Se entiende por lesión o injuria el daño corporal resultante de la exposición aguda y transferencia de energía al cuerpo humano; esta energía puede ser mecánica, química, física, térmica o por radiación.

Las lesiones no intencionales son provocadas por siniestros de tránsito/vehículos, caídas, quemaduras, ahogamiento, electrocución, mordeduras, picaduras, asfixia o inhalación, heridas por armas de fuego y por intoxicaciones. Las lesiones intencionales son causadas por homicidio, suicidio o maltrato infantil.

Las lesiones no intencionales son una causa importante de morbimortalidad, dolor, sufrimiento y discapacidad, que a lo largo de la vida pueden tener consecuencias graves sobre el desarrollo físico, psíquico y social de niños, niñas o adolescentes lesionados. Además, determinan una importante erogación de recursos sanitarios y sociales a corto y largo plazo.

Son una de las principales causas de mortalidad después del primer año de vida, y son la primera por causa externa en determinados grupos de edad, sobre todo en la población pediátrica y en adultos jóvenes.

En las últimas décadas se ha reconocido que las lesiones son un problema que puede ser prevenido mediante acciones coordinadas de salud pública. La estrategia de abordaje de este problema ha cambiado. Actualmente se acepta que la prevención de lesiones es responsabilidad de la sociedad y se reconoce que la sistemática en la prevención debe estar basada en la evidencia y en una respuesta más efectiva, más que verlas como productos del azar o de “accidentes” inevitables.

La estrategia de prevención se basa en el análisis de factores que faciliten la aparición de una lesión, aplicando la matriz de Haddon, dirigida al ambiente, al objeto y al sujeto, en diferentes momentos: antes, durante y después que se genere el daño. Surge así el concepto de prevención primaria, secundaria y terciaria.

En los últimos años, el Comité de Prevención de Lesiones No intencionales de la de la Sociedad Uruguaya de Pediatría (SUP), en conjunto con otros actores vinculados a esta temática ha abordado varias de las lesiones previamente referidas, entre ellas el ahogamiento y las lesiones provocadas por pirotecnia.

En la problemática vinculada a pirotecnia, se trabajó en conjunto con el Departamento de Emergencia Pediátrica (DEP) del Centro Hospitalario Pereira Rossell (CHPR), la Unidad Académica de Emergencia Pediátrica de la Facultad de Medicina, la Unidad de Quemados y Rehabilitación (UNIQUER) del CHPR y la Sociedad de Cirugía Plástica Reparadora y Estética del Uruguay, en forma intensa y participativa.

Las publicaciones de años 2013 y 2017^1,2) sobre este tema en Archivos de Pediatría del Uruguay mostraron la relevancia de estas lesiones, que generan quemaduras, lesiones de piel y partes blandas, oculares, fracturas, amputaciones, tratamientos médico-quirúrgicos complejos y en ocasiones secuelas anatómicas, funcionales, estéticas y psicológicas.

A partir de esta información se llevaron adelante estrategias comunicacionales a través de diferentes medios. Se realizaron entrevistas en radios, televisión, prensa escrita, comunicados institucionales, acciones ante autoridades nacionales y municipales vinculadas a la temática, presentaciones en congresos y jornadas de la SUP, Jornadas de Emergencia Pediátrica de la Sociedad Integrada de Emergencia Pediátrica del Uruguay (SIEPU).

Entre estas actividades se realizaron reuniones de trabajo con el Ministerio de Defensa (Servicio de Materiales y Armamento del Ejército), el Ministerio de Interior (Dirección Nacional de Bomberos), el Ministerio de Salud (Dirección General de la Salud-Programa de la Niñez), del Ministerio de Trabajo (Inspección General del Trabajo), que determinaron que desde Presidencia de la República se impartiera la directiva de llevar a cabo mejoras en aspectos de reglamentación de la pirotecnia y difusión del problema.

Además de presentar el problema ante la sociedad, las familias y los pediatras, se logró reglamentar la prohibición de importación y venta de determinados dispositivos de pirotecnia (megapetardo/superbomba) que generaban graves lesiones, así como iniciativas municipales de algunos departamentos del interior de la República que regulan y limitan la utilización la utilización de pirotecnia.

Los resultados han sido favorables. En los últimos años se ha constatado un descenso notorio y progresivo de las lesiones por pirotecnia, se destaca que en las fiestas navideñas y de fin de año de 2022 esta problemática ha sido casi nula. En el CHPR no hubo niños, niñas o adolescentes con lesiones por pirotecnia. También debe haber contribuido a este descenso la respuesta de la sociedad a las propuestas llevadas a cabo por otros actores que promueven la prohibición, vinculados a familias de niños con alteraciones del desarrollo, especialistas vinculados a estas situaciones, y a grupos de protección de animales.

Desde el Comité de Prevención de Lesiones No Intencionales de la SUP seguiremos promoviendo la regulación de la pirotecnia y estimulando a las familias a seguir las recomendaciones de prevención para evitar lesiones por esta causa. Continuaremos trabajando en forma conjunta con las sociedades científicas, cátedras y departamentos anteriormente referidos para sostener en el tiempo los buenos resultados logrados.

No ha sucedido lo mismo con el ahogamiento. Mostraremos algunos datos estadísticos que son necesarios para analizar debidamente esta problemática.

El ahogamiento es causa de muerte, morbilidad y secuelas neurológicas permanentes. La Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2017³ publicó un informe mundial en el cual manifestaba que el ahogamiento es un problema de salud pública muy prevenible que nunca se ha abordado mediante un esfuerzo mundial estratégico de prevención.

