Introducción

Este artículo toma como punto de partida la propuesta de la antropóloga brasileña Alcida (^{Ramos, 1995}; Ramos, 2001), para analizar la forma en que se llevan adelante gran parte de las acciones por parte de ONGs indigenistas en Brasil vinculadas, en muchos, casos a organizaciones conservacionistas internacionales. Esta operación de hiperrealidad, en la que la realidad abstraída de su contexto se idealiza, desvinculándose de los fenómenos o actores sociales que buscar referir, definir o explicar, se produce en la medida en que los “beneficiarios” de estas acciones son apartados de su concretitud y de la posibilidad de ser definidos teniendo en cuenta también sus posibles contradicciones y producidos -según Ramos (Ramos, 1995)- como un “oscuro objeto de defensa”. El “indio” que se desea proteger está mucho más cerca de los deseos de los activistas y de los objetivos trazados en los planes de acción a nivel internacional que de las necesidades locales y las demandas de la población indígena frente al avance económico, productivo y político del estado brasileño.

Se trata, entonces, de una hipótesis de trabajo para la comprensión del activismo profesional y de cómo opera con una representación de Indio modélico que, a pesar de ser la proyección de una ilusión, se ha convertido en el holograma ético. Los indígenas así imaginados, son hechos a imagen y semejanza de lo que los “blancos” quisieran ser. Por sobre y por debajo de los indígenas reales, el Indio hiperreal existe como en una cuarta dimensión; en una forma de existencia irreprochable y con la que es posible disfrutar a partir del encuentro, es por tanto, un objetivo apropiado para el financiamiento de programas internacionales (^{Ramos, 1995}).

En este artículo proponemos analizar el Plan de Reasentamiento para Familias de Origen Sirio en Uruguay (PRFOSU) a través de una analogía entre la propuesta de Ramos antes mencionada y la producción idealizada de un público objetivo para esta iniciativa, a la que denominaremos refugiado hiperreal. Esa representación que impregnó los medios de comunicación y los discursos entre los formadores de opinión implicó en su devenir la imposibilidad de dar continuidad al propio plan gubernamental de reasentamiento (^{Montealegre y Uriarte, 2016}).

La caracterización de (^{Ramos (Ramos, 1995}) resulta explicativa en la medida en que la producción local uruguaya del refugiado hiperreal supone una paradoja similar (Ramos, 2001). Ya que para existir requiere la suspensión de las características constitutivas de la condición misma de refugio, al exigir un tipo específico de integración, vía asimilación; contraponiéndose al derecho al mantenimiento de la identidad de origen (Sayad, 2010) e implicando el no retorno en una forma específica de comprender la pertenencia a otro Estado-nación. Proponemos que la forma en que el plan de reasentamiento fue planificado implicaba dejar atrás un contexto cultural, histórico, lingüístico y religioso que no necesariamente deseaba abandonarse por sus participantes

A lo largo del texto veremos cómo los sentidos proyectados sobre estas personas refugiadas, se desplazan de los construidos por los actores del sistema internacional de refugio en torno a las políticas de ACNUR (^{Barnett, 2002}); transmutando en un “inmigrante ideal” vinculado a las narrativas de los orígenes del Estado uruguayo, sus características culturales y su identidad nacional. El inmigrante ideal es entonces caracterizado como agradecido, trabajador, austero y bien dispuesto a ocupar su lugar de ciudadano uruguayo.

A seguir mostraremos cómo la distancia entre los refugiados concretos -objeto del programa- y la construcción del refugiado hiperreal, se cristaliza en la articulación de dos polos de sentido: por una parte, el refugiado como sujeto de tutela y, en segundo término, el refugio como acto de conversión. Ambos sentidos disputan y son negociados en el medio local con las definiciones internacionales y las condiciones establecidas por la comunidad internacional para el desarrollo de planes de reasentamiento en el marco de ACNUR (ACNUR, 2003).

El desajuste producido entre las diversas visiones tiene como corolario el cancelamiento del PRFOSU, dejando sin realizar el traslado de más de la mitad de las familias preseleccionadas para integrarlo³. La situación de riesgo en la que se encontraban esas siete familias que aguardaban la concreción de la segunda etapa de traslado y reasentamiento desde el Líbano, quedó subordinada a la incomodidad que produjo la presencia de esos otros entre nosotros; banalizándose la violencia trascendental que significa la guerra en Siria y sus millones de víctimas, en muertos, refugiados y desplazados internos⁴.

