1. Introducción1
El presente artículo da cuenta de los resultados del censo realizado entre estudiantes de la Universidad de la República (Udelar) que se encuentran privados de libertad ambulatoria en establecimientos penitenciarios del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR). El censo fue diseñado e implementado en 2019 por un equipo de docentes de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (FCEA) y de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS).
La inscripción de estudiantes para cursar carreras terciarias desde centros de reclusión es algo novedoso. Aunque en el marco de la Udelar estas actividades comienzan en 2010, no es hasta 2016 que el tema toma relevancia con la promoción de grupos centrales para el estudio de la temática, resoluciones del Consejo Directivo Central (CDC) y la creación de protocolos de acción por los servicios universitarios en conjunto con sus propias comisiones cogobernadas. Aun así, la sistematización de información sobre las características y trayectorias de estos estudiantes y las condiciones en las cuales estudian es escasa.
Teniendo en consideración lo anterior, este trabajo pretende dar cuenta de las características sociodemográficas y las trayectorias educativas previas de las personas que acceden a este nivel, así como de su inscripción y pasaje por la Udelar y las herramientas de las que disponen para ello. La construcción de este tipo de información resulta valiosa en el contexto de una política que se encuentra dando sus primeros pasos.
En cuanto a la metodología, se confeccionó un formulario de relevamiento de información mediante el cual se indagó sobre datos personales, información educativa, estudios en la Udelar, percepciones y necesidades psicológicas básicas. Dicho formulario fue aplicado por estudiantes de grado de la Universidad.
A continuación, se presentan brevemente el marco institucional y las actividades de la Universidad de la República en cárceles vinculadas a la función enseñanza. Seguidamente, se presentan la metodología del operativo censal y los principales resultados obtenidos. Se concluye con un apartado de consideraciones finales.
2. Marco institucional y actividades de la Universidad de la República en cárceles
Las condiciones e incentivos para el desarrollo de actividades educativas dentro de las prisiones uruguayas no siempre estuvieron dados. En las últimas décadas dos hitos impulsan su evolución positiva. El primero de ellos, en el marco de la declaración de la emergencia humanitaria del sistema en 2005, es la promulgación de la ley 17.897 (Uruguay, 2005), de libertad provisional y anticipada, en la que se establece la redención de pena por estudio. A partir de allí, las personas privadas de libertad computan un día de reclusión por dos días de estudio, por lo que cada día de estudio equivale a seis horas semanales de esta actividad, de manera continua o a intervalos.
El segundo hito tiene que ver con la creación en 2010 del Instituto Nacional de Rehabilitación, que pasa a ser el responsable de todas las prisiones del país y tiene como cometido generar procesos que conduzcan a la reinserción de las personas privadas de libertad mediante la promoción de programas educativos y laborales (INR, 2020). En ese marco se crean la Coordinación Nacional de Educación y Cultura, dependiente de la Subdirección Técnica del INR, y los departamentos de Gestión Educativa en cada una de las unidades de reclusión del país, que tienen como cometido el impulso y la articulación de las actividades educativas.
En este contexto institucional favorable, la Universidad de la República comienza a tener mayor presencia en las prisiones uruguayas, y a partir de 20162 se embarca con mayor profundidad en el afianzamiento del vínculo con el sistema penitenciario mediante la firma de un convenio marco que busca: “… promover la cooperación académica y el intercambio científico y técnico entre ambas instituciones fomentando el desarrollo de líneas de docencia, formación, extensión e investigación en áreas que sean consideradas de mutuo interés” (Udelar, 2016).
Ese mismo año, el CDC insta a flexibilizar las condiciones de inscripción en la Universidad y establece que la coordinación general de este tema esté a cargo del Área de Derechos Humanos del Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio (SCEAM), apoyándose en los temas vinculados a la enseñanza en la Comisión Sectorial de Enseñanza (CSE). Desde allí se promovió la creación de una mesa interuniversitaria para la inserción de estudiantes privados de libertad.
Sin embargo, al día de hoy las respuestas que la Universidad brinda a aquellos que intentan inscribirse en sus carreras continúan siendo diversas y acotadas, según las posibilidades de los distintos servicios. Sí está claramente delimitada la perspectiva desde la cual se actúa: la democratización del acceso a la enseñanza terciaria, a partir de la concepción de la educación como un derecho a lo largo de toda la vida (Cantabrana et al., 2017, p. 203).
