Verónica Pérez**

Revista Uruguaya de Ciencia Política N°15. 2006. pp. 57-81. ISSN 0797 9789

Resumen: A partir del supuesto teórico de que la cultura importa, el artículo explora el comportamiento de algunas de las hipótesis culturales, a nivel de la oferta y la demanda, en tanto explicaciones de la subrepresentación femenina en cargos de decisión política en Uruguay, intentando señalar las precauciones metodológicas que deben tenerse en cuenta cuando se hace un análisis de género. El artículo reposa en un enfoque teórico según el cual las causas primeras de la baja presencia femenina en política responden a factores de naturaleza estructural, para los cuales, sin embargo, cabrían en el corto plazo “soluciones” políticas.

 
Palabras clave: Cultura – Política - Mujeres

 
Abstract: Based on the theoretical assumption which culture matters, the article explores the behavior of some cultural hypothesis, at the supply and demand level, as explanations of women sub representation in public office in Uruguay, attempting to point out the methodological precautions which have to be taken into consideration when gender analysis is performed. The article lies on the theoretical approach according to which the main causes of the low feminine presence in politics answers to factors of structural nature for which, however, there would be –in the short term- political `solutions´.

Introducción

 
Históricamente Uruguay se ha caracterizado por ser un país relativamente igualitario. Sin embargo, a comienzos del siglo XXI un desbalance sigue sin resolverse: las mujeres en cargos de decisión política electivos  (y designados) son (y fueron) muy pocas en comparación con otros países de América Latina y del mundo.

 
En el Parlamento conformado luego de las elecciones de 2004 las mujeres representan el 11.1% del total de los miembros de la Cámara de Representantes y el 9.7% de la Cámara de Senadores. Esto significa, sino un retroceso, por lo menos una fase de meseta o estancamiento en el proceso de crecimiento “natural” de mujeres en ese órgano desde 1985 a la fecha. Según datos de la Unión Interparlamentaria Mundial (2006), con estos porcentajes, Uruguay no sólo se ubica por debajo del promedio mundial de mujeres en los parlamentos (16.8% en cámaras bajas o únicas) sino también por debajo de la mayoría de los países del continente: tomando como referencia las cámaras bajas, de 19 países latinoamericanos, Uruguay ocupa el lugar 15, en tanto tres de ellos (Cuba, Costa Rica y Argentina) se encuentran entre los primeros 10 lugares del ranking mundial

[1].

Por otro lado, la presencia de mujeres ha sido casi nula a nivel ejecutivo: ninguna mujer ocupó la titularidad en cargos electivos y, en 20 años de gobiernos colorados y blancos (1985-2005) sólo hubo dos ministras[2]

La literatura especializada menciona tres grandes grupos de factores explicativos de la baja presencia femenina en cargos de decisión política: los socio-estructurales, los institucionales y los culturales (Inglehart y Norris 2003; Norris 1997a, 1997b, y 2004).  No obstante, los últimos trabajos sobre la teoría de la modernización cultural (Inglehart, Norris y Welzel, 2002; Inglehart y Norris, 2000 y 2003) muestran empíricamente que la cultura es un factor de gran peso cuando se quiere explicar el acceso de mujeres a cargos de decisión política. Actitudes tradicionales son comúnmente señaladas como una de las principales barreras en el acceso de las mujeres a cargos de representación política. Dado que los valores predominantes en cada sociedad determinan los derechos, recompensas y poderes para hombres y mujeres en las distintas esferas, entre ellas la esfera pública, las explicaciones desde el lado de la cultura sostienen que en donde prevalecen actitudes tradicionales, las mujeres no sólo están limitadas por la sociedad, en cuanto a las oportunidades que persiguen, sino también por ellas mismas. El dominio de tales actitudes puede influir directamente sobre la preparación y decisión de las mujeres a presentarse como candidatas (explicaciones desde la oferta), así como sobre los criterios utilizados por los seleccionadores de candidatos de los partidos, los medios de comunicación y hasta el propio electorado al momento de evaluar un candidato (explicaciones desde la demanda) (Inglehart, Norris y Welzel 2002:3-4). 

Sin desconocer la multicausalidad y complejidad que todo fenómeno social implica, este trabajo intentará abordar el tercer conjunto de factores intentando verificar la validez de algunas de las hipótesis culturales para el caso uruguayo.

  
1. Factores relativos a la oferta

  
¿Son las mujeres más apolíticas que los hombres?

 
Como forma de evaluar las diferencias en las actitudes y comportamientos políticos que puedan estar afectadas por la variable sexo y, sus implicancias sobre la participación igualitaria de hombres y mujeres en política, se seleccionaron tres variables del Latinobarómetro (microdatos Uruguay 1996) que pueden considerarse indicadores de cercanía de las personas a cuestiones políticas: “interés en la política”, “sigue las noticias políticas” y “habla de política con amigos” [3] (ver tabla 1).

  
Como se observa en la tabla 1 hay diferencias significativas entre muges y hombres en las tres variables. Los hombres están más interesados en política, dicen seguir más las noticias políticas y hablan de política con amigos con mayor frecuencia[4]. Pero, ¿debería inferirse a partir de estos datos que ser hombre implica un mayor involucramiento con la política, y como consecuencia tener una tendencia mayor a la participación activa en los asuntos públicos? ¿Es el sexo la variable más importante a considerar cuando se trata de establecer la cercanía de una persona con la  política?

 Una variable que la teoría considera relevante al evaluar la posibilidad que tienen las personas de interesarse y participar activamente en los asuntos públicos, es el nivel educativo y en particular, el tener estudios terciarios. Se dice que la educación motiva a las personas a presentarse como candidatas, ya que los ciudadanos educados son más propensos a seguir las noticias en los medios de comunicación, a adquirir información sobre el gobierno y a sentirse políticamente eficaces (Johnson 2001: 81).

 
La tabla 2 muestra la relación entre las tres anteriores variables y el nivel educativo[5]. Como puede observarse, las diferencias entre hombres y mujeres se diluyen en la franja de personas más educadas, por lo que la relación carece de significación estadística[6].

Estos datos indican que el nivel educativo es más importante que el sexo a la hora de explicar el grado de involucramiento de las personas con la política[7]. En otras palabras, ser hombre o ser mujer no es indistinto cuando tratamos de explicar la cercanía de las personas a los asuntos políticos –lo cual probablemente este relacionado con pautas de socialización diferenciales-. Sin embargo, entre el sexo y el nivel educativo, la variable que más pesa al explicar la cercanía a la política es la segunda y no la primera. Más aún, en la franja de población más proclive a actuar en política (la más educada) las diferencias entre hombres y mujeres son casi inexistentes.

 
Pero, una vez aquí, no debe perderse de vista que personas igualmente interesadas en política pueden mostrar desigual disposición para presentarse como candidatos/as. Sobre esto, suele decirse, que las mujeres son menos ambiciosas como resultado lógico de un proceso de socialización en el que la ambición aparece como un rasgo positivo para los hombres y negativo para las mujeres. Además, la aceptación social de las mujeres está menos relacionada con el éxito profesional y político que en el caso de los hombres (Uriarte, 1997:68). Por lo tanto, si bien a nivel general, se puede afirmar que a mayor interés por la política y mayor exposición a los temas políticos, mayores son las probabilidades de que una persona milite políticamente y se presente como candidata, esto puede no ser necesariamente así cuando se considera un clivaje de género. A igual interés en política que los hombres, las mujeres podrían rechazar la posibilidad de la candidatura si considerasen que los costos de una carrera política son más altos que los beneficios. En esto también es necesario tener en cuenta factores colaterales como el tiempo disponible para la militancia política, factor que debe ser especialmente tenido en cuenta en el caso de las mujeres.

 
Consecuencias de la distribución de tareas en la esfera privada sobre la composición de la esfera pública.

 
El tiempo disponible es un aspecto relevante al momento de analizar la cantidad de mujeres en política porque si bien no influye directamente, sí opera de manera indirecta. Este aspecto, se relaciona con quiénes se encargan de la realización de las tareas domésticas. Es decir, si son las mujeres las principales encargadas de esas actividades -además del tiempo que les insuma el trabajo remunerado- entonces el tiempo disponible para el activismo será menor. Y, dado que la carrera hacia un cargo político implica no sólo poseer determinadas cualidades, sino también invertir gran cantidad de tiempo en las actividades del partido, es razonable concluir que las mujeres podrían hallarse en desventaja en este aspecto.

Algunos datos recientes ilustran este punto para el caso uruguayo. Por ejemplo, en el año 2001, una encuesta realizada a mujeres residentes en Montevideo y el Área Metropolitana, mostró que el peso de las tareas familiares recaía mayormente sobre ellas (ver tabla 3)[8].

La encuesta también permite observar que son las hijas en mayor medida que los hijos las que se encargan del cumplimiento de las responsabilidades domésticas, lo que indica que, desde este punto de vista, los roles de género parecen reproducirse. 

Es importante observar, además, que cuando se controla esta información por condición de actividad económica, la realización de las tareas domésticas sigue estando mayormente a cargo de las mujeres (ver tabla 4).

2. Factores relativos a la demanda

Hasta el momento la atención se centró en los factores que influyen sobre la oferta; debe ahora darse un vistazo al otro lado de la balanza: ¿son las mujeres requeridas en la actividad política?

El electorado

¿Cómo se puede identificar, a nivel del electorado, actitudes que puedan estar dificultando o favoreciendo el ingreso de mujeres a la política? Las encuestas son una forma idónea para la medición de actitudes, sin embargo, cuando el investigador se enfrenta a este tipo de datos, se presentan por lo menos dos dificultades: la primera, es inherente al objeto de estudio y refiere a la dificultad que muchas veces plantean las encuestas para medir temas polémicos como el que nos convoca. La segunda es de tipo práctico y se relaciona con la dificultad para encontrar datos a nivel comparado que incluyan a Uruguay.

Trabajos anteriores han utilizado algunas encuestas para afirmar que los uruguayos tienen discursos igualitarios hacia la presencia femenina en cargos de decisión política[9]. Sin embargo, los datos en los que se basaron, presentaban algunos problemas que ponen en entredicho esa afirmación. Una de las encuestas que se citaba, fue publicada por la consultora Cifra en agosto de 1999; allí se preguntaba: “Actualmente hay muy pocas mujeres en el Parlamento y otros cargos públicos. ¿Usted piensa que sería mejor que hubiera más mujeres en política?”. Una amplia mayoría (el 70%) decía que “sería mejor que hubiera más mujeres”.

¿Qué nos dicen estos datos sobre el fenómeno que se quiere medir? Uno de los dilemas de la corriente positivista, en la que se apoya la investigación por encuesta, consiste en saber si se ha medido lo que realmente se quería medir, o dicho de otra manera, quién investiga mediante encuestas se pregunta si las respuestas del entrevistado reflejan la “realidad”. Este problema se revela con mayor fuerza cuando lo que está en juego es la manifestación de cierto tipo de actitudes, como por ejemplo la discriminación. Dado que en las democracias modernas, la discriminación es un valor considerado socialmente negativo, es probable que hacia determinadas formulaciones de preguntas muy directas, los entrevistados tiendan a ajustarse a “respuestas socialmente deseables”, produciéndose una especie de autocontrol y por consiguiente reduciéndose considerablemente la expresión de los contenidos discriminatorios realmente existentes. En los hechos, operaría el mecanismo de la “opinión pública como control social”: las personas, temiendo quedar aisladas de las opiniones que consideran predominantes, modifican sus discursos adaptándolos a la “opinión de la mayoría”.

Pero más allá de esto, la pregunta citada también tiene problemas de redacción que pueden sesgar aún más las respuestas de los entrevistados: la expresión “muy pocas” está cargada de contenido valorativo, por lo que es muy posible que esté guiando a los/las entrevistados/as a contestar que “sería mejor que hubiera más mujeres”[10].

 
Aún así, aunque se pudiera afirmar que los uruguayos tienen actitudes relativamente igualitarias hacia la participación de mujeres en política, se plantea el problema de si ese acuerdo está suficientemente extendido en la población. Para tener una opinión al respecto se debe comparar la opinión de los uruguayos con la de otras poblaciones diferentes en el espacio y/o en el tiempo. La tabla 5 muestra la posición de Uruguay respecto al resto de los países de América Latina en una pregunta de la Encuesta Mundial de Valores que busca medir actitudes hacia la presencia de mujeres en política. Como se observa en la tabla, la población uruguaya es menos igualitaria que las poblaciones de Perú, Puerto Rico y Colombia.

El sistema político

 
Los partidos son considerados muchas veces unos de los principales filtros al ingreso de mujeres en la esfera pública. La literatura señala que, en ocasiones, los “seleccionadores” presentan actitudes conservadoras cuando evalúan a un candidato/a. Dado que los que seleccionan candidatos buscarán individuos que maximicen la posibilidad de ganar y, dado que muchas veces estas personas tienen información limitada sobre las preferencias del electorado, es probable que prefieran personas con características similares a los que fueron candidatos exitosos en el pasado, es decir, hombres, de edad mediana, del grupo étnico mayoritario y preferentemente profesionales. Por lo tanto, si los seleccionadores piensan que las mujeres atraen menos votos, más allá de que eso sea o no cierto, tenderán a apartarlas de las candidaturas (Norris, 2004).

Las barreras a nivel del sistema político se intentarán rastrear de tres formas: a partir de los esfuerzos hechos en pos de la adopción de normas para asegurar la igualdad política de hombres y mujeres, determinando los lugares que han ocupado las candidatas en las hojas de votación de los partidos y, explorando concepciones sobre la igualdad de género en parte del elenco político.

   Normas para asegurar la igualdad en la participación política de hombres y mujeres.

 
Aunque Uruguay fue uno de los primeros países de América Latina en garantizar la ciudadanía política a las mujeres, actualmente presenta un rezago en relación con la adopción de medidas de segunda generación, capaces de asegurar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en política.

 
El proceso que llevó a la extensión del sufragio femenino en Uruguay ocupó las primeras tres décadas del siglo XX y estuvo pautado por idas y vueltas y hasta algunas contradicciones, en las que influyeron tanto factores relacionados con la ideología reformista batllista como otros vinculados con oportunidades políticas. Luego de algunos intentos legales y constitucionales en las primeras dos décadas del siglo XX, la ley que habilitó el sufragio femenino se aprobó el 16 de diciembre de 1932. Con esto, Uruguay fue el primer país de América Latina que consagró la ciudadanía política para las mujeres sin ningún tipo de limitaciones[11].

Las mujeres uruguayas votaron por primera vez en 1938 y en 1942 aparecen las primeras legisladoras. Pero, pese a los auspiciosos primeros pasos, la participación femenina en cargos de decisión política fue escasa a lo largo del siglo XX.  Hasta el gobierno que antecedió a la dictadura, las mujeres en la Cámara de Representantes (CRR) –computando las titulares y las suplentes- nunca alcanzaron a representar el 4% de los miembros actuantes (Sapriza y Villamil 1984:71). En el primer gobierno posdictadura no hubo mujeres parlamentarias titulares, aunque a partir de 1989 comenzó un proceso de  crecimiento que se vio frenado, sin embargo, con las elecciones de 2004, cuando fueron electas 14 mujeres titulares entre las dos cámaras, una menos que en el período anterior (ver gráfico).

Gráfico 1

Las cuotas son uno de los mecanismos de acción positiva más usuales y conocidos para incrementar la representación de un grupo sub-representado en un período de tiempo relativamente corto. Estas cuotas establecen niveles máximos o mínimos de representación por grupo. Desde el punto de vista filosófico, medidas de este tipo suponen el pasaje del concepto de igualdad de oportunidades al de igualdad de resultados. Se entiende que la existencia de derechos formales –en este caso los inherentes a la ciudadanía política- no aseguran que las mujeres obtengan una cuota de influencia política. Este argumento se basa en la experiencia de que la igualdad es una meta que no puede alcanzarse mediante un tratamiento equitativo formal, pues si las barreras existen, es necesario introducir medidas de compensación para lograr la igualdad de resultados (Dahlerup: 2003, 162-163). No obstante  la efectividad de la cuota depende de una multiplicidad de factores: las características del sistema electoral (el tamaño de las circunscripciones y el tipo de listas), el  nivel que establece la cuota (porcentaje mínimo, establecido en la norma, de presencia de un sexo en las listas), los incentivos para su aplicación (la previsión de sanciones legales en caso de incumplimiento de la norma) así como la voluntad de los partidos y sus líderes para hacer cumplir los estatutos en el caso de que las cuotas se fijen en forma voluntaria (Norris 2004: cap. 8, 7).

 Más allá de los impactos cuantitativos, la adopción de este mecanismo genera sobre todo impactos a nivel simbólico. Representa un compromiso –que supera las acciones discursivas- con la necesidad de tomar medidas concretas a favor de la equidad de género en política. Y aunque ese compromiso puede considerarse más fuerte si el mecanismo se adopta en forma voluntaria por las estructuras partidarias –pues reflejaría la voluntad de los dirigentes varones de tomar medidas concretas para incluir a más mujeres en los cargos de poder político- como señalan Moreira y Johnson (2003: 20-21), se acepta que en los países democráticos las leyes que se aprueban reflejan algún grado de consenso político, y por ende social, sobre los temas tratados.

 
En América Latina, Argentina fue el primer país en establecer la cuotificación en forma legal en el año 1991. La llamada “Ley de Cupos” dispuso la obligatoriedad de que las listas partidarias a nivel nacional presentaran un mínimo de 30% de mujeres. Esta disposición adquirió rango constitucional en 1994. A este país siguió el establecimiento de cuotas legales, que oscilan entre el 20% y el 40%, en Costa Rica (1996), Ecuador, Perú, República Dominicana, Bolivia, Panamá, Paraguay y Brasil (1997) y México (2002). Pero además, en muchos de estos países los partidos con mayor caudal electoral han establecido en forma voluntaria este mecanismo en sus estatutos. Es el caso del Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical en Argentina, del Partido de Liberación Nacional y el Partido de Unidad Socialcristiana (los dos partidos mayoritarios) en Costa Rica, o el  Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en México[12].

 
En Uruguay, solo un sector del FA (el Partido Socialista) incluyó la cuota en sus estatutos en 1993. Esto no fue imitado, sin embargo, por el resto de los sectores de la izquierda y tampoco por los partidos tradicionales.

  ]]> A nivel nacional, un proyecto de ley que establecía el principio de cuotificación fue tratado por la Cámara de Representantes e 2003[13]. La iniciativa establecía que toda lista de candidatos que se presentara a las elecciones nacionales, departamentales o a las convenciones partidarias no podría contener más de dos tercios de integrantes del mismo sexo. Pero en el momento de la votación en particular, los artículos que establecían el principio de cuotificación no obtuvieron los votos necesarios para su aprobación. El único artículo que fue aprobado y pasó al Senado decía:

 
“Declárese de interés general la participación equitativa de ambos sexos en los órganos de dirección permanente de los partidos políticos”.

Este artículo puede incluirse dentro de las estrategias discursivas; en los hechos no modifica la situación actual pues no establece ninguna medida concreta en el sentido de la declaración.

Mujeres en la oferta electoral

Otro indicador de las barreras que pueden existir dentro de los partidos al ingreso de mujeres, está dado por los lugares que mujeres y hombres ocupan en las hojas de votación -aunque no debe perderse de vista que esto también está relacionado con los factores que influyen sobre la oferta que fueron examinados antes-.

 
Ahora bien ¿cómo evaluar el lugar de las candidatas en las listas? Es necesario tener en cuenta que el lugar de una persona en la oferta electoral no es necesariamente bueno o malo en sí, sino que está relacionado directamente con las características del sistema electoral y del sistema de partidos, factores que deben tenerse en cuenta en el momento del análisis.

  ]]> En Uruguay, los escaños se asignan mediante representación proporcional. La Cámara de Senadores se elige en una única circunscripción nacional de 30 miembros y la Cámara de Representantes -pese a que los cálculos finales se hacen sobre el total nacional- se elige en 19 circunscripciones plurinominales de tamaño variable de acuerdo al tamaño de la población, no pudiéndose elegir menos de dos representantes por circunscripción. Dada la concentración de la población al sur del país, la única circunscripción grande en la Cámara de Representantes es Montevideo (44 y 42 escaños en 1999 y 2004 respectivamente). Canelones es una circunscripción mediana (14 escaños en 1999 y 2004) mientras el resto son pequeñas, eligiéndose entre dos a cuatro bancas[14] [15]. Por otro lado, desde 1985 hasta 1999, en Uruguay se consolidó un sistema de tres partidos: el FA, a la izquierda y centro-izquierda del espectro político, registró históricamente su mayor votación en la capital del país y zonas urbanas adyacentes; los partidos tradicionales (el PC y el PN) al centro-derecha y derecha, con sus votantes más concentrados en el interior del país (sobre todo el PN); y algún cuarto partido más pequeño, con perfil de centro o centro izquierda, que obtuvo siempre menos del 10% de los votos. Este panorama cambió en 2004 dado el brusco descenso de la votación del PC, configurándose nuevamente un sistema de dos partidos efectivos. 

 
Dadas estas características, en las circunscripciones donde se reparten dos y tres escaños es prácticamente imposible que un solo partido gane todos, incluso en 1994 y 1999 era difícil que un partido pudiera obtener más de uno. Pero además, la posibilidad que tienen los partidos de presentar múltiples hojas de candidatos/as que compiten entre sí por la banca al interior del lema, hace que, para resultar electo/a en una circunscripción pequeña, sea necesario encabezar una hoja de votación con peso electoral, y para ser electo/a en una circunscripción mediana o grande se debe ocupar necesariamente los primeros lugares. Es decir, en las circunscripciones pequeñas, la competencia se vuelve de tipo mayoritaria uninominal al interior del lema. Entonces, al analizar la presencia de las mujeres en la oferta electoral en circunscripciones pequeñas, sólo importa mirar quién ocupa el primer lugar, pues las demás ubicaciones serán irrelevantes.

 
La literatura en el tema cometa, que cuando la competencia es uninominal, las oportunidades de las mujeres de ser candidatas con posibilidades reales de ser electas disminuyen: los dirigentes partidarios podrían considerar que mujeres encabezando listas son “un mayor riesgo” y por lo tanto preferir a hombres (Norris, 2004). Por otro lado, las estructuras partidarias, compuestas principalmente por hombres, pueden considerar que quienes tienen derecho a “estar primeros” son quienes llegaron primero, y puesto que la política ha sido tradicionalmente terreno masculino, los lugares sobresalientes de las listas podrían reservarse para los hombres.

 
Como se observa en la tabla 6, en circunscripciones pequeñas, las mujeres que ocupaban el primer lugar en las hojas de votación eran pocas en relación a la oferta total de candidatos/as en esa posición: el 7% y el 9% en 1999 y 2004 respectivamente en los partidos con posibilidades de ganar escaños en esas circunscripciones[16].

En 1999 el Frente Amplio fue quien presentó en circunscripciones pequeñas mayor porcentaje de hojas de votación con mujeres en el primer lugar de la lista a Diputados. Sin embargo ninguna de ellas fue electa (la izquierda no tuvo representantes mujeres por el interior del país hasta 2004) hecho que contrasta con la situación de los partidos tradicionales: tres de las cuatro listas encabezadas por mujeres en el Partido Colorado resultaron ganadoras y en el Partido Nacional una de las tres listas en igual condición obtuvo la banca. Esto sugiere que las candidatas cabeza de listas del Frente Amplio se encontraban, en mayor medida que sus pares de los otros dos partidos, en hojas de votación de escaso peso electoral en las circunscripciones donde el Frente Amplio ganó escaños.

 
Otro factor explicativo podría estar en la lógica que han adquirido los escenarios competitivos para los partidos y las listas de candidatos en dichas circunscripciones. En tanto la izquierda registró históricamente sus menores porcentajes de votación en esos distritos, la dirigencia del Frente Amplio –de acuerdo con lo planteado más arriba- podría considerar que mujeres encabezando listas son un mayor riesgo cuando hay posibilidades de disputar un escaño a los partidos tradicionales. De hecho, en las elecciones de 2004, cuando la izquierda avizoraba su consolidación como primer partido y consolidaba su crecimiento en el interior del país, por primera vez, varias mujeres encabezaron hojas de votación ganadoras. Más aún, dos de ellas pertenecían a la fracción más votada en esta última elección, el Movimiento de Participación Popular. Éste fue a su vez, el sector de la izquierda que presentó más listas encabezadas por mujeres en circunscripciones chicas (cinco en total). Pero debe tenerse en cuenta también el caso del PC en 2004, pues fue el partido que presentó mayor porcentaje de hojas encabezadas por mujeres a pesar de esperar una abrupta caída en su votación. ¿Cómo se explica esto? Se podría hipotetizar que las posibilidades de las mujeres de ser candidatas en lugares relevantes están directamente relacionadas con la capacidad competitiva de un partido. Es decir, cuando la competitividad es baja (un partido o sector espera obtener un número alto de los cargos, o es chico y no espera obtener representación) las posibilidades de las mujeres de ser candidatas en lugares sobresalientes tenderían a aumentar, lo contrario sucedería cuando la competitividad es alta.

 
En las circunscripciones de mayor magnitud, para dar cuenta de la posición de las mujeres en oferta electoral se utilizaran dos indicadores: el porcentaje de mujeres en los primeros lugares, como forma de descripción general, y el lugar relativo específico que atiende al lugar en la oferta y al peso electoral de la lista.

 
En Canelones, por tratarse de una circunscripción mediana, se consideraron los primeros cuatro lugares[17]. Como se observa en la tabla 7, tanto en 1999 como en 2004 la izquierda fue el segundo partido con mayor porcentaje de candidatas en estos lugares (por detrás del NE en 1999 y del PC en 2004).

Si los 4 primeros lugares de la lista se clasifican en “lugares ganadores” (la banca está asegurada), “lugares disputados” (existe alguna chance de ganar) y “lugares de relleno” (no hay chance obtener la banca)[18], encontramos que las candidatas del Frente Amplio nunca estuvieron en lugares ganadores, sino que ocuparon posiciones que podían considerarse disputadas o de relleno[19]. En los partidos tradicionales, en 1999 las mujeres ocupaban lugares ganadores[20] pero en 2004 su situación había empeorado, pues la candidata nacionalista ocupó un lugar disputado (y no fue electa)[21] en tanto la colorada estaba en una posición de relleno[22]. 

  
Si la atención se detiene en los lugares específicos, se constata que las ubicaciones de las candidatas del Frente Amplio eran, en general, mejores que las de sus pares de los partidos tradicionales. En 1999 el 33% de los lugares que ocuparon las candidatas de la izquierda eran ganadores, el 17% eran disputados y el 50% de relleno. En el Partido Nacional sólo una de las candidatas estaba en un lugar disputado y las demás en lugares de relleno, en tanto en el Partido Colorado una de las candidatas ocupaba un lugar ganador y la otra uno disputado. En 2004, el 25% de los lugares ocupados por las candidatas de izquierda eran ganadores, el 12.5% eran disputados y el 62.5% eran de relleno. En el Partido Nacional sólo el 10% de los lugares que ocuparon las mujeres eran ganadores, en tanto el resto eran de relleno, así como también lo eran todos los lugares que ocuparon las candidatas del Partido Colorado y del Partido Independiente.    

 
Para finalizar, en la Cámara de Senadores es donde las diferencias entre la izquierda y los partidos tradicionales se hacen más visibles. Exceptuando al NE en 1999, el Frente Amplio fue el partido que presentó mayor porcentaje de mujeres en el total de sus hojas ganadoras tanto en 1999 como en 2004.

Tabla 9

 
Estas diferencias de los partidos, en la posición de las mujeres en la oferta electoral a este órgano, son relevantes dado el valor simbólico que tiene ser miembro de la cámara alta. Pese a que ambas cámaras tienen jurídicamente casi las mismas atribuciones (las dos tienen iguales funciones en el proceso de elaboración de las leyes y los integrantes de ambas cámaras gozan de exactamente los mismos fueros), integrar la Cámara de Senadores, ha tenido tradicionalmente más prestigio para la carrera política de un individuo, que ser diputado, además que, por lo general, primero se accede a ese cargo y luego se aspira a ascender al Senado. Por lo tanto, ingresar a la Cámara de Senadores puede tener más filtros y esto puede, a su vez, ser desventajoso para los nuevos grupos que tratan de hacerse un lugar en la política, en este caso las mujeres. En este aspecto el FA aparece como el partido más permeable a la actuación femenina pues además de lo ya dicho, es el partido que mayor presencia femenina ha tenido en esta cámara: desde 1994 tuvo senadoras electas como titulares de manera ininterrumpida, mientras que el PC no tuvo ninguna, y el PN sólo una en la legislatura 2000-2005 y ninguna para la legislatura actual (2005-2010) pese al importante incremento en su votación en las últimas elecciones. Además, en el PC ninguna de las diputadas reelectas ha integrado las listas del partido en lugares con chances ganadoras ni tampoco como suplentes en lugares relevantes.

Visiones sobre la igualdad entre hombres y mujeres en el elenco político.

¿Cómo identificar en la élite política actitudes explícitas –más allá de los indicios que el análisis anterior pueda proveer- que puedan estar influyendo sobre el ingreso de mujeres a cargos de decisión política? Una forma idónea es a través de encuestas que busquen medir actitudes de este tipo[23]. No obstante, algunos autores critican la validez de este tipo de medición aduciendo razones como las planteadas arriba: difícilmente las personas que discriminan lo reconozcan en un cuestionario. Incluso las preguntas indirectas pueden tener poca efectividad cuando se plantean a personas con formación y experiencia política (Uriarte 1997: 64). Sin embargo, un cuestionario cuidadosamente pensado puede ser un instrumento de gran utilidad, pudiendo incluso triangularse con otro tipo de estrategia metodológica de manera de contextualizar y controlar las respuestas a la encuesta. En tanto esto supera los límites de este trabajo, esta última sección estará dedicada a la exploración, entre los representantes de los partidos en el parlamento, de concepciones que revelen la sujeción a valores más tradicionales o más modernos en materia de relaciones de género.

Sin embargo, como ya se dijo, este análisis tuvo carácter exploratorio. No buscó cuantificar, en tanto el muestreo es intencional, es decir, se utilizan las expresiones que son relevantes para la investigación en el sentido de relevar las distintas concepciones que eventualmente podrían estar configurando un “ambiente” más o menos favorable a la actuación de las mujeres en política. Por otro lado, el análisis estuvo restringido a los temas que fueron tratados por las cámaras y en este sentido no fue posible la introducción de ningún tipo de estímulo. Por último, si bien los parlamentarios/as no son representativos del conjunto de la dirigencia partidaria y, algunos de los líderes principales de los partidos no están presentes en el Parlamento, sí lo están los líderes de las fracciones y muchos de los mandos medios con peso dentro de la estructuras partidarias que pueden llegar a tener influencia decisiva en la conformación de las candidaturas.

