Introducción

El acceso a los alimentos constituye un problema estructural en América Latina y el Caribe, y particularmente en Argentina, a pesar de ser un país productor y exportador de alimentos con relevancia internacional. La insuficiencia nutricional o malnutrición han estado presente durante décadas y se han profundizado con cada ciclo de hegemonía neoliberal, como señalan ^{Pastore, Henríquez Acosta y Altschuler (2022)}. La persistente crisis de accesibilidad y disponibilidad de alimentos para amplios sectores de la población ha quedado reflejada con la declaración de la emergencia alimentaria luego de cada nuevo periodo neoliberal (1984, 2002 y 2019). Esta situación se agravó aún más con la pandemia de covid-19, en un contexto de aceleración de la inflación, afectando de manera más severa a los sectores populares. Dichas problemáticas requieren un análisis crítico de la matriz productiva de Argentina y el sistema agroalimentario dominante, caracterizado por la concentración y transnacionalización, factores que limitan el acceso equitativo a los alimentos y afectan a las poblaciones más empobrecidas (^{Pastore, Henríquez Acosta y Altschuler, 2022}).

Frente a esta realidad, los circuitos socioeconómicos alimentarios vinculados a la Economía Popular, Social y Solidaria (EPSS) emergen como alternativas sociales y territoriales innovadoras que facilitan la producción y distribución de alimentos sanos y accesibles. Al respecto, señalamos de manera breve que entendemos a la EPSS como un campo socioeconómico en plena construcción y expansión en las últimas décadas, que se orienta a la generación de trabajo, ingresos y a la satisfacción de necesidades sociales desde formas organizativas autogestivas, asociativas y democráticas. Dicho campo surge, en gran medida, como respuesta social de las y los trabajadores y comunidades ante la acuciante crisis sociolaboral, económica y ambiental, tanto en nuestro continente como en distintos países del mundo (^{Pastore y Altschuler, 2023})¹. En este marco, los circuitos de la EPSS no solo fortalecen la agricultura familiar y agroecológica, sino que también promueven relaciones de intercambio más equitativas y la democratización del consumo (^{Pastore, 2020}).

Desde esta perspectiva, se presentan en este artículo resultados de la Investigación Acción Participativa (IAP) que realizamos desde 2017 en la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) sobre circuitos socioeconómicos alimentarios de la EPSS y de la Agricultura Familiar. El trabajo es parte de una iniciativa más amplia de investigación, sistematización y coconstrucción de circuitos socioeconómicos en dicho campo, que involucra varios actores sociales, institucionales y proyectos universitarios desde hace algunos años².

En particular nos proponemos caracterizar y reflexionar sobre la sostenibilidad de diversas experiencias de circuitos socioeconómicos alimentarios de la EPSS, entendidos de manera amplia como un tipo de circuito económico cuyas finalidades, actores, relaciones y territorialidad «encastran» lo económico en función de las necesidades sociales (^{Pastore, 2019} y ²⁰²⁰). Se trata de circuitos construidos desde el campo de la EPSS que se proponen como alternativos a las prácticas y lógicas del capital y los mercados concentrados, buscando favorecer tanto a productores como a consumidores desde una perspectiva de cooperación social, soberanía alimentaria, comercio justo, trabajo asociativo, autogestión y consumo responsable. En este marco, analizamos tres tipos de circuitos socioeconómicos articulados pero diversos en sus alcances y destinatarios: circuitos cortos, mercados institucionales y circuitos mayoristas.

Las experiencias que presentamos fueron en parte impulsadas por la Incubadora de Economía, Mercados y Finanzas (EMF) del Programa Universitario de Incubación Social (PUIS) de la UNQ³, en articulación con diversos actores y actrices sociales e institucionales, constituyéndose en la actualidad como una extensa red de múltiples articulaciones. Los estudios se realizaron por equipos de investigación-acción, en los cuales trabajamos colaborativamente investigadoras/es, docentes, graduadas/os, estudiantes y becarias/os del Departamento de Economía y Administración (DEA) de la UNQ, junto a miembros de las organizaciones para sistematizar y caracterizar dichas experiencias, aportando a su visibilidad y fortalecimiento.

