanitarias⁷.

Luego de varios encuentros para debatir la situación, se aprobó en el año 2017 la Ley de Salud Mental Nro. 19.529, con el propósito de impulsar una práctica sanitaria humanista, en la cual los derechos humanos estuviesen siempre presentes. Esta ley reconoce al individuo en su dignidad, sujeto de derecho, y como ser psicológico, biológico y cultural, por ello, incorpora un enfoque interdisciplinario en el cual diagnosticar correctamente padecimientos o trastornos mentales⁹.

Entre los aspectos que se destacan de la Ley de Salud Mental 19.529 es que se establece en el artículo 38 el cierre de manicomios para el año 2025, generando que la mayoría de las personas tengan que regresar a sus hogares o contar con acceso a viviendas. No obstante, es una situación que requiere planificación pues la vivienda debe ser un espacio para conformar un hogar estable y de calidad. Según el artículo 13 de la ley 19.529, se fomentará con mayor fuerza el Plan Nacional de Vivienda para integrar la comunidad y promover autonomía a personas que presenten trastorno mental severo⁹. Todo ello, recordando que la vivienda es el núcleo para organizar la vida cotidiana, desarrollar interacciones personales, y ser el soporte básico de los ciudadanos. Sin embargo, para alcanzar el objetivo del 2025 la desmanicomialización precisa asegurar el hecho de que los usuarios de salud mental, cuenten con un espacio donde lograr calidad de vida. A este respecto, Camacho insiste en que la desmanicomialización es un desafío que se puede tornar sombrío si es inexistente el alojamiento de calidad desmanicomialización con un mínimo de confianza y seguridad¹⁰.

Otro de los aspectos importantes que se tomaron en cuenta dentro de la Ley 19.529 es el consentimiento informado, por cuanto garantiza el derecho de las personas, en cuanto a la atención psiquiátrica recibida, los procedimientos a desarrollar, información, participación, condiciones de salud y otros aspectos que forman parte de la práctica sanitaria a implementar para apoyar la salud de las personas¹¹. Esta ley refiere un enfoque integral a la atención ofrecida por los profesionales de salud (artículo 15), la posibilidad de la rehabilitación (artículos 21, 22), jerarquiza el abordaje interdisciplinario (artículo 17), promueve la responsabilidad de los equipos sanitarios (artículo 19) e impulsa la desinstitucionalización de los centros psiquiátricos o asilos, monovalentes, y sustituirlos por dispositivos alternativos de atención¹¹.

En efecto, los últimos 25 años en Uruguay se han direccionado cambios con el propósito de abrir centros para desinstitucionalizar a personas con trastornos mentales severos y persistentes. Entre las acciones emprendidas se buscó la descentralización de servicios asistenciales, creación y desarrollo de la Red de Salud Mental, el fortalecimiento de tratamientos farmacológicos, humanización de tratamientos, entre otros, para contribuir a generar cambios que ayudaran mejorar la calidad asistencial de las personas con tratamientos psiquiátricos¹². La idea es conformar espacios adecuados para que las personas puedan contar con atención especializada y humanizada.

La desinstitucionalización y recuperación de personas con sufrimientos psíquicos, promovida por la Ley 19.529 impulsa la intención que logren autonomía personal, en medio de una convivencia con los síntomas que les permita integrarse en la medida de sus posibilidades a su comunidad o entorno, e incluso el poder sostener relaciones socio afectivas o desempeñar un rol valioso para el individuo¹². Todo ello, con el propósito de que la persona pueda lograr fuera del manicomio una vida relativamente satisfactoria. No obstante, es una tarea compleja que requiere trabajo cooperativo e interdisciplinario para lograr la atención de calidad que se requiere.

Objetivo

Efectuar un análisis reflexivo sobre la salud mental y seguridad de personas con trastorno mental, de acuerdo a Ley N° 19.529 que plantea la desmanicomialización y profundizar en esta realidad sanitaria uruguaya que impacta dentro de los espacios socioculturales.

