Presentación

La universidad surge en la Europa medieval como institución de altos estudios con autonomía corporativa y libertad académica, que combina la enseñanza con el cultivo de la erudición. La institución examina, confiere grados, propone una clasificación y jerarquía entre disciplinas y un método de enseñanza basado en la exposición, el comentario, la disputa y el debate oral (^{Brunner, 1997}). Según ^{Fabre (2005}), las universidades cultivan tres funciones sustantivas. La primera función es la docencia, transmisora del acervo científico, disciplinar y cultural a las nuevas generaciones. La segunda función corresponde a la investigación, la que produce nuevos conocimientos al servicio de la sociedad. La tercera función es la extensión, orientada a la transformación virtuosa del entorno.

En Chile, la extensión nace con la universidad y se desarrolla al amparo del núcleo histórico conformado por Universidad de Chile (1842), Pontificia Universidad Católica de Chile (1888), Universidad de Concepción (1919), Universidad Católica de Valparaíso (1928), Universidad Santa María (1931), Universidad Técnica del Estado (1947), Universidad Austral de Chile (1954) y Universidad del Norte (1956). Este núcleo, financiado preferentemente por el Estado, definió las bases de la actividad universitaria y los conceptos tradicionales de la extensión como función sustantiva. Esta situación cambió abruptamente a partir de 1980, año en que la dictadura cívico-militar inició una reforma estructural del sistema de educación superior con orientación neoliberal que reorganizó la institucionalidad y redefinió sus normas de financiamiento. Se crearon universidades regionales sobre la base de las sedes de la Universidad de Chile y la Universidad Técnica del Estado y se impulsó un sistema de educación superior orientado por el mercado y con fuerte participación del sector privado. Se retiró progresivamente el financiamiento universitario público y se transfirió el costo de la educación a las familias, lo que fue deteriorando las condiciones económicas de funcionamiento del sistema, especialmente en las instituciones estatales regionales. Asimismo, se instaló una cultura de competencia para la atracción de matrícula, aportes fiscales indirectos y fondos concursables en investigación, innovación y transferencia tecnológica (^{Fried y Abuhadma, 1991}). Como resultado, se generó un sistema mixto público-privado constituido por 57 universidades, de las cuales 18 son estatales, 9 son particulares con aportes del Estado creadas antes de 1980 y 30 son privadas (^{Ministerio de Educación, 2021}). Todas ellas ajustan su funcionamiento al mercado y a las normativas de acreditación de calidad fijadas por ley e incorporan la extensión como componente de evaluación de la calidad universitaria.

En este marco, el artículo tiene por objetivo caracterizar los conceptos distintivos de la extensión universitaria en Chile a partir de los contextos que le han dado origen. Metodológicamente, corresponde a una investigación documental con enfoque cualitativo, basada en legislación universitaria, textos académicos e informes técnicos de organismos públicos y privados que constituyen la plataforma documental sobre la que circula la información definida de interés para el estudio (^{Rivera-Aguilera 2017}). Los resultados se organizaron a partir de los criterios de tradición histórica y transformación contemporánea. El objetivo forma parte del proyecto de investigación interuniversitaria “Contribución al desarrollo regional del CUECH Valparaíso desde la función vinculación con el medio”, código EDU 14-19-20, dependiente de la Dirección de Investigación de la Universidad de Playa Ancha, Chile.

Conceptos y contextos de extensión universitaria generados a partir de la tradición histórica. Comunicaciones, difusión cultural y servicio a la sociedad

A nivel nacional, la extensión nace entrelazada con la historia de la Universidad de Chile. Desde sus inicios, se reconocieron la cultura clásica, humanista y secular como valores centrales, estableciendo en el saber una cuestión social ligada al progreso del país. Para ello, se consideró la presentación de una memoria anual para difundir las actividades universitarias, publicada con el nombre de Anales de la Universidad de Chile, lo que fundó la tradición de la difusión como tarea permanente bajo la denominación de extensión y comunicaciones en todo el sistema universitario chileno (^{Mellafe, Rebolledo y Cárdenas, 1992}). Posteriormente, la ^{Universidad de Concepción (1924)} fundó la Revista Atenea, publicación periódica de ciencias, letras y bellas artes que se transformó en un espacio de difusión intelectual y literaria en el ámbito chileno y latinoamericano. La tradición de comunicaciones se fortaleció con la fundación de editoriales, iniciada con la Editorial Universitaria de la Universidad de Chile (1943) y la Editorial Universidad de Concepción (1957), a la que posteriormente se sumaron otras casas de estudio. Asimismo, destaca el protagónico rol de la Universidad de Chile en el inicio de las transmisiones de radiotelefonía en el país en el año 1922 (^{Andrades, 2000}); rol replicado en 1959, ocasión en que, junto con la Universidad Católica de Valparaíso y la Pontificia Universidad Católica de Chile, se dio inicio a las transmisiones de los canales universitarios, priorizados por sobre iniciativas privadas, dada la alta valoración social de las funciones universitarias desde la perspectiva de un Estado docente (^{Hurtado, 1989}). En la actualidad, las comunicaciones universitarias han incorporado activamente los medios y recursos tecnológicos en el cumplimiento de sus funciones.