Este proceso de banalización implicó desconocer⁵ los aspectos sustanciales que deberían impulsar el reasentamiento de las familias sirias refugiadas en el Líbano. Paulatinamente, se va omitiendo del debate público la referencia a la catástrofe, sustituyéndolo por una serie de acusaciones de orden moral⁶. El imperativo moral de la solidaridad frente a la crisis humanitaria en Siria -enunciado a nivel gubernamental y a través de los medios de prensa- se desplaza mediante una inversión del orden de la emergencia: el valor de la vida es supeditado a la "voluntad" de asimilación.

El concepto de refugio en el sistema internacional

Para posibilitar la comprensión de los sentidos en disputa resulta pertinente evidenciar las distancias entre las concepciones del derecho internacional en torno a la figura de refugio y los valores morales que la sustentarían y, las formas en que esa idea fue reelaborada a partir de matrices locales, en las que la migración y el asentamiento de extranjeros en el territorio -algunos de ellos refugiados- tiene una fuerte influencia. Más adelante profundizaremos sobre estos elementos; sin embargo, para realizar un abordaje antropológico de este proceso, es necesario considerar también al andamiaje jurídico y los valores enunciados en él, como productos de un proceso histórico no libre de contradicciones.

Las ideas y políticas internacionales dirigidas a personas refugiadas -junto al espacio social que cada lugar de acogida reserva a estas personas- se ha ido modificando históricamente. Siguiendo los aportes de ^{Pupavac (Pupavac, 2006}) podemos ver que el refugio en tanto herramienta de protección de los Derechos Humanos se define inicialmente en respuesta a la crisis producto de la segunda guerra mundial y el alto número de personas que no contaban con un estado en el cual ejercer su “ciudadanía”. La primera definición de refugiado establecida en la convención de 1951 está limitada temporal y geográficamente, otorgando protección a las personas afectadas por los hechos ocurridos en Europa antes de 1945. Entre la multiplicidad de situaciones a las que se enfrentaban las Naciones Unidas en su impulso de “reparar” en el período de posguerra, las consecuencias del conflicto, estaba la de millares de personas desplazadas. Esas personas no podían o no tenían a donde volver; no sólo porque sus hogares habían sido destruidos, sino porque los Estados a los que pertenecían ya no existían.

La construcción del refugio en un sistema internacional para la garantía de derechos remite a un amplio proceso de discusión que toma como centro de acción la posibilidad de lograr acuerdos a través de las convenciones en el marco de la “comunidad” internacional de Estados nacionales, inaugurando un nuevo ciclo luego de relaciones posterior al conflicto. Es así que surge, tres años después de la declaración de Derechos Humanos, la convención de Ginebra sobre los refugiados. Sin embargo, en la medida en que la comunidad de naciones no conseguía detener otros conflictos y los contextos de vulneración de derechos de las personas por parte de sus Estados de pertenencia continuaron en diferentes regiones del planeta, fue necesario tomar este instrumento -que había sido pensado como una herramienta concreta y acotada- para abordar más y más situaciones. El Protocolo de 1967 elimina estas limitaciones, extendiendo la protección a todos los seres humanos.

Hacia 1950, la comunidad internacional reconoció que el problema de los refugiados originados por la segunda guerra mundial no era un problema temporario. Muchos años después de que la guerra hubiera finalizado existían todavía 1,25 millones de refugiados en Europa. Una nueva agencia fue establecida para lidiar con el problema [el Alto Comisionado para los Refugiados] (^{Barnett, 2002}: 5/6).

Posteriormente otras instituciones regionales fueron incorporando y adaptando a las realidades específicas este instrumento, introduciendo modificaciones y en algunos casos ampliaciones a lo previsto por ACNUR.

En 1969 la Organización por la Unidad Africana (OAU) y posteriormente la Organización de Estados Americanos (OEA), a través de la Convención de Cartagena en 1984, incorporaron nuevas situaciones, ampliando la comprensión de la protección del refugio. Las modificaciones comprendían riesgos a la integridad física como la violencia étnica, religiosa, racial y de género. Se sumó la categoría de desplazados internos, representada por sujetos en una situación similar a la de los refugiados que, sin embargo, no conseguían atravesar la frontera del país para acceder a la protección de la comunidad internacional (^{Uriarte, 2015}).

