Introducción

En octubre de 2019, en Chile se vivió una gran revuelta popular que trajo como consecuencia una crisis política y social, la que encuentra su salida institucional mediante un acuerdo político para la redacción de una nueva Constitución previo una consulta ciudadana. Siguiendo a ^{Rozas et al. (2022}, p. 72), el inicio del proceso constituyente fue percibido como una forma de superar la crisis por la que atravesaba el país. Los resultados de este primer proceso, conocido como «plebiscito de entrada», ratificaron la voluntad ciudadana sobre la redacción de una nueva carta fundamental, mediante un órgano denominado «Convención Constitucional», compuesto en su totalidad por ciudadanos electos popularmente que pertenecían, en su mayoría, a sectores independientes a los partidos políticos y militantes de la izquierda del espectro político.

Con todo, la intención de voto hacia los sectores más progresistas da un vuelco en el «plebiscito de salida», donde se debía aprobar o rechazar la nueva Constitución, imponiéndose la segunda opción por sobre la primera con un margen importante de votos. Esta intención de voto, aparentemente, se reafirma con la elección posterior de miembros de un nuevo órgano para redactar un nuevo proyecto de carta constitucional, ahora conocido como «Consejo Constitucional», donde los sectores más conservadores del sistema de partidos chilenos se impusieron, consiguiendo 23 de los 50 escaños disponibles.

El resultado de las elecciones llevó a un sinnúmero de conjeturas, relacionadas principalmente a la modalidad de inscripción y su relación con la intención de voto -en el primer proceso el plebiscito de entrada fue con voto voluntario, mientras que el plebiscito de salida y la elección de los miembros del Consejo Constitucional fue con voto obligatorio, lo que podría haber afectado en la intención de voto- y el supuesto posicionamiento y avance de las fuerzas de extrema derecha en el país, que se tradujo en un cambio de comportamiento de los actores políticos.

En base a lo anterior, cabe preguntarse: ¿de qué manera influyó el cambio de la modalidad de inscripción en la intención de voto? En base a los resultados electorales del proceso, ¿puede hablarse de un avance de la extrema derecha en el país? En el presente escrito se plantea que, al momento de revisar en detalle las diferentes elecciones de los procesos constitucionales, se dilucida que el fenómeno, más que responder a razones ideológicas, puede ser explicado en gran medida debido al cambio en la modalidad de inscripción, en el sentido de que el voto obligatorio presentó un nuevo padrón electoral que introdujo incertidumbre en el sistema político, mostrando una masa de votantes que no se conocía y que tenían la capacidad de cambiar el rumbo de una elección. Esta masa votante, aún desconocida, trajo como consecuencia el cambio de comportamiento de los actores, los que modificaron su estrategia política, centrando sus esfuerzos en fortalecer sus bases de apoyo, en vez de tratar de extenderlas, por medio de discursos de nicho.

Para indagar en base al planteamiento expuesto, primero se expondrá el contexto sobre ambos procesos constituyentes, para, a continuación, analizar los resultados de las elecciones incluidas en el proceso y concluir en base a lo planteado.

Contexto sobre el primer y segundo proceso constituyente

En octubre de año 2019, Chile se mostró al mundo producto de una gran revuelta popular, cuyo detonante fue un alza de 30 pesos chilenos (0,035 dólares) en el precio del transporte público. Esta acción colectiva dejó al descubierto el malestar de la población sobre problemas estructurales, relativos a la distribución y el acceso a derechos fundamentales, tales como salud, educación, pensiones y vivienda, entre otros.¹ El compendio de las demandas presentadas por la ciudadanía se aglutina, en aquella ocasión, en torno al concepto de dignidad e instó a la clase política a realizar cambios profundos en el sistema político como respuesta a la crisis social que se estaba viviendo. Luego de largas negociaciones, casi un mes más tarde, la crisis encuentra su salida institucional por medio de un acuerdo entre los representantes de los principales partidos políticos del país para la redacción de una nueva Constitución.

