Introducción

En el presente año 2019 fue promulgada la Ley N.° 19.768 sobreArchivología. Reconocimiento de su condición profesional y regulación de su actividad,de fecha 27 de junio de 2019. Esta norma completa un vacío legal en el Uruguay y desarrolla lo preceptuado en el artículo 7° de la Ley N.° 18.220del Sistema Nacional de Archivos (SNA) de 20 de diciembre de 2007, en cuanto a procurar la profesionalización del personal responsable de los archivos.

La nueva Ley N.° 19.768 ha sido resultado de una iniciativa de la Asociación Uruguaya de Archivólogos, teniendo una gran aceptación por parte de los legisladores de todos los partidos políticos con representación parlamentaria, siendo aprobada por unanimidad de ambas cámaras.

Metodología

Este trabajo, luego de comentar algunos antecedentes―en el país y a nivel comparado―, así como sobre el proceso de elaboración de dos anteproyectos de ley ―en diversos momentos (2009 y 2017) ―, detalla los distintos pasos en el trámite parlamentario y aporta un análisis de los principales postulados de la ley promulgada, su trascendencia en los ámbitos archivístico y legal, y esboza algunos posibles contenidos para el futuro decreto reglamentario.

El análisis se desarrolla desde una perspectiva jurídico-archivológica y para terminar brinda algunas consideraciones finales subrayando próximas líneas de trabajo respecto de la aplicación efectiva de la nueva ley.

Antecedentes y contexto

Archivología universitaria: su desarrollo en el país

En el Uruguay ―hasta el momento y en forma única― existe formación archivística en la Universidad de la República, a partir del año 1983. Sus primeros egresados fueron registrados en diciembre de 1985, sumando hasta el momento la cantidad de 303 (trescientos tres) titulados al 30 de abril de 2019, de los cuales 122 han obtenido el nivel de licenciatura. Acerca del detalle sobre los egresados en archivología en el país, periodo 1985-2015, remitimos a una investigación y publicación de sus resultados en Vázquez Bevilacqua^{(Vázquez Bevilacqua 2016}).

A modo de resumen, podemos brindar los siguientes datos actuales (Tabla 1):

Tabla 1: Archivólogos (1985-2019) 

Fuente: Elaboración propia, en base a datos publicados por UDELAR - SECIU (SGB) para el periodo 01/12/1985- 31/12/2015; e información proporcionada por la Bedelía de la Facultad de Información y Comunicación y la Bedelía del CUPpara el periodo 01/01/2016 - 30/04/2019.

Respecto de los Licenciados en Archivología en el país, aportamos la siguiente información sobre los egresados de la Universidad de la República (Tabla 2):

Tabla 2: Egresados 

Fuente: Elaboración propia, en base a un detallado seguimiento de las resoluciones del Consejo de la Facultad de Información y Comunicación, periodo 01/03/2015 - 31/05/2019. Recuperado de www.expe.edu.uy (Última actualización de datos disponibles: 01/06/2019).

Los primeros licenciados datan del 4 de junio de 2015 y, los últimos en haber obtenido su grado universitario, del 30 de mayo de 2019. Teniendo presente que ―por Reglamento (2014)― los periodos de solicitud de trámite de conversión de título se extienden entre marzo y junio de cada año, estas cifras se actualizan anualmente. Aún esperamos los primeros egresados del Plan 2012 de la Licenciatura, próximos a recibirse.

Por su parte, la inclusión de los nuevos egresados en la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, data del año 2015.

La Asociación Uruguaya de Archivólogos (AUA)

Se trata de una organización que, como asociación civil, fue fundada el 22 de noviembre de 1993, siendo su personería jurídica otorgada por el Ministerio de Educación y Cultura (Resolución N.° 851/994).

Entre sus fines sociales, se encuentran: informar y asesorar sobre el diseño de políticas archivísticas y el rol de los archivos como factor de desarrollo de los países; procurar que los mismos estén dotados de recursos humanos, técnicos y económicos, facilitando su acceso; velar por los derechos de los archivólogos universitarios y los funcionarios de archivos; colaborar y vincularse con organizaciones archivísticas regionales e internacionales (^{Asociación Uruguaya de Archivólogos, 1993})(Estatuto Social, artículo 2°). En este último sentido, la AUA se encuentra afiliada a la Asociación Latinoamericana de Archivos―ALA― (con sede en Ciudad de México) y al Consejo Internacional de Archivos―ICA― (con sede en París, Francia).

