Éticas y estrategias del cuidado y ecofeminismos latinoamericanos

Reconocer el cuidado como un problema público permite dar una respuesta colectiva desde el marco político institucional. Cuidar es un concepto en constante redefinición, afecta al modelo de vida y sociedad apelando a los términos asociados al buen vivir y la buena vida, así como la gestión colectiva de las problemáticas de los descuidos (Walker, 1998). Desde los feminismos se ha visibilizado cómo la inequitativa distribución y desvalorización de los trabajos de cuidado tiene un costo para las mujeres. Silvia ^{Federici (2011}) ha desarrollado una crítica a la acumulación primitiva y al rol del trabajo reproductivo en el capitalismo, mientras que Cristina ^{Carrasco (2006}) destaca la importancia de reconocer el cuidado como un trabajo imprescindible para la sostenibilidad de la vida.

Desde los ecofeminismos, se pone en el centro la vida, reconociendo las vulnerabilidades y aceptando la ecodependencia e interdependencia (^{Herrero, 2013}). Existen diversas corrientes como el ecofeminismo esencialista, con autoras como Vandana ^{Shiva (1996}) que enfatiza la relación histórica entre mujeres y naturaleza, mientras que el ecofeminismo constructivista materialista, desarrollado por Yayo Herrero (²⁰¹³), Alicia ^{Puleo (2008}),^{Ariel Salleh (2017}) y ^{Amaia Pérez Orozco (2014}), analiza las intersecciones entre capitalismo, patriarcado y colonialismo en la explotación de cuerpos feminizados y naturaleza.

El cuidado, como ética social y ecológica, gana espacio en movimientos feministas, ecologistas y de economías alternativas (^{Chinchilla, 2020}). Su potencial para fortalecer comunidades y la acción colectiva (^{Martín Palomo, 2021}) permite enfrentar la privatización de lo social y la invisibilización del trabajo de cuidados. Teóricas latinoamericanas como Maristella ^{Svampa (2021}) y María Soledad ^{Fernández Bouzo (2022}) han estudiado la relación entre economías populares, sostenibilidad de la vida y resistencias comunitarias en contextos extractivistas. En el caso de Uruguay, Lilian ^{Celiberti (2022}) ha trabajado la relación entre ecofeminismo y justicia ambiental, analizando cómo el Plan de Cuidados dentro del Plan de Desarrollo Municipal 2020-2025 del Municipio B de Montevideo articula respuestas comunitarias ante crisis socioambientales.

La desmercantilización, desfamiliarización y despatriarcalización de los cuidados son claves en los nuevos modelos comunitarios, como los recogidos en Los cuidados comunitarios en América Latina y el Caribe (^{Fraga, 2022}). El urbanismo feminista enfrenta el modelo hegemónico androcéntrico al integrar espacio público, movilidad y participación en el diseño de ciudades para la diversidad (^{Sánchez Moya, 2022}: 37). El aumento de las violencias cotidianas, el incremento de los feminicidios y la pedagogía de la crueldad en términos de Segato (2018), toma el urbanismo feminista en el centro al enfrentar al urbanismo hegemónico, androcéntrico, patriarcal y mercantil (Col·lectiu Punt 6, 2019: 154).

Estas miradas han visibilizado la crisis de los cuidados colocando el derecho al cuidado y las estrategias comunitarias como prioritarias en las políticas públicas. En Uruguay, las ollas, comedores populares o merenderos ejemplos de iniciativas de autogestión comunitaria que suelen estar sostenidas por la acción voluntaria de mujeres resolviendo problemas que el Estado/las instituciones no están afrontando (^{Borrego Castellano, 2022}). Ejemplos como Barcelona Cuida y el Sistema Distrital de Cuidado en Bogotá (2019) muestran estrategias institucionales que buscan redistribuir los cuidados mediante pactos entre gobiernos locales y movimientos feministas.

Del abandono a los extractivismos

El caso de Montevideo cobra especial importancia al considerar necesario el cuidado de la naturaleza para la vida social. En 2023, la crisis hídrica en Montevideo evidenció la fragilidad del acceso al agua potable. Investigaciones públicas y privadas alertaron sobre el problema, que se agravó en mayo debido a la sequía, deforestación y contaminación del río Santa Lucía. Ante la escasez, el agua del Santa Lucía se mezcló con la del Río de la Plata, afectando su potabilidad. El 5 de mayo el gobierno nacional tomó medidas paliativas, y el 19 de junio se declaró la emergencia hídrica.

