Introducción

En la ciudad de San Carlos de Bariloche, Argentina, existe un gran interés de inversores por realizar desarrollos inmobiliarios de distinta envergadura, lo que está acompañado por acciones de profesionales actuantes desde la postura del inversor y otros desde el gobierno, con base en las normativas y las posibilidades que existen de excepciones y procesos complejos de obtención de permisos para algunos casos. Por lo que muchas veces se relaciona sus permisos con decisiones políticas y acompañamientos gubernamentales a los emprendimientos de grandes dimensiones, en nuestro caso de varias hectáreas de tierra, mayormente en posiciones geográficas privilegiadas, costa de lago o arroyos, vistas a paisajes atractivos, importantes bosques nativos, etc.

Aquí nos centraremos en el análisis de las decisiones políticas y la influencia que fue teniendo en esto la participación de otros actores, legos, pero con el apoyo de algunos profesionales que los acompañaban. Se observó cómo fue tomada esa participación por los sectores de gobierno, con su derivación final al sector del poder judicial para resolver esta compleja situación. Estos procesos tuvieron como escenario las costas del lago Moreno Oeste, dentro de la Delegación Lago Moreno, al oeste del ejido municipal de esta ciudad, donde se planteaba realizar un barrio privado, junto a un barrio sindical, con viviendas y parcelas de características sociales. Interviniendo no solo cuestiones normativas y de decisión política, sino también aportes desde la tecno-ciencia, con estudios de impacto ambiental y otras cuestiones ecológicas, como también sobre el derecho en cuanto a la propiedad privada y la afectación a espacios públicos, las leyes de protección ambiental y el derecho de la comunidad en su conjunto.

Se analiza aquí el desarrollo de un caso en que la participación de distintos actores profesionales, no profesionales, gubernamentales, universitarios, entre otros, se entrecruzan; generando modificaciones en una propuesta de desarrollo urbano. Se toma como período fines de la década de 1980 según información de uno de los principales actores, el conflicto se inicia con la información de que existía el proyecto para un barrio privado lindante al 2 de Agosto, barrio social con origen en el sindicato gastronómico. Se descubren aportes y experiencias adquiridas durante la evolución de los hechos por el grupo no experto en urbanismo durante el período analizado. La perspectiva teórica central está basada en la visión de Beck (^{Beck , 2008}) respecto a las políticas de lo que él denomina “la sociedad del riesgo”, siendo esta la base de las complejidades que van apareciendo en todo el mundo por los distintos riesgos que el autor analiza. Vamos a hacer mayor hincapié en la visión ecológica y sustentable del ambiente, que aparecen a fines del siglo pasado como un riesgo importante. En este caso no surge como un riesgo global sino local, detectado y usado como fundamento por los habitantes de un barrio con vecinos de clase media o media-baja. Bariloche es una región de gran biodiversidad, que para muchos residentes lo perciben en ciertas características del paisaje y el ambiente en forma muy marcada, y esta condición es tomada como un valor a proteger por los mismos residentes. Se podrá ver la confrontación de un grupo que actúa en defensa de ciertas condiciones de vida o derechos que sienten pertenecerles, y que perciben que son avasallados por un grupo inversor, con gran poder económico, que podría poner en riesgo el acceso a algunos espacios naturales que suponían propios, de su comunidad. Se destaca inicialmente que el grupo inversor cuenta con expertos y profesionales que avalan su postura, mientras los vecinos inicialmente no estaban acompañados por actores locales. De esta forma los vecinos (legos) se ven obligados a comenzar a entender ciertos conocimientos técnicos nuevos, derivados de los aportes que le ofrecen aquellos que les ayudan, como otros profesionales consultados ad honorem o contratados, para que durante esta puja de expertises perfeccionaran su propia investigación, aportando durante el proceso los conocimientos obtenidos para poder defender su postura, tanto en los procedimientos, las tecnologías ligadas al urbanismo, las leyes y los procesos judiciales.