El énfasis en los conflictos bélicos, y posteriormente en la persecución política, fue cediendo lugar para la protección de otras formas de vulneración de derechos vinculadas a situaciones diversas. Las violaciones de los derechos humanos vinculadas a lecturas culturales de las diferencias de género fueron incorporadas en 1984 por el Parlamento Europeo que estableció que las mujeres expuestas a un tratamiento “cruel” o “inhumano” podrían también solicitar la condición de refugiadas. Posteriormente, en la década de los noventa del siglo pasado -con los masivos éxodos producidos por el conflicto en Kosovo y en los Grandes Lagos al este de África- se produjo una nueva revisión que incorpora situaciones colectivas como criterio para otorgar el refugio a amplios contingentes de personas (ACNUR, 2003). Este es un hito fundamental, dado que el criterio individual, que es estructurante de la idea de refugio, debió ser revisado (ACNUR, 2003; (^{Barnett, 2002}). Los cambios paulatinos producidos por estas modificaciones, sin embargo, no modificaron dos aspectos centrales de la conceptualización de refugio: su orientación individual, tanto del sistema de protección como de la atribución de los derechos, que continúa siendo un elemento organizador y una de sus limitaciones; y la idea de un mundo organizado en unidades autónomas y autorreguladas: Estados-nación modernos (^{Pupavac, 2006}).

Sobre ambos supuestos, el refugiado -desde la normativa universalista- es un individuo que, por no contar con la protección de su propio Estado, necesita del sistema internacional que garantice el cumplimiento de sus derechos en el marco de otros países “de acogida” (^{Uriarte, 2015}).

Al interior de esos países de acogida, en diálogo con las disposiciones legales -pero también con cierto grado de autonomía- las ideas y proyecciones valorativas en torno a las personas que hacían uso de la protección internacional de refugio -viabilizada al seno de cada estado-nación- también se iban modificando. En su texto de 2006, Pupavac, nos muestra cómo las imágenes esperadas para los refugiados, construidas por los medios de prensa, se van sustituyendo, opacando espacios sociales que anteriormente les eran destinados. La autora comienza evocando las imágenes de refugiados presentadas a diario durante la década de los noventa, fuertemente asociada a la llegada de contingentes poblacionales de África, afectados por las catástrofes ambientales, las hambrunas y las consecuencias de conflictos identificados como “étnicos”, en oposición a la política. Esas imágenes sustituyen las entonces casi olvidadas imágenes de los refugiados del bloque soviético, vistos como héroes políticos e intelectuales, luchadores por la libertad.

En otros tiempos, la imagen icónica del refugiado hacia occidente era fuerte, figuras heroicas luchando por libertad y justicia, política e intelectualmente. Ellos eran para nosotros, figuras admirables, en su actitud desafiante y su sacrificio personal. Nosotros podíamos entrar de lleno en la nobleza de sus luchas, reafirmando nuestro modo de vida porque habían encontrado refugio en nuestra sociedad. (^{Pupavac, 2006}: 2).

Pupavac llama la atención sobre el hecho de que durante el período de la guerra fría la Convención de Refugio contó con un amplio grado de aceptación, incluso más que la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los refugiados, contaban con una valoración positiva, generalmente asociados a intelectuales y artista exiliados. Su presencia en los países occidentales permitía reforzar la imagen de las ventajas del “mundo libre” y del capitalismo en oposición al bloque socialista (^{Barnett, 2002}).

Eso no significa que todos los refugiados fueran automáticamente aceptados o contaran con un lugar privilegiado para la integración social. Paralelamente a estos procesos de idealización de algunos refugiados y de sus contextos de origen, operaban también criterios raciales. Ong (ONG, 2003) señala cómo los criterios raciales, étnico-religiosos y de género operan en las sociedades de acogida, tanto en el momento del acceso al estatus de refugiados como en la posterior integración. Empero, el crecimiento económico y la necesidad de mano de obra facilitaban el proceso de integración en los países europeos como trabajadores precarios de bajo costo.

Con el fin de la “guerra fría”, la intensificación de la globalización, la integración de los mercados y el aumento de la movilidad se empañaron las fronteras nacionales. En ese contexto, el espacio social destinado al refugiado como héroe político comienza a perder sentido. El flujo de personas buscando radicación en los países desarrollados aumenta, y en el nuevo contexto comienza a perder sentido social la distinción entre refugio e inmigración. Los cambios que se introdujeron a nivel normativo no afectaron una nítida distinción jurídica entre ambos estatutos; aunque las lecturas sociales dadas al ingreso y radicación de personas diferenciadas por criterios culturalistas y racializantes comienza a desdibujar fronteras que parecían nítidas en el pasado. Este proceso se engarza con el cierre de las fronteras en los países desarrollados, que fortalecen sus controles migratorios, en concordancia con el estancamiento en sus economías y consecuentemente con la reducción de la demanda de mano de obra (^{Liempt y Van Doomernik, 2006}).