El acuerdo suscrito por los partidos Democracia Cristiana, Revolución Democrática, Renovación Nacional, Comunes, Partido Socialista, Partido por la Democracia, Partido Liberal, Partido Radical, Unión Demócrata Independiente, Evópoli y Gabriel Boric como independiente -con la exclusión del Partido Comunista de Chile y de la Federación Regionalista Verde Social-, denominado «Acuerdo por la paz social y la nueva constitución», establecía la fecha de un plebiscito de entrada en el que la población definiría si estaba de acuerdo o no con cambiar la Constitución vigente, así como también sobre el órgano que estaría a cargo de la redacción de la nueva carta magna. Esta instancia se celebraría el 20 de abril del año 2020, pospuesta para el 25 de octubre del mismo año, producto de la pandemia por covid-19.

Tal como se señaló en el acuerdo ratificado por el Congreso, se consultó a la ciudadanía:

Las votaciones del plebiscito de entrada lograron la mayor participación electoral en la era del voto voluntario en el país, con un 50,9 % del padrón electoral total; la opción «Apruebo» alcanzó el 78,27 %, y la opción de Convención Constitucional para la redacción del documento, el 78,99 % de los votos (^{bcn, 2020}).

De esta manera, durante el mes de mayo de 2021 se realizó la elección de los 155 convencionales constituyentes. Se presentó un total de 101 listas, representadas en 1.283 candidaturas para 138 escaños, y 95 candidaturas para designar los 17 escaños reservados para pueblos originarios. En las 101 listas se agruparon 71 pactos y 31 partidos políticos (^{cnn, 2021}).

La elección de convencionales constituyentes resultó en un contundente triunfo de las candidaturas independientes, quienes lograron casi un tercio de los escaños, mientras que las fuerzas políticas tradicionales no se vieron representadas acorde a lo esperado. Así, la Convención Constitucional, de carácter paritario, quedó compuesta por 48 independientes, 28 representantes del pacto «Apruebo Dignidad»,² 25 de la «Lista del Apruebo»,³ y 37 de «Vamos por Chile»,⁴ más los 17 escaños reservados para pueblos indígenas, teniendo esta votación, también de carácter voluntario, una participación del 43,35 % del padrón electoral total (^{bcn, 2021}).

El clima progresista se vio aparentemente reforzado por la elección de Gabriel Boric Font como presidente de la república de Chile. El presidente más joven de la historia contemporánea del país llegó a primera vuelta como candidato del pacto Apruebo Dignidad, producto de una elección primaria entre su coalición, el Frente Amplio (con orientación a la izquierda, compuesta por los partidos Revolución Democrática, Convergencia Social y Comunes) y la coalición Chile Digna (compuesta por el Partido Comunista, la Federación Regionalista Verde Social y Acción Humanista). Es así como en la primera votación, efectuada el 21 de noviembre de 2021 y con voto voluntario, obtuvo el segundo lugar, con el 25,82 % de las preferencias (1.815.024 votos), mientras que el representante de la extrema derecha, José A. Kast, se posicionó como primera preferencia, con el 27,91 % (1.961.779 votos). En la segunda vuelta, celebrada el 19 de diciembre del mismo año, Gabriel Boric logró imponerse con el 55,87 % (4.621.231 votos), mientras que José A. Kast consiguió el 44,213 % (3.650.662 votos; ^servel).

Tanto el plebiscito de entrada como las elecciones de los convencionales constituyentes fueron interpretadas como una muestra del descrédito hacia la clase política, de la necesidad de nuevos rostros y de la urgencia de avanzar en políticas gubernamentales de corte más progresista, situación que se consagraba con la elección de Gabriel Boric, representante de las fuerzas más progresistas del país. No obstante, estas suposiciones fueron contrastadas por la realidad: en el plebiscito de salida, la población votó en contra de la propuesta de nueva Constitución. Durante dicha instancia, celebrada en septiembre de 2022 y con voto obligatorio, la población debió dirigirse a las urnas para definir si aprobaba o rechazaba la propuesta escrita por los convencionales constituyentes; la opción «Rechazo» se impuso con el 61,89 %, mientras que el «Apruebo» alcanzó el 38,11 % de los votos, registrándose una participación del 85,86 % del padrón total, es decir, más de 13 millones de personas (^servel).