Se fue generando así una visión crítica, de la relación entre profesionales o expertos actuantes y aquellos legos o actores locales que no son profesionales, junto a un mayor acercamiento a los intereses que en estos procesos surgen o se hacen visibles para cada sector. Para esta aproximación nos basaremos fundamentalmente en la entrevista, con uno de los actores sociales que más se vinculó a los reclamos de los vecinos. Se ha tomado como referencia teórica, además de los ya citados, a Funtowicz y Strand (^{Funtowicz y Strand , 2007}), el que analiza los aportes de expertos frente a las acciones participativas, haciendo referencia tanto al pensamiento moderno y post-moderno, como a las interfaces entre la ciencia y la política. También se considera los aportes de Vessuri (^{Vessuri, 2004}), en relación a la hibridación del conocimiento, y la relación de la tecno-ciencia con los conocimientos locales para un desarrollo sustentable.

Condicionantes contextuales

En el contexto socio-político local (Bariloche) se puede destacar que la primera ocupación histórica de estos territorios se produce por colonos, luego de lo cual se crea la Colonia Agrícola Nahuel Hupai.

Según se indica en Rodríguez (^{Rodríguez , 2008}), el Parque Nacional fue posterior a la mencionada colonia, por lo que muchas tierras ya tenían ocupantes o existían títulos de propiedad, aún dentro del mismo Parque. La expansión de la ciudad de Bariloche se produce a finales de la década de 1950. Al tiempo que se finalizaba la ruta asfaltada desde Buenos Aires, se transferían las tierras de Parques Nacionales al Municipio, en una cantidad que quintuplicó su superficie. Los distintos paradigmas que afectaron en lo urbano a la ciudad siempre han tenido como eje y fundamento la protección del ambiente. Durante la dictadura militar a fines de la década de 1970 se observaron cambios, sobre todo con la construcción de edificios de varios pisos de altura en la zona céntrica, en torno al Centro Cívico, edificio emblemático del primer período urbano de Bariloche. Pero la evolución en las zonas más alejadas es relativamente reciente, así el barrio en que viven los vecinos del “2 de Agosto” (en adelante 2deA), se ubican lindantes al proyecto del Barrio Privado de “El Redil” (en adelante ER), el primero se inició en la década de 1980 y el segundo proyectado para construirse durante la década de 1990. El 2deA es un barrio construido por un sindicato, en una fracción que linda con costa de lago, pero la parte más cercana al lago no se ocupó con obras, sino que se consideró como un espacio verde del barrio, respondiendo a exigencias del código de planeamiento de 1980, que debía reservarse como AREE o Área de Regeneración Ecológica Externa. Desde los años 1990 la política neoliberal de impulsar las inversiones privadas, se vio reflejada en proyectos urbanos, y proliferaron por todo el país en la forma de barrios privados.

En cuanto al contexto económico-empresarial, se observa que desde 1934 con la llegada del Ferrocarril se produce un proceso de crecimiento en la región, que incluye creaciones de algunas villas y avances en infraestructura desde Parques Nacionales o por presión de esta entidad sobre otras, como Obras Sanitarias, Vialidad Nacional, etc. Realizando una cantidad de inversiones que permiten aún hoy distinguir a Bariloche como un polo atractivo regional, como se indica en Rodríguez (^{Rodríguez , 2009}), la jerarquía de esta ciudad afecta a una zona que llega a más de 150 km a la redonda.

Desde el gobierno local se fue facilitando la concreción de nuevos proyectos, aún cuando no cumplieran con todas las normativas urbanas (^{Rodríguez, 2015}), por medio de una flexibilización a los códigos locales, que contaba con apoyo de profesionales y sectores comerciales que se veían favorecidos, como el inmobiliario y de la construcción. Fundados en la demanda surgida por la actividad turística de la ciudad de gran importancia para la economía local, que le da un valor a las tierras y obras vinculadas a ellas, más alto que en otras zonas de la Patagonia. Por iguales razones los barrios sociales programados por el gobierno son emplazados en la zona conocida como “El Alto”, al sur del centro histórico, según se observa por Abalaerón (^{Abalaerón , 1995}) y por Fuentes y Nuñez (^{Fuentes y Nuñez , 2007}).

