Tres leyes innovadoras en Uruguay

Aborto, matrimonio homosexual y regulación de la marihuana

Three innovative laws in Uruguay: abortion, same-sex marriage and marijuana regulation

Felipe Arocena y Sebastián Aguiar

Resumen

Palabras clave: Sociología política / marihuana / aborto / matrimonio igualitario / movimientos sociales.

Abstract

Uruguay shocked the world in 2013 with three laws passed in just over a year: same-sex marriage, decriminalization of abortion, and regulation of marijuana. In this work we will develop the content of these proposals, and explore some of the major causes related with their approval at this historical moment of the country. Finally the article discusses the virtues and problems of the respective implementations.

Keywords: Political sociology / marijuana / abortion / egalitarian marriage / social movements.

Felipe Arocena: Doctor en Sociología, investigador y docente titular del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República, Uruguay.

E-mail: felipe.arocena@cienciassociales.edu.uy

Sebastián Aguiar: Doctor en Sociología, investigador y docente adjunto del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República, Uruguay.

Recibido: 5 de julio de 2016.
Aprobado: 14 de setiembre de 2016.

Introducción

Durante 2013, Uruguay estuvo en la portada de todos los grandes periódicos del mundo occidental: el New York Times, The Guardian, Le Monde, El País, Il Corriere de la Sera, Globo, etcétera. En gran medida, esa trascendencia se sostuvo en la figura del entonces presidente José Mujica, exguerrillero, austero, floricultor, más filósofo que estadista. Pero también se explicaba porque en un período corto se adoptaron en el país un conjunto de decisiones sorprendentes: la interrupción voluntaria del embarazo, el matrimonio igualitario y la regulación de la marihuana por parte del Estado. Estas tres leyes han ubicado al país a la vanguardia en materia de una nueva agenda progresista o liberal[1].

Según el artículo primero de la Ley n.º 19.075 de matrimonio igualitario, ahora, en este país: “… el matrimonio civil es la unión permanente, con arreglo a la ley, de dos personas de distinto o igual sexo”. En agosto de 2013, conforme a esta nueva norma, se realizó el primer casamiento entre dos hombres, al que siguieron otros, tanto entre hombres como entre mujeres. Además de Uruguay, hay otros dos países sudamericanos con esta legislación: Brasil y Argentina, y solamente otros doce Estados en el mundo aceptan oficialmente el matrimonio gay: Suecia, Noruega, Francia, España, Islandia, Bélgica, Luxemburgo, Holanda, Dinamarca, Portugal, Canadá y Sudáfrica; en México, Estados Unidos de América y el Reino Unido, este derecho existe en algunos territorios, y en Colombia el Poder Judicial ha habilitado matrimonios civiles de personas del mismo sexo desde 2013. Si aceptamos, según la calificación de José Guilherme Merquior (1993), que América Latina es el otro occidente, parece que el matrimonio homosexual hasta ahora es una cuestión casi exclusivamente occidental.

A finales de 2012, Uruguay también aprobó la Ley n.º 19.807 de interrupción voluntaria del embarazo, en cuyo artículo segundo dice: “… la interrupción voluntaria del embarazo no será penalizada […] durante las primeras doce semanas de gravidez”. En este caso, también es uno de los pocos países de Latinoamérica en haber reconocido el derecho de las mujeres a abortar (junto a Cuba, Guyana, Puerto Rico, además de Ciudad de México). En Ecuador, el presidente Rafael Correa se ha manifestado radicalmente en contra de esta posibilidad. Chile es uno de los países más restrictivos, prohíbe el aborto en todos los casos, incluso aunque sea un embarazo por violación o con riesgo de vida; sin embargo, recientemente, la presidenta Michelle Bachelet expresó públicamente que se debería dar un nuevo debate en torno al tema, y en 2016 la Cámara de Diputados elevó al Senado un proyecto que habilita tres causales. En otros países de la región, la interrupción del embarazo se permite en ciertas condiciones, como cuando hay riesgo de vida de la madre, cuando hubo violación o ante malformaciones muy severas.

El proyecto de ley de regulación de la marihuana (Ley n.º 19.172) se aprobó el 10 de diciembre de 2013, y según este: “… el Estado asumirá el control y la regulación de las actividades de importación, exportación, plantación, cultivo, cosecha, producción, adquisición, almacenamiento, comercialización y distribución de cannabis y sus derivados”. Se admiten también los clubes de cultivadores de marihuana y el cultivo doméstico. Es una propuesta sin precedentes en el ámbito internacional. Si bien en varios países europeos el autocultivo está descriminalizado, en Holanda está permitido el suministro en “coffee - shops” y, en algunas regiones, se habilitan clubes de membresía para obtener marihuana, y en varios países existe venta con fines medicinales, la medida uruguaya, por su integralidad, se relaciona más con el modo en el cual se implementó la regulación del mercado con fines recreativos en Colorado y Washington (Estados Unidos), en tanto implica también una estrategia de comercialización a la que agrega supervisión estatal, el autocultivo y los clubes. No obstante, ningún otro país en el mundo le ha otorgado al Estado el control público de la producción, distribución y venta de marihuana.