En el año 2003, por resolución de fecha 3 de noviembre del Ministro de Educación y Cultura, fue declarado de interés ministerial el 22 de noviembre como Día del Archivólogo, hoy reconocido con status legal a través de la nueva Ley 19.768 en su artículo 10.

La Asociación, en sus 25 años de vida, ha desarrollado múltiples acciones y actividades, por sus propios esfuerzos o conjuntamente con otras instituciones: nacionales (Archivo General de la Nación, Universidad de la República, EUBCA, Facultad de Información y Comunicación), extranjeras (asociaciones de archiveros del MERCOSUR) o internacionales (ALA, ICA), etc. Desde el año 2010, posee su sede social propia en la ciudad de Montevideo.

El primer Anteproyecto de ley (2009): Base del texto

Luego de la sanción de la Ley del Sistema Nacional de Archivos (2007), durante el año 2008 fue conformado un Grupo de Trabajo ad hoc―en el ámbito de la Asociación Uruguaya de Archivólogos (AUA)― que elaboró un primer Anteproyecto de ley de Regulación del ejercicio profesional del Archivólogo; su redacción fue culminada en el mes de febrero de 2009 (^{Asociación Uruguaya de Archivólogos, 2009}). Esta iniciativa no hacía otra cosa que cumplir con el Estatuto Social de la AUA (^{Asociación Uruguaya de Archivólogos,1993})Art. 2°, literales c), j) e i)), aprobado por el Ministerio de Educación y Cultura (Resolución N.° 851/994).

Diversos motivos, en especial la finalización del periodo de la legislatura de entonces,imposibilitaron su presentación y tramitación parlamentaria.

Este texto sirvió como primera base para retomar la iniciativa en el año 2015.

El segundo Anteproyecto de ley (2017): Una propuesta más extensa

Precisamente, entre 2015 y 2016, las autoridades de la Asociación retomaron la preocupación de impulsar el reconocimiento legal de la profesión con la elaboración de un nuevo anteproyecto, que tiene como base y antecedente el anterior ya mencionado.

Al primer Anteproyecto (2009), compuesto de nueve artículos y una exposición de motivos de perfil más historicista y nutrida de legislación a nivel nacional y comparado, le sucedió un segundo Anteproyecto (2017) de dieciocho artículos―preparado por una abogada⁽⁶⁾― con una exposición de motivos más breve y recostada sobre el derecho de acceso a la información, resultando un texto más afinado y detallado en cuanto a los aspectos deontológicos fundamentales e imperativos éticos generales a tener presente en el ejercicio de la profesión de archivólogo.

El borrador fue puesto a consideración del colectivo social entre el 29 de marzo y el 20 de abril de 2017, a efectos de que los socios pudieran realizar consideraciones y aportes en la formulación final de este anteproyecto (véase correo electrónico del presidente de la Asociación Uruguaya de Archivólogos de fecha 29 de marzo de 2017). Entre otros aspectos, este texto, en su artículo 6° realizaba un abordaje más amplio en cuanto a la denominación, contemplando aquellas como archivero y archivista, además de archivólogo, aspecto ya previsto en el artículo 5° del Anteproyecto de 2009.

Fue entonces, en el primer semestre de 2017, que quedó afinado el texto de lo que resultó el Anteproyecto de 2017, aprobado en Asamblea General Extraordinaria de la Asociación Uruguaya de Archivólogos de 12 de julio de 2017 (Acta N.° 35 del Libro de Actas de Asambleas)(^{Asociación Uruguaya de Archivólogos, 2017}).

Por otra parte, de acuerdo a informes de la Comisión Directiva de la Asociación, en el segundo semestre de 2017, se realizaron contactos con diputados de distintas bancadas de la cámara baja para concientizarlos acerca de la propuesta y efectivizar su ingreso al Parlamento.

Finalmente, a comienzos de 2018 se logró la entrada a trámite parlamentario, a través del representante nacional Roberto Chiazzaro.

El Proyecto de ley (2018):Entrada y su tratamiento en la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes

El 8 de mayo de 2018 se dio entrada al proyecto de ley en la Cámara de Representantes y su pase a la respectiva Comisión de Educación y Cultura.

Fue en el seno de esta Comisión, en su sesión de 12 de diciembre de 2018, que tomó forma el texto sustitutivo definitivo. Más adelante veremos la secuencia del trámite parlamentario, así como el análisis de la ley.