En relación al contexto físico-ambiental, se destaca que la ciudad de Bariloche se divide en varias delegaciones municipales, la más grande y con mayores atractivos turísticos es la de Lago Moreno, y sobre las costas del mismo se encuentra tanto el barrio 2deA como el proyecto urbanístico ER. Quedan distantes 13km del centro histórico más urbanizado y con más servicios. Los tipos de lotes del 2deA tienen unos 180m2, son muy reducidos y generan una alta densidad en un sector dejando libre el resto de la fracción loteada (Imagen Nº 1), considerando que en esta ciudad la mayoría de las parcelas superan los 600m2, pero en este barrio se da una excepción para reducir costos con fines sociales de la parcela. Se ubica dentro de una fracción que deja la costa del lago a 400 m de las viviendas y deben atravesar un espacio verde (AREE) para llegar. Las costas allí cuentan con playas muy anchas y concurridas por la población de la ciudad y turistas. La Av. Bustillo, única conexión asfaltada con el centro de la ciudad, se ubica a 1km del barrio y un ramal de colectivos solamente ingresa al mismo. Existen varios morros o elevaciones del terreno en torno al barrio y humedales, algunos quedan dentro del proyecto ER (Imagen Nº 2), vale aclarar que hasta la actualidad la imagen satelital no cambia es decir no existen avances en el desarrollo del proyecto urbano ER.

Imagen Nº 1

Mapa del barrio 2 de Agosto y abajo detalle del sector con el AREE y un espacio verde lindando con la costa del lago.

Fuente: Documentación del proceso judicial, copia facilitada por el entrevistado (2011)

Imagen Nº 2

Vista satelital del espacio geográfico, el recuadro es el loteo del barrio cerrado, y se observa que solo han realizado apertura de calles con diseño de única salida -sin escala-.

Fuente: Google Earth, imagen de 2011, a una elevación de 790msnm

La mirada de uno de los actores del barrio 2deA

En función de la entrevista realizada al que fuera presidente de la Junta Vecinal del barrio al inicio del conflicto, recuerda que desde antes de que se iniciara la intervención en el predio del proyecto ER existió un conocimiento por parte de algunos vecinos al respecto, desde el principio se advirtieron ciertas irregularidades y acciones que sentían los perjudicaban, o los afectaban negativamente al conjunto de los vecinos del barrio 2deA.

Juan que está relacionado al caso de ER desde el principio, nos cuenta en una entrevista:

“El tema de El Redil, apareció, en cuanto al expediente, en el año 1999. Pero como aquí está el Barrio 2 de Agosto y el barrio tenía una parcela que llegaba hasta el lago… luego de la última calle abierta del barrio, existía un espacio destinado a la planta de tratamiento cloacal del barrio, y luego un espacio verde del mismo barrio”. Estos espacios según él indica, se computaban para los fines urbanísticos como un AREE. Juan indica que en el año 1996 se entera que la empresa COVIGAS¹, había donado este espacio verde como una parcela separada a una empresa constructora. Sin contemplar que es un espacio necesariamente vinculado a la urbanización dentro de la parcela original de su barrio.

En medio de la conversación Juan expone, como al pasar, que cuando compra la vivienda sabía que tenía sus inconvenientes, pues por ejemplo la parcela de las mismas es de 180m2 (10x18m) por ser lotes sociales. Lo que no es un dato menor, pues los espacios verdes que observaban pertenecían al AREE lo consideraban parte del conjunto que ellos suponían dentro de su barrio, de alguna forma podían convertirse en un espacio para esparcimiento fuera de sus parcelas, lo veían como un espacio verde comunitario, y que luego se muestra fueron así considerados por documentos en la oficina de Catastro de la municipalidad (Imagen Nº 1).

El proceso administrativo y normativo desde la óptica del lego

El espacio de reserva AREE, que obliga el código de planeamiento a dejar por una urbanización, supuestamente tiene fuerte ligazón con la posibilidad de lotes reducidos, y en general con los parámetros urbanos, superficies edificables, entre otras pautas. Por otra parte solo es para una parcela y no puede considerarse como espacio de reserva de otros proyectos, y no pueden intercambiarse o reemplazarse. Pero en el registro de la propiedad estos figuraban como lotes independientes y por esto se traspasó la propiedad sin conocimiento de los vecinos por el sindicato que proyectó el 2deA. Se consideró que los AREE no están legalmente atados al resto del barrio, por ser propiedad independiente, aunque según el código urbano y de planeamiento deben permanecer atados al conjunto proyectado del barrio. Si bien el registro de la propiedad no maneja la utilidad o restricción que impone el código -en cuanto a los fines urbanos- si está documentado en la municipalidad, y por ello pudo corroborarse la irregularidad de haber utilizado el AREE del 2deA para parámetros del proyecto ER por segunda vez, según las planchetas municipales de las oficinas de Catastro.