En una ciudad donde los cuidados estaban en la agenda política, tras meses de una sequía desde que se tienen registros, sociedad civil y administraciones desde los distintos niveles tuvieron que coordinarse para hacer frente al mayor déficit hídrico del país. La escasez de agua, consecuencia de sequías extremas, deforestación y contaminación, puso en jaque la sostenibilidad de la vida en la región. Preguntas como qué vidas son vivibles (^{Butler, 2011}) y cuáles son prescindibles eran necesarias para entender la dimensión nacional de la crisis y el problema de abastecer a una zona metropolitana que condensa a gran parte de la población del país. Esta también es la historia de una zona de sacrificio, un territorio habitado que sufrió daños y deterioros por actividades extractivas globalizadas (^{Rodríguez-Giralt y Tironi Rodó, 2020}). Extraigo de Rodríguez-Giralt y Tironi (²⁰²⁰) el término de Coreografías del abandono para abordar la relación entre cuidados y toxicidad, así como la invisibilización de los efectos de las actividades extractivas en las zonas de sacrificio en un juego de intereses, omisiones e instituciones donde la vida del territorio acaba en último lugar.

La crisis climática, civilizatoria y de cuidados derivada del capitalismo (Polanyi, 2007) obliga a repensar el fortalecimiento comunitario. Desde los feminismos y ecofeminismos latinoamericanos (^{Guillamón y Ruiz, 2015}), las éticas del cuidado resaltan la ecodependencia con el territorio y la interdependencia solidaria frente a las lógicas de dominio del Antropoceno (^{Haraway, 2015}). La ecodependencia hace referencia a la relación ineludible entre la vida humana y los ecosistemas que la sostienen, mientras que la interdependencia resalta la necesidad de relaciones solidarias y recíprocas para el sostenimiento de la vida. Ambas nociones son fundamentales para comprender las zonas de sacrificio (^{Rodríguez-Giralt y Tironi Rodó, 2020}), territorios explotados bajo lógicas extractivistas, donde se evidencia la fragilidad del equilibrio entre comunidades y ecosistemas.

En un sistema que prioriza la producción, las vidas han pasado a segundo plano. Los extractivismos y neoextractivismos en América Latina son resultado de los procesos contemporáneos de acumulación de capital en la región (^{Gago y Mezzadra, 2017}). América Latina ha sido proveedora de materias primas y mano de obra, un rol reforzado por dictaduras y políticas neoliberales desde los años 70. A finales del siglo XX y principios del XXI, la resistencia social impulsó gobiernos progresistas, como el Frente Amplio en Uruguay. No obstante, el extractivismo persistió bajo nuevas formas, lo que ^{Lander (2014}) denomina «neoextractivismo progresista», con mayor intervención estatal y una distribución más equitativa de sus beneficios.

Cuidados en el Municipio B de Montevideo

Frente a la «crisis global de cuidados», los gobiernos locales y, en este caso, municipales, son estratégicos para desarrollar políticas y promover la participación de la población. Para ello debe repensarse las infraestructuras necesarias para la cotidianidad, su accesibilidad, seguridad y cercanía a los servicios de salud, educación, comercios y un equipamiento urbano que reconozca el derecho al medioambiente sano y las necesidades de descanso y ocio (^{Chinchilla, 2020}). El caso del planteamiento político desarrollado en el Municipio B de Montevideo en la legislatura de 2020-2025, liderada por el Frente Amplio, visibiliza y reconoce la «ecología de los cuidados y de los saberes» (Najmanovich, 2019) presentes en el territorio (Plan de Cuidados del Municipio B, 2021) para generar espacios de cooperación colectiva.

El Municipio B es uno de los ocho municipios del departamento de Montevideo, el más pequeño en extensión, pero con mayor densidad de población. La financiación de los municipios depende del departamento, y el departamento del gobierno nacional. Los tres niveles de gobierno de Uruguay, de lo local a lo estatal -municipal, departamental y nacional-, se corresponderían a divisiones político-administrativas con distintos representantes -alcaldía, intendencia y presidencia-. El Municipio B contiene, según el último Censo de Población y Vivienda de 2011 del Instituto Nacional de Estadística de Uruguay (INE), el 11,1 % de la población de la ciudad. Figura 1