Reflexión

La salud mental ha sido considerada como un estado de bienestar, capaz de ayudar al individuo a superar dificultades propias de la vida, conflictos, problemas, decisiones complejas, entre otras situaciones decisivas del ser humano². En efecto, a lo largo de la vida toda persona vivencia momentos difíciles de sobrellevar; sin embargo, la forma en que esto ocurre, el atravesar cada conflicto, determina la capacidad del individuo a enfrentar futuras experiencias. En algunas oportunidades estos avatares de la vida impactan de tal forma, que la persona desvirtúa su realidad, se distancia de ella o simplemente se desconecta del todo. Ante ello, la vida psíquica del individuo se ve tan afectada que precisa tratamiento farmacológico e incluso adentrarse en una institución psiquiátrica con la esperanza de recuperar su salud mental trastocada.

En Uruguay, el Estado ha mostrado la iniciativa de dejar atrás una ley que fue implementada en 1936, centrada especialmente a la interacción enfermedad mental-peligrosidad, cuyas prácticas de encierro era la opción para la rehabilitación de aquellos con sufrimiento psíquico. Surge de esta manera la Ley N.° 19.529, instaurada en agosto de 2017 con un enfoque humanista, que toma en cuenta la seguridad de las personas y tiene un objetivo fundamental de alcanzar en el 2025 el cierre de los manicomios⁹.

Se trata de una opción donde los derechos humanos están presentes como parte de los tratamientos o atención a personas con sufrimiento psíquico. Entre los aportes de la nueva ley es el deseo de integrar una atención interdisciplinaria dentro del marco de un modelo comunitario que propicie la recuperación; sin embargo, es una tarea compleja de alcanzar por cuanto, inicialmente se precisa la disposición de vivienda o un lugar de acogida a las personas desinstitucionalizadas, además, un seguimiento cercano de la realidad de las mismas e implementar acciones para preservar la seguridad, así como bienestar de la persona y de quienes forman parte de su entorno.

La estrategia sanitaria enfocada en la salud mental, referida en la Ley 19.529, está centrada a implementar acciones con apoyo del Estado uruguayo, para actualizar la situación asistencial de las organizaciones de salud mental⁹. El propósito es tener mayores oportunidades de que las personas puedan contar con rehabilitación psicosocial sin que tengan que mantener largos períodos de internación, por cuanto se ha considerado que con un alojamiento adecuado, apoyado en un tratamiento médico idóneo, puede lograrse un mejor funcionamiento social. Además, desde la perspectiva de la seguridad se puede prevenir deterioro tanto físico como emocional en las personas afectadas. Esta es una situación que requiere recursos suficientes tanto financieros, materiales y humanos para adoptar las medidas necesarias con las cuales optimizar el nivel de atención a las personas con sufrimiento psíquico. Otro aspecto a analizar de la Ley N.° 19.529, es que en cuanto a la desmanicomialización se va a originar la necesidad de atención en centros de salud polivalentes en los cuales disponer espacios de internación. El artículo 4 de esta ley establece que la persona debe ser atendida en un ambiente apto, con resguardo de su intimidad y privacidad, preservando su identidad y a no ser identificada o discriminada por un diagnóstico actual o pasado⁹; no obstante, los hospitales generales, por su estructura arquitectónica tienen salas de internación grandes y compartidas, lo cual dificulta la aplicación de la ley, especialmente en la privacidad, intimidad o posibilidad de discriminación e incluso puede impactar sobre la seguridad de las personas y de quienes le rodeen en ese momento⁷.

Por tanto, para alcanzar el cambio en el sistema de salud se requiere la preparación profesional de los trabajadores de la salud, así como la organización de los espacios sanitarios, para tener oportunidad de atender adecuadamente y con calidad a las personas con sufrimiento psíquico que han sido desinstitucionalizados o que requieren asistencia sanitaria. Desde la formación de profesionales de la salud es importante destacar que la capacitación del personal en el primer nivel de atención de la población es imprescindible para reconocer las necesidades de salud mental de las personas que se asisten periódicamente en los servicios sanitarios, reconociendo fortalezas y riesgos que atendidos oportunamente, darán una red de contención comunitaria para la promoción y prevención en salud mental.

Conclusiones