Ahora, aportamos un cuadro con el resultado de los artículos aprobados y no aprobados en la referida sesión (Tabla 3).

Tabla 3:  Artículos aprobados y no aprobados. 

Fuente: Elaboración propia, en base a la Versión taquigráfica N.° 1990 de 12/12/2018.

Ley 19.768: Trámite parlamentario

El anteproyecto de ley fue presentado por la Asociación Uruguaya de Archivólogos al Poder Legislativo durante el segundo semestre de 2017 y en mayo de 2018 fue ingresado para su tratamiento parlamentario. La propuesta fue tramitada a través del representante nacional Roberto Chiazzaro. La Asociación mantuvo contactos con legisladores de distintos partidos políticos con representación en la Cámara.

La secuencia del trámite parlamentario ―y posterior― fue la siguiente:

Postulados y disposiciones de la Ley: texto, contexto, análisis

La Ley 19.768, sancionada por unanimidad de ambas Cámaras legislativas, resume en once artículos sus disposiciones sustantivas y se estructura en seis capítulos, a saber: I) “Reconocimiento del carácter profesional” (artículo 1° y 2°); II) “Ámbito de aplicación” (artículo 3°); III) “De los profesionales archivólogos” (artículos 4° y 5°); IV) “Obligaciones de los profesionales y las entidades públicas y privadas⁽⁸⁾” (artículos 6° a 8°); V) “Disposiciones deontológicas fundamentales” (artículo 9°); y VI) “Disposiciones finales” (artículos 10 y 11).

La aprobación ―en media sanción―fue dada por la totalidad de representantes nacionales presentes (68/68) y, al final del tratamiento del proyecto de ley, la representante nacional Susana Montaner fundamentó su voto en una afinada alocución de perfil técnico donde, además, destacó los aportes realizados en el ámbito de la Comisión de Educación y Cultura (CRR) para la obtención de una mejora del texto propuesto. La votación producida, luego, en la Cámara de Senadores otorgó nuevamente la unanimidad de votos en su plenario (23/23) al momento de la sanción definitiva. El senador Ruben Martínez Huelmo, en calidad de miembro informante de la Comisión de Educación y Cultura (CSS) desarrolló una detallada fundamentación de la relevancia del proyecto en consideración (Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores, Tomo 595, pp. 566-568, Diario 13).

Se debe tener presente que la nueva ley -analizada en este trabajo- tiene fundamento legal en el artículo 7° de la Ley N.° 18.220 del “Sistema Nacional de Archivos” de 20 de diciembre de 2007, laque fue detalladamente analizada en Vázquez Bevilacqua^{(Vázquez Bevilacqua, 2018}).

Pasaremos ahora, en forma puntual, a compartir y analizar cada uno de los artículos de la nueva norma legal:

Artículo1º (Reconocimiento de la profesión).―Se reconoce la condición profesional de los archivólogos, estando amparados por la presente ley los profesionales universitarios que reúnan las condiciones para el ejercicio de la profesión de archivólogo de acuerdo a lo establecido en el artículo 5° de la presente ley. La archivología es reconocida como profesión de carácter liberal, técnico y de nivel universitario. (Ley 19.768)

Este primer artículo, principal en el desarrollo de la ley establece el reconocimiento legal de la profesión, aspecto medular de la propuesta promovida por la Asociación Uruguaya de Archivólogos. Durante la discusión general del proyecto de ley en el pleno de la Cámara de Representantes, luego de un intermedio, el representante nacional Ope Pasquet solicita desglosar el artículo 1° durante la votación y ―en procura de mejorar la redacción del texto― propone eliminar una “coma” y una preposición “a” en el referido artículo, no manifestando objeción el miembro informante de la Comisión.La aludida mejoría -tras una detenida lectura del proyectado artículo 1°- resultó de escasa trascendencia. Seguidamente, se procedió a votar el texto sustitutivo con la modificación antedicha, primeramente el artículo 1° y luego ―en bloque― los artículos 2° al 11, que se desarrollan a continuación.