En el informe se refiere que en muchos países el ahogamiento es causa importante de muerte entre 1 y 5 años y figura entre las 5 principales causas de muerte en esta franja etaria. Uruguay se encuentra en este grupo de países. A nivel global se reportan 372.000 muertes anuales, la mayoría en menores de 25 años.

En EE.UU., se informan 3.500 ahogamientos por años, 10 muertes por día, 1 de cada 5 muertes en menores de 14 años; es la segunda causa de muerte en el grupo de edad de 1-4 años y la primera entre en grupo de edad 1-4 años y la primera entre 1-14 años.

Reportes similares de otros países, como Australia y España, muestran que la tasa de mortalidad por ahogamiento se ha mantenido estable con cierta tendencia al aumento.

En Uruguay, entre los años 2009 y 2016 se produjeron 174 muertes de 1 a 19 años. El ahogamiento figura como primera causa de muerte externa en el grupo de 1-5 años.

De la información comparativa entre causas de muerte por diferentes problemas o patologías, entre los años 2012 a 2016 en el grupo de 1 a 19 años fallecieron más pacientes por ahogamiento que por infecciones respiratorias (98 por ahogamiento y 79 por infecciones respiratorias)⁴.

En Uruguay desde hace varios años han llevado a cabo actividades de prevención y de educación acuática por parte de diferentes entidades, entre las cuales se destaca la SUP, la Asociación Nacional de Guardavidas del Uruguay (ANGU), junto a otras sociedades científicas, organismos públicos e iniciativas privadas sin fines de lucro.

Desde el Comité de Prevención de Lesiones No Intencionales de la SUP, al renovar sus autoridades en el año 2016 se plantearon diferentes temas para abordar e impulsar, entre los cuales estaba al ahogamiento.

En el año 2017 en el contexto del XXXI Congreso Uruguayo de la SUP el comité realizó una actividad que se denominó: “Ahogamiento: Todos al rescate”. Fueron invitados a participar autoridades y grupos vinculados a la temática: MSP, ANGU, Armada Nacional. Se generó el compromiso de avanzar en estrategias interinstitucionales.

Ese mismo año se realizó la Semana de la Seguridad Acuática, que es un evento educativo promovido por la Secretaría Nacional del Deporte (SND), la Secretaría de Educación Física, Deportes y Recreación de la Intendencia Municipal de Montevideo y la Asociación Nacional de Guardavidas del Uruguay.

Además de establecer un grupo de trabajo, se intensificaron las comunicaciones en los medios para dar mayor visibilidad al ahogamiento. Desde la SUP se establecieron campañas de prevención y difusión dirigidas a pediatras y familias.

El 3 de enero de 2018 se conforma la Mesa Interinstitucional de Seguridad Acuática (MISA), integrada por la Asociación Nacional de Guardavidas del Uruguay; la Secretaría de Educación Física, Deporte y Recreación, de la Municipal de Montevideo; la Secretaría Nacional del Deporte; la Armada Nacional Naval; la Dirección Nacional de Bomberos; la Sociedad Uruguaya de Pediatría -concretamente, el Comité de Prevención de Lesiones No Intencionales-; la Asociación Honoraria de Salvamentos Marítimos y Fluviales; la Facultad de Medicina, de la Universidad de la República y el Ministerio de Salud Pública⁵.

En esa reunión se estableció la necesidad de poner en marcha la creación de un Plan Nacional de Seguridad Acuática (recomendación número 9 del Informe Mundial Sobre los Ahogamiento de la OMS).

El marco jurídico de competencias y funcionamiento debería establecerlo el Ministerio de Salud Pública Pública, pero no se ha concretado.

Paralelamente, en el año 2019 legisladores nacionales presentaron un proyecto de ley bajo el título de “Programa Nacional de Prevención del Ahogamiento Infantil”, que fue modificado con agregados y mejoras en el año 2021. La ley no ha sido promulgada.

Como se desprende de lo anteriormente referido, la respuesta de las autoridades nacionales no se ha acompasado a la relevancia que tiene esta temática.

Desde el empuje de los años 2016-2017 realizado por los actores que participamos de actividades de prevención de ahogamientos, se mantuvo la difusión del tema ante la sociedad.

En el año 2021 el Ministerio de Salud declaró de interés ministerial el día 8 de diciembre “Día de Prevención de Ahogamientos”.

La información de los últimos años muestra una tendencia estable al descenso en las muertes por ahogamiento en menores de 19 años (Figura 1).

Figura 1: Muertes por ahogamiento menores de 19 años 

En la gráfica⁴ se observa un descenso notorio en el año 2020, que seguramente está vinculado a la restricción de la movilidad vinculada a la pandemia por SARS-CoV-2, y que no puede ser considerado un resultado de las campañas de prevención. Tendremos que evaluar esta tendencia con los valores del año 2023.

De todas formas los resultados no son los mejores si consideramos las características de nuestro país. Pareciera ser que las campañas de prevención no han llegado con la suficiente fuerza a la comunidad y que la educación acuática no se ha podido difundir en forma global⁵.

Es un desafío mejorar nuestras estrategias y resulta fundamental que las autoridades nacionales acompañen con las regulaciones y leyes pendientes de aprobación. Sabemos que las reglamentaciones y leyes por sí solas no son suficientes, pero son necesarias para dotar a los diferentes grupos de trabajo de las estructuras y financiaciones necesarias para llevar adelante actividades de educación y prevención.

En nuestras manos está parte de la solución. Continuaremos y redoblaremos nuestro esfuerzo para evitar muertes de niños, niñas y adolescentes, trabajando interinstitucionalmente con las diferentes disciplinas vinculadas al ahogamiento.