Introducción

Este artículo se desprende de la investigación titulada “Violencia policial en los márgenes del Estado: conflictos y violación a los derechos humanos en el barrio Marconi de Montevideo”.¹ Del mismo modo, el trabajo se enmarca dentro de las actividades del Grupo de Estudios sobre Violencias y Víctimas (Departamento de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República, Uruguay).

Si bien el foco de la investigación no fue específicamente el “narcotráfico”² o “la guerra contra las drogas” (líneas convocadas por este dossier), se trata de dimensiones que aparecen inexorablemente en el abordaje de las problemáticas territoriales del barrio Marconi. En efecto, la investigación realizada tuvo como eje central la violencia o las violencias, a partir del esfuerzo de reconstrucción que permite la perspectiva etnográfica.³

En ese marco, el análisis de la violencia policial nos condujo a un desafío de ampliación de la mirada para comprender cómo en las cotidianidades de las personas del barrio Marconi lo externo y lo interno se retroalimentan y resignifican uno al otro, al punto de considerarlos inseparables. Al sumergirnos en muchos asuntos territoriales y acercarnos a las subjetividades de diversos grupos poblacionales, esta investigación se enfrentó a un gran desafío: intentar romper y trascender los estereotipos y estigmas vinculados con el barrio, sus habitantes y las cotidianidades que allí se construyen.

Es menester destacar que el concepto del Estado actuando en sus márgenes ha sido trabajado en profundidad y de forma etnográfica por las antropólogas Deborah Poole y Veena ^{Das (2004}), así como también por otros sociólogos y antropólogos que luego utilizan el concepto para América Latina, como por ejemplo el trabajo realizado por Javier ^{Auyero y Katherine Sobering (2021}).

En el caso de esta investigación, nos posicionamos desde los planteos de las autoras ^{Das y Poole (2004}), en el sentido de que cuando nos referimos al Estado actuando en los márgenes, a través de la etnografía buscamos comprender cómo las prácticas y los modos de vida (en este caso de las personas del barrio) configuran también formas de “regular el territorio”, de prácticas y respuestas que moldean lo que se constituye como “Estado” en este barrio de Montevideo. Esto nos posiciona en el lugar de problematizar visiones cristalizadas en la academia, acerca de lo público y lo privado y lo legal y lo ilegal, aspectos que serán analizados a lo largo de este artículo.

Desde nuestra investigación, así como lo plantean ^{Das y Poole (2004}), la presencia del Estado en la vida diaria de las personas que habitan en territorios marcados por las desigualdades y con dinámicas tan complejas de violencia requiere analizar las manifestaciones locales que tiene ese Estado y las apropiaciones -de las y los habitantes de los territorios- de esas formas de estatalidad. Dado que estos espacios han sido caracterizados como lugares donde el Estado “no ha logrado imponer un orden”, nos situamos frente al desafío de comprender las formas en que aquel se hace y no se hace presente en estos espacios, entendiendo que esos márgenes permiten que las propias formas de regulación que tiene el Estado a través de dispositivos, leyes o modos de “generar orden” entren en interacción o en choque con otras formas de regulación que tiene la población, que surgen de las necesidades de asegurar sus modos de supervivencia política y económica como ciudadanos (^{Das y Poole, 2004}). Es en esta relación compleja entre las formas de disciplinamiento y gestión de este territorio por parte del Estado y las formas de vida de los sujetos -habitantes de este barrio- donde se configuran esos intersticios que generan la noción de margen o márgenes.

El trabajo de campo nos permitió ver que no todas las formas de violencia que ocurren en los barrios populares (y sobre todo en el Marconi) están ligadas al narcotráfico, y que resulta fundamental problematizar esas percepciones e imágenes instaladas de que hay una “guerra narco”.⁴ Por esta razón, apelamos a un concepto de violencia o de violencias en clave dialógica y relacional, anclado en una clara definición contextual que debe ser reconstruida desde sus prácticas y desde las perspectivas y subjetividades de diversos habitantes y trabajadores del barrio.

En esa línea, este artículo analiza y problematiza las dimensiones centrales de la violencia, el territorio y la violencia vinculada con el tráfico de drogas, a partir de las experiencias y las realidades consolidadas en el barrio Marconi de Montevideo.

A lo largo del trabajo de campo, vecinas y vecinos, adultos y jóvenes, así como también referentes de instituciones educativas y de organizaciones sociales con quienes trabajamos, nos mencionan en sus relatos cómo se han ido sedimentando, instalando y extendiendo las dinámicas violentas en el territorio, configuradas por la presencia tanto del Estado a través de sus fuerzas del orden como de los grupos vinculados a actividades delictivas, entre las que se identifican actividades vinculadas al mercado ilegal de drogas. En este sentido, este artículo analizará algunas dimensiones relacionadas con los hallazgos del trabajo de campo, tales como la configuración y acumulación territorial de las violencias, la legalidad e ilegalidad de las formas de subsistencia económica generadas en el barrio -aspecto que ^{Telles identifica como la porosidad entre formas ilegales y legales de trabajo (2010})-, la existencia de una “violencia expresiva”, concepto tomado de Rita ^{Segato (2013}), el vínculo que puede haber con formas de “sujeción criminal” -noción elaborada por Michel ^{Misse (2010})-, entre otras categorías que surgen a lo largo de este texto.

