1. Introducción

Diversos autores han criticado el sistema representativo y sus numerosas transformaciones. Por ejemplo, ^{Bobbio (1996}, p. 7) señala que «para un régimen democrático estar en transformación es su condición natural», a la vez advierte que la democracia representativa no goza de buena salud. Esta transformación según ^{Elizalde (2001}) tiene que ver con el hecho de que estamos transitando desde una forma de ejercicio democrático de carácter elitario, donde las mayorías delegan su representación en las élites, a una forma de ejercicio democrático donde las mayorías quieren también hacerse presentes y participar de estas decisiones.

La reciente relevancia que han ido tomando los mecanismos participativos en las democracias representativas ha arrojado distintos resultados. Por una parte, se observan crecientes disparidades de resultados entre los países y al interior de ellos. Por otro lado, se observan casos donde la participación ciudadana ha sido instrumentalizada, o ha servido como estrategia de renovación clientelar. No obstante, en algunos otros ha existido una mayor colaboración, contrapeso y participación incidente a las instituciones representativas clásicas, sobre todo en el espacio local.

Dentro de esta discusión y particularmente para el caso de los presupuestos participativos, se ha avanzado en establecer los factores determinantes para el éxito o fracaso de este mecanismo de participación ciudadana. En el caso de los presupuestos participativos se ha puesto atención en el tamaño del territorio, la voluntad política del gobernante, la disposición de las burocracias, la descentralización y las legislaciones proparticipación. La principal aspiración de este trabajo es aportar con evidencia empírica a esta discusión, mediante el análisis -con especial atención- del efecto de la legislación nacional sobre los presupuestos participativos y la comparación entre dos países donde existe este mecanismo. Un país con ley de presupuesto participativo, como República Dominicana, y otro sin ley, como es el caso de Chile.

El objetivo de este artículo es aportar elementos empíricos a la discusión sobre las condiciones contextuales y la instrumentalización bajo las cuales de desarrollan los mecanismos participativos. A fin de determinar si los presupuestos participativos institucionalizados mediante leyes nacionales promueven más espacios de participación y complementariedad con las instituciones representativas tradicionales, que los casos en donde no existe una ley que los promocione.

El artículo se estructura de la siguiente manera. En la primera parte se describen las principales perspectivas teóricas en torno al estudio del presupuesto participativo, se hace especial hincapié en las condiciones bajo las cuales se desarrollan. En la segunda parte, se presentan los principales resultados de la comparación de los diseños de los presupuestos participativos en ambos países. Finalmente, en la tercera parte, se exponen algunas conclusiones.

2.Marco teórico sobre los presupuestos participativos

La discusión de la literatura con relación a las complementariedades y resistencias entre mecanismos de democracia participativa y las instituciones representativas, plantea que su vínculo más virtuoso es el complemento cuando se dan ciertas condiciones para ello. No obstante, a raíz de algunas investigaciones, la evidencia empírica ha indicado que esta relación no tiende necesariamente a la complementariedad, sino más bien se observa, en muchos casos, cierto grado de asimetría con las instituciones representativas (^{Tatagiba y Teixeira, 2007}; ^{Resende, 2009}; ^{Montecinos, 2009}). De manera frecuente, son estas últimas las que terminan imponiéndose en las políticas públicas en el ámbito local, «haciendo de la participación ciudadana un instrumento funcional para legitimar los intereses del representante por sobre los intereses del representado, subordinando estos mecanismos» (^{Montecinos, 2012}, p. 3).

Esto se confirma cuando las experiencias de presupuestos participativos que se han desarrollado fuera de Brasil se ven enfrentadas a instituciones representativas que no brindan espacios institucionales relevantes y sustentables, por lo que estas innovaciones se convierten en manifestaciones momentáneas que no aseguran su permanencia en el tiempo, pues dependen de la voluntad política. Sin embargo, se podría esperar que cuando estos procesos se institucionalizan mediante leyes nacionales, como es el caso de República Dominicana, se generen condiciones de contexto más apropiadas que permitan lograr complementariedad, ya que la aplicación de los presupuestos participativos se puede dar de manera progresiva, mejorando los procesos de participación y ejecución de las obras, en un contexto donde se ofrecen esos espacios institucionales (^{Schneider, 2016}).