Artículo 2°. (Sujeción).- El ejercicio de la archivología estará sujeto a las disposiciones de la presente ley. (Ley 19.768)

En primer lugar, tengamos presente una de las acepciones a través de las cuales la Real Academia Española define el vocablo “sujeción”: Unión con que algo está sujeto de modo que no puede separarse, dividirse o inclinarse(^{Real Academia Española, 2014}).Ahora bien, el Diccionario del español jurídico, plantea que sujeción significa: Sometimiento de una persona, una cosa o una actividad a una regulación jurídica (^{Real Academia Española, 2016}). Esta última definición, aplicada al caso que nos ocupa, aporta una idea de concepto que implica una regulación jurídica destinada al binomio persona-actividad, en definitiva, sujetando―a los preceptos de esta ley― a los archivólogos en el ejercicio de la archivología, es decir: a los profesionales en el ejercicio de la profesión.

Artículo3º.(Ámbito objetivo).- El ejercicio de la archivología comprende, entre otras acciones: A) Planificar, diseñar, administrar, evaluar, controlar y gerenciar técnicamente los documentos de archivo, en sus diferentes soportes. B) Identificar, producir, organizar, describir, valorar, seleccionar, realizar diagnósticos, conservar y custodiar los documentos y, en general, llevar adelante todas las actividades que procuren el desarrollo de la gestión documental. C) Definir y formular políticas y proyectos archivísticos. D) Gestionar unidades, sistemas y servicios de información archivística. E) Conocer, organizar, recuperar, difundir, preservar la información y conservar el patrimonio documental del país. (Ley 19.768)

Este artículo tercero describe las principales funciones y actividades de la profesión del archivólogo. En lo sustantivo, fue tomado a partir del artículo 4° del Anteproyecto de 2009, que a su vez estaba inspirado en los artículos 2° y 3° de la norma brasileña (Brasil, Ley N.° 6.546 de 4 de julio de 1978).

Artículo4º.(Profesionales archivólogos).- Se entiende por ejercicio profesional de la archivología el desempeño laboral de los profesionales a que refiere el artículo 1° de la presente ley, en materia de gestión documental y administración de archivos, siendo su actividad fundamental el desarrollo de las actividades señaladas en el artículo 3° de la presente ley. (Ley 19.768)

El artículo cuarto, en pocas palabras pero con una amplia e integradora dimensión, entiende al ejercicio profesional como el desarrollo de aquellas acciones que refieran a la “gestión documental” y a la “administración de archivos”. Debemos tener presente el tratamiento archivístico a lo largo del ciclo vital de los documentos, desde la gestión en sus instancias de planificación y producción documental, su periodo de vigencia, así como la administración de los grandes conjuntos de documentos, fondos documentales y colecciones recogidos en los archivos (archivos centrales, archivos intermedios, archivos históricos).

Artículo 5º (Condiciones para el ejercicio de la profesión de archivólogo).- Para el ejercicio de las profesiones archivísticas en todo el territorio nacional se exigirá: A) Título de archivólogo, licenciado en archivología o equivalente, otorgado por la Universidad de la República u otras universidades habilitadas por las autoridades competentes. B) Título de archivólogo, licenciado en archivología o equivalente, otorgado por universidades extranjeras, revalidado o reconocido por autoridad competente.(Ley 19.768)

El artículo quinto, establece quiénes están habilitados al ejercicio de la profesión. Para ahondar en esta temática sugerimos retomar el apartado Archivología universitaria: su desarrollo en el país al comienzo de este trabajo, así como consultar la literatura referenciada.

Artículo 6º (Obligaciones de los archivólogos).- Los archivólogos deberán cumplir con las siguientes obligaciones, sin perjuicio de otras indicadas por las disposiciones normativas vigentes o sus códigos de actuación profesional: A) Cumplir profesionalmente con las actividades establecidas en el artículo 3° de la presente ley. B) Custodiar y cuidar los bienes, valores, documentación e información que en mérito a su actividad profesional le fueren conferidos o a los que tuviera acceso, realizar todas las acciones a su alcance tendientes a impedir o evitar su sustracción, destrucción, ocultamiento, alteración o utilización indebidos de acuerdo con la finalidad para la que hubieran sido destinados. C) Denunciar los delitos, contravenciones y faltas de que tuvieren conocimiento en ocasión del ejercicio profesional aportando toda la información que tuviere a su alcance. D) Velar por la protección del patrimonio documental nacional. E) Contribuir con la cultura archivística nacional e internacional en caso de corresponder. (Ley 19.768)

En su artículo sexto, aparece una disposición central en cuanto a las obligaciones de los profesionales a los que, ahora, se les reconoce como tales.