Para entender la organización de los barrios en esta ciudad, hay que saber que la misma está dividida en delegaciones, que a su vez están subdivididas en Barrios, la mayoría cuenta con su propia Junta Vecinal, no siempre los barrios cuentan con esta última, pero sin ella muchos barrios no tendrían agua potable por ejemplo. La Junta Vecinal otorga a un grupo de vecinos una representatividad, dentro de un límite acordado y registrado por la municipalidad, que le permite tener una personería jurídica donde sus miembros actúan en forma no onerosa sino voluntaria.

El entrevistado explica luego que el proyecto original no contemplaba el uso de los espacios lindantes que serían el AREE del 2deA (Imagen Nº 1), por ello, dejaba más superficie sin urbanizar para cumplir con el AREE propio que debía generar inicialmente este nuevo barrio. Pero luego al tener la posibilidad de considerar los espacios linderos a su propia fracción original, suma al AREE del barrio 2deA como propio. El problema que ven desde la Junta Vecinal del barrio 2deA es que ya habían sido declarados con esa función para su barrio y no podía legalmente usarse por segunda vez para generar más superficie edificable en proporción a dicho AREE. Según Juan explica, la primera presentación del proyecto por los inversores fue como un PH², pero gente del municipio le recomienda que lo pasen a la calificación de “Club de Campo”, pues le da más ventajas al desarrollo inmobiliario. Juan, y la Junta Vecinal comienzan a advertir que el municipio estaría allí actuando como parte del Staff del inversor, en referencia a las recomendaciones para obtener ventajas en los parámetros urbanísticos para su proyecto. En otras palabras, aquí se advierte cómo un grupo de legos, o no expertos, demuestra que se está actuando en forma incorrecta por parte de los expertos que trabajan para el municipio, y saben -porque lo mencionan en parte de la entrevista- que los sueldos de esos expertos los pagan los vecinos, por medio de tasas o impuestos.

En el año 2000, como parte de un acuerdo de partes, los representantes del barrio 2deA dicen en un acta que admitirían el uso de las tierras adquiridas que pertenecían al AREE de su barrio, siempre que cumplan con las normativas vigentes, las relativas a los usos para los AREE, y a otras limitaciones que les exigiría modificar el proyecto. Menciona el entrevistado, una declaración de uno de los empresarios que formaban parte del grupo inversor, que decía haber comprado esa parcela junto con: “…24m dentro del lago”. Algo que dice Juan no se aceptó porque no es legal, indicándole (Juan) en un lenguaje barrial: “…si a vos te vendieron un buzón y encima lo pagaste, es problema tuyo…”. Agrega que actualmente incluso está prohibido vender con costa de lago, pues esta no es propiedad privada sino que debe permitirse el paso libre de la ribera del lago. Por otra parte se pudo corroborar con la Intendencia de Parques Nacionales que toda superficie de lago no se puede enajenar sino que es pública, y está fuera del ejido municipal, pasando a estar dentro del Parque Nacional. El predio en que realizan el proyecto del inversor cuenta con una superficie de 24has. aproximadamente (240.734,77.m2), que luego al sumar el AREE del barrio lindero llega a 27has. aproximadamente (la diferencia de casi 3has. pertenece al espacio comprado de un área de preservación correspondiente al barrio vecino)³.

Luego dice que se realiza una reunión con mucha gente e incluso con los medios de difusión, a principios de 2006. Entre otros contactos va a la oficina de medio ambiente de la municipalidad y le dicen que por ley se había presentado un segundo IFA⁴ (Informe de Factibilidad Ambiental), pues el primero fue cuando presentaron el proyecto como PH, pero al pasar a Club de Campo se le exige otro IFA. Pero la funcionaria le advierte que estaba muy mal el IFA, y toma esta información como de gran importancia para sus planteos en el conflicto desde la Junta Vecinal.