En la región, la regulación de la marihuana distaba de encontrarse en la agenda. El antecedente más visible ha sido la iniciativa de expresidentes de Brasil, Colombia y México, quienes lideran una Comisión Global para el cambio en políticas de drogas, con apoyo de algunas reconocidas figuras de la cultura. También el informe de la oea de 2013: El problema de las drogas en las Américas, que habilita la consideración de escenarios alternativos a la prohibición, significó una inflexión continental.

La aprobación de la regulación en Uruguay ha catalizado la discusión en los países del subcontinente, que son los más afectados en el ámbito social por la guerra contra las drogas. Varios mandatarios han expresado que seguirán la evolución de la propuesta uruguaya, y algunos parlamentarios reivindican alternativas similares. De cualquier modo, el efecto más tangible ha sido la multiplicación de la resonancia de la demanda desde la sociedad civil: en los meses de mayo de 2014 y 2015, más de cien mil personas se concentraron en la capital argentina para reivindicar la legalización, y varias manifestaciones del nuevo movimiento social brasilero han incluido esta demanda, que también se ha fortalecido en Colombia y México, donde se avanza por vía judicial hacia alternativas más flexibles.

La aprobación en el país de las tres medidas, casi en simultáneo, nos ofrece la oportunidad para reflexionar sobre las implicancias de esa agenda, los procesos que se transitaron y las causas de esas medidas. En lo que sigue, en primer término, se presentan los procesos políticos de discusión y debate social y, en segundo lugar, se desarrollan algunas interpretaciones que, creemos, permiten comprender mejor la situación.

Los argumentos y el proceso de aprobación de las leyes

En esta sección se analizará, resumidamente, para cada una de las tres leyes, cuáles fueron los procesos recorridos para llegar a su aprobación. En los tres casos, es importante entender este trayecto, porque mostrará que las legislaciones respectivas no fueron apenas iniciativas de los parlamentarios y que, incluso entre ellos, hubo dudas, discrepancias y arduas negociaciones.

      Interrupción voluntaria del embarazo

La demanda por el derecho al aborto posiblemente sea, entre las que estamos considerando, la que tiene una trayectoria más abultada a escala nacional e internacional. Ya en la década de 1930, por ejemplo, un fuerte debate redundó en la legalización de la interrupción del embarazo en Uruguay por unos años. Tras la última dictadura en el país (1973-1985) surgió con fuerza un conjunto de organizaciones centradas en reivindicaciones de género, como el Plenario de Mujeres del Uruguay (plemuu), Cotidiano Mujer y varias otras, que convirtieron el aborto en una de las banderas más fuertes y legítimas del movimiento feminista. En 1991 y 1993, se presentaron dos proyectos de ley que no fueron aprobados. En este marco, la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo de las Naciones Unidas, en El Cairo, en 1994, y la iv Conferencia Mundial sobre la Mujer, de Beijing, en 1995, oficiaron como punto de inflexión: a partir de entonces el aborto inseguro fue colocado como un problema de salud pública para el que se requería revisar las leyes de su penalización. Tras ello, las organizaciones se fortalecieron y la demanda se incorporó en la agenda de la izquierda partidaria. En 1998, se discutió un proyecto de ley y el tema apareció en las elecciones nacionales de 1999. Por su parte, las encuestas de opinión pública mostraban un apoyo mayoritario a la despenalización del aborto, que se mantuvo entre el 50 y el 60% de 2000 a 2012. En 2002, el Parlamento comenzó a considerar una nueva iniciativa legal, que recibió la media sanción de la Cámara de Diputados por 47 votos a 40, pero recién fue considerada por el Senado en 2004, resultando rechazada.

La derrota debilitó el entramado organizacional, que se reordenó tras el ascenso al gobierno en 2005 del partido izquierdista Frente Amplio (fa). La conocida posición en contra del entonces presidente electo Tabaré Vázquez (2005-2010) enlenteció el proceso, pero no lo eliminó. En 2007, se comenzó nuevamente a discutir el proyecto en la Cámara de Diputados, donde se aprobó en el mes de octubre, y el 11 de noviembre de 2008, por 17 votos contra 13, los senadores sancionaron la Ley de Defensa del Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva (Ley n.º 18.426). Los artículos relativos al aborto fueron inmediatamente vetados por el presidente. El fracaso paralizó la discusión parlamentaria y la reacción del movimiento social rápidamente se transformó en cierta resignación, aunque durante todo el período se realizaron numerosas campañas, algunas fuertemente innovadoras, varias investigaciones, y se implementaron medidas intermedias que permitían el asesoramiento anterior y posterior al aborto.

En 2013 la polémica continuó: actores cristianos y de los partidos políticos de oposición convocaron a un plebiscito para derogar la ley. Entre pronósticos divididos porque los sondeos anticipaban una situación muy ajustada, finalmente solo un 8% del padrón electoral sufragó en apoyo de la derogación, en el mes de marzo, en un contexto de voto no obligatorio.