Luego de una selección inicial, se utilizaron los debates correspondientes a los proyectos de ley de “Reproducción humana asistida” (RA)[24], “Salud Reproductiva” (SR)[25], “Normas para la promoción de la lactancia materna” (LM)[26] y “Participación política, normas relativas a la igualdad de ambos sexos”(PP)[27]. Las expresiones encontradas en el debate se clasificaron de modo de identificar roles asignados a hombres y mujeres en las distintas esferas de la sociedad; concepciones de tipos de familia; importancia asignada a la participación igualitaria de hombres y mujeres en política, y conveniencia de la adopción de medidas tendientes a asegurar la igualdad entre ambos sexos en cargos de poder político.

Como conclusión general es posible afirmar, que son mayormente los/as parlamentarios/as de izquierda quienes muestran valores más modernos, y en forma contraria, lo/as representantes de los partidos tradicionales los que expresan visiones más conservadoras. Así por ejemplo, sobre la asignación de roles, en las intervenciones de los/as representantes del Partido Colorado y Partido Nacional, la imagen femenina aparecía asociada mayormente a la reproducción biológica y social, resaltándose la labor fundamental de las mujeres como cuidadoras y educadoras:

“La misión fundamental de la mujer es la maternidad. Hagámosla responsable a través de la educación y la información”. (Diputado Vener Carboni, Partido Colorado; S.R. 26/11/02)

Es decir, según este último legislador, las mujeres no pueden tener hijos más allá de cierta edad porque en definitiva son ellas las encargadas de cuidarlos y educarlos, y cómo van a poder hacer esto si son viejas. La tradicional división sexual del trabajo, según la cual la mujer es la encargada de las tareas relativas al cuidado, y el hombre el encargado de la producción material de bienes, aparece incuestionada en tanto es aceptada como natural. 

Los parlamentarios de los partidos tradicionales también expresaron concepciones tendientes favorecer modelos tradicionales de familia frente a arreglos alternativos:

“No comparto la posibilidad de que, si mañana se legislara sobre el alquiler de vientres, pueda un hombre alquilarlo y ser padre. (...) No estoy de acuerdo con que la sociedad se organice sobre esas bases. (...) A la familia (...) hay que auspiciarla. A veces el destino hace que la familia quede guacha, pero no me parece razonable usar métodos legales o artificiales para promover familias monoparentales” (Senador Atchugarry, Partido Colorado; R.A 18/6/2002).

 “...tampoco podemos salir a explicar a la opinión pública que el Senado aprobó una ley por la cual es posible que un integrante de una pareja lésbica conciba un hijo que será hijo de ambas” (Senador García Costa, Partido Nacional, R.A 18/6/2002).

“Entendemos que el padre debe tener parte en este proceso, tanto el concubino como (...) el que integra una familia legalmente constituida, o sea el marido. Nos resulta chocante que la mujer se maneje sola y que el padre no tenga ni arte ni parte” (Diputado Bergstein, Partido Colorado; S.R. 3/12/02)

“Seguimos pensando en legislar ocupándonos exclusivamente de la mujer. Quiero (...) que esta ley piense primero en el niño (...) porque no son la pareja ni la mujer el punto central, sino que lo que importa es el niño y la familia eventual a la que va ingresar”. (Senador García Costa, Partido Nacional; R.A 18/6/2002)

En contraste con lo anterior, los/as  legisladores/as del Frente Amplio expresaron concepciones más modernas, enfatizando algunas veces valores de libertad y autonomía personal, así como visiones más alejadas de la tradicional división del trabajo en la esfera privada:

 “...En condiciones sociales determinadas la mujer puede verse impulsada (...) a decidir la interrupción de su embarazo, quizás porque no siente que pueda sobreponerse a las circunstancias de la procreación; porque no se siente con seguridades, con fuerzas, con apoyos, con solidaridades sociales; (...) porque no se encuentra en un estado psicológico que la lleve a asumir su maternidad. (...) Por tanto este tema también debe ser enfocado desde el punto de vista de la libertad y de la mujer a decidir” (Diputado Conde, Frente Amplio; S.R. 10/12/02).

En relación a la igualdad en la participación política, si bien ningún legislador dijo, en forma explícita, que las mujeres no debían actuar en política, un diputado del Partido Colorado se sorprendió al darse cuenta que el proyecto de ley que establecía el principio de cuotificación estaba firmado sólo por mujeres, poniendo en duda la capacidad de éstas en tanto sujetos políticos autónomos, capaces de tomar decisiones y hacerlas valer en forma independiente:

“Además, me llama profundamente la atención que este proyecto de ley esté firmado por cinco legisladoras, y sin ningún hombre que las pueda avalar” (Diputado Dicancro, Partido Colorado; P.P, 12/8/03).[28]

Específicamente sobre la cuota, la razón fundamental para el voto negativo entre los representantes de los partidos tradicionales, estuvo en la confianza que éstos depositan en el principio democrático liberal, según el cual, la igualdad política está suficientemente garantizada con el sufragio universal y con la posibilidad, igual para todas las personas, de presentarse como candidatas. En este sentido, la cuota, no es más que una distorsión o una forma de discriminación:

“...no habla bien de la capacidad de la mujer. Sabemos que la mujer no necesita de la cuotificación para llegar... ” (Diputado Hebert Fülgraff, Partido Nacional; P.P. 12/8/03)

Dentro de la izquierda, aunque podría pensarse que existe un ambiente más favorable para la implantación de medidas como ésta –y así fue manifestado por muchos de sus legisladores/as durante el debate- también existieron opiniones en contra. Pero en esta ocasión, más que la confianza en el principio liberal, el argumento se sustentaba en la incapacidad para resolver cualquier tipo de desigualdad si antes no se habían resuelto las desigualdades de clase o de naturaleza socioeconómica:

“...analizamos los problemas de la sociedad que nos rodea, reconociendo la discriminación que se ejerce sobre la mujer, la que más duele, la que nos parece la número uno en una escalera de discriminaciones que hay que ir eliminando y superando en una sociedad organizada y democrática, es la económica. (...) cualquier cosa que hagamos en materia de discriminación, si no hemos eliminado la discriminación económica, probablemente tenga pocos resultados concretos” (Diputada Topolansky, Frente Amplio; P.P 9/7/03).   

Este argumento, se acerca al pensamiento clásico de la izquierda que invocaba que cualquier posibilidad de cambio estaba limitada a las condiciones socioeconómicas más que a las intenciones humanas. Por lo tanto, desde este punto de vista los temas relativos a la opresión sexual dejan de ser interesantes en sí mismos como para ser tratados políticamente.

Conclusiones

Tras el restablecimiento de las democracias en América Latina y su aparente consolidación en la década del 90, el debate académico ya no se centra tanto en si hay o no democracia sino en el tipo de participación que éstas adquieren. El debate traslada su centro  desde la cantidad de democracia a la calidad de la misma. Es evidente que la incorporación de la mitad de la ciudadanía (las mujeres) a cargos de decisión política es un tema vinculado con este último aspecto.

El déficit en la representación femenina en la esfera pública pone de manifiesto un problema específico de la democracia uruguaya frente a otras de América Latina. Pese a la multiplicidad de factores que influyen en este fenómeno, en este trabajo, a partir del supuesto de que la cultura es importante, se exploraron algunas de las hipótesis culturales desde la oferta y desde la demanda.

Sobre las motivaciones de las personas para participar en política se observa que en Uruguay el sexo no es la variable más relevante; otras variables, como el nivel educativo alcanzado tienen una fuerza mayor. Además entre las personas más educadas, que serían las más propensas a actuar políticamente, no se encuentran diferencias significativas entre hombres y mujeres. Sin embargo, esto no significa que exista una igual disposición a presentarse como candidatos. Otros aspectos culturales como la realización de las tareas doméstica actúa como una barrera para el activismo político femenino.

En relación al sistema político, Uruguay presenta un rezago respecto a la tendencia latinoamericana (y mundial) en la adopción de medidas concretas tendientes a lograr el equilibrio entre sexos en la integración de los principales órganos de representación y gobierno. Y aunque la izquierda parece favorecer la actuación política femenina, ello no se vio traducido en el desarrollo de una masa crítica de mujeres parlamentarias, como tampoco en la aplicación extendida de mecanismos específicos de acción afirmativa.

Estos hallazgos y confirmaciones indican que la cultura es importante para explicar la participación política de las mujeres. ¿Podemos entonces esperar un cambio de valores favorable a la inclusión de más mujeres en política? Las teorías de la socialización sugieren que las personas adquieren los valores básicos en las etapas formativas tempranas, los que luego permanecen relativamente fijos durante la vida adulta. En este sentido, los cambios producidos en muchas sociedades a lo largo del siglo XX han afectado las experiencias formativas de las generaciones más jóvenes en formas que difieren de las generaciones mayores. Los roles socialmente asignados se han visto afectados por sucesos como el ingreso masivo de las mujeres a la educación terciaria y al mercado de empleo, así como por los cambios en los comportamientos sexuales, la familia y la entrada de las mujeres en la vida pública. Puede esperarse que todos estos factores afecten los valores sobre el rol femenino (Inglehart y Norris, 2003). Pero es necesario tener en cuenta que el cambio cultural es lento, pues precisa del recambio generacional para producirse. Lo lento que puede llegar a ser este proceso se hizo evidente en Uruguay a partir de la nueva composición que adquirió el Parlamento en febrero de 2005. Por eso, en el corto plazo, sólo la acción política es capaz de modificar la forma de integración de los órganos políticos y, esto será en gran parte posible, cuando las élites políticas reconozcan, que la paridad en la integración de los cuerpos políticos es un valor a promover en la construcción de sociedades más igualitarias.   

  
Bibliografía y otros recursos

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Consultora Cifra: www.cifra.com.uy

Corte Electoral: www.corteelectoral.gub.uy

Encuesta Mundial de Valores: www.worldvaluessurvey

Idea International: www.idea.int.com

Poder Legislativo: www.parlamento.gub.uy

Interparlamentary Union: www.ipu.org

NOTAS

* Licenciada en Ciencia Política, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República.

[5] “Alto” comprende a personas con estudios superiores completos o incompletos.

[10] Una encuesta posterior realizada por la misma consultora en donde se hacía una pregunta más neutra concluyó que un 57% de los encuestados sostenía que “debería haber más mujeres”.

[15] Las circunscripciones a la Cámara de Representantes coinciden con la división territorial del país (departamentos). Las circunscripciones pequeñas (17) coinciden con los departamentos del interior del país, salvo Canelones que es una circunscripción mediana.

[20] En el PN el primer lugar de la lista 400 y en el PC el primer lugar de la lista del Foro Batllista. Ambas obtuvieron dos bancas.

[25] Cámara de Representantes: 13/11/02, 26/11/02, 27/11/02, 03/12/02, 10/12/02. CSS: 13/04/04, 14/04/04, y 04/05/04.

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