Desde el momento que lee el IFA, dice Juan: “…me empecé a meter, me empecé a meter… y veo que quien firmaba es la misma funcionaria que le dijo que estaba mal…” (en referencia a la firma del IFA). El denuncia esto y a ella le dan de baja en la municipalidad por trabajar para el inversor, y recibirlo como profesional independiente en el municipio estando ella en funciones al mismo tiempo. Por otro lado y no obstante la denuncia precedente, comenta que dicha funcionaria al principio les dio una mano, al explicarles a él y un grupo de vecinos, algunos temas técnicos que ellos no conocían, y dice textualmente: “…ella me dio varias veces una mano…”.

Indica el entrevistado que, entre otras cuestiones que reclamaban los vecinos de los barrios linderos (Parque Lago Moreno y 2deA), al solicitar abrir una calle que atravesara el barrio que estaba proyectado como privado, por entender que: “…la gente lo atravesaba a pié, cuando no estaba alambrado como hoy…”, ya que el transporte público los dejaba de un lado y los que viven al otro lado tenía que caminar cruzando el futuro club de campo unos 250m, pero si cerraban todo deberían caminar más de 2km.

Una de las cuestiones técnicas que entraron en juego para el proyecto ER fue el tratamiento de líquidos cloacales, en tal sentido le piden explicaciones a la empresa sobre la forma que funcionaría la planta cloacal. Allí se inicia un debate porque el representantes del inversor es ingeniero y dice que el proyecto volcará las aguas servidas ya tratadas al lago, y el vecino no lo acepta por considerar que no es seguro y que no se siente conforme con ese proyecto de la planta, pues percibe que algo podría salir mal y lo compara con la seguridad de una planta central atómica como la de Chernobil, en alusión a una posible falla humana. Aquí entra en juego la percepción de los riesgos por los habitantes, a la que alude Beck (^{Beck , 2008}) en su teoría del riesgo, que lleva de una percepción global como la que genera el peligro de centrales atómicas a un peligro menor de nivel local, como la contaminación de aguas en una costa de lago, una no es tan trágica como la otra, pero para un vecino su barrio y en este caso su costa de lago (en tanto percibida como propia siendo de acceso público) es muy importante. En respuesta a los reclamos de los vecinos, el inversor dice que realizaría un proceso de infiltrado de los líquidos que terminarían en el mallín de su fracción y permitiría un mejor filtrado. Para poder evitar el uso del espacio que antes pertenecía al barrio 2deA se cambió la planta de los vecinos y tuvieron que cambiar todo el sistema y el proyecto del barrio privado, que estaba pensado para realizarse en el AREE que originalmente pertenecía al barrio 2deA.

Posteriormente la Junta Vecinal del barrio 2deA advierte que no cumple con el porcentaje máximo de ocupación con urbanización, ni con los retiros mínimos al frente y al fondo de la fracción donde (que llegan a la costa del lago). Hasta el 2010 no se había edificado nada, solo realizaron la apertura de calles, y el proyecto estaba parado. Como la planta de tratamientos cloacales del barrio 2deA inicial terminaba en la inundación de un mallín dentro de la fracción que se proyectó el barrio privado, en un momento el barrio 2deA realiza una nueva planta para que termine dentro de lo que fue su propio AREE. Pero simultáneamente el proyecto del barrio cerrado lleva una propuesta para el tratamiento de sus líquidos, queriendo utilizar los inversores también el mismo AREE que fue siempre un elemento en debate. Como los vecinos no lo permiten pues fue pagada por ellos y lo perciben como ya saturado con una planta (la del barrio 2deA), entienden que sería inviable la propuesta de ER. Por lo que luego se proponen otros proyectos de la planta, pero “…sigue parado todo…” (para el 2010), según dice el entrevistado. Además le pidieron que realicen un EIA (Estudio de Impacto Ambiental) y no IFA, porque este último los favorece, y nosotros le pedimos mayor profundidad en la investigación, que sería hacer un EIA.