La metodología utilizada de investigación combina técnicas cualitativas y cuantitativas como encuestas, entrevistas a actores clave, análisis de datos y documentos de las organizaciones, en el marco de una estrategia de IAP (^{Altschuler, Niño y Pagani, 2022}), que se plasma en talleres participativos, puesta en común de resultados y diálogo de saberes entre distintos actores, buscando la articulación de objetivos y la construcción de conocimientos útiles y aplicados. Es de destacar que la propuesta metodológica de IAP resulta tanto innovadora en relación con otros estudios sobre la cuestión, como desafiante en términos políticos y organizativos (en la vinculación con las organizaciones), metodológicos y conceptuales en relación con la coconstrucción, validación y puesta en diálogo de la información producida. Si bien los estudios fueron realizados entre 2022 y 2024, la fuerte inestabilidad del contexto argentino marca temporalidades y complejidades diversas, como veremos.

A continuación, el artículo se estructura en cinco apartados: marco conceptual y presentación de las experiencias, experiencias de circuitos cortos y consumo organizado, mercados institucionales, experiencias mayoristas y reflexiones finales.

Marco conceptual y presentación de las experiencias en estudio

La concentración y globalización de los mercados alimentarios constituyen un contexto clave para el estudio de los circuitos socioeconómicos ya que, como señalamos, estos emergen como respuesta a las problemáticas generadas por los sistemas agroalimentarios dominantes (en Argentina fundamentalmente la producción-comercialización de soja y maíz). La expansión del modelo de agronegocios, caracterizado por la concentración de la producción y la tierra, conlleva pérdidas en la biodiversidad, deterioro ambiental y la exclusión y migración de trabajadores sin tierra. Esta concentración oligopólica se extiende a la industria, comercialización y exportación de alimentos, donde los actores dominantes de la cadena ejercen su poder en la imposición de precios y condiciones al resto de los actores, en detrimento también de las y los consumidores (^{Pastore, Henríquez Acosta et al., 2022}; ^{Altschuler, 2017}).

En este marco, los circuitos socioeconómicos de la EPSS nacen como propuestas de comercialización y consumo organizado con el objetivo de construir prácticas de intermediación alternativas a la lógica del capital y los mercados concentrados. Apuntan al desarrollo y fortalecimiento de las organizaciones que los integran, así como al estímulo de formas de producción agroecológica, cooperativa, asociativa y autogestiva. A la vez que fomentan la producción local y la circulación territorial de ingresos, reduciendo la dependencia de mercados globales y priorizando mercados de cercanía que fortalecen la autonomía de los territorios (^{Pastore, 2020})⁴.

Dentro de una concepción más amplia de los circuitos socioeconómicos como dispositivos de intercambio e innovación social (^{Pastore, 2020}) se identifican tres tipos de mercados o circuitos en los que trabajamos:

Los circuitos cortos de comercialización tienen como característica la reducción de la distancia geográfica y la cantidad de intermediarios entre productores y consumidores, así como el acortamiento de distancias sociales y el estrechamiento de vínculos entre actores (^{Pastore, Niño et al., 2021}; Niño, Arnaiz et al., 2022). En estos circuitos se busca que una parte de la demanda de alimentos se canalice hacia el abastecimiento más directo desde las y los productores cooperativos y/o de la agricultura familiar. Se constituyen como dispositivos que garantizan precios justos y alimentos sanos tanto para productores como consumidores (^{Pastore, 2020}; ^{Pastore, Niño, et al., 2021}) y que, a su vez, aportan al desarrollo socioeconómico del territorio y la construcción de redes, mejorando el ingreso de las familias o unidades productoras y facilitando el acceso a alimentos más sanos, promoviendo la soberanía alimentaria, el trabajo digno y el consumo responsable.

En el caso de los mercados institucionales, se configuran como espacios donde el Estado u otras instituciones adquieren productos de unidades económicas de la EPSS, como cooperativas y productores de la agricultura familiar. Estos mercados garantizan el acceso a alimentos saludables por parte de sectores poblacionales específicos (en general vulnerables o sujetos de políticas sociales), al tiempo que ofrecen una vía de comercialización estable y accesible para los actores de la EPSS.

Por su parte, los circuitos mayoristas, desarrollados en general por entidades de segundo grado como Federaciones y redes, posibilitan una mayor escala operativa pero manteniendo una lógica de intermediación solidaria (sin fines de lucro). Contribuyen así a la reducción de costos de transacción y logística de las unidades comercializadoras, sin afectar la producción ni los ingresos de los actores de la EPSS, como sí sucede en las cadenas de valor de la economía hegemónica capitalista. Estos circuitos permiten mayor alcance territorial y flujos interregionales de abastecimiento entre pequeñas unidades socioeconómicas y las necesidades alimentarias de la población. Algunos formatos de circuitos mayoristas son las proveedurías mutuales y cooperativas mayoristas, las compras colectivas entre comercializadoras y los centros de acopio locales o regionales.

