The Idea of a Democratic Authority

Ricardo Marquisio Aguirre

Profesor Adjunto de Filosofía y Teoría General del Derecho (Facultad de Derecho-UDELAR). Magister en Ciencias Humanas-Filosofía Contemporánea (FHCE-UDELAR).
rmarquisio@gmail.com

Recepción: 01/04/2016
Aceptación: 03/05/2016

]]> Resumen: ¿Tiene una sociedad organizada derecho a prescribir reglas de conducta que creen para los ciudadanos un deber moral de obediencia hacia ellas y puedan ser impuestas coercitivamente? ¿Es la democracia especial en cuanto a la justificación de tal derecho? Contestar afirmativamente ambas preguntas requiere formular, como en un ideal regulativo de democracia, una propuesta de justificación de la autoridad democrática. Una concepción de la autoridad democrática tiene que proporcionar un argumento que supere las objeciones básicas contra la autoridad política, planteadas de modo paradigmático por el anarquismo filosófico. Y debe hacerlo de un modo tal que la justificación de la autoridad sea específicamente democrática, es decir, mostrando que el procedimiento de decisión en condiciones de igualdad política puede prestar al ciudadano un servicio específico, inaccesible a cualquier otra forma de ejercicio del poder político. Los objetivos de este trabajo son explicitar algunos de los problemas teóricos que plantea la democracia como autoridad política, presentar comparativamente algunas de las propuestas contemporáneas más influyentes de justificación y concluir en una idea básica de la autoridad democrática.

Palabras clave: autoridad democrática; autonomía moral; democracia; filosofía política; filosofía del derecho

Abstract: Does an organized society have the right to prescribe rules of conduct that create for the citizen a moral duty of compliance with them and can be enforced coercitivily? Is Democracy special about the justification of that right? To answer affirmatively both questions requires to formulate, as a regulative ideal of Democracy, a proposal of justification of Democratic Authority. A conception of Democratic Authority has to give an argument that overcome the basic objections against political authority, paradigmatically posed by philosophical anarchism. And must do it in a way that the justification of authority be specifically democratic, that is to say, showing that the decision procedure under conditions of political equality is able to serve the citizen in a specific manner, not available to any other form of exercising political power. The purposes of this paper are to make explicit some theoretical problem of Democracy as political authority, to pose comparatively some of the most influent contemporary proposals of justification and to conclude with a basic idea of Democratic Authority.

Keywords: democratic authority; moral autonomy; democracy; political philosophy; jurisprudence

Introducción

Las sociedades requieren la continua adopción de decisiones colectivas. Para ello, establecen procedimientos e instituciones y atribuyen a ciertas personas la última palabra a la hora de decidir. En este sentido, la democracia es fundamentalmente una vision sobre cómo debe ser adoptada la decision colectiva: por procedimientos que permitan que los resultados sociales respondan sistemáticamente a las preferencias que expresen los afectados, siendo el voto el mecanismo típico para asegurar esa clase de respuesta. La idea de una democracia que carezca de un sistema electoral diseñado con ese objetivo resulta un sinsentido (Goodin, R., 2005). Si atribuimos a la igualdad política un valor fundamental –todos deberíamos, en principio, tener impacto e influencia en las decisiones que nos afectan como individuos y como miembros de una comunidad– podemos caracterizar a la democracia como un método de decision donde el procedimiento tiene un valor en sí mismo y constituye el fundamento o, al menos, el límite del poder politico. En una democracia, las políticas públicas y los funcionarios que las llevan adelante se determinan por voto popular directo o indirecto y ese aparece como su rasgo más característico e irreductible. Sin embargo, la identificación del componente procedimental como esencial da paso a una serie de disputas normativas vinculadas a si el método democrático es el mejor mecanismo o, incluso, si resulta en absoluto apropiado para guiar por las mejores razones al poder politico (Cunningham, F., 2002,15). Existen criterios sustanciales para valorar las decisiones, además del procedimiento por el cual han sido adoptadas. La sustancia de las decisiones son sus resultados, es decir, los estados de cosas que ellas generan en el mundo social y que se pueden discutir desde distintos parámetros valorativos (intereses, derechos, concepciones de justicia social, bien común) e instrumentales (¿son las decisiones tomadas el mejor medio para llevar a cabo el fin que invocan quienes las adoptaron?). Cuando introducimos estos stándares será inevitablemente discutible la idoneidad del voto popular para cumplir con ellos. Es una cuestión normativa abierta si la democracia está, considerados todos los aspectos y circunstancias relevantes, en mejores condiciones de cumplir con las exigencias sustanciales de las decisiones que otras formas de gobierno existentes o hipotéticas.

Tratándose la democracia de un concepto socialmente contestado, no hay un concepto verdadero de ella y sí muchas concepciones que compiten sobre su mejor interpretación 1. Una herramienta conceptual valiosa a la hora de clarificar la discusión normativa es la noción de ideal regulativo, que hace referencia a las instituciones democráticas desde una cierta articulación de los valores específicos que pueden identificarse en ellas, buscando una atribución común de sentido que opere como parámetro de justificación. Se trata de un expresión que proviene de Kant y hace referencia a conceptos que no son realizables (al menos en su plenitud) en instancias particulares pero que, sin embargo, tienen un rol consistente en establecer ciertos estándares para el ejercicio de la razón y marcar el rumbo de una determinada práctica o actividad, operando como un argumento contra su abandono o reemplazo. La relación de una práctica con un ideal regulativo que se plantea como su justificativo no es de medios a fines. Mientras que los medios se emplean para obtener fines que (es razonable pensar que) pueden ser alcanzados, un ideal regulativo se presenta como irrealizable. Sin embargo, resulta posible y pertinente discutir como sería en la realidad su (imposible) realización. (Emmet, D., 1994). Se trata, en palabras de Martí, de «un horizonte normativo hacia el que debemos tender en la medida de lo posible» (Martí, J. L., 2006, 25). Consiste, por tanto, en un estado de cosas que podemos anticipar como deseable o correcto, una especie de ser aspiracional. El ideal regulativo define aquello a lo que debemos aspirar a partir de las instituciones existentes y permite pensar a la democracia en términos de gradación y mundos posibles que se acercan en mayor o menor medida al horizonte planteado. Una de las cuestiones centrales de la teoría normativa de la democracia es el problema de su autoridad. Pero este tema no se puede resolver con independencia de otras cuestiones fundamentales como el valor intrínseco o instrumental del método democrático, o las obligaciones morales del ciudadano en una sociedad que lo adopta. Cualquier propuesta de solución requiere, entonces, la formulación de un ideal regulativo que brinde respuestas coherentes a estas interrogantes. En particular, se requiere atender a la totalidad de aspectos involucrados en la decisión política. La idea de una autoridad democrática plantea la necesidad de articular diversos sentidos de legitimidad (que afectan a la democracia precisamente porque se trata del ideal que apela a todos ellos): la fuente de la autoridad (quién decide), el procedimiento (cómo se decide) y la sustancia (qué se decide) (Martí, J. L., 2006; Marquisio, R., 2014).

Autoridad: teórica, práctica

En el plano práctico o de la acción la cuestión parece ser más complicada. Aceptar que alguien es una autoridad práctica implica que mi propio juicio sobre lo que hay que hacer en ciertos casos (o en toda clase de casos) será reemplazado por el de esa otra persona y, en consecuencia, que mis acciones serán determinadas por lo que ella decida. Esto hace que, de modo inevitable, aquellos seres que valoran la autonomía (los agentes morales) se pregunten si pueden tener razones para ]]> Gaus, G., 2000, 237). El conflicto de la autonomía con la autoridad práctica no radica en la posibilidad o conveniencia de tener en cuenta la opinión, los deseos o las preferencias de otros sobre lo que deberíamos hacer como razones para nuestras acciones. El problema es la necesidad de que, para que la autoridad sea efectivamente tal, debemos permitir que sus directivas reemplacen nuestros propios juicios, esto es, cumplirlas aunque no estemos de acuerdo con ellas (Raz, J.,1990a). La obediencia a una autoridad práctica es diferente de la mera deferencia del propio juicio ]]> King, C. S., 2012). La idea de autoridad práctica es especialmente problemática porque parece exigir a los agentes autónomos el abandono de la razón en ciertas circunstancias. Consideramos un estándar básico de la razón práctica actuar de acuerdo con el mejor balance de las razones disponibles y, sin embargo, un gobierno tiene autoridad si puede ]]> Hurd, H.,1991). Por tal motivo, algunos autores hablan de la naturaleza paradojal de la autoridad práctica que requiere del reclamo de un inmenso poder que aparentemente nadie estaría en condiciones de poseer, lo que derivaría en su irremediable falsedad. Las autoridades pretenden el derecho de imponer su voluntad sobre otros con independencia de si sus juicios son efectivamente correctos. ¿Pero cómo alguien podría dar razones concluyentes a otra ]]> Shapiro S., 2002). Otra cuestión problemática es la llamada redundanciade la autoridad práctica. Sería completamente anulatorio de la autonomía y la libertad de las personas sostener que una autoridad práctica como el Derecho debe ser incondicionalmente obedecida, incluso en un Estado al extremo injusto como el Tercer Reich, que pretendería con frecuencia hacer valer mandatos evidentemente inmorales. Sin embargo, ]]> Raz, J., 1994, 343; Hershovitz, S., 2012, 66). Una de las formas más prometedoras de disolver la paradoja, en cuanto permite dar cuenta del carácter distintivamente moral de la autoridad y al mismo tiempo de la necesidad de compatibilizarla con las exigencias de la autonomía moral, es la tesis de la autoridad como servicio que defiende Raz. Plantea Raz que la fuerza bruta, la influencia o el poder no pueden ser suficientes para constituir a una persona o un cuerpo de personas en autoridad legítima. Una importante distinción en este sentido es entre autoridad legítima ]]> Raz, J., 1990a). De acuerdo con Raz, una autoridad solo puede justificarse en función de la ]]> Raz, J., 1990a). Una autoridad práctica es, entonces, alguien con un poder moral, derivado del servicio de intereses y necesidades que tenemos razones para servir, de requerir una acción. Es evidente que cualquier poder no implica autoridad en este sentido. La sola posibilidad de ]]> Raz, J., 1990b). Una persona puede tener autoridad práctica sobre otra solo si sus directivas son, por sí mismas, razones para la acción de esta última. Estas directivas son razones independientes del contenidoporque no hay conexión directaentre la razón ]]> Raz, J., 1986). ¿Cómo es posible que un sujeto dotado de autonomía moral acepte ser guiado por razones independientes de contenido? Solo, de acuerdo con Raz, si suponemos que la autoridad nos permite cumplir con las razones que ya se nos aplicaban. Estas últimas son las razones ]]> Raz, J., 1986) 3.

La democracia como autoridad política legítima

Es imposible negar que las estructuras políticas que ejercen soberanía sobre las sociedades nacionales modernas –Estados y gobiernos– prestan servicios a las poblaciones que se encuentran comprendidas en sus territorios. Si un grupo que controla el poder no logra solucionar algunas necesidades mínimas de (al menos un número significativo de miembros de) la población ]]> Green, L.,1988). La creencia en la legitimidad de la autoridad ]]> Huemer, M., 2012). El argumento de que una sociedad mínimamente viable y compatible con las cosas que los seres humanos coincidimos en valorar requiere una autoridad política suprema es de larga data en la filosofía política y fue expresado con precisión por Hobbes. Para Hobbes, la autoridad estatal es una restricción imprescindible que los seres humanos, que aman tanto conservar la propia libertad como dominar a otros, se hacen a sí mismos para escapar de la condición miserable de potencial guerra permanente en la cual sus inclinaciones naturales tenderían a ]]> Hobbes, T., 2010). La autoridad política es, desde la perspectiva hobbesiana constitutiva tanto de la moral como de la propia comunidad política. Sin las reglas que hacen posible la coordinación de las acciones auto-interesadas de una multitud de personas y que posibilitan que haya criterios de justicia y bien común compartidos, no es posible la primera. Sin el miedo que ]]> Shapiro, I., 2010). La filosofía política contemporánea no suele compartir el punto de partida de Hobbes para justificar la autoridad política, basado esencialmente en el miedo a los costos exorbitantes de la anarquía 4. Ese rechazo se basa principalmente en tres tipos de ]]> Green, L., 1988). Otro argumento es la posibilidad de concebir un estado de naturaleza mucho ]]> Locke (1980) y retomado por Nozick (1974). Desde esta óptica, la existencia de una sociedad desprovista de autoridad política, no significaría necesariamente ni la anarquía ni la imposibilidad de cooperar. Los seres humanos pueden reconocerse unos a otros derechos naturales o fundamentales, y mantener relaciones de ayuda recíproca sin que el temor a un poder supremo los obligue a ello. Para estos autores se justifica la autoridad política porque incluso en condiciones favorables de estabilidad social y prevalencia de la ]]> Huemer, M., 2013). Esta última forma de plantear el problema es distintivamente moral en tanto implica dejar de lado a la coerción como nota conceptual de la autoridad política y concentrarse en su condición de guía práctica. La coerción puede ser una herramienta necesaria para cualquier gobierno y su uso inclusive puede considerarse no solo un derecho sino también ]]> Hart, H. L. A., 1994, 198). La significación de la democracia como ideal ]]> Christiano, T., 2006 y 2010). El caso central de la autoridad democrática estaría en la tercera interpretación de la noción de autoridad. El ]]> Barry, B., 2003). El tercer sentido, en cambio, se asocia con la idea de que la decisión política democrática tiene un valor intrínseco y proporciona una clase de legitimidad que no puede encontrarse en otras formas de gobierno. Solo de esa manera puede generar obligaciones independientes de contenido hacia la sociedad que adoptó esas regulaciones. La obediencia puede ser ]]> King, C. S., 2012).

Objeciones a la autoridad democrática

Una justificación de la autoridad democrática requiere cumplir con dos condiciones esenciales. En primer lugar, mostrar que las pretensiones de autoridad legítima que caracterizan conceptualmente a los Estados pueden ser justificadas y en qué casos. En segundo lugar, la justificación propuesta debe ser reconocible como democrática, teniendo en cuenta que involucran un concepto contestado. Por tanto, el argumento debe superar dos tipos de objeciones. Algunas se sostienen contra la autoridad práctica en general. Otras son dirigidas específicamente contra la autoridad democrática. Entre las primeras, figuran los argumentos del anarquismo filosófico contra la compatibilidad de la autoridad política con la autonomía moral. Entre las segundas, se puede mencionar la objeción sobre la imposibilidad de un ideal normativo de democracia, la inexistencia de un derecho fundamental a regular las vidas de otros y la dependencia de la igualdad política.

El anarquismo filosófico

El anarquismo filosófico sostiene, como tesis fundamental, la ilegitimidad de todos los Estados existentes. La defensa de esa tesis se hace, principalmente, desde alguna forma de voluntarismo que se considera de importancia fundamental para concebir a los seres humanos (la autonomía moral, la libre elección, la autodeterminación) y se presenta como incompatible con el carácter no voluntario o coercitivo del Estado. Lo distintivo del anarquismo filosófico con respecto a otras formas de anarquismo (políticas o revolucionarias) es que sus defensores no lo entienden como implicando un imperativo moral de oposición a la autoridad estatal o de eliminación de los Estados existentes. El alcance de sus argumentos sobre la ilegitimidad del Estado se limita a remover cualquier presunción moral de obediencia a la autoridad estatal, de cumplimiento de la obligación política o de apoyo a las autoridades existentes. Sin embargo, los Estados pueden tener virtudes no afectadas por los defectos que determinan su ilegitimidad fundamental y muchas de sus prescripciones pueden ser defendibles con argumentos morales independientes (Simmons, J., 1996). Con la publicación de In Defense of Anarchismen 1970, Robert Wolff dirigió un ataque frontal a cualquier forma de autoridad estatal legítima defendiendo al anarquismo filosófico como la teoría política apropiada para los individuos racionales y dotados de buena voluntad. La defensa de Wolff del anarquismo filosófico parte de la base de considerar a la autonomía moral como un deber irrenunciable para los individuos. El problema fundamental de la filosofía política radica en compatibilizar la autonomía individual con la pretendida autoridad legítima del Estado. La conclusión a la que arriba el autor es simple: un Estado moralmente legítimo es lógicamente imposible. Wolff concibe a la autoridad como «el derecho a ordenar y, correlativamente, el derecho a ser obedecido» (Wolff, R. P., 1998, 4). La autoridad se distingue del poder, que constituye la posibilidad de lograr el cumplimiento de los mandatos por cualquier medio, inclusive la fuerza y la amenaza . ¿Cuál es la relación entre el Estado y la autoridad? Desde el punto de vista descriptivo, es incuestionable que el Estado tiene una autoridad de facto (sobre un territorio y una población determinada), esto es, se atribuye el derecho de ordenarnos a través de sus normas y el derecho de que le manifestamos obediencia a través de nuestras conductas. ¿Pero la autoridad de facto tiene por sí relevancia normativa o puede concebirse como implicando también una autoridad de jure? La respuesta debe ser contrastada con la idea fundamental de autonomía moral kantiana, según la cual los seres humanos son (y tienen el deber de ser) responsables por sus acciones. Esto requiere según Wolff dos condiciones: la posibilidad de elegir (libertad de elección) en qué sentido actuar es una condición necesaria pero no suficiente pues se requiere también la de poder determinar lo que se va a hacer, lo que significa cargas adicionales a la pura elección que son, entre otras, reflexionar sobre los propios motivos, predecir los resultados y poder someter a crítica los principios de acción (Wolff, R. P.,1998,12). El agente responsable no actúa caprichosamente pues se limita a sí mismo por principios morales pero es crucial que juzgue por sí mismo qué determinan dichos principios. La autonomía consiste en una combinación de libertad y responsabilidad que supone que el individuo se dé a sí mismo, como imperativo, una ley de actuación y no se someta a la voluntad de otros. Desde luego, alguien puede solicitar el consejo de otro e inclusive seguirlo sin perder autonomía moral, pero para eso debe juzgar por sí mismo si lo que se le ofrece es el mejor criterio, lo que implica no solo involucrarse en reflexión y deliberación sino también la búsqueda de la información técnica o científica pertinente. Por más demandante que sea la carga, la responsabilidad es irrenunciable lo que significa que solo puede recaer en el propio agente autónomo la decisión final sobre qué hacer. (Wolff, R. P.,1998, 15). Si todos los seres humanos tienen la obligación de alcanzar el más alto grado de autonomía posible no puede, entonces, existir ningún Estado cuyos súbditos tengan la obligación moral de obedecer sus mandatos. La idea de una autoridad estatal legítima es un concepto vacuo y el anarquismo filosófico aparece como la única creencia política razonable para el individuo ilustrado (Wolff, R. P.,1998, 19).

La imposibilidad de la democracia como ideal normativo

Mientras que las objeciones anteriores se dirigían a toda forma de autoridad estatal, las siguientes no cuestionan la idea de que pueda justificarse un derecho a gobernar sino a la posibilidad de hacerlo específicamente desde alguna concepción de la democracia. Ovejero afirma que el problema fundamental de la disputa sobre la justificación de la democracia no radica en que haya diferentes ideas acerca de qué es la democracia sino en que la discusión alcanza a la propia noción de fundamentación. Las propuestas en tal sentido aparecen asociadas a diferentes teorías sobre qué es la democracia y cada una de ellas asume otros objetivos además de la justificación de aquella. Aunque, en el enfoque de Ovejero, sólo la perspectiva epistémica podría ser considerada un verdadero proyecto de justificación todas tienen falencias decisivas que hacen que su objetivo final quede necesariamente sin cumplir (Ovejero, F., 2008, 279-334). Ovejero distingue tres proyectos de fundamentación: instrumental, histórico y epistémico, asociados respectivamente a las teorías de mercado, comunitaria y deliberativa. La objeción de inconmensurabilidad parece minar todo esfuerzo de justificar la autoridad democrática pues claramente las distintas concepciones de democracia dirigen sus argumentos justificativos a sets de valores diferentes, a los que puede servir de diferentes modos la decisión democrática. En otros términos, habría una diferencia radical en los criterios sobre como caracterizar el derecho democrático a gobernar bajo la cual no tendría sentido discutir si efectivamente existe ese derecho. Sin embargo, la objeción resulta más bien artificial pues, más allá del nombre que se le atribuya a un determinado problema filosófico, lo importante debería ser el problema en sí y no la denominación que le damos. El problema de la autoridad democrática debe resolverse a partir de una definición mínima de democracia, con la presentación de un ideal regulativo que, partiendo de las premisas menos controversiales posibles, permita articular esos conceptos e indagar si esa articulación cumple con algunas condiciones razonables de justificación de la autoridad democrática. Las propuestas de justificación en las que se detiene Ovejero están pensadas desde concepciones de filosofía política más amplias que las que puede incluir un ideal regulativo de democracia que aspira a articular los valores de una definición mínima. La posibilidad de justificación de la autoridad democrática requiere dejar lado la pretensión de abarcar no solo cualquier interpretación del concepto de democracia (algo lógicamente imposible) sino también la posibilidad de hacerlo con respecto a una concepción completa de filosofía política, que siempre incluye objetivos más amplios que la fundamentación de la democracia. Si un ideal regulativo derivado de una definición mínima de democracia puede ser exitoso en dar cuenta del valor intrínseco del proceso y cumplir con los requisitos de justificación de la autoridad democrática, tal éxito solo podría ser posible a costa de una importante modestia en su ambición. Una definición mínima en tal sentido, que combina las adoptadas por Thomas Christiano y Joshua Cohen, puede enunciarse del modo siguiente: método de decisión colectiva caracterizado por una igualdad fundamental entre los participantes y donde la justificación de las decisiones se conecta con sus intereses y juicios. De modo que, a los efectos del problema normativo de justificación de la autoridad democrática se debe responder a las preguntas de por qué es necesario ese método, cuál es la justificación de la igualdad atribuida a los participantes en el proceso de decisión y la razón por la que éste debe conectarse con sus intereses y juicios (Marquisio, R., 2013 y 2014).

Inexistencia de un derecho a decidir sobre las vidas de los otros

El carácter dependiente de la igualdad política

Otra objeción a la posibilidad de justificar a la autoridad democrática legítima se basa en que la igualdad política no puede ser considerada un ideal independiente. Esta es la postura que defiende Ronald Dworkin. Dworkin también plantea una justificación de la democracia que también puede considerarse instrumental («dependiente») y afirma que si una comunidad es genuinamente igualitaria en sentido abstracto –si acepta el imperativo de que debe tratar a sus miembros con igual consideración individual– no puede considerar el impacto o la influencia política como recursos que hay que dividir de acuerdo con alguna métrica de la igualdad, al modo en que se dividen la tierra o la materia prima. En una comunidad como ésa la política es cuestión de responsabilidad y no constituye otra dimensión de la riqueza. La objeción básica al valor intrínseco de la democracia radica en que el procedimiento de decisión política debería siempre ser instrumental respecto de algún ideal de justicia y, por consiguiente, al estado de cosas que debería producirse de acuerdo con éste. Esto es, la democracia sólo se justifica si es el régimen político que permite alcanzar en general los mejores resultados sustantivos. Desde esta visión, la igualdad política no tiene prioridad sobre la igualdad total sino que es un mero instrumento para la producción del estado de cosas más igualitario posible (Dworkin, R., 2000).

Algunas propuestas influyentes de justificación

La consideración conjunta de las objeciones mencionadas permite plantear cuatro condiciones que debe satisfacer una teoría de la autoridad democrática. Debe proponer una justificación compatible con la autonomía moral (derrotando al anarquista filosófico), construida sobre la base de una definición ]]> Estlund, D., 2008, 4). Estlund descarta la visión puramente procedimental de la democracia apelando a un ejemplo contraintuitivo: si lo que importa es la igualdad en el proceso de decisión por qué no dejar todos los procedimientos de decisión colectiva librados al azar, que respeta estrictamente la igualdad política (todos tienen la misma chance de influir en el resultado, es decir, ninguna) y conlleva costos muy inferiores en términos de tiempo, recursos, incomodidades, etc. La autoridad democrática requiere algo más que la igualdad política. Por ejemplo, se espera que las personas tengan una cierta ]]> Estlund, D., 2008, 6). La cuestión es, entonces, como incorporar el conocimiento al procedimiento de decisión política sin postular una clase de expertos que por su condición de tales tengan un derecho inherente a gobernar (epistocracia). La justificación de la autoridad democrática no requiere de razones epistémicas (que demuestren que es el mejor instrumento epistémico disponible) sino de valores epistémicos que, asociados al ]]> Estlund, D., 2008, 7-8). ¿Cómo es posible, sin embargo, superar el clásico problema que plantea entender la autoridad como consentimiento? Pues, aunque se mostrara que las decisiones democráticas son las que producen los mejores resultados, el hecho de que dichas instituciones no han sido aceptadas expresamente por sus destinatarios persiste. Estlund ]]> Estlund, D., 2008, 9-12). En definitiva, las condiciones que plantea el procedimentalismo epistémico son: 1) que los ciudadanos aspiren a adoptar soluciones de justicia ]]> Estlund, D., 2008, 20). Un problema con una justificación epistémica como la de Estlund es que el modelo presupone que hay algún criterio para que podamos considerar que un punto de vista está «calificado» para participar en el proceso. Pero, en tanto la teoría no proporciona ese criterio, el supuesto epistémico como legitimador descansa simplemente en la confianza de que la generalidad de las personas, a través de una deliberación similar a la de los jurados, tendrá buenas probabilidades de alcanzar «los mejores estándares de decisión». ]]> Gonzalez Ricoy, 2010). Sin embargo, la idea que presenta Estlund de un consentimiento normativo, esto es, aquel que, desde un punto de vista «especialmente calificado», no puede dejar de prestarse, puede disociarse del modelo epistémico si se justifica un criterio diferente para establecer cuál es ese punto de vista. Los modelos procedimentales de Gaus y Christiano ]]> Gaus, G.,1991, 1997, 2000, 2003 y 2011). Aceptar que alguien está en una posición de autoridad requiere obedecer directivas sin creer, necesariamente, que esas directivas sean correctas. El punto ]]> Gaus, G., 2000, 242). Una respuesta hobbesiana consiste en considerar a la justicia como un problema de pura coordinación. Hobbes argumentaba que la libertad ilimitada en el estado de naturaleza traería a los seres humanos conflicto e inseguridad. Por tanto, los individuos racionales consentirían en entregar su libertad a un soberano para que instituya reglas de justicia. Desde esta óptica, cualquier set de reglas de justicia es mejor que la ausencia total de ]]> Gaus, G., 1991; 2003, 251). La mejor forma de interpretar la democracia es, por tanto, como un mecanismo de arbitraje donde, en el debate público, cada ciudadano presenta la que cree es la mejor ]]> Gaus, G., 1997). De acuerdo con Thomas Christiano (2004, 2010) el procedimiento de decisión democrática tiene dos aspectos evaluativos irreductibles que a veces coliden pero que usualmente se complementan. Juzgamos las decisiones democráticas por la cualidad de sus resultados (dimensión sustantiva) pero también por la calidad del procedimiento de decisión (si incluye a todos los que debiera incluir y si es justo con respecto a todos los participantes). Christiano se diferencia de las posturas que denomina monistas, según las cuales solo hay una ]]> Christiano, T., 2004, 269). Una condición esencial de la autoridad democrática es, para Christiano, la publicidad. No es suficiente que la justicia sea realizada en una sociedad. Es necesaria su realización pública: cualquier persona, ]]> Christiano, T., 2004, 270-271). Cuando existen desacuerdos morales en la sociedad, una manera justa de adoptar decisiones tratando a los juicios e intereses de las personas con respeto es dar a cada uno una voz razonablemente igual en los procesos de decisión. Eso significa la oportunidad de contribuir a las discusiones políticas de los temas con troversiales, recursos para hacer compromisos con otros formando ]]> Christiano, T., 2004, 284-287). ]]>

Conclusiones

Un primer rasgo común a estas tres teorías es que conciben al procedimiento democrático como autoritativo en tanto sea idóneo para proporcionar razones moralespara la acción a los ciudadanos autónomos que integran una cierta comunidad. La legitimidad democrática es una legitimidad moral solo si la forma en que se ha constituido el procedimiento se vincula con la necesidad de obtener resultados justificables (las mejores decisiones, la adjudicación razonada de las disputas interpretativas sobre principios morales o la realización pública de la justicia social) según algunos estándares aplicables al agente moral autónomo con independencia del propio procedimiento. Un segundo rasgo común es que las tres versiones (aunque Gaus es el más explícito en este punto) toman a la decisión democrática mayoritaria como una suerte de árbitro entre posturas confrontadas en un debate público. En una democracia que cumpla con las condiciones normativas que puedan justificarse, los ciudadanos resuelven cómo actuar colectivamente en un contexto de desacuerdo moral. Tienen, por tanto, razones morales para aceptar y obedecer leyes con cuyo contenido no concuerdan y que inclusive les pueden parecer (desde una concepción completa de justicia) injustas. Un tercer rasgo común es que no se plantea al consenso como ideal de la política sino la justa resolución de las diferencias. Incluso Estlund que rechaza el «justo procedimentalismo» (en cuanto no cree que el procedimiento pueda ser constitutivo de la «verdad política») toma a la decisión democrática, cuya autoridad no puede legítimamente «dejar de ser consentida», como la palabra final en cuestiones de disenso público, Un cuarto rasgo común es la conexión entre procedimiento democrático y una responsabilidad fundamental de los agentes morales autónomos. La justificación del valor intrínseco de la democracia como autoridad legítima surge de la necesidad que tienen los agentes de realizar conjuntamente ciertas acciones: la instauración de instituciones cuya ausencia sería una suerte de catástrofe humanitaria (Estlund), la provisión de bienes públicos y la distribución equitativa de los costos y beneficios a ellos asociados (Gaus) o la realización del mundo social común según un principio igualitario de avance de intereses (Christiano). El procedimiento democrático se justifica intrínsecamente por la necesidad de cada uno de los miembros de una sociedad de decidir –en condiciones de diferencia de opinión intratable- los mejores cursos de acción para cumplir con esas responsabilidades. Y porque solo la decisión colectiva en un contexto de igualdad política y sensibilidad a los juicios e intereses de todos puede prestar ese servicio. Se puede concluir, a partir de estos elementos comunes, en una idea básica de la autoridad democrática, formulada de la siguiente manera: se trata de la autoridad que los agentes morales autónomos, motivados por una disposición a realizar acciones necesarias por las que son conjuntamente responsables, atribuyen a los procedimientos igualitarios de decisión que adjudican entre las propuestas confrontadas de acción colectiva.

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Zagzbsky, L. T. (2012). Epistemic Authority. A Theory of Trust, Authority and Autonomy in Belief. New York: Oxford University Press.

Notas:

1 Ente las más influyentes se pueden mencionar: liberalismo, populismo, deliberativismo, pluralismo, participacionismo, elitismo competitivo y agonismo. Para una aproximación al debate contemporáneo sobre las concepciones de democracia, ver Marquisio, 2013 y 2014.

3 Desde la perspectiva de Raz, aunque la autoridad práctica se justifica por el servicio que presta al destinatario de sus directivas nunca se vuelve una autoridad teórica porque el servicio que presta no es, en última instancia, epistémico (Raz, J., 1990a). Un ejemplo de disolución conceptual de la autoridad práctica en la teórica es la teoría de Heidi Hurd según la cual las directivas de la autoridad práctica (por ejemplo, la mayoría de un poder legislativo democrático) no son ellas mismas razones para la acción sino para creer en la existencia de razones para la acción. Ello supone la necesidad de una justificación epistémica fuerte de las reglas establecidas que, en principio, solo la decisión democrática estaría en condiciones de producir: (si las condiciones de decisión son las adecuadas) deberíamos cumplir con las leyes adoptadas democráticamente no porque hayan sido votadas por la mayoría sino porque (en tanto no hay razones que lleven a pensar lo contrario) el hecho de que han sido favorecidas por la mayoría es una prueba de otro hecho: que son las reglas correctas. Si el derecho puede tener algún tipo de autoridad ello solo puede ser cierto, en la visión de Hurd, en virtud de reflejar adecuadamente otras obligaciones (obligaciones morales que existen con anterioridad al dictado e imposición de la ley), esto es, por ser una autoridad teórica. Así, no hay obligaciones jurídicas distintas de las obligaciones impuestas por la moral y el derecho solo puede obligar en virtud de funcionar como una guía epistémica hacia ellas. El derecho es, en este sentido, no solo necesariamente conectado con la moral sino completamente dependiente de ésta (Hurd, H., 1991).

4 Puede encontrarse una interesante excepción en Ladenson, 1980.