Por su parte, el concepto de extensión y difusión cultural tiene sus principales evidencias en el fecundo trabajo realizado en la década de 1940 por la Universidad de Chile, con la fundación de la Orquesta Sinfónica de Chile, el Teatro Experimental, el Museo de Arte Popular Americano, el Coro Universitario, el Ballet Nacional, el Museo de Arte Contemporáneo y la Facultad de Bellas Artes, iniciativas replicadas en las décadas siguientes en otras universidades. Así entonces, la Pontificia Universidad Católica de Chile fundó el Teatro de Ensayo en 1943, seguido por el grupo de Teatro de la Universidad de Concepción (TUC) en 1945, el Teatro del Desierto de la sede Antofagasta de la Universidad de Chile en 1952 y el grupo de teatro de la Universidad Técnica del Estado TEKNOS en 1958 (^{Contreras, Henríquez y Albornoz, 2003}). Por su parte, la Universidad de Concepción fundó el coro institucional en 1954, la Orquesta Sinfónica en 1959 e inauguró una valiosa pinacoteca con exposiciones nacionales e internacionales en 1967 (^{Echeverría, 2004}). Este concepto fue respaldado por la Primera Conferencia Latinoamericana de Extensión Universitaria y Difusión Cultural, celebrada en Santiago de Chile en 1957 por la Unión de Universidades de América Latina (UDUAL). El encuentro acordó un concepto de extensión universitaria que orientó a la región durante las siguientes décadas, en cuyos aspectos centrales declara: “la extensión universitaria debe proponerse, como fines fundamentales, proyectar dinámica y coordinadamente la cultura y vincular a todo el pueblo con la universidad” (UDUAL, citada en ^{Tünnermann, 2000}, pp. 5-6).

Esta tradición fue interrumpida dramáticamente por el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, fecha en que las universidades fueron intervenidas militarmente, sus actividades culturales declaradas proscritas y exonerados artistas y equipos de extensión en todas las sedes del país. Los casos más emblemáticos corresponden a la Universidad Técnica del Estado, donde el cantautor, folclorista, actor y director de teatro Víctor Jara, fue detenido por patrullas militares en recintos universitarios y posteriormente torturado y ejecutado. Por su parte, los grupos Quilapayún e Inti Illimani, cultores de música chilena y latinoamericana adscritos a esa casa de estudios, que se encontraban de gira en Europa, no pudieron regresar al país, fueron expulsados de la universidad y vivieron un largo exilio a partir de esa fecha. La difusión cultural fue traumáticamente detenida durante los años dictatoriales, censurada en sus contenidos, empobrecida en su financiamiento y fragilizada en su continuidad; los efectos de esas acciones persisten hasta hoy, dado que en ocasiones se la percibe como un gasto forzado y prescindible frente a otras urgencias presupuestarias (^{Monsálvez, 2019}).

Con relación al concepto de extensión como servicio a la sociedad, puede afirmarse que ha sido una tradición de la academia, expresada principalmente a través de sus estudiantes. En ese marco, destaca la fundación de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH) en 1906, que desde sus inicios otorgó un lugar destacado a estas actividades a partir de escuelas nocturnas para trabajadores y de la Oficina de Defensa Jurídica Obrera (^{FECH, 1918}). Estas preocupaciones coincidieron con la reforma de Córdoba de 1918, que impulsó a la universidad latinoamericana a fortalecer su misión social mediante la participación estudiantil en la administración universitaria, la proyección de la cultura universitaria en el medio social y la participación de la academia en los problemas nacionales (^{Tünnermann, 2000}), acciones que aportaron sentidos a la construcción de “una universidad de la nación para la nación” (^{Gómez y Figueroa, 2011}).

En la década de 1960, la reforma universitaria fue la principal impulsora de las acciones de extensión, a partir de los vínculos creados por la juventud universitaria con el conocimiento, la política y el desarrollo (^{Huneeus, 1988}). Estas coordenadas respaldaron las demandas universitarias por mayor compromiso y cambio social (^{Rivera, 2018}). Sus propuestas, sintetizadas en la consigna “Universidad para todos”, se expresaron en la apertura de programas de alfabetización, formación obrera en oficios y capacitación sindical, en un marco de aulas abiertas, escuelas de temporada y cursos universitarios populares (^{Cuello, 2018}). Esta dinámica modificó la relación de la universidad con la sociedad, y a partir de esta época se reconoce que las necesidades sociales deben orientar las tareas de extensión para convertir el saber en un patrimonio compartido con la comunidad (^{Kirberg, 1970}). Su principal expresión fueron los trabajos voluntarios iniciados por estudiantes de la Universidad de Chile y replicados por las distintas federaciones de estudiantes del país. Su génesis fueron las delegaciones que apoyaron las labores de emergencia frente a los efectos del gran terremoto de Valdivia de 1960 (^{Garretón, 1985}). Los trabajos voluntarios se transformaron en actividades permanentes que aportaron a superar una formación universitaria elitista, profesionalizante y ajena a los problemas del país. Realizados durante los recesos de verano e invierno, colaboraron con mejoras materiales en viviendas, infraestructura y servicios básicos en comunidades urbanas o rurales, junto con la realización de campañas de alfabetización, capacitación laboral, espectáculos artísticos-culturales y actividades recreativas (^{FECH, 1967}).

En el marco de los procesos reformistas desarrollados en el país y en el continente, se celebró la Segunda Conferencia Latinoamericana de Extensión Universitaria y Difusión Cultural organizada por UDUAL en Ciudad de México en 1972. En esa oportunidad se realizó una reflexión crítica sobre los acuerdos de la Primera Conferencia de 1957, y se consideró que el concepto de extensión propuesto era restrictivo, paternalista y concebido desde un lugar de superioridad respecto del medio social. Por lo tanto, fue redefinido e incorporó la participación social en la toma de decisiones y en la producción de conocimientos. En consecuencia, los nuevos términos del concepto de extensión valoraron “la interacción entre universidad y los demás componentes del cuerpo social, a través de los cuales esta asume y cumple su compromiso de participación en el proceso social de creación de la cultura y de liberación y transformación radical de la comunidad nacional” (^{Valadés, 1972}, p. 344).

Durante los años dictatoriales las acciones al servicio de la sociedad perdieron prioridad. Aun así, el estamento estudiantil mantuvo vínculos con el mundo social en condiciones de autonomía organizativa, precariedad de recursos y convocatoria acotada, enfrentando los riesgos de persecución política y efectos reglamentarios de suspensión o expulsión por transgredir las prohibiciones impuestas por la academia para estas actividades (^{Garretón y Pozo, 1984}). La tradición de los trabajos voluntarios ha prevalecido hasta la actualidad y es valorada como una de las principales herencias del período reformista. Asimismo, en la época posdictatorial, el proyecto “Universidad construye país”, implementado entre los años 2001 y 2006, fortaleció el concepto de extensión como servicio a la sociedad, al promover la responsabilidad social universitaria a partir de una concepción ciudadana comprometida con la cultura democrática y con el desarrollo armónico y sostenible (^{Jiménez, 2006}).

Conceptos y contextos de extensión universitaria generados a partir de las transformaciones contemporáneas. Vinculación con el medio y tercera misión

A partir de la década del 2000, la extensión se enlazó con las funciones de investigación y docencia. Contribuyó a esta redefinición el impulso dado por el Ministerio de Educación al modelo educativo por competencias, concebidas como “un saber actuar validado, en un contexto particular con vistas a una finalidad” (^{Le Boterf, 2001}). Esta concepción se incorporó mediante proyectos con financiamiento internacional orientados a innovar curricularmente y potenciar la empleabilidad. Si bien el propósito era asegurar pertinencia y calidad de los procesos formativos, sus requerimientos permitieron fortalecer las relaciones universitarias con el entorno y agregar valor a los contextos disciplinarios, profesionales, territoriales y sociales. Paralelamente, el avance de los procesos de acreditación universitaria exigió fortalecer las relaciones con el medio y demandó evidencias de colaboración que respaldaran los criterios e indicadores de evaluación de este componente. En la convergencia de los procesos de innovación curricular y de acreditación de la calidad, emergió la nueva denominación de la extensión universitaria, la que amplificó su acción mediante el concepto de vinculación con el medio, definido por la Comisión Nacional de Acreditación (^{CNA, 2016}) en los siguientes términos:

el conjunto de nexos establecidos con el medio disciplinario, artístico, tecnológico, productivo o profesional, con el fin de mejorar el desempeño de las funciones institucionales, de facilitar el desarrollo académico profesional de los miembros de la institución y su actualización o perfeccionamiento, o de cumplir con los objetivos institucionales. (p. 16)

Sus requerimientos comprenden la formulación de políticas institucionales, mecanismos sistemáticos de vinculación bidireccional, evaluación de resultados, pertinencia e impacto de acciones y medición por indicadores del aporte al desarrollo regional y nacional. En sus aspectos positivos, destaca la contribución a los territorios de influencia directa, especialmente los aportes de las universidades públicas al desarrollo regional. En sus aspectos negativos, se constatan dificultades financieras frente a las exigencias de acreditación del área, que obligan a formalizar la estructura organizacional y crear procesos de control y de rendición de cuentas (^{Torralbo, Gutiérrez y Riffo, 2018}).

Respecto a la extensión como tercera misión, la actual sociedad del conocimiento demanda la asociación de las universidades con el sector productivo por medio de proyectos de investigación aplicada, desarrollo, innovación, transferencia tecnológica, patentes, modelos de utilidad y licencias que provean conocimientos y servicios para fortalecer la competitividad y el desarrollo en el largo plazo (^{Adán, Poblete, Angulo, Loncomilla y Muñoz, 2016}). Se identifican como áreas claves la educación continua, la transferencia tecnológica e innovación y el compromiso social de sus resultados (^{Ávila, 2013}). Con ello, se proyecta el conocimiento de vanguardia en la solución de problemas de creciente complejidad en contextos de globalización (^{Carrión, Carot y Boffo, 2012}). Dado que Chile posee baja capacidad tecnológica instalada, se promueve la creación y transferencia de conocimientos por medio de políticas públicas que otorgan acceso a instrumentos de financiamiento basados en resultados y fondos concursables (^{Ortiz-Reyes, Williams-Tejeda, Delgado, López y Negrón, 2017}). Esta dinámica de la tercera misión amplifica la tradición de la extensión universitaria y la incorpora al proceso de producción, difusión y aplicación del conocimiento como factor estratégico del desarrollo económico y social (^{Fabre, 2005}). No obstante, como efectos de la aplicación del modelo neoliberal en el sistema universitario, se observan profundas brechas en la gestión del conocimiento y en las capacidades instaladas entre instituciones, lo cual afecta la calidad y oportunidad de la contribución universitaria al interés público (^{Irarrázaval, 2020}).

Reflexiones finales

La extensión universitaria chilena se ha configurado a partir de los diversos conceptos heredados de los contextos históricos en los que su impronta como función sustantiva ha sido concebida, implementada y validada. Los conceptos distintivos corresponden a comunicaciones, difusión cultural, servicio a la sociedad, vinculación con el medio y tercera misión, los que consolidan un acervo legitimado que proyecta sus alcances en el mediano y largo plazo. Sin embargo, se reconoce que las renovadas conceptualizaciones asociadas a las transformaciones contemporáneas implican riesgos de relaciones instrumentales entre la academia y el entorno, orientadas principalmente al cumplimiento de objetivos, metas y estándares. Además, las fuentes de financiamiento involucradas en los proyectos capturan los esfuerzos académicos para garantizar resultados destinados a los grupos de interés participantes en las alianzas de trabajo, lo que tensiona la vocación universitaria de realizar aportes sociales transversales. Asimismo, se constata que los conceptos de extensión en torno a comunicaciones, difusión cultural y servicio a la sociedad son reflejo de las progresivas respuestas de la academia al entorno, conforme los diversos contextos nacionales en los que ha desplegado sus esfuerzos. Paradójicamente, en la actualidad esta dinámica se invierte y es el contexto global y tecnológicamente interdependiente el que define y evalúa los esfuerzos universitarios, al tiempo que prioriza las necesidades sociales que deben ser atendidas por la academia, situación implícita en los conceptos de vinculación con el medio y tercera misión.

En el marco de un sistema universitario público-privado definido desde lógicas de mercado, las preocupaciones económicas afectan directamente a la extensión universitaria en sus conceptualizaciones asociadas a la tradición histórica, dado que su mantención en la agenda es un esfuerzo que se sostiene con el autofinanciamiento institucional en forma directa. Paradójicamente, son estas acciones de baja rentabilidad económica las que son reconocidas como las principales contribuciones de la academia al país, preservando con ello la impronta de servicio a las necesidades sociales que ha caracterizado históricamente a la extensión universitaria chilena.