Una vez conocidos los resultados, el presidente de Chile, Gabriel Boric Font, dio muestras de la intención de iniciar un nuevo proceso constituyente, bajo el argumento de que la voluntad ciudadana manifestada durante el plebiscito de entrada debía ser respetada. El nuevo proceso se concretó así con acuerdo de las principales fuerzas políticas del país, definiéndose la elección de los integrantes del ahora «Consejo Constitucional» para el 7 de mayo del año 2023, mientras que el plebiscito se fijó para el 17 de diciembre del mismo año.

Este proceso, a diferencia del anterior, estuvo determinado por una serie de normas que debían mantenerse en el nuevo proyecto de constitución política, conocidas como «bordes constitucionales»; allí se acordaron posiciones en torno a los puntos más conflictivos del proceso anterior, tales como el carácter unitario del Estado; el reconocimiento de Chile como un Estado social y democrático de derecho; la mantención de los emblemas nacionales; la separación e independencia de los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo; la garantía de derecho y de libertades fundamentales, como el derecho a la vida, la igualdad ante la ley, el derecho de propiedad y la libertad de enseñanza, entre otros; la existencia de las Fuerzas Armadas y de Orden y seguridad, subordinadas al poder civil; la consagración de al menos cuatro estados de excepción constitucional -de asamblea, de sitito, de catástrofe y de emergencia-, y el compromiso al cuidado y conservación de la naturaleza y su biodiversidad.

Las elecciones para los miembros del Consejo Constitucional del nuevo proceso constituyente, con voto obligatorio, mostraron un escenario opuesto al proceso anterior, ya que en esta ocasión fueron las fuerzas ultraconservadoras las que lograron un mayor apoyo de la ciudadanía, obteniendo la derecha el 56,5 % de los escaños, mientras que las fuerzas de izquierda unida lograron solo conseguir el 37,5 % de los votos (^{El País, 2023}); en el proceso anterior, las fuerzas de extrema derecha, representadas en el Partido Republicano, solo habían conseguido un representante con militancia, por medio de un cupo independiente por el partido Renovación Nacional.

De la Convención Constitucional al Consejo Constitucional

El plebiscito de entrada, para definir si la población aprobaba o rechazaba una nueva Constitución política y para definir el órgano encargado de su redacción, según los datos del servel, tuvo una participación del 50,98 % del padrón electoral, que se tradujo en 7.573.124 votantes, de los cuales 30.963 correspondieron a voto en el extranjero. Asimismo, la opción «Apruebo» obtuvo el 78,31 % (5.399.683 votos), mientras que la opción «Rechazo» logró el 21,69 % (1.634.506 preferencias). Por otra parte, la Convención Mixta Constitucional obtuvo el 20,82 % (1.492.260 votos), y la Convención Constitucional logró el 79,18 % (5.673.793 votantes; ^servel). Sin embargo, esta instancia, aunque en términos absolutos representó la cifra de participación más alta alcanzada desde el retorno a la democracia, no fue capaz de pasar la barrera de los 7 millones de votantes, barrera que se mantiene incluso desde antes de que se estableciera la inscripción automática con voto voluntario, en el año 2013 (^{Fuentes, 2020}). Además, se dio en condiciones que fueron excepcionales: pandemia y antecedidas de un ciclo de movilización social que, de cierta manera, anticiparon los resultados.

La barrera de los 7 millones de votantes se mantuvo durante los comicios para la elección de los miembros de la Convención Constitucional, llegando la participación a un 46,08 %, y en la posterior elección presidencial, del año 2021, donde, según los datos de servel, participó en primera vuelta un 47,33 % del padrón (7.114.318 votantes), mientras que en segunda vuelta, la situación varió, con una participación del 55,65 % de la población (8.364.481 votantes).

La alta participación de la segunda vuelta presidencial y la aparente semejanza numérica entre la masa que votaba en apoyo de las opciones más progresistas, tanto en el plebiscito de entrada como en las elecciones de convencionales y en la elección presidencial, condujo a la creencia de un aparente predominio de la izquierda, lo que llevó a los actores políticos a movilizarse en busca de ampliar sus bases de apoyo con el objeto de posicionarse dentro del sistema político. No obstante, las elecciones siguientes, correspondientes al plebiscito de salida, mostraron un escenario absolutamente nuevo.