Una vez inscriptos los estudiantes, la metodología de trabajo varía de servicio a servicio, desde aquellos que poseen las condiciones para la asignación de docentes por unidades curriculares para la atención de estos estudiantes hasta otros en los que solo es posible coordinar para tomar alguna prueba concreta. A nivel central y en el ámbito de la Comisión Sectorial de Enseñanza, el Programa de Respaldo al Aprendizaje (PROGRESA) intenta dar acompañamiento en este conjunto de situaciones tan dispares a través de su línea de trabajo de tutorías entre pares.
La incorporación de estudiantes universitarios en condición de privación de libertad es relativamente reciente, el número aún es acotado y la información de que disponemos sobre ellos es escasa y se encuentra fragmentada en diversas bases de datos manejadas por un lado por la Udelar y por otro por el INR. Al mismo tiempo, y más allá de las variables relativas estrictamente a la trayectoria educativa de estos estudiantes, aún es muy poco lo que sabemos con relación a sus intereses, dificultades y motivaciones para emprender estudios universitarios dentro del contexto de encierro. Este trabajo se realiza con el objetivo de centralizar la información sobre esta población y conocer sus opiniones respecto al proceso educativo.
3. Metodología
El formulario del censo se estructuró en cinco secciones: I) Datos personales, II) Información educativa, III) Tus estudios en la Udelar, IV) Percepciones, V) Necesidades psicológicas básicas.
La población objetivo estuvo conformada por todos los estudiantes en condición de privación de libertad en unidades del área metropolitana con inscripción en la Udelar previa al segundo semestre de 2019.
Para su puesta en práctica, la Unidad de Extensión y Relacionamiento con el Medio de la FCEA hizo un llamado a encuestadores a partir del cual fueron seleccionadas y capacitadas las 17 personas que oficiaron como censistas3 en las unidades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 10 del área metropolitana. Para el trabajo de campo que se llevó adelante entre julio y agosto de 2019, se realizaron coordinaciones con el INR, el PROGRESA, las intendencias, los decanatos de la FCEA y la FCS y el Prorrectorado de Gestión de la Udelar.
Entre los principales desafíos que enfrentó el equipo se encuentran la dispersión territorial de las unidades del área metropolitana, la disparidad de información entre los registros de estudiantes universitarios del INR y el PROGRESA (que llevó a modificar el universo censal una vez iniciado el proceso), la movilidad de la población objetivo intraunidades, los egresos del sistema penitenciario y las salidas transitorias, la coincidencia de pruebas a las que debían asistir los estudiantes, así como instancias canceladas o demoradas por incidentes dentro de las unidades.
Como producto de este proceso se realizaron 57 encuestas presenciales. Dado que fue imposible censar a dos estudiantes debido a que estaban usufructuando salidas transitorias, se les solicitó que completaran el formulario de manera online, por lo que se obtuvo un total de 59 respuestas. Luego de controlados con los datos administrativos del INR y el PROGRESA, se decidió quitar seis casos de la base de datos, tres por no encontrarse inscriptos efectivamente en la Udelar y tres por haber ingresado en el segundo semestre de 2019. De esta manera la cobertura quedó de la siguiente forma (Cuadro 1):
Los datos fueron digitados por el equipo docente a cargo del censo y procesados con software estadístico.
4. Resultados
4.1. Características sociodemográficas
Con relación a las características de los estudiantes encuestados, la mayor parte de ellos son hombres, quienes representan un 81,13 % de los respondentes, lo que va en línea con los datos generales de la población privada de libertad. Sin embargo, las mujeres se encuentran sobrerrepresentadas con relación a la población global, dado que se ubican en el entorno del 19 % de los estudiantes universitarios, mientras que a julio de 2019 representaban un 5,3 % de la población privada de libertad (Comisionado Parlamentario, 2019).4
En segundo lugar, se trata de una población mayormente adulta, con un promedio de 36 años de edad y una mediana de 34 años de edad. A diferencia de lo que ocurre con los estudiantes universitarios extramuros,5 menos del 4 % son menores de 25 años y, en el extremo opuesto, más del 30 % son mayores de 40 años.
