Introducción

En América Latina, el problema de la tenencia de armas de fuego⁽¹⁾ en manos civiles se ha vuelto un objeto de la política pública, en tanto el continente posee registros elevados de violencia y criminalidad y las armas de fuego constituyen el principal vector epidemiológico de las muertes por violencia (^{Dreyfus y de Sousa Nascimento, 2005})(^{Karp, 2009})(^{Kessler, 2011}). No es de extrañar que recientemente crezca el número de estudios académicos y técnicos sobre el tema, los que comienzan a construir una imagen más precisa del fenómeno⁽²⁾(^{Fleitas, 2005})(^{Rangel Bandeira, 2012})(^{Rangel Bandeira, 2009})(^{Zunino et al, 2008})(^{García Pinzón, 2012})(^{Otamendi, 2011})(^{Rujano et al., 2010})(^{DerGhougassian, 2007}). No obstante las debilidades históricas de los registros de información en el continente, se han logrado desarrollar relevamientos interesantes, en particular en Brasil. En ese país, a la preocupación por el alto índice de violencia urbana se ha sumado el interés por algunas medidas novedosas, como la promoción de un plebiscito y campañas de desarme con amplias repercusiones. Un estudio de impacto sobre esas medidas encuentra un efecto en el sentido esperado, lo que alienta la prosecución de esas políticas (^{Dos Santos y Kassouf, 2012}). Esto parece confirmar la idea, muchas veces asociada a políticas liberales de control del crimen, respecto a que las armas de fuego en manos civiles sirven muy poco para la autodefensa y terminan alimentando arsenales ilegales, cuando no son la causa de graves accidentes domésticos.

En otros países, la investigación está menos desarrollada, pese a que los datos existentes pueden llegar a mostrar una gran cantidad de armas en manos de particulares, como es el caso de Uruguay.

Este trabajo intenta aportar algunos elementos adicionales al conocimiento sobre el fenómeno de la tenencia de armas de fuego en los hogares. Se usa para ello un conjunto de preguntas incluidas en una encuesta realizada en el marco de un Proyecto de investigación más amplio, desarrollado en el ámbito de la Facultad de Derecho⁽³⁾. Entre otros objetivos este estudio tuvo como finalidad estimar la prevalencia de hogares con armas de fuego y conocer algunas características y actitudes de los poseedores. Los resultados obtenidos a través de la declaración de los miembros de hogares que fueron entrevistados, resultaron en grandes líneas convergentes con otros estudios previos realizados en Uruguay.

Antecedentes para Uruguay

A pesar que desde 2009 el problema de la seguridad ha pasado a ser el principal motivo de preocupación de la población (^{Paternain y Rico, 2012}), según datos coincidentes de todas las encuestas publicadas sobre el tema, no se cuenta con datos confiables o precisos sobre la cantidad de armas, sobre su relación con la victimización o con la percepción de inseguridad, ni existe evaluación de las pocas medidas tomadas en la materia. Esta situación es bastante típica, en particular en países latinoamericanos, donde los registros de armas son relativamente recientes. A su vez, menos habituales aún resultan los estudios sistemáticos que consideren y combinen sus resultados con una multiplicidad de fuentes como lo sugieren los estudios desarrollados por el Small Arms Survey (SAS). Dicha organización, atendiendo los diversos problemas que enfrenta determinar con precisión la magnitud y consecuencias de la posesión de armas en manos civiles, ha propuesto la necesidad de abordar el tema considerando diversas fuentes. Según la misma, una aproximación confiable al número de armas existentes en una sociedad debiera considerar un conjunto de instrumentos que permitan realizar una evaluación realista, basándose para ello en “una amplia gama de fuentes y mecanismos de información, y en la utilización del máximo número posible de métodos diferentes”(^{Small Arms Survey, 2011})(^{Small Arms Survey, 2007}). Entre las fuentes que se sugiere adoptar figuran, además de los registros oficiales de armas, las opiniones de informantes calificados, algunos indicadores indirectos como ser la proporción de muertes violentas por armas de fuego y la comparación por analogías entre países con indicadores razonablemente confiables. Un lugar destacado en estas posibles fuentes de datos, lo ocupan las encuestas de opinión pública, insumo que como aporte al debate se desarrollará en el capítulo IV de este trabajo.

A pesar de contar desde 1944 con uno de los primeros registros oficiales del continente, nuestro país no escapa al hecho de que realizar una cuantificación precisa del número de armas en manos de civiles, no resulta una tarea sencilla. Entre otras razones, pueden citarse las diversas motivaciones presentes en los ciudadanos para acceder a las mismas, así como las dificultades existentes en los registros públicos para la contabilización y fiscalización del destino final de las armas. Como resultado, no se poseen cifras confiables sobre un recurso que en ocasiones puede significar un cuestionamiento al monopolio de la fuerza en manos del Estado. A su vez, debe considerarse que desde el año 2006 comienza a existir una mayor difusión de los efectos perversos que conlleva la tenencia de armas y a debatirse propuestas legislativas para limitar el acceso a las mismas. Resulta muy probable que, como corolario de las campañas que desestimulan la posesión y la amenaza legal de mayores controles, exista una considerable subdeclaración de la presencia de armas cuando se apelan a los sondeos de opinión pública como fuente de información. Un breve recorrido por algunas de las estimaciones existentes permite apreciar una considerable distancia en las cifras que se manejan, dependiendo de las fuentes que se utilicen. Un volumen de armas que superaría el millón, presentes en el 30 % de los hogares del país ha sido manejado por distintos expertos y organizaciones sociales (^{Sanseviero, 2006}) y retomadas por los informes internacionales sobre la situación del país (^{Small Arms Survey, 2011})(^{Organización de Estados Americanos, 2008})(^{United Nations Office on Drugs-and-Crime, 2012}) Esta cifra está basada en el volumen de armas legalmente registradas y asume que por cada una que está en dicha situación debe agregarse una en el mercado ilegal. Si bien el criterio para esta estimación recoge parámetros internacionales aceptados (Figura 1) el volumen aparece como llamativo y ciertamente cuestionable. Parte del supuesto que todas las armas registradas desde el año 1944 se encuentran en uso⁽⁴⁾ y establece una posterior duplicación por la circulación de las no registradas e ilegales incautadas en procedimientos policiales. Indudablemente, resulta muy discutible sostener la existencia de un arma ilegal por cada una legal. Si bien esta presunción parte de la constancia que esa es la relación de armas legales respecto a las no registradas incautadas por la policía en relación a hechos delictivos existente entre los años 2005 al 2013, resulta razonable suponer que las armas no registradas estarán sobre representadas en ese tipo de hechos. No obstante, establecer una conclusión definitiva sobre posibles hipótesis se dificulta en virtud que “de diez armas que se incautan en procedimientos policiales, cuatro nunca llegan al registro” y por ende se desconoce tanto su procedencia como destino final⁽⁵⁾.

Basado también en el análisis de los registros oficiales, otro intento de aproximación al volumen de armas existentes en manos particulares realizado en el año 2006, desglosaba las casi 600.000 armas que reportaban dichos registros y que establecían una proporción de 18 armas cada 100 habitantes (^{Fleitas, 2006}). Según este estudio un 23 % de las armas son rifles, posiblemente destinado a caza deportiva, y el total de armas cortas registradas (revólveres y pistolas) ascendía hacia 2006 a 359.786. Al mismo tiempo, existían 385.008 personas registradas como propietarias. Del total de armas, 8,35 % pertenecen a la policía y el ejército (lo que daría una cifra de 49.000). Por otra parte, existían en esa fecha unos 12.000 guardias privados de seguridad, un tercio de ellos con armas lo cual restaría al volumen final unas 4.000.

Con estos datos, y de forma especulativa, la cifra en el año 2006 se aproximaría a unas 350.000 armas cortas en manos de particulares; correspondiéndose a algo menos del 11 % de la población del país. La estimación realizada en este estudio no pondera el volumen de las armas no registradas, y a la vez sugiere una mayor proporción de hogares con armas de la que se obtiene de las cifras declaradas espontáneamente por distintas encuestas aplicadas en los últimos años sobre el tema⁽⁶⁾. Apelando a otra fuente de información, hacia el año 2009 un estudio de opinión ubicaba que el 13,5 % de los hogares encuestados declaraban tener un arma de fuego en su hogar (^{Tenenbaum, 2009a}). La muestra comprendía las capitales departamentales y personas entre 25 y 70 años de edad. De éstos, un 23,6 % la tenía por razones de trabajo ―policía o guardia de seguridad―; además, un 19,4 % declaraba tenerla por motivos deportivos; en virtud de lo cual en este estudio se concluía que: “10,3 % de los hogares civiles del Uruguay urbano tiene arma de fuego. Esto significa que 69.700 hogares civiles de todas las capitales departamentales de Uruguay tienen armas de fuego”. (^{Tenenbaum, 2009b}) En un segundo estudio coordinado por el mismo autor, aunque con una muestra diferente, estima la cantidad de armas existentes: “Profundizando un poco más, dado el n muestral y el nº de armas relevadas en la encuesta, se obtiene que en el territorio urbano del país hay 14 armas por cada 100 habitantes. Dicha relación, para una población urbana del país que va de los 25 a los 70 años, representa 215.093 armas de fuego”.

Las principales limitaciones de estas aproximaciones residen en muestras que incluyen sólo las capitales departamentales de todo el país y un tramo etário acotado o algunos estratos socioeconómicos. Estas proyecciones entonces, no permiten conocer qué ocurre con las edades comprendidas fuera de esos tramos ni permiten evaluar el comportamiento de las ciudades pequeñas y zonas rurales del resto del país. En otro orden y respecto al perfil y actitudes que manifiestan los poseedores de armas, el citado estudio realizado por Tenenbaum en el año 2009 señalaba que las armas están más presentes a mayor nivel socioeconómico. Asimismo, los “resultados indican que 7 de cada 10 hogares uruguayos residentes en zonas urbanas están “poco de acuerdo” o “nada de acuerdo” con que el arma brinda seguridad”, pero la cifra de acuerdo aumenta, como era de esperar, entre los poseedores de armas (58 % de acuerdo o muy de acuerdo). Por otra parte, el acuerdo con la afirmación de que el arma provee seguridad es inversa con el nivel socioeconómico y educativo, incrementándose en los niveles más bajos: “Los hogares socio económicamente altos al mismo tiempo que son quienes más tienen armas de fuego están más en desacuerdo con que el arma brinda seguridad” (^{Tenenbaum, 2009a})⁽⁷⁾.

Es interesante señalar que el estudio muestra un amplio reconocimiento de que las armas de fuego son un factor de riesgo, y eso no disminuye demasiado entre quienes tienen una en el hogar. Por otra parte, solo un cuarto de los encuestados declara estar de acuerdo con que es bueno tener un arma en el hogar (aunque se incrementa mucho entre los poseedores de arma). La mayoría de los encuestados relaciona el déficit de la acción del gobierno en materia de seguridad con el sentido de tener un arma. Por otro lado, “un 61,3 % está “de acuerdo” o “muy de acuerdo” con que si uno tiene un arma y es asaltado, se tiene más riesgo de perder la vida que si no tuviera arma de fuego”. (^{Tenenbaum, 2009a}). En otro apartado, el estudio muestra que no hay diferencias importantes (solo un 8 %) entre quienes se sienten seguros en su vida cotidiana, según tengan o no arma. Es interesante destacar que, entre los poseedores de arma, hay una mayor proporción de víctimas de delito o violencia en los seis meses previos (20 % contra 14 %).

Nota metodológica

Los datos presentados en este artículo fueron obtenidos de una encuesta telefónica realizada entre los días 13 y 25 de noviembre de 2013 por investigadores de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. La encuesta tuvo por objetivo contribuir a la comprensión de las necesidades legales existentes en la población de Uruguay, cuantificando las brechas entre la demanda potencial y efectiva de servicios de justicia, y los contextos en la que ésta se desarrolla. Para ello se interrogó a los entrevistados sobre la ocurrencia de situaciones que pudieran haber implicado una restricción a sus derechos, y en caso afirmativo, qué cosas habían hecho para solucionarlo. Entre otros temas, también se incluyó un módulo de victimización ―se preguntó si en el hogar algún miembro había sido víctima de un delito―, con ítems referidos a acciones tomadas para prevenir delitos y tenencia de armas, fueran o no usadas con ese fin. De estos módulos se obtuvieron la mayoría de los datos utilizados en este artículo. La muestra utilizada estuvo compuesta por personas mayores de 18 años, representativa de la población de todo el país (ver ficha técnica). El trabajo de campo fue realizado por una consultora privada. Los números telefónicos contactados fueron elegidos al azar. Los encuestadores se identificaban como empleados de la empresa encuestadora e informaban que estaban realizando una encuesta para Facultad de Derecho de la Universidad de la República. En total, se realizaron 4251 llamadas. En 2956 casos las entrevistas no fueron realizadas por no ubicarse la persona o no disponer de tiempo, entre otras razones. En 415 casos las personas se negaron a responder la encuesta. El total final de entrevistados efectivos fue de 884. El formulario de encuesta fue diseñado por el equipo responsable de la investigación. Contó con un total de 82 preguntas. Además, se relevaron datos sociodemográficos habituales (educación, ingresos, sexo y edad). No se recabaron datos identificatorios de los entrevistados excepto el nombre de pila.

Ficha Técnica

Universo de estudio: Hogares particulares en todo el territorio nacional (áreas urbanas y rurales).

Sujeto entrevistado: Personas de 18 y más años de edad, residentes en hogares particulares sorteados en todo el territorio nacional que aceptaron responder a la encuesta de forma individual.

Muestreo: Diseño muestral probabilístico estratificado proporcional según peso poblacional de áreas geográficas -departamentos -.

Tamaño de Muestra: 884 Casos;

Margen de Error: a) 884 Casos +/- 3,3 % para un nivel de confianza del 95 %, siendo p=q=0,5

Marco Muestral: Bases de Telefonía Fija o Bases de Telefonía Celular.

Selección de Entrevistados: Se sortearon hogares a partir de marcos muestrales de telefonía fija o de celular.

Sustitución: Se rellaman contactos hasta en tres oportunidades para reemplazar casos sorteados. También se remplazan casos cuando sujetos contactados rechazan la encuesta.

Validación:

El perfil sociodemográfico de la encuesta fue consistente con el de la población general, según datos del Censo 2011. En primer lugar, dadas las características de estratificación, la distribución territorial por departamento siguió la de la población, con diferencias inferiores a medio punto porcentual por departamento.

También la distribución por sexo y edad fue similar a la encontrada en el Censo 2011, aunque están algo sobre representadas las mujeres (59,2 % en la encuesta, contra 53,1 en el Censo) y las personas de 45 a 64 años (38,3 % contra 29,8 %).

En cuanto a nivel educativo, existe un sesgo a favor de los más educados en detrimento de la representación en el otro extremo de la dimensión. Esto es un elemento a tener en cuenta en el análisis, aunque el nivel educativo no aparece asociado a la declaración de tenencia de armas en principio, como se verá más adelante.

Limitaciones:

El carácter limitado de los recursos con que se contó para financiar el trabajo de campo generó algunas restricciones para el análisis. En particular, deben señalarse dos. Primero, que el tamaño de la muestra impide realizar todas las aperturas que serían deseables para llevar a cabo un análisis multivariado. Segundo, que el cuestionario solo incluye, con relación a la tenencia de armas, datos del entrevistado, que no es necesariamente el miembro del hogar que adquirió o posee armas. Además, se da un problema de inconsistencia de unidades de análisis cuando se utilizan datos del individuo para referirse al hogar. Pese a esto, se ha incluido el análisis de la relación de algunas variables del individuo ―particularmente nivel educativo― con la presencia de armas en el hogar, aceptando que aquella puede ser una aproximación al clima educativo del hogar, toda vez que los individuos seleccionados eran mayores de edad y puede suponerse que en gran proporción son jefes de hogar o cónyuges⁽⁸⁾(^{Katzman, 2000}) En algunos casos, se intentó mejorar el fundamento de validez del indicador restringiendo el análisis para las personas de 30 años y más.

Principales hallazgos:

Luego de preguntar si el entrevistado o algún miembro del hogar había sido víctima de un delito en los últimos doce meses, se consultaba qué medidas tomaba la persona para protegerse o prevenir delitos⁽⁹⁾. Se trataba de una pregunta abierta que el encuestador codificaba en el momento en categorías de respuesta previamente establecidas. Una de las categorías era comprar o conseguir un arma. Solo un 3 % mencionó espontáneamente esa posibilidad. En la Tabla 1 se exponen los porcentajes, en el total de entrevistados, de cada categoría de respuesta una vez realizada la codificación. Nótese que en realidad la inversión preferida para protegerse no es la compra de un arma, sino la instalación de rejas o blindajes.

A continuación se consultaba si había un arma de fuego en el hogar, con independencia de cuál fuera su uso⁽¹⁰⁾. Esta pregunta solo se aplicaba a los que no la habían mencionado espontáneamente en la pregunta anterior. Algo menos de un 12 % adicional respondió afirmativamente. Tabla 2

En total, algo menos de un 15% de la muestra respondió que existía un arma en el hogar o que había conseguido una específicamente para prevenir delitos. Esta cifra tiende a converger razonablemente con las obtenidas por los estudios reseñados anteriormente. Tabla 3

Solo una parte muy pequeña de los entrevistados señala que ha conseguido el arma recientemente, y apenas un 1 % que lo ha hecho hace menos de tres años. Dada la cantidad de armas vendidas anualmente⁽¹¹⁾, la cifra podría estar indicando subdeclaración. Tabla 4

¿Quiénes son los que declaran tener un arma, o que existe un arma en su hogar? El cuadro siguiente resume, para variables seleccionadas, los principales resultados obtenidos del análisis bivariado, usando el estadístico chi cuadrado para evaluar la posible existencia de una relación de determinación con la tenencia de armas o al menos en su declaración. Posteriormente, se estudiarán con mayor detalle aquellos factores que presenten asociación significativa. Deben tenerse en cuenta las limitaciones señaladas en el apartado III, especialmente las referidas a la imposibilidad de descartar sesgos cuando se intenta inferir características del real poseedor de armas a partir de los datos de otro miembro del hogar. Por esa razón, para las variables sexo y nivel educativo se incorporan también los resultados considerando solo las personas de 30 años y más. Aunque esto no soluciona el problema, permite observar las respuestas entre aquellos que probablemente son jefes de hogar o cónyuges. Tabla 5. (ver nota 8).

Como se observa, las variables que parecen estar asociadas a la tenencia de armas son el sexo y los ingresos del hogar, no apareciendo efecto del nivel educativo y del territorio. Estos resultados no varían entre los entrevistados con 30 y más años. Además, aparece una asociación significativa vinculada a la exposición del hogar a eventos de seguridad (algún miembro del hogar víctima de delito). De todas ellas, el sexo parece tener una relación más nítida. Como se observa en la Tabla 6, si el encuestado es hombre, más que se triplica la probabilidad de declarar que existe un arma en el hogar.

Es relevante prestar atención al sexo del entrevistado más por sus implicancias metodológicas que por su papel como determinante de la tenencia de armas. La asociación entre el sexo del entrevistado y la declaración de la tenencia de armas puede hacer sospechar de la confiabilidad del instrumento utilizado para estimar la prevalencia de armas en los hogares. En efecto, por las características de la muestra, la elección del entrevistado podría ser considerada muy próxima a una elección aleatoria entre los miembros del hogar, por lo que la distribución de armas no debería tener diferencias significativas según el sexo del encuestado⁽¹²⁾.

Que no sea así puede explicarse por dos razones. En primer lugar, puede deberse a que, dado que tener un arma está muy asociado al género masculino, los hogares solamente compuestos por mujeres tendrán armas en mucha menor proporción que aquellos donde los dos géneros están presentes, o solo hay hombres. Los primeros solo podrán tener una mujer como miembro encuestado, y por lo tanto habrá una proporción de mujeres en la muestra cuyos hogares tendrán una menor probabilidad de poseer armas. Obviamente, en el resto de los hogares (mixtos o solo masculinos) la probabilidad de tener armas será mayor. De nuevo, aunque este hecho debe influir seguramente, la diferencia parece muy grande para ser explicada solamente por él.

Esto lleva a considerar que la segunda razón: debe existir sub declaración cuando son mujeres las que responden, o sobre declaración cuando son hombres. Lo primero podría estar vinculado a que no siempre las mujeres conocen la existencia de armas en el hogar, mientras que probablemente los hombres sí. Una cuestión a analizar en el futuro es si este posible sesgo en la declaración según género altera de forma importante la estimación de la proporción de hogares con armas y la cantidad de armas realmente existente en el país. Con los datos actualmente disponibles, no es posible avanzar en dilucidar este tema. Un segundo factor explorado refería al nivel educativo. Al referirse al hogar, la pregunta por las características del entrevistado podría introducir un sesgo, ya que no necesariamente son los propietarios o quienes hacen uso del arma. Sin embargo, los resultados no tienen una variación importante cuando solo se consideran los entrevistados de 30 años y más (Tabla 7). Dado esto, y para los fines de este trabajo, de carácter exploratorio, el nivel educativo del entrevistado puede considerarse un indicador aproximado del clima educativo del hogar, como se señaló en el apartado III. En ese sentido, llama la atención que no se encuentren diferencias notables según el nivel educativo.

Sin embargo, los hogares donde se declaran mayores ingresos parecen tener armas con más frecuencia, en coincidencia con lo señalado por otros estudios. En este caso, hogares que declaran ingresos por encima de 40000 pesos duplican la probabilidad de tener un arma que los hogares que declaran ingresos por debajo de 15000. Tabla 8.

Otro de los temas relevantes es la distribución territorial de la presencia de armas. Como se dijo antes, territorios con mayor proporción de población rural, o con cierto tipo de actividad productiva, podrían tener mayor presencia de armas. En una primera mirada, eso no se traduce en diferencias globales importantes entre interior y región metropolitana. Tabla 9.

Si se separan los departamentos por zonas socioeconómicas, siguiendo los criterios propuestos por Adrián Rodríguez (^{Rodríguez, 2013}) parece existir una mayor proporción de hogares con armas en las zonas centro y sur. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que el tamaño de la muestra no permite hacer esta apertura sin incrementar el intervalo de confianza. De todas maneras, los datos sugieren que la distribución territorial de armas y los factores que la determinan es un área de investigación que debe ser abordada. Tabla 10.

Finalmente, la exposición al delito aparece vinculada a la tenencia de armas. Los datos de la siguiente tabla sugieren una respuesta positiva (el coeficiente Chi cuadrado tiene un valor de 5,3 lo que permite rechazar la hipótesis nula con una probabilidad de error inferior a 5%), pero hay que recordar que la gran mayoría de las armas fueron adquiridas en un período anterior al año de realizado este sondeo (ver Tabla 4), mientras que los delitos sufridos ocurrieron dentro de los doce meses anteriores a la encuesta. Por tanto, la explicación más obvia -la gente compra armas luego de pasar por una experiencia de victimización- no sería aplicable en este caso. Tabla 11.

¿Cómo puede entenderse entonces que aquellos que tengan armas tengan alguna probabilidad adicional de sufrir un delito después que adquirieron el arma?

Por una parte, no se puede descartar la existencia de una relación causal entre ser víctima de un delito y la compra de armas, ya que la compra pudo haber estado motivada por un delito ocurrido en un período anterior al que la encuesta usó como referencia. Por otra parte, la hipótesis más razonable es que los elementos contextuales que motivan a adquirir un arma, o que hacen más probable tenerla ―tener cierto nivel de ingresos, por ejemplo ―también hacen más probable ser víctima de un delito (recuérdese que la mayoría de los delitos contra el patrimonio ocurren en barrios del centro y zonas consolidadas de Montevideo, a diferencia de lo que ocurre con los delitos contra las personas (^{Riella y Viscardi, 2003}). La tabla siguiente agrega alguna evidencia a favor de esa hipótesis. El porcentaje de los que declaran armas, dentro de los que han sufrido un delito, se mantiene significativamente mayor con relación a los que declaran armas dentro de los no han sufrido delitos, en del área Metropolitana (Chi cuadrado=5,4; p=0,02). En cambio, esa misma diferencia no es significativa en el interior (Chi cuadrado=0,99; p=0,32). Obviamente, las ya señaladas limitaciones de la muestra impiden tomar estos datos como definitivos. Tabla 12.

Por otra parte, se vuelve más frecuente afirmar que se ha modificado algún hábito cuando se ha sido víctima de un delito. Tabla 13

Pero no aparece relación a primera vista entre haber cambiado algún hábito y tener un arma de fuego. Tabla 14

Incluso cuando se abre por región, la probabilidad de haber cambiado un hábito por temor se reduce algo entre aquellos que tienen un arma, en lugar de incrementarse en el área Metropolitana, y no cambia en el interior. Dado el incremento del error que implica la apertura de la tabla multivariada, la conclusión más sensata es que no se observa ningún tipo de relación entre tenencia de armas y cambio de hábitos por temor. Tabla 15.

Entonces, el hecho de tener un arma parece darse en circunstancias que a su vez favorecen ser víctima de un delito (en especial, tener altos ingresos). Ser víctima de un delito hace cambiar los hábitos, pero no es determinante de comprar un arma, que es una decisión previa. Como se ha señalado, se está lejos de descartar otras hipótesis, pero esta interpretación de los hechos es interesante como guía para futuros trabajos.

Reflexiones finales

Como fuera señalado al comienzo, este trabajo tuvo como objetivo contribuir a mejorar el conocimiento disponible sobre un tema de indudable impacto público como lo es la prevalencia de las armas en manos de civiles, así como ahondar en las características y creencias de quienes afirman tenerlas en su hogar. Adicionalmente, se exponen también algunas dificultades metodológicas que actualmente limitan las investigaciones en esta temática. Respecto al volumen de armas, el resultado obtenido (14,6 %) si bien algo superior se encuentra en línea respecto al que establecieron otras mediciones con método similar, posibilitando dos reflexiones generales. En primer lugar, el volumen de armas declarado se encuentra lejano a las cifras que mediante otros abordajes metodológicos indicarían que están presentes en un tercio de los hogares uruguayos. No obstante, debe atenderse la importante diferencia existente cuando quienes responden son del sexo masculino (la proporción se eleva al 23,8 %); y que el relevamiento se efectúa en momentos que se debaten modificaciones legales más restrictivas sobre la tenencia de armas por particulares. En segundo término, sin pretender aquí agotar el tema, si se analizan los datos en términos comparativos existe una considerable diferencia respecto a los países vecinos, lo cual permitiría sostener la hipótesis acerca de nuestra sociedad posee una alta prevalencia de armas en manos civiles. En efecto, hacia el año 2012, la encuesta Barómetro de las Américas arrojaba para Uruguay una cifra de 12,2 % de hogares con un arma de fuego para la protección. Para el caso de Brasil, donde también se aplicó la misma pregunta, el resultado fue de un 3% de los hogares⁽¹³⁾. En relación con Argentina, el estudio de Tenenbaum del año 2009 que había relevado para nuestra realidad un 13,5 % basándose en una metodología similar a la que anteriormente se había utilizado en el vecino país, concluía que la presencia de armas alcanzaba allí al 9 %. En caso de descartarse las pertenecientes a las fuerzas de seguridad, los resultados estimados son de un 10,3 % y 6,75 % respectivamente (^{Tenenbaum, 2009b}.) Respecto al perfil de los poseedores de armas, en grandes líneas se reafirman hallazgos de relevamientos anteriores. Entre los principales, se destacan que el ingreso del hogar está asociado a la tenencia de armas, aunque no el nivel educativo del entrevistado. Por otra parte, el hecho de ser víctima de delito también aparece vinculado a la existencia de armas. Esto puede interpretarse tanto como que el capital económico del hogar es en definitiva el determinante (los hogares con mayor ingreso tienen mayor probabilidad de tener un arma, y al mismo tiempo de ser víctimas de delito), como que la exposición al delito motiva a adoptar medidas de protección, entre ellas comprar armas. En contra de esta última interpretación es que la mayoría de las armas, según se declara, fueron compradas bastante tiempo antes del delito sufrido, y por otra parte tampoco aparecen relaciones nítidas entre tenencia de armas y cambio de hábitos por temor al delito. De todos modos, pueden estarse obviando la existencia de algunos elementos de la cultura como determinantes de la posesión de armas. En este sentido puede afirmarse que los motivos para tener arma no están claros. Si bien la relación con la protección es mayoritariamente declarada como razón, el origen de la relación arma-protección es cultural y socialmente construida en procesos que están lejos de ser bien conocidos. Asimismo, no hay señales de que los elementos contextuales generen efectos relevantes en la tenencia de armas (o al menos, en su declaración). Particularmente no se encuentran efectos regionales, aunque investigaciones futuras podrían profundizar en el uso de las armas (y no solo su existencia en el hogar) y quizás encontrar diferencias regionales vinculadas al tipo de uso. Como último dato destacable, el sexo del entrevistado es determinante de la declaración de tenencia de armas, lo que sugiere una subdeclaración en los casos en que el entrevistado es mujer. Este hecho se observa en otros estudios sobre el tema, y sugiere que la medición de la presencia de armas en hogares requiere discusión metodológica adicional. En este plano, cabe mencionar algunas limitaciones y desafíos que presenta la investigación en la materia. De alguna manera los diagnósticos sobre el volumen total de armas, la cantidad y perfil de las personas poseedoras y la prevalencia en diferentes tipos de hogares, pretenden además establecer su relación con otras variables como ser el impacto en la seguridad ciudadana y los índices de victimización que su utilización provoca. Incluso, buena parte de ellos se proponen como objetivo promover políticas públicas para mitigar los potenciales efectos perversos que conlleva su proliferación. De allí que a los obstáculos existentes para una correcta medición se sumen dificultades conceptuales acerca de qué se pretende medir y cómo ubicar indicadores válidos y confiables para los fines propuestos. A modo de ejemplo, señalemos algunas situaciones que se prestan a confusiones. Una habitual división en los diagnósticos, separa aquellas armas que se encuentran en manos de civiles de las que poseen las fuerzas de seguridad (militares, policías y guardias privados), donde se asume que las últimas no presentan mayores riesgos. Esta diferenciación puede resultar razonable si lo que se pretende establecer es la cantidad de ciudadanos que optaron por adquirir un arma como medio de defensa personal o del hogar. Si el objetivo es apreciar el nivel de “privatización” del poder de fuego, no sería correcto acumular volúmenes de armas en manos de agentes de seguridad estatales con las que tienen los guardias privados de seguridad. A su vez, ¿puede afirmarse en forma contundente que las armas en manos de fuerzas de seguridad no entrañan riesgos en los hogares? La respuesta, sin duda, es negativa. Los accidentes por diversos motivos e incluso la proporción de suicidios y violencia doméstica actuadas con armas de fuego a nivel de los funcionarios policiales no sólo es importante, sino que supera con creces el promedio de la población general del país⁽¹⁴⁾. Dentro del volumen total de armas registradas suelen restarse aquellas que presumiblemente tienen fines deportivos, como escopetas y rifles, asumiendo que difícilmente se utilicen con fines delictivos. Sin embargo, no puede descartarse la eventualidad de accidentes por el uso inexperto, su utilización como mecanismo de protección y en episodios de violencia interpersonal o autoinfligida. Por otra parte, diferenciar armas legales e ilegales, también resulta problemático, si lo que se pretende establecer con mayor fidelidad es su relación con la consumación de hechos delictivos. En otros términos, existen armas registradas y un volumen estimado, aunque no conocido con precisión, de armas que no están registradas. ¿Puede deducirse que el total de armas no registradas se encuentran en manos de delincuentes? De ninguna manera, ya que de acuerdo a la normativa vigente el no registro representa apenas una falta administrativa y razonablemente pueden estar mayoritariamente en manos de “ciudadanos honestos” con fines de autoprotección. En este sentido, resulta interesante la clasificación que señala la existencia de tres mercados de armas: legales registradas, informales y criminales (^{Dreyfus y de Sousa Nascimento, 2005}). En nuestra realidad, contabilizar la distribución de armas en estos tres mercados, resulta una tarea imposible de realizar con los datos actualmente disponibles. De allí que deba invocarse la necesidad de continuar con los esfuerzos de acumulación de conocimiento en la materia, así como estimular la generación de datos fidedignos por parte de los agentes estatales que tienen responsabilidad en la materia, insumos imprescindibles para formular políticas públicas eficientes basadas en la evidencia empírica