La ley aprobada establece la obligación de todas las instituciones de salud a prestar el servicio para interrumpir un embarazo, ante la sola voluntad de la mujer, hasta las doce semanas. La reglamentación ofrece garantías de confidencialidad, la necesidad de un consentimiento informado, el respeto a la autonomía de la voluntad de la mujer y un procedimiento: la mujer deberá expresar su voluntad de abortar y entrevistarse con un equipo interdisciplinario que la asesorará en temas técnicos, sobre los medios adecuados y las alternativas de planificación familiar, centrándose en la disminución de riesgos y daños “… sin la imposición, por parte del equipo, de las convicciones filosóficas y personales de los integrantes, por lo que deberán abstenerse de todo juicio de valor” (Decreto Reglamentario, p. 10). Tras ello, se establece un lapso de cinco días para que la solicitante manifieste si mantiene la voluntad de interrumpir el embarazo.

      Matrimonio igualitario

Un conjunto de organizaciones uruguayas ha denunciado desde los años ochenta, con participación y visibilidad crecientes, la discriminación por motivos de orientación sexual. Este proceso, vinculado al reconocimiento de los derechos de las personas no heteroconformes, enmarca la aprobación, en diciembre de 2007, de la unión concubinaria entre personas del mismo sexo. En estos últimos años, también se legalizó la adopción de niños por parte de personas homosexuales, el cambio de nombre y sexo, y el ingreso de homosexuales a las Fuerzas Armadas. El matrimonio igualitario es colocado en la agenda en 2009, poco antes de las elecciones nacionales, y en 2010 se convirtió en la demanda prioritaria de Ovejas Negras, la más importante organización que agrupa a Lesbianas, Gays, Bisexuales y personas Transgénero (lgbt) del país. Ya el nombre de la medida es simbólico: no se formula en términos de matrimonio homosexual, sino igualitario, en una genealogía que lo emparenta con la formulación en Argentina y España. En ese año, el 50,4% de la población estaba a favor de la iniciativa (Sempol, 2013, p. 359).

La campaña se lanzó en junio de 2011, y entonces aparecieron los primeros posicionamientos públicos, con manifestaciones fuertes de apoyo del fa (con algunas dudas respecto a la filiación y el cambio de orden de apellidos), divisiones en los partidos de oposición y opiniones radicalmente contrarias en la Iglesia Católica. La aprobación se dilató y postergó por la discusión de la ley sobre interrupción voluntaria del embarazo, pero en junio de 2012 ya hubo un reconocimiento judicial de un matrimonio entre dos hombres, realizado en España, uno de ellos uruguayo. En la Marcha de la Diversidad (manifestación callejera anual en el centro de Montevideo convocada por organizaciones que apoyan la diversidad sexual) de setiembre de ese año, con más de treinta mil participantes, el matrimonio se vuelve la consigna central, mientras que en octubre se realiza la llamada Marcha por los Valores, en oposición al tema, que, pese a una cierta repercusión mediática, no alcanzó a convocar a cien personas. Finalmente, el 11 de diciembre de 2012, con 81 votos en 87, se aprobó el proyecto de ley en la Cámara de Diputados, y el 2 de abril, con 23 votos en 31, en el Senado, con algunas modificaciones (la edad mínima para el matrimonio se establece en 16 años en ambos sexos), por lo que debió volver a Diputados para su aprobación final, donde logró 71 votos en 92, el 10 de abril de 2012[2].

Entre las principales ordenanzas de la ley, se establece que el matrimonio “… implicará la unión de dos contrayentes, cualquiera sea la identidad de género u orientación sexual de estos, en los mismos términos, con iguales efectos y formas de disolución que establece hasta el presente el Código Civil”, y se modifican varios elementos relativos a la institución matrimonial, como la operativa del divorcio y el mecanismo para ordenar los apellidos de los padres en los hijos, que, en caso de acuerdo de las parejas heterosexuales, podrá invertirse, y, en el caso de las parejas homosexuales, podrá resolverse por acuerdo o por sorteo ante juez. Además, señala que cualquier referencia que se haga a la institución matrimonial no debe diferenciar en función del sexo de la persona, explicitando posibilidades como “cónyuges”, “pareja matrimonial”, “esposos” o algún término similar.

      Regulación de la marihuana

Desde hace muchos años, el consumo de marihuana en el país no es delito, aunque lo que estuvo penado fue su producción, distribución y venta; la contradicción salta a la vista, porque ¿cómo es posible que alguien la consuma si no la cultivó, compró u obtuvo de otro?

La demanda por la legalización total de la marihuana comenzó a finales de los años ochenta, cuando un movimiento juvenil, la Coordinadora Anti-razzias, que se movilizaba ante arbitrariedades policiales, la incorporó entre sus objetivos, con el apoyo de algunas juventudes políticas. Incluso aparecieron trabajos académicos en ese sentido, muy alineados con esta idea y denunciando los efectos perversos de la guerra contra las drogas (Bayce, 1990; Eira y Fernández Romar, 1995). Y, aunque ya en 2000 el presidente Jorge Batlle hacía pública su postura personal a favor de “legalizar todas las drogas”, no fue hasta 2004 cuando comenzó a organizarse la demanda social. El ascenso al gobierno de Tabaré Vázquez marcó un endurecimiento del discurso, pautado por la emergencia en esos años de la pasta base, una sustancia barata y dañina, nueva en el mercado local y de rápida difusión[3]. En este marco, varias organizaciones sociales centradas en el tema comenzaron a realizar actividades públicas; uno de los puntos de inflexión más relevantes fue la convocatoria anual a la Marcha Mundial de la Marihuana en Montevideo, que en 2007 reunió a siete mil personas.

