Movimientos feministas, derechos políticos de las uruguayas

En este trabajo se buscará analizar los objetivos del movimiento feminista que fueron presentados en la VII Conferencia Panamericana en Montevideo de 1933. A partir del análisis de los discursos pronunciados durante la Conferencia sobre los Derechos Civiles de las mujeres, se pretende identificar los logros y los derechos conquistados por mujeres en el Uruguay de la década del 30.

En 1911, por iniciativa de María Abella de Ramírez fue creado en el Ateneo de Montevideo la “Sección Uruguaya” de la Federación Femenina Panamericana, con el la intención de luchar por los derechos civiles y políticos de las mujeres.

A partir de 1914 numerosos proyectos de ley fueron presentados en las Cámaras de Diputados y Senadores, para otorgarle los derechos de votar y ser elegidas a las mujeres. Primero por los batllistas (en 1914), luego (en la Constituyente del 1917) por los socialistas y por último, vuelven los batllistas con el proyecto de Baltasar Brum en los años 1921 y 1923.

Por su lado en setiembre de 1916, Paulina Luisi crea el Consejo Nacional de Mujeres del Uruguay. En el mismo año, Luisi también fundó la revista Acción Femenina, destinada, entre otras cuestiones, a promover la concientización sobre la importancia de la igualdad política de las mujeres.

El Consejo Nacional de Mujeres obtuvo varias conquistas, dentro de las cuales la permisión para que las empleadas de las tiendas usaran libremente los elevadores durante las horas de trabajo. En 1918, logró que fueran construidos baños para mujeres en las universidades. Realizó también una campaña sobre educación sexual y educación cívica en las escuelas, además del apoyo a la “Ley de la silla”. En 1920, el Consejo se dirigió a la Cámara de Representantes, solicitando la sanción de un proyecto de ley que aprobaba el derecho al voto de las mujeres.

En 1919, la Comisión de Sufragio del Consejo Nacional de Mujeres se transformó en Alianza Uruguaya por el Sufragio Femenino (afiliada a la Alianza Sufragista Femenina Internacional, asociación internacional liderada por C. Chapman Catt), para alcanzar mayor independencia y efectividad en la obtención de los derechos políticos de las mujeres. Su estatuto defiende que: “(...)El objetivo fundamental de la Alianza (...) es obtener para las mujeres el derecho al sufragio (...) la Alianza es independiente de todo partido político y de toda opinión religiosa”⁽¹⁾.

En abril de 1917, durante las reuniones de la Convención Constituyente, las integrantes del Consejo Nacional de Mujeres uruguayas escribieron una carta reafirmando su deseo de conquistar derechos políticos y civiles, “porque considera que sólo en su libre ejercicio podrá la mujer demostrar el grado de sus fuerzas y desarrollar sin trabas sus actividades”⁽²⁾. La propuesta del voto universal -masculino- en el Proyecto de Reforma de la Constitución de 1916 en Uruguay concedió a las feministas la oportunidad de presentar una petición reivindicando sus derechos ciudadanos a través del recién creado Consejo Nacional de Mujeres.

El Partido Independiente Feminista⁽³⁾ fue fundado en 1932 y recibió impulso inicial a través de un artículo escrito por un político con el pseudónimo “Ghig”, el cual fue publicado en diario El Pueblo, periódico dirigido por ese autor. El primer artículo circuló en el día siguiente a la aprobación del voto de las mujeres y las convocaba a unir y formar un partido femenino. El texto destacaba que el destino del país estaría también en sus manos. Por eso, pedía que no se precipitaran, que no abdicasen su condición femenina, una vez que el valor de su voto estaba en su diferencia en relación a los hombres: “Vuestra bondad se relaciona con la bondad de los hombres. Estos son buenos porque piensan. Ustedes buenas, generalmente, porque sienten”⁽⁴⁾.

Esa reflexión posee una vena marcadamente sexista-esencialista: las mujeres “sienten”, los hombres “piensan”, motivo por el cual deben diferenciarse de un partido independiente. La diferencia sexual marcaba una diferencia de espacios y conductas.

Los derechos de las mujeres al voto y de ser candidatas para gobernar fueron otorgados en Uruguay recién en 1932. Gabriel Terra era el presidente de la República desde 1931 y, en año 1933, instauró una dictadura. En día 8 de agosto de 1932 el Senado se reunió y entre los temas en pauta figuraba el proyecto de ley de aprobación de los derechos políticos de la mujer, regido por Baltasar Brum, y presentado por los Senadores Minelli y Lorenzo Batlle Pacheco. El Senador Minelli expresó -dirigiéndose a la “barra” compuesta inminentemente, esta vez, por mujeres- que no había razón que impidiese la aprobación de ese proyecto: “después de que fue abolida la esclavitud en nuestro país, los esclavos pudieron votar, y nadie puede pretender que en ese momento tenían más inteligencia, ilustración y virtudes que las mujeres uruguayas”⁽⁵⁾.

En año de 1933, la feminista uruguaya Sara Rey Álvarez fundó otro partido de mujeres, el Partido Independiente Democrático Femenino (PIDF),que vigoró por seis años. En las elecciones de 1938 -primera elección en que las mujeres votaron- el PIDF presentó una lista exclusivamente de diputadas mujeres, siendo Sara Rey Alvarez su titular.