En la medida en que la imagen de héroe de la libertad, que se asocia al refugiado va perdiendo fuerza, una nueva representación comienza a tomar cuerpo: el refugiado como víctima. Este proceso tiene lugar mediante algunos corrimientos en los sentidos proyectados en las figuras que se establecen como arquetipos del refugio. De lo masculino a lo femenino, de lo blanco/europeo a lo racializado/asiático-africano, de lo político a lo étnico, de la voluntad a la caridad, del individuo a la masa.

En este desplazamiento del “refugiado político” al “refugiado del paradigma médico”, queda de lado de forma gradual el sentido de autodeterminación y agencia consecuente que podría acompañar a las lecturas sociales realizadas sobre los refugiados. En su lugar comienza a proyectarse sobre ellos la idea de los refugiados como “pacientes” destinatarios de “asistencia”. La oposición entre refugio e inmigración que otrora se asimilaba a la oposición entre política y economía comienza a reconfigurarse en un nuevo par de sentido asistencialismo/criminalización. En este nuevo contexto, el ingreso irregular al territorio de otro Estado (sin la documentación requerida: pasaporte y visado) cuando no puede leerse, en primera instancia, como el producto de una vulneración de derechos que justifique la adscripción a la protección del refugio; pasa a ser interpretado como una situación de irregularidad/ilegalidad y por tanto criminalizada.

Estas construcciones, eminentemente políticas, suelen ser presentadas como ajenas a dicho ámbito de producción de sentidos y órdenes. Hanna (^{Arendt, 2005}) plantea que cuando los refugiados son vistos como sujetos políticos tienden a ser más respetados que cuando se sobrepone la imagen de víctima. Pero, en el contexto al que nos referimos resulta pertinente discutir esta afirmación evidenciando la jerarquía interna atribuida en Uruguay a distintos tipos de víctimas dentro de la crisis humanitaria en Siria.

Veamos, entonces, cómo se desarrolla este proceso.

Universo empírico: la genealogía de un plan

A nivel empírico, el locus de este trabajo es el proceso de presentación pública, discusión, implementación y suspensión práctica del PRFOSU. El Plan, si bien constituye una iniciativa gubernamental, responde a un interés directo del entonces presidente José Mujica para colaborar con la situación de crisis humanitaria en Siria, instando a los países más ricos de la comunidad internacional a desarrollar acciones efectivas para dar refugio a los millones de víctimas de la guerra. El conflicto armado se mantiene ininterrumpido desde sus inicios en 2011 in crescendo en su beligerancia y poder destructivo a partir de la suma de apoyos armamentísticos. A enero de 2017 la mitad de los 22 millones de habitantes que tenía Siria antes de la guerra han debido abandonar sus casas y más de 13,5 millones se encuentran en una situación insustentable⁷.

En su momento, la declaración de crisis humanitaria a nivel de las Naciones Unidas emerge dando respuesta a la expansión exponencial de desplazados internos hacia los países vecinos de Siria que, sobre fines de 2014, ya daban acogida a aproximadamente tres millones de refugiados, sobrepasando ampliamente la capacidad de sus servicios públicos para dar respuesta. Tanto Jordania como el Líbano encontraban grandes dificultades para garantizar el acceso -de las personas que ingresaban por sus fronteras, así como para su población local- a los servicios de salud, educación, trabajo e incluso a los medios básicos de superviviencia. Esta situación que propició rispideces o rechazo a la población refugiada por parte de la comunidad receptora.

Es en mayo de 2014, cuando Mujica plantea la necesidad de llevar adelante una medida en relación a la catástrofe humanitaria en Siria, que en concordancia con las preocupaciones de la comunidad internacional, toma como objetivo central colaborar con los niños y niñas víctimas de la guerra y sus consecuencias. El programa de reasentamiento, tal como fue presentado por sus responsables desde el gobierno, Cancillería y Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, también buscaba convertirse en una provocación o modelo, instando a otros países a comprometerse en el trabajo colectivo para la búsqueda de soluciones.