El Plan Municipal de Cuidados del Municipio B de Montevideo parte de una base ecofeminista en sus políticas en términos de interdependencia y ecodependencia, en un país que en 2015 implantó un Sistema Nacional Integral de Cuidados. Así, «Cuidar nos transforma» es la consigna central del Municipio B de Montevideo, pionero en políticas feministas gracias a su Plan de Desarrollo Municipal 2020-2025, que busca poner en el centro de la política municipal la sostenibilidad de la vida. Este proyecto marcadamente ecofeminista -tal y como se explicita en el propio plan- tiene la voluntad política de cocrear una agenda como «proceso colectivo y transformador» entre comunidad, gobierno, organizaciones sociales y academia universitaria. Bajo tres conceptos claves: 1) interdependencia que reconoce la necesidad de cuidados entre las personas; 2) ecodependencia y el vínculo con el territorio; y, 3) corresponsabilidad de género y generacional.

Definir los cuidados comunitarios es complejo al depender de distintas variables, como puede ser la propia comunidad que cuida, el territorio en el que se inserta, los tejidos asociativos previos y el diálogo con las instituciones competentes. En este sentido, Irma Arriagada aporta interesantes reflexiones respecto al caso de Santiago de Chile.

Acá en Chile a pesar de que hay institucionalización del cuidado y ha ido mejorando, las cunas comunitarias cumplían un papel importante de resolver un problema inmediato de esas mujeres, pero tenían varias dificultades. (…) son las que han cuidado ese espacio que te cuida. (Arriagada, 26 de marzo de 2023).

El Municipio B, representado por la alcaldesa Silvana Pissano, propone como una forma de accionar desde la política pública municipal, con su escasez de medios y recursos, la reorganización social de los cuidados mediante la redistribución de responsabilidades, sentidos y costos. La propuesta es presentar una política pública que acompañe y que reflexione sobre qué pasaría si la ciudad fuera un espacio que cuida, permitiendo la vida y reconociendo y abrazando las necesidades diversas, fomentando la autonomía y vida común.

El Plan de Desarrollo 2020-2025 consta de cuatro dimensiones principales. En primer lugar, la participación, visible en los diálogos y asambleas barriales, diversos encuentros, talleres, formaciones en gobernanza y relevamientos participativos junto con diagnósticos ciudadanos y participación en foros nacionales. De hecho, el 12 de diciembre de 2020 se organizó un primer encuentro online, a los días de haber asumido el gobierno, para asentar las bases del plan, que durante los meses siguientes estuvo en diálogo con vecinas, vecinos y colectivos del barrio. Un segundo punto es apostar por una fuerte intervención en un urbanismo que permita la autonomía de las personas, además de garantizar la calidad de vida y sostenibilidad del territorio. Se ha definido una zona de «Polígono de cuidados» en la que se comienzan realizando obras de mejora e incorporación de equipamiento urbano y señalización. La tercera dimensión es la corresponsabilidad, de manera práctica mediante los cupos de cuidado y de forma simbólica con actividades como las balconeras feministas. Las balconeras son un proyecto del municipio donde, tras un concurso entre las artistas del país, se seleccionan las ilustraciones que decorarán los balcones y ventanas de la cuidad bajo consignas feministas, como «Menos te ayudo y más hacete cargo». Por último, la apuesta por la dimensión tecnológica como herramienta para la visualización y ubicación de la oferta de cuidados. Para ello se ha puesto en marcha una herramienta de visualización de servicios y recursos sobre las ofertas de cuidados mediante una sistematización de centros y servicios (Anexo 1).

Además, están presentes siete componentes que complementan las dimensiones descritas;

De esta forma, se invita a la ciudadanía a preguntarse qué tipo de ciudad quieren, qué relación con la naturaleza o con la posibilidad de construir relaciones sociales debe haber. Se plantea, en palabras del plan, «una perspectiva democratizadora, emancipadora y ecofeminista, que permita generar dinámicas urbanas integradoras de las distintas identidades y manera de habitar el territorio».

Desde una propuesta de práctica ecofeminista donde la denuncia ambiental dialogaba con el sistema político y la ecología política feminista se establecía el marco necesario para analizar las estrategias de resistencias ante conflictos socioambientales y ecoterritoriales (^{Bolados García y Sánchez Cuevas, 2017}: 38).