En una nota ante la justicia, Juan asume la defensa de los derechos difusos de los habitantes, pues se veía afectada la seguridad de un grupo de vecinos, debido a la información recibida por profesionales independientes en temas judiciales. Hace notar que los jueces visitaron el lugar personalmente entre 2007 y 2008, con resultado negativo para los vecinos del barrio 2deA, rechazándoseles los reclamos. Fueron entonces al superior tribunal de justicia de la provincia y allí ganaron, obteniendo un amparo, y la municipalidad fue sancionada con multas diarias hasta corregir las acciones que se le requerían, quedando al menos hasta 2010 paralizada toda obra allí por parte del inversor en el proyecto de ER.

Conclusiones

Lo que podemos ver en una primera parte de la investigación, cuando nos introduce Juan en el conocimiento del problema, es que los vecinos ya tenían un panorama de las condiciones del terreno propio y del entorno en que estaban, con una apropiación social de ciertos espacios, ya para fines de esparcimiento o de servicios, como los tratamientos de aguas servidas. Los espacios naturales que rodeaban el barrio 2deA, fueron separados del barrio por razones que se vinculan a procesos relacionados a un distinto tipo de urbanización (los barrios cerrados) y a una falta de claridad y control desde el municipio respecto a la función y el destino de los AREE, en tanto espacios que deberían quedar libres de edificación en proporción a la fracción donde se proyecte una urbanización. Se pudo observar en la investigación como los vecinos, en tanto legos en procesos urbanos, se involucran hasta obtener más información y más conocimientos de los que tenían al principio del conflicto. Los motivos que mueven a estos actores sociales a interiorizarse de estas cuestiones no son fines materiales o beneficios personales, ni de alcanzar un conocimiento científico en sí, sino una percepción de un cambio en su entorno, la pérdida de un espacio público que sentían propio y los riesgos que puedan surgir de modificaciones al entorno natural. En alguna medida perciben cierta amenaza en su calidad de vida o a ciertos derechos adquiridos, y muchas veces no tienen claro de qué forma podrán defenderlos, pero lo que saben o intuyen es que algo está mal. Algo muy similar se ve en el trabajo de Skewess (^{Skewess , 2004}), donde podemos ver cómo los pobladores de la costa, en un pueblo de pescadores y recolectores de mariscos chilenos, perciben o intuyen que ciertos proyectos o acciones de empresas, en un espacio donde ellos se sienten con el derecho de defender, y que pueden perjudicarlos de alguna manera. “…Edith García, integrante del Comité de Defensa de Mehuín, señala cómo, a partir de una intuición, se desencadena en ellos la necesidad de informarse acerca del entorno del que son parte…”, luego agrega el autor que: “El conflicto permite reconfigurar la percepción que se tiene del paisaje local… “(ibídem, 2004, pp. 11).

En la segunda parte de los acontecimientos, que se relaciona con las acciones administrativas, se puede ver cómo aparecen los técnicos y profesionales, ya como funcionarios municipales o independientes. En alguna forma los vecinos siendo legos en temas técnicos específicos de urbanización, perciben cómo los funcionarios municipales asisten indebidamente a los proyectistas que trabajan para el inversor, lo cual le facilitaría obtener mayor rédito de sus tierras. En el proceso conflictivo los vecinos legos, van adquiriendo conocimientos relativos a los estudios que deben ser exigidos, como el IFA u otros para la protección del ambiente, pues ven en este aspecto un camino disponible para recuperar o mantener de alguna manera esos derechos y así mantener la calidad de vida pretendida en su entorno barrial. Y perciben que su reclamo es legítimo, en cuanto a poder acceder al disfrute de ciertos espacios naturales en su vecindario, y se sienten traicionados por algunos funcionarios que se supone deben representarlos a ellos y no a intereses particulares foráneos a la ciudad. Pero la nueva planta proyectada no funcionaba bien, porque se les inundaba las calles con aguas servidas. La situación que viven los vecinos como un problema, tiene directa relación con el proyecto del barrio privado en este caso, pues estos inversores les quitaron el espacio donde funcionaba correctamente su anterior planta cloacal. Aquí se puede ver una relación de estos acontecimientos, con la posición de cierta incertidumbre científica en posibles resultados adversos, que sostiene Funtowicz y Strand (^{Funtowicz y Strand , 2007}) cuando dice: “Creemos que el reconocimiento de la irreducible incertidumbre científica y la complejidad en los asuntos medioambientales y sanitarios necesitan encontrar una salida… revisando su definición de conocimiento así como de la de gobernanza…” (ibídem, 2007, pp. 98).