Con respecto al vínculo con el afuera, la amplia mayoría de los estudiantes (87 %) reciben visitas, principalmente de sus parejas, madres, hijos e hijas. Por otro lado, prácticamente la mitad (47 %) tiene experiencias previas de privación de libertad, ya sea como menor, mayor o ambos.
En cuanto al trabajo, el 75 % declara trabajar, lo cual diferencia con claridad a los estudiantes universitarios privados de libertad de la generalidad de la población penitenciaria y de los estudiantes universitarios en general.6 Entre los estudiantes que no trabajan, el 38 % consideran que esta situación se debe a sus responsabilidades educativas. De los que trabajan, más de 6 de cada 10 no perciben ningún ingreso y apenas 12,5 % tienen cobertura de la seguridad social (Cuadro 2).
4.2. Educación previa al ingreso a la Udelar
En primer lugar, se indagó sobre el máximo nivel educativo alcanzado antes de la privación de libertad y se encontró que un 20 % logró finalizar sus estudios secundarios antes de encontrarse recluido, mientras que un 79,25 % lo hace estando privado de libertad. Esto podría dar indicios de que para ciertos grupos sociales la cárcel se presenta como una oportunidad en términos educativos, e invita a afianzar los vínculos de la Universidad con el Programa de Educación en Cárceles (PEC) del Consejo de Educación Secundaria (CES) (Cuadro 3).
En segundo término, se consultó sobre las características de la formación media y se observó que más del 90 % opta por los bachilleratos diversificados que ofrece el CES, entre los cuales predomina la opción humanística. Un dato que llama la atención es que en el entorno del 11 % realizó más de un bachillerato. Si controlamos este dato con haber terminado la formación media dentro o fuera de un establecimiento penitenciario, encontramos que todos los que dicen haber cursado más de un bachillerato terminaron la educación media dentro de las instalaciones del INR. Lo anterior invita a seguir reflexionando en torno a los mecanismos de la Universidad para captar estudiantes una vez que terminan la formación requerida para el ingreso a distintas carreras. Asimismo, se presenta la interrogante sobre los posibles incentivos institucionales que puedan estar operando en este proceso, en particular el rol que podría jugar la redención de pena por estudio, dado que es idéntica para los distintos niveles de formación.7
Por último, se identificó que el promedio de edad de finalización de la enseñanza media es de 29 años. Si distinguimos aquellos que finalizaron la educación media fuera de los establecimientos del INR de aquellos que lo hicieron dentro, encontramos que en el primer caso el promedio de edad de finalización desciende a los 21 años, mientras que en el segundo aumenta a 31 años.
4.3. Estudios en la Udelar
Con relación a la situación en que ingresaron a la Udelar, los resultados muestran que aproximadamente 8 de cada 10 estudiantes iniciaron sus estudios universitarios durante la privación de libertad. Aquellos que iniciaron sus estudios universitarios antes del encarcelamiento fueron consultados por el año en que habían retomado los estudios estando encarcelados. La amplia mayoría (el 80 %) logró acceder nuevamente en los últimos dos años: 2018 y 2019.
Los encuestados tuvieron que señalar cuál era el servicio por el que respondían, teniendo en cuenta que pueden estar inscriptos en más de una carrera. Las facultades que acumulan mayor proporción de menciones pertenecen principalmente al Área Social y Artística; aquellas con más número de estudiantes respondentes son la FCEA, la FCS y la Facultad de Derecho. Con igual importancia que esta última aparece la Facultad de Psicología, en el Área Ciencias de la Salud. A pesar de la gran concentración que logran estas cuatro facultades (acumulan el 89 % de los casos), cabe destacar que aparecen menciones a 10 servicios distintos, lo que indica la heterogeneidad de la oferta educativa de Udelar (Cuadro 4).
La información presentada anteriormente se controló con los datos administrativos proporcionados por la Dirección General de Planeamiento para todo el universo censal, hubieran respondido la encuesta o no. Para los casos que no habían respondido se tomó como carrera la primera oferta en la que se inscribieron y se encontró que la mayor proporción de los estudiantes inscriptos en la Udelar sigue estando en el Área Social y Artística, con un aumento de la participación del Área Ciencias de la Salud y un nivel similar en el Área Tecnologías, Ciencias de la Naturaleza y el Hábitat.