Los conflictos del agua en Uruguay

Uruguay es un país densamente irrigado por cursos de agua dulce. Un país muy plano, de pradera verde, con capacidad para alimentar 10 veces su población, pero cuyos alimentos son mayormente importados. Uruguay es un país cada vez más paradójico. Según el informe de ²⁰²¹Progress on level of water stress de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), Uruguay es un país sin riesgo de escasez de agua, teniendo en cuenta el total de agua potable disponible para cualquier uso. Sin embargo, ya desde octubre de 2022 se declaró la emergencia hídrica para la agricultura y pesca, con restricciones que se fueron extendiendo en enero de 2023 a más sectores productivos agroalimentarios. Con el paso de los meses, ante la ausencia de lluvias y falta de inversión en infraestructuras públicas, la Administración Nacional de las Obras Sanitarias del Estado (OSE) aumentó progresivamente los niveles de salinidad y cloruro en el agua distribuida entre la población como «potable», hasta superar los máximos autorizados por el Ministerio de Salud Pública. Esto ocurrió ante la necesidad de mezclar el agua de la cuenca del río Santa Lucía del que se abastece la región con el agua de la desembocadura del Río de la Plata para garantizar la distribución de agua a la población. En junio de 2023 se declaró, oficialmente, la emergencia hídrica para Montevideo y el área metropolitana.

El fenómeno de «El Niño-Oscilación del Sur» (ENOS), concretamente la etapa fría y seca de «La Niña» que se extendía como nunca antes, supuso tres años de sequía continuada, la más larga del siglo (^{Odriozola, 2023}). El ENOS se compone de dos etapas, una cálida y húmeda (El Niño) y una fría y seca (La Niña) (^{Odriozola, 2023}). El Niño se trata de un fenómeno atmosférico generado por el calentamiento gradual del océano, provocando inundaciones, episodios de sequías, incendios y degradación de suelos. Cambia los patrones de circulación en todo el mundo. La ausencia de precipitaciones llegó a un Uruguay que había obviado la necesidad de invertir en la infraestructura de agua potable.

El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), ya en 2010, advertía que la intensificación en el uso de agua, así como su extracción en áreas de riesgo, ya habían afectado la salinidad del agua (^{El riego en los países del Cono Sur, 2010}). Riesgos derivados de las actividades extractivas evidenciaron una falta de cuidados (^{Tronto, 2020}: 15). El debate sobre la «neoliberalización de la naturaleza» (^{Bakker, 2010}: 720) a través del agua incluye procesos de mercantilización, privatización o comodificación del agua potable como parte de la apuesta por el mercado para la asignación «óptima», es decir, su optimización en el mercado (^{Sassen, 1996}). A pesar del reconocimiento del derecho humano al agua en la Constitución, la reestatización de los servicios de distribución del agua potable y saneamiento en Uruguay durante el gobierno progresista del Frente Amplio fue un ejemplo de «resiliencia neoliberal» (^{Bascans et al., 2022}) en la gestión de los servicios hídricos, una adaptación al sistema extractivo de bienes comunes. La presencia de la embotelladora en la Sierra de Minas permite nuevas inversiones en la zona. Bascans (²⁰²²) identificó cuatro factores que dificultan la implantación de servicios hídricos públicos y estatales:

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La economía uruguaya ha vivido serias transformaciones en los últimos años. Aparecen nuevos proyectos de plantas de hidrógeno verde que precisarán grandes cantidades de agua. Desde 2019 la presencia de UPM ha ido creciendo, hasta la apertura de la nueva planta de Paso de los Toros en junio de 2023. UPM-Kymmene Corporation es una empresa finlandesa dedicada a la fabricación de pulpa de celulosa, papel y madera. Aunque fue inaugurada en junio de 2023, en plena crisis hídrica, llevaba funcionando desde abril del mismo año. Este hecho es clave, ya que las plantas de celulosa requieren de una gran cantidad de agua para su actividad productiva. Las controversias con la empresa estallaron en 2020 al no presentar los informes ambientales demandados. Ya tiene más de 15 sanciones y advertencias, las últimas debido a los vertidos de soda cáustica en los arroyos en torno a la fábrica. Cuando este material se mezcla con agua, reacciona como gran contaminante, matando toda la vida a su paso.

Diversos actores sociales y ambientales presentes en las movilizaciones han señalado que esta crisis no es simplemente resultado de la sequía, sino del saqueo sistemático promovido por el modelo económico actual. La gestión ineficiente de la OSE, con pérdidas del 50 % del agua potabilizada debido a la falta de inversiones en infraestructura y la reducción de personal, tampoco ayudó. Es en este contexto, tras años de sequía y un proceso de deterioro paulatino al acceso al agua, que la organización social toma forma en la zona metropolitana. Daniel Pena explica la conmoción social de esta crisis hídrica.