Una premisa de esta ley, promovida por el colectivo profesional, trataba de que no solo refiera a reconocer derechos, sino, y, como parte sustantiva, también establecer determinadas obligaciones dada la trascendencia del ejercicio profesional de los archivólogos respecto del patrimonio documental de la nación y la responsabilidad inherente frente a los ciudadanos. Este fue el espíritu de los anteproyectos de 2009 y de 2017, el que queda recogido ahora en el nuevo texto legal.

Artículo 7º (Obligaciones de la entidades públicas).- A partir de la entrada en vigencia de la presente ley y en aplicación de lo dispuesto por el artículo 7° de la Ley N.° 18.220, de 20 de diciembre de 2007, toda institución pública que requiera los servicios profesionales descriptos en el artículo 3° de la presente ley, estará obligada a cubrir los cargos y funciones con las personas que cumplan con los requisitos dispuestos en el artículo 5° de la presente ley. (Ley 19.768)

Este artículo séptimo otorga status legal y desarrolla lo preceptuado por los artículos 6° y 13° del Decreto 355/012 (reglamentario de la Ley 18220), que establece como requerimiento título universitario de archivólogo a quienes ocupen la dirección técnica en gestión documental y archivo de las instituciones públicas.

Artículo 8º (Categorización de los archivólogos por las entidades públicas). Las entidades públicas deberán regularizar la situación profesional de sus funcionarios que, contando con los requerimientos que se señalan en el artículo 5° de la presente ley y se encuentren en el ejercicio efectivo de las funciones profesionales de archivólogo, revistan en un escalafón diferente al que corresponda según la titulación, en un plazo de treinta y seis meses a partir de la entrada en vigencia de la presente ley. (Ley 19.768)

La adecuación presupuestal de los cargos y funciones de aquellos archivólogos que desarrollan su profesión en el sector público, pasa a ser un imperativo legal que debe plasmarse en las próximas leyes de presupuesto y rendiciones de cuentas, dentro del plazo estipulado en dicho artículo. A estos efectos, debe tenerse presente que la actual norma que posibilita la “transformación de cargo” en la Administración Pública reviste un carácter parcial, insuficiente o defectuoso, en tanto y a vía de ejemplo: solo pueden ampararse funcionarios de los Incisos 02 al 15⁽⁹⁾, no pueden transformarse determinados cargos según el escalafón actual (escalafón R), requiere un determinado plazo en el desempeño efectivo (doce meses), requiere un aval del jerarca (Ley 19355, artículo 10).

Asimismo, además del Poder Ejecutivo, las distintas instituciones públicas estatales como: Poder Legislativo, Poder Judicial, Corte Electoral, organismos de contralor, entes autónomos, servicios descentralizados, gobiernos departamentales, municipios locales o entidades públicas paraestatales ―que no lo hayan hecho ya⁽¹⁰⁾― deberán adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de la disposición de este artículo octavo.

Artículo 9º (Principios).- El ejercicio de la actividad de los archivólogos se regulará de acuerdo con los siguientes principios: A) Integridad de los bienes documentales. Los archivólogos protegerán la integridad de los bienes documentales que custodien a los efectos de salvaguardar su carácter de testimonio fidedigno del pasado, debiendo custodiarlos y conservarlos adecuadamente, de acuerdo con las posibilidades de la técnica y sus conocimientos profesionales. B) Respeto por la autenticidad documental. Los archivólogos no realizarán ―salvo justificación específica― intervenciones de tipo alguno en los documentos que pudieran generar alguna afectación, debiendo garantizar en todo momento su valor, para lo que podrá incorporar soportes tecnológicos de diversa índole, acordes para el procedimiento archivístico. C) Registro y documentación de intervenciones. En caso de ser imprescindible la intervención en la documentación o su traslado a medios electrónicos, esto se realizará de acuerdo con las disposiciones normativas vigentes y dejando especialmente documentado todo el proceso desarrollado. D) Facilitación del acceso. Los archivólogos velarán por el acceso a la información contenida en los fondos y colecciones documentales que estén bajo su cuidado, no estableciendo impedimentos reñidos con los criterios de acceso a la información dispuestos en las disposiciones normativas vigentes. E) Respeto a la protección de los derechos de las personas a que refieran los documentos. Sin perjuicio de lo establecido en el literal anterior, los archivólogos procurarán resguardar ―a través de las advertencias correspondientes― del acceso a información personal que pudiere vulnerar los derechos de las personas a que refieren los documentos que se encuentran bajo su cuidado. F) Objetividad e imparcialidad. Los archivólogos actuarán conforme a derecho y a los códigos deontológicos de su profesión debiendo impedir la manipulación, encubrimiento o distorsión de los hechos a través de la manipulación de la información y de su acceso. G) No utilización de información a que accediere para beneficios personales. Los archivólogos no utilizarán la información a que tuvieren acceso para finalidades diferentes a aquellas que originaron su conocimiento. Estos principios servirán de criterio interpretativo a los efectos de la resolución de los conflictos que en aplicación de las disposiciones normativas vigentes pudieran suscitarse. (Ley 19.768)