Tras meses de trabajo de varios legisladores, con el apoyo de técnicos y activistas, en 2013 se propuso y comenzó a discutir en la Comisión de Drogas y Adicciones de la Cámara de Diputados un tercer proyecto de ley, sintetizando los dos anteriores. En paralelo, un grupo de organizaciones sociales conformaron una plataforma de campaña para operar en el desfavorable terreno de la opinión pública. En este marco, si le agregamos las numerosas repercusiones internacionales, la tónica del primer semestre de 2013 derivó en un concierto polifónico de gran incertidumbre, contradicciones y lagunas. A finales de julio, pese a las divisiones en el partido de gobierno, el proyecto de ley fue aprobado en la Cámara de Diputados, con los 45 votos del oficialismo y el apoyo de legisladores de la oposición a algunos artículos, y el 11 de diciembre, por 16 votos a 13, fue sancionado en el Senado.

Entre las principales normativas del proyecto de ley se establece la posibilidad de cultivar hasta seis plantas por hogar y de formar asociaciones de entre 15 y 45 personas para plantar conjuntamente. Se dispone también un sistema de producción y distribución para venta comercial de hasta cuarenta gramos por persona por mes. Se crean registros estatales para la producción y para el autocultivo, para la membresía de los clubes cannábicos y para la habilitación de comprador en el sistema de distribución. Se autoriza también el consumo de cannabis con fines medicinales, bajo supervisión del Ministerio de Salud Pública, y se crea el Instituto de Regulación y Control del Cannabis, con las funciones de monitoreo, registro y supervisión. Apoyando esta institucionalidad, el proyecto dispone campañas de prevención, actividades educativas concentradas en riesgos y daños, y una serie de regulaciones, como la prohibición de venta a menores, de publicidad, de consumo en espacios públicos cerrados, y nuevos controles específicos de cannabis para conductores de motos y automóviles[4].

Detrás del apoyo a la ley se esconden argumentos muy diferentes que es importante hacer notar. Las demandas desde los movimientos sociales se basan en argumentos de expansión de derechos y en las virtudes del cannabis si es consumido responsablemente. El razonamiento del presidente Mujica y el Poder Ejecutivo es muy distinto. No tienen ninguna empatía con los efectos de la marihuana ni con las culturas que florecen en su entorno. Su apuesta es mucho más pragmática y concreta: la regulación de la producción puede ser una manera eficiente de combatir parte del narcotráfico, y, de esta manera, contribuir a disminuir el crimen y la violencia.

Interpretación de los hechos

Estas tres leyes han sido aprobadas porque el Parlamento tenía mayoría absoluta oficialista del fa, lo que le permitió llevar adelante iniciativas con el voto de sus congresistas. Este partido gobernante, una coalición de grupos que van del centro a la izquierda, fue creado en 1971 y logró por primera vez el poder político en 2005, asumiendo una segunda presidencia en 2010 y una tercera en 2015.

Pero, aunque será necesaria una investigación más detallada en el interior del proceso político, esta es apenas una explicación superficial; en un nivel más denso y sociológico —recordemos a Clifford Geertz—, ¿cómo entender estas demandas en un país que suele definirse culturalmente conservador y que tiene una de las poblaciones más envejecidas del continente? (Arocena, 2013a).

Es bien sabido que la sociedad uruguaya es de las más seculares del continente y probablemente del mundo. Como escribió Carlos Real de Azúa (1984, p. 21), Uruguay es “la estrella más apagada del firmamento católico latinoamericano”. Más cerca en el tiempo, un “índice de liberalidad” en seis países de América Latina (Segovia, et al., 2009), que incluía siete afirmaciones valorativas[5], muestra que Uruguay continúa siendo definidamente el país con posturas más lejanas de la doctrina de la iglesia en la región. Además, el país pasaba por uno de los períodos más positivos en muchas décadas: su democracia política es completa (según todos los índices internacionales); la economía se había desarrollado a un promedio cercano al 5% en los últimos diez años; y la sociedad se había hecho más igualitaria y menos pobre por fuertes políticas sociales de redistribución de la riqueza. Un tiempo solamente comparable al que tuvo a comienzos del siglo xx, cuando se lo calificaba como uno de los primeros Estados de bienestar del planeta y tenía un producto interno bruto per cápita equiparable al de los países europeos ricos. ¿Cómo se corresponde esta situación económica y política con los procesos sociológicos?

