La Política Criminal y sus campos de actuación. La experiencia cubana

Criminal Policy and its fields of action. The Cuban experience

A Política Criminal e seus campos de ação. A experiência cubana

DOI: http://dx.doi.org/10.22187/rfd201626

Iracema Gálvez Puebla

María Carla de la Guardia Oriol

Licenciada. Profesora Instructora del Departamento de Ciencias Penales y Criminológicas de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, Cuba.  mcarla@lex.uh.cu

Recepción: 11/05/2016

Aceptación: 08/07/2016

Resumen: Una temática que hoy día cobra importancia por los disímiles cambios que se experimentan en las estructuras del Derecho penal nuclear, es la reacción ante el fenómeno criminal y la manera en que esta se estructura y organiza por parte de los Estados. El diseño e implementación de una política criminal acorde con las condiciones políticas, económicas, sociales, históricas, culturales del Estado donde se desarrolle, constituyen premisas necesarias de análisis al abordar esta temática. La concepción que se tenga de la política criminal ya sea en un sentido amplio o estricto permite comprender su naturaleza y contenido totalizador e integral. Un análisis de los campos de acción hacia los que se perfila la política criminal, que transita desde la propia concepción de la norma sustantiva y procesal hasta la manera en que se ejecuta dicha disposición, con una mirada a la experiencia cubana será el punto de mira fundamental de la presente investigación.

Abstract: A subject area that has become important nowadays, given the different changes taking place in the structure of core criminal law, is the reaction to the criminal phenomenon and how this is arranged and organized by States. The design and implementation of a criminal policy in line with the political, economic, social, historical and cultural conditions of the State where such policy is developed are necessary premises of the analysis to address this issue. The concept we have of criminal policy, in a broad or narrow sense, allows us to understand its nature and its encompassing and comprehensive contents. A discussion of the fields of action of those criminal policies is emerging, that goes from the very concept of substantive and procedural rule to how such provision is implemented, with a perspective on the Cuban experience is the key focus of this research.

Key words: criminal policy, social control, criminology, criminal law, criminal justice system

Resumo: Um tema que, hoje, torna-se importante para mudanças diferentes experientes nas estruturas do direito penal nuclear, é a reação ao fenómeno criminal e a forma como esta está estruturada e organizada pelos Estados. A concepção e implementação de política criminal compatível com o estado político, económico, social, histórica, cultural onde se desenvolve, constituem premissas análises necessárias para resolver esta questão. O conceito que temos da política criminal em qualquer sentido amplo ou estreito pode entender sua natureza e conteúdo holística e abrangente. Uma análise dos domínios de acção ao qual a política criminal, que vai desde o conceito de norma substantiva e processual à forma como esta disposição é executado, com um olhar para a experiência cubana está se preparando para ser o centro das atenções crucial para esta investigação.

Palavras-chave: política criminal, controle social, criminologia, direito Penal, sistema de justiça criminal

Introducción

El análisis de la política criminal es un tema abarcador que engloba diversas aristas del saber criminológico y del Derecho penal, por ello es necesario comprender sus fundamentos para así proyectar una visión más completa y clara de su finalidad e importancia. A lo largo de la historia, desde que se concibe la organización del Estado y el consecuente desarrollo del Derecho penal, ha sido la reacción frente al fenómeno criminal y la estrategia a adoptar frente a la delincuencia, el punto esencial del debate y la polémica de los estudiosos de esta área del conocimiento. Del análisis del término política que realiza la autora Hanna Arendt quien en rasgos esenciales expresa: “La política, se dice, es una necesidad ineludible para la vida humana, tanto individual como social. Puesto que el hombre no es autárquico, sino que depende en su existencia de otros, el cuidado de ésta debe concernir a todos, sin lo cual la convivencia sería imposible” (Arendt, 1997, 67). Agregamos que esta terminología a nuestro criterio, parte del entendimiento de que la política puede ser entendida además, como el estudio de toda esfera de actividad humana que tuviese, de cierta manera, una relación con el Estado. Al ser el Estado el encargado de organizar, coordinar y disciplinar la vida en sociedad de manera que los conflictos y tensiones sociales se sobrelleven en los niveles de tolerancia, debe hacerse valer para alcanzar dicho objetivo, de mecanismos coercitivos y coactivos, entre ellos el ius puniendi o derecho de castigar. Este le permite, siempre de acuerdo al contexto social, el momento histórico en que tiene su origen y se desarrolla, establecer las políticas que considere más acertadas para reaccionar ante el fenómeno criminal. El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la define como “arte, doctrina u opinión referente al gobierno de los Estados”. (Real academia española, 1992) Por la misma línea de pensamiento indica Bobbio:

(…) a la esfera de la política pertenecen actos tales como mandar (o prohibir) algunas cosas con efecto vinculante para todos los miembros de un determinado grupo social; ejercitar un dominio exclusivo sobre un determinado territorio; legislar con normas válidas erga omnes; extraer y distribuir recursos de un sector a otro de la sociedad (...) (Bobbio, 1992, 800).

Para Borjas Jiménez la política “Hace referencia a la forma de gobierno del Estado y que está relacionada con la gestión, desde una determinada esfera de poder, de los asuntos públicos, se presenta a través de muy diversas manifestaciones atendiendo a la parcela de actividad objeto de su administración” (Borjas, 2003a, 21). La política se refiere a la forma de gobernar, a la gestión que desempeña el Estado sobre determinada área objeto de su gobierno y con un objetivo específico. Si adecuamos dicho concepto al tema que nos ocupa, que no es más que el fenómeno criminal, podemos decir que la política o la gestión que desempeña el Estado sobre el fenómeno delictivo con el objetivo de prevenir y combatir a modo de reacción, dicho fenómeno de manera que sea posible la vida en sociedad, puede ser entendida como Política Criminal. La Política Criminal no es el producto de una época determinada. En ese orden se coincide con Binder en que:

Sin duda la sociedad mercantilista, luego la industrial y ahora la sociedad organizada de masas ha dado improntas específicas a los modelos de Política Criminal, pero ella siempre ha existido como una forma de organización del poder penal. Es más, lo que se debe afirmar es que el poder penal sin Política Criminal no ha tenido existencia histórica, es una pura abstracción o una forma de análisis útil para enfrentarse a los dilemas de un caso pero totalmente artificial e inútil para el análisis Político-criminal (Binder, 2010, 218).

Constituye pues el objetivo fundamental del presente trabajo desentrañar las premisas tenidas en cuenta en la implementación de la política criminal en los diversos contextos que conforman un sistema de justicia penal con especial referencia a la realidad cubana. Identificada la postura conceptual integradora que defendemos de la política criminal, así como los principales campos en los que se desarrolla, permite responder a la interrogante de cómo se han implementado los campos legislativo, policial, judicial y ejecutivo desde el punto de vista político criminal en los últimos años en Cuba y cuáles son los retos y perspectivas futuras.