Luego se consultó a los encuestados si la/s carrera/s que estaban estudiando habían sido su primera opción de educación terciaria en el contexto de encierro. Si bien la mayoría responde afirmativamente, casi una tercera parte (32 %) considera que la carrera que se encuentra cursando no constituyó su primera elección. A aquellas personas que contestaron que no estaban estudiando la carrera que constituía su primera opción, se las consultó acerca de cuál era esta.
Interrogados acerca de por qué no se anotaron en su primera opción, la amplia mayoría de los encuestados hacen referencia a la falta de oferta, esto es, o bien son carreras que no se dictan en contextos de encierro, o no llegaron al momento de la inscripción. Sin embargo, las tres personas que comentan que les hubiera gustado elegir Derecho pero optaron por otra carrera hacen referencia a dificultades con el mercado de trabajo: “No se puede ejercer como PPL”, “No hay salida laboral”, “Me dijeron que no me daban el diploma” (Cuadro 5).
Más allá de que se encuentren o no cursando su carrera preferida, se consultó a los encuestados si les gustaría inscribirse en una carrera adicional. Las opiniones se encuentran repartidas entre aquellos que respondieron afirmativa y negativamente, aunque la mayoría (un 55 %) rechazó esa posibilidad. A aquellos que respondieron afirmativamente, se les consultó cuál carrera sería de su interés. Si bien algunas personas mencionan opciones que están disponibles hoy en día, surge un abanico mucho más amplio de disciplinas que abarca desde carreras tradicionales como la agronomía, la arquitectura o la medicina hasta otras como la gestión ambiental, la educación física o la criminología. Hay quienes mencionan el interés por realizar algún posgrado.
A continuación, se consultó a los encuestados acerca de los factores que influyeron en su decisión de inscribirse o retomar los estudios en la Udelar. La amplia mayoría tomó la decisión en base a consideraciones relativas al interés específico en la materia: “Me gustaba la profesión” y “Es mi vocación” fueron elegidas por el 60 % y el 39 % de los encuestados, respectivamente. Les siguen consideraciones de tipo pragmático o instrumental: “Es una opción que se puede hacer en esta cárcel” y “Puedo redimir pena”, cada una de ellas elegida por el 34 % de los encuestados. Finalmente, “Me iba bien en el liceo con las materias relacionadas con esta carrera” fue seleccionada por casi la tercera parte de las personas encuestadas.
También se indagó si los encuestados consideraban que se habrían inscripto en la Universidad si hubieran estado en libertad: mientras un 46 % considera que sí lo habría hecho, 4 de cada 10 entienden que no. Finalmente, un 14 % no lo sabe con certeza. A aquellas personas que contestaron negativamente o con incertidumbre, se les pidió que fundamentaran su respuesta. La mayoría de los encuestados mencionaron la falta de tiempo, principalmente derivada de las obligaciones laborales o familiares. Sin embargo, también aparecen menciones a otras cuestiones: el distanciamiento temprano del sistema educativo (haber abandonado los estudios mucho tiempo atrás o no haber podido terminar el liceo), dificultades prácticas vinculadas a residir en el interior y no tener cerca centros educativos de nivel terciario o consideraciones relativas a encontrarse en una etapa vital en la que los estudios no eran una opción (“estaba pasado de edad”). Finalmente, y de modo más o menos explícito, se hace mención a la incompatibilidad entre el mundo del delito y los estudios: “Mi vida era muy distinta, no hubiese pensado en estudiar”; “Tenía una vida que no incluía esa opción”; o “El tiempo me hizo recapacitar y pensar mi prioridad. En la calle nunca hubiese podido estudiar por el ambiente en el que estaba”(Figura 1).