Percepciones sobre la territorialidad

A modo de situar la territorialidad donde nos ubicamos, debemos localizar al barrio Marconi en la zona centro-norte de la ciudad de Montevideo. Este se encuentra inserto en lo que se identifica como el Municipio D, bajo la gestión administrativa del Centro Comunal Zonal 11.⁵ En términos de límites específicos, podría identificarse como un triángulo conformado por las calles Bulevar Aparicio Saravia, Avenida General Flores y Carreras Nacionales, lindante, a su vez, con otros barrios reconocidos también por sus problemáticas sociales (Casavalle, Nuevo Ellauri, Las Acacias, Borro, Jardines del Hipódromo, etcétera).

Pero para poder comprender al barrio y sus dinámicas, debemos referirnos a las experiencias, percepciones y subjetividades de sus habitantes y trabajadores, quienes en diversos ámbitos vecinales y comunales han dejado sentadas sus representaciones y miradas sobre las prioridades de la comunidad. En varias reuniones, algunos trabajadores de instituciones educativas han relatado que, dadas las características del barrio y las dinámicas de violencia que afectan sobre todo a niños, niñas y jóvenes, “la violencia no debe ser combatida con violencia, sino con cultura”. Por su parte, diferentes referentes de organizaciones sociales asentadas en el barrio han señalado la presencia cada vez mayor de grupos o bandas que se enfrentan con armas de fuego, de familias amenazadas y de diversas dinámicas de violencia instauradas. En ese marco, identifican dos dinámicas principales: la violencia barrial y la intrafamiliar. Esta última muchas veces se encuentra vinculada con la anterior.

No es nuevo que vecinos, vecinas y trabajadores del barrio expresen su preocupación por las dinámicas de violencia que se viven en el barrio. El hermano de Micaela, una joven asesinada en un enfrentamiento de bandas armadas el 5 de agosto de 2022, relató en una reunión de vecinos: “el barrio son los poderes, te imponen la cultura del miedo, en el frente de batalla son dos o tres”. Esto que nos señala el hermano de una víctima de homicidio se une con la pregunta de una referente barrial: “¿qué es lo que pasa cuando el Estado se retira, como se retiró de este barrio?”. Aquí es cuando hay que comenzar a problematizar esas percepciones e imágenes sobre una “guerra narco”, que vienen de afuera y se instalan.

Hay que tomar en cuenta que estos hechos se desarrollan en una territorialidad que enfrenta dificultades cotidianas en múltiples dimensiones, entre otras, la ausencia de servicios, los problemas vinculados a la movilidad y el acceso al transporte, la desbordante presencia de basura, la escasa iluminación, la existencia de plazas que no se usan por miedo, los riesgos constantes de victimización delictiva, etcétera. Por si fuera poco, los y las adolescentes y jóvenes del barrio Marconi, estén o no involucrados en actividades delictivas o ilegales, como ser robos, enfrentamientos con armas de fuego, venta o distribución de drogas, se configuran como un grupo poblacional que históricamente ha sido objeto de control por parte de las fuerzas del orden (^{Fassin, 2016}; ^{Cozzi, 2019}). A través de prácticas de hostigamiento, persecución, detenimientos arbitrarios y malos tratos, llevadas a cabo por la policía en el territorio, la vigilancia policial ha construido en las últimas décadas un patrón de relacionamiento. Estas políticas de control sobre el territorio terminan configurando no solo el día a día de estos jóvenes, sino, además, la consolidación de un profundo estigma hacia ellos.

Podemos destacar que la noción de violencia es una categoría que se configura de una forma dialógica durante el trabajo de campo etnográfico, en coteorización con los sujetos del barrio, es decir, tiene una configuración nativa que, tal como han señalado autores como Misse, por ejemplo, está vinculada a prácticas o acciones que describen las personas y, por ende, también tiene características performativas. A su vez, lo que se configura como violencia también trae aparejada, como respuesta, una contraviolencia. En este caso, podemos identificar que al poner el foco en las dinámicas de este territorio existe esa “acumulación social” de las violencias, donde los factores diversos indican una “circularidad causal acumulativa” (^{Misse, 2008}, p. 379).

Teniendo en cuenta estos aspectos, muchos jóvenes nos han relatado que quieren irse del barrio, que allí pasan muchas “cosas malas” y que “últimamente están matando muchos pibes”. Sin embargo, pueden asegurar que la mayoría de las muertes no son por la droga únicamente, sino también por enojos o venganzas, como ellos mismos lo supieron relatar con ejemplos cercanos. En ese marco, este artículo enfatiza que esas prácticas de control y de “gerenciamiento” del territorio por parte de las fuerzas del orden también condicionan las trayectorias de vida de estos jóvenes. Se trata de formas de violencia caracterizadas por su mayor o menor intensidad represiva, algunas consideradas legales y otras ilegales, pero no necesariamente consideradas ilegítimas desde el punto de vista social (^{Misse, 2010}; ^{Cozzi, 2019}).

En este sentido, la presencia de la policía en el barrio es conflictiva y compleja, y los habitantes y trabajadores tienen diversas percepciones y experiencias en torno a esto. Por un lado, los operativos previos a la pandemia de COVID-19 fueron identificados como formas del Estado de violentar a familias que no están vinculadas al narcotráfico y que sentían que terminaban viviendo una realidad incierta e impredecible. Esto marcó la cotidianidad de muchos niños, niñas y jóvenes. Esas prácticas se perpetuaron en el tiempo, ya que durante la pandemia y hasta el día de hoy son mecanismos que no han dejado de implementarse en el barrio.

Por otro lado, algunos vecinos y vecinas nos relatan que el patrullaje policial diario “mejora la convivencia en la zona” y da cierta “seguridad” cotidiana. Sin embargo, varios habitantes y referentes de organizaciones sociales del territorio han identificado como problemático el trato que reciben en la comisaría, ya que prima el desincentivo a la denuncia. Por si fuera poco, se presenta un problema aún mayor y es que la gran mayoría de los vecinos no se anima a hablar de seguridad, tienen miedo, ya que “para denunciar hay que dar datos, pero con pocas garantías”. La policía es observada en toda su ambigüedad: por una parte, se la necesita y se la demanda, pero, por la otra, se tiene sobre ella una profunda desconfianza. Los miedos, la falta de confianza institucional, el sentimiento de desamparo, las sospechas de connivencia, etcétera, tienen impactos sobre varias dimensiones y no se dejan reducir a simples dicotomías morales (“ellos” y “nosotros”, la “ley” y el “delito”, por ejemplo).

Estructuras de desigualdad: “Uno si no estuviera acá,⁶ yo qué sé, depende, va en la mentalidad del otro, pero andaría atrás de un fierro o, yo qué sé, comprando pasta o cualquier cosa”

El barrio Marconi, así como otros barrios populares de Montevideo, carga con una valoración negativa y con la estigmatización de ser una “zona roja”. Una adolescente de allí nos dice: “en todos los barrios siempre pasan cosas, pero acá viven matando gente”. Esta realidad ha estado sostenida en el tiempo y asociada con la construcción de una imagen negativa con respecto al barrio y sus pobladores. La asociación lineal entre pobreza y delito, y sobre todo entre pobreza y narcotráfico, es internalizada en las representaciones y experiencias de los y las habitantes del lugar.

El barrio ha sabido ser señalado por los medios de prensa como un lugar donde se producen enfrentamientos armados entre bandas o grupos criminales que disputan territorios en el mercado de venta de drogas. También ha sido señalado como un espacio de amenazas a familias o personas y de apropiaciones a la fuerza de sus viviendas. Como plantean algunos autores, utilizar la categoría “narcotráfico” de forma totalizante para explicar las dinámicas violentas o las conflictividades que se producen en el territorio conlleva sus problemas (^{Misse, 2007}; ^{Cozzi, 2019}). Sucede lo mismo con la categoría “crimen organizado”; como bien señala el autor Michel Misse, esta es una categoría que esconde más de lo que revela en torno a actores, redes y prácticas muy diversos que terminan englobadas en ella.

En este contexto, la etnografía como suerte de “dispositivo de representación que capta los procesos de la vida cotidiana” desde las experiencias de los sujetos (^{Olivos y Bautista, 2022}, p. 107) nos permitió observar y percibir que las dinámicas de violencias son transversales a todas las dimensiones de la vida de los y las habitantes del barrio y sobre todo de las y los jóvenes que viven en el Marconi. Con base en lo anterior, podemos señalar que la presencia de la policía en el barrio está directamente vinculada con el despliegue en territorio de formas de vigilancia y control debido a la presencia de bandas o grupos que, a través del enfrentamiento con armas de fuego, utilizan la violencia como un medio para alcanzar determinados fines (^{Tenenbaum et al., 2021}).

Esas interacciones entre jóvenes y policía se ubican en diferentes posiciones de poder, al tiempo que son complejas y conflictivas, dado que implican abusos, que a veces están naturalizados y se ubican en una línea ambigua entre lo que puede y no puede hacer la policía. Son esas formas concretas, que Misse distingue como prácticas combinadas con representaciones sociales, las que legitiman procesos de justificación, criminalización y descriminalización e incriminación de la población, que tanto fuera como dentro del Estado se mantienen con relativa autonomía ante la ley, pero que se encuentran en permanente tensión con esta (^{Misse, 2008}, p. 379).

Varios relatos obtenidos durante nuestro trabajo de campo dan cuenta de esto. Por ejemplo, al finalizar un taller con adolescentes de una institución educativa del barrio, uno de ellos se nos acerca y nos comenta una situación que vivió con su tío cuando circulaban en moto por la zona. Nos cuenta que un policía los paró, les apuntó con un arma y los hizo bajarse de la moto. Mientras les seguía apuntando, los obligó a abrir sus bolsos y mochilas, los hizo abrirse de piernas y brazos y, luego de cachearlos, los dejó ir. Es consensuado por los adolescentes y jóvenes que la mayoría de los policías abusan de su autoridad, no solo con ellos, sino con otros habitantes del barrio. Por ejemplo, otro joven nos cuenta:

Muchos, aunque sean policías, abusan de su autoridad. Mayormente cuando yo voy a mi casa, que está en una calle toda fea, es en Marconi, pero no tanto, siempre hay una patrulla, patrullando, ¿viste?, y siempre paran al mismo hombre y el hombre no hace nada. Es un hombre que tuvo problemas en su vida y directamente se queda sentado en las esquinas a esperar que le den una moneda o algo así. Y siempre lo judean y lo golpean (…).

Según los relatos y varias confirmaciones observacionales que realizamos, estas situaciones se viven a diario y moldean los márgenes de libertad y autonomía con que los habitantes del barrio circulan y se apropian o no de los espacios públicos del territorio. En este sentido, también se moldea identitariamente al “sujeto peligroso” en torno a lo que Misse denomina como “sujeción criminal”, es decir, se producen ciertos tipos de subjetividades que también están territorializadas y delimitan un “nosotros” frente a ese “otro” percibido como “peligroso” o “criminal”. La mayoría de las veces ese proceso está condicionado por las producciones de sentido que hace la policía de los propios sujetos (^{Misse, 2010}) y eso genera que quienes pertenecen al barrio se desplacen en los espacios teniendo ciertas inseguridades.

Hay una percepción muy fuerte, que también pudimos indagar durante nuestra estancia en terreno, señalada por personas de todas las edades (pero con más fuerza por los adolescentes y jóvenes), vinculada a que la “policía está comprada”. Una joven nos comenta: “si hicieran lo que tuvieran que hacer los policías, sería un barrio bueno. Porque en realidad los policías se están haciendo los pelotudos, porque ellos saben todo lo que está pasando”.

En este sentido, hay un concepto de Misse que resulta útil para comprender esa acumulación de la violencia y, a su vez, la existencia de esos mercados informales en dicha territorialidad. La noción de “mercadería política” refiere a objetos de intercambio que terminan vinculando dimensiones no solo económicas, sino también políticas, ya que configuran relaciones de poder y de fuerza que avalan su circulación en el territorio. Es decir, que su circulación depende de ciertos vínculos estratégicos de poder, de permitir un equilibrio de fuerzas en el territorio, de la utilización o no de recursos potenciales de violencia, cuestiones vinculadas a una dimensión más bien política y no tanto económica (^{Misse, 2007}, p. 142).

En cierta medida, esto determina las acciones que las fuerzas del orden despliegan en el territorio e involucran el control, el patrullaje, la intervención reactiva a demanda y la investigación, lo que supone una tensión permanente que implica, por un lado, la estigmatización criminalizante de habitantes del barrio y, por otro, la búsqueda de protección para las personas más expuestas a los delitos. Dado que la mayoría de los relatos y testimonios demandan la presencia policial para que algunas cosas no sucedan, se reafirma la idea de que la policía “haga lo que tenga que hacer”. En una de las tantas recorridas por el barrio, preguntamos si podíamos conversar con un grupo de policías que estaban patrullando los alrededores y una referente barrial nos recomendó que no lo hiciéramos, que se iban a molestar y que “ellos son los que los tienen que cuidar, y que dejáramos que hicieran su trabajo”.

Aquí debemos señalar que la presencia del Estado es problemática en el barrio, pues muchos pobladores han señalado su repliegue en términos de los servicios que debería brindar, ya sea educación, salud, protección, etcétera. Los y las jóvenes con los que pudimos trabajar tienen una pertenencia a una institución educativa y, si bien sus estructuras familiares son diversas, tienen acceso a determinadas oportunidades que tal vez otros jóvenes no. Esto es importante resaltarlo, dado que algunos referentes del barrio nos relataron que la mayoría de las veces los y las jóvenes que no estudian ni trabajan presentan mayor facilidad para ser “reclutados” por estos grupos o bandas.

Metodológicamente, es compleja la utilización del término “narcotráfico” para comprender y analizar las prácticas de jóvenes que pertenecen a estos grupos delictivos y acercarnos al entendimiento de sus mundos de vida y sus creencias, representaciones y códigos que, de cierta forma, configuran esas prácticas. En esos enfrentamientos siempre hay un componente de lucha por el prestigio social. Algunos autores también identifican que puede haber una búsqueda por el reconocimiento, muchas veces negado en otros ámbitos (^{Fonseca, 2000}; ^{Bourgois, 2010}; ^{Cozzi, 2018}).

En buena medida, estas prácticas que se configuran podrían ser vistas como formas de resistencia o búsqueda de soluciones a la precariedad, a la desigualdad y a la exclusión social que viven día a día, a través de las cuales también vivencian humillación y explotación económica, entre otros aspectos (^{Fonseca, 2000}; ^{Bourgois, 2010}; ^{Kessler, 2013}; ^{Cozzi, 2018}).

En todo caso, definir de forma homogénea toda actividad como “narcotráfico”, “crimen organizado” o “guerra narco” nos enfrenta a situaciones que son más complejas, sobre todo el uso de la expresión “crimen organizado” es una referencia polisémica y poco clara. Al decir de Misse, resulta difícil distinguir entre diferentes tipos de “economías subterráneas” o prácticas ilegales, como puede ser la venta ambulante de ropa en la puerta de una casa cualquiera o en la vereda, o la venta de electrodomésticos o productos “pirateados”, de la venta de marihuana o cocaína en barberías o barracas, como sucede en el Marconi. La “acusación social”, señala Misse (2007), es mucho más severa para estos últimos que para los primeros.

En este sentido, como expresa ^{Telles (2010}), hay una porosidad que es difícil de delimitar entre lo legal y lo ilegal con respecto al concepto de “crimen organizado”. Por ejemplo, la diversidad de formas de economía subterránea que se generan en el territorio, como hemos analizado, podría ingresar en esta categoría, dado que para que esas mercaderías circulen se necesitan compradores, redes de articulación y comercialización de los bienes, sean robados o pirateados, entonces, diríamos que cualquier descentralización de la economía en este territorio sería parte de una red de crimen organizado. Por esto, es compleja la utilización de esa noción, dado que la asiduidad con que es utilizada en contextos tan diversos termina por delimitar el sentido de lo que quiere definir, en detrimento de las prácticas y cotidianidades que oculta debido a su característica polisémica (^{Misse, 2007}).

Por otro lado, debemos tener en cuenta que en esta territorialidad durante nuestro trabajo de campo hemos podido indagar que muchas veces nos encontramos frente a testimonios que tienden a reconocer que los “narcos también cuidan” a la gente del barrio, en especial cuando el Estado no responde, y que las bandas “no se meten con las instituciones u organizaciones del barrio”. Eso está vinculado con esa configuración de fuerzas, equilibrios y desequilibrios en el territorio, y con la posibilidad de que se den economías caracterizadas como subterráneas o como formas de capitalismo clandestino, lo que genera inevitablemente que el valor de cambio de esas mercaderías, que Misse denomina como políticas, tenga una valorización distinta y necesite de redes donde se encuentran involucrados agentes estatales, por ejemplo, quienes de alguna forma terminan acordando qué tipos de ganancias obtendrán o qué tipos de castigos aplicarán (^{Misse, 2007}).

Irse o quedarse: los jóvenes, el barrio y la policía

En nuestro ejercicio etnográfico hemos pretendido conocer la realidad de algunos jóvenes del barrio. Nos acercamos a una institución educativa, donde nos permitieron, en coordinación con el equipo de dirección, realizar algunos talleres con adolescentes. Nuestra forma de adentrarnos en terreno siempre fue a través de diversos ámbitos institucionales, que permitían que nos reconocieran en el barrio y acceder así a algunos lugares. Esta estrategia sirvió para amortiguar las “amenazas” del campo, así como también nos brindó cierta seguridad en las salidas por el barrio y en la participación en diversas actividades que allí se realizaron, sobre todo cuando fuimos con estudiantes.

En estos talleres con los y las adolescentes pudimos indagar en sus mundos de vida. Ellos y ellas no tienen mucha esperanza de que el barrio cambie y la mayoría se quiere ir de ahí. Esto lo constatamos no solo en los jóvenes, sino con personas adultas también. En una de las tantas reuniones con vecinos del barrio en la que participamos, alguien, haciendo referencia a la violencia que se vive en el Marconi, relataba: “nosotros tenemos que seguir viviendo, no tenemos plata para mudarnos”. Otra vecina nos comentó que muchas familias “no quieren esa realidad para sus hijos” y que “intentan aislarlos de la influencia de esas dinámicas”. Son muchas las voces que señalan que han pensado varias veces mudarse a otro barrio, aunque eso en definitiva no sea viable. Por su parte, los propios adolescentes señalan: “la mayoría de los jóvenes se quieren recontra ir de acá…, ha habido cambios, pero la mayoría no tiene ganas de seguir, de esforzarse en este barrio”.

Cuando realizamos los talleres sobre finales de 2022, hacía unos meses atrás que se habían sucedido hechos de extrema violencia. En una situación de fuego cruzado, fueron asesinados Micaela Pereira, joven madre de cuatro hijos, y un joven de 25 años que se llamaba Gabriel. A partir de estos hechos y de la escalada de violencia en el barrio, las y los jóvenes debieron modificar y restringir su movilidad, replegarse en sus casas y no poder ocupar los espacios públicos como plazas o zonas recreativas del barrio. Varios habitantes nos relataron que luego de las 18:00 horas no se puede transitar de forma segura y que “las noches están complicadas”, que las plazas son ocupadas por los consumidores y que no se puede transitar con tranquilidad. De hecho, los propios adolescentes cuentan que tampoco salen en la noche.

Las limitaciones en las formas de sociabilidad y de apropiación de los lugares recreativos configuran el día a día de las y los jóvenes del Marconi. El equipo de dirección de la Escuela de Oficios, teniendo en cuenta la situación del barrio durante el año 2022, permitía a los jóvenes que allí estudiaban quedarse en el patio de la escuela luego de las clases, es decir, les cedía el espacio para que pudieran estar un tiempo charlando o jugando al fútbol antes de volver a encerrarse en sus casas.

Distintos referentes de organizaciones sociales que trabajan en la zona colocan como asuntos urgentes dos aspectos que consideran prioritarios: la seguridad y el trabajo. En referencia a la seguridad, transmiten que estar en el medio de problemas entre diferentes actores, que se resuelven con armas de fuego, ya sea en las puertas de escuelas o instituciones educativas, es algo de máxima gravedad. Cuando esto sucede, se marcan las dinámicas de tránsito y alerta en el barrio, los horarios de circulación y las formas de apropiación de los espacios públicos, como las plazas, por ejemplo. Los mecanismos de control en el territorio se acrecientan, son mayores los controles hacia los vehículos que circulan, comienza el hostigamiento hacia las y los jóvenes, y nada de eso termina por impactar en los problemas de fondo.

Resulta un desafío analizar estas dinámicas de violencia en el territorio, entendiendo que no solo y únicamente es el desarrollo de mercados ilegales el que genera más violencia. Si tenemos en cuenta los planteos de Rita ^{Segato (2013}), hay una compleja estructura de relaciones subterráneas, intereses y prácticas que operan como fuerzas centrífugas y tienen un enorme poder de configuración. En este sentido, el concepto planteado por Segato de “violencia expresiva” podría tomarse en cuenta, en parte, para comprender que no se trata solamente de una violencia que se manifiesta en el territorio con la intención de lograr un fin. Lo que está en juego allí son relaciones entre los cuerpos, entre diferentes fuerzas sociales del territorio, y genera determinadas “reglas implícitas, a través de las cuales circulan consignas de poder (no legales, no evidentes, pero sí efectivas)” (Segato, 2013, p. 8). Es decir, no hay una relación causal entre la dimensión instrumental y la violencia, sino que esta se cristaliza como forma de un sistema de comunicación, como un lenguaje estable en el territorio (Segato, 2013, p. 32).

En este artículo nos propusimos problematizar el análisis de la violencia como algo lineal, donde el vínculo entre pobreza y delito, o entre marginalidad y delito, es algo causal. Es decir, buscamos romper con ese enfoque del positivismo que se orienta a pensar que cierto compromiso con determinados valores orienta a comportamientos delictivos, ante lo cual la lectura en términos delictuales siempre va a ser lo central.

En este sentido, y con base en lo que hemos podido aprehender del territorio, debemos señalar que las dinámicas de la violencia que se desarrollan en el barrio permean diversos niveles de la vida de sus habitantes. Muchas veces la violencia puede ser vista como “forma de resistencia” de soluciones, como aceptaciones o confrontaciones con determinados contextos de desigualdad, como formas de confrontar experiencias de humillación, entre otros aspectos (^{Fonseca, 2000}; ^{Misse, 2007}; ^{Cozzi, 2018}).

Esas luchas por el reconocimiento están insertas en un territorio que se configura en una estructura de desigualdades, como el barrio Marconi, donde no todos tienen acceso al sistema educativo formal o al mercado de trabajo legal y formal, sino que, al decir de la antropóloga Eugenia Cozzi, tienden a ser formas de “construcción de reconocimiento en los espacios que les resulta posible”, lo cual también deja visible que “han sido negados de esos otros ámbitos más convencionales” (2021).

Las barreras para acceder a trabajos o a trayectorias educativas son enormes. Sostener a las y los jóvenes en el sistema educativo es un esfuerzo mayor, que preocupa a la comunidad del Marconi. La precariedad, las dificultades para conciliar las dinámicas familiares y las propias respuestas de las instituciones formales, que obligan a los estudiantes a encarar estudios de liceo en zonas muy lejanas al barrio donde viven, terminan promoviendo la deserción. Nada de eso se visibiliza o se enfoca con la suficiente fuerza. Cuando los focos aparecen para repeler la violencia delictiva, ya todo es demasiado tarde y cada remedio es peor que la propia enfermedad. Los y las habitantes saben muy bien que eso es así, por eso las voces más extremas en materia de respuesta punitiva no son tan claras a la hora de estructurar demandas. Contención, reconocimiento, trabajo y seguridad aparecen como los elementos recurrentes de diversos habitantes hacia la interpelación política. Pero nada de eso se traduce en una respuesta integrada y las lógicas de las violencias, las sociales y las estatales, mantienen incambiada su matriz dialéctica. Por eso, nadie espera razonablemente que las cosas vayan a cambiar y las ilusiones más fuertes se proyectan en las posibilidades individuales de poder mudarse a otro barrio.

Reflexiones finales: el papel del Estado en las dinámicas de violencia en los márgenes

Desde nuestro trabajo de campo, hemos podido observar que las interacciones entre las personas que habitan un barrio popular como el Marconi y las fuerzas del orden que intervienen allí son intrincadas, complejas y hasta encierran un nivel poco observable a simple vista, solamente rescatable a través de relatos que refieren a interacciones o vínculos subterráneos con grupos o bandas que reproducen y acumulan esas dinámicas de violencia en terreno. A través del análisis de estas dinámicas y de las interacciones de los habitantes y trabajadores del barrio con las fuerzas del orden, se quiere también reflexionar sobre las relaciones más generales entre la sociedad y el Estado. Sobre todo en un momento como el actual, donde el Estado se ha replegado y no tiene una presencia consistente en dicho territorio, más allá de sus cuerpos policiales.

El papel de la policía es evaluado por los trabajadores y habitantes del barrio con mucha ambigüedad: se reclama su intervención (cuando la policía está, se “mejora la convivencia en la zona”), pero, al mismo tiempo, se resisten los operativos que, de forma aleatoria y a cualquier hora del día, terminan violentando a las personas que nada tienen que ver con las redes ilegales de ventas de drogas. Esas prácticas son acumulativas y se han perpetuado en el tiempo. La guerra contra las drogas ha marcado y consolidado un largo tiempo de presencia estatal en los territorios más vulnerables.

Las perspectivas de los adolescentes con los cuales pudimos trabajar son más negativas. En contraposición a otras miradas, sus opiniones son más directas: la mayoría de los jóvenes afirma que “la policía está comprada”, que “en la noche se van y en la noche es cuando todo se pone peor” y que “mayormente te disparan a vos en vez de disparar a los que tendrían que disparar”. Esto delimita una subjetividad vinculada al “delincuente”, al “sujeto peligroso”, que es un producto identitario -muchas veces- demarcado por la propia policía (^{Misse, 2010}).

En esa guerra contra las drogas que se instala en el territorio, los jóvenes son sujetos de sospechas permanentes:

a mí nunca me han parado, pero mi padre es policía y ya sé cómo es la rutina, mayormente ven cómo se visten y cómo te miran, cómo es, si van medio así, apretado, piensan que tienen algo guardado, ya que el trabajo de los policías es mayormente desconfiar de las personas y ya como es un barrio todo así, y cuando ven a alguien tipo vestido todo encapuchado, todo mal arreglado, todo así. (Relato de joven durante taller realizado en la Escuela de Oficios Don Bosco, setiembre de 2022)

Las formas de vestirse, las posturas corporales y algunos rasgos estéticos modelan una narrativa estigmatizadora que opera como caracterización de los jóvenes. Además, y en concreto, aquellos jóvenes que participan de actividades delictivas son representados como “chorros”, pero también pueden ser visualizados como “soldaditos” o “sicarios” (^{Misse, 2010}; ^{Cozzi, 2021}).

El Estado tiene responsabilidad de que las dinámicas de violencia se consoliden en estos territorios. Lo que termina sucediendo es una conjugación de “fuerzas centrífugas de la violencia”, donde, al decir de Walter ^{Benjamin (1995}), nuevas fuerzas que se encontraban oprimidas predominan sobre la violencia que había fundado el propio Estado. En cierto sentido, se produce un proceso cíclico, un proceso dialéctico entre la violencia que funda el Estado y la violencia necesaria para su conservación, lo que ha sido caracterizado como “acumulación social de la violencia” (^{Misse, 2010}).

En el caso del Marconi, hay algunas dimensiones que podemos identificar con base en nuestro trabajo de campo y los distintos relatos obtenidos: la mayoría de los vecinos y vecinas, así como de las y los jóvenes, piensan que la policía es incapaz de alterar las situaciones que se viven en el barrio, primero porque tienen una participación en estas, como fue señalado anteriormente, y luego porque se cree que el narco tiene más poder que la propia policía. A su vez, las bandas criminales tienen permanencia, porque dentro de un núcleo familiar hay “aliados y rivales”, como distingue ^{Fonseca (2000}). Es decir, en esas diversas formas familiares, hay miembros involucrados en las bandas y otros que no. Muchas veces en esas estructuras de parentesco los hijos pasan a ocupar el lugar de proveedores en el hogar y, por eso mismo, pueden desplegar también protección y ayuda (“el narco me cuida”), al tiempo que el Estado tiene una presencia errática a través de las fuerzas del orden y esto es valorado por los habitantes con escepticismo. Podría asegurarse que los momentos de calma y paz en el barrio no los impone la policía, sino las lógicas de funcionamiento de los poderes ilegales que conviven en terreno.

En definitiva, a lo largo de estas páginas hemos presentado diversas dimensiones de un fenómeno tan complejo como las dinámicas de violencia que se configuran en un barrio popular como el Marconi. A partir de algunos hallazgos de nuestra investigación, intentamos problematizar el concepto de narcotráfico como forma última de explicación de la violencia en el territorio y su equiparación completa a la noción de inseguridad.

A partir de estos dos años de prolongado trabajo de campo en el barrio, si tuviéramos que identificar y definir las dinámicas de la violencia, las experiencias cotidianas y las formas en que el Estado a través de las fuerzas del orden se hace presente y de qué manera se relaciona con la población, no podríamos hacerlo de un único modo. Es un territorio con una realidad compleja y dolorosa, y por ese motivo hemos apelado a una etnografía reflexiva que todavía está lejos de cerrarse.

Dentro de los hallazgos más fuertes se encuentra la tensión entre los altos niveles de violencia imperante y las demandas de protección de los habitantes, que establecen la presencia de la policía como una necesidad. Luego de que las fuerzas del orden se despliegan en el territorio, la aplicación de la ley, el exceso y abuso de poder con que realizan los operativos y la extralimitación que tienen para con las prácticas de rutina que desarrollan se tornan en un reclamo profundo por parte de los habitantes. Sin embargo, en esta tensión hay una historicidad que no puede ser desconocida, la cual está asentada sobre la propia violencia, los malos tratos, la falta de respeto y hasta los vínculos o interacciones de complicidad eventual con las bandas.

En este territorio, los jóvenes son quienes mayormente experimentan el estigma y la persecución. Son caracterizados como posibles narcos y es contra quienes se despliegan las prácticas de vigilancia y hostigamiento, participen o no de actividades ilícitas.

Las fuerzas del orden controlan, vigilan, castigan, pero no estabilizan ni restauran. La presencia de la policía oscila entre la estigmatización criminalizante y la protección, y esto surge de las miradas y los relatos de los habitantes y trabajadores del barrio.

Retomando lo mencionado anteriormente, desde un punto de vista analítico, pudimos identificar principalmente dos formas, mayoritariamente visibles, de manifestación de la violencia en el barrio: por una parte, a partir de las experiencias cotidianas y de los relatos de los habitantes, surge la violencia asociada con el delito, las drogas y el enfrentamiento entre grupos criminales; a su vez, la otra forma de violencia se genera a partir de las respuestas del propio Estado, en especial con el despliegue de la policía.

Los medios masivos de comunicación y la gran mayoría de los discursos estatales caracterizan a la violencia instaurada en el barrio como vinculada directamente al enfrentamiento de bandas que buscan ganar territorio en el mercado de venta de drogas. Por ende, suelen equiparar el aumento de actividades asociadas al narcotráfico con el aumento de la inseguridad y la violencia. Estas prácticas o actividades ilegales, al ser aglomeradas bajo el concepto de narcotráfico, generan una cierta caracterización homogénea de sucesos, que termina incidiendo en las formas en que los cuerpos policiales se despliegan en el territorio, pero, sobre todo, en las formas en que desde el Estado son pensadas las políticas públicas para este territorio y no solo en lo referido a la seguridad, sino también en lo referido al acceso a servicios públicos actualmente cercenados en la zona.

Por ende, resulta un desafío indagar más allá de las prácticas o actividades ilegales o ilícitas que configuran la violencia en este territorio, dado que, y como señalamos en muchos casos, las dinámicas de violencia no tienen vinculación necesaria con mercados ilegales, sino que son formas que encuentran algunos grupos de construir cierto tipo de reconocimiento en los espacios que tienen disponibles y donde les resulta posible, desde el momento que las estructuras de desigualdades hacen que los adolescentes y los jóvenes sean predominantemente expulsados de ámbitos más formales o convencionales.

En estos espacios vulnerables y de alta precarización como el barrio Marconi, lo más relevante sería proyectar redes y recursos que sostengan las trayectorias de los más jóvenes. Acceder a oportunidades, ser respetados, obtener reconocimiento y desestimular las lógicas de los enfrentamientos violentos son aspectos que configuran la ruta necesaria para que esos jóvenes dejen de ser figuras “desechables” o “matables” (^{Misse, 2010}; ^{Cozzi, 2021}).