La iniciativa culminó en un acuerdo de cooperación con el ACNUR, diseñándose un programa de reasentamiento para un total de ciento veinte personas de origen sirio en ese momento refugiadas en el Líbano. El grupo estaría compuesto en su mayoría por niños, niñas y adolescentes (menores de 18 años), que llegarían acompañados por adultos referentes, respetando un contexto de protección de los lazos familiares, pero reinsertándose en un medio que garantizase su protección y el ejercicio de sus derechos fundamentales. Se planificó el traslado de dos contingentes poblacionales, haciéndose efectivo únicamente el primero. Fueron reasentadas cinco familias compuestas por un total de cuarenta y dos personas. Treinta y tres de ellas menores de edad a octubre de 2014. La evaluación oficial admite que el programa no tuvo el éxito esperado y fue por lo tanto cancelado. Las causas esgrimidas por los responsables para su suspensión se centraron en la “gran diferencia cultural” y la carencia de herramientas entre técnicos y ejecutores del programa para manejar este tipo de situaciones.

A diferencia de otras iniciativas de reasentamiento llevadas adelante en Uruguay -desarrolladas sin que la opinión pública tomara conocimiento de ellas y sin mayor difusión en los medios de prensa- el PRFOSU, contó con una extensa cobertura en los medios de prensa. Versiones oficiales y para-oficiales, trascendidos de prensa, filtraciones; alegatos del gobierno y el oficialismo arrojados contra las críticas de la oposición, coberturas en vivo de los diferentes momentos de la ejecución del plan, hasta la emisión de la interpelación realizada al ministro de Relaciones Exteriores de la que participó el secretario de Presidencia para los Derechos Humanos, acompañaron y acompañan el cotidiano de los refugiados reasentados en nuestro territorio. Más allá de cierto provincialismo y de la curiosidad que la presencia de estas personas de un origen tan “distante” produjo, el debate permitió entrever diversas concepciones en torno a refugio, solidaridad y ciudadanía (^{Uriarte y Montealegre, 2017}).

Varios tópicos atravesaron la discusión, durante ésta, identificamos, en ese proceso y desde un comienzo, las imágenes que fueron vehiculizadas por los discursos de los principales actores, distaban en casi todos los aspectos de la realidad de las personas que luego llegarían a nuestro país. El énfasis dado a los niños, en detrimento de los adultos de referencia (padres o en su ausencia otros familiares) que necesariamente deberían acompañarlos es uno de los ejemplos de esto, que fue analizado en un artículo previo (^{Uriarte y Montealegre, 2017}). Las categorías utilizadas para intentar definir los criterios de selección de los participantes del plan: familias, niños con maestras, hombres en edad productiva, entre otros, parecen adelantos de cómo va constituyéndose esta imagen de un refugiado hiperreal.

Si hasta el momento, las iniciativas previas de reasentamiento de refugiados en el Uruguay habían pasado prácticamente inadvertidas, y las políticas dirigidas a los refugiados o solicitantes de refugio que llegaban de forma autónoma al territorio no contaban con un espacio de discusión a nivel público, la propuesta de promover la llegada de refugiados sirios al país generó un vuelco sin precedentes.

A pesar de que la situación de crisis humanitaria en Siria era de público conocimiento, la propuesta no fue necesariamente bien recibida por todos los sectores políticos del país. El debate en torno a la pertinencia de efectivizar un programa de este tipo fue puesta en cuestión desde varios sectores de la oposición al gobierno. ¿Por qué llevar adelante una acción referida a una realidad que parecía tan ajena? ¿Por qué destinar recursos a ciudadanos de otros países cuando en Uruguay aumentaba el número de personas en situaciones de vulnerabilidad, que también requerirían el apoyo del Estado y la sociedad? Ese fue el primer gran eje de debate, que rondó en torno a la pertinencia o no de la iniciativa. El camino para saldar esta disyuntiva tuvo un corte netamente nacionalista. Sobre el consenso de que Uruguay, por las dimensiones de su territorio y de su economía no se encontraba en la mejor de las posiciones para ejecutar un plan de este tipo, la solidaridad, la voluntad de ayudar y fundamentalmente la idoneidad del país, por tener una sociedad receptora y una tradición de acogida pesarían más que las limitaciones materiales. En ese marco toma fuerza la idea de un plan piloto. Así como en otras tantas ocasiones, Uruguay, un país diferenciado de América Latina y con una tendencia a la incorporación de valores modernos y democráticos sería el encargado de dar el ejemplo, buscando encender la chispa de la solidaridad.