Estos tres tipos de circuitos no son excluyentes sino que interactúan entre sí, complementándose y potenciándose mutuamente. En su conjunto, los circuitos socioeconómicos buscan construir asociaciones económicas sostenibles e inclusivas, que democratizan los mercados y la matriz socioproductiva, promoviendo relaciones de intercambio más justas y solidarias. Sin embargo, los mismos resultan incipientes y presentan vulnerabilidades de diverso tipo que dificultan su sostenibilidad, más aún en contextos de fuerte crisis e inestabilidad socioeconómica como el que presenta Argentina, y ante el retiro y desestructuración de políticas públicas clave para el sector. En este sentido, el aumento de costos de vida y productivos vinculados a servicios, alquileres, transporte e impuestos y la caída del consumo en términos macroeconómicos impactan directamente en la estabilidad de las cooperativas y unidades productivas de la agricultura familiar, que encuentran cada vez más dificultades para comercializar sus productos en un mercado debilitado. En relación con la retracción de políticas públicas nacionales, el desmantelamiento de instituciones clave y la eliminación de programas de financiamiento para el sector, estudios recientes señalan que sobre un registro de 53 organismos que en diciembre de 2023 tenían políticas vinculadas a la EPSS, en marzo de 2025 quedaban 21, ya que 13 fueron disueltos, 23 sustituidos, 1 intervenido y 8 desvinculados (^{OPPEPSS, 2025})⁵. En este sentido, muchas políticas nacionales de apoyo a la EPSS, y en particular al fortalecimiento de circuitos socioeconómicos alimentarios, quedaron circunscritas a la Provincia de Buenos Aires, donde actualmente existe un gobierno afín a políticas de apoyo y fomento del sector. A ello se suma el creciente ataque y fuerte desfinanciamiento de las universidades públicas argentinas que, en muchos casos, desarrollan proyectos y programas de desarrollo y fortalecimiento de estas experiencias.

Experiencias de circuitos cortos y consumo organizado

La línea de indagación específica que aquí compartimos se centra en el estudio de los Nodos de Consumo Organizado (NCO) de dos experiencias de circuitos cortos: Mercado Territorial (MT) y Kolmena Oeste (KO), ubicados al Sur y al Oeste del área Metropolitana de Buenos Aires⁶. Mercado Territorial nace en 2015 impulsado por la ya mencionada Incubadora de EMF de la UNQ. MT constituye una red que vinculaba en 2022 unos 60 NCO (cerca de 2000 familias)⁷ y 85 proveedores ubicados en 17 provincias de Argentina. Contaba con unos 250 productos en catálogo, entre los que se destacan diversas modalidades de bolsones de verduras en transición agroecológica, producidos por asociaciones de la agricultura familiar del sur del conurbano bonaerense (Florencio Varela, Berazategui y La Plata), y productos como yerba mate, harina, fideos, mermeladas, quesos, aceite, tomate triturados y frutas, provenientes de las regiones argentinas del noreste (NEA), noroeste (NOA) y Cuyo⁸. Por su parte, el equipo de intermediación solidaria de MT se constituyó como cooperativa de trabajo bajo el nombre Tierra Soberana, y contaba con 13 trabajadoras/es en 2022.

Kolmena Oeste surge en 2017 como proceso de re-aplicación de la experiencia de MT en la zona oeste del Gran Buenos Aires, a partir de la propuesta de docentes y estudiantes de la Tecnicatura Universitaria en Economía Social y Solidaria (TUESS) de la UNQ, dando cobertura en los partidos de Moreno, Merlo, Ituzaingó, Morón y La Matanza. En 2021 Kolmena se constituye en cooperativa de trabajo, conformada por seis socios y socias, y en 2022 contaba con 18 nodos.

Ambos circuitos conforman una extensa red de actores y organizaciones de la que forma parte la UNQ, los NCO, las organizaciones que realizan la intermediación solidaria y otras instituciones que vienen acompañando esta construcción. Por tratarse de una intermediación solidaria con nodos de consumo (^{Niño, Arnaiz et al., 2022}) se lleva adelante a partir de la consolidación de dichos nodos, ubicados en diferentes espacios y organizaciones sociales, mayormente en zonas urbanas. La conformación de los nodos se activa a partir de la venta de al menos 10 bolsones de verdura, y cuentan con uno o más coordinadores, quienes centralizan y gestionan los pedidos de las/os consumidores y realizan las entregas de manera quincenal.