Breve aproximación conceptual

Actualmente no existe consenso en su denominación, fundamentalmente por el uso de la terminología “criminal”, expresión que representa lo contrario que se persigue con los presupuestos de esa política del Estado. Se es conteste con Rodríguez Manzanera en la utilización del término Política criminológica, pues la política que se sigue es anti-criminal, si se tiene en cuenta que sus fundamentos y postulados tienen su base en los saberes criminológicos y están dirigidos a combatir y prevenir la criminalidad. (Rodríguez, 2014, 117). Sin embargo, aún y cuando se defiende esta postura, se empleará el término política criminal y criminológica indistintamente siempre respetando los criterios de los autores en cuanto al empleo del término. Elaborar un concepto de política criminal implica tener en cuenta las diferentes relaciones que presenta ésta desde los estudios de Fran Von Lizst con otras ramas, disciplinas y ciencias, fundamentalmente con el Derecho penal y la Criminología, en cierta medida esto se ha debido a la diversidad de posturas en cuanto a esencia y contenido (Von Liszt, 1926, 3). Implica además en su diseño, para su implementación, la consideración del respeto a las garantías y derechos fundamentales consagrados constitucionalmente, los cuales no deben ser vulnerados en virtud de la aplicación del ius puniendiestatal, en un Estado democrático de Derecho. (Roxin, 1972, 70) El concepto que se dé sobre política criminal siempre va a estar determinado por su concepción y alcance. Existe en la doctrina quienes aluden a una política criminal en sentido estricto, restringiendo su ámbito de actuación y otros que la entienden en sentido amplio, elementos que hemos de tener en cuenta a la hora de conceptualizar.

Para Eduardo Novoa: la política criminal es el arte de conciliar la doctrina con los hechos y constituye el puente entre la teoría jurídica y la realidad social. (…) la adecuación de las normas jurídicas ideales a una realidad viva, con miras a una lucha eficiente contra el delito, constituye el papel de la política criminal (Apud Piedrabuena, 2014, 1).

Constituye este un concepto que contiene una naturaleza estricta de la política criminal, al circunscribirla a la correcta adecuación de las normas jurídicas con la realidad social, cuando el enfoque va más allá del análisis de la norma.

En la misma línea de pensamiento autores como Sergio Politoff, J. Pierre Matus y Marís Cecilia Ramírez arguyen “(…) así como hay políticas de salud pública, ambientales, de transporte, de educación, hay también políticas del Estado para mejorar la legislación penal y para elaborar criterios que deben tomarse en cuenta a la hora de tomar decisiones en el ámbito del Derecho Penal (…)” (Piedrabuena, 2014, 1). Asumen de manera acertada a la política criminal como una de las políticas que desarrolla el Estado, pero la ciñen al mejoramiento de la legislación penal, aunque sería válido entender por “criterios que deben tomarse en cuenta a la hora de tomar decisiones en el ámbito del Derecho Penal” a otros sectores del sistema de justicia penal, quedando aun restringido su ámbito de actuación al no contener este los componentes o agencias que actúan fuera del control social formal y que dentro del control social informal dirigen también su actuación hacia el combate de las conductas antisociales y/o delictivas. Para definir a la política criminal es preciso delimitar su contenido y significado; sus contribuciones vienen marcadas en diferentes planos, el legislativo, el policial, el judicial, y el ejecutivo; sin embargo estas esferas todas forman parte del control social formal y presentan una relación directa con el Derecho penal; y debe pensarse y reflexionarse la política criminal desde otras perspectivas influenciando además en la esfera económica, política y social; políticas sociales que también influyen en la lucha contra el fenómeno delictivo. (Ávila, 2011, 24) Se es conteste con la posición que ha adoptado Rodríguez Manzanera, al considerar que la política criminológica o también denominada política criminal, “debe ser ante todo una política social, una política de reformas sociales” (Rodriguez Manzanera, 2014, 116). Nótese que en esta definición se alude al ámbito social de la política criminal muchas veces desterrado en otros conceptos que la circunscriben solo al ámbito jurídico. La nueva concepción que se plantea de política criminal se basa en la búsqueda de estrategias basadas en cambios sociales; mediante el desarrollo de planes que permitan desarrollo social. Entender desde una concepción amplia a la política criminal o criminológica supone partir del análisis de la dinámica social desde una visión aún más totalizadora; y crearla a partir de su inserción en la política general del Estado; se debe perseguir justicia y desarrollo desde un enfoque prevencionista que logre una correlación entre la Política criminológica con las necesidades políticas, sociales y económicas a nivel nacional; aunque sin dudas cuando no resulte la aplicación de las técnicas de prevención se utilizará la represión.

Existe una parte de la doctrina que se opone a la utilización de estas medidas que pueden ser tomadas fuera del campo penal, partiendo de que, la respuesta al fenómeno delictivo no estaría dentro del marco del control social formal; por tanto, integrarían estas estrategias parte de la política social; asumiendo un concepto restrictivo de política criminal; al respecto plantea Borjas Jiménez:

Si atendemos a un concepto más amplio de la política criminal, como forma de la política general que se dedica al estudio del fenómeno criminal contemplado desde la problemática social que preocupa al poder público, entonces el contenido de la disciplina adquiere, de igual forma, una mayor extensión. Y en el fondo estamos contemplando la política criminal desde el marco de lo político: más el aspecto político que el aspecto criminal. Los juristas (también los penalistas), con carácter general, somos poco dados al examen de realidades distintas de las que nos marca el propio ordenamiento jurídico, y de ahí que la mayoría deseche este concepto amplio porque escapa de su manejabilidad. Es por ello que, para poder seguir utilizando categorías y métodos no muy diferentes de los que proporciona la Dogmática penal, se prefiere acudir al criterio estricto que circunscribe a la disciplina dentro de los férreos márgenes de la ley penal, sustantiva y adjetiva, y su repercusión en la prevención de delitos (Borja, 2003, 147).

Se asume el criterio de defender un concepto amplio de la política criminal, entendida como el conjunto de estrategias, mecanismos, técnicas que implementa el poder público político en diferentes aristas como la jurídica, la económica, social, educativa, con el objetivo de prevenir y enfrentar el fenómeno delictivo y a su vez lograr obstaculizar; controlar y mantener en límites tolerables, la tasa de delitos que se cometen en una sociedad determinada. No se trata de asumir una postura que la entienda en sentido estricto o amplio, sino de comprender la política criminal por su propia naturaleza, el hecho de que existan autores que defiendan una posición restringida de esta, no es del todo descabellada, pues hacen referencia específicamente a la política penal, lo cual es solo un apéndice de la política criminal que despliega un Estado como parte de su programa de política social.

Política Social, Política Criminal y Política Penal

Resulta en ocasiones confusa la distinción entre la política social de un Estado, la política criminal y la penal, lo que no quiere decir que no guarden una estrecha relación. Existen autores que consideran que la política criminal para ser entendida en su esencia, no debe ser particionada o subclasificada en política penal, administrativa, policial, sino que para evitar la desnaturalización de la Política Criminal debe ser entendida en cuanto a la expresión fáctica de la criminalidad en todas sus manifestaciones posibles. (Bolaños, 2005, 12) La delimitación entre Política Social, Política Criminal y Política Penal, permite comprender la esencia de los diferentes componentes que conforman un todo, no se trata de modificar el concepto de política criminal sino de partir de su naturaleza u origen hasta su manifestación más concreta, ir de lo general a lo particular. La Política Social de un Estado es la que se expresa como la preocupación política de la administración pública con los servicios sociales como la salud, educación y sistema de seguridad social para remediar problemas sociales concretos a perseguir. Marshall describe la política social como “la política de los gobiernos con relación a la acción que tiene un directo impacto en el bienestar de los ciudadanos, proveyéndole de seguridad social, asistencia pública, vivienda, educación y tratamiento del crimen” (Marshall, 1967, 28). La política general o social se concibe como la ciencia encargada de establecer las funciones y alcances de un Estado, en el ejercicio de su gobierno respecto de la aplicación de los programas y medios adecuados en la consecución de un fin determinado, dirigido a promover el bien público en cada una de las diversas áreas en las que se manifiestan. Así habrá tantas políticas como fines tenga el Estado, aunque en esencia la política general es la única que para lograr sus objetivos tiene que referirse a situaciones y campos específicos y diferentes. Por lo cual la política general se realiza a través de tres políticas fundamentales: Las políticas de desarrollo económico, la política de bienestar social y la política de seguridad integral (Lozano, 1998, 41). La política de seguridad integral es de gran importancia ya que es el pilar de la política de desarrollo social y la política económica. Es evidente que sin seguridad es imposible el desarrollo adecuado de estas, debido a que se pone en peligro la supervivencia misma del Estado.

De las tres ramas fundamentales se pueden derivar las siguientes políticas: sanitaria, económica, educativa, laboral, criminal, las cuales se refieren a aspectos más específicos y con una finalidad propia. La política social y los servicios sociales constituyen un campo íntimamente ligado al área de la política criminal, la cual se desprende de las políticas de seguridad en su sentido más estricto, no sólo desde un prisma axiológico, sino desde una perspectiva eminentemente práctica; constituyen éstos la materialización de la política social, y es en este sentido, que sus relaciones convergen por un lado, en criterios de deseabilidad acerca de cómo conseguir una sociedad más justa para todos; y en cómo la política social es un instrumento válido para evitar el surgimiento y desarrollo de la actividad delictiva, la marginación, la discriminación, la desorganización social, y la anomia, entre otros factores criminógenos. La Política Criminal por su parte va a constituir un aspecto de la política general del Estado, destinado a un conjunto de estrategias que de manera planificada y teniendo como base la expresión fáctica de la criminalidad en todas sus manifestaciones posibles, así como las limitaciones propias del deber ser, expuestas en el marco normativo nacional e internacional de que se trate; se encuadrará en la totalidad del sistema de control social de un Estado dado para el enfrentamiento al fenómeno criminal; manifestándose en ambas de sus aristas, tanto del control social formal como el informal, a partir del diseño de estrategias socializadoras, preventivas y coactivas, interceptándose de esta manera no solo con los agentes del sistema de justicia penal sino con otras áreas de la política estatal, particularmente del sector social, dígase la educación, la salud, la vivienda, el trabajo, teniendo incidencia tanto en la prevención primaria de la criminalidad como en el enfrentamiento proactivo a determinadas conductas con alto grado de peligrosidad social que son constitutivas de delito. Por su parte la Política Penalva a ser ese sector de la política criminal que estará dirigido al ámbito del sistema de justicia penal específicamente a partir de los diversos agentes del control social formal que lo desarrollan. Al decir de Zaffaroni “La política penal no sería más que el aspecto más importante de la política criminal” (Zaffaroni, 1983, 150). La política penal constituye el ámbito de acción del sistema de justicia penal desde sus primeros momentos con la conformación del ordenamiento jurídico penal, a partir de las pautas políticas que perseguirá el legislador al colocar una conducta o no como figura delictiva, y consecuentemente los mecanismos procesales por los cuales se desarrollará su juzgamiento. También comprenderá la propia actividad desarrollada por los órganos policiales y judiciales, en el desempeño de su labor, teniendo como colofón la política a seguir a la hora de hacer efectiva esa sanción, en cuanto a la forma o manera de su cumplimiento y el tratamiento que en el orden penitenciario y post penitenciario recibirá ese individuo sujeto a un proceso penal en su sentido más amplio. La Política penal abarcará la política a seguir en torno al funcionamiento del orden penal en sus diferentes aristas tomando como base las características y necesidades del contexto en donde se aplica, así como los fundamentos que la legalidad le impone como barrera infranqueable a la arbitrariedad. Es posible afirmar que de la política general social del Estado, se desprende un sector dirigido al enfrentamiento del fenómeno criminal, siendo este el ámbito de actuación de la política criminal, que abarcará todas las acciones que desde un ámbito primario y social, desde la base de la sociedad tienen incidencia tanto en la producción como prevención y enfrentamiento al delito así como aquellas que desde el ámbito institucional formal del Estado se implementan para enfrentar las manifestaciones delictivas de una manera coactiva, específicamente a esta segunda arista va a estar dirigida la Política penal, es decir, a aquellas acciones o criterios a tener en cuenta a la hora de aplicar los mecanismos formales de control social que inciden directamente en el ámbito de la justicia penal. Partiendo de ese carácter integral con el que debe ser entendida la política criminal, es que constituye una premisa el análisis de la misma desde sus diferentes campos hacia los cuales se proyecta, valorado en la doctrina como fases o momentos en los que actúa y debe desarrollarse.

Los Momentos de la Política Criminal

La política criminal es preciso analizarla teniendo en cuenta sus diferentes aristas, de la misma manera que se ocupa de las distintas versiones del fenómeno criminal, debe entonces procurar atender los diversos momentos que lo conforman, los que se analizarán desde un punto de vista teórico y metodológico. Autores como Bolaños González estima como etapas de la Política Criminal el “antes”, el “durante” y el “después” en relación a la comisión de un hecho delictivo como momentos hacia los cuales debe orientarse la política criminal. (Bolaños, 2005, 6) Una política criminal o criminológica que atienda el “antes” del fenómeno criminal, sería aquella dirigida a poner en práctica políticas preventivas de naturaleza social, dígase toda la actividad desarrollada a través de las agencias informales de control social como la escuela, la familia, la comunidad y demás, donde se potencie el acceso a la información, programas de empleo, de integración comunitaria, de seguridad social, dirigida fundamentalmente a desarrollar un trabajo proactivo ex ante de la comisión de delitos. En este aspecto han sido muy puntuales los aportes realizados por Roxin cuando señala que:

(…) una política criminal orientada a la prevención implica que la tarea del Estado consiste en mejorar las relaciones sociales, esto es, la libertad, la seguridad y bienestar de sus ciudadanos y la mejor forma posible de conseguirlo es orientando la finalidad de la pena a evitar comportamientos delictivos mediante la incidencia del delincuente y en la conciencia jurídica de la comunidad (Roxin, 2000, 24).

La mejor política criminal sería una política social con fines preventivos directos. En esta etapa se encuentra la propia disposición normativa de aquellas conductas que deben ser susceptibles de pena, así como, la consecuente modelación de todo el aparato ejecutivo de dicha disposición normativa, dígase en otras palabras, la modelación de un Derecho tanto sustantivo como adjetivo y su consecuente instrumentación a partir del diseño de las instituciones que hacen posible su realización. Una política criminal dirigida al “durante” es aquella que se desarrolla al ponerse en marcha el aparato de justicia penal una vez cometido el hecho delictivo, es decir, que abarcará todo lo concerniente a las diligencias procesales que se llevarán a cabo de cara a la investigación del hecho criminal, qué métodos de investigación emplear, los momentos y condiciones de la detención, el acceso a la defensa técnica, la aplicación de criterios de oportunidad, las propias vías alternativas de solución de conflictos y lógicamente las prácticas y diligencias concretas de la agencia judicial. Implica la Política penal a seguir en el campo policial- investigativo del hecho delictivo, así como en el campo judicial o de juzgamiento del mismo. Una última etapa orientada al “después” supone el desarrollo de políticas penitenciarias y post-penitenciarias que complementen las estrategias de resocialización del sancionado. Corresponde a esta etapa todo lo relacionado con la ejecución de las sanciones, aspecto en el que debe tenerse presente lo relativo a la prevención especial y al abordaje del sujeto activo del delito visto desde su singularidad como persona y desde la particularidad de su situación.

El campo legislativo

La creación de las leyes penales es eminentemente un acto político y al elaborarse las normas y determinarse la penalización o despenalización de conductas, para que sean eficaces y se adapten al contexto, tienen que basarse en un estudio pormenorizado de la realidad de su tiempo, de manera que ese aparato decisional cree un instrumento lo suficientemente coherente que refleje un Derecho penal justo y atinado. Por ello se coincide ]]> Zaffaroni, 2000, 153), pues la política criminal es lo que está inmediatamente antepuesto a la ley penal, tanto lógica como cronológicamente. La política criminal de cara a las reformas legislativas ha sido diversa, asumiéndose criterios que han variado según las tendencias que han ido surgiendo, siendo las más actuales en cuanto al merecimiento de la pena, las que apuntan a que se debe proceder de diversas formas: aumentando la intensidad de la conminación penal, descriminalizando determinados tipos de conductas o permitiendo un prudente arbitrio judicial al atenuar la gravedad de las consecuencias jurídicas. La diversidad de tendencias en torno a la respuesta ]]> Mendoza, 2014, 286). El maximalismo penal como nueva corriente criminológica, ha desplegado fundamentalmente por dos razones; por la utilización desmedida del Derecho penal ante la imposibilidad de encontrar nuevas alternativas de solución ante ]]> Gálvez, 2015, 13). En el contexto cubano a partir las últimas dos décadas y media se ha atravesado por difíciles situaciones económicas que han dado al ]]> Hernández, 2014, 27), pues otorga la facultad a la autoridad actuante de no remitir el caso al Tribunal y en su lugar aplicar una ]]> No. 1251 de 1973 la cual derogó la Ley de Enjuiciamiento Criminal española que dominó la isla por más de ocho décadas. La misma estuvo influenciada por la legislación del campo socialista europeo en cuanto al procedimiento criminal de ]]>

penal y la calificación del delito, el Fiscal de mero acusador pasa a ser el encargado de la defensa y vigilancia del cumplimiento de la legalidad y en lo relativo al juicio oral, este mantiene la sistemática anterior de la LECrim marcado por notas dominantes del sistema de enjuiciamiento acusatorio. La Ley No. 5 del 13 de agosto de 1977, fue emitida en su momento con el propósito principal de poner en correspondencia las normas procesales con la nueva organización de los tribunales y definir el juzgamiento de los funcionarios de los cargos creados por el proceso de institucionalización emprendido, además de modificar aspectos concernientes al aseguramiento de los acusados y la competencia de los tribunales militares. La Ley de Procedimiento Penal actual fue objeto de modificaciones, entre las que resaltan en el año 1985, con el Decreto-Ley No. 87 de 22 de julio del propio año, la posibilidad de revisar las resoluciones judiciales, que constituyó un paso de avance importante para la reparación de los errores de este tipo y en 1994 con el Decreto-Ley No. 151, de 10 de junio de 1994 que amplió la competencia objetiva de los Tribunales Municipales Populares, la simplificación de la fase preparatoria y la aparición del procedimiento abreviado. Dentro de estas reformas la más actual es la realizada en el año 2013 con el Decreto-Ley No. 310, el que amplía nuevamente la competencia de los Tribunales Municipales Populares los que tendrán conocimiento de todos aquellos delitos que los marcos sancionadores no superen los 8 años de privación de libertad; de manera que un grupo importante de delitos que anteriormente eran competencia de los Tribunales Provinciales Populares pasan a ser juzgados con el mismo procedimiento pero por tribunales de menor jerarquía. Si bien esto implicó y aún implica un reto para la administración de justicia en Cuba, pues denota la incorporación de un nuevo procedimiento a la esfera de actuación del Tribunal Municipal que hasta entonces llevaba a cabo un proceso menos complejo, en comparación con el desplegado en la instancia provincial, y por consiguiente una reestructuración de la fuerza de trabajo y de la capacitación y preparación profesional para afrontar nuevos conflictos que no formaban parte de la práctica judicial de base; fue esta, otra decisión político criminal tomada sobre una necesidad real y práctica. En la actualidad el sistema jurídico-penal cubano se encuentra en proceso de reestructuración; en todas las instancias del control social: se trabaja en una Ley de Policía; en modificaciones de la ley sustantiva y adjetiva y finalmente en la creación de la Ley de Ejecución de sanciones penales que estén a tono con las nuevas exigencias que plantea la dinámica social y en base a ello debe trabajar la Política Criminal.

El campo policial