Cardeillac Joaquín¹, Vigna Ana¹

¹Universidad de la República, Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Sociología. Constituyente 1502, Montevideo. Correo electrónico: joaquin.cardeillac@cienciassociales.edu.uy

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Recibido: 21/8/15 Aceptado: 14/9/16

Resumen

El presente artículo tiene por objeto proveer de información en relación a dos cuestiones. Por un lado, procura contribuir a la discusión sobre la pertinencia de revisar la actual definición de población rural. Así, los resultados muestran los problemas de validez constructiva que plantea la definición oficial actual, es decir, su limitada capacidad para representar de modo legítimo aquello que conceptualmente pretende medir. Por otro lado, se muestran algunas limitaciones que posee el criterio de clasificación por regiones, derivados de la manera en que el Instituto Nacional de Estadística (INE) define la población rural, y se enfatizan los problemas de comparabilidad y clasificabilidad derivados de la variable propuesta. Además, se presenta evidencia de los problemas que puede generar el uso acrítico de la información secundaria disponible para el análisis territorial. Así, se muestran las paradojas implícitas en los análisis orientados a caracterizar territorios mediante la comparación de indicadores derivados de poblaciones conceptualmente muy distintas. Específicamente, se ilustra la problemática que es introducida al intentar comparar territorios que cuentan con información de individuos que están privados de libertad –y, por tanto, del derecho a desplazarse por el territorio– con otros donde esta situación está ausente. Los resultados enfatizan la necesidad de discutir en términos sustantivos –con su correspondiente traducción en términos operativos– el concepto de «población rural», ampliando la mirada sobre el fenómeno, a los efectos de captar la heterogeneidad de lo rural contemporáneo.

Palabras clave: POBLACIÓN RURAL, TERRITORIO, VALIDEZ CONSTRUCTIVA, POBLACIÓN PRIVADA DE LIBERTAD

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Summary

Rural Youth in the Metropolitan Area: Methodological Discussion on the Definition of Rural Population in Uruguay

This article aims to provide information on two issues. On the one hand, it seeks to contribute to the discussion on the relevance of revising the current definition of rural population. Thus, results show construct validity problems posed by the current official definition, particularly, its limited capacity to legitimately represent what it conceptually attempts to measure. On the other hand, some limitations of the classification criterion by region are shown, derived from the way in which the Instituto Nacional de Estadística (INE) defines rural population, and the problems of comparability and classificability derived from the proposed variable are emphasized. In addition, evidence of the problems that the uncritical use of secondary information available for territorial analysis can bring about is presented. Thus, the paradox implicit in the analysis oriented to characterize territories by comparing indicators derived from conceptually different populations is shown. Specifically, the limitation introduced when trying to compare territories which include individuals that are incarcerated –and therefore, deprived of their right to move freely throughout the territory– with other territories where this situation does not occur is shown. The results emphasize the need to discuss in substantive terms with its translation into operational terms the concept of «rural population», expanding the vision of the phenomenon, in order to capture the heterogeneity of contemporary rural contexts.

Keywords: RURAL POPULATION, TERRITORY, CONSTRUCT VALIDITY, PRISON POPULATION

Introducción

Al observar la distribución de la población clasificada como rural por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el territorio nacional y su evolución a lo largo de las últimas décadas, surgen algunos datos que llaman la atención, en particular, la desproporcional presencia de jóvenes¹ varones en el medio rural de los departamentos de Montevideo, Canelones y San José.

Partiendo de los datos del INE, una vez que se analiza cómo se distribuye esta población en el territorio, los resultados muestran una concentración de los hombres jóvenes en el medio rural de Montevideo y en menor medida en Canelones y San José. Este fenómeno, si bien está presente en los datos del Censo de 1996, se hace aún más evidente en 2011. La geo-referenciación de estos resultados, junto con un análisis del tipo de hogares integrados por esta población, permite constatar que en una proporción importante, se trata de residentes en centros de reclusión ubicados en las periferias «rurales» de los tres departamentos.

Los resultados anteriores derivan de dos tendencias: por un lado, el aumento considerable de la tasa de prisionización –que pasó de 106 presos cada 100.000 habitantes en 1996, a 280 en 2011², y por otro, la marcada disminución de las personas que viven en el medio rural, que eran 9 % en 1996 y en 2011 representaban el 5 % del total de población³.