“el mundo internacional no hacía nada y decidí hacer un gesto a los efectos de propiciar una corriente para que los países grandes se hicieran cargo del asunto, al menos de los gurises”.⁸

Por otro lado, algunas de las versiones oficiales en torno al plan, atendiendo las normativas internacionales, sostenían que los niños vendrían acompañados de sus padres o de un núcleo familiar de referencia al que el estado uruguayo facilitaría las oportunidades para ingresar en el mercado laboral o al sistema productivo rural. El signo de la presencia de estas familias se modificaba entonces, pasando de ser una carga para ser un aporte a nuestra sociedad, en la medida en que los hombres, padres de familia podrían aportar su capacidad productora y las mujeres su disposición reproductora. Explica el ex-presidente José Mujica que el plan fue una iniciativa personal ideada también:

“pensando en el país (...) este país creció cuando recibió inmigrantes jóvenes, porque la inmigración es creadora (...) tenemos fuerza de trabajo envejecida (...) en esa zona del mundo la gente tiene muchos hijos”⁹.

Vinculado a este primer eje, sobreponiéndose pero con una mayor permanencia en el debate público encontramos un segundo eje de discusión ¿Quiénes eran estas personas, qué lugar ocuparían en nuestra sociedad? En caso de ser niños: ¿podrían venir a ocupar un lugar vacío en las familias de tantas parejas jóvenes que impedidas biológicamente de reproducirse no encontraban la posibilidad de adopción en el sistema uruguayo? En ese contexto emerge la posibilidad de la adopción, que vendría a satisfacer la demanda de parejas uruguayas. Así la Senadora Alonso¹⁰ plantea que los cien niños de Siria sean adoptados en Uruguay¹¹. Esta idea, sin embargo, contrasta con la política de ACNUR respecto a las formas de trabajo con los niños en situación de refugio, que específicamente impide el reasentamiento de menores de forma aislada a los adultos de referencia de su contexto de origen. Así, en caso de que fuera necesario/obligatorio, trasladar a los niños con sus familias, vendrían sólo mujeres? ¿sería posible, imaginable la integración de hombres cabeza de familia procedentes de Siria, de religión musulmana a nuestra sociedad? Pero si ellos no vinieran ¿no estaríamos condenando a esas familias compuestas por muchísimos niños y algunas mujeres a una dependencia absoluta del estado uruguayo? Varios fueron los rumores hasta que finalmente las autoridades comunicaron el criterio por el cual se llevaría a cabo la selección de beneficiarios de programa.

Llegado el momento de la implementación del plan nuevamente cobró centralidad la presencia de los niños y niñas que componían el grupo de cinco familias reasentadas -en lo que se preveía sería el primer contingente, pero que luego sería el único. El PRFOSU representaría para ellos una oportunidad única de encontrar un nuevo futuro. El pasaje de un entorno de violencia y desamparo a una “tierra de paz y futuro”, fue muchas veces enfatizado en referencia a ellos, que serían los principales beneficiarios del sistema educativo público, muchas veces apuntado como el constructor de la identidad nacional uruguaya y de las tan valoradas características de su pueblo: tolerancia, cultura cívica, posibilidad de transitar y resolver los conflictos por vías pacíficas.

Desde el comienzo del proceso, el centro de las argumentaciones a favor y en contra del reasentamiento estuvo en los niños. Las iniciativas y críticas debieron ser moduladas o formuladas en concordancia con las directivas del régimen internacional de refugio, encabezado por ACNUR. Esa adecuación se procesó fundamentalmente en el criterio de selección de los beneficiarios; ya no serían únicamente niños/menores sino, que se integrarían adultos referentes para acompañarlos. Sin embargo, no implicó necesariamente, una modificación en el énfasis dado a los componentes que motivaron el apoyo público al programa y, fundamentalmente, en la forma en que este fue comunicado por diversas fuentes y difundido por los medios de comunicación.

Nos detendremos en el primer momento, en el que el entusiasmo generalizado todavía estaba vigente; focalizando en la forma en que fueron construidos los sentidos que se proyectarían sobre lo que denominamos el refugiado como objeto de tutela. Proponemos que: por encima del derecho al refugio y los derechos humanos, de los acuerdos de solidaridad internacional, e incluso por encima de los Derechos de niños, niñas y adolescentes -como instrumentos de protección- lo que movilizó el entusiasmo general en torno al PRFOSU, y la respuesta popular masiva, fue una mezcla entre el altruismo de un humanitarismo que nos conmueve y el utilitarismo referido al aporte que esos niños harían al país, en términos demográficos más que culturales.