A continuación, se les consultó por su participación en diversas actividades universitarias dentro de la privación de libertad. La actividad que acapara una mayor proporción de menciones son las tutorías (con tutores/as ya sea de un centro de estudiantes o institucionales), respecto de las cuales un 92 % de los estudiantes dicen haber participado. Les siguen las clases de consulta con docentes, mencionadas por un 64 % de los estudiantes. Una actividad que no ha logrado llegar a la mitad de los estudiantes son las instancias de bienvenida o los encuentros de estudiantes, mencionadas por un 47 % de los encuestados. Adicionalmente, menos de la tercera parte (32 %) menciona haber participado de algún curso introductorio a la vida universitaria. La actividad a la que los encuestados acceden en menor medida son las instancias presenciales en los propios servicios de referencia: solo el 11 % ha logrado hacerse presente en su facultad. Esto va en línea con sus posibilidades de salidas transitorias, dado que solo un 6 % ha logrado acceder a este tipo de beneficio por motivos vinculados al estudio, mientras que el 19 % ha accedido por otros motivos. Se observa que las salidas transitorias están claramente restringidas (Cuadro 6).
Respecto a la frecuencia con la que los estudiantes acceden a la comunidad educativa de la unidad en la que se encuentran recluidos, se observa un mayor uso de este espacio por su cuenta, sin la presencia de docentes o tutores. Así, la mitad logra acceder a la comunidad educativa por su cuenta más de una vez por semana, mientras que casi la tercera parte se encuentra con tutores o docentes con esta frecuencia. La frecuencia más usual de encuentro entre estudiantes y docentes o tutores es de una vez a la semana, situación que refiere al 49 % de los estudiantes. A pesar de este acceso frecuente a las comunidades educativas, sobresale que la quinta parte de los estudiantes parece tener casi vedado el uso de este espacio, a no ser que cuenten con la presencia de docentes o tutores. Así, un 21 % concurre a la comunidad educativa menos de una vez por mes, si debe hacerlo por su cuenta. Consultados acerca de la duración de las instancias en la comunidad educativa, se observa que el promedio es de 3,3 horas (Cuadro 7).
El dato de acceso a materiales de estudio es mucho más alentador, en la medida en que ha sido un objetivo de la actuación de los distintos servicios de la Udelar dentro de la privación de libertad. Como resultado de ello, apenas uno de los encuestados (2 %) menciona no haber accedido a estos. Los estudiantes acceden a una amplia gama de materiales, entre los que sobresalen las fotocopias (92 % de los estudiantes) y los libros y librillos (86 %). Además, 8 de cada 10 estudiantes tienen acceso a ceibalitas y tres cuartas partes acceden a cuadernos o cuadernolas. El tipo de material al que menos acceden los estudiantes son los resúmenes; sin embargo, el 50 % dice tener acceso a ellos (Cuadro 8).
En cuanto al modo en que los encuestados acceden a ellos, casi tres cuartas partes sostienen que se los entrega la facultad, mientras que un 27 % mencionan que se los donan los docentes. La compra por los propios internos o sus familias es otro mecanismo bastante utilizado, y es mencionado por una de cada cuatro personas encuestadas. De los presentados, el medio menos utilizado es el préstamo de la biblioteca, mencionado apenas por un 14 % (Figura 2).
El acceso a internet está ampliamente difundido entre los estudiantes universitarios privados de libertad. Así, 9 de cada 10 dicen tener acceso a la herramienta, y de aquellos que acceden, el 60 % lo hacen a diario y un 36 %, semanalmente. Sin embargo, algunos que declaran acceder a internet logran hacerlo menos de una vez al mes (un 4,3 %), con lo que su utilidad en términos educativos se vería fuertemente debilitada (Cuadro 9).
En cuanto al modo de acceso a internet, el lugar privilegiado es el espacio de inclusión educativa, ya sea sin la presencia de un referente (49 %) o con la presencia de un referente (15 %). Sin embargo, un 36 % de los encuestados logran acceder a internet en cualquier lugar del establecimiento de reclusión.
Se consultó a los 48 estudiantes que mencionaron utilizar internet si acceden a la plataforma de la Udelar EVA, a lo que 9 de cada 10 respondieron afirmativamente. Finalmente, se les preguntó cuál consideraban que es la principal dificultad para acceder a EVA. La mayoría de las respuestas refieren a las dificultades en el acceso a internet, ya sea por la limitación de los horarios, el tiempo que requiere estar frente a la computadora o la escasez de máquinas disponibles. El segundo argumento refiere a las dificultades en la conectividad a internet. Son mencionadas también por varios estudiantes las dificultades propias para comprender la herramienta, ya sea por falta de práctica o por falta de instrucción. Asimismo, se mencionan diversos problemas con las claves de matriculación que impiden el acceso a los materiales disponibles (Cuadro 10).