En base a estas discusiones y resultados, el trabajo llama a la reflexión sobre diversas temáticas: i) características de la población privada de libertad (PPL), en particular, su distribución en términos de sexo y edad así como su alojamiento en áreas apartadas de los núcleos urbanos; ii) dificultades generadas por la falta de una definición de población rural conceptualmente válida; iii) tipo de información disponible: invisibilidad de la población reclusa –y de otros colectivos– a partir de los instrumentos censales; y finalmente iv) qué se mide oficialmente y cómo, con el fin de contribuir a un uso adecuado de la información disponible.

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La definición de población rural en Uruguay

La discusión relativa a la definición de lo rural y lo urbano es un tema largamente tratado por la sociología rural. En base a los antecedentes, es posible distinguir dos caminos principales de discusión: uno que remite a la jerarquización conceptual de las diferentes dimensiones que generan la distinción entre lo rural y lo urbano, y otro, que remite a las diversas alternativas concretas de definición de zonas rurales y urbanas con fines estadísticos (Capel, 1975; Sorokin y Zimmermann, 1929).

En cuanto a la identificación de las dimensiones conceptuales que dan sustento a la distinción entre lo rural y lo urbano, identificadas para el caso de Uruguay, tradicionalmente se han utilizado dos criterios: el tamaño de las localidades y el tipo de actividad (Cardeillac y Juncal, 2014; Piñeiro y Cardeillac, 2014). Tal es así que ya en la obra de Solari (1958) aparece identificada una serie de factores para caracterizar funcionalmente al espacio social rural, entre los cuales se encuentran tanto las ocupaciones (vínculo con la actividad agropecuaria) como el tamaño (densidad de población o volumen) de la comunidad. Luego, en el estudio sobre la Situación Económica y Social del Uruguay Rural (CLAEH et al., 1963) se retoman ambas dimensiones, en la medida en que para realizar la investigación se procedió a estudiar una población rural compuesta por dos sub-poblaciones: i) la población rural dispersa, compuesta por todas aquellas personas que viven en los establecimientos agropecuarios medianos y pequeños; y ii) la población rural nucleada, residente en pequeños poblados. A su vez, también se incluyeron en el estudio algunos barrios de ciudades más grandes, siempre que tuvieran en algún período del año «...más de 1/3 de su población dependiente de tareas rurales” (CLAEH et al., 1963: 12).

Al mismo tiempo que a nivel conceptual la discusión avanzaba sobre posibles alternativas de articulación entre residencia y ocupación, orientadas a lograr definiciones más complejas de ruralidad que se adecuaran a los cambios observados en el Uruguay (Cardeillac y Juncal, 2014; Piñeiro y Cardeillac, 2014; Riella y Mascheroni, 2009), a nivel de la generación de información estadística se fueron registrando modificaciones.

Para entender los cambios que se dieron a nivel del sistema estadístico nacional, es necesario recordar que en el Uruguay los dos principales instrumentos que generan información sociodemográfica sobre la población y sus condiciones de vida, son las Encuestas Continuas de Hogares y los Censos de Población⁴ del INE⁵. En relación con los últimos, la periodicidad con la que se realizan no es suficiente para el estudio de las condiciones de vida de la población. De hecho, si bien se intenta realizar una medición de ese tipo cada 10 años, en el caso de Uruguay por ejemplo, luego del Censo realizado en 1996 hubo que esperar hasta el 2011 para volver a contar con esa medición. Por estos motivos, así como por la cantidad y el tipo de información que los censos pueden razonablemente generar, es usual recurrir a otras fuentes de información –como la Encuesta Continua de Hogares (ECH)– aplicadas con mucha más frecuencia y que relevan más tópicos, aun cuando lo hagan sobre una muestra de la población.

Respecto de la ECH, el INE informa que:

«La Encuesta Continua de Hogares (ECH) es una encuesta que el Instituto Nacional de Estadística realiza, sin interrupciones, desde el año 1968. La ECH constituye una de las fuentes de información más importante que posee el país en materia socioeconómica, e históricamente ha constituido la base de datos de la amplia mayoría de los estudios sociales o socioeconómicos de la población; ya que permite, con un solo esfuerzo, estudiar variados temas demográficos. Su origen, al igual que muchas encuestas a hogares de los países americanos, lo constituye el “modelo Atlántida” diseñado por el Bureau of Census de Estados Unidos de América. Su alcance geográfico ha variado con el tiempo. Inicialmente el relevamiento sólo cubrió al Departamento de Montevideo, para a partir del año 1981 extenderse a todas las áreas urbanas del país y en ese único año, en el marco de un proyecto auspiciado por el Fondo de las Naciones Unidas para Actividades de Población, se investigó el área rural» (INE; 2007: 7).

De la cita anterior resulta claro que, así como en el año 1981 fue considerada dentro del estudio la población no urbana en localidades de menos de 5.000 habitantes, en todos los demás años para los que se ha registrado y estudiado la situación de la población del Uruguay hasta 2006, no se ha considerado a la población dispersa ni a la población en localidades de menor tamaño⁶.

Lo anterior implica que el instituto encargado de generar la información sobre la situación sociodemográfica de la población del Uruguay ha excluido de modo sistemático a la población rural durante 36 años, y recién es con la Encuesta Nacional de Hogares Ampliada de 2006 (ENHA) que esta tendencia se revierte, al modificarse el marco muestral de modo de incluir a la población dispersa y nucleada en localidades de menos de 5.000 habitantes (INE, 2007).

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Más allá de los argumentos de orden práctico que puedan esgrimirse para justificar el procedimiento, seguramente esta exclusión de la población rural del principal instrumento de monitoreo de las condiciones sociales, económicas y demográficas de la población del Uruguay puede interpretarse como un indicio de la representación dominante que en el Uruguay se ha consolidado desde muy tempranamente en relación a lo rural, más allá de la centralidad que ha tenido –y continúa teniendo– en su historia política y económica.

Además, una consecuencia práctica de esta tradición en el tratamiento de lo rural es que su propia discusión y definición operativa ha quedado marcada, para el caso uruguayo, por esta representación.

Así, por ejemplo, durante los años 1999 y 2000 se realizó en Uruguay una investigación titulada «Estudio sobre el empleo, los ingresos y las condiciones de vida de los hogares rurales» (OPYPA, 2000). Si se analiza el informe de dicho estudio para ver cómo se define la población objetivo, encontramos que:

Entre el título de la investigación, que refiere de modo explícito a hogares rurales, y la delimitación de la población que será objeto del estudio, no media ninguna explicación por la cual se pueda comprender que la población dispersa y la residente en localidades de menos de 5000 habitantes sea población rural. Salvo, claro, el hecho de que esa población es el complemento excluido de la población total del «país urbano», estudiada por las encuestas continuas de hogares del Instituto Nacional de Estadística desde 1968 a 2005. Esto resulta interesante en la medida en que permite captar al menos dos aspectos. Primero, el carácter de «complemento/excluido» que tiene muchas veces la definición de lo rural en Uruguay, y segundo cómo, por la vía de los hechos, el INE ha participado en la consolidación de una definición de lo rural, más allá de que la intención explícita sea otra⁷.

Del concepto a... ¿la variable?

Uno de los temas básicos que se introducen al iniciar los estudios en ciencias sociales, es el proceso de operacionalización. Es decir, la introducción a los procedimientos lógicos, teóricos y metodológicos que permiten avanzar desde los conceptos a criterios operativos que habilitan a clasificar el material empírico disponible de un modo útil a los fines de la investigación.

Parte de lo que se discute allí tiene que ver con la definición de qué es una variable. Por supuesto, existe una pluralidad de definiciones propuestas al respecto, que enfatizan más en algunos u otros aspectos. Ahora bien, a los efectos de la discusión que se presenta aquí, bastará con afirmar que una variable es un criterio de clasificación exhaustivo y excluyente (Cortés et al., 2012; Mayntz et al., 1975; Selltiz, 1968; Galtung, 1966).

Teniendo como trasfondo las ideas recién expuestas, corresponde retomar la discusión sobre la forma de definir la población rural en Uruguay. Como se dijo, al analizar las fuentes de información que hace disponibles el INE, es posible identificar una definición de población rural en la que se prioriza la dimensión relativa al tamaño de las localidades, entendido siempre en base al número de pobladores de las mismas.

De este modo, desde el año 2006 en adelante, las bases de datos de las Encuestas Continuas de Hogares que publica el INE incluyen una variable que permite representar operativa y empíricamente a la población rural.

Respecto de este criterio de clasificación, y en atención a las características que se reclama debe satisfacer una variable, resulta interesante notar algunos problemas. Por un lado, las categorías de la variable no cumplen con el principio de “comparabilidad” (Galtung, 1966), en la medida en que reúnen dimensiones distintas. Así, por un lado, la variable clasifica la población según si esta se encuentra dispersa en el territorio (fuera de localidades o zonas amanzanadas), y por otro lado, según si el tamaño de las localidades es mayor o menor a un cierto umbral.

Desde el punto de vista metodológico, una consecuencia problemática derivada de este criterio de clasificación basado en estratos definidos por tamaño de localidad según número de pobladores, es cómo varía (o puede variar) la población en cada «región o área». Así, mientras que lógicamente Montevideo puede crecer o decrecer en población de modo indefinido, al igual que la población dispersa, la región que corresponde a localidades de hasta 5.000 personas sólo puede acumular más población en la medida en que esas localidades que crecen no sobrepasen los 5.000 habitantes y las de más de 5.000 sólo pueden perder población hasta ese límite, ya que en otro caso pasarían a la otra categoría.

Esta categorización presenta asimismo problemas en términos de “clasificabilidad” (Galtung, 1966), dado que las categorías no resultan excluyentes entre sí. Ello queda de manifiesto en la categoría denominada “Montevideo”, en donde se genera la duda de si se habla de todo el departamento, o sólo de la ciudad, excluyendo la población dispersa del departamento.

Esta breve historia del particular tratamiento que ha recibido la población rural por parte del instrumento que «ha constituido la base de datos de la amplia mayoría de los estudios sociales o socioeconómicos de la población» (INE, 2007: 7), da sustento a la afirmación de que en Uruguay la población rural ha sido excluida y eventualmente, definida por oposición y como complemento de la población urbana.

Ahora bien, el hecho de que la definición de población rural haya corrido esta suerte es un aspecto que bien podría ser profundizado, atendiendo al hecho sociológicamente bien establecido de que las categorías sociales y las definiciones son en «esencia» un objeto de lucha política y de esfuerzos sociales interesados por lograr un determinado resultado, que aparezca luego con las características de lo natural (Bourdieu, 1989; Elias, 1989). No obstante, este trabajo pretende: i) mostrar las limitaciones de la actual definición de población rural manejada en las estadísticas oficiales; ii) advertir sobre el uso acrítico de las fuentes de datos secundarias disponibles; y iii) reflexionar sobre los problemas conceptuales para el análisis de un territorio, derivados del uso de propiedades analíticas generadas a partir de información de individuos en situaciones no comparables.

Materiales y métodos

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Habiendo discutido algunos de los problemas imbricados en la definición adoptada por el INE para identificar la población rural, más vinculados a la validez pragmática de la medida, discutiremos algunos problemas de validez constructiva; es decir, problemas que tiene la medida de población rural propuesta para representar legítimamente aquello que pretende representar.

Para ello, se utilizarán los datos provenientes de las bases de microdatos del Censo de Población 2011 del INE. Dicha información será complementada con las capas temáticas (shapes) puestas a disposición por el mismo Instituto, que son utilizadas para geo-referenciar los resultados obtenidos. Más adelante, y a los efectos de ilustrar los cambios ocurridos en las últimas décadas (tanto en lo que refiere a la población rural como a la población carcelaria), se comparan los resultados de los dos últimos Censos del INE (1996 y 2011) (INE, 1996; INE, 2011a).

Es necesario aclarar que las poblaciones rurales departamentales se obtienen de aplicar el criterio de clasificación del INE antes comentado. Operativamente implica seleccionar los individuos incluidos en los códigos de localidad ‘900’ de cada departamento, correspondientes a la población residente fuera de centros poblados, o población dispersa.

Partiendo de estas fuentes de datos, procederemos a analizar la distribución territorial de los jóvenes en los segmentos censales clasificados como rurales en los departamentos seleccionados, así como a mostrar, a partir de pirámides poblacionales, el peso de la población reclusa dentro de este grupo. Adicionalmente, se presentará información sobre la evolución de estos indicadores entre 1996 y 2011⁸.

Resultados y discusión

De acuerdo a la información publicada por el INE, a partir de los datos del Censo 2011, la población rural del Uruguay se ubica en el entorno de las 175.613 personas. A su vez, si analizamos los resultados de población rural para los departamentos de Montevideo, San José y Canelones, obtenemos los siguientes datos: 14.026 personas en Montevideo, 48.219 en Canelones y 16.471 en San José (INE, 2011c).

Ahora bien, dado que esa «área» o «región» rural es en realidad un conjunto de zonas del territorio que queda definido por oposición (rural es aquello no ocupado por localidades) resulta de interés analizar desde el punto de vista espacial cómo se da la distribución de esa población. En las Figuras 1, 2 y 3 se presentan la distribución de la población rural en Montevideo, Canelones y San José.

¿Hacia una ruralidad carcelaria?

En base a los mapas anteriores se observa que existen en los tres departamentos estudiados zonas que, a pesar de corresponderse al área definida como “rural” –en tanto sinónimo, como vimos, de población dispersa– presentan una concentración de población llamativamente elevada. Así, en el caso de Montevideo todas las zonas censales rurales acumulan menos de 220 personas, a excepción de dos; una ubicada al este, en la que se contaron 313 personas, y una zona censal ubicada en el oeste, en la que se censaron 3.381 personas (Figura 1). Es interesante notar que en ambos casos se trata de zonas censales en las que se ubican centros de reclusión, respectivamente las Unidades de Internación para Personas Privadas de Libertad (UIPPL) N° 6 (Punta de Rieles) y la N° 4 (Comcar).

Por último, en San José vuelve a destacarse una zona con 1.558 individuos, que corresponde al territorio en que se ubica la UIPPL N° 3 (cárcel de Libertad) (Figura 3).

En síntesis, los resultados anteriores muestran las enormes limitaciones de la definición de ruralidad y población rural que se utiliza en las principales fuentes de información sociodemográfica. De hecho, con las definiciones actualmente vigentes se arriba al absurdo de clasificar como población rural dispersa a población que vive sumamente concentrada y contra su voluntad, en una determinada zona del territorio. Es claro que los problemas derivados de este absurdo son tanto mayores cuanto menor es la población rural de un departamento. En este sentido, los Cuadros 1 y 2 ilustran cómo ha ido cambiando la relación entre población privada de libertad y población rural entre 1996 y 2011 para los casos de los tres departamentos seleccionados.

Del análisis de la información de los censos de 1996 y 2011 resulta claro que las tendencias de las poblaciones comparadas han sido contrarias (Cuadro 1). Así, mientras que la población rural desciende marcadamente, la población privada de libertad clasificada como población rural se multiplica por cinco.

El resultado de esas dos tendencias genera en 2011 que casi un 3 % de la población “rural” de San José sea población reclusa, mientras en Canelones la proporción alcanza a 7 %. Para el caso de Montevideo, la situación es más extrema, ya que más de un 26 % de la población «rural» del departamento es considerada como tal por el hecho de estar recluida contra su voluntad en un centro penitenciario densamente poblado. Es decir, de cada cuatro pobladores rurales de Montevideo, uno es recluso.

Los problemas de los resultados recién comentados son múltiples. Por un lado, porque no parece razonable comparar en términos de distribución espacial la población que tiene la libertad de moverse por el territorio con la población que justamente se encuentra privada de ese derecho. Adicionalmente, desde el punto de vista conceptual, se asume que la clasificación de la población como “rural” implica el hecho de que se encuentra relativamente dispersa en el territorio, en oposición a lo que sucede con la población que reside en localidades (con mayor o menor número de habitantes). Sin embargo, los recintos penitenciarios del Uruguay se caracterizan por estar densamente poblados, en muchos casos, bastante más allá de lo que su capacidad permitiría. Es en este sentido que puede afirmarse la limitada validez de constructo que posee la variable que utiliza el INE como indicador del tipo de población –rural o urbana–, en tanto dicha variable no logra representar con claridad aquello que conceptualmente pretende medir. En concreto, la información del INE relativa a que en Montevideo la población rural es de 14.026 personas adquiere un sentido diferente una vez que se considera que un poco más de la cuarta parte es población penitenciaria.

Ahora bien, este problema no sólo afecta las investigaciones que se basan en los datos del INE para estudiar la población rural, sino que permea también otros trabajos que procuran avanzar en el conocimiento sobre otras subpoblaciones. Por poner sólo un ejemplo, a continuación se retoma un mapa analizado en el documento «Atlas sociodemográfico y de la desigualdad del Uruguay. Jóvenes en Uruguay: demografía, educación, mercado laboral y emancipación» (Calvo, 2014).

Como puede verse, en el estudio citado se presenta un gradiente según el cual los barrios periféricos tienen una relación de feminidad más baja (Figura 4). De hecho, en el primer tramo, se observa al menos un barrio en el que apenas hay 56 mujeres jóvenes cada 100 varones. Ahora bien, esta particular forma de presentar la distribución de la relación de feminidad de los jóvenes montevideanos es el resultado de la concentración de la población privada de libertad en zonas rurales de Montevideo. Si se realiza el ejercicio de no considerar la población de los centros de reclusión para el análisis, el resultado que se obtiene es el siguiente.

Los resultados del estudio cambian una vez retirados del análisis aquellos casos que se encuentran privados de su libertad ambulatoria (Figura 5). Para empezar, cambia drásticamente la distribución por sexo en la zona de Paso de la Arena, donde se observaba que había 56 mujeres cada 100 varones. Ese resultado se debía al particular sesgo de la población carcelaria en Uruguay, población mayoritariamente joven y masculina. Luego, se observa también que, aun cuando es el centro sur de la ciudad el área más feminizada, también hay zonas de la periferia en las que hay más de 100 mujeres por cada 100 varones, y es en el este (Carrasco Norte y Carrasco) dónde hay menos relación de feminidad entre la población joven.

Tal como muestra el análisis de la relación de feminidad de la población joven por barrio, los cambios que se obtienen según se considere o no la población privada de libertad son muy marcados. Para comprender gráficamente el tenor de dichos cambios, resulta ilustrativo detenerse en las pirámides demográficas de la población rural de los departamentos de Montevideo, Canelones y San José, generadas incluyendo o excluyendo la población penitenciaria:

Así, si bien el problema ya estaba presente, su magnitud no era tan grande como alcanzaría a serlo en el censo siguiente. Y es que, según los datos de 2011, en Canelones casi 11 % de los jóvenes rurales varones correspondía a población privada de libertad, mientras que en el caso de San José uno de cada cuatro jóvenes rurales lo era por estar recluido y en el caso de Montevideo se llega a la situación extrema de que 65 % de los jóvenes rurales varones se corresponden a reclusos. Dicho de otro modo, de cada tres jóvenes rurales que cuenta el INE en Montevideo en 2011, dos son individuos que se encuentran en la cárcel.

En términos generales, poner el foco en la población joven masculina supone amplificar los problemas derivados de la definición de población rural antes observados. Ello es así debido a dos fenómenos: por un lado, debido a que los principales centros de reclusión en el Uruguay se encuentran ubicados en zonas apartadas de los centros urbanos y definidas como “rurales” por el INE, y, por otro, debido a que la población reclusa presenta un claro sesgo en relación a su distribución en términos de sexo y edad, en comparación a la población total del Uruguay.

Este segundo aspecto queda de manifiesto a partir de los datos del I Censo Nacional de Reclusos (Ministerio del Interior y Facultad de Ciencias Sociales, 2010), de donde se desprende que un 35 % de la población privada de libertad tiene menos de 26 años, y tres cuartas partes es menor de 36 años. Por su parte, apenas el 8 % de dicha población está compuesto por mujeres. Al respecto, cabe destacar que existen distintas corrientes explicativas que intentan dar cuenta del vínculo entre edad y delito, así como el existente entre sexo y delito¹⁰. Sin embargo, y más allá de la complejidad teórica que estos vínculos implican, vale mencionar aquí que la estructura sociodemográfica de la población de nuestras cárceles se encuentra claramente asociada al tipo de delito que es principalmente perseguido y sancionado por nuestro sistema de justicia penal: los delitos poco sofisticados cometidos en contra de la propiedad privada (básicamente, hurtos y rapiñas).

De este modo, los procesos de selectividad que operan a través de las diversas fases del sistema penal (policial, judicial y penitenciario), terminan consolidando un perfil específico de “delincuente”, conformado principalmente por hombres jóvenes y provenientes de los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Al haber aumentado exponencialmente los niveles de encarcelamiento en nuestro país a lo largo de estas últimas décadas¹¹, al tiempo que la población que habita el medio rural ha disminuido sensiblemente, se obtienen los resultados presentados anteriormente.

Conclusiones

Mediante este artículo se ha contribuido a la discusión de dos temas:

i) Por un lado, la necesidad y pertinencia de revisar y mejorar la actual definición de población rural. En este sentido, los resultados presentados muestran que la definición oficial actual no sólo puede ser mejorada, sino que resulta equívoca en varios casos por carecer de validez constructiva, es decir, por carecer de la capacidad para representar de modo legítimo aquello que conceptualmente interesa distinguir. Sumado a esto, se mostraron varias de las limitaciones que posee el criterio de clasificación por regiones o zonas, derivado de esa particular forma de definir a la población rural por parte del INE. Se analizaron los problemas de comparabilidad y clasificabilidad que genera la variable propuesta, y se advirtió respecto de los problemas que puede generar su uso para el caso de ciertas poblaciones específicas.

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ii) Por otro lado, aun cuando relacionado, se discutió y presentó evidencia de los problemas que puede generar el uso acrítico de la información secundaria disponible para el análisis territorial. Al respecto, se procedió a mostrar las paradojas implícitas en los análisis orientados a caracterizar territorios mediante la comparación de indicadores derivados de poblaciones conceptualmente muy distintas. Así, resulta muy discutible caracterizar un barrio o una zona mediante propiedades analíticas (Lazarsfeld y Menzel, 1961) –es decir mediante información agregada de los individuos que integran ese territorio– obtenida de personas que están privadas del derecho a desplazarse, para compararlo luego con información agregada de individuos de otros territorios, en los que esta situación no está presente.

No se plantea aquí como solución a este problema la exclusión de la población reclusa del análisis, ya sea para el estudio de la población rural, o de los barrios u otro agregado territorial. Por el contrario, lo que se pretende es mostrar la poca información que se releva en los instrumentos censales de una población que ha crecido desproporcionadamente en los últimos 20 años y la necesidad de estudiarla en su especificidad.

Independientemente de ello, resulta necesario discutir en términos sustantivos –con su correspondiente traducción en términos operativos– el concepto de «población rural». En este sentido, proponer una nueva definición claramente no es responsabilidad única del Instituto Nacional de Estadística. Esta tarea requiere de un proceso amplio de debate y discusión que recoja las diversas perspectivas de una pluralidad de actores con interés en el ámbito rural. Como aporte en esa línea, consideramos necesario avanzar en el sentido de ampliar la mirada sobre lo rural, promoviendo una definición que contemple múltiples dimensiones y articulaciones entre las mismas, de modo de habilitarla a captar la heterogeneidad y la pluralidad de lo rural contemporáneo.

² Elaboración propia en base a datos del INE y del Ministerio del Interior.

³ Según datos de los Censos de Población del INE.

⁴ Los Censos Generales Agropecuarios (CGA) no son considerados aquí en la medida en que dicha fuente de datos no se orienta a caracterizar la población o los hogares rurales sino que toma la explotación agropecuaria como unidad de análisis. En concreto, dicho instrumento privilegia la caracterización de los aspectos productivos de las explotaciones agropecuarias de más de 1 hectárea de superficie.

⁵ Disponibles en www.ine.gub.uy.

⁶ Si bien esta cita no permite inferir estrictamente hasta el año 1997 la muestra fue representativa también de las localidades de más de 900 habitantes.

⁷ Nos referimos con esto a una respuesta dada por el INE a una consulta realizada desde la Universidad de la República con ocasión de los Censos de 2011: «El INE aborda la definición de localidades desde el punto de vista estadístico, no es su cometido ni definir ni ajustar los conceptos urbano/rural» (INE, 2011b: 28).

⁸ La identificación de individuos en hogares colectivos de tipo centros de reclusión para el año 1996 se realizó ubicando los segmentos censales correspondientes en 2011, ya que no estaba como categoría de la variable hogares colectivos de ese año.

⁹ Para un análisis de las juventudes rurales en base al Censo de Población puede consultarse (Cardeillac y Juncal, 2014).

¹⁰ Para profundizar en esta discusión, ver Vigna (2012).

Agradecimientos

Los autores quieren agradecer a Carlos Altez por la información brindada sobre la Cárcel de Canelones (n° 7), así como los pertinentes cometarios de los revisores del trabajo. Por último, también le agradecemos a Irene, por su paciencia durante la elaboración y revisión del mismo.

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