El refugiado como sujeto de conversión: un inmigrante ideal

En la introducción planteamos que la distancia entre las personas participantes del PRFOSU y el refugiado hiperreal se cristaliza en la articulación de dos polos de sentido: el refugiado como sujeto de tutela (que ya desarrollamos) y el refugio como acto de conversión. Sentidos que se encuentran en permanente disputa con las concepciones propias del universalismo humanitario. Esta disputa encuentra parte de sus fundamentos en los procesos de construcción de la identidad nacional en Uruguay. Procesos políticos que conllevan alteridades históricamente constituidas en torno a matrices coloniales, que implican además desarrollos históricos y precipitan la necesidad de comprender las configuraciones nacionales específicas y la forma en que las identidades hegemónicas y las alteridades subalternizadas se configuran en cada contexto (^{Segato, 2007}).

Es decir que para comprender cómo se produce el refugiado como sujeto de conversión tendremos en cuenta “las estrategias de unificación implementadas por cada Estado nacional [en este caso el uruguayo] y las reacciones provocadas por esas estrategias [que] resultaron en fracturas peculiares en las sociedades nacionales” (^{Segato, 2007}: 47).

El refugiado hiperreal y la pretendida voluntad de conversión se vincula, en este caso, con representaciones previas, correspondientes a las de la inmigración de fines del siglo XIX y comienzos del SXX al Uruguay y la región. Movimientos poblacionales en los que encontramos un patrón étnico-identitario normativo que cuenta con la imagen del inmigrante europeo como constructor -o mejor dicho fundador- de la nación. Ya en “Configuraciones histórico-culturales de los pueblos americanos” (^{Ribeiro, 1972}) vemos una tipología que toma al Uruguay como un ejemplo de pueblo trasplantado definido en términos ideales como aquel conformado por población de origen europeo, que habría mantenido su identidad cultural, lengua y características raciales en el lugar de destino. Pero en el mito fundacional del Estado-nación moderno uruguayo, más que el trasplante, prima la concepción de una ciudadanía conformada por un “crisol de razas”, donde los componentes migratorios europeos se fundieron dando lugar a una nueva identidad, caracterizada por la homogeneidad y la estabilidad (^{Quijano, 2014}, 769). Uruguay se erige como excepción (^{Guigou, 2010}) y a través del igualitarismo que impone su Estado laico subsume -al mismo tiempo que niega- cualquier desigualdad.

Es en este contexto, para abordar los sentidos atribuidos a las personas reasentadas en el marco del PRFOSU, que el concepto de conversión -referido generalmente a un proceso específico de agregación religiosa- resulta operativo. Nos sirve para abordar la relación entre refugiado -entendido como persona en situación de refugio- y ciudadano uruguayo porque desde el imaginario se establece la pretensión de un cambio de pertenencia entre entidades de distinto orden pero que resultan claves en la determinación de cuál es el lugar en el mundo de la persona en cuestión y el espacio simbólico en el que se desarrollará lo trascendente para cada participante del PRFOSU.

Para el Plan en sí mismo, lo trascendente coincidirá con la descendencia y el motus proprio de la solidaridad ejemplarizante de esa propuesta de reasentamiento: los niños. Mientras que el espacio simbólico relacionado con la cosmología estará encarnado en el Estado-nación de pertenencia. ¿Si el Estado-nación de origen no ofrece la protección indispensable por qué no trasladar esa lealtad y por tanto mutar la identidad a uno nuevo, que se presenta abierto a la agregación, como otros ya lo han hecho al construir el Uruguay?

Esta creencia coincide con lo planteado por (^{Lofland y Stark, 1965}) sobre la conversión. Los autores tipificaron que las etapas de la conversión religiosa se iniciarían por la presencia de tensiones profundas y duraderas en el futuro converso, quien tendería a buscar en el nuevo contexto religioso las soluciones a sus problemas. Este modelo ha sido sumamente criticado, principalmente por no tener en cuenta los entornos socioculturales específicos de los sujetos conversos. Respecto al objeto que nos ocupa, ese entorno específico refiere a la condición misma que define al refugio en términos jurídicos y que está signada por la provisionalidad, situación de excepción que una vez finalizada la catástrofe que lo motivó -como en este caso la crisis humanitaria en Siria- deberá restituir a las personas a su lugar de origen. Tal como desarrollamos, esto es el derecho a retorno que cada país que acepta refugiados debe comprometerse a garantizar.

En un trabajo posterior el mismo (^{Lofland y Skonovd, 1981}) plantea la importancia de ubicar la conversión tanto geográfica como temporalmente. Siendo también imprescindible tener en cuenta que “las estrategias de conversión no son independientes de los fines y de las cosmovisiones de los movimientos” (^{Introvigne, 2010}, 372), es decir de los contenidos particulares de los ámbitos de pertenencia que motivan y le son habilitados a los conversos.