El plebiscito de salida, que tenía por objeto aprobar o rechazar el proyecto de nueva Constitución escrito por la Convención Constitucional, con voto obligatorio, congregó en las urnas a 13.028.739 votantes (85,86 % del padrón electoral total), introduciendo en el escenario a una masa votante desconocida que se mostró como decisiva para los resultados electorales. La opción «Apruebo» obtuvo el 38,11 % de las preferencias, y el «Rechazo», el 61,89 % (^servel). Desechado así el proyecto de nueva Constitución, las fuerzas políticas imperantes se reorganizaron; entendiendo aquellas oficialistas su posición de desventaja, negociaron un nuevo pacto para la elección de los miembros de un nuevo órgano para la redacción de la Constitución.

Es importante hacer hincapié en que si bien el primer proceso constitucional fue producto de un acuerdo entre las fuerzas políticas, los partidos políticos tradicionales no fueron quienes encabezaron este proceso, sino que la ciudadanía optó por la elección de candidatos independientes, alejados de la institucionalidad; el segundo proceso sí estuvo comandado e influenciado desde un comienzo por los partidos políticos. Así también, el segundo proceso fue impulsado principalmente por el gobierno y las fuerzas oficialistas, frente a la negativa de la oposición, quienes desde un comienzo estuvieron en contra de cambiar la Constitución vigente.

La necesidad de llevar adelante un nuevo proceso condujo a que el gobierno cediera frente a las presiones y peticiones de la oposición. Fue así como el nuevo proceso constitucional estuvo encabezado desde un comienzo por las fuerzas políticas más conservadoras del país, las que mostraron su influencia en las elecciones de mayo de 2023 para el Consejo Constitucional; allí, el Partido Republicano -del excandidato José A. Kast, representante de la ultraderecha más conservadora del país- obtuvo 23 de los 50 escaños disponibles; la derecha tradicional, agrupada en el pacto «Chile Seguro»,⁵ consiguió 11, y la izquierda, representada por el pacto «Unidad para Chile»,⁶ 16 representantes. Este proceso, con voto obligatorio, tuvo una participación del 82,55 % (12.506.673 votantes; ^servel).

De esta manera, tal como puede apreciarse en la tabla 1, la masa votante con voto voluntario solamente superó la barrera de los 7 millones en la segunda vuelta presidencial del año 2021, mientras que con voto obligatorio, la participación superó el 80 % de participación, lo que significa que esta modalidad de inscripción integra al juego político alrededor de 5 millones de votos que previo al plebiscito de salida no se conocían.

Tabla 1: Participación electoral según modalidad de  

Fuente: elaboración propia en base a datos del Servicio Electoral (^servel)

El nuevo escenario político plantea así dos interrogantes principales; la primera, relacionada con la modalidad de inscripción, de qué manera influyó que las primeras elecciones fueran con voto voluntario, y las últimas, con voto obligatorio; la segunda, con si es efectivo o no hablar del avance de la extrema derecha en Chile o si más bien se produjo en un escenario de incertidumbre, donde aquello no es posible de asegurar.

De la modalidad de inscripción a la incertidumbre

En cuanto a la participación electoral y su relación con la estructura de voto, desde el enfoque institucional, como lo explican ^{Morales y Reveco (2018}, p. 3), «se ha sugerido que la participación es sustancialmente mayor en los países que implementan el voto obligatorio», en comparación con aquellos que tienen voto voluntario. Asimismo, se ha determinado que el voto obligatorio tiene un impacto positivo sobre la participación, en conjunto con otras variables institucionales, tales como las facilidades para la inscripción, los sistemas electorales proporcionales y las elecciones concurrentes en días festivos (^{Díaz, 2014}, p. 65). En suma, el aumento de la participación con el voto obligatorio se relaciona también con la existencia de una sanción en caso de no asistir a las urnas, lo que no sucede cuando el voto es voluntario.

Desde la ciencia política, la discusión acerca del voto obligatorio para alentar la participación es sumamente basta. Uno de sus principales exponentes es ^{Lijphart (1997)}, quien parte del argumento de que con voto voluntario, la participación política es altamente desigual, con una capacidad de influencia también desigual; ello sería contrario a los principios democráticos, ya que la participación se concentraría en aquellos grupos de la población más privilegiados, produciéndose una subrepresentación en los sectores con mayor pobreza. Esto ha llevado a que un número importante de exponentes de la disciplina centren sus esfuerzos en evaluar si existe o no sesgo de clase en la participación electoral.

Existe evidencia de un sesgo de clase en el voto voluntario. Aquellas elecciones con voto obligatorio se presentan como menos desiguales (^{Mackerras y McAllister, 1999}). Estos trabajos argumentan una relación directa entre el nivel socioeconómico y la abstención electoral, planteando que entre más bajo sea el nivel socioeconómico, mayor será la abstención, ya que las personas que menos interés tienen en la política son aquellas que también tienen más necesidades que cubrir (^{Blais, 2011}; ^{Mackerras y McAllister, 1999}). En cuanto a los estudios a nivel latinoamericano, ^{Luna y Toro (2017}) agregan que, bajo condiciones donde predomina el vínculo clientelar, los votantes de sectores más desfavorecidos no necesariamente concurren a votar por la obligatoriedad del voto ni tampoco eligen a sus representantes en base a la obtención de políticas redistributivas, sino que la retribución del voto tendría lugar, según los autores, fuera de las instituciones políticas formales.

En Chile, el debate se produjo producto de estudios de opinión pública que mostraban una baja valoración de la democracia, el notorio envejecimiento del padrón electoral y la marginación política de alrededor de 4 millones de personas en edad de votar (^{Quitral, 2014}, p. 592), por lo que se decidió pasar de la inscripción voluntaria y el voto obligatorio a la inscripción automática con voto voluntario. Esta decisión, implementada en el año 2013, también se vio como una medida para aumentar la participación juvenil, ya que con la inscripción automática se reducen los costos de entrada. Sin embargo, los resultados no fueron los esperados. Con la nueva medida no se corrigió ninguno de los problemas diagnosticados; especialmente, el referido a la participación juvenil, puesto que la gente joven mantuvo su baja predisposición a votar (^{Contreras y Morales, 2014}, p. 599). Lo mismo sucedió con la población perteneciente a estratos más bajos, debido a que, según los autores, los sistemas con voto voluntario transforman las desigualdades socioeconómicas en desigualdades políticas, mostrando a los ricos con una mayor predisposición a participar que los pobres.

Pese a lo anterior, hay quienes sostienen que el sesgo de clase en el voto existe previo al cambio en Chile, especialmente en los estratos juveniles. ^{Toro (2007}) y ^{Luna (2011}) evidenciaron que los jóvenes que se inscribían para votar eran aquellos que poseían niveles más altos de educación y vivían en familias con mayores ingresos, generándose ciudadanos de primera y segunda categoría (^{Toro, 2007}).

Si bien los estudios hechos hasta ahora presentan un insumo relevante para comprender el comportamiento del electorado, en el caso de las elecciones de constituyentes en Chile el cambio de voto voluntario a voto obligatorio, más allá del sesgo, significó, por sobre todo, un cambio en el padrón, con la integración de una nueva masa de votantes que no pudo ser medida con anticipación por las encuestas de opinión pública ni por los organismos que se dedican al tema. Todas las encuestas de ese momento estuvieron lejos de las cifras alcanzadas por ambas opciones. A modo de ejemplo, Plaza Pública/Cadem, pocos días antes de la elección del 4 de septiembre de 2022, anticipó 10 puntos porcentuales de diferencia, entregándole al rechazo el 55 % de las preferencias, y al apruebo, el 45 % (^{Plaza Pública, 2022}); Pulso Ciudadano/Activa, durante la misma fecha, se acercó un poco más al resultado obtenido y estableció un 11 % de diferencia entre ambas opciones a favor del rechazo (41,8 % a favor de «Apruebo» y 58,2 % por «Rechazo»; ^{Activa, 2022}), aún lejos de lo que finalmente sucedería. Incluso hubo algunas agencias que, basadas en modelos matemáticos, sostuvieron hasta el final que el «Apruebo» ganaría las elecciones.

El plebiscito de salida y las elecciones posteriores, de esta manera, introdujeron altos niveles de incertidumbre en el sistema político, puesto que aún no es posible determinar por qué opción vota dicha masa ni tampoco se conocen sus motivaciones ni necesidades electorales. Esta situación, más allá de incentivar la competencia al interior del sistema de partidos, que era lo esperable, llevó a que los actores se concentraran en fortalecer sus bases de apoyo en vez de tratar de ampliarlas; esta situación se dio especialmente en aquellas fuerzas que se encuentran a la izquierda del espectro político, puesto que el triunfo de la extrema derecha fue considerado por muchos como un avance de las fuerzas conservadoras. Sin embargo, si se revisa el apoyo electoral de esta facción, puede verse que la cantidad de votos obtenidos por José A. Kast -representante del Partido Republicano- en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2021 es muy similar a la cantidad de votos sumados de todos los candidatos republicanos al Consejo Constitucional en 2023 -3.650.662 y 3.476.333 votos, según servel, respectivamente-, por lo que hablar del avance de las fuerzas conservadoras en este momento también parece un poco apresurado, más aún en un escenario de incertidumbre.

Conclusión

Los procesos constituyentes en Chile se han caracterizado por varios elementos que los convierten en algo novedoso para la realidad política del país. Por una parte, las primeras elecciones se dieron en un contexto de pandemia por covid-19, lo cual, contrario a lo que se podía pensar, no afectó en demasía la participación, ya que logró congregar al 50,98 % del padrón electoral. Esta situación se podría explicar debido a que la ola de movilización social fue interrumpida por la pandemia, por lo que cuando se producen las elecciones, la población seguía envuelta en un clima de efervescencia social.

Además de eso, el primer proceso contó con paridad y cuota para pueblos indígenas, sin considerar que también se constituyó como una salida institucional frente a la crisis política y social más grande que ha atravesado el país en los últimos años. Es por la misma razón que, más allá de la modalidad de inscripción, el triunfo del «Apruebo» en el plebiscito de entrada y la elección de fuerzas de izquierda e independiente, como miembros preponderantes del órgano encargado de la redacción de la nueva Constitución en 2022, no fue algo que sorprendiera. La sorpresa vino después, cuando el cambio del padrón electoral presentó una masa votante sobre la que había -y hay- absoluto desconocimiento y que tuvo -y tiene- la capacidad de cambiar el rumbo de una elección.

Luego del triunfo del «Rechazo», el 4 de septiembre de 2022, uno de los cuestionamientos provenientes especialmente de las fuerzas oficialistas, con el objeto de buscar explicaciones frente a la derrota, se centró en el cambio de la modalidad de inscripción de voluntaria a obligatoria dentro del mismo proceso, evidenciado como un error político, ya que aumentaba el riesgo, desde el oficialismo, de perder la elección, abriéndose nuevamente la discusión sobre el sesgo del voto voluntario.

Si bien es cierto que el sesgo del que se discute está presente en Chile y determina los niveles de participación según estrato socioeconómico, en el caso de los plebiscitos constituyentes de entrada y salida no puede atribuirse completamente el rechazo de salida a la modalidad de inscripción; empero, sí puede afirmarse que la votación del plebiscito de entrada estuvo condicionada por el voto voluntario, puesto que la barrera de 7 millones muestra que la gente que participa en los procesos eleccionarios con este tipo de modalidad de inscripción efectivamente es gente que tiene interés en dichos procesos eleccionarios, así como también un mayor acceso a la información.

El rechazo de la nueva Constitución significó, en términos prácticos, que la izquierda pusiera en duda ese apoyo que creían poseer luego del plebiscito de entrada (la elección de los integrantes de la Convención Constitucional y la elección presidencial). Esto se vio reforzado por el resultado del plebiscito de salida y por la elección de representantes para el Consejo Constitucional, donde la extrema derecho logró niveles de apoyo que hasta ese momento no eran predecibles. No obstante, si analizamos el escenario político en este momento, más que la irrupción de la derecha, lo que se vio fue el resultado de un votante nuevo, que introdujo el voto obligatorio, y sobre el que no teníamos ni tenemos mayor conocimiento, por lo que no podemos asegurar su lealtad, militancia o simpatía con algún lugar del espectro político en particular.

Finalmente, podemos decir que mientras dure el escenario de incertidumbre en el sistema político y no se conozca cómo cambia el padrón o hacia dónde se mueve cuando el voto es obligatorio, y mientras los actores sigan definiendo sus estrategias de posicionamiento, seguramente seguirán hablándole a sus bases, tratando de reforzar apoyos en vez de expandirlos, limitando su discurso a nichos seguros.