La literatura acumulada hasta hoy sobre el presupuesto participativo es diversa, pero, según algunos autores (^{Cabannes 2004}; ^{Montecinos 2009}, ²⁰¹⁴; ^{Schneider y Rosaenz, 2016}, ^{Goldfrank, 2006}, ²⁰⁰⁷), el conocimiento acumulado en torno a la materia se puede agrupar bajo algunos criterios. Por ejemplo, de acuerdo con un criterio histórico se pueden distinguir tres etapas en el desarrollo del presupuesto participativo.

La primera fase se ubica entre 1989 a 1997, se la denomina fase de experimentaciones y es en la que se inventan las nuevas formas de gestionar los recursos públicos (^{Cabannes, 2004}, ²⁰⁰⁵). Los casos emblemáticos de esta fase se expresan en Porto Alegre y el municipio Santo André en San Pablo, Brasil, y en Montevideo, Uruguay. La segunda fase corresponde al período de 1997 a 2000, ^{Cabannes (2005}, p. 8) la llama masificación brasileña; pues fue el período en el que «un centenar de municipios brasileños adoptaron el modelo, con variaciones notables». Finalmente, la tercera fase, del 2000 a la fecha, es identificada como de expansión (fuera de Brasil) y de diversificación. Fue en esta etapa que numerosas ciudades latinoamericanas y más recientemente europeas adoptaron los modelos existentes, en general, con profundas adaptaciones (^{Cabannes 2004}).

A partir de la masificación comienzan a realizarse más estudios e investigaciones, que pueden agruparse en: los concentrados en mostrar y demostrar las bondades del presupuesto participativo -coincide con la etapa de experimentación-; los concentrados en el diseño institucional y condiciones de éxito -coincide con las etapas de expansión y masificación- y; finalmente las investigaciones relacionadas con los estudios interesados en explicar los vínculos entre instituciones participativas y representativas, estudios que se concentran en estudiar bajo qué contextos y condiciones se desarrollan y se producen dichas dinámicas de relación, de qué naturaleza son y cómo se manifiestan -coincide con la etapa de masificación- (^{Gugliano y Rodrigues, 2017}; ^{Montecinos, 2011}; ^{Gutiérrez, Hincapiè, y Villa, 2016}).

Independientemente de los criterios con los que se estudia, lo cierto es que la experiencia de los presupuestos participativos después de 1989 comenzó a expandirse rápidamente a otras ciudades de Latinoamérica y del mundo, sufriendo diversas transformaciones de acuerdo con la realidad social y del espacio local en que fueron implementados, tomando relevancia los aspectos contextuales, institucionales y locales sobre los cuales se desarrollan.

3. Descripción de las experiencias

Para analizar el diseño institucional de los presupuestos participativos en Chile y República Dominicana, se tomó como referencia las variables y dimensiones desarrolladas en estudios previos por ^{Goldfrank (2006}) y ^{Cabannes (2004}) (cuadro 1), referidas a condiciones y formas de participación ciudadana en el presupuesto participativo. En base a estas cinco dimensiones que facilitan la comparación, se describen y analizan ambos casos.

Tal como se aprecia en el cuadro 2, en ambos países el presupuesto participativo solo se ha implementado a nivel municipal.² República Dominicana es el país donde más municipios han implementado este mecanismo, dado que por mandato de ley así está establecido. En Chile no se registran más de 40 municipios que lo hayan impulsado y no más de 14 casos que lo han logrado sostener por más de 4 años consecutivos desde el año 2003 a la fecha.