En nuestro caso no hay conversos, hay personas sunnitas de origen sirio con familias numerosas en situaciòn de refugio en un país cultural y geográficamente distante: el Uruguay. País que desde diversos medios insiste -como ya desarrollamos- en enajenar esa condición a cambio de su asimilación. Este componente puede ser rastreado en la genealogía de la gestión del plan casi a sus orígenes en cómo se establece el criterio de seleccionar familias: integradas mayoritariamente por niños y niñas, acompañados de sus madres y de un varón adulto con capacidad de incorporación al mercado de trabajo local, preferentemente con lo que se denominó “perfil rural” y que establecía experiencia previa que permitiese el desarrollo de las actividades en áreas suburbanas o netamente rurales. Al mismo tiempo que se toma la decisión política de que no se realizase un reasentamiento conjunto de las familias, intentando evitar “la conformación de un ghetto”, favoreciendo la integración/asimilación¹².

Porque si bien podemos señalar que el mito de un Uruguay “blanco y europeo” ha ido perdiendo capacidad explicativa en la medida en que otras realidades emergen y pugnan por un lugar en las representaciones del “ser nacional” -como el caso de los colectivos indígenas o las organizaciones afro uruguayas- las investigaciones etnográficas previas muestran que, frente al ingreso de nuevas corrientes migratorias, el mito del crisol se actualiza, revitalizando los efectos de integración-expulsión (^{Uriarte, Ramil, 2016}).

Actualización para la que la tríada “familia numerosa, campo y hombre trabajador” resulta particularmente potente porque permite ubicar literalmente a los refugiados en un escenario de otro tiempo, el tiempo mítico de consolidación del Estado moderno, en que los migrantes de posguerra se sitúan en las zonas aledañas de la ciudad coincidiendo con la bonanza económica de los sectores más privilegiados de la ciudadanía. Eufemizando el cambio de las condiciones históricas que entre otros no permitían el retorno de los inmigrantes a sus países de origen.

En ese contexto el convertirse en ciudadanos uruguayos implicaba el compromiso con los valores fundantes de la identidad uruguaya (civilidad laica) alineados en gran medida con el contexto cultural de origen (europeo y mayoritariamente cristiano), reconocidos como elementos constitutivos del devenir nacional. Podemos afirmar, entonces, que adoptar la ciudadanía en ese momento no supuso necesariamente un acto de conversión en la medida que no amenazaría el origen, sino que garantizaría un nuevo comienzo.

Reflexiones finales

A lo largo del texto mostramos la forma en que son vistos los integrantes de las familias sirias reasentadas en Uruguay (en el marco del PRFOSU) entre dos extremos que paradójicamente constituyen un refugiado hiperreal. También desarrollamos cómo entre ambos polos de esta representación queda poco espacio para que entren en juego efectivamente las concepciones -el sentido universalista- de solidaridad internacional y garantía de derechos en la que se basan las definiciones del refugio dentro del sistema internacional de refugio, que se implementa en torno a ACNUR a lo largo del planeta.

A la luz de las características del igualitarismo uruguayo y los aspectos del mismo que se despliegan en la configuración del refugiado hiperreal como sujeto de conversión, podemos pensar de qué modo la construcción del significado de ciudadanía (y por ende la concepción que se tiene del propio ciudadano uruguayo), en tanto concepto dinámico e inconcluso, “estuvo regida por el doble movimiento que desencadenó su difusión y su aprendizaje colectivos: por un lado, de inclusión, imposición y homogeneización, y, por otro, de marginación y subversión”. Quizás, como ya fue analizado en el caso boliviano (^{Irurozqui, 2014}: 105) “esa doble operación social dio lugar a un proceso de conflicto y negociación en el que la ciudadanía resultó de la lucha de los sujetos para obtenerla, no para ampliarla”. Esto habilitaría la puesta en cuestión de las capacidades de autogestión que enmascaran ambas visiones presentadas: verlos un poco como niños -menores tutelables y solubles en nuestra sociedad- y otro poco como réplica o simulacro del inmigrante ideal constructor del Estado moderno uruguayo y la identidad nacional asociada. El segundo aspecto implicaría un elemento clave: el ser también fundible en el crisol de razas, crisol que por definición aún hoy excluye tanto a la población afro como a la perteneciente a los pueblos originarios.

Igualitarismo homogeneizador que niega la diferencia habilitando que el imperativo moral de la solidaridad frente a la crisis humanitaria en Siria -enunciado a nivel gubernamental y a través de los medios de prensa- se desplace mediante una inversión del orden de la emergencia: el valor de la vida es supeditado a la "voluntad" de asimilación