4.4. Percepciones
En esta sección, interesaba indagar acerca de si los encuestados percibían que se modificaron sus vínculos con diversos grupos de referencia (otras personas privadas de libertad, familia y personal penitenciario) a partir de haber iniciado sus estudios universitarios. En cuanto al vínculo con otros privados de libertad, los encuestados entienden que este, o bien permaneció incambiado, o bien mejoró. En cuanto a si reciben más atención ante sus reclamos en la unidad por el hecho de ser estudiantes universitarios, 4 de cada 10 están en desacuerdo o muy en desacuerdo. Finalmente, con relación a la familia, las respuestas se concentran en los dos extremos: los encuestados, o bien consideran que su vínculo mejoró, o bien, por el contrario, están en desacuerdo con dicha afirmación (Cuadro 11).
Más allá de la calidad del vínculo, interesaba saber si los encuestados consideran que sus opiniones son valoradas por estos tres grupos de referencia (otros privados de libertad, la familia y el personal de la unidad). Los resultados muestran que en términos generales los encuestados se sienten mayoritariamente valorados por todos estos grupos. El grupo que muestra un mayor nivel de valoración de sus opiniones son los propios privados de libertad (94 %), seguido por la familia (89 %) y finalmente por el personal (67 %) (Figura 3).
La mayoría de los encuestados consideran que la valoración que los grupos de referencia tienen respecto a sus opiniones no se ha visto modificada sustancialmente debido a haber iniciado estudios universitarios. Los menores cambios se observan a nivel de las familias, que parecen valorar o no las opiniones de los internos según otros factores que escapan a su inserción en la Universidad. Por otro lado, es entre los otros privados de libertad que el involucramiento en la Universidad ejerce mayor influencia positiva con relación a la valoración de sus opiniones. Finalmente, si bien la mayoría entiende que la valoración del personal no se vio modificada o cambió para bien, un 8 % de los encuestados entienden que el haber iniciado estudios en la Udelar generó un cambio negativo en la valoración de sus opiniones por parte del personal de la unidad (Figura 4).
Finalmente, consultados acerca de qué actores podrían contribuir a realizar cambios en sus vidas, los encuestados consideran que son principalmente ellos mismos quienes tienen capacidad de hacerlo (8 de cada 10). En segundo lugar, se destaca el rol de la familia para la consecución de cambios vitales, mencionada por un 34 % de los encuestados. En tercer lugar, pero logrando apenas la mención de un 6 % de los encuestados, se ubican tanto el gobierno nacional como Dios (Cuadro 12).
5. Consideraciones finales
El censo permite elaborar consideraciones en al menos tres niveles.
En primer lugar, el que refiere a la disponibilidad de información relativa a los estudiantes universitarios privados de libertad. Si bien esta población ha aumentado en los últimos años, en términos absolutos continúa tratándose de un grupo reducido, lo cual permitiría disponer de información válida y confiable respecto de sus perfiles, trayectorias, motivaciones y dificultades. A pesar de que existen diversos instrumentos de recolección de datos que se aplican a este grupo de estudiantes, la información que tenemos es aún muy escasa y muestra altos grados de fragmentación, tanto entre los distintos registros manejados por la Udelar como con relación a su articulación con los registros del INR. Adicionalmente, la información generada por la Udelar está diseñada para caracterizar las trayectorias educativas de la globalidad del estudiantado. Por ello relega algunas dimensiones que parecen particularmente pertinentes para comprender las necesidades específicas, los intereses puntuales y las dificultades que enfrentan los estudiantes que deciden ingresar o continuar una carrera universitaria en privación de libertad. En este sentido, parece necesario continuar trabajando en la articulación de bases de datos entre Udelar e INR, así como en la elaboración de instrumentos de registro específicos, a los efectos de mejorar las modalidades en las cuales la universidad está dando respuesta a las demandas de enseñanza terciaria por parte de la población recluida.
En segundo lugar, cabe mencionar diversos aspectos que caracterizan a la población objeto de estudio. Se observa a partir de la información del censo que los estudiantes universitarios privados de libertad muestran, a priori, un perfil que los diferencia tanto de los estudiantes universitarios que desarrollan sus trayectorias educativas en libertad como del resto de la población penitenciaria. Con relación a la generalidad de la población privada de libertad, entre los estudiantes universitarios se encuentran sobrerrepresentadas las mujeres, las personas de edades más avanzadas, quienes terminaron la formación media antes de estar recluidos, así como quienes logran acceder a plazas laborales.
Los resultados relativos a temas educativos muestran que los estudiantes universitarios en condición de privación de libertad se inclinan principalmente hacia las ciencias sociales y humanas, optando mayoritariamente en la educación secundaria por el bachillerato humanístico y en los estudios universitarios por las carreras del Área Social y Artística. Con relación a las motivaciones específicas para iniciar o retomar sus estudios en la Udelar, la amplia mayoría resalta cuestiones vocacionales o relativas al interés en la profesión. Recién en un segundo lugar aparecen las consideraciones de índole instrumental, como la redención de pena o a la escasez de otras opciones disponibles. Resulta interesante destacar que 4 de cada 10 estudiantes en privación de libertad consideran que no se habrían inscripto en la Udelar en caso de no estar recluidos. Ello implica un doble desafío para la Universidad: por un lado, continuar desarrollando estrategias que habiliten el acceso y disminuyan la desafiliación de las poblaciones más vulnerables que se encuentran en el medio libre. Por otro lado, intensificar su accionar dentro del contexto de privación de libertad en donde la combinación de tres factores -I) la alta tasa de prisionización que tiene nuestro país, II) la estructura juvenil de la población reclusa y III) los avances notorios observados en los últimos años de la enseñanza secundaria en contextos de encierro- hace prever que la demanda por educación terciaria continuará aumentando notablemente en los próximos años.
En cuanto a los diversos tipos de actividades universitarias en las que pueden involucrarse los estudiantes, resalta la amplia cobertura que tiene el vínculo con tutores estudiantiles (ya sea pertenecientes a los centros de estudiantes, a servicios o a PROGRESA). Sin embargo, hay actividades que están prácticamente vedadas para esta población, en particular aquellas que requieren la presencia física en los servicios en los cuales estudian, dado que es un grupo muy minoritario el que usufructúa salidas transitorias por motivos de estudio. Si bien el acceso a diversos materiales de estudio está bastante extendido en la población, 2 de cada 10 tienen un acceso muy restringido a la comunidad educativa. Por su parte, mientras el acceso a internet parece estar bastante extendido entre estos estudiantes, se observan dificultades específicas en el uso de la plataforma EVA.
Para finalizar, un tercer grupo de consideraciones hace referencia a los impactos que la educación terciaria puede llegar a tener en la cotidianeidad y en las percepciones de los estudiantes. El acceder a los estudios universitarios no parece haber modificado sustantivamente la valoración de sus opiniones por otros grupos de referencia. La familia es el grupo que muestra menor modificación de sus valoraciones ante el nuevo estatus de estudiante universitario. Sin embargo, se observa que tanto entre las otras personas privadas de libertad como entre el personal de la unidad el hecho de ingresar a los estudios terciarios ha implicado, en términos generales, un cambio positivo en la valoración de las opiniones de los estudiantes. A pesar de ello, un pequeño grupo de encuestados entienden que el haber iniciado sus estudios en la Udelar generó un cambio negativo en la valoración de sus opiniones por parte del personal de la unidad. Adicionalmente, se observa que entre los encuestados existe una percepción difundida de que son ellos mismos los principales protagonistas de sus vidas y, por ende, de ellos depende principalmente la posibilidad de realizar un cambio significativo en sus trayectorias vitales. Los vínculos entre estas opiniones y el hecho de estudiar en la Universidad, es decir, si son quienes tienen una mayor percepción de autoeficacia quienes acceden a estudiar en la Universidad, si la Universidad incrementa los niveles de autoeficacia percibida o si ambas se retroalimentan, es un campo de estudio que queda abierto y que requeriría la realización de estudios longitudinales sobre esta población.