Los movimientos sufragistas que se dieron en nuestro país obedecen al feminismo de la primera ola, que tuvo su origen en la Francia revolucionaria con su pionera Olympe de Gouges y sus compañeras. Este feminismo buscaba la igualdad de derechos políticos como piedra angular del resto de los derechos. No es posible entender las reivindicaciones defendidas en la VII Conferencia Panamericana sin entender la lucha de las feministas sufragistas uruguayas y regionales. Tanto Paulina Luisi en Uruguay, Bertha Lutz en Brasil y Julieta Lanteri en Argentina (entre otras) fueron quienes lideraron estos movimientos en busca de los derechos políticos de las mujeres.

El concepto de panamericanismo y las conferencias internacionales americanas

Entender el concepto de panamericanismo como la unión de los países de América mediante tratados de colaboración recíproca, es ingresar en el estudio de las relaciones diplomáticas de Estados Unidos y el resto de los países del continente. Sin embargo, estas relaciones fueron marcadas por los tiempos de la potencia del norte y no por el resto de los países latinoamericanos.

Finalizado el proceso independentista de los países latinoamericanos, Estados Unidos no tenía una postura definida en materia comercial y política, más que la de pedir igualdad de condiciones diplomáticas respecto a los países europeos de mayor presencia en el continente. Sin embargo, el documento conocido como “doctrina Monroe” de 1823⁽⁶⁾, comenzó a mirar para el hemisferio sur, principalmente, con un criterio preventivo y defensivo en caso de ataques o invasiones europeas. La idea de una reconquista española con el apoyo de las restauradas monarquías europeas no escapaba a la atención de los Estados Unidos.

Luego de esta declaración, Estados Unidos entró en un proceso de construcción interna que incluía desde la preocupación por el avance territorial, la acumulación de materias primas ―en una mezcla de destino manifiesto y apetencias capitalistas―, la guerra civil y la consolidación del norte industrial y el sur agrícola ganadero. Los conflictos y problemas latinoamericanos no estaban en la agenda de los gobiernos de Estados Unidos por razones intrínsecas. Sin embargo, como reconoce el historiador argentino Leandro ^{Morgenfeld (Morgenfeld, 2009}): “Una de las estrategias para acceder a nuevos mercados iba a ser el “panamericanismo”, mecanismo para consolidar la presencia estadounidense en todo el continente, y a la vez horadar la hegemonía inglesa y la influencia de otros países europeos en América del sur”.

El proceso que se llama de construcción del panamericanismo, responde a una coyuntura económica y política desde la propia interna del desarrollo estadounidense. Esta respondía a las necesidades económicas de Estados Unidos, estratégicamente ubicado en el mapa con un claro criterio competitivo frente a los rivales industriales europeos. En 1882 el Secretario de Estado James Blaine le escribía al presidente Chester Arthur animándolo a organizar las Conferencias Panamericanas:

Más allá de los fines filantrópicos y cristianos de la Conferencia, bien podríamos esperar ventajas materiales como resultado de un mejor entendimiento y mayor amistad con las naciones de América. Actualmente las condiciones de comercio entre Estados Unidos y sus vecinos americanos son insatisfactorias (…) para nosotros. (Una conferencia) será en todo caso un paso amistoso y auspicioso dado hacia el aumento de la influencia y del comercio americanos en un campo extenso que hemos descuidado hasta ahora y que ha sido monopolizado por nuestros rivales comerciales de Europa (^{Beyhaut y Beyhaut, 1995})

Quedaba así definida una de las intenciones del gobierno norteamericano respecto al relacionamiento con los países de América. Por un lado el reconocimiento del descuido en los vínculos, pero por otro lado la intención de intensificar unas relaciones comerciales que podrían ser provechosas para su desarrollo económico.

Esa necesidad económica de estrechar lazos con América Latina, llevó a Estados Unidos a “participar activamente en los asuntos políticos de Latinoamérica y de asumir en forma decidida el papel de árbitro en las relaciones internacionales americanas” (^{Boersner, 1996}). El vínculo económico que Estados Unidos desarrolló, implicaba también tener participación e influencia en las relaciones políticas. Para ello, la creación de una unión panamericana aspiraba a alcanzar un doble propósito, económico y político:

En lo económico se buscaría la creación de una unión aduanera americana, por la cual Gran Bretaña y los demás países europeos serían excluidos de sus posiciones comerciales y financieras en el hemisferio occidental, mientras que Estados Unidos asumirían el papel de gran abastecedor y financiador de la América morena. En el plano político se trataría de implantar un sistema de arbitraje obligatorio, a través del cual Estados Unidos asumiría el puesto de gran juez y árbitro de las Américas, anteriormente ocupado por los ingleses (^{Boersner, 1996}).

De esta manera, los intereses económicos y políticos se complementaban, teniendo además el adicional de marcar una fuerte competencia con Inglaterra.

Esta unión americana que implicó el panamericanismo, significó la paulatina penetración estrategia de Estados Unidos en las relaciones diplomáticas con los demás países del continente.

Como expresa Alfonso^{Sanjuan, (Sanjuan, 2014}):

el panamericanismo constituyó la expresión más genuina de una realidad geográfica a cuyo amparo se desarrollará una política de poder que se ejercerá sobre muchos países americanos de base hispánica, con la peculiaridad de que esa política en algunas ocasiones asumirá rasgos institucionales, en tanto que en otras (…) involucrará especiales características económicas, sociales e incluso culturales (p. 47).