La discusión pública y las movilizaciones aumentan día a día tras la grave afectación al acceso al agua potable en la zona metropolitana. (…) Tiene que haber agua para todes, independientemente del lugar y contexto donde venga. (Se está produciendo) una lucha contra el extractivismo y todas las formas de explotación (…), porque hay una preocupación de recomponer una dinámica de vínculo más armónico entre las personas y la naturaleza, la preocupación de que dejemos un planeta habitable y no diezmado. (Pena, 1 de julio de 2023).

Frente al auge de los neoextractivismos, la visión comunitaria de las injusticias ambientales en los territorios latinoamericanos ha tenido una fuerte respuesta feminista (^{Guillamon y Ruiz, 2015}). De esta forma, la ecología política feminista aporta un marco práctico y conceptual basado en la ética del cuidado que busca contestar al modelo patriarcal extractivista (^{Celiberti, 2022}).

Cuando el agua no llega

El agua dejó de llegar. No todas lo notamos igual. Cada vez tenía más sabor al salir del grifo, de la ducha, hasta que llegó un punto en que daba más sed de la que saciaba: se estaban duplicando y, en algún momento, hasta cuadruplicando los niveles de cloruro de sodio oficialmente establecidos, porque al disminuir su capacidad debido a la sequía, el agua de la Cuenca de Santa Lucía estaba siendo complementada con la del Río de La Plata, sin garantizarse los niveles de salinidad presentes en el agua distribuida. El agua, que es esencial para la vida y por este motivo Uruguay la reconoció como un derecho humano en su Constitución en 2004, no estaba siendo garantizada para el conjunto de la población. Como en el caso de Puchuncavi, en Chile, estudiado por ^{Rodríguez-Giralt y Tironi (2017}), el gobierno nacional cayó en la ignorancia ambiental invisibilizando estas zonas de sacrificio.

Mesas redondas, debates públicos y distintos espacios de conversación se generaban para poder dar voz a una tierra que se agotaba. Fue el 5 de mayo cuando se toma la decisión de mezclar lo que queda del agua dulce de la cuenca del Santa Lucía con el agua (Anexo 2) de la desembocadura del Río de La Plata. Más del 60 % de la población de Uruguay se quedó sin acceso a agua potable durante tres meses. La población más precarizada fue la más afectada, debido al alto precio del agua embotellada. A partir de ese momento, comenzaron las movilizaciones (Anexo 3), prácticamente diarias, que las autoridades trataban de acallar apelando a la esperanza del «lloverá», tal vez con la confianza en que el desplazamiento del debate a la climatología incierta e inevitable -un mal colectivo presentado como no previsible- evitaría la discusión política y la petición de responsabilidades al gobierno por la forma en que se estaba produciendo la gestión del agua potable. Las implicaciones en la vida cotidiana de la población fueron graves, con una estimación de dos millones de personas afectadas, cerca del 60 % de la población total del país, en datos del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) de 2009.

Como el resto de habitantes de Montevideo, tuvimos que empezar a comprar el agua, porque no había ninguna garantía pública que asegurase el abastecimiento colectivo de agua potable. Los filtros no servían y los bulos se extendían. A pesar de la primera resistencia a comprar agua, la sed crecía y el sabor del agua que llegaba a nuestros grifos no se podía ignorar. Lavábamos las ollas y una capa blanca hacía evidente los restos de sedimentos. Si queríamos poner la salud en el centro, había que tener dinero para comprarla. Las garrafas de agua se acababan en los supermercados, convirtiéndose en un nuevo coste fijo de urgencia que no toda la población pudo asumir. Con el paso de los días, empezamos a llevarle los bidones vacíos a mi familia del interior del país, con otros accesos a aguas, para poder llenarlos con agua que habíamos analizado previamente de forma privada. Otro ejemplo de cómo un derecho colectivo imprescindible para la vida y consagrado incluso a nivel constitucional se convertía en un privilegio mercantilizado, atravesado por el consumo y al alcance de algunas y algunos. Avanzaba mayo, junio y comenzó julio de 2023 con protestas diarias. No se podía beber el agua que salía de nuestros grifos, y el Ministerio de Salud lo confirmaba. Desde las responsabilidades políticas sanitarias se recomendaba la compra al agua embotellada del propio Uruguay, pero no se garantizaba el acceso a la misma de forma gratuita.