Algunos datos significativos de la investigación realizada indican que más de la mitad de los NCO se localiza en domicilios particulares. La cantidad de consumidores vinculados a los NCO es variable, entre 20 y 100 personas en los casos. En los 60 nodos relevados trabajan y/o colaboran en su gestión cerca de 200 personas; de manera convergente con la amplia mayoría de experiencias de la EPSS en Argentina, las personas que trabajan en los nodos son en su mayoría mujeres (66 %). Por otra parte, resulta un dato muy significativo que más del 80 % de los nodos relevados suma a los productos del circuito otros productos locales elaborados por emprendedores del territorio o barrio (se relevaron 273 emprendimientos en total vinculados), muchos de ellos son, a su vez, consumidores/as, por lo que se promueve la figura del prosumidor (unidad productor-consumidor). Además de la comercialización de alimentos, el 70 % de los NCO desarrolla otras actividades en los territorios, de tipo educativas (40 %), culturales (37 %), ferias o campañas solidarias (30 %) (^{Altschuler et al., 2024}). De este modo, los nodos también funcionan como dispositivos de aprendizaje y dinamización socioterritorial, donde se intercambian conocimientos y se desarrollan habilidades que empoderan a las y los productores y a la comunidad en general.

La investigación realizada da cuenta de que los NCO constituyen una pieza clave de los circuitos, ya que canalizan la demanda traccionando la producción, distribución y comercialización de los alimentos y contribuyendo a la creación de redes y mercados sociales a nivel local. Estos nuevos canales de comercialización se basan en la organización social, tanto de productores/as como de consumidores/as en diferentes territorios, generando una red económica, social, cultural y simbólica de intercambios (^{Altschuler et al., 2024}). Por ello, entendemos que un NCO no es un comercio, sino un grupo de personas que promueve un consumo solidario, responsable y consciente, politizando y problematizando tanto la producción como la circulación y el consumo de alimentos.

Las experiencias de MT y KO nos permiten comprender que la producción y el consumo se pueden redefinir mediante la organización colectiva, buscando dar respuesta a la crisis alimentaria que se plantea en la actual coyuntura argentina. Los relatos de las mujeres que participan en los NCO, reflejan la importancia de estos espacios en sus vidas, destacando la creación de vínculos comunitarios, aprendizajes y la satisfacción personal que les genera su tarea. Hemos observado que muchas se convierten en referentes barriales gracias a los lazos que establecen con vecinos/as, productores/as y emprendedores/as, contribuyendo a la consolidación de redes de valor a distintos niveles: horizontal, al conectar con otros emprendimientos locales; vertical, al vincularse con cooperativas y proveedores; y diagonal, mediante el apoyo de universidades y otras instituciones. Ello implica el reconocimiento de su trabajo, la generación de ingresos, el acceso a alimentos nutritivos y la construcción de autonomía económica, aunque en el caso de las mujeres muchas veces en tensión con tareas de cuidado.

En el presente contexto de crisis, caracterizado por el retroceso de políticas públicas que garantizaban derechos humanos, sociales y económicos, el trabajo de los NCO se torna aún más central para la sostenibilidad de la vida. Sin embargo, enfrentan grandes desafíos como la caída generalizada del consumo debido al empobrecimiento general de la población y la caída del salario real, el encarecimiento del costo de vida (con aumentos significativos en alquileres, servicios y transporte) y la destrucción de las políticas públicas.

Circuitos socioeconómicos alimentarios vinculados a mercados institucionales

Los circuitos socioeconómicos alimentarios vinculados a mercados institucionales se caracterizan porque las decisiones de compra son realizadas por entidades distintas de las personas que consumen los productos (^{Pastore, Monzón y Stein, 2023}). Estos mercados suelen implicar compras de gran volumen por parte de instituciones públicas o sociales, como gobiernos, programas públicos, universidades, comedores escolares o comunitarios, sindicatos, entre otros. También pueden incluir acuerdos de provisión con empresas privadas, cámaras y asociaciones.

El objetivo de estos circuitos es fortalecer las unidades económicas, familias y trabajadores de la economía popular y solidaria, fomentando que las compras institucionales se realicen directamente a pequeños productores y cooperativas. Al mismo tiempo, buscan garantizar el acceso a alimentos saludables para sectores vulnerables y promover el desarrollo económico local mediante la producción, circulación y consumo de alimentos de origen local y regional. Estos circuitos canalizan la demanda del sector público hacia la EPSS, generando un flujo de ingresos constante y previsible para los productores. Además, al garantizar una demanda regular y solvente, se dinamiza la producción y se fortalecen los ingresos locales. Asimismo, estas iniciativas promueven la inclusión de alimentos agroecológicos y de la agricultura familiar en los sistemas institucionales, como los comedores escolares. No se limitan a factores económicos, sino que integran dimensiones político-estratégicas y socioterritoriales.

En contextos de emergencia, como la pandemia de COVID-19, estos circuitos demostraron su relevancia para garantizar el acceso a alimentos saludables en poblaciones vulnerables (^{Pastore, Stein, Monzón y Jurado, 2024}). Los programas de compra pública impulsan la inclusión de pequeños productores y cooperativas en los sistemas institucionales, contribuyendo al desarrollo económico local y a la sostenibilidad de las iniciativas.

En el marco del ya mencionado proceso de IAP de la UNQ, se sistematizaron experiencias de circuitos socioeconómicos alimentarios asociados a mercados institucionales⁹. Este trabajo, desarrollado junto a la Incubadora de EMF, se orientó a analizar y reflexionar sobre experiencias previas desarrolladas por el equipo de la incubadora, coconstruyendo aprendizajes para fortalecer procesos futuros (^{Monzón et al., 2025}).

Las experiencias analizadas incluyeron la venta de canastas de alimentos a centros de jubilados, en colaboración con el Programa Pro Bienestar (PAMI) y el Ministerio de Producción de la Nación (2017-2020), el abastecimiento al Servicio Alimentario Escolar (SAE) del Municipio de Ensenada (julio-diciembre de 2020) y el suministro a la Red de Centros Comunitarios de Cáritas Quilmes (julio-diciembre de 2020). Estos antecedentes sirvieron de base para desarrollar un circuito más complejo de provisión de módulos alimentarios de emergencia y viandas escolares en Quilmes, implementado mediante una licitación pública ganada por la Cooperativa de Trabajo Despiertavoces LTDA.

El análisis de estas experiencias se realizó con una metodología basada en una matriz que estructuró la información en cuatro dimensiones: política, que abordó agendas públicas y marcos normativos; económica-financiera, que incluyó financiamiento y formación de precios; inter-actoralidad, enfocada en la colaboración entre cooperativas, el Estado, organizaciones sociales y universidades; y operativa, relacionada con la producción, logística, la comercialización y distribución.

En el proceso se llevaron a cabo talleres participativos con actores involucrados para validar y enriquecer los hallazgos, promoviendo el intercambio de experiencias. Este enfoque permitió identificar tanto fortalezas como desafíos. Entre las primeras se destacó la capacidad de los circuitos para dinamizar economías locales, garantizar ingresos regulares y fomentar la producción agroecológica. Entre los desafíos, se identificó la necesidad de mejorar la articulación entre actores, fortalecer mecanismos de financiamiento y garantizar precios sostenibles.

El intercambio en los talleres permitió también identificar buenas prácticas y estrategias innovadoras para replicar y escalar estas iniciativas. Se resaltó la importancia de la incubación de procesos y de la investigación universitaria como herramientas fundamentales para promover estos circuitos. La metodología de IAP se reconoció como una herramienta valiosa para coconstruir conocimientos y fortalecer desarrollos socioeconómicos asociativos en el territorio (^{Monzón, Niño, Viviani et al., 2025}).

Experiencias mayoristas de la EPSS

En este apartado se presentan avances de un trabajo de investigación interinstitucional sobre organizaciones de comercialización mayorista de alimentos de la EPSS, a partir de los casos Alta Red (AR) y Alimentos Cooperativos (AC). La principal característica común de estas experiencias de segundo grado es la venta mayorista, lo cual representa una propuesta innovadora, estratégica y complementaria en relación a otros circuitos socioeconómicos conocidos, sobre las cuales existen pocos antecedentes y estudios. Los principales interrogantes de la investigación refieren al contexto de emergencia, su sostenibilidad y posibilidades de expansión¹⁰.

El desarrollo del sector de comercializadoras y la proliferación de diversos tipos de circuitos de la EPSS desde comienzos del presente siglo, generó ciertas discusiones sobre los esfuerzos logísticos y organizativos que implicaba abastecer los circuitos de cercanía. Estas inquietudes surgieron tanto desde las organizaciones productoras de alimentos como desde las cooperativas que realizaban el trabajo de intermediación en las zonas urbanas (^{Altschuler et al., 2025}), proceso que derivó en la formación de circuitos socioeconómicos de escala mayorista.

Como antecedentes contextuales de estas experiencias se identifican dos sucesos producidos a mediados de la pasada década que marcaron hitos significativos, y en los que participaron equipos de trabajo de diversas universidades: el 1.er Congreso Nacional de Federaciones de Cooperativas Productoras de Alimentos, desarrollado en 2015, donde se reunieron 14 federaciones que nucleaban a cooperativas productoras de alimentos de Argentina; y el 1.er Encuentro de la Economía Social, Popular y Solidaria en la Ciudad de Buenos Aires, celebrado en 2016, donde participaron más de 250 referentes de 10 provincias de Argentina, con la finalidad de generar un espacio de reflexión, debate y articulación de propuestas entre organizaciones, instituciones y redes de productores, comercializadoras y consumidores de la EPSS (^{Chiroque y Recalde, 2020}). Estos eventos denotaron importantes procesos de coordinación, articulación y construcción de entramados en diferentes etapas del circuito alimentario, desde las diferentes perspectivas y planteamientos tanto de las organizaciones como de las instituciones públicas y científico-tecnológicas. En este contexto y clima de época es que emergen las experiencias mayoristas en estudio, las cuales en buena medida son el resultado de al menos dos décadas de desarrollo y maduración del campo de la EPSS en Argentina.

AC surge en 2015 como una demanda de la Comisión de Economías Regionales de la Confederación Cooperativa de la República Argentina (Cooperar), donde participaban diversas Federaciones de productores ubicadas en el interior del país. De allí emergió como problema común la comercialización y la necesidad de generar una herramienta propia para la distribución de alimentos con sede en Buenos Aires. A partir de este diagnóstico, comenzó a organizarse un grupo de trabajo con experiencia en la temática para conformar una red que integrase la logística y que permitiera forjar una economía de escala. La iniciativa comenzó a operar como una red donde participan alrededor de 100 cooperativas de pequeñas producciones, a las que se fueron sumando organizaciones vinculadas al acopio y la distribución, la comercialización directa, el consumo organizado y la comunicación (^{Altschuler et al., 2025}).

La experiencia de AR se originó desde los dispositivos de las Mesas de Comercializadoras de la Economía Social y de la Economía Popular, conformadas en 2015 y 2017, respectivamente, a partir de la articulación entre diferentes comercializadoras e instituciones públicas con la finalidad de mejorar los mecanismos de compra, escala y logística con productores de diferentes regiones. Buscaban visibilizar y fortalecer las estrategias de comercialización y consumo, la articulación con políticas públicas y desarrollar estrategias de financiamiento colectivo. La constitución de AR fue un proceso lento que se consolida y formaliza en 2021 (en plena pandemia), pero que se remonta a experiencias previas de compras asociativas a mediana escala, hasta llegar a organizar transacciones mayores. Desde allí se impulsa la Federación, a partir de la necesidad de estas organizaciones de adquirir en forma colectiva determinados productos que no podían comprarse de forma individual, debido a no alcanzar un volumen mínimo solicitado por los productores o no contar con mecanismos financieros para costear gastos logísticos para el acopio y distribución (entrevista a presidenta de AR, 2024). La Federación está conformada por 7 cooperativas que trabajan en la comercialización de alimentos en el AMBA¹¹. Desde sus comienzos la organización recibió el acompañamiento del DEA-UNQ y la Incubadora de EMF para conformarse como tal, definir sus objetivos y afianzarse con perspectiva de EPSS, proceso al que se fueron sumando la Universidad Nacional de Tres de Febrero (Licenciatura en Nutrición), de la Matanza y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), entre otras.

Si bien ambas experiencias tienen como punto de origen la necesidad de fortalecer los canales de comercialización, una de sus diferencias principales tiene que ver con el tipo de actores que construyó esa demanda y que permitió darle respuesta: mientras que AR se organizó a partir de la necesidad de pequeñas comercializadoras del AMBA que requerían traer productos de diferentes provincias; AC se construyó a la inversa, por la necesidad de productores de diferentes regiones de mejorar la comercialización y «hacer pie» en Buenos Aires. De estas diferencias principales se desprenden otras como la organización interna de trabajadores, cuestiones logísticas y de vinculación entre actores (^{Altschuler et al., 2025}).

En relación a los objetivos de estas organizaciones hay muchos puntos en común, tanto AR como AC hacen hincapié en fortalecer a las y los productores regionales de la EPSS, ya sean agricultura familiar, cooperativas o emprendimientos asociativos; promover la agroecología, cuidando que se comercialicen alimentos sanos libres de agrotóxicos, y promover una política de precios justos al interior del circuito.

En cuanto a la infraestructura logística, las dos organizaciones cuentan con espacios de acopio. AR alquila un espacio equipado de 600 m2 en el Mercado Central de Buenos Aires (MCBA), en el partido de La Matanza. AC cuenta con un centro logístico de 400 m2 en el partido de San Martín y posee además vehículos propios, mientras que AR terceriza el servicio de transporte y distribución.

En cuanto a la integración hacia atrás del circuito con proveedores, AR y AC traen hacia sus espacios de acopio en el AMBA alimentos agroecológicos provenientes de cooperativas y pequeños productores de una gran variedad de regiones argentinas. En el caso de AR tienen alrededor de 20 proveedores ubicados en 14 provincias, que abastecen principalmente de frutas, verduras y yerba mate, estas últimas provenientes de Misiones. En el caso de AC, son 200 las organizaciones de productores que proveen tanto alimentos frescos como secos, provenientes de 19 provincias, con un surtido amplio de unos 1200 productos.

En su integración hacia adelante con comercializadoras, el grupo de organizaciones que conforman la Federación AR abastece en su conjunto cerca de 250 puntos de venta minorista, entre los que se cuentan NCO, ferias y almacenes en todo el AMBA, entre ellas los circuitos MT y KO. En su conjunto abastecen unas 60 organizaciones. En términos de volúmenes, AR comercializa entre 50 y 75 toneladas de frutas y verduras por semana y entre 500 y 1000 kg de yerba por mes, abasteciendo alrededor de 10.000 familias (^{Altschuler et al., 2025}). En el caso de AC abastecen principalmente a organizaciones que conforman la propia red, la cual cuenta con 110 puntos de venta tales como puestos en ferias, almacenes o locales, despensas, distribuidoras, nodos de consumo y tiendas online. AC cuenta además con cuatro locales propios de venta al público en la Ciudad de Buenos Aires. Entregan alrededor de 7000 pedidos mensuales con 16000 unidades, y estiman tener unos 4500 consumidores en los locales propios y 1000 adicionales que se acercan a través de las ferias y la web.

Como síntesis de logros, dificultades y desafíos para la sostenibilidad de estas experiencias, podemos señalar que la gran cantidad de puntos de venta y comercialización minorista con los que se articulan visibiliza una amplia red y el despliegue de diferentes formatos de gestión y articulación, en relación a los mercados concentrados, así como la promoción y desarrollo de diversos formatos de organización, entre los que se destaca el cooperativismo de trabajo. A través de estas iniciativas mayoristas se experimentan y despliegan diversas formas de innovación social y económica, que buscan escalar las respuestas y canales alternativos para el acceso a alimentos, estructuradas en torno a relaciones de proximidad (geográficas, vinculares y políticas) entre quienes producen, comercializan y consumen. Así, estas iniciativas no suceden en el vacío, sino que construyen redes que se generan, institucionalizan y densifican en tramas multiactorales desplegadas en los territorios.

Un punto clave que resaltan las y los referentes de ambas experiencias es el sostenimiento del comercio justo al interior del circuito en cuanto a la formación de precios y las condiciones de pago a proveedores, ya que ninguna de las organizaciones cuestiona o negocia el precio que ponen los productores, a diferencia de lo que sucede en el mercado convencional.

Estas experiencias visibilizan diversas formas de articulación socio institucional que se plasman en diversas modalidades de asistencia técnica especializada para la construcción de costos, precios y mecanismos de comunicación, fundamentales para llegar a nuevos grupos sociales desde productos y circuitos alternativos. Ello requiere profundizar en las estrategias de comunicación y visibilización de productos regionales, cooperativos, agroecológicos y de la agricultura familiar.

Respecto a la logística, se trata de una materia que suele tensionar el alcance, densidad y extensión de estas experiencias, dado que las grandes distancias aparecen como un problema significativo a la hora de planificar los costos operativos, por lo cual se plantea como un desafío la conformación de los precios y la posibilidad de mejorarlos para llegar a sectores más amplios de la población, particularmente en contextos de crisis.

Otros elementos fundamentales para la sostenibilidad se fundan en el fortalecimiento de sus organizaciones y en la obtención de mejores condiciones financieras, especialmente en el contexto actual. En vinculación a ello, un desafío importante se relaciona a la formalización jurídica, particularmente de la gran cantidad y heterogeneidad de productores proveedores así como de entidades de comercialización minorista con que articulan, muchas de las cuales operan en la informalidad, lo cual representa mayor vulnerabilidad para todo el circuito y dificultades para el acceso a políticas públicas y herramientas crediticias.

En un campo donde existe escasa información, el estudio permitió generar conocimientos sobre estas organizaciones de segundo grado que debemos profundizar, ya que este tipo de circuitos mayoristas posee relevancia empírica, conceptual y política tanto para la visibilidad como para la sostenibilidad del sector alimentario de la EPSS en su conjunto.

Reflexiones finales

A lo largo del trabajo se han presentado ejemplos de distintos tipos de circuitos socioeconómicos alimentarios con los que trabajamos desde una estrategia de incubación universitaria e IAP -circuitos cortos, institucionales y mayoristas-, señalando su contexto de emergencia, principales características, su complementariedad y capacidad para dinamizar la producción, distribución y consumo de alimentos, así como las dificultades que atraviesan en la actual coyuntura socioeconómica y política de Argentina. Ello da cuenta de una propuesta universitaria de integralidad de funciones en el campo de la EPSS en la UNQ (que lleva más de 15 años), que nos permite no solo analizar las experiencias, sino también acompañar su desarrollo y fortalecerlas desde el trabajo articulado entre universidad y organizaciones sociales.

Hemos reflejado la importancia de los circuitos socioeconómicos alimentarios de la EPSS como estrategias nodales en pos de desafiar la lógica concentrada del sistema agroalimentario hegemónico, promoviendo así el acceso a alimentos saludables y justos entre diversos grupos sociales. Sin embargo, este análisis no pierde de vista el actual escenario de crisis profunda en Argentina, que incluye un deterioro generalizado del nivel de vida, una caída sostenida del consumo, un encarecimiento de los costos de vida y un desmantelamiento de las políticas públicas nacionales. Este último punto resulta especialmente preocupante en relación con aquellas políticas destinadas a garantizar derechos sociales, económicos y políticos, como las vinculadas a la agricultura familiar, las finanzas solidarias y los mercados de cercanía.

Señalamos así los desafíos que plantea el contexto actual para las experiencias vinculadas a la agricultura familiar, el cooperativismo y la economía social y solidaria, ya que la reducción y el retiro del Estado en políticas públicas estratégicas para estos sectores no solo afecta la viabilidad de los proyectos existentes, sino que también debilita las posibilidades de sostenibilidad y expansión de nuevas iniciativas. Asimismo, el ataque y el desfinanciamiento de las universidades en el actual contexto nacional atenta contra el desarrollo y sostenimiento de proyectos y programas para el sector.

En paralelo a estas restricciones, el sector cooperativo y de las organizaciones sociales en general enfrenta una ofensiva discursiva que busca desacreditar su importancia mediante campañas de estigmatización y desprestigio. Las que no solo afectan la percepción pública sobre las iniciativas de la EPSS, sino que también dificultan la construcción de redes de apoyo y el activismo. Este contexto coloca al sector en una posición de vulnerabilidad que exige respuestas urgentes y articuladas desde distintos frentes.

En este contexto, la autogestión, los procesos asociativos y las estrategias colectivas de redes emergen como herramientas de resistencia fundamentales para la subsistencia de estas experiencias. No debemos olvidar que la Argentina ha enfrentado la crisis de la convertibilidad del 2001 -la mayor de su historia- gracias al entramado de redes de sostenibilidad, ayuda y solidaridad, algunas de las cuales están vigentes hasta hoy, y en las que las mujeres han tenido y tienen un papel central, cuestión que venimos profundizando en diversas investigaciones.

Por lo que no debe pasar desapercibido que en épocas de crisis económicas es el trabajo de quienes integran la EPSS -y en ella, fundamentalmente el de las mujeres-, el que se intensifica para garantizar la sostenibilidad de la vida en sus propios hogares y territorios; y también el trabajo que desde las Universidades públicas se realiza en el impulso, desarrollo y sostenimiento de estas iniciativas de circuitos socioeconómicos alternativos, así como también las políticas públicas que aportan a su mayor sostenibilidad y escalabilidad, hoy sólo circunscritas a la gestión de la provincia de Buenos Aires.

El análisis realizado invita a profundizar en las posibilidades de viabilidad y escalabilidad de estos modelos, con el objetivo de avanzar hacia una transformación estructural del sistema agroalimentario. Esta transformación debe garantizar el derecho a la alimentación en condiciones de equidad y sustentabilidad para toda la población, considerando tanto el contexto nacional como la crisis alimentaria global. Al mismo tiempo, es fundamental abogar por la ampliación de infraestructura, logística, financiamiento y el reconocimiento socioeconómico y laboral de las y los trabajadores de la EPSS, a través de políticas integradas por parte del Estado en sus niveles nacional, provincial y local.

El desafío, entonces, es repensar el papel del Estado y de la sociedad en la promoción de un modelo de desarrollo que reconozca a la EPSS no como un sector marginal, sino como un actor clave en la construcción de alternativas económicas sustentables e inclusivas. Este esfuerzo debe partir de los propios actores y actrices que integran el sector, reconociendo su experiencia y capacidad de agencia, y articulando acciones que fortalezcan su protagonismo en la construcción de un sistema agroalimentario más justo y equitativo.