La Primera Conferencia Internacional Americana realizada en Washington entre octubre de 1889 y abril de 1890 tuvo la participación de 18 países, entre los que se encontraba Uruguay. La resolución más importante que resultó de esa reunión fue la creación de la Unión Internacional de las Repúblicas Americanas, con sede en la capital norteamericana. Funcionaría como organismo coordinador de todas las acciones que de ahí en más los países de América se comprometían a implementar⁽⁷⁾.

De esta manera el sistema panamericano estaba en marcha.

Uruguay y el panamericanismo. La integración como opción: la “política de la Buena Vecindad”

La idea de inserción en el mundo por parte de los estrategas de la política exterior uruguaya siempre estuvo presente. Desde la intervención y apuesta por el panamericanismo de fines del siglo XIX, hasta la intención de crear un espacio integrado hispanoamericano. Esta última idea, se consideraba carente de vigencia aunque se la valoraba desde el punto de vista cultural. La idea de que Estados Unidos conformara un bloque americano junto con los demás Estados de origen hispano, parecía más realista en un mundo que tenía una correlación de fuerzas entre potencias que hacía buscar espacios que aseguraran el abastecimiento, los mercados comerciales y el financiamiento externo⁽⁸⁾.

En ese sentido, el batllismo sostuvo de manera firme su postura panamericanista. Ni la dependencia uruguaya de los mercados europeos ―principalmente del británico―, ni las contradicciones diplomáticas ―con intervenciones militares incluidas― por parte de Estados Unidos, frenaron la práctica diplomática de los gobiernos uruguayos de las primeras décadas del siglo XX. Expresa Dante ^{Turcati (Turcati, 1981}): “El Uruguay fue un decidido defensor de la unidad continental al influjo de la filosofía del Panamericanismo. Los gobiernos batllistas mantuvieron a lo largo del período ―aunque con matices― dicha línea que presuponía la aceptación del liderazgo norteamericano.” (p. 77)

Los del batllismo fueron tiempos de permanentes discusiones con el capital británico, a la vez que en un mundo enfrentado a la Gran Guerra de 1914, el equilibrio de fuerzas entre las viejas potencias, obligaba a países subalternos a buscar socios por otras latitudes. Los antecedentes, las cercanías geográficas y el robustecimiento de su economía de posguerra hacían de Estados Unidos un socio ideal⁽⁹⁾.

La VI Conferencia Internacional Americana desarrollada en 1928 en La Habana Cuba, designó a Montevideo como la próxima sede del evento. Luego de negociaciones con el representante uruguayo ante la Unión Panamericana Jacobo Varela, la misma se fijó para diciembre de 1933.

El destino quiso que dicho año no fuera cualquiera en la historia del Uruguay y tampoco en los devenires de la diplomacia norteamericana.

Por el lado de la potencia del norte, ese año accedía a la presidencia el demócrata Franklin D. Roosevelt. La coyuntura en la que le tocó asumir era compleja, pues Estados Unidos se enfrentaba a la crisis económica más grande de su historia. El nuevo presidente venía con vientos de renovación en un país donde parecía caer el liberalismo ortodoxo y la confianza ciega en el mercado a la vez que intentaba imponer una nueva línea de política exterior. De la mano de su Secretario de Estado Cordell Hull, se abocarán al diseño de lo que se conoce como “la política de buena vecindad” dirigida a los nuevos vínculos que se establecerán con América Latina. “Para Estados Unidos (…) esta conferencia era clave ya que sería el bautismo interamericano de la nueva política ‘del buen vecino’, que Roosevelt había relanzado para la región, en el Discurso Inaugural del 4 de marzo de 1933” (^{Morgenfeld, 2009}).

La “política del buen vecino” sustituyó la lógica intervencionista basada en la preservación de los intereses privados de las empresas, por una práctica más democrática donde el Estado tomaba la iniciativa en el mantenimiento de las buenas relaciones diplomáticas con sus países vecinos. Se procuró entonces poner los intereses de cooperación y respeto a las soberanías por encima de los intereses económicos de las empresas transnacionales.

El gran animador de la política panamericana del batllismo fue Baltasar Brum, primero como canciller y luego como presidente. “La política internacional del batllismo se justificaba en razones de carácter ideológico: la identidad cultural de Occidente y la defensa de la democracia” (^{Batalla, 2005}).

Las causas en este cambio de política exterior se puede encontrar en dos factores. Por una parte, el debilitamiento del sector capitalista dentro de Estados Unidos, por efecto de la recesión económica, aumentó la autonomía y el poder del Estado (…) permitiéndole eventualmente adoptar decisiones que respondieran más a los intereses populares que a los grupos económicos privilegiados. Por la otra, Estados Unidos para 1933 tenía su poder económico y su influencia política bastante consolidados en América Latina, pudiendo permitirse una actitud más reposada y liberal que en las décadas anteriores (^{Boersner, 1996}).

Esta nueva política exterior evitó las intervenciones y los motines internos para favorecer a gobiernos que sirvieran a los intereses norteamericanos como había ocurrido en las primeras décadas del siglo. Esto no quiere decir que los controles y la presencia de empresas estadounidenses en el continente hayan disminuido. Sin embargo, el gobierno de Roosevelt permitió la independencia de los países latinoamericanos en la toma de decisiones empresariales aunque no se ajustaran a los objetivos económicos de su país. Por ejemplo, México bajo el gobierno de Lázaro Cárdenas pudo nacionalizar el petróleo a pesar de las presiones ejercidas por las empresas norteamericanas. Se puede incluir como otro factor de esta política de “buena vecindad” la presencia cada vez más dominante de ideologías extremistas en Europa que iban en contra del liberalismo democrático defendido por Estados Unidos y la mayoría de los países latinoamericanos. En sucesivas conferencias interamericanas, el establecimiento de acuerdos y alianzas, era visto como forma de crear un bloque defensivo ante posibles agresiones externas. Esta idea se reforzará durante la segunda guerra mundial iniciada poco tiempo después⁽¹⁰⁾.

El Uruguay no venía en zaga respecto a los cambios políticos y económicos, en una década que se presentaba ya desde sus inicios convulsionada. En 1931 asumía como presidente de la República el Dr. Gabriel Terra. La crisis económica que afectó al país por repercusión directa de la crisis capitalista de 1929 y las alianzas políticas en la lucha por el control monopólico del poder⁽¹¹⁾, hicieron que Terra encabezara un golpe de Estado el 31 de marzo de 1933⁽¹²⁾. El golpe de Estado de Terra tendría enormes significaciones, entre ellas que caían el orden democrático en un país que hasta ese momento llegaba sin dictaduras y se ufanaba de la estabilidad política y consolidación democrática que poseía.

El escenario político, económico y diplomático en que se desarrollaría la VII Conferencia Internacional Americana sería de enormes avatares y cambios profundos en lo que a Uruguay respecta. También en relación a los cambios que la nueva mirada norteamericana traía consigo. No sería el único motivo por el cual esta Conferencia no fue una más de todas las realizadas en el contexto panamericano que se viene analizando.

La VII Conferencia Internacional Americana se reunió entre los días 3 al 26 de diciembre de 1933 en Montevideo. El centro de las reuniones estuvo ubicado en el Palacio Legislativo. En diferentes salones de dicho edificio, se reunieron las diferentes comisiones que tratarían diversos temas de interés para los países latinoamericanos. La prensa particularmente la oficialista, rescató en grandes titulares la importancia del evento a nivel continental y a nivel local. Dicha conferencia significaba mucho para el gobierno uruguayo, ya que a pesar de su gobierno de facto, la realización de esta conferencia significaría el respaldo diplomático de la comunidad americana.

En el discurso inaugural, el presidente Terra reafirmaba la unión panamericana pese a la crisis que padecía América:

El lapso de tiempo transcurrido desde la Conferencia de La Habana, ha sido intenso en emociones por las pruebas que han soportado todas las naciones (…) en las dificultades de una crisis económica y social sin precedentes. El panamericanismo pudo sufrir a causa de esta situación (…) un rudo contraste, pero el genio de América se ha impuesto una vez más (…) las ideas de solidaridad y fraternidad brillarán más fuertes y puras que nunca en esta magnífica reunión (Actas de la VII Conferencia Internacional Americana, 1933).

Esta referencia, más allá de ubicar en el contexto político y económico la situación que vivía América, confirma los lazos de cooperación que reivindicaba el presidente en el marco del panamericanismo que el propio Uruguay había defendido. La política exterior se mantenía así firme y sin mayores modificaciones respecto a la anterior, pese al cambio político que internamente el país estaba experimentando. En el discurso Terra abordó la cuestión de la guerra del Chaco, conflicto que se estaba desarrollando en ese momento entre Paraguay y Bolivia.

Bolivia y Paraguay dirimen por las armas un pleito doloroso. Quisiera que mi palabra tuviera ante vosotros el prestigio de una arrebatadora elocuencia para expresaros la fraternal congoja del pueblo y del Gobierno uruguayos frente a esta contienda que agota las energías e hipoteca el porvenir de dos pueblos hermanos, nobles en su tradición, respetables en su afán de grandeza, heroicos en la prosecución de sus ideales nacionales (Actas de la VII Conferencia Internacional Americana, 1933).

El diario terrista “El Pueblo” (El Pueblo, 1933) utilizó esta referencia de Terra para enaltecer la figura presidencial. “invitó a Bolivia y Paraguay en nombre de las tres Américas, que en el concepto ideal forman una sola unidad, a deponer las armas y entregar la dilucidación de sus cuestiones, al examen sereno e imparcial del juicio arbitral.” (p. 1) Luego el culto a la personalidad: “Su voz adquirió en esos instantes sonoridades extraordinarias; era como si de sus labios, viniendo del pasado doloroso, surgiera un nuevo Evangelio de paz, de fraternidad y de justicia”(El Pueblo, 1933). Otro tema tratado por Terra en el discurso inaugural de la Conferencia fue el relativo a las barreras arancelarias impuestas por Estados Unidos antes de la crisis. Este tema era de particular relevancia en tanto la crisis económica que afectaba a los países de América y particularmente al Uruguay tenía especial relevancia en los desajustes externos. Decía Terra al respecto:

La crisis profunda como otra no recuerda la historia (…) y la insolvencia más o menos declarada de los (…) pueblos víctimas ostensibles de la desocupación y la miseria por no poder colocar los frutos de su trabajo, desaparecidos los mercados normales por un nacionalismo económico absurdo y que perdura. El presidente Roosevelt (…) que demuestra conocer perfectamente la causa del mal, cree que hay que ir cuanto antes a la (…) rebaja de los aranceles en todos los países de América y abrir las puertas que se cerraron (…) que con justicia él califica de desatinado, de fatal y que ha tenido como consecuencia directa el desastre económico universal (Actas de la VII Conferencia Internacional Americana, 1933).

Entre los puntos de la política de buena vecindad encarada por la diplomacia norteamericana se encontraba la idea de abrir los mercados. No sería tarea fácil en un mundo que tendía al proteccionismo comercial y a la crisis general.

Sin embargo, un aspecto que sellaba el concepto de panamericanismo de la VII Conferencia fue determinada por la evocación, realizada en el discurso de clausura de la Conferencia pronunciado por el actual presidente Gabriel Terra, al escritor y filósofo José Enrique Rodó, donde se pronunciaron las ideas de unidad e identidad americana marcando su distancia conceptual al respecto de del panamericanismo norteamericano anterior a la buena vecindad.

A la Conferencia de Montevideo concurrieron veinte delegaciones. Se dividieron en diez comisiones para tratar los diversos temas acordados previamente. La primera sesión, convocada para el 4 de diciembre, contó con el discurso inaugural del presidente provisional de la Conferencia, el Canciller uruguayo Alberto Mañé. Los temas se vinculaban con aspectos económicos y comerciales como la eliminación de barreras arancelarias, el arbitraje internacional para resolver conflictos, la propiedad intelectual y la cooperación cultural entre países, así como temas sociales y los asuntos referidos a los derechos civiles de las mujeres.

Igualdad de derechos civiles de las mujeres en la VII Conferencia Americana

La igualdad de derechos de las mujeres se trató en la VII Conferencia para lograr entre la comunidad de países americanos un acuerdo sobre un asunto controvertido en los últimos años^(11)(12)

Se propuso que no se hiciera distinción entre los derechos de las mujeres y de los hombres en materia civil ni en lo que respecta a la nacionalidad. En la mayoría de los países americanos, una vez casadas, las mujeres perdían su nacionalidad original adoptando automáticamente la de su marido. También se hacían distinciones en materia de disposición de bienes, patria potestad de los hijos, derechos de herencia, ejercicios de cargos públicos, e incluso del derecho al voto. En Uruguay, el Código Civil de 1868, todavía vigente en 1933, establecía algunas de estas disposiciones que sumían a las mujeres bajo la égida de los hombres, en una concepción patriarcal del orden jurídico. Siendo solteras, las mujeres no contaban con la libertad o la disposición jurídica de la mayoría de edad, sino que vivían siempre en una eterna tutela primero del padre y luego del marido.

La cuestión de la igualdad civil de las mujeres fue uno de los temas centrales del movimiento feminista a nivel internacional y también nacional. El fin de la Primera Guerra Mundial había marcado un quiebre en las concepciones que el movimiento feminista internacional defendería. La mujer sentía que tenía derecho a reclamar por la igualdad de derechos en una coyuntura donde se había transformado en puntal de la producción y desarrollo bélico. Incluso el final de la guerra parece haber marcado un retroceso en conquistas de las mujeres respecto a los hombres⁽¹³⁾. Luego de varios fracasos e intentos de introducir en la agenda la discusión en la recientemente creada Sociedad de Naciones, el movimiento feminista internacional continuó su camino marcando presencia en las discusiones y reuniones internacionales. Un momento clave fue precisamente la VI Conferencia Americana desarrollada en La Habana en 1928, donde la presidenta de la Comisión Interamericana de Mujeres Doris Stevens presionó para que se aprobara un estudio sobre la situación jurídica de las mujeres en Latinoamérica. Este estudio seria el inicio de lo que se discutiría en la siguiente conferencia, a desarrollarse en Montevideo en 1933.

En Uruguay el Poder Legislativo había aprobado el derecho al voto de las mujeres mayores de 18 años en 1932. Para Paulina Luisi, “Conseguido el derecho político, fácil será realizar modificaciones necesarias en nuestro Código Civil.” (^{Sapriza y Rodríguez Villamil, 1984}) Sin embargo no fue sencilla la modificación del Código Civil que igualaba a las mujeres con respecto a los hombres. Antes y después de la larga discusión por los derechos políticos, la reforma al Código Civil vigente desde 1868 también significó presentaciones fallidas, largas discusiones parlamentarias y movilizaciones del feminismo uruguayo. Las mujeres uruguayas se transformaban así en ciudadanas pero incapaces, parafraseando el título del trabajo de la historiadora argentina Verónica ^{Giordano sobre el tema (Giordano, 2014}).

El valor que tuvo la VII Conferencia Americana fue la de introducir este asunto a nivel internacional y servir como punto de partida para una rediscusión del tema que llevó a que los países de América volvieran a pensar en la igualdad civil de las mujeres.

La principal interlocutora uruguaya sobre los derechos civiles de las mujeres fue la Dra. Sofía Álvarez Vignoli de Demicheli. Era una de las más visibles feministas del momento, protegida sin duda por su afiliación al Partido Colorado y defensora del gobierno de Gabriel Terra⁽¹⁴⁾.

La III Comisión encargada de estudiar y aprobar la igualdad de derechos políticos y civiles para las mujeres se reunió en siete sesiones entre los días 5 y 21 de diciembre. Allí se escucharon discursos de los representantes de todos los países, sin embargo, las más destacadas en su oratoria fueron Bertha Lutz representando a Brasil y Sofía Álvarez Vignoli por Uruguay.

La delegada uruguaya se destacó por sus discursos en defensa del tratamiento sobre la igualdad de los derechos civiles. En un discurso pronunciado el 17 de diciembre en la sub comisión que estudiaba el proyecto expresó: “Estamos en una sesión histórica (…) vamos a sentenciar sobre el porvenir de miles de mujeres que (…) aguardan (…) un nuevo día de justicia” (^{Álvarez Vignoli de Demicheli, 1934}). Más adelante alega a favor del movimiento feminista y de las luchas que este ha iniciado a favor de los derechos políticos y civiles: “El feminismo, es una de las tantas fuerzas que tienden a conquistar el novel que por derecho le corresponde. No es creación caprichosa y antojadiza (…), sino que hunde sus raíces en la realidad dolorosa (…) de la misma vida.” (Álvarez Vignoli de Demicheli, 1934) Luego se refiere a la situación concreta del marco jurídico que tienen los países de América respecto a las mujeres y la falta de protección y limitaciones que estas encierran: “La economía general de los Códigos americanos se concreta en normas prohibitivas que circunscriben y estrechan la esfera de acción en que se mueve la mujer” (Álvarez Vignoli de Demicheli, 1934). Estas prohibiciones partían de los propios hombres que reducían a las mujeres no pudiendo acceder a actividades que dignificaban la vida. Así expresa con números las limitaciones que las legislaciones americanas presentaban:

Existen 17 países americanos que le niegan a la mujer el derecho de ocupar cargos públicos; hay 13 países en que a las mujeres les está prohibido ejercer profesiones en las mismas condiciones que el hombre; en una palabra: se le clausuran las puertas del trabajo honorable y digno, impidiendo el desarrollo normal de sus nobles actividades (^{Álvarez Vignoli de Demicheli, 1934}).

Concluye con una crítica a los argumentos dados por los hombres para mantener esa desigualdad:

Los antifeministas justifican este procedimiento de exclusión diciendo que se defiende la feminidad de la mujer evitando que se deforme en el rudo batallar de la vida. Sin resistencias, yo aceptaría esta gentil preocupación del hombre, si esos mismos países no nos mostraran con sorprendentes estadísticas, los miles de mujeres obreras que dejan sus pulmones en las fábricas, en los talleres y en los lavaderos (^{Álvarez Vignoli de Demicheli, 1934}).

Sería interesante analizar quiénes son antifeministas. Por sus palabras, Álvarez Vignoli reconoce a los hombres, a todos ellos. Pero esta visión no era exclusiva de los hombres sino de un importante grupo de mujeres que también se acercaba a estas justificaciones.

El tema de las privaciones a que eran objeto las mujeres fue abordado por Álvarez Vignoli en su discurso. Este era el tema central de la igualdad de derechos civiles para las mujeres y en eso debían estar abocados los países de América, para poder lograr una verdadera igualdad jurídica. El proyecto discutido planteaba leyes que iban desde la protección laboral a las que resguardaban las madres con hijos a cargo, la remuneración justa, el usufructo de los bienes gananciales y la posibilidad de administrar al igual que el marido sus bienes. Para la representante uruguaya, esta desigualdad económica era la que desplazaba a la mujer de la casa y la trasladaba al ámbito laboral:

La miseria que ha sufrido y sufre el mundo desplaza a la mujer del hogar y la trasplanta al ambiente de la fábrica, de la oficina, del profesorado y del laboratorio, para realizar con el hombre, en santa y cordial cooperación de esfuerzos, la común cruzada por la superiorización (sic) humana (^{Álvarez Vignoli de Demicheli, 1934}).

Sofía Álvarez presentó un proyecto de diez artículos titulado “Para unificar las legislaciones de las Repúblicas Americanas en lo que se refiere a los derechos civiles de la mujer”. Los temas en los que se incurría eran la igualdad de derechos de las mujeres sobre la patria potestad de sus hijos, la administración de bienes y herencias, y el ejercicio de profesiones al mismo nivel que los hombres.

Por su parte la brasilera Berta Lutz, también fue una de las principales abanderadas del feminismo dentro de la Conferencia. Su participación como parlamentaria y activista feminista la transformaron en una de las caras visibles del movimiento sufragista de Brasil e internacional.

Una de sus propuestas fue que la VII Conferencia tomara en cuenta para la próxima reunión tener delegadas mujeres en todos los países: “Considerando que la mujer tiene sus problemas propios, sus vocaciones especiales y una aspiración genuina de colaborar en las cuestiones sociales y americanas” (Actas de la VII Conferencia Internacional Americana, 1933). La otra propuesta de la delegación brasileña estuvo referida a la presentación formal de la igualdad civil y política de la mujer. El proyecto constaba de seis artículos con una justificación. Los temas eran: igualdad de derechos entre el hombre y la mujer en el matrimonio donde:

El casamiento es un contrato que regula la vida en común del hombre y de la mujer, sancionando legalmente su unión. No debe implicar disminución de capacidad ni subordinación de un cónyuge a otro (…) La restricción de la capacidad civil de la mujer casada (…) es ilógica y atentatoria de su dignidad(Actas de la VII Conferencia Internacional Americana, 1933).

