Las ciencias de la salud mantienen un lazo constante con la coyuntura de la sociedad, muchas veces existen factores exclusivos de un país o región que determinan la necesidad de focalizar los análisis en esas áreas, para poder entender de forma más precisa cuál es la situación y cómo es conveniente afrontar las problemáticas. Durante el siglo XXI, Uruguay ha sido un claro ejemplo de esto, y el presente trabajo pretende hacer una breve observación sobre algunas políticas llevadas a cabo en nuestro país y su relación con una de las enfermedades bucales más prevalentes a nivel nacional.
En 2008, Uruguay se convirtió en un país modelo al implementar una de las políticas públicas más importantes de todos los tiempos, en la cual por diversos mecanismos se buscó desestimular el consumo de tabaco por parte de la población. El objetivo fue inicialmente disminuir el consumo de esta sustancia ya que determina una alta prevalencia de cáncer de pulmón, además de estar relacionado con otros hábitos nocivos para la salud de la población, y las enfermedades crónicas no transmisibles. Luego de esto, las encuestas nacionales mostraron una leve disminución en la declaración de consumo de tabaco, siendo de 34,7% en 2006 a 32,7 % en 2018, demostrando además que más de la mitad de las personas que alguna vez en su vida lo consumieron, lo habían abandonado.
Con esto, la odontología resultaba “favorecida” al ver como uno de los principales factores de riesgo de la enfermedad periodontal (enfermedad de las encías), comenzaba de a poco a ser controlado. Una extensa cantidad de literatura demuestra como el consumo de tabaco puede producir, entre otras cosas, el sangrado de las encías, aumento de movilidad de los dientes, y posteriormente (de no ser controlado) su pérdida, ya que dicho tejido es el encargado del sostén de los mismos. Otros estudios también han sugerido el aumento de prevalencia de lesiones bucales, pigmentación dentaria y de restauraciones, halitosis, etc. Sin duda, esta política resultaba ser exitosa en un sentido mucho más amplio al inicialmente planteado.
Las enfermedades bucales representan una alta prevalencia a nivel mundial, siendo la enfermedad periodontal la segunda enfermedad más prevalente a nivel bucal en nuestro país, después de la caries dental. Datos de diferentes estudios sugieren una prevalencia de hasta un 40% en la población adulta uruguaya. Las instituciones relacionadas al área bucal pronosticaban una reducción en el número de fumadores en los siguientes años, y se mostraron positivas ya que esto tendría un impacto positivo en la salud bucal de todos los uruguayos.
Sin embargo, en 2013, luego de la aprobación de la ley 19.172, en la que se regulaba el consumo y la tenencia del cannabis, se constató el aumento del consumo de 9,3% en 2016, a 15,4% en 2018. En este sentido, varios estudios comenzaron a demostrar la existencia de una estrecha relación entre el consumo crónico de cannabis recreativo y la presencia de enfermedad periodontal, similar a lo que ocurre con el tabaco. Esto trajo nuevamente la preocupación sobre cómo afrontar el tratamiento de dicha patología, ya que el país carece de datos epidemiológicos específicos sobre el consumo de esta sustancia. Además, aún no está del todo dilucidado el mecanismo por el cual el cannabis actúa en los tejidos bucales. Es importante destacar aquí, los beneficios del mismo en diferentes condiciones a nivel sistémico, lo cual ha llevado no solo a nivel nacional si no mundial, al interés por su estudio, generándose robusta evidencia científica que avala su rol a nivel de las ciencias de la salud.
Ante estos nuevos desafíos se vuelve necesario el trabajo en conjunto del Estado con las instituciones educativas y sanitarias, y reanudar los esfuerzos para continuar con políticas de prevención y protección de la salud de la población uruguaya, por medio del desarrollo de lineamientos que permitan la generación de conocimiento en base al trabajo interdisciplinario. La observación continua de las repercusiones de las nuevas políticas proporciona información valiosa para la comunidad, siendo conveniente realizarlo periódicamente en todos los sectores de la salud pública.
Los autores del presente trabajo declaran que no existe ningún potencial conflicto de interés en relación al contenido del mismo.