En la tercera parte de los acontecimientos, pudimos ver que la interiorización de la problemática por parte del actor entrevistado, lo lleva a seguir participando de estas acciones, para defender los derechos iniciales adquiridos durante sus acciones administrativas, aún fuera de sus funciones en la Junta Vecinal. En esta última parte del proceso, la injerencia del actor no profesional o lego en cuestiones judiciales, se dan como respuesta al no obtener el resultado esperado en el nivel administrativo y municipal. Es notable cómo un vecino sin los conocimientos necesarios inicialmente, va adquiriendo los mismos, forzado por la necesidad de defender sus derechos y los del conjunto del barrio, que percibe como propios, esto lo lleva a enfrentar los tres poderes localmente, al ejecutivo (con funcionarios y técnicos), al legislativo (contactando inicialmente según declara a concejales) y finalmente al judicial (llevando adelante amparos y juicios). En su camino no deja de pedir ayuda a profesionales dentro y fuera de estos poderes, situación que lo hacen obtener nuevos conocimientos. Y no se detiene hasta obtener una respuesta satisfactoria desde la mirada de ellos como legos, que defienden a capa y espada un tipo de derecho, que la justicia dio en llamar: “derechos difusos”. Pero su accionar y el de la Junta Vecinal en forma de conjunto o grupo social, se fundan en el constante crecimiento de los nuevos conocimientos adquiridos y difundidos entre ellos, en tanto legos, tal como queda expuesto en este caso.

La profundización del tema, en cuanto a la relación e interacción entre los distintos actores en la conformación de procesos urbanos, donde se involucran profesionales y no profesionales, en un entorno tan delicado como el que nos ocupa aquí y otros similares, están siendo investigados en una tesis relacionada a estos temas, donde los procesos que permiten la interacción de los conocimientos entre expertos y legos han tenido fundamental influencia, principalmente tomando como referencia la construcción de un tipo de ciudad, un tipo de hábitat, donde sus residentes intervienen para definir la calidad de vida allí.

Es innegable que surge un nuevo conocimiento entre los actores legos, al volcarse a una lucha por cuestiones que creen son fundamentales para la comunidad en que habitan, los cuales influyen en las tomas de decisiones políticas y en el proceso de urbanización de las ciudades, como en este caso particular. Además de haberse demostrado en este ejemplo, como un lego produce modificaciones en las decisiones que habían tomado expertos y profesionales, influyendo sobre distintos expertos y modificando incluso las posiciones de poder que estos asumen. Beck (^{Beck , 2008}) presenta una mirada similar cuando indica que la sociedad del riesgo, muestra que: “…paradójicamente, a medida que la ciencia y la tecnología han ido impregnando y configurando más y más globalmente la vida, menos obvio resulta la autoridad de los expertos…” (ibídem, 2008: pp. 23).

En función de la visión que plantea este último autor, el riesgo en nuestra sociedad adquiere un nuevo carácter, porque parte de las condiciones del cálculo y procesamiento institucional fallan, por tanto se desarrolla un nuevo clima social de la política. Así las valoraciones de las diferentes culturas y países desempeñan un papel central, por lo que las condiciones y decisiones técnicas y económicas se debaten en público. Esto lleva una necesaria apertura, a una mayor participación de la comunidad en estos procesos, donde la percepción del riesgo puede entrar en debate, donde tanto movimientos sociales (en nuestro caso juntas vecinales), con juristas, gobiernos y diversos especialistas, piden por igual ser escuchados. Es allí donde los políticos pueden encontrar la información de interés, sobre la valoración que se hace en cada situación, desde la posición de los distintos actores intervinientes según el caso, para la toma de decisiones justificadas, legitimadas y sustentables a futuro. En tal sentido es destacable la necesidad de mayor investigación en relación a las formas en que intervienen los legos y expertos, en conjunto o en enfrentamientos y conflictos, particularmente en la conformación, el desarrollo y crecimiento sustentable de las ciudades