La redacción de este artículo noveno en cuanto a las disposiciones deontológicas fundamentales, tiene como base lo previsto en los artículos 7° y 8° del Anteproyecto de 2009, constituye una versión más elaborada y más apropiada a la técnica legislativa. Entre sus contenidos, se han integrado disposiciones previstas en el Código de Deontología para Archiveros(^{Congreso Internacional de Archivos, 1996}),documento aprobado por el Consejo Internacional de Archivos en oportunidad de la sesión de su XIII Asamblea General celebrada en Pekín (1996).

Artículo10.(Designación del día nacional del profesional de la archivología).- Declárase el día 22 de noviembre de cada año, como Día Nacional del Archivólogo. (Ley 19.768)

Esta disposición, ya prevista en el Anteproyecto de 2009 ―artículo 9°―, recoge la fecha en que tradicionalmente los archivólogos han celebrado su día, en atención a la fecha de fundación de la asociación profesional. Además, tiene como antecedente una resolución del Ministro de Educación y Cultura, de fecha 3 de noviembre de 2003, que declaró de interés ministerial el día 22 de noviembre como Día del Archivólogo.

Artículo 11 (Reglamentación).- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo de ciento ochenta días a partir de la fecha de su promulgación. (Ley 19.768)

En el apartado siguiente detallamos aquellos artículos y literales no aprobados, varios de los cuales ―no todos―, por su contenido, y a entender de los legisladores de la Comisión de Educación y Cultura (CRR), serían materia del futuro decreto reglamentario de la presente ley.

Artículos y literales no aprobados: Insumos para un futuro decreto reglamentario

En la sesión del 12 diciembre de 2018, la Comisión de Educación y Cultura (CRR), en un pormenorizado tratamiento, dejó por el camino algunos artículos completos o literales del entonces proyecto de ley entrado que, a su criterio, no correspondía que formaran parte del futuro texto legal. En algunos casos por obviedad, otros por reiterativos y finalmente aquellos que agruparíamos como posible futura sustancia del decreto reglamentario posterior.

Repasemos ahora, uno a uno.

Proyecto de artículo 4°: “(Ámbito territorial).- Reconócese el ejercicio de la archivología en el territorio de la República Oriental del Uruguay.”

Este artículo proyectado ―a algunos legisladores― les parecía una obviedad, en atención a sus comentarios recogidos en la versión taquigráfica, no obstante, tengamos presente que fue el único artículo que en su votación obtuvo un triple empate y, en aplicación del reglamento correspondiente, finalmente resultó rechazado.

Proyecto de artículo 5°: “(Ámbito de actuación).- El ámbito de la actuación profesional estará constituido por el libre ejercicio de la profesión así como por el cumplimiento de funciones en las personas jurídicas, públicas y privadas en las que los archivólogos cumplan actividad profesional.”

Durante el tratamiento de este artículo se entendió que sus contenidos se incluían en artículos siguientes, además de entender que no correspondía incluir al sector privado, circunstancia que no compartimos.

A nuestro entender, deberá reflexionarse en un futuro cercano sobre este posicionamiento, en tanto, debemos tener presente que no todos los archivos privados se encuentran en una misma situación; además de archivos personales y archivos familiares, podemos encontrar: archivos eclesiásticos, archivos empresariales, archivos de asociaciones y fundaciones, archivos de entidades culturales y/o educativas privadas, archivos privados que reciben un apoyo o una subvención estatal o de la cooperación archivística nacional o internacional y, por otra parte, los archivos privados que opten por estar incluidos en el Sistema Nacional de Archivos (Ley 18220, artículo 6°).