El otro artículo del proyecto era sobre la igualdad de derechos laborales principalmente en lo que respecta al salario ya que “La igualdad del salario está fundada en la justicia, porque el salario representa el pago de un servicio y reducirlo por el hecho de pertenecer (…) al sexo precisamente considerado más débil es una explotación ilícita del esfuerzo ajeno”(Actas de la VII Conferencia Internacional Americana, 1933). En estas afirmaciones podemos ver el feminismo que predominaba en Bertha Lutz. A pesar de que se inclinaba hacia un feminismo de la igualdad, su postura era diferencialista: la lucha por los derechos políticos estuvo siempre basada en un concepto de “mujer” como un ser diferenciado, que posee visiones e intereses distintos propias de su sexo (como el interés por la política social, la moralidad, la búsqueda de la paz, la protección de la infancia, de las prostitutas, entre otras) (^{Osta, 2011}).

Un aspecto a destacar de Bertha Lutz fue que, en el año 1937, como diputada presentó el Estatuto Económico de la Mujer, donde consideró la cuestión de la remuneración para las madres-amas de casa, idea muy avanzada para la época si consideramos que todavía hoy sigue en cuestión esta desigualdad (^{Osta, 2012}).

En lo que respecta a la nacionalidad independiente de la mujer casada el proyecto establecía la igualdad, ya que “El casamiento tiene por fin regular las relaciones personales y patrimoniales de los cónyuges y legitimar la prole. No debe afectar la personalidad de ninguno de ellos. La nacionalidad es un hecho preexistente al casamiento y determinado por el nacimiento” (Actas de la VII Conferencia Internacional Americana, 1933). También se establecía la consulta a las organizaciones feministas previa a la elaboración de leyes y disposiciones que afectaran o implicaran a las mujeres ya que “No se comprende que en la esfera propia, o de influencia exclusiva de la mujer se decreten leyes o se ejerza la administración, sin la colaboración necesaria de aquellas sobre quienes irán directamente a pesar las medidas gubernativas” (Actas de la VII Conferencia Internacional Americana, 1933). Por último se proponía que los sindicatos tuvieran al menos una integrante mujer en sus direcciones. Esto se justificaba por la desigualdad imperante pero subsanada por la igualdad política que en muchos países habían logrado las mujeres. Por ello: “es preciso que la mujer sea defendida por medidas especiales que la ayuden a ganar la delantera que el hombre alcanzó antes que ella.” (Actas de la VII Conferencia Internacional Americana, 1933). Bertha Lutz como feminista de la diferencia promovió la visibilidad a partir de políticas afirmativas, como lo demuestra en esta necesidad de que en los sindicatos estén presentes las mujeres.

Tanto el proyecto de Sofía Álvarez Vignoli como el de Berta Lutz fueron enviados a la Comisión de Iniciativas para que esta les diera el curso correspondiente en el seno de la Unión Panamericana. Estos proyectos tienen valor en sí mismos porque nos hacen conocer cuáles eran las reivindicaciones de las mujeres americanas y la necesidad de actualización de las legislaciones en materia de derechos civiles.

Las resoluciones de la VII Conferencia Americana respecto a los temas de las mujeres fueron consagrados en una serie de importantes consideraciones:

Se aprobó la recomendación de que en la siguiente conferencia se nombren representantes femeninas en todas las delegaciones. Esta resolución, que parece básica no solo nos habla de la incorporación formal de mujeres, sino de la carencia de estas en las anteriores. Ahora las mujeres podían tener una participación más activa y llevar sus reivindicaciones y propuestas a las Conferencias como voceras oficiales. Otra mención especial tuvo la Comisión Interamericana de Mujeres, ya que la Conferencia aprobó y respaldó sus estudios referidos a la situación de las mujeres en el continente favoreciendo estudios futuros e informes que lo sigan respaldando. El punto tal vez más importante fue la postergación a la aprobación de la igualdad de derechos civiles y políticos. La Conferencia reconoció que la igualdad de derechos políticos y civiles: No puede adquirirse sino después de un largo y meditado estudio; que tales condiciones difieren sustancialmente de país a país; que las concesión de tales derechos es del resorte privativo de los cuerpos soberanos de cada Estado y no puede una Conferencia (…) contratar con el carácter de obligatorio sobre estos tópicos sin que se menoscaben los derechos soberanos de los diferentes Estados(Acta final) (Actas de la VII Conferencia Internacional Americana, 1933).

Esta declaración muestra como hubo resistencias a aprobar la igualdad de derechos políticos y civiles. Primero por razones jurídicas, respetando la independencia jurídica de cada país. En segundo término, estableciendo que la aprobación de la igualdad de derechos requiere un meditado estudio, habiendo sido presentados varios proyectos con vastas justificaciones. ¿Prejuicios? ¿Resistencias políticas? Seguramente eso y mucho más combinado en un mundo que tenía presencias femeninas fuertes y movimientos organizados, pero donde los hombres aún marcaban su presencia con la toma de decisiones. La Conferencia recomendaba que los países se hicieran “eco del clamor y de las peticiones (…) de la Comisión Interamericana de Mujeres la que solicita esta igualdad de derechos” (Acta final) (Actas de la VII Conferencia Internacional Americana, 1933).

En cuanto a sus resoluciones, la Conferencia tomó dos:

1ºRecomendar a los gobiernos de las Repúblicas de América que procuren dentro de lo posible (…) establecer la mayor igualdad entre hombres y mujeres; 2º Señalar como una aspiración el que la Presidencia de la Comisión Interamericana de Mujeres recaiga dentro del período que media entre una y otra Conferencia en representantes de los diferentes países que la forman(Acta final) (Actas de la VII Conferencia Internacional Americana, 1933).

A pesar de que la Conferencia se pronunció sobre el tema de la igualdad de derechos de las mujeres a los países americanos, no consiguió pasar de una recomendación.

Conclusiones

La VII Conferencia Interamericana realizada en Uruguay en diciembre de 1933 tuvo diferentes sentidos y pueden hacerse a la luz de los acontecimientos diversas valoraciones analizadas a largo plazo.

En primer lugar y a nivel general, no fue una conferencia americana más, realizada por la Unión Panamericana. Fue la conferencia en la cual Estados Unidos ―en ese momento actor clave de las relaciones internacionales― presentó formalmente su política de buena vecindad que tendría especial interés no solo económico sino estratégico para lo que vendrá en relación a la Segunda Guerra Mundial. La década del treinta asomaba a la luz de la instalación de los regímenes autoritarios en Europa, como un período belicista y esta conferencia dio los primeros pasos en las definiciones de las alianzas necesarias para resguardar intereses políticos, económicos y militares. ¿De quienes? Seguramente, el país más favorecido fue Estados Unidos, potencia militar y dominante en lo referente al comercio de bienes de capital y de consumo. Pero América Latina encontró en ese país un nicho de mercado ―desigual de acuerdo a los intereses y productos disponibles― alternativo ante la crisis económica que los afectaba.

Por el lado uruguayo, la conferencia fue un respaldo diplomático al gobierno de facto de Gabriel Terra. En ninguno de los discursos y en ninguna de las diferentes Comisiones, se mencionó y menos condenó el tema del régimen imperante en Uruguay. Esto sirvió de fortalecimiento diplomático y reconocimiento internacional para un gobierno que se acomodaba a las circunstancias políticas internas. A la vez, esta conferencia sirvió para reforzar el vínculo panamericanista de Uruguay y su relación de alianza con los países americanos y con Estados Unidos, pero no sin limitaciones, dando eco a una visión arielista latinoamericana.

En lo que respecta al tratamiento de temas vinculados a las mujeres, las conclusiones a las que llegamos nos muestran resultados poco promisorios pero tomando lo ocurrido en el largo plazo podemos ver los efectos de estos. El tema de la igualdad de derechos civiles y políticos de las mujeres era uno de los puntales temáticos del movimiento feminista a nivel mundial y especialmente americano. Desde la Conferencia de 1928 en La Habana se estaban planteando los diferentes puntos. Llevados a la Conferencia de Montevideo, estos temas se trataron vastamente y con proyectos que nos muestran la importancia de estos temas para las feministas. La VII Conferencia puso en el tapete asuntos sobre las mujeres que eran producto de cabildeos y protestas. Ahora, se materializaban en proyectos y discursos de las principales feministas de los países participantes. De esta manera la nacionalidad de las mujeres casadas, la igualdad de derechos en el matrimonio, la obtención de derechos laborales como licencias por maternidad e igualdad salarial, el acceso a cargos públicos, el voto en aquellos países donde aún no se había reconocido, el derecho a la herencia y la posibilidad de administrar bienes y la obtención de la patria potestad eran premisas que ahora se visibilizaban en reuniones oficiales y se discutían en el seno de Comisiones especiales a estos temas. Los planteos y discusiones sobre estos asuntos siempre fueron hechos desde una óptica feminista diferencialista, paradas en las diferencias y condiciones propias de las mujeres, desde la diferencia buscaron equiparar los derechos. Estos proyectos demuestran la importancia que asuntos como la nacionalidad de la mujer casada, o los derechos laborales, tenían para la agenda de los movimientos feministas mundiales y americanos.

Las resoluciones que la Conferencia tomó al respecto, observan a largo plazo que las recomendaciones dadas por ésta fueron el fundamento de las reformas de los Códigos Civiles que se registrarían en la historia. No sin discusiones y después de muchos años, en el Uruguay se reformó el Código de 1868, estableciendo igualdad de derechos civiles para las mujeres, siendo Sofía Alvarez Vignoli ―representante uruguaya en la Comisión sobre derechos de las mujeres― la que desde el Senado ―junto con las legisladoras Julia Arévalo del Partido Comunista y Magdalena Antonelli del batllismo― impulsó dicha reforma basándose en su propuesta de 1933. El nuevo Código Civil se aprobó el 11 de setiembre de 1946.

Por último, es válida la pregunta sobre ¿qué vigencia tienen hoy estos reclamos en torno a la igualdad civil de las mujeres? Dada la especificidad de los reclamos y el tiempo transcurrido parecería un anacronismo superado por la vía del derecho. Sin embargo, la discusión en torno a la igualdad salarial por ejemplo, tema que Berta Lutz enunciaba con la frase aún vigente “a igual trabajo igual salario” recuerda e interpela sobre la escasa equiparación que en algunos ámbitos las mujeres tienen respecto a los hombres. Nos recuerda además que las relaciones y construcciones culturales basadas en este caso en vínculos patriarcales, no pueden modificarse únicamente por la acción de los legisladores o las declaraciones diplomáticas sino requiere transformaciones estructurales de las bases la cultura de una sociedad