Es preciso interpretar adecuadamente asuntos tales como el peso del fa, la secularidad consolidada, las influencias y las “transferencias de política” a escala internacional. En lo que sigue, se esbozan dos hipótesis comprensivas que no compiten con las anteriores, sino que agregan elementos para la reflexión. En primer lugar, parece clave para interpretar estas leyes establecer un paralelo con lo que ocurrió a comienzos del siglo xx en el país; en segundo lugar, no se entenderían si no se visualiza la conexión generacional que sostiene estas demandas.

      Los dos Pepes: comienzos de siglo ]]> sorprendentemente parecidos

Uruguay ya tuvo un período, a comienzos del siglo xx, en el que adoptó una legislación vanguardista para la época. Tanto avanzó en las primeras décadas del siglo pasado, que muchos se alarmaron porque el país se estaba convirtiendo al socialismo. En 1907 se eliminó la pena de muerte, en 1913 se aceptó el divorcio por la voluntad de la mujer, en 1915 se legisló sobre la jornada laboral de ocho horas, y la Constitución de 1917 aprobó el voto de las mujeres[6]. En estas cuatro leyes Uruguay fue un avanzado en todo el mundo occidental. Es bastante aceptado que para que ello fuera posible han sido piezas definitorias, aunque no únicas, la figura del presidente José Batlle y Ordóñez (1903-1907 y 1911-1915) y su ideología, resumida en el siguiente párrafo:

“El batllismo, como sistema ideatorio, se vertebró sustancialmente en torno a un radicalismo a la francesa, con todos los matices laicos y socializantes de un férvido humanitarismo y una expansiva, cósmica emotividad. Porque casi llegó a ser doctrina oficial una especie de ‘piedad’ de cariz tolstoyano […] efectivada en verdaderos empeños por enjugar el dolor de los hombres y aun abreviar el de todos los seres vivos. La supresión de la pena de muerte, la motivación de las leyes de divorcio, la prohibición del ‘rat pick’ y las corridas de toros, las disposiciones sobre filiación natural, etcétera, fueron motivadas total o parcialmente por esta intención”. (Real de Azúa, 1984, p. 44)

Batlle, percibieron algunos de sus contemporáneos, iba adelante de todos, caminaba excesivamente rápido, sacudiendo demasiadas convenciones, asustando a quienes lo veían peligrosamente cerca de los socialistas y anarquistas y, según algunos de los dirigentes de su partido, poniendo en riesgo la reelección. Le pusieron el freno de la siguiente manera: “Las avanzadas leyes económicas y sociales sancionadas durante los últimos períodos legislativos han alarmado a muchos correligionarios… Bien, señores: no avancemos más…”. Con estas palabras, Feliciano Viera se dirigió a la Convención Colorada el 13 de agosto de 1916, y su propuesta fue conocida como el famoso: “alto de Viera”, con el que se puso coto a las innovaciones batllistas (citado en Vanger, 2009, p. 143).

Pero es muy excepcional que las leyes lleguen a discutirse y aprobarse por la sola voluntad de algún político que pueda ir “más adelante” que el resto. Con el período de Batlle y Ordóñez también hay que ir más profundo. La interpretación de por qué se aprobaron esas leyes avanzadas no puede dejar de lado la movilización social, cultural y política del momento. Las primeras décadas del siglo xx estuvieron marcadas por reacciones a la ideología dominante de la burguesía, al menos desde dos movimientos o corrientes de ideas. El primero fue el anarquismo en el movimiento obrero, dominado por inmigrantes italianos y españoles[7]; el segundo, el modernismo contracultural que incluyó a figuras como Roberto de las Carreras, uno de los personajes más importantes de la época, hijo de una mujer independiente que desafió al machismo (Domínguez, 1997), o Julio Herrera y Reissig, crítico feroz del conservadurismo de Montevideo, a la que llamaba Tontovideo. También es importante mencionar en este sentido a Delmira Agustini y su poesía erótica, escritora divorciada en 1914, asesinada por su exesposo, y figura clave para el movimiento feminista.

Lo que estamos proponiendo en esta interpretación “de los dos Pepes”[8] es simplemente que “la historia importa”. Que el país haya tenido ese período innovador a comienzos del siglo pasado debe ser considerado como un facilitador para adoptar las tres polémicas leyes de las que trata este trabajo. El presidente Mujica hizo varias referencias públicas a lo que ocurrió hace cien años, e incluso se llegó a decir que si Batlle se hubiera basado en encuestas de opinión pública no hubiera promovido ninguna de esas leyes porque la población estaba perpleja. Explícitamente, Mujica construye esa convergencia:

“Propusimos la ley por causa de las tradiciones del Uruguay. De 1914, 1915 hasta los años sesenta el alcohol era monopolio del Estado… [Y el presidente cita otros vanguardismos del país] como la regulación de la prostitución y el derecho al divorcio por la voluntad de la mujer y la opción del Uruguay de ser un Estado laico. Todos estos puntos fueron establecidos en las primeras décadas del siglo pasado”. (Ferraz, 2013)