Los noticieros incitaban a comprar agua. Agua de Uruguay embotellada por una empresa (Salus) perteneciente a la gigante francesa Danone. Una empresa que embotella agua de la Sierra de Minas, a unas dos horas en coche de la zona metropolitana montevideana. El río Santa Lucía abastece a esta área metropolitana de Montevideo, que incluye al departamento de Canelones. El río abastece al 60 % de la población. Pero la cuenca del Santa Lucía no es solo una fuente de agua potable, también es una fuente de empleo y un mercado. Ante la escasez en su cauce el gobierno nacional decretó que comenzara a extraerse agua del Río de la Plata, pero sin la necesaria infraestructura desalinizadora necesaria. Así, el agua distribuida por la empresa pública, OSE, mezclada con el agua salinizada del Río de La Plata, contaba con niveles de sodio y cloruro que duplicaban las recomendadas por la Unidad Reguladora de los Servicios de Agua y Energía, en relación con las normas UNIT y a organismos de referencia internacional como la EPA o la APHA.

En este contexto de desabastecimiento se abrió en Uruguay una de las mayores plantas de celulosa del mundo, la UPM 2-estando la primera UPM en Fray Bentos (Río Negro)-, una infraestructura que consume el agua equivalente a 120 ciudades como Montevideo cada día. Esta segunda planta se ha instalado en Paso de los Toros, en el departamento de Tacuarembó. Por otro lado, en el marco de la crisis hídrica, también se intentó avanzar en el proyecto Neptuno, un proyecto potabilizador que requiere de un agua dulce que no había. También se lo conoce como Proyecto Arazatí, al ser un proyecto de desarrollo de infraestructura potabilizadora de agua del Río de la Plata en Arazatí, en el departamento de San José. Se trataría de una planta privada promovida por el consorcio «Aguas de Montevideo» que forman las empresas Berkes SA, Saceem SA, Ciemsa y Fast Ltda.

El artículo 47 se tomó como garantía constitucional del derecho a establecer normas que garanticen el acceso al agua: «El agua es un recurso natural esencial para la vida. El acceso al agua potable y el acceso al saneamiento, constituyen derechos humanos fundamentales» (extracto del artículo 47, disponible en Anexo 6). Uruguay es el primer país en convertir el acceso al agua en un derecho fundamental, siendo esta un eje vertebrador del territorio. Adaptarse a los efectos de la crisis climática es clave para un sistema productivo donde la ganadería y producción agraria son protagonistas, sobre todo en la exportación de productos alimentarios. Desde el ámbito estatal no se han priorizado las medidas preventivas, a pesar del fuerte consenso sobre su importancia, sin tener en cuenta la diversidad de necesidades regionales. Incluso una mejora en los servicios meteorológicos (Inumet) se plantea como herramienta para la prevención en el país (^{Cruz et al., 2021}).

El café estaba salado, el té estaba salado, el mate estaba salado. Con la llegada del invierno a la vuelta de la esquina, comenzaron a romperse los calentadores. En este escenario, ¿cuál fue la respuesta institucional? El gobierno nacional rebajó y eliminó los impuestos a las embotelladoras de agua, reduciendo así los ingresos estatales sin reducir el beneficio de las empresas que recogían, embotellaban y distribuían el agua. La intervención estatal ni siquiera garantizó una reducción equivalente del coste final en la población consumidora, favoreciendo aún más el enriquecimiento de las empresas embotelladoras mientras el suministro público de agua era cada vez de peor calidad. Evidentemente, un gobierno no puede decretar que llueva, pero sí es responsable de las políticas mitigadoras los efectos de la sequía y de garantizar los derechos básicos de suministro de agua potable al conjunto de la población.

La respuesta del Gobierno Nacional fue totalmente insuficiente (…) fue sacarle el IVA al agua embotellada, sin cuestionar las causas más profundas de por qué nos quedamos sin agua. (Manifestantes en la movilización del 8 de junio de 2023).

La Organización Mundial de Meteorología (OMM) en julio de 2023 predijo que llegaría una nueva etapa de El Niño con fuertes precipitaciones. En agosto de 2023 comenzó a llover, ocultando parte de las consecuencias de la crisis hídrica. La primera mitad de 2024 estuvo caracterizada por grandes precipitaciones que causaron miles de desplazamientos (^{Chisleanschi, 2024}). Lluvias torrenciales que afectaron a suelos con años de degradación.

Esta crisis hídrica no se puede desvincular de organizaciones internacionales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, que promovieron en la década de 1