Asimismo, recordemos la siguiente definición legal: Archivo: conjunto orgánico de documentos, reunidos por personas físicas o jurídicas, públicas o privadas en el ejercicio de sus funciones (Ley 18220, artículo 2°, literal A). Si la ley incluye a todos los archivos, ya sean estos públicos o ya sean estos privados: ¿Por qué debemos limitar la obligatoriedad del tratamiento de estos conjuntos orgánicos de documentos por profesionales calificados exclusivamente al ámbito público? Más aún, cuando la Universidad de la República forma archivólogos tanto para el sector público como para el sector privado (Plan de Estudios de la Licenciatura en Archivología año 2012).

Proyecto de artículo 8° literal C): “Tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a todas las personas con quienes tenga relación en oportunidad del ejercicio de la profesión.”

Este enunciado está contenido parcialmente en las disposiciones deontológicas fundamentales (véase: artículo 9° de la ley). Podría tenerse presente para la reglamentación de la ley.

Proyecto de artículo 10: “(Exhortación).- A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, se exhorta a todas las instituciones privadas que requieran los servicios profesionales descriptos en el artículo 3°, a cubrir los cargos y funciones con las personas que cumplan con los requisitos dispuestos en el artículo 7° (léase artículo 5° de la ley)”.

Aquí reiteramos lo manifestado para el proyecto de artículo 5° en cuanto al ámbito de actuación en archivos privados, también debe considerarse que, en este tipo de archivos, corresponde que los cargos y funciones sean cubiertos por archivólogos ―con título universitario.

Además, corresponde señalar que este proyecto de artículo 10, formó parte del capítulo IV “Obligaciones de los profesionales y las entidades públicas y privadas” cuyo contenido resultó modificado, quedando obsoleta la denominación del capítulo en tanto el legislador omitió retirar la referencia final: “y privadas”. Los artículos 7° y 8° del mencionado capítulo de la ley refieren en su totalidad a obligaciones de las instituciones públicas.

Proyecto de artículo 12: “(Disposiciones generales).- Sin perjuicio de la aplicación en lo de los códigos deontológicos aprobados por disposiciones normativas de carácter internacional, nacional o particulares de la asociación profesional, los archivólogos deberán dar cumplimiento a las disposiciones comprendidas en el presente capítulo”.

Este texto precedía al proyecto de artículo 13 (ahora artículo 9° de la ley). Sin duda su redacción necesita clarificarse, pues despertó incertidumbre entre los legisladores de la Comisión. Su contenido, reformulado, será materia de la reglamentación de la ley. Además, deberá tenerse presente y especial cuidado que, al mencionar el término “normativa”, la literatura archivística ―a menudo― alude a ésta en cuanto a normas de carácter técnico o ético, no tratándose de leyes nacionales o tratados internacionales ―ratificados o no por el país- a vía de ejemplo.

Proyecto de artículo 13 literal H: “Actuación multidisciplinaria para la obtención de los mejores resultados en la conservación y utilización de acervos documentales: los archivólogos facilitarán la cooperación multidisciplinaria en el marco de su actividad profesional, compartiendo conocimientos y experiencias profesionales, favoreciendo la práctica de los valores éticos de la profesión para la obtención de los mejores resultados para el resguardo y mantenimiento del patrimonio documental del país.”

Su contenido fue considerado por los legisladores de la Comisión como meramente instrumental. Más allá de ello, no es un tema menor la actuación mediante equipos o grupos multidisciplinarios a la hora de realizar ―por ejemplo― la evaluación documental (valoración y selección) de los documentos sobre los que se han de determinar su conservación permanente o temporal y su eliminación luego de transcurrido un plazo precaucional. La literatura archivística subraya la necesidad de abordar la temática de la evaluación/valoración documental desde una perspectiva interdisciplinar (^{Suárez Curbelo y Carrillo Fumero, 2012}).

Por otra parte, desearía aquí formular un comentario de carácter científico-terminológico, dadoque en la redacción de este proyectado artículo se empleó el término “acervo”, más habitual de otras disciplinas como la historia, la bibliotecología o la museología. Es objeto de estudio de la archivología el “documento de archivo” y los “fondos” y “colecciones” documentales. Y es precisamente el término “fondo” el recogido en la Norma Internacional General de Descripción Archivística (ISAD-G, 2000), así como el utilizado por la Norma Uruguaya de Descripción Archivística (NUDA) de 2016, que podemos encontrarlo definido en el Diccionario de Terminología Archivística (^{Ministerio de Cultura de España, 1995})y en el Glosario del decreto reglamentario de nuestro Sistema Nacional de Archivos (Decreto 355/012, artículo 14).