Los paralelismos también se encuentran en las críticas de los opositores a las leyes de entonces y a las de ahora. Por ejemplo, uno de los argumentos utilizados en reiteradas ocasiones para rechazar la regulación de la marihuana es que no se desea que Uruguay se convierta en un “laboratorio de experimentación”. Según los detractores, esto demuestra una gran irresponsabilidad por parte del gobierno, que pone en riesgo a su población sin ninguna necesidad. Pues bien, esta era exactamente una de las críticas hacia el Batlle de comienzos del siglo xx, como puede corroborarse en este fragmento del discurso del senador Alejandro Gallinal, emitido en el Senado de la época: “Promulgar una jornada de ocho horas pareja para todos ‘es querer convertir al país en un gran laboratorio social, donde por vía de ensayo se van incorporando disposiciones que no se han atrevido a incorporar a la suya los países más adelantados” (Vanger, 2009, p. 43). En uno de los alegatos contra la ley de regulación de la marihuana, el senador Alfredo Solari expresó en la sesión del 10 de diciembre de 2013: “Esto es un experimento de ingeniería social que no cumple con ninguna de las salvaguardas éticas de la experimentación con seres humanos. Ni este gobierno ni el resto del mundo debería experimentar con los uruguayos, con los niños y adolescentes sin garantías apropiadas”[9].

La hipótesis de “los dos Pepes” nos remite a la teoría de las “trayectorias dependientes”, en la cual se sostiene que muchas veces las decisiones adoptadas antes ejercen influencia significativa sobre las decisiones del presente: “El enfoque de path dependence busca analizar las trayectorias que siguen las políticas públicas a partir de sus pautas de origen, bajo la premisa de que este marca su posterior desarrollo, a lo largo de las diversas coyunturas críticas en que son revisadas o ajustadas” (Incháustegui, Olivares y Fernández, 2010, p. 7)[10].

Reiterémoslo, la primera de nuestras hipótesis es que, para entender la sanción de las tres leyes innovadoras de este comienzo del siglo xxi, es importante conocer lo que ocurrió en el comienzo del siglo xx. Ambos períodos presentan paralelismos sorprendentes: han sido los dos momentos más prósperos de la economía uruguaya; existieron dos figuras carismáticas excepcionales con una ideología y una visión del mundo poco convencionales para la época; y se organizaron fuerzas sociales, políticas y culturales que desafiaron ciertos valores y costumbres prevalentes de la moralidad burguesa. ¿Es suficiente esta explicación? Claramente, no. ¿Es necesaria para poder interpretar mejor los hechos del presente? Afirmamos que sí.

Ninguna de estas demandas antecede en mucho en sus reivindicaciones o sus formas organizativas a la generación joven actual. Si bien el movimiento por la despenalización del aborto es anterior y tiene un respaldo indiscutible en las organizaciones de mujeres y el movimiento feminista, ni tampoco el movimiento de la diversidad sexual puede clasificarse como juvenil, y pese a que las organizaciones cannábicas reniegan de su identificación como jóvenes (Cotidiano Mujer y Grupo de Estudios Urbanos y Generacionales, 2008), las tres adquieren una significación diferente para cierta generación joven actual que impulsa los reclamos, otorgándole un respaldo social nuevo. Ni el matrimonio igualitario ni la legalización de la marihuana se encontraban en el programa del fa. Y tampoco eran asuntos a los que el presidente Mujica se hubiera referido antes específicamente. Como se apuntaba arriba, más bien la incorporación de las demandas a la agenda pública provino de un entramado generacional, con una importante acumulación, capacidad de articulación, de lobby político y de movilización.

Nuestra segunda hipótesis es que este período innovador tuvo su vehículo en una conexión generacional, que impulsó un movimiento social que supo ser bisagra con otras generaciones, aprovechar un momento propicio para movilizar recursos y desarrollar campañas efectivas.

No cabe duda de que las nuevas generaciones nacieron en contextos donde la presencia pública de estos temas es mucho mayor. El consumo de marihuana se incrementó rápidamente en los jóvenes en los últimos veinte años: en 2011, una de cada tres personas de entre 18 y 24 años declaraba haber fumado alguna vez. A su vez, el apoyo a la legalización entre los jóvenes duplica el de los adultos, y ronda el 50% desde hace ya siete años (Filardo, et al., 2012). Las demandas en el marco de la diversidad sexual también presentan una clara consolidación, pasando de manifestaciones con pocas decenas de personas hace quince años hasta las decenas de miles convocadas por la Marcha de la Diversidad desde 2010. A su vez, el reconocimiento a la unión concubinaria, la adopción y el fortalecimiento de las organizaciones sociales son todos eventos marcantes que se incorporan al imaginario generacional. En cuanto al aborto, durante los últimos lustros ha sido una reivindicación casi permanente, con numerosos hitos: desde el veto a manifestaciones, desde la aprobación hasta el rechazo de los primeros proyectos, con la muerte de varias mujeres abortando en sus casas o en precarias clínicas ilegales. En este marco, puede identificarse claramente una posición generacional en las tres demandas, que muestra a los más jóvenes mucho más cercanos a la marihuana, la diversidad sexual y la demanda por el aborto. Pero además, estos jóvenes supieron compartir una conexión generacional:

“Para estar incluido en una posición generacional […] tiene uno que haber nacido en el mismo ámbito histórico-social y dentro del mismo período. Sin embargo […] para que se pueda hablar de una conexión generacional tiene que darse una participación en el destino común de esa unidad histórico-social”. (Mannheim, 1993, p. 221)

El segundo gobierno del fa representó una “estructura de oportunidad política”, con un Poder Ejecutivo y parlamentarios más permeables al diálogo con la sociedad civil. Aprovechando esa oportunidad, en el período se constituyó un movimiento social, a partir de un conjunto de organizaciones (Ovejas Negras, Cotidiano Mujer, mysu, ielsur, serpaj, Proderechos y muchas otras) que establecieron una articulación exitosa, casi idéntica en las tres campañas, en torno a coordinadoras que las agrupaban, acumulando aprendizajes prácticos que fueron centrales para su éxito.

Fue claramente novedoso y similar en los tres casos el trabajo de enmarcado de los temas: “… el esfuerzo estratégico consciente realizado por grupos de personas y organizaciones para forjar formas compartidas de considerar el mundo que legitimen y muevan a la acción colectiva” (Mc Adam, Mc Carthy y Zald, 1999, p. 27). Se cuidaron la comunicación y los mensajes, con un criterio pragmático orientado al éxito en el objetivo final. Así, fue permanente el uso de datos de opinión pública, el peso de la opinión médica y legal, y el intento de establecer en forma profesional ejes discursivos que centraran la discusión y permitieran convencer a quienes se encontraban en duda.

Estas tareas de enmarcado y de alineamiento discursivo se acompañaron de actividades de lobby y un repertorio de protestas también novedoso, pero que a la vez reconoce antecedentes en las últimas décadas. Así, los activistas fueron fundamentales en la redacción de las tres leyes, hicieron tareas de cabildeo con legisladoras y legisladores jóvenes e impulsaron la discusión en el Parlamento, realizaron actividades públicas buscando incrementar la visibilidad de las demandas, trabajaron con los medios de prensa, etcétera. Toda esa “advocacía” y la construcción, defensa y vehiculización de la aprobación de una propuesta fue visible, notoria y central en los tres casos.

El repertorio de protestas y tácticas de las organizaciones fue también casi idéntico, y muy innovador. El manejo de redes sociales, con campañas específicas —como “Un beso es un beso” o “Nadie más se calla”—, páginas web, foros y facebooks, o intervenciones urbanas, como los nocturnos “amaneceres” (naranjas, verdes, según el caso), los similares conciertos y actividades públicas de apoyo, el posicionamiento de figuras públicas —muchas de ellas las mismas en las distintas demandas— muestran también una acumulación y un aprendizaje.

Las tres demandas que nos ocupan aparecen juntas en una “conexión generacional”, en la “posición generacional” joven actual, entre movimientos como el estudiantil, la juventud sindical, la cooperativista o incluso sectores políticos u organizaciones voluntarias, aprovechando estructuras de movilización emergentes, culturales o las basadas en medios de comunicación —prensa alternativa, radios y televisión comunitarias, por ejemplo— (Filardo y Aguiar, 2013). No fueron las únicas causas en el período: la campaña contra la baja de la edad de imputabilidad, que contra todo pronóstico logró frenar un plebiscito en 2014, implicó una articulación similar, incluso más amplia.

Esta dinámica de articulación generacional y conexión entre un movimiento social juvenil con distintas estructuras de movilización, que se coloca como una bisagra con actores de otras generaciones, no es, evidentemente, la única explicación en este proceso, pero sí revela un sustrato subyacente en estas iniciativas.

Conclusiones

Las tres leyes analizadas en este trabajo pudieron ser votadas porque el país atraviesa uno de los períodos de mayor bonanza económica de toda su historia y porque hay un gobierno de izquierda preocupado por estas temáticas. Además hay que tener en cuenta que Uruguay es un Estado laico desde 1917 y uno de los más seculares de América Latina, un país en el cual la religión y la Iglesia Católica han tenido mucho menos peso en el Estado.

Aquí proponemos otras dos explicaciones sociológicas: Uruguay fue en otro momento de su historia también bastante innovador en materia de legislación en el mundo, tanto, que las primeras tres décadas del siglo xx convirtieron al país en el primer Estado de bienestar, de la mano del presidente José Batlle y Ordóñez (Arocena, 2013b). Y, además, una conexión generacional operó como el soporte social que permitió el establecimiento de estas demandas, su articulación práctica y una fuerte movilización (Filardo y Aguiar, 2013).

¿Cuáles serán las consecuencias de estas leyes?, ¿aumentará el consumo de marihuana?, ¿se podrá organizar eficientemente la cadena desde la producción al consumo?, ¿se practicarán más abortos?, ¿las instituciones de salud pondrán trabas para brindar el servicio?, ¿el casamiento igualitario disminuirá los estereotipos negativos hacia los homosexuales?, ¿saldrán “del clóset” aquellos que no muestran su opción públicamente?, ¿la porción de la sociedad uruguaya que rechaza estas leyes terminará aceptándolas a medida que se familiarice con ellas?