Para el caso chileno no representa más allá de un 10 % del total de municipios del país. Las experiencias datan del año 1999 para República Dominicana y del 2003 para Chile. En Chile, las primeras experiencias de presupuestos participativos aparecen en los municipios de Buin (2003), Cerro Navia (2003), Illapel (2004), La Pintana (2003), Negrete (2003) y San Joaquín (2003), a lo que se han sumado en el último tiempo otros municipios como San Antonio, Quillota, Villa Alemana, San Pedro de la Paz, que han visto en las experiencias pioneras un modelo a seguir.

República Dominicana comenzó con la aplicación de los presupuestos participativos en 1999, cuando en Villa González, en el período 1998-2002, se decidió implementar políticas de participación comunitaria en la gestión municipal. Ya desde el año 1997, la ong Fundación Solidaridad comenzó a dar soporte técnico al ayuntamiento (^{Matías, 2008}; ^{Umaña, 2011}; ^{Montesanto, 2016}).

Durante el año 2003 surgieron seis nuevas experiencias de presupuesto participativo: cinco en la región del Cibao Sur, en los municipios de Constanza, La Vega, Jima Abajo, y los distritos municipales de Sabina y Tireo; y una en el municipio de Sabana Grande de Boyá de la región este del país. Posteriormente, en el año 2004 aumentaron a 24 el número de experiencias, en el 2006 a 65, hasta que en el año 2007 aparece la ley que mandata a todas las municipalidades a usar este mecanismo en la gestión local (^{Duarte, 2009}, p. 8).

Entre 2003 y 2005 los casos de municipalidades que inician esta modalidad de gestión presupuestal se incrementan en un 300 %, pasando de 6 a 24 localidades, proceso que antes de la ley tiene su momento estelar en el año 2007, cuando 91 nuevas municipalidades se suman a esta iniciativa. (^{Umaña, 2011}, p. 11)

En cuanto a la participación del ejecutivo local (cuadro 3) -alcaldes y concejales o regidores-, se aprecia que en ambos países el rol que juega el alcalde es muy alto. Por ello se entiende el predominio que tienen sobre la decisión de los montos destinados a presupuesto participativo, los tiempos destinados al proceso, e incluso, independiente de la ley, los alcaldes en ambos países gozan de una gran incidencia en la baja o alta intensidad que se da a los espacios de participación que abre el presupuesto participativo.

Como contrapartida, si bien en lo formal el rol del concejo municipal resulta relevante -dado que en todos los casos es el cuerpo representativo que aprueba o rechaza los montos presupuestarios-, en ambos casos es definido como secundario, casi no reconocido con importancia por parte de la comunidad. Esta situación facilita que la voluntad política, en particular de alcaldes, sea muy notoria, siendo los actores claves en el desarrollo del presupuesto participativo en ambos países.

En cuanto a la difusión de los resultados aprobados en el presupuesto participativo, se observa que en ambos casos existe una alta publicidad a través de informativos radiales, escritos, medios de prensa, entre otros. Esto se intensifica aún más cuando los proyectos son aprobados por medio de consultas ciudadanas abiertas y masivas, como en la mayoría de los casos chilenos.

La buena difusión de los resultados se contrapone con la baja ejecución o implementación de las obras aprobadas. En este sentido, Chile demuestra más eficacia en la implementación que República Dominicana, ya que se observa que en un año calendario, en promedio de 10 obras aprobadas en el presupuesto participativo, 7 se ejecutan en menos de 1 año. No obstante, en República Dominicana la implementación es menor, dado que menos del 50 % de las obras aprobadas se ejecutan al año de su aprobación.

La razón de la diferencia respecto a la ejecución es atribuible a dos motivos. El primero de ellos tiene relación con el monto de la inversión por proyecto en cada país. En República Dominicana el porcentaje del presupuesto municipal destinado a presupuesto participativo es mucho mayor al que se destina en Chile -oscila entre el 30 % y el 70 % del ítem inversión municipal. Mientras que en Chile en promedio no supera el 10 % del ítem inversión a la comunidad. Por ese motivo se puede deducir que las obras a construir son de mayor complejidad que en Chile. Asimismo, en República Dominicana predomina el modelo que las obras las ejecuta el propio municipio. Razón por la cual los proyectos enfrentan a una burocracia mucho más pesada, a diferencia de cuando las obras son ejecutadas por las propias organizaciones sociales beneficiarias o son tercerizadas, como sucede habitualmente en Chile.⁴

En cuanto a la dimensión financiera, y tal como se aprecia en el cuadro 4, se puede señalar que los recursos destinados a presupuestos participativos se ven notoriamente influenciados de manera positiva por la presencia de la ley en República Dominicana. En dicho caso se establece que los municipios podrán destinar hasta el 40 % del presupuesto municipal correspondiente al ítem de inversión municipal.

De acuerdo con la ley nacional n.º 170-07 del año 2007, los ayuntamientos dominicanos están obligados a aplicar dicho sistema de consulta y participación social, especialmente en lo concerniente al 40 % de las transferencias que reciben del presupuesto nacional por la ley n.º 166-03, del 6 de octubre del 2003, que deben destinar a los gastos de capital y de inversión.

En términos de inversión real en proyectos financiados mediante el presupuesto participativo, y de acuerdo con información financiera del año 2017 (información proporcionada por 108 municipios) el promedio de inversión por municipio en República Dominicana es de 300.000 dólares aproximadamente.⁵ Cifra promedio inferior a la que invierten los municipios en cada proceso de presupuesto participativo en Chile, que equivale aproximadamente a 150.000 dólares (^{Montecinos, 2014}, p. 376)

Posteriormente la ley n.º 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios integraron los contenidos de la ley n.º 170-07 (^{Montesanto, 2016}). Los objetivos de la ejecución de los presupuestos participativos se plantean en la línea de propiciar un balance adecuado entre territorios urbanos y rurales, asegurar la participación protagónica de las comunidades en la identificación de las prioridades, ayudar a las estrategias de reducción de la pobreza e inclusión social, permitir el seguimiento y control de la ejecución del presupuesto y realizar el mantenimiento preventivo de las obras públicas.

Eso sí, puede suceder en la práctica, que los alcaldes que no tienen mayores convicciones democráticas pueden destinar un 1 % del presupuesto y ya cumplen con la ley, cuestión que ha sucedido en muchos casos y que distorsiona sustantivamente el espíritu de la legislación. Aun así, en promedio se observa que destinan a presupuesto participativo entre un 10 y un 20 % del total que los faculta la ley (^{Matías, 2010}, p. 33). En el caso de Chile los porcentajes destinados a presupuesto participativo no sobrepasan en promedio el 3 % del presupuesto municipal total y un 10 % promedio del ítem inversión a la comunidad, aspecto que es absolutamente relativo y discrecional a la decisión política de alcaldes.

Las obras que se financian en ambos países con este presupuesto son obras menores como equipamiento comunitario, sedes sociales, reparación de calles, construcción de veredas. Todas obras relevantes para los barrios, pero con poco impacto a nivel de políticas públicas de mayor alcance territorial. Para el caso de República Dominicana solo se financian obras de mayor envergadura en municipios grandes como Santiago de Los Caballeros. En ninguno de los casos se observa que se discutan políticas tributarias o impositivas en el espacio local.

Finalmente, en esta dimensión se puede señalar que en República Dominicana existe apoyo estatal por parte de la Federación Dominicana de Municipios (fedomu) mediante la asistencia técnica a municipios en diversas regiones del país. En Chile existe un programa de presupuestos participativos, situado bajo la dependencia de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (subdere), que realiza asistencia técnica esporádica a municipios.

En cuanto a la dimensión normativa, y tal como se aprecia en el cuadro 5, la relación del presupuesto participativo con otros instrumentos de gestión y planificación municipal es casi nula en ambos países. En todos los casos, el presupuesto participativo funciona como programa bajo el alero de la dirección de desarrollo comunitario, de la unidad de organizaciones comunitarias, o de otra unidad municipal, y su implementación se da de manera aislada en la gestión municipal; sin articulación con los principales instrumentos de planificación municipal como lo son los planes estratégicos, plan de desarrollo comunal, el plan regulador o el presupuesto municipal.

En el caso chileno se explica porque la formalización e institucionalización de la participación ciudadana es baja y no existe legislación ni incentivos que vincule gestión con participación ciudadana. La descentralización y la participación ciudadana en la toma de decisiones -ya sea a escala nacional, regional o local- no se establece como un derecho garantizado y solo es indicativa con las instituciones públicas a través de la ley n.° 20500 (ley de participación ciudadana en Chile).

Para el caso de República Dominicana la situación no es muy diferente a la de Chile. A pesar de que estamos frente a un caso de institucionalización alta, que obliga a municipios y distritos a decidir parte de la inversión mediante el presupuesto participativo, esto no ha logrado permear a toda la gestión municipal, se ha consolidado como un programa, y no ha configurado un estilo de gestión municipal participativa a escala local (^{Montesanto, 2016}; ^{Matías, 2010}). La ley n.° 170-07 establece que el Sistema de Presupuesto Participativo Municipal (sppm) tiene por objeto establecer los mecanismos de participación ciudadana en la discusión, elaboración y seguimiento del presupuesto del municipio, especialmente en lo concerniente al 40 % de la transferencia que reciben los municipios del Presupuesto Nacional -ley n.° 16303, del 6 de octubre del 2003-, que deben destinar a los gastos de capital y de inversión, así como de los ingresos propios aplicables a este concepto.

Esta tendencia mayoritaria en Chile y República Dominicana no se observa en algunos casos de presupuesto participativo como los de San Antonio, La Serena, San Pedro de La Paz y Quillota en Chile; Altamira, Villa González y Santiago de Los Caballeros para República Dominicana. En estos casos, y de acuerdo con antecedentes y sistematizaciones de ambos países (^{Duarte, 2009}; ^{Montesanto, 2016}; ^{Umaña, 2011}; ^{Matías, 2010}; ^{subdere, 2007}; ^{Delamaza, 2005}, ²⁰⁰⁹, ²⁰¹¹; ^{Quezada, 2014}; ^{Montecinos, 2011}), ha sido la sociedad civil organizada la que ha tenido una fuerte incidencia en permear a la gestión municipal y ha hecho que el propio instrumento se abra espacios en la gestión estratégica de los municipios.

No ha sido la ley la que ha generado, para el caso de los municipios dominicanos, que el presupuesto participativo irrumpa en la gestión municipal o en la discusión de políticas públicas locales. Tanto en República Dominicana como en Chile, en los municipios mencionados anteriormente, se termina rompiendo con la lógica de programa de presupuesto participativo y se inserta el mecanismo en una política de participación ciudadana a raíz de trayectorias e historias previas de participación en el territorio, y el rol activo de la sociedad civil organizada en el diseño e implementación del presupuesto participativo.

En el cuadro 6 se expone la dimensión de participación ciudadana observada en los dos países. En cuanto a la instancia de aprobación del monto o porcentaje de recursos destinado al presupuesto participativo, no se observan mayores variaciones. En ambos casos está radicado legalmente en el ejecutivo local, pero es el alcalde quien se transforma en el principal actor que decide los montos o porcentajes para ser presentado a los concejos, quienes son los que finalmente aprueban o rechazan dicha partida.

Respecto a la forma de participación ciudadana en el presupuesto participativo, se aprecia que en Chile la ciudadanía participa en la presentación de propuestas particularmente a través de dirigentes sociales. La selección de los proyectos que van en la papeleta de votación se realiza en asambleas barriales o territoriales, donde participan mayoritariamente representantes de organizaciones sociales (en algunos casos también instituciones).

En la etapa de decisión de proyectos, predomina el modelo del voto directo y universal de personas mayores de 15 años (generalmente se usa ese mínimo de edad). Este es el proceso que más atención ponen alcalde y técnicos municipales, dado que es de alto impacto contar con asistencias masivas a decidir proyectos de interés barrial. Por ejemplo, en los casos más destacados, como San Antonio, Quillota, San Pedro de La Paz, vota entre un 20 % a 30 % de la población mayor a 15 años en estos procesos de participación.

En el caso de República Dominicana, la ciudadanía no participa directamente en la priorización y decisión de los proyectos que se ejecutan mediante el presupuesto participativo. La priorización de necesidades la realizan representantes de organizaciones e instituciones públicas y privadas. Estos deben ser únicamente representantes de organizaciones sociales o territoriales que frente a una convocatoria realizada por el municipio se deben inscribir para tomar parte de una capacitación y luego para la definición de prioridades. La decisión final de los proyectos (o plan de inversión, como también es llamada) recae en la asamblea municipal o cabildo abierto.

Los ciudadanos, independientemente de su afiliación organizacional, pueden participar de las distintas instancias de discusión y priorización que contempla la ley n.º 170-07. Es así que en el artículo 4 de dicha ley se establece que la población identificará sus necesidades más prioritarias y decidirá los proyectos y obras que el ayuntamiento deberá ejecutar el año siguiente mediante la celebración de una secuencia de asambleas: a) asambleas comunitarias en cada paraje o comunidad con más de 30 familias; b) asambleas seccionales, de barrios o de bloques; c) cabildo abierto o asamblea municipal. En la práctica quien termina ocupando estos espacios son representantes de organizaciones sociales.

En cuanto a la utilización de criterios de pobreza para la asignación de recursos, en Chile y República Dominicana no se observa el uso de dichos criterios para la distribución de recursos, siendo la distribución de recursos por territorio de manera igualitaria. Finalmente, se observó que la presencia de órganos de fiscalización ciudadana de la ejecución de proyectos financiados mediante el presupuesto participativo solo existe en República Dominicana garantizados por la ley.

4. Conclusiones

El proceso electoral que garantiza la democracia representativa no es suficiente para tener una plena democracia, el modelo democrático clásico tiende a agotarse cuando la participación y la democracia se limitan a elecciones cada cuatro años y la gran mayoría de la población posteriormente queda excluida de las decisiones inherentes a sus intereses cotidianos individuales y colectivos. Independiente de como sea planteado el problema de la democracia en América Latina, hoy nos enfrentamos a un cuestionamiento sobre su efectividad y la idoneidad de las instituciones representativas para resolver los problemas de exclusión, diversidad y representación efectiva de las preferencias de los ciudadanos, lo cual requiere pensar cuales son los mejores mecanismos y procesos participativos que permitan profundizar, complementar y perfeccionar la democracia representativa.

Para provocar procesos de participación ciudadana complementarios a las instituciones de la democracia representativa, los diseños institucionales no son tan determinantes como lo es la voluntad política de los alcaldes y el rol dinámico de la sociedad civil. De acuerdo a las experiencias estudiadas podemos deducir que los distintos actores que participan del proceso de los presupuestos participativos reconocen a los alcaldes como los impulsores de esta iniciativa en cada caso de estudio, resaltando su figura como el promotor principal de esta iniciativa. Igual intensidad y reconocimiento reciben los alcaldes en aquellos casos excepcionales donde la participación ciudadana provocada en los presupuestos participativos logra incidir en las definiciones estratégicas de la gestión municipal.

La ley se reconoce como una variable interviniente más no determinante para provocar procesos de mayor inclusión y participación ciudadana en la gestión municipal. Dado el diseño institucional que adoptan los presupuestos participativos, y a pesar de la existencia de leyes nacionales que lo promueven, la participación ciudadana que se produce en estas experiencias no es diferente entre un país y otro, concentrada en dinámicas barriales y no de ciudad, adopta características más consultivas que deliberativas, al margen de las definiciones estratégicas de la ciudad o comuna, y en la mayoría de los casos es capturada por los representantes institucionales y utilizada para renovar relaciones clientelares del representante con el representado.

En los casos excepcionales en los que en cada país se reconoce que se provocan procesos de participación ciudadana que se insertan en las definiciones estratégicas de las municipalidades, es coincidente encontrar que los alcaldes han tenido un rol preponderante, pero para que esta iniciativa se mantenga, se profundice y logre permear a otras áreas de la gestión, ha sido fundamental el rol jugado por organizaciones sociales de la sociedad civil, que actúan como contrapeso a la voluntad política del gobernante por abrir o cerrar estos espacios de participación, inciden en el diseño de las reglas del juego, logrando que los espacios sean más plurales y no se capturen por el gobernante de turno. Claramente en estas situaciones se provoca que la oportunidad de participar (provocada por ley o no) es aprovechada por las capacidades de participar existentes en un determinado territorio. Capacidades que tienen relación con habilidades, historias y cultura política proparticipación existente en una comunidad o territorio, y no necesariamente son efecto de una ley proparticipación.

El éxito de los mecanismos participativos -especialmente referidos a lograr profundidad o complementariedad a las instituciones representativas- está claramente más asociado a espacios locales, siendo el territorio lo que marca la diferencia cuando se intenta replicar a través de una ley y a escala nacional una institución participativa como esta. Sin desmedro, por cierto, de la influencia negativa que pueden tener factores nacionales en el fracaso de los presupuestos participativos a escala nacional, como pueden ser los diseños institucionales centralizados o partidos políticos altamente institucionalizados y centralizados en sus decisiones, como sucede particularmente en el caso chileno.

Como acá se ha demostrado, la democracia participativa no tiene solamente un alcance político, también tiene un componente social y territorial, ya que se construye en base a relaciones de confianza, de reciprocidad, construyendo un lazo social que puede permitir fortalecer un tejido social disgregado por el advenimiento del individualismo y la promoción de la competencia y el interés individual. En tanto su principal fortaleza de la democracia participativa va a la par del renacimiento de las comunidades vivas, de la recreación de la vecindad, del barrio, de los lugares de trabajo, eso mismo se ha transformado en su principal debilidad a la hora de ponerla a la par de la discusión de las políticas públicas de mayor alcance que se asocian con las instituciones representativas.

Resulta difícil pensar un camino de fortalecimiento de la democracia sin el debido reconocimiento de que las instituciones participativas tienen un reducido ámbito de acción y no logran convocar una fuerza social y política suficiente para enfrentar la legitimación liberal de la apatía política, que directamente alienta la abstención y acaba por consolidar la democracia como la simple elección de autoridades cada cierto tiempo.

La democracia participativa descansa menos sobre las leyes y las formas de gobierno propiamente, que sobre la participación de la sociedad civil en aquellos espacios de poder que se ofrecen o se obtienen a través de la práctica de la democracia entendida como máxima de participación. Participar es tomar parte, es probarse a sí mismo como parte de un conjunto o de un todo y asumir el papel activo que resulta de dicha pertenencia, es el acto del ciudadano que lo efectúa como miembro de una comunidad.

Aquí está el principal desafío para el futuro, cómo se generan condiciones para el fortalecimiento autónomo de la sociedad civil para evitar la captura o su cooptación. Finalmente, y dado esta conclusión cobra especial relevancia continuar la agenda de investigación sobre las condiciones bajo las cuales se desarrolla este mecanismo de democracia participativa, específicamente sobre aquellas que tienen relación con la sociedad civil y la tensión que se provoca entre la cooptación y la autonomía necesaria que requiere para complementar a las instituciones representativas.