Introducción

El concepto de acceso a la justicia tiene diferentes definiciones. Generalmente se coincide en que hace referencia a dos finalidades de cualquier sistema de justicia: debe ser accesible a todos (universal) y debe producir resultados social e individualmente justos. Así, acceder a la justicia significaría que las

personas (generalmente pobres y desaventajados), que sufren por injusticias, tengan la capacidad de lograr que sus reclamos sean escuchados, y de obtener tratamiento para ellos, a través de instituciones estatales y no estatales, sobre la base de reglas o principios de la ley (positiva, consuetudinaria o religiosa) de acuerdo con el paradigma del Estado de derecho. (^{Bedner y Vel, 2010})

Esta y otras definiciones semejantes han llevado a las instituciones que administran los servicios de justicia y a los académicos vinculados a las escuelas de derecho a preocuparse por los problemas de acceso, cuya formulación más influyente acaso sea la realizada por ^{Cappelletti y Garth (1988}) en la década del setenta. En ese trabajo se señalaba que, con el desarrollo de los Estados de bienestar durante la segunda mitad del siglo XX, había ganado terreno la idea de que los Estados no podían permanecer indiferentes ante los obstáculos que generaban las desigualdades sociales al momento de recurrir a los sistemas judiciales. En efecto, el derecho a un acceso efectivo a la justicia se fue reconociendo como de importancia capital entre los nuevos derechos sociales e individuales, toda vez que estos se volvían letra muerta en ausencia de mecanismos que permitieran reivindicarlos en los hechos (^{Cappelletti y Garth, 1988}, pp. 11-12). Algo similar se había planteado en un clásico texto de T. H. Marshall: el acceso a la justicia como un derecho fundamental para la arquitectura de la ciudadanía moderna (^{Marshall, 1997}).

En paralelo, la preocupación por mejorar los servicios de administración de justicia llevó a diseñar instrumentos apropiados para establecer la magnitud de estos problemas. En las dos últimas décadas se ha hecho popular la metodología basada en la noción de necesidad legal y eventos o problemas justiciables, es decir, situaciones experimentadas por las personas que puedan implicar temas legales, sean o no reconocidas como un problema legal por quien las experimenta e impliquen o no la búsqueda de una solución jurídica (^{Genn, 1999}; ^{Genn y Paterson, 2001}).

Esta estrategia metodológica consiste en interrogar a una muestra representativa de personas sobre listas más o menos amplias de situaciones problemáticas típicas vinculadas al trabajo, la salud, el consumo u otras esferas de la vida social. El objetivo, como es obvio, es medir la prevalencia de las necesidades legales, establecer qué hacen las personas con ellas y estimar en qué medida acuden al sistema de justicia para resolverlas. Las llamadas encuestas de necesidades legales se han mostrado eficaces a la hora de establecer la magnitud de las brechas de acceso y eso explica que desde el año 2013 se hayan realizado unas cuantas aplicaciones en América Latina (una revisión de las realizadas hasta 2019 se encuentra en ^{Bocardo, Martínez y Valenzuela, 2020}).

Más allá de estos usos, es importante subrayar que estos instrumentos también brindan oportunidades únicas de mapear la conflictividad de la vida cotidiana y los mecanismos sociales de resolución de conflictos, ya que puede asumirse que una necesidad legal implica un conflicto social, al menos potencial. Sin embargo, las necesidades legales y del acceso a la justicia, en tanto expresiones de conflictos y mecanismos de resolución, han sido poco abordadas desde perspectivas sociológicas. Se trata de una ausencia relevante, porque constituyen un factor central para la igualdad (como se señala en ^{Kessler, 2014}, p. 39). Por razones comprensibles, la sociología ha tendido a focalizar su atención en el conflicto grupal, aun cuando los enfoques teóricos de ^{Simmel (2014}) y ^{Coser (1961}, ¹⁹⁷⁰) habían discutido el papel de los conflictos individuales, que además son considerados por los abordajes microsociológicos como los de Goffman (^{Collins y Sanderson, 2009}, pp. 6-7). Existen estudios que analizan la judicialización de conflictos interpersonales bajo la hipótesis de un incremento de la violencia de las sociedades (^{Mucchielli, 2010}), aunque justamente centrándose en datos de violencia interpersonal, lo que no necesariamente es una característica de todos los eventos legales estudiados por las encuestas de necesidades legales. En suma, la utilización de estas encuestas para evaluar hipótesis sobre los conflictos a nivel micro es todavía muy escasa, aunque en el siguiente apartado se resumirán algunos trabajos que constituyen una excepción a esta generalización.

Así, las encuestas de necesidades legales parecen un medio prometedor para desarrollar la investigación sobre temas que no están directamente vinculados con el diseño de políticas públicas y programas de servicios de justicia, aunque obviamente puedan contribuir con ello. En realidad no hay una forma claramente estandarizada de este instrumento, lo que también dificulta su uso comparativo, pero a grandes rasgos el procedimiento aplicado consiste en definir una lista de temas en la que las personas pueden experimentar problemas legales (tales como recibir una orden de desalojo, comprar un producto defectuoso o tener una discusión con vecinos), preguntar a los encuestados si han sufrido uno o más eventos de ese tipo en un período de referencia determinado (los períodos de referencia son muy variables según la encuesta y pueden ir desde un año a toda la vida), luego preguntar qué acciones se han tomado para enfrentar el problema y consultar qué tan satisfechos han quedado con el resultado.

El presente artículo pretende contribuir a desarrollar el conocimiento de las necesidades legales y los conflictos de la vida cotidiana haciendo un análisis de la Encuesta de Necesidades Legales de Uruguay de 2021, llevada adelante por el Observatorio Justicia y Legislación de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (Udelar) (^{Observatorio Justicia y Legislación, 2021}, pp. 39-62).¹ Mediante la aplicación de técnicas de clúster y de análisis de correspondencias múltiples (ACM), se revisarán algunas de las hipótesis que pueden plantearse sobre la desigualdad en la distribución de las necesidades legales, entendidas como conflictos de la vida cotidiana, con relación a indicadores de variables estructurales, tales como género, edad y nivel socioeconómico.

El artículo se organiza de la siguiente forma: en el siguiente apartado se hará una revisión de la literatura sociológica disponible sobre conflictividad en la vida cotidiana, resolución de conflictos y acceso a la justicia, planteando las principales hipótesis que se pueden extraer de ella; a continuación, se presentará la metodología de la encuesta, así como del análisis aplicado para este artículo; en el cuarto apartado se presentarán los resultados, para finalmente elaborar las conclusiones.

Marco teórico

Una parte importante de los estudios sobre el acceso a la justicia focaliza la atención en el proceso mediante el cual los problemas de la vida cotidiana se transforman en disputas y en cómo estas disputas son enfrentadas por los mecanismos de resolución de conflictos disponibles en la sociedad (^{Miller y Sarat, 1981}). Miller y Sarat (1981) distinguen entre el agravio propiamente dicho (que es equiparable con la noción de problema legal usada en otros estudios), el reclamo (claim) y la disputa (cuando el reclamo es resistido). De allí la noción de “pirámide de justicia”: no todos los agravios son reconocidos como tales, no todos los agravios reconocidos son reclamados, no todos los reclamos son resistidos (y, por lo tanto, no todos se transforman en disputas) y no todas las disputas son llevadas a tribunales (o a otras formas institucionalizadas de resolución).

El concepto de acceso a la justicia implica, lógicamente, el problema de la desigualdad: no hay problemas de acceso en abstracto, sino que más bien son definidos por las disparidades en el uso de servicios de justicia constatadas para distintos grupos. A su vez, una cosa es preguntarse por la desigualdad en la distribución de las necesidades o los problemas legales, otra es preguntarse por la desigualdad en la capacidad de hacer reclamos y otra más es preguntarse por la desigualdad en la respuesta de las instituciones. Los estudios realizados desde la perspectiva del acceso a la justicia tienden a focalizarse ante todo en la distribución y la calidad de la respuesta judicial. Pero para una perspectiva sociológica, el interés está en cada uno de esos niveles y, en particular, en la cuestión de si el acceso a la justicia refleja, refuerza o mitiga las desigualdades previamente existentes, en especial, las de clase, género y etnia (^{Sandefur, 2008}). Sandefur (2008) observa también que estos estudios suelen trabajar con conceptos de desigualdad relativamente vagos y no con teorías fuertes de clase social. Una de las funciones del concepto de clase, en efecto, ha sido la de explicar el origen de conflictos antagónicos en las sociedades modernas (^{Wright, 2005}, p. 180), típicamente los distributivos. Esto implica que otros conflictos deberían ser considerados desde otros clivajes, particularmente de género o etnia. Ahora bien, para que un conflicto se exprese como necesidad legal se requiere que las esferas sociales implicadas estén juridificadas, en el sentido de que existan normas legales que codifiquen el conflicto y de que los sujetos se reconozcan, a sí mismos y a otros, como sujetos de derecho (^{Blichner y Molander, 2008}). De esa manera, la expansión de las necesidades legales puede leerse como una expansión de los procesos de juridificación y estos, a su vez, pueden ser considerados una dimensión de la racionalización de las relaciones sociales, retomando el clásico concepto weberiano.

En los informes de encuestas de necesidades legales la mirada está dirigida más hacia la identificación de poblaciones vulnerables que hacia la relación con la desigualdad, pero de todos modos la comparación entre grupos vulnerables (en general se entiende por tales a los grupos de menores ingresos o pobres, las minorías étnicas, las personas con discapacidad, etc.) y no vulnerables permite un acercamiento al problema de la desigualdad. Por regla general, la prevalencia de necesidades parece mayor en los grupos no vulnerables, en tanto la inacción frente a los problemas aparece con mayor frecuencia en los grupos vulnerables, aunque todo esto depende del tipo de necesidad legal estudiada (^{Bocardo, Martínez y Valenzuela, 2020}, p. 55).

En general, el supuesto de la relación entre acceso a la justicia y desigualdad tiende a confirmarse en estos estudios, pero la forma y los mecanismos de esta relación están poco precisados. Como se ha dicho, depende mucho de la temática, ya que distintos grupos pueden presentar diferentes perfiles de problemas y no todos los problemas parecen tener la misma probabilidad de ser reclamados y llevados a la justicia. Se ha observado también que si bien los problemas legales aparecen en todos los grupos socioeconómicos, la relación con la desigualdad no parece lineal y el reporte de problemas legales puede incrementarse con el ingreso y el nivel educativo, lo que podría explicarse por un mayor nivel de actividad económica. Esto mismo podría explicar las diferentes exposiciones a problemas legales según la edad, ya que suelen disminuir en la juventud y en la vejez. Con relación a los reclamos, los grupos medios pueden aparecer más activistas (^{Sandefur, 2008}).

^{Sandefur (2008}) identifica tres mecanismos por los que los problemas legales y de acceso a la justicia pueden reproducir, mitigar o reforzar la desigualdad. El primero refiere a los balances de costos y beneficios, el segundo a las orientaciones subjetivas (por ejemplo, percibir como natural un problema que admite una solución legal) y el tercero a las diferencias de canales institucionales según el tema, que a su vez pueden expresar el peso de grupos de interés particulares. El papel de las diferencias en la disponibilidad de canales institucionales para solucionar los problemas (por ejemplo, que existan normas legales específicas para proveer remedios, que existan procedimientos ágiles para aplicarlos, etc.) ya había sido destacado por ^{Miller y Sarat (1981}). En esto puede incluirse la existencia de intermediarios legales, especialmente abogados, y de tradiciones culturales que favorecen su consulta, lo que puede variar de un país a otro y, en algunos casos, puede tener un peso relevante (^{Lejeune y Spire, 2021}).

Estas diferencias entre países también pueden asociarse al grado de modernización del Estado y a los niveles de racionalización de las burocracias. Existe evidencia de que contextos con mayor informalidad de las instituciones públicas hacen pesar el capital social como elemento determinante del acceso a la justicia (^{Belge y Blaydes, 2014}). Por otra parte, el ciclo de vida puede asociarse con la exposición a problemas legales, entre otros factores que pueden tomarse en cuenta al analizar la relación entre justicia y desigualdad.

La dificultad para obtener un modelo único y estable que explique la distribución de los problemas legales y el acceso a la justicia ha llevado a analizar el efecto simultáneo de estas diversas fuentes de desigualdad, mediante la aplicación de métodos de análisis multivariados (por ejemplo, regresión logística en ^{Coumarelos, Wei y Zhou, 2006}, o en ^{Genn, 1999}). Un camino similar se intentará en este trabajo, aunque con otras técnicas. La preocupación radica en establecer si puede encontrarse relación entre la posición en la estructura social, el momento del ciclo de vida, el tipo de problemas y la gravedad de los problemas experimentados. En principio, se espera hallar una relación entre el estrato social y la gravedad de los problemas, que debería acentuarse en los momentos más activos del ciclo de vida, pero que debería corresponder a distintos tipos de problemas.

Sin embargo, como resulta de la revisión bibliográfica, todavía no se está en condiciones de formular hipótesis totalmente definidas y contrastables. Por esa razón, el objetivo de este artículo es avanzar en la propuesta de un modelo que contribuya a futuras investigaciones, analizando si pueden encontrarse perfiles de problemas asociados con características de quienes los padecen, no solo su clase social, sino tomando en cuenta también otros elementos, como el género, la edad y la región donde viven, entre otras características sociodemográficas. Para ello, parece recomendable el uso de técnicas exploratorias que permitan analizar con detalle las relaciones entre tipos de eventos, condiciones materiales de vida y características demográficas de los sujetos.

Objetivos e hipótesis

El objetivo de este trabajo es contribuir a la comprensión del efecto de los factores de desigualdad en la distribución de los conflictos de la vida cotidiana y sus formas de resolución.

Si bien la investigación es de corte exploratorio, en función de lo planteado en el marco teórico, pueden proponerse las siguientes hipótesis para guiar el trabajo:

Metodología: análisis de correspondencias múltiples y clústeres

La técnica utilizada para la exploración de variables categóricas fue el análisis de correspondencias múltiples (ACM) y de clasificación jerárquica (clústeres), que permitió reducir la complejidad estadística a dos principales dimensiones (factores explicativos) en un mapa cartesiano que admite posicionar los casos de estudios (^{López-Roldán y Fachelli, 2015}). Existen múltiples ejemplos de aplicación del ACM y clasificación que han logrado dar cuenta de la segmentación y exploración en el campo del consumo cultural (^{Bourdieu, 2012}; ^{Herrera-Usagre, 2011}), así como de los bienes culturales en Internet (^{Mansilla, 2011}; ^{Escuder, 2015}). La clasificación de internautas fue realizada por conglomerados jerárquicos a través del método de Ward, el cual tiene como ventaja la formación de grupos (conglomerados) compactos.

Como se ha mencionado antes, para el análisis se utilizó la base de datos de la encuesta Necesidades Legales en Uruguay, 2021, coordinada por el Observatorio Justicia y Legislación de la Facultad de Derecho (Udelar) y ejecutada por la Facultad de Ciencias Sociales (Udelar). El universo de estudio comprende a las personas mayores de 18 años en hogares particulares, tomando como marco muestral el censo de personas del año 2011 realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se realizó una muestra estratificada de 850 casos por conglomerados, polietápica, según sexo, tramos de edad y región, con un nivel de confianza de 95% y un máximo de error de +/- 3,2%. Se detalla a continuación la cantidad de casos. Tabla 1

Tabla 1: Muestra de casos de la encuesta Necesidades Legales en Uruguay, 2021, según sexo, tramos de edad y región 

Fuente: Elaboración propia con base en censo 2011 (INE).

El relevamiento consistió en un muestreo sistemático realizado de manera telefónica, sorteando el 70% de casos de celulares y 30% de teléfonos fijos.

Para llevar a cabo esta encuesta, se diseñó un formulario digital que tomó como referencia la versión de la encuesta Acceso a la Justicia por parte de los Uruguayos, del año 2013. Se mantuvieron las dimensiones primordiales (eventos/problemas en el trabajo, consumo de servicios, vivienda, salud, etc.) adecuándolas a las características de la situación de pandemia. Se relevaron en total unas 837 personas (98,5% de la muestra total), corrigiendo los sesgos muestrales con ponderadores. Tabla 2.

Tabla 2: Muestra efectiva de la encuesta Necesidades Legales en Uruguay, 2021, según sexo, tramos de edad y región 

Fuente: Elaboración propia con base en encuesta Necesidades Legales en Uruguay, 2021.

La operacionalización de las variables independientes busca recrear situaciones plausibles en la realidad y manejadas en el marco teórico sobre los problemas cotidianos de las personas y el acceso a la justicia para resolverlos. Las variables independientes que hacen a las desigualdades sociales utilizadas fueron:

En cuanto a las variables dependientes centrales de este estudio, se tomó el principal problema que la persona sufrió en el año 2021 (problema vinculado al consumo, trabajo, derechos sociales, familia, salud, discriminación, vivienda, créditos/deudas, convivencia y otros). También se utilizó la gravedad del problema en su vida (nada grave, poco grave, ni uno ni otro, grave, muy grave), si el problema se había agravado en situación de pandemia (sí o no), si hizo algo para resolver ese problema (sí o no) y si conocía a un abogado (es conocido, amigo, familiar o no conoce ningún abogado). En este sentido, la muestra se redujo a 539 casos válidos, es decir, personas que habían identificado al menos un problema en su vida cotidiana.

Resultados

El modelo propuesto de ACM y factorial logró explicar prácticamente un 13% de la variabilidad de los datos. Pero al corregir según el algoritmo de ^{Benzecri (1979}) la primera dimensión ascendió a un 33,45% de la variabilidad explicada, mientras que la segunda dimensión alcanzó a un 19%. La variabilidad en su conjunto superó el 50%, siendo un indicador aceptable para proceder con la interpretación de la técnica. Estas dimensiones son las usadas para construir el mapa de correspondencias múltiples (gráfico 1). Tabla 3.

Tabla 3: Contribuciones factoriales según factor, valores propios e inercia explicada y corregida del modelo de ACM 

Fuente: Procesamiento propio con base en encuesta Necesidades Legales en Uruguay, 2021. Base: 539.

En primer lugar, se verá lo que constituye el eje X. El estrato social (32,22%) y el conocimiento de algún abogado (20,4%) son aquellas desigualdades cuyas contribuciones factoriales más inciden en la expansión del mapa ACM para el factor n.° 1. Es decir, en el eje de las X impactan las condiciones materiales y sociales previas con las cuales las personas enfrentan los problemas.

En segundo lugar, en el eje de las Y (factor n.° 2) se encuentran los tipos de eventos (28,42%), la gravedad de los problemas (23,24%), junto con algunas condicionantes sociodemográficas como el sexo (9,23%) y la región (6,08%). En pocas palabras, el factor n.° 2 se nutre de los tipos de problemas y de cómo esos problemas varían (o se diferencian) de acuerdo con la región, el género de la persona y la gravedad del evento. El resto de las variables, como la edad por tramos, si el problema se agravó en el contexto de pandemia o si la persona intentó hacer algo para resolver el conflicto, no parecerían incidir en el análisis.

En el mapa cartesiano se vislumbran las posiciones de las categorías en el espacio ACM. En el cuadrante -X -Y, predominantemente abajo, se encuentran aquellas personas más humildes, de estratos sociales bajos, del interior del país y de mediana edad (30-44 años). Reconocen tener problemas esencialmente con deudas y créditos, aunque estos parecerían ser de gravedad media. No conocen a ningún abogado o escribano que los asesore para resolver este tipo de eventos. En el cuadrante contrario (+X +Y), arriba, se encuentran los sectores más pudientes, montevideanos de estratos altos y con mucho capital social para enfrentar posibles eventos. Pese a ello, solo padecen conflictos de discriminación u otros eventos menores no definidos.

Abajo, en el cuadrante +X -Y, están ubicadas las personas mayores de 60 años, varones, con problemas de convivencia y de consumo de servicios, considerados por ellos de baja gravedad. Mientras que en el cuadrante contrario (-X +Y) están aquellas personas que padecen eventos de mayor complejidad en el ciclo de vida social, relacionados con la familia, la salud, el trabajo y la vivienda. Al igual que en el cuadrante -Y -X, padecen estos eventos los sectores más humildes (estrato bajo y medio-bajo), preferiblemente mujeres, que consideran a estos eventos como problemas graves o muy graves en su vida cotidiana, que se agravaron aún más por la pandemia.

La intersección factorial sugiere dos hallazgos relevantes. Por un lado, en la extensión del eje -X +X se suceden las condiciones sociales con las que se enfrentan las personas a los problemas y la gravedad de estos. Cuanto más a la izquierda, mayor será la gravedad del problema y menores los recursos económicos o el capital social para enfrentarlos; esta situación la sufren en mayor medida las personas en estratos sociales más desfavorecidos. Cuanto más a la derecha, en mejores condiciones socioeconómicas y de capital social se encontrarán las personas para resolver los diferentes eventos.

Por el otro lado, en el factor n.° 2, cuanto más abajo en el eje Y, menor será la complejidad y gravedad del problema. Aquí las personas sufren eventos cotidianos o rutinarios, de consumo de servicios, de convivencia (no solo de seguridad, sino con vecinos o conflictos barriales menores) o económicos, pero de gravedad leve o moderada, eventos que no alterarían la normalidad del ciclo de la vida. Arriba, en el eje Y, se encuentran los problemas más complejos, con cierta intensidad en el tiempo, considerados graves, que pueden incidir de manera negativa en la rutina cotidiana y que las personas buscan solucionar, que hacen a temas relevantes del desarrollo personal, como el bienestar de la salud, el trabajo o la vivienda.

Gráfico 1: Mapa ACM de posiciones categoriales. Factores n.° 1 y n.° 2 

Una vez obtenido el mapa, se procedió a la aplicación de la técnica de clústeres jerárquicos. El agrupamiento de personas que padecieron algún tipo de evento definió como solución óptima tres conglomerados. El clúster 1 tiene su centroide ubicado en el cuadrante -X +Y, el clúster 2 lo tiene en el cuadrante +X -Y y el 3 en el cuadrante +X +Y. Es decir que cada cuadrante corresponde aproximadamente a un clúster, a excepción del cuadrante -X -Y, en el cual se encuentran tanto personas del grupo n.° 1 como del n.° 2.

Con los diferentes conglomerados se buscó caracterizar no solo posicionalmente a las personas que viven determinados eventos legales, sino también de acuerdo con sus características porcentuales. El gráfico 2 ilustra estas diferencias, que se analizan a continuación con mayor detalle.

El conglomerado n.° 1 de personas se encuentra posicionado mayormente en el cuadrante -X +Y, de mayor complejidad y gravedad de los problemas. Se trata de los ciudadanos más postergados y vulnerables frente a la justicia. En su mayoría, son mujeres (71,6%), jóvenes (más del 65% menores de 44 años) y del interior del país (67%). También la gran mayoría (casi 63%) pertenece a los estratos más pobres. Por su parte, predominantemente en el grupo n.° 2 se encuentran aquellas personas en situación intermedia y con problemas de baja gravedad. Son en su mayoría varones (64,2%), del interior (más del 67%) y de clase media (78,3% estrato medio). No obstante, no se identifica un perfil etario preponderante. Por último, el perfil n.° 3, ubicado en el cuadrante +X +Y (problemas de discriminación o consumo considerados leves), está integrado por personas en su mayoría de Montevideo (68,8%) y varones (57,4%). El perfil etario de este clúster tampoco resulta nítido, aunque una leve mayoría (51%) tiene más de 45 años. Más del 74% pertenece al estrato socioeconómico alto y medio-alto.

Gráfico 2: Características sociodemográficas según conglomerados. En porcentaje de personas 

Según los descriptivos por grupo, en el perfil de personas más vulnerable (grupo n.° 1) se encuentran aquellas que consideran su problema como grave o muy grave (77,1%) en relación con el resto. También manifiestan que el problema se agravó por la situación de pandemia (50%). Por otra parte, si bien son los que en mayor proporción intentaron resolver el problema (66,5%), son los que tienen menos instrumentos de capital social para enfrentarlo. Un 42% tiene un abogado o escribano conocido a quien recurrir, un 4% abogado amigo y un 6,9% familiar. En contraposición a este dato, en el grupo n.° 3, pese a considerar su problema grave o muy grave (60,6%) y a haber intentado hacer algo para resolverlo (62,4%), solo un 39% considera que el problema se agravó en situación de pandemia. Asimismo, son aquellos que mayormente pueden recurrir a un abogado en el círculo de amistades o familia (65%), es decir, están en mejores condiciones de afrontar los contingentes legales.

¿Existen diferencias en los problemas que sufren los distintos perfiles? El gráfico 3 muestra estas diferencias. Prácticamente en todos los clústeres se presenta la existencia de todos los tipos de problemas identificados, a excepción de problemas de vivienda, los cuales el clúster n.° 2 no padece. Corroborando los hallazgos del mapa ACM, en el conglomerado n.° 1 persisten en mayor medida como evento principal los problemas vinculados a la salud (23,4%), dimensión en la que se destacan el acceso a medicamentos o tratamientos, el trato desigual en la atención en centros hospitalarios, etc., seguidos por créditos y deudas (20,6%), trabajo y problemas familiares (13,1%) y vivienda (9,7%). Se trata de preocupaciones que hacen a carencias materiales y afectivas, muchas de ellas vinculadas al género (violencia doméstica, tenencia de hijos, pareja), que persisten en la vida cotidiana e implican cierto desgaste. Paradójicamente, muchos de estos problemas requieren de asesoramiento legal, pero este grupo es el que está en mayor desventaja en cuanto a capital social (disponer de un abogado o escribano).

Gráfico 3: Eventos legales según conglomerados. En porcentaje de personas 

En el grupo n° 2 se destacan tres tipos de eventos específicos: créditos y deudas (32,5%), consumo (31%) y convivencia (20,2%). Al igual que en el caso del grupo n.° 1, se trata de problemas materiales que persisten en el ciclo de la vida, aunque más leves. Sin embargo, este conglomerado de personas es el que hace notar más los problemas de convivencia, específicamente de seguridad y relacionamiento con la policía.

Por último, en el conglomerado n.° 3, los problemas vinculados al consumo son aquellos que consideran más importantes (24,9%), seguidos por los problemas de salud (23,7%) y de trabajo (15,4%). La primera preocupación probablemente hace a las exigencias mayores de los más pudientes en el reclamo del funcionamiento de servicios. Con relación a la salud, es plausible que se trate de problemas de calidad de la atención médica, más que de costos de tratamiento. Algo similar ocurre con los problemas vinculados al trabajo. No parecen destacar las situaciones de privación que viven por la escasez de empleo o el ejercicio de derechos, sino por expectativas en torno a salarios mayores o por el cierre de emprendimientos o empresas.

Conclusiones

Una primera conclusión es que la distribución de eventos legales no sigue un patrón homogéneo y se presenta dispersa en el mapa de posiciones. Esto corresponde con perfiles de eventos característicos de los clústeres encontrados. El más interesante es el perfil n.° 1, compuesto predominantemente por mujeres de nivel socioeconómico bajo o medio-bajo, del interior y de edades medias. En este clúster, ciertos eventos aparecen en mayor proporción que en la población general: problemas de familia, trabajo y vivienda, especialmente. Además, estos eventos son considerados graves o muy graves en mayor proporción. En el otro extremo puede considerarse el grupo n.° 3, formado principalmente por personas de estrato medio-alto y alto, hombres y mujeres. En este caso están sobrerrepresentados los eventos de salud, trabajo, consumo, discriminación y la categoría otros. Estos eventos son considerados muy graves en menor proporción que en el total, pero también ocurre lo mismo con las categorías nada o poco grave.

Mientras estos dos clústeres parecen reflejar los extremos de un sistema de estratificación, el segundo grupo reúne a personas, especialmente hombres, del interior y de edad avanzada, de nivel medio. Sus problemas más frecuentes refieren a créditos y deudas, consumo y convivencia. Sin embargo, tienden a considerar estos problemas poco o nada graves.

Cuando se observan las acciones realizadas para resolver los problemas, no se encuentran diferencias importantes entre los clústeres, excepto en el recurso de buscar asesoramiento en abogados de oficio o con una organización no gubernamental, que aparece con mayor frecuencia en el primer conglomerado, debido a la gravedad de los problemas.

Una segunda conclusión es que la distribución de eventos legales no responde a un factor único, aunque sí se hace notar el efecto de la posición en la estructura social. Se confirma, entonces, la relación entre desigualdad y perfil de eventos sufridos, y especialmente la relación entre desigualdad y gravedad de los problemas. Son los sectores más vulnerables en nivel socioeconómico y en cuanto a género y región los que experimentan eventos más graves, que empeoraron con la pandemia.

Curiosamente, los sectores de mayor nivel socioeconómico, hombres y de Montevideo, que deberían ser los menos vulnerables, también están expuestos a problemas que, aunque no tan graves, no son irrelevantes. Estos problemas coinciden con algunos del perfil n.° 1 (trabajo y salud), pero aparecen también problemas de consumo, discriminación y otros no definidos. Explicar las características propias de los eventos en este clúster requiere análisis ulteriores.

Finalmente, es llamativa la situación del segundo clúster. Allí es donde los problemas parecen menos graves. En este caso, la explicación parece estar asociada a la edad. Se trata de personas mayores de sesenta años, donde el cese de la actividad laboral puede explicar una menor prevalencia de eventos legales graves.

En conjunto, los datos respaldan la noción respecto a un efecto importante de la desigualdad en la gravedad y tipo de conflictos, pero al mismo tiempo hacen visible la existencia de relaciones complejas entre los factores, que requieren seguir profundizando el análisis y, eventualmente, continuarlo con nuevas investigaciones.