Proyecto de artículo 14: “(Imperativos éticos generales).- Los archivólogos ajustarán su actuación profesional a los siguientes imperativos éticos generales: A) Honestidad. B) Transparencia de la gestión. C) Obrar con prudencia y diligencia máximas. D) Evitar daños a terceros. E) Imparcialidad. F) Confidencialidad y privacidad. G) Propiedad intelectual. H) Justicia. I) Contribución al desarrollo social. J) Cooperación con el progreso de la profesión.”

Además de que los legisladores de la Comisión consideraron algunos aspectos de contenido incluidos en el artículo 9° de la ley, ó materia de otras leyes específicas, la redacción de este proyecto de artículo será necesariamente considerada a la hora de la reglamentación de la ley.

Proyecto de artículo 15: “(Responsabilidades profesionales específicas).- Son responsabilidades de los archivólogos: A) El conocimiento de las disposiciones normativas relacionadas con la actividad profesional que desarrollan. B) La adquisición y mantenimiento de la competencia profesional. C) La procura de la máxima calidad y efectividad en los procesos en que participen. D) El cumplimiento de las responsabilidades que les sean asignadas. E) La optimización de la utilización de recursos para el diseño de sistemas de información adecuados a los particularismos de cada organización.”

Este texto así como el que le precede, sin duda, también será tenido en cuenta a la hora de la reglamentación de la ley.

Proyecto de artículo 16: “(Transitorio).- Las personas que cumplan funciones en archivos y que al momento de entrada en vigencia de la presente ley, no cumplan con los requisitos exigidos por el artículo 5°, pero verifiquen competencia notoria y titulación diferente a la en él establecida, tendrán un plazo de 60 (sesenta) meses para la obtención de la titulación y ser amparados por las disposiciones establecidas en la presente ley.”

Este proyecto de artículo los legisladores de la Comisión lo advirtieron poco claro, “vidrioso” y de difícil aplicación, por lo que lo desestimaron de plano. Nos consta que fue espíritu de la Asociación contemplar aquellas personas que aún no hubieran obtenido su título, a efectos de que quedaran comprendidas en la presente ley de forma transitoria.

Otros insumos para la futura reglamentación

La Ley N.° 1.409 de 30 de agosto de 2010, de la República de Colombia, que reglamenta en 55 (cincuenta y cinco) artículos el ejercicio de la profesión archivística, por sus contenidos, grado de exhaustividad y mayor actualidad, resultará de gran interés a la hora de formular nuestro decreto reglamentario.

Además, será ilustrativo consultar la normativa respectiva para los casos de Costa Rica (Decretos reglamentarios de 1995 y 2017) y de México (Ley General de Archivos de 2018).

Consideraciones finales

Esta nueva LeyN.° 19.768, de 27 de junio de 2019, que reconoce la condición profesional del Archivólogo y regula su actividad, viene a marcar un nuevo punto de inflexión en la legislación archivística nacional⁽¹¹⁾, así como en su momento lo marcó la Ley 18220 ―en el año 2007―a través dela creación del Sistema Nacional de Archivos.

Constituye además, un avance legislativo relevante a nivel iberoamericano, en tanto hasta el momento solo tres países ―Brasil, Colombia y Panamá― poseen leyes específicas sobre reconocimiento profesional del archivólogo/archivero/archivista. Otros siete países―Ecuador, Costa Rica, Perú, Cuba, Uruguay, Rep. Dominicana y México―tienen incorporadas disposiciones relativas ala formación y reconocimiento profesional en sus leyes generales de archivos o de sus respectivos sistemas nacionales de archivos. En tanto, España tiene regulado el Cuerpo Facultativo de Archiveros mediante real decreto, desde el año 1858.

Respecto a la trascendencia social del ejercicio profesional del archivólogo, deberíamos interrogarnos sobre la pertinencia que cada egresado en archivología esté inscripto en una matrícula y preste juramento ante una autoridad del Estado, como podría ser: ante el Archivo General de la Nación (órgano rector del Sistema Nacional de Archivos), ante el Ministerio de Educación y Cultura o ante la Suprema Corte de Justicia⁽¹²⁾(^{Couture, 2013}).

Por su parte, la nueva ley uruguaya nos marca un nuevo horizonte de trabajo, a saber: