ELECCIONES REGIONALES EN COLOMBIA 2015: ANÁLISIS DE LAS NUEVAS GOBERNACIONES Y ASAMBLEAS DEPARTAMENTALES*
Regional elections in Colombia 2015: Analysis of the new governors and departmental assemblies
Juan Pablo Milanese**
Adolfo A. Abadía***
Luciana Manfredi****
]]> Resumen: Este artículo analiza las elecciones regionales de Colombia de 2015 desde una perspectiva subnacional, enfocándose en los resultados de las elecciones a Gobernación y Asamblea Departamental. Partiendo de la premisa de que las dinámicas político-electorales departamentales y municipales difieren de la lógica electoral nacional, este trabajo revisa asuntos como la fragmentación, la nacionalización y el abstencionismo en términos analítico-descriptivos. Estos comicios significaron el debut electoral para algunos partidos (por ejemplo, el Centro Democrático) o la figura de las coaliciones en el sistema electoral colombiano, así como el movimiento estratégico de las élites regionales para enfrentar una coyuntura vinculada al avance del proceso de paz en La Habana y las elecciones legislativas y presidenciales de 2018.
Palabras claves: Colombia, Elecciones regionales, Fragmentación, Nacionalización, Partidos políticos
Abstract: This paper studies the regional elections of Colombia of 2015 from a subnational perspective by focusing on the results of the elections for governors and deputies. Starting from the premise that domestic political and electoral dynamics differ from the electoral logic at departmental and municipal levels, this paper reviews issues such as fragmentation, nationalization and absenteeism from an analytical-descriptive approach. These elections meant the electoral debut for some political parties (e.g. Centro Democrático) and the figure of coalitions in the Colombian electoral system as well as the strategic move of the regional elites to face a situation linked to the advancement of the peace process in Havana and legislative and Presidential Elections of 2018.
Keywords: Colombia, Regional Elections, Fragmentation, Nationalization, Political Parties
Introducción
]]>Aunque con oscilaciones, existe desde hace décadas una rica tradición de análisis de la competencia electoral en Colombia. Ésta se concentró fundamentalmente en el ámbito nacional y solo recientemente ha aparecido una primera generación de contribuciones relativamente sistematizadas sobre las elecciones subnacionales.[1]
Esto ha permitido adquirir nociones mucho más precisas en relación a este campo, lo que permitió lograr ir más allá de las generalizaciones que partían de la observación del Senado (el más atípico de los distritos electorales colombianos[2]), en muchos casos carentes de correlación con la realidad subnacional a la que también se aplicaban (Milanese y Jaramillo 2015). Es gracias a este tipo de ejercicios que hoy existen pocas dudas a la hora de afirmar que “[…] la vida política regional y municipal no son una función de la vida política nacional” (Gutiérrez Sanín 2001: 192).
Dentro de este marco, si bien en el nivel nacional puede observarse que en las elecciones celebradas en 2002 la fragmentación del sistema adquirió niveles sin precedentes[3] y comenzó a reacomodarse tanto en su criterio numérico como en la estabilidad de las etiquetas con la reforma de 2003, el proceso en el nivel subnacional fue mucho más irregular. En este contexto, tanto cuestiones como el conflicto armado (García 2007), la presencia de autoritarismos subnacionales (Duncan 2009; Pino Uribe 2013) o mafias, como la visible varianza de magnitudes distritales tanto en asambleas departamentales como en concejos municipales (acompañada por la reforma política)[4] han hecho que el perfil de los dirigentes y partidos, junto al comportamiento político-electoral, varíen notablemente.
En congruencia con lo anterior, las elecciones subnacionales realizadas el 25 de octubre de 2015 se constituyeron como un caso interesante. Las razones que permiten afirmarlo son dos. La primera se relaciona con la performance alcanzada a nivel subnacional por el partido Centro Democrático (uribismo[5]) que, buscando adquirir arraigo territorial y arrastrando dudas en relación a su potencial rendimiento en este nivel, debutó mostrando pobres resultados. La segunda es la posibilidad de observar cómo se acomodan estratégicamente las élites regionales por un lado, a una coyuntura crítica como es el proceso de paz y la firma de los acuerdos de La Habana y, por el otro, al modo en que comienzan a proyectarse hacia las elecciones presidenciales y legislativas de 2018.
De hecho, entre las primeras observaciones puede observarse cómo, a pesar de la impopularidad de las negociaciones con las FARC, las fuerzas cercanas al gobierno obtuvieron los mejores resultados (especialmente Cambio Radical, liderada por el vicepresidente Germán Vargas Lleras). Sin embargo, dada la debilidad de las etiquetas partidarias y la escasa “lealtad” de las dirigencias subnacionales en relación a ellas, sería apresurado realizar pronósticos precisos.
El artículo ha sido estructurado en tres apartados, además de la introducción y las consideraciones finales. En el primero se definen brevemente algunos conceptos que serán utilizados para dar cuenta de las elecciones regionales de 2015, acompañados en el segundo por las principales características del sistema electoral. Finalmente, en el tercer y último apartado, se desarrolla una mirada panorámica de los resultados electorales de las pasadas cuatro elecciones regionales (2003, 2007, 2011 y 2015), abordando especialmente las elecciones departamentales (gobernadores y asambleas departamentales), sin dejar de realizar algunos contrastes con lo ocurrido en casos relevantes desde el punto de vista de la competencia municipal. El análisis se centrará en la revisión de los resultados y en fenómenos como la fragmentación y nacionalización del sistema, acompañado por una breve revisión de la abstención electoral, fenómeno estructural poco atendido académicamente.
1. Partidos políticos en Colombia
]]>El clásico bipartidismo presente en el sistema político colombiano durante la mayor parte su historia, comenzó a experimentar desde la década de 1990 un intenso y acelerado proceso de deterioro que alcanza su zenit en las elecciones legislativas de 2002 (Gutiérrez Sanín 2007). Esta transformación se caracterizó por un incremento de la fragmentación faccional de los partidos tradicionales (Gutiérrez Sanín 2007) al que Pizarro (2008) denominó como surgimiento de “microempresas electorales”. Este proceso fue acompañado por una fuerte pérdida de identificación del electorado con los partidos Liberal y Conservador (Archer 1996; Pizarro 2008; Gutiérrez Sanín 2007).
Justamente la reforma del sistema electoral de 2003[6] tuvo como principal intención poner coto a esta situación, produciendo una racionalización del sistema de partidos. Se enfocó especialmente en la necesidad de reducir su atomización y personalización[7]. Los efectos deseados por los reformadores se produjeron claramente en el Senado[8] y parcialmente en la Cámara de Representantes, donde dependieron de la magnitud distrital. En este último caso, a mayor magnitud, los resultados fueron los esperados, mientras que a menor, se produjo por el contrario una tendencia hacia el aumento de la fragmentación (Pachón y Shugart 2010).
Mientras tanto, en lo referido al nivel subnacional, aunque menos estudiados (Losada 2009), pueden observarse efectos diferentes. De hecho, la mayor parte de los análisis muestra una propensión al incremento de la fragmentación (Botero 2006; Losada 2009; Milanese y Jaramillo 2015), aunque nuevamente con singularidades de acuerdo a la magnitud distrital (Milanese y Jaramillo 2015; Milanese y Albarracín 2015)[9]. De este modo, se muestra que las dinámicas electorales de carácter subnacional funcionan bajo una lógica independiente a las nacionales (Gutierrez Sanín 2001).
De hecho, en estos casos específicos, se experimenta un cambio significativo en las estrategias de agregación partidaria como resultado de distintos mecanismos de adaptación pragmática a los escenarios presentes en cada dimensión. En el ámbito local, en un contexto caracterizado por un notablemente bajo nivel de estructuración partidaria (Sartori 1986), la consistencia de las etiquetas disminuye, constituyéndose exclusivamente como una plataforma de carácter electoral.
Es esta situación la que lleva a optar por una definición instrumental del término partido, que se adapte a las condiciones de laxitud de las organizaciones en la dimensión subnacional. En este sentido, utilizamos la clásica propuesta de Giovanni Sartori que los caracteriza como “[…] cualquier grupo político identificado por una etiqueta oficial que se presenta a las elecciones (libres o no) y puede nominar a través de ellas candidatos a cargos públicos” (Sartori 1980: 90). Esta definición nos permite englobar cualquier tipo de plataforma electoral existente, es decir tanto aquellos que poseen personería jurídica como partido o los “movimientos por firmas”[10].
Partiendo de esta premisa, cada uno de ellos funciona como una franquicia en la que se agrupan distintas facciones locales. A través de esta estrategia, las facciones se especializan en un nicho específico del mercado electoral (Carty 2004). Más allá de producir una mayor eficiencia en términos de escala y focalización, este sistema permite a los candidatos manejar libremente sus clientelas, haciendo que cada facción funcione como una organización independiente que coopera explícitamente con otras semejantes a la hora de agregar votos y acceder a representación.
Esta perspectiva permite una descripción precisa y realista del escenario, evitando utilizar parámetros analíticos de carácter normativo asociados a modelos de partido ya desaparecidos[11].
]]> 2. El sistema electoral a nivel subnacional
El sistema electoral en los niveles analizados se constituye por dos grandes líneas de reglas de juego. En el caso de los gobernadores y alcaldes se hace referencia a un sistema pluralista clásico, donde el candidato que obtenga la votación más alta es quien gana el asiento a disposición.
Los candidatos pueden presentarse exclusivamente mediante el aval de partidos que posean personería jurídica[12] o de “grupos significativos de ciudadanos” capaces de recoger un número de firmas equivalente al 20% de la división del censo electoral sobre la magnitud de una circunscripción[13]. Además, en estas elecciones, por primera vez, pudieron inscribirse candidaturas resultantes de la formación de coaliciones entre distintos partidos.
La Tabla 1 presenta un panorama de las fuerzas políticas que pudieron presentarse a las elecciones regionales de 2015 y su relación con el gobierno nacional, distinguiendo entre aquellos partidos que, en el momento de la celebración de los comicios, conformaban la coalición, se presentaban como de oposición o se reconocían como independientes. También se señala a aquellos que se asocian a las dinámicas de participación política de las minorías étnicas. Sin embargo, es importante recordar que el vínculo de las etiquetas partidarias entre los distintos niveles es notablemente endeble.
Nota: durante el mes de mayo, el presidente realizó modificaciones significativas en su gabinete cambiando la relación e varios de los partidos con el gobierno.
]]> Mientras tanto, en los casos de los cuerpos colegiados, se trata de sistemas proporcionales con distritos de magnitud variable (de medianos a grandes de acuerdo a los criterios de Nohlen 1998). Oscilan entre 7 y 21 escaños en los casos de los concejos municipales y entre 11 y 26 en los de las asambleas departamentales.
En estos últimos dos casos, el sistema electoral fue reformado sustancialmente en 2003 (ver tabla 2) y retocado en 2009[14] y exhibe como característica principal un interés por corregir los efectos de la proporcionalidad en distritos tendencialmente grandes. Esto es visible en la fórmula de conversión de divisor D’Hondt (que tiende a favorecer ligeramente a los partidos con mayor caudal electoral) y en el establecimiento de un umbral legal equivalente al 50% del cociente electoral (que posee un potencial reductor en los distritos de mayor magnitud).
Los cuatro tipos de elecciones (gobernación, alcaldía, asamblea y concejo) que se analizan en este estudio, se realizan de forma simultánea (y se celebran un año después de las nacionales). Es importante señalar que impedida la reelección inmediata de alcaldes y gobernadores, mientras que no existe restricción desde este punto de vista en los casos de asambleas y concejos.
En un escenario de no concurrencia entre los comicios nacionales y subnacionales, el perfil de la agenda que caracteriza al debate subnacional es fundamentalmente local y regional, concentrándose la atención en alcaldías y gobernaciones. De hecho, el perfil es evidentemente reactivo, es decir, la tendencia que poseen corporaciones como asambleas y concejos a responder a las iniciativas gubernamentales más que a proponer su propia agenda (Cox y Morgenstern 2002) los relega a un espacio secundario en términos del interés de la opinión pública.
Además, la existencia del voto preferente personaliza notablemente las elecciones para corporaciones, llegando al extremo de que cada candidato financia y realiza su propia campaña, apelando a un nicho particular mediante distintos tipos de transacciones de carácter particularista, siendo los intermediarios barriales los principales agentes gestores del voto.
3. Elecciones 2015 en el ámbito departamental. Una mirada panorámica
]]>Teniendo presente lo revisado en la literatura, intentaremos ofrecer una explicación descriptiva de cómo se han desarrollado las elecciones subnacionales de 2015, haciendo especial énfasis en tres variables que resultan relevantes: fragmentación, nacionalización y abstención electoral.
3.1. Fragmentación como eje de continuidad
La primera dimensión a analizar es la fragmentación medida a través de dos indicadores clásicos: número nominal de partidos (NNP)[16] y número efectivo de partidos (NEP)[17] (Laakso y Taagepera 1979)[18]. Los resultados generales coinciden con lo esperable en términos teóricos si se tienen en cuenta las magnitudes distritales. Se esperan niveles de fragmentación sensiblemente más bajos en las elecciones uninominales que en las plurinominales, reflejando los resultados el impacto de los efectos mecánicos y sicológicos (Duverger 2001).
También puede señalarse que los resultados se mantienen en línea con lo que viene ocurriendo desde 2003[19]. En este sentido, aun cuando no hay datos suficientes para constatar tendencias, se puede afirmar que el criterio numérico muestra una razonable consistencia (con una predisposición al crecimiento especialmente en las asambleas) desde el punto de vista temporal. Dentro de este marco, como puede observarse en la Tabla 3 y en el Gráfico 1, las elecciones a gobernación muestran la presencia de mecánicas bipartidistas o multipartidistas moderadas (ver mapa 1), mientras que las asambleas oscilan entre el multipartidismo moderado y el extremo (ver mapa 2).
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Es importante remarcar que la referencia es a mecánicas y no a bipartidismo (o a multipartidismo moderado). Es decir, son dos, o poco más, partidos compitiendo en la mayor parte de los distritos sin que esto signifique que estos estén presentes en todos (ver apartado 3.3. sobre nacionalización) e incluso variando visiblemente las etiquetas de una elección a otra.
Como se mencionó, se utiliza una definición minimalista de los partidos ajustada exclusivamente a la mecánica electoral. De hecho, como ocurriera en elecciones pasadas, estos se constituyeron exclusivamente como una plataforma electoral y la consistencia que podemos observar en el criterio numérico del sistema es inversa a la estabilidad de la filiación de los dirigentes pertenecientes a cada una de las fuerzas.
Este escenario se ajusta a la definición del partido como franquicia en la que confluyen coyunturalmente líderes provenientes de distintos orígenes como consecuencia de la necesidad de un aval como criterio formal necesario para lanzarse a los comicios. Esto se ve incluso en las mecánicas de apoyos cruzados en los distintos niveles donde un candidato a gobernador de un partido puede sostener candidatos a diputados, alcaldes y concejales de otros (produciéndose un eficiente efecto de reciprocidad) en los que estos últimos no adhieren tampoco a los candidatos de sus propias fuerzas. Es decir, los partidos no solamente tienen muy bajos niveles de estructuración, sino que además, las dirigencias que circunstancialmente se alojan dentro de ellos producen alianzas entre facciones o redes establecidas en distintas fuerzas (cada red dirigencial puede “comprar distintas franquicias” de acuerdo al nivel municipal/departamental).[20]
]]> Dentro de este marco, aunque podría no parecerlo, el criterio numérico cobra valor. Independientemente de las marcas a las que estemos haciendo referencia, nos brinda un parámetro del número de coaliciones electorales (más allá de la figura legal bajo la que presenten) que el sistema tiende a incentivar de acuerdo a las características del distrito y que parece mantenerse razonablemente estable.[21] Es decir, aun cuando los actores cambien o incluso se enroquen en sus posiciones, el número (no la composición) de la coaliciones tiende a ser similar.
3.2. Análisis agregado de resultados
La fragmentación del sistema entrega una importante información sobre el formato de la competencia. Sin embargo, necesita ser complementada con los resultados obtenidos por cada etiqueta (ver tablas 4 y 5). Estos deben ser revisados tanto en términos de votos como de espacios de representación a las que cada una accedió. La primera revisión se concentrará en las elecciones para las asambleas en forma de resultados agregados (ver tabla 4). En este caso, el alto nivel de proporcionalidad, dadas las magnitudes distritales, permite una imagen más precisa del apoyo social recibido por cada etiqueta en forma individual.
Como se suponía antes de la realización de los comicios, el resultado fue positivo para los partidos que constituían el núcleo duro de la coalición oficialista en el Congreso (Partido de la U, Partido Liberal y Cambio Radical)[22] que obtuvieron más de la mitad más uno de las curules en juego (229 de las 418, sumando la totalidad de los departamentos). Las otras dos fuerzas que lograron las votaciones más significativas, superiores a la barrera sicológica del millón de votos (el Liberal y el de la U superaron los dos millones), fueron el Partido Conservador (el socio más “díscolo” del gobierno, aunque relativamente confiable)[23] y el Centro Democrático.
El Partido Conservador demostró ser una fuerza que paulatinamente pierde peso territorial, pero que se resiste a desaparecer. El Centro Democrático gana espacio, dado que es la primera vez que se lanza en elecciones subnacionales, pero con resultados notablemente inferiores a los de las elecciones legislativas de 2014. Estos últimos son explicables en gran medida por la ausencia de Uribe en las listas. De hecho, es interesante tener en cuenta que el ex presidente, a pesar de su popularidad, siempre ha tenido serias dificultades para obtener votos en los ámbitos municipales y departamentales y su ausencia en las listas merma notablemente el rendimiento electoral de su partido. Algo similar había ocurrido en las legislativas de 2014, donde la lista al Senado (donde Uribe ocupaba el primer puesto) fue la segunda más votada, apenas superada por la del partido de la U, mientras aquellas presentadas para la Cámara de Representantes realizaron opacas performances.
La Alianza Verde también obtuvo un resultado interesante, dado que en términos agregados recibió un porcentaje sorprendentemente alto. Se acercó al Centro Democrático y se distanció notablemente de partidos como el Polo Democrático[24], al que dobló en votación y triplicó en curules obtenidas en las diferentes asambleas.
Naturalmente, si los resultados vinculados a las asambleas son un termómetro más preciso de las preferencias del electorado, los de gobernación (ver tabla 5) son mucho más significativos desde el punto de vista de la asignación y la distribución de recursos (patronazgo, clientelismo, etc.), sobre todo, en vista a los comicios presidenciales y legislativos de 2018. En ellas, el panorama cambia como consecuencia de la lógica uninominal. En este sentido, el menor número de premios (asientos) a asignar, cambia la estructura de coaliciones y la mecánica a través de la que se juega con las franquicias.
Además, influye notablemente sobre los resultados el hecho de que los partidos puedan realizar alianzas, presentando candidatos únicos por coalición, y crecen los incentivos para la presentación de candidaturas por firmas (que debilita la estrategia de franquicias) que simplifican la integración de apoyos. De hecho, se lanzaron 401 candidaturas de este tipo a las alcaldías y 298 a las gobernaciones (Duque 2015) y los gobiernos municipales de las cinco principales ciudades del país (Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga) accedieron al poder través de este tipo de instrumento, sin pertenecer a ninguno de los partidos de la coalición de gobierno ni de oposición.
No obstante, tanto en alcaldías como en gobernaciones, fueron los mismos partidos los que obtuvieron los mejores resultados, a excepción del Partido Conservador que experimentó una notable merma de votos. Nuevamente, los principales socios de la coalición del presidente (Liberal, U y Cambio Radical) fueron los mejor posicionados, obteniendo autónomamente 11 de las 32 gobernaciones y 9 más participando en alguna coalición (liderada por alguno de los tres). Vale la pena aclarar que, con un total de cinco gobernadores electos, el partido Cambio Radical fue la fuerza política que más gobernaciones obtuvo, experimentando además el mayor crecimiento (en desmedro del Partido de la U que vio disminuir notablemente el número de departamentos controlados, pasando de seis a dos). Este no es un dato irrelevante, sobre todo teniendo en cuenta que Cambio Radical es el partido del Vicepresidente Germán Vargas Lleras, al día de hoy, el pre-candidato con mayor proyección hacia la presidencia en 2018.
]]> Este punto debe ser reforzado con la obtención de la alcaldía de Barranquilla por parte de uno de sus principales aliados y uno de los posibles candidatos a la vicepresidencia, Alejandro Char que, como era de esperar, garantizó la victoria en toda la región Caribe.Dentro de este marco, los miembros de la coalición de gobierno obtuvieron cómodas victorias en los que pueden ser considerados sus principales bastiones políticos (Costa Caribe y Valle del Cauca, en este segundo caso a través del Partido de la U) y que aún sin producir ningún tipo de garantía, lo posicionan como favorito para las próximas elecciones. Aunque vale aclarar que en los últimos meses comenzó a notarse como la coalición comienza a resquebrajarse en vistas a las mencionadas elecciones y existen dudas en relación al número de candidatos presidenciales que serán presentados por los partidos que forman parte de ella. También es importante remarcar que, si bien existe una alianza estratégica entre Vargas Lleras y Santos, pactada en la fórmula presidencial, las tendencias políticas que estos representan no son equiparables en relación al apoyo del proceso de La Habana. De hecho, éste se constituye como el principal punto de tensión (junto a la distribución de patronazgo) al interior de la Unidad Nacional.
Del otro lado, sin lugar a dudas, uno de los grandes perdedores de la elección fue el uribismo que, aun siendo la tercera fuerza electoral, obtuvo apenas una gobernación y un puñado (50 de las 1123 en juego, es decir un 4,5%) de alcaldías (perdiendo sorpresivamente en una serie de distritos clave donde la victoria era considerada un hecho, como Medellín[25] y Manizales), en ninguno de los casos particularmente relevantes. Esto lo limita notablemente desde el punto de vista del control territorial, especialmente en lo referido a la obtención de recursos que consoliden su apoyo electoral más allá de la atracción que produce el ex presidente.
Sin ser netamente un perdedor, un resultado agridulce fue el obtenido por Sergio Fajardo, gobernador de Antioquia, y otro de los presidenciables. Aun cuando mantuvo la alcaldía de Medellín (segunda ciudad en importancia del país después de Bogotá) como bastión, perdió claramente la gobernación de Antioquia lo que sembró serias dudas con respecto a su potencial pensando en 2018.
En síntesis, no puede afirmarse que hayan existido mayores sorpresas (más allá de la derrota del uribismo en Medellín), con un vicepresidente que sale fortalecido en varios de los principales departamentos del país.
También debemos resaltar el resultado positivo que obtuvieron un elevado número de candidatos investigados por la justicia (normalmente relacionados a grupos paramilitares o al narcotráfico), tendencia cada vez más común, entre los que se pueden destacar los gobernadores (por solo subrayar estos cargos, si incluyéramos más la lista sería muy extensa) electos de Antioquia, Valle del Cauca y Santander (tres de los principales departamentos del país), pero no son menos significativos otros como los de La Guajira, Magdalena y Sucre y Bolívar (Duque 2015).[26]
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3.3. Nacionalización de los apoyos y escenarios futuros
Otro elemento necesario para entender la dinámica de la competencia electoral en el nivel subnacional es el análisis de la nacionalización. Partiendo de la premisa que no existe aún acuerdo ni en su definición ni medición, utilizamos la revisión realizada por Dosek (2015) para identificar cuál es la que se ajusta más precisamente a las intenciones de nuestro análisis.
El autor identifica tres significados atribuidos al concepto en cuestión. El primero sugiere entenderlo como la homogeneidad de los apoyos electorales de los partidos políticos en relación a una unidad territorial: circunscripción o distrito electoral (nacionalización horizontal, dispersión)[27]; el segundo se inclina a mirar semejanzas de la competencia electoral en sistemas de partidos multinivel (nacionalización vertical, congruencia); finalmente, el tercer significado implica estudiar la homogeneidad del cambio interelectoral entre diferentes jornadas electorales y distintas unidades subnacionales; en otras palabras, esta perspectiva revisa el grado uniformidad en el cambio de la votación partidaria entre elecciones y distritos.
En nuestro caso, se entenderá nacionalización como la homogeneidad de la distribución de los apoyos electorales en un territorio en el que se configura la competencia (Jones y Mainwaring 2003).[28] Se utilizará para su cálculo un indicador basado en el coeficiente de Gini[29] como es el índice de nacionalización de partidos estandarizado (sPSN), diseñado por Bochsler (2010).
Partiendo de la dificultad para su cómputo que implica la cantidad de candidaturas de coalición (que tienden a distorsionar los resultados)[30], puede observarse en las elecciones a gobernación un notablemente bajo nivel de nacionalización, reforzado por resultados similares desde el punto de vista de la cobertura[31]. Sobre todo, si tenemos en cuenta el comportamiento de los partidos en otro tipo de elecciones donde obtuvieron votaciones razonablemente nacionalizadas; por ejemplo, en el caso del Senado, partidos como el de la U, el Liberal o Conservador oscilaron entre el 70% y el 80% (Milanese y Manfredi 2015; Batlle y Puyana 2011) y en este caso no superaron el 30%.
En el caso de las asambleas, los resultados son significativamente distintos a los de las gobernaciones. Mientras que en las segundas, sistémicamente hablando, la nacionalización fue solo del 12% (ver tabla 4), en las primeros alcanzó un 74% (con niveles de cobertura notablemente superiores (ver tabla 5). Incluso, puede apreciarse la existencia de partidos que superaron el umbral del 80% (justamente aquellos que obtuvieron las mayores votaciones como U y liberales).
Las explicaciones más consistentes con respecto a esas diferencias, pueden residir en el hecho que en el caso de las asambleas existen, por razones de acción colectiva, escasos incentivos para participar vía firmas, por lo que los partidos con personería jurídica se constituyen prácticamente como la única opción. Mientras tanto, en el de las gobernaciones, esa situación cambia sensiblemente, siendo una estrategia eficiente que multiplica las etiquetas disminuyendo los niveles de nacionalización. Además, como se mencionó, la posibilidad de presentar candidatos de coalición, opción no permitida para los cuerpos colegiados, contribuye a la distorsión de los resultados.
]]> Paralelamente, es interesante observar casos como el del Centro Democrático donde, en línea con lo anteriormente planteado, los niveles relativamente bajos de nacionalización (incluso, de forma llamativa, menores a los de la Alianza Verde, partido cuyas votaciones se concentran fundamentalmente en grandes zonas urbanas) son una muestra más de su debilidad desde el punto de vista territorial. Esto nos da la pauta que sin Uribe como candidato (o sin que exista un escenario de polarización como el que se produjo en la elección presidencial), el alcance territorial del partido se ve significativamente limitado, concentrándose sus votaciones en una serie de bastiones como son Antioquia o Caldas.Sin embargo, la volatilidad de las dirigencias, manifestada en altos niveles de movilidad intra-partidaria y transfuguismo (Illera y Buchely 2015), hace que esa presencia territorial deba ser tomada con pinzas. De hecho, el cambio partidario de un dirigente con una votación significativa puede producir sensibles variaciones desde este punto de vista. Aunque no esté de más remarcar que el predominio electoral de los partidos de la coalición de gobierno, acompañado por su ventaja territorial, permite un control de recursos que, aun no siendo suficiente para garantizar la victoria del candidato del gobierno en la próxima elección, lo deja en una posición claramente favorable desde el punto de vista de la competencia.
3.4. Abstención como problema estructural
Finalmente, es preciso realizar una mención especial al tema de la abstención electoral[32], definida como la no participación por parte de quienes tienen derecho a hacerlo (Alcubilla 2000). Aunque las elecciones del 2015 no presenten mayores diferencias desde este punto de vista, y pueda decirse que se encuentran dentro de los parámetros históricos para Colombia (ver Barrero et al. 2013), su elevado nivel la transforma en un issue relevante. Es decir, dado que las elecciones son un componente esencial de la democracia (Barrero et al. 2013), consideramos importante tener en cuenta la abstención electoral como uno de los termómetros de su funcionamiento.
Asumida como un fenómeno sistemático y estructural (Caicedo 2015), especialmente en los grandes centros urbanos, es extremadamente complejo identificar la multiplicidad de causas que lo pueden producir[33]. Existe, además, una enorme dificultad a la hora de estudiarla, ya que combina tanto a aquellas personas que carecen de interés en la política y les es indiferente la participación —abstencionismo apático (Franco Cuervo y Flórez 2010) —,[34] como a quienes, por el contrario, dando muestra de un acto claramente político, deciden no participar, intentando contribuir a la deslegitimación del sistema —abstencionismo consciente (Franco Cuervo y Flórez 2010) —. En este sentido, podemos diferenciar entre el abstencionismo pasivo y activo (Caicedo 2015), constituyéndose el primero como la no participación electoral y el segundo en la expresión de un ejercicio de protesta frente al sistema como puede ser el voto en blanco (en relación a este último el tarjetón electoral colombiano posee un espacio específico para marcarlo)[35].
En este sentido, limitándose exclusivamente a la revisión de la abstención pasiva, los resultados de 2015 están ligeramente por debajo de lo habitual: 39,7% para gobernaciones (frente a 41,8% en 2011) y 41,1% para asambleas (frente a 42% de 2011). Naturalmente, estos crecen sensiblemente al tener en cuenta al activo alcanzado, aunque en línea también con la elección inmediatamente anterior: un 50% en el primer caso (50,3% en 2011) y un 54,4% en el segundo (55,1% en 2011).
Para cerrar, es importante remarcar que a pesar de considerarlo un fenómeno estructural (constante tanto en elecciones de carácter nacional como subnacional), no deja de ser una situación preocupante, sobre todo en un contexto como el del posconflicto (transición) donde los procesos de legitimación (y altos niveles de participación pueden ser esenciales desde este punto de vista) se constituyen como un activo crucial para tener en cuenta.
De hecho, sobre esta cuestión específica, existen estrategias institucionales para fomentar la participación como el ofrecimiento de incentivos selectivos (por ejemplo, descuentos en las matrículas para los estudiantes universitarios, rebajas en el tiempo de prestación del servicio militar, descuentos en los valores de expedición de los pasaportes, etc.) sin mayor éxito. También, desde hace tiempo, está instalado en la agenda el debate sobre la obligatoriedad del voto, que incluso fue incluido en el último proyecto de reforma política (discutido durante 2014 y 2015) en el Congreso, aunque, no sin polémicas, fue rápidamente descartado.
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4. Consideraciones finales y agenda futura
El artículo se propuso estudiar las elecciones regionales de Colombia de 2015 a la luz de los resultados de las elecciones a gobernación y asambleas departamentales. Desde una perspectiva subnacional, se partió de la premisa de que existen diferencias entre las dinámicas político-electorales nacional y subnacional. En este sentido, en relación a los resultados generales, existen varios aspectos interesantes para destacar.
En primer lugar, no parece que hayan existido modificaciones significativas desde el punto de vista sistémico. Tanto en lo referido a la fragmentación como de la presencia territorial de los partidos predominantes se mantiene una visible continuidad con las elecciones previas. Es decir, un sistema altamente fragmentado, con menores niveles, como es esperable, en las elecciones uninominales y mayores en aquellas para cuerpos colegiados, caracterizadas por las altas magnitudes distritales.
Mientras tanto en lo referido a la nacionalización, pueden observarse niveles significativamente mayores en las asambleas que en las gobernaciones. Como se mencionó, la explicación reside en que en las primeras no existen incentivos para presentar candidaturas por fuera de los partidos con personería jurídica (nacionales), mientras que en las segundas tiende a ser mucho más eficiente hacerlo a través de candidaturas “por firmas” o coaliciones partidarias.
En segundo lugar, el neto triunfo obtenido por las etiquetas (o alianzas formadas por ellas) que forman parte de la coalición de gobierno. Como se mencionó, 22 de los 32 departamentos poseen hoy gobernadores provenientes de estas fuerzas, lo que implica un claro predominio territorial por parte del oficialismo. De hecho, dirigentes cercanos al gobierno nacional ocupan no solo la mayoría, sino también las principales gobernaciones y, por lo tanto, parte significativa de los recursos políticos en juego en esta elección.
Algo similar ocurrió con las alcaldías, sin embargo, a diferencia de las principales gobernaciones (ocupadas plenamente por socios del gobierno nacional), las más significativas, a excepción de la de Barranquilla, están en manos de grupos políticos locales (aunque en algunos casos como el de Bogotá o Medellín con proyección nacional)[36] no hostiles al gobierno aunque tampoco oficialistas.
En lo referido a la oposición, el resultado fue tendencialmente malo, con un Polo Democrático en claro retroceso (perdiendo la alcaldía de Bogotá, su principal bastión político, y sin acceso a ninguna gobernación)[37] y un Centro Democrático con serias dificultades a la hora de alcanzar posicionamiento territorial y mostrando, nuevamente, la dificultad para presentar listas competitivas cuando Uribe no es candidato.
Es probable que, como consecuencia de la visible volatilidad dirigencial existente, estos resultados no necesariamente constituyan una garantía de triunfo futuro para los partidos que constituyen la actual coalición de gobierno. Sin embargo, es indudable que representa una plataforma de producción de apoyos territoriales esenciales tanto para un eventual referendo de ratificación del proceso de paz de La Habana como para las próximas elecciones presidenciales y legislativas de 2018. Aunque en el primero de los casos el gobierno no solo tendrá que enfrentarse a una oposición (uribista) recalcitrante frente al tema, sino también una sociedad caracterizada por altos niveles de desafección política, visibles como se señaló en la abstención, que podrán constituirse como una barrera frente a la legitimación del proceso de paz, aunque difícilmente como un obstáculo formal.
]]> Para cerrar, es importante tener en cuenta que, con la clausura de las negociaciones y la firma de los acuerdos de paz, es difícil que esta situación se mantenga invariada en el futuro. Las próximas elecciones subnacionales incluirán seguramente nuevos actores como las FARC devenidas partidos o a sus organizaciones satélites (fundamentalmente movimientos sociales). En este sentido, proveniente directamente de la mesa de la Habana, ya está en la agenda de discusión, aunque todavía no pública, una reforma constitucional que permita el surgimiento formal de partidos departamentales y municipales (rompiendo con el actual monopolio de personerías jurídicas nacionales)[38]. Esta reforma seguramente producirá una redistribución, mediante un nuevo ajuste pragmático, de los actores que forman las coaliciones en las diferentes regiones del país.Además, aun cuando la finalización del conflicto esté lejos de representar el alcance de la paz, la desmovilización de los actores armados y la inclusión de buena parte de ellos al sistema político formal (es muy probable que una proporción importante sobre todo de aquellos que no forman parte de los cuadros dirigenciales altos o medios se desplacen hacia el crimen organizado y no a la vida política civil), “normalice” la agenda política incluyendo o priorizando asuntos como la pobreza, la desigualdad, la violencia y criminalidad urbana, la educación, salud, descentralización, entre otros.
Bibliografía
Abadía, Adolfo A. y Juan Pablo Milanese (2015) “Análisis del comportamiento electoral en la ciudad de Cali utilizando fuzzy sets. Elecciones para la alcaldía municipal 2003-2011”, Politai, revista de Ciencia Política N° 5(10):13-37.
Albarracín, Juan Guillermo y Juan Pablo Milanese (2012) “The Impact of the Colombian Electoral Reform in Congressional and Sub-National Elections”, Documento presentado en el Congress of the Latin American Studies Association. San Francisco, California.
Alcubilla, Enrique Arnaldo (2000) Abstencionismo electoral. San José de Costa Rica: Ediciones CAPEL.
Archer, Ronald P. (1996) “Fuerza y debilidad partidaria en la asediada democracia colombiana”. En Scott Mainwaring y Timothy Scully (comp.) La construcción de instituciones democráticas: sistema de partidos en América Latina: 133-161. Santiago: Cieplan.
Arenas, Juan Carlos (2013) “Expresiones locales del cambio partidista en Colombia, 1990-2011”. Documento presentado en el VII Congreso Latinoamericano de Ciencia Política. Bogotá, Universidad de los Andes.
]]> Arenas, Juan Carlos y John Fredy Bedoya (2011) “Las lógicas de la competencia electoral en escenarios locales: Medellín, 1988-2007”, Estudios Políticos N° 39: 39-74.Barrero Escobar, Fredy Andrés (ed.) (2016) Elecciones regionales 2015: los retos de un país en camino hacia la paz. Bogotá D.C.: Konrad Adenauer Stiftung–KAS Colombia.
Barrero Escobar, Fredy Andrés, Nicolás Alejandro Liendo, Laura Mejia, Giullermo Orjuela y Julián Caicedo (2013) Abstencionismo electoral en Colombia: una aproximación a sus causas. Bogotá D.C.: Registraduría Nacional del Estado Civil, Centro de Estudios en Democracia y Asuntos Electorales (CEDAE) y Universidad Sergio Arboleda.
Batlle, Margarita y José Ricardo Puyana (2011) “El nivel de nacionalización del sistema de partidos colombiano, una mirada a partir de las elecciones legislativas de 2010”, Colombia Internacional N° 74: 27-57.
Bedoya, John Fredy y Juan Carlos Arenas (2015) Incidencia de los cambios en las reglas de la competencia electoral sobre nacionalización del sistema de partidos: las estrategias de los actores políticos en Antioquia, 1997-2011, Colombia Internacional N°85(3): 17-52.
Bochsler, Daniel (2010) “Measuring party nationalisation: A new Gini-based indicator that corrects for the number of units”, Electoral Studies N°29: 155-168.
Botero, Felipe (2006) “Reforma política, personalismo y sistema de partidos ¿Partidos fuertes o coaliciones electorales?”. En Gary Hoskin y Miguel García Sánchez (eds.) La reforma política de 2003. ¿La salvación de los partidos políticos colombianos?, Bogotá: Universidad de los Andes, Fundación Konrad Adenauer-KAS Colombia: 139-159
Botero, Felipe (2009) “Reforma electoral y comportamiento estratégico: campañas electorales de candidatos al Congreso”. En Felipe Botero (ed.) ¿Juntos pero no revueltos? Partidos, candidatos y campañas en las elecciones legislativas de 2006 en Colombia, Bogotá: Universidad de los Andes: 1-9.
Botero, Felipe y Juan Carlos Rodríguez Raga (2008) “Grande no es sinónimo de fuerte. Los partidos y la reforma política”. Serie Documentos de Trabajo No 3. Bogotá: PNUD/IDEA.
]]> Botero, Felipe, Rodrigo Losada y Laura Wills (2011) “Sistema de partidos en Colombia 1974-2010: ¿la evolución hacia el multipartidismo?” Borrador de capítulo para el libro Estabilidad y cambio en los sistemas de partidos en América Latina (1978-2010), compilado por Manuel Alcántara y Flavia Freidenberg.Caicedo Ortiz, J. (2015) “Abstención electoral y voto en blanco en la consolidación democrática colombiana”. En Fredy Barrero y Margarita Batlle (eds). Elecciones en Colombia, 2014 ¿Representaciones fragmentadas?, Bogotá D.C.: Konrad Adenauer Stiftung-KAS Colombia: 43-85.
Carey, John and Shugart Matthew S (1995) “Incentives to Cultivate a Personal Vote: a Rank Ordering of Electoral Formulas”, Electoral Studies N°14: 417-439.
Carty, Kenneth (2004) “Parties as Franchise Systems. The Stratarchical Organizational Imperative”. Party Politics N°10(1): 5-24.
Cox, Gary and Scott Morgenstern (2002) “Epilogue: Latin American’s reactive Assemblies and proactive presidents”, en Morgenstern, Scott and Benito Nacif, (eds.), Legislature Politics in Latin America, Cambridge University Press.
Dosek, Tomás (2015) “La nacionalización de los partidos y sistemas de partidos en América Latina. Concepto, medición y reciente desarrollo de su estudio en la región”, Política y gobierno, N°22(2): 347-390.
Duncan, Gustavo (2009) “El dinero no lo es todo: acerca del narcotráfico en la persistencia del conflicto colombiano”. En: Camacho, Álvaro, Gustavo Duncan, Claudia Steiner, Ricardo Vargas y María Emma Wills. A la sombra de la guerra. Ilegalidad y nuevos órdenes regionales en Colombia. Bogotá: Ceso.
Duque, Javier (2015) “Radiografía detallada del proceso electoral y de los resultados de las votaciones. Quiénes ganaron en los departamentos, cómo ganaron, cómo les fue a los partidos nacionales, quiénes perdieron, y cuáles son los personajes dudosos que accederán a las gobernaciones”, Razón Pública en http://www.razonpublica.com/index.php/politica-y-gobierno-temas-27/8936-elecciones-de-gobernadores.html (consultada el día 26/10/2015).
Duran Escalante, María Camila (2006) “La Reforma Política de 2003, ¿más de lo mismo?”, Papel Político Estudiantil, N°2(1): 113-135.
Duverger, Maurice (2001) “Influencia de los sistemas electorales en la vida política”. En Albert Batlle Rubio (coord.) Diez textos básicos de ciencia política. Madrid: Ariel: 37-76.
]]>Franco Cuervo, Ana Beatriz y Flórez, Javier (2009) Participación electoral: radiografía teórica y práctica de un fenómeno en Colombia caso de estudio: Senado 1974-2006. Bogotá: Editorial Universidad del Rosario.
Fortou, Jose Antonio (2016) Cambios en el sistema de partidos local de Medellín, 1988–2011, Estudios Políticos N°48: 201–223.
García Pacheco, J. (2011) “Abstencionismo en México y nuevas formas de participación”, Revista Mexicana de Opinión Pública N°10: 115-129.
García, Miguel (2007) “Sobre balas y votos: violencia política y participación electoral en Colombia, 1990-1994”. En: Diana Hoyos (ed.) Entre la persistencia y el cambio. Reconfiguración del escenario partidista y electoral en Colombia. Rosario: CEPI, Editorial Universidad del Rosario: 84-117.
Gutiérrez Sanín, Francisco (2001) “¿Se ha abierto el sistema político colombiano? Una evaluación de los procesos de cambio (1970-1998)”, América Latina Hoy N°27: 189-215.
Gutiérrez Sanín, Francisco (2007) ¿Lo que el viento se llevó? Los partidos políticos y la democracia en Colombia. Bogotá: Norma.
Guzmán Mendoza, Carlos Enrique (2005) Política, descentralización, subsistemas regionales de partidos en Colombia, 1988-2000. Una explicación teórica y un análisis empírico. Ibagué: Universidad de Ibagué .
]]> Hoyos, Diana y Marcela Ceballos (2004) “Tendencias del comportamiento electoral y descentralización en los municipios de Colombia, 1988-2000”. Documento de trabajo 57. Crisis States Programme, Development Research Centre, LSE. En http://eprints.lse.ac.uk/28199/2/wp57sp.pdf (consultada el día 29/06/2016).Hoyos, Marcela (2007a) “Estabilidad del sistema de partidos en Colombia 1972- 2000. Una mirada local y regional”. En Marcela Hoyos (comp.) Entre la persistencia y el cambio. Reconfiguración del escenario partidista y electoral en Colombia. Bogotá: Universidad del Rosario: 21-48.
Hoyos, Marcela (2007b) “La reforma política de 2003 y su impacto sobre el sistema de partidos”. En Marcela Hoyos (comp.) Entre la persistencia y el cambio. Reconfiguración del escenario partidista y electoral en Colombia. Bogotá: Universidad del Rosario: 174-215.
Illera, Jorge Andrés y Lina Fernanda Buchely (2015) “Las fugas de la democracia. Análisis económico del derecho sobre las normas de transfuguismo político en Colombia (2003-2011)”, Colombia Internacional N°85(3): 17-52.
Jones, Mark P. y Scott Mainwaring (2003) “The nationalization of parties and party systems: an empirical measure an application to the Americas”, Party Politics N°9(2): 139-166.
Kasuya, Yuko y Johannes Moenius (2008) “The nationalization of party systems: Conceptual issues and alternative district-focused measures”, Electoral Studies N°27: 126-135.
Laakso, Markku y Rein Taagepera (1979) “The “Effective” Number of Parties. A Measure with Application to West Europe”, Comparative Political Studies N°12 (1): 3-28.
Losada, Rodrigo (2007) “Incidencia de la Reforma Política de 2003 en la vida de los partidos colombianos: las elecciones de Congreso de 2006”. En Rodrigo Losada y Patricia Muñoz (eds.) Las elecciones de 2006 en Colombia: una mirada desde la Reforma Política de 2003. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana: 45-88.
Losada, Rodrigo (2009) Consecuencias de la Reforma Política de 2003 a nivel local. Estudio de caso. Volumen 5 de Documentos de trabajo. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD.
]]> Medellín, Pedro y Juan Carlos Tarquino (2007) “Elecciones parlamentarias 2006: primeros rasgos del cambio en la política”. En Rodrigo Losada y Patricia Muñoz (eds.) Las elecciones de 2006 en Colombia: una mirada desde la reforma política del 2003. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana:11-44.Milanese, Juan Pablo y Juan Guillermo Albarracín (2015) “Fragmentación interna y competencia intrapartidaria. Análisis de las elecciones municipales en el suroccidente colombiano (1997-2011)”. VIII Congreso latinoamericano de Ciencia Política, Lima.
Milanese, Juan Pablo y Luciana Manfredi (2015) “Nacionalización del voto legislativo y visibilidad en los medios de comunicación. Un análisis de la estrategia de los candidatos al Senado, Colombia 2014”. VIII Congreso latinoamericano de Ciencia Política, Lima.
Milanese, Juan Pablo y Luis Eduardo Jaramillo (2015) “Impacto de los factores institucionales del sistema electoral en la fragmentación partidaria. Un análisis de las elecciones para concejos municipales en el Valle del Cauca (1997-2011)”, Colombia Internacional, N°84(2): 43-70.
Nielson, Daniel L., and Matthew S. Shugart. (1999) “Constitutional Change in Colombia: Policy Adjustment through Institutional Change”, Comparative Political Studies N°32, May:313–41.
Nohlen, Dieter (1998) Sistemas electorales y partidos políticos. México: Fondo de Cultura Económica.
Pachón, Mónica y Mathew S. Shugart (2010) “Electoral Reform and the Mirror Image of Inter-Party and Intra-Party Competition. The Adoption of Party Lists in Colombia”, Electoral Studies N°29 (4): 648-660.
Pino Uribe, Juan Federico (2013) “Régimen y territorio. Trayectorias de desarrollo del régimen político a nivel subnacional en Colombia 1988-2011”, Documento del Departamento de Ciencia Política. Bogotá: Universidad de los Andes.
Pinzón de Lewin, Patricia (1989) Pueblos, regiones y partidos: la regionalización electoral. Atlas electoral colombiano. Bogotá: Universidad de los Andes.
Pizarro, Eduardo (2008) “Gigantes con pies de barro: los partidos políticos en Colombia”. En Scott Mainwaring, Ana María Bejarano y Eduardo Pizarro (eds): La crisis de la representación democrática en los países andinos. Bogotá: Norma:133-162.
Rodríguez Raga, Juan Carlos (2006) "Voto preferente y cohesión partidista. Entre el voto personal y el voto de partido”. En Gary Hoskin y Miguel García Sánchez (comp.) La reforma de 2003 ¿la salvación de los partidos políticos colombianos?. Bogotá: Universidad de los Andes, Fundación Konrad Adenauer:161-189.
Sartori, Giovanni (1980) Parties and Party Systems. A Framework for Analysis. Nueva York, Cambridge: Cambridge University Press.
Sartori, Giovanni (1986) “The Influence of Electoral Systems: Faulty Laws or Faulty Method?” En Bernard Gofman y Arend Lijphart (eds.) Electoral Laws and Their Political Consequences. Nueva York: Agathon Press:43-68.
ANEXO
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