En materia de abortos, en el primer año desde que fue aprobada la ley se realizaron 5.000 procedimientos y no se reportó ninguna muerte por esta causa. Durante 2014, fueron 8.500. Estas cifras sorprenden mucho ya que las estimaciones previas hablaban de 16.000 abortos para 1998 con un pico de 33.000 en la profunda crisis de 2002. En una evaluación reciente —publicada en el sitio web Montevideo Portal—, sobre la manera en la cual se materializa la ley, se detectó que las entrevistas previas de las mujeres con las comisiones asesoras formadas por un psicólogo, un ginecólogo y un asistente social presentan una gran dificultad por falta de disponibilidad de consultas y que la desinformación en la población aún es alta. Además, la ley contemplaba el derecho de los ginecólogos a declararse objetores de conciencia y no realizar abortos. Según cifras oficiales del Ministerio de Salud Pública, un 30% de ellos se atuvo a esta posibilidad, pero las organizaciones feministas denuncian que son muchos más, y que en varios departamentos del país no hay médicos dispuestos a ejecutar la interrupción del embarazo. Entre los trabajos académicos recientes más relevantes sobre el tema se destacan Johnson, Rocha y Schenck (2016) y Antón, Ferre y Triunfo (2016).

En el caso de los matrimonios homosexuales, solamente se dispone de datos para Montevideo, que representa casi la mitad de la población del país. Desde que se realizó el primer matrimonio igualitario, en los siguientes tres meses pasaron por el Registro Civil 62 parejas, 43 de hombres y 19 de mujeres. Toda la información disponible muestra que la mayoría de la población uruguaya ha tomado con beneplácito esta ley, que se avanza en materia de disminución de la discriminación contra los homosexuales y que Uruguay se está convirtiendo en un país amigable para las parejas del mismo sexo. Claude Lévi-Strauss (1969) y otros antropólogos nos han enseñado que las sociedades se organizan y estructuran sobre el tabú del incesto y las reglas de parentesco. Si bien hay estudios que sostienen que existieron sociedades en el pasado que institucionalizaron el matrimonio entre personas del mismo sexo (Eskridge, 1993), esta ley modifica algunas de las estructuras de parentesco vigentes fundamentales y por eso su impacto será sin dudas revolucionario para la sociedad uruguaya actual. Las investigaciones de Sempol (2013, 2016) configuran los trabajos más relevantes sobre el tema en el último período.

Las consecuencias de la última ley aprobada, y la que más trascendencia internacional ha tenido, son ciertamente imprevisibles y, aunque se hayan anticipado los escenarios posibles, el futuro está abierto. El principal efecto buscado es inaugurar una nueva manera de enfrentar el narcotráfico. Dado que la estrategia de confrontación ha fracasado sistemáticamente, el sueño de Mujica es quitarles el mercado, asfixiarlos por inanición. Pero son muchos quienes dudan que esto será así, por varias razones, ya sea porque el mercado negro de la droga seguirá operando con los otros tipos de estupefacientes o porque la calidad de la oferta del Estado será mediocre o porque no podrá regular el autocultivo.

La puesta en práctica de la ley ha sido lenta y los resultados, aún ambivalentes. Dos años más tarde se concedieron las licitaciones a empresas que se harán cargo del cultivo y la distribución para la dispensación en farmacias; disponen de un predio en el departamento de San José, con seguridad perimetral del Ministerio del Interior. El Instituto de Regulación y Control del Cannabis ya se encuentra funcionando y presupuestado, y se han iniciado acuerdos con las farmacias. En mayo de 2015, había 17 clubes activos, con cerca de 500 personas que obtienen hasta 40 gramos por mes. En cuanto al autocultivo, en los primeros seis meses de inscripción se registraron cerca de dos mil personas. Es una cifra relativamente baja: los activistas y las encuestas oficiales indican que hay en torno a diez mil, pero es también una muestra de la consolidación de la ley: en abril y mayo de 2015, tuvo lugar la primera “cosecha legal”, con bastante repercusión. Entre las numerosas investigaciones recientes sobre la evolución del tema, pueden señalarse Boidi, Queirolo y Cruz (2016) y Aguiar y Musto (2015).

Hay posibilidades, entonces, de que el impulso continúe: el matrimonio igualitario es un hecho, la interrupción voluntaria del embarazo enfrenta obstáculos pero también se encuentra consolidada y la regulación de la marihuana es la iniciativa más frágil por el escaso apoyo de la opinión pública. Cabe también esperar un freno: un nuevo “alto de Viera”. La configuración que pautaba un crecimiento económico y un líder carismático capaz de impulsar medidas innovadoras ha cambiado, y, como señala Carlos Real de Azúa (1984), las características amortiguadoras de la sociedad uruguaya pautan una probable “trayectoria dependiente” que ahora oscile en un sentido conservador. Posiblemente, la conexión generacional, articulada en un innovador movimiento social, sea la principal contrabalanza en esta dialéctica entre lo nuevo y lo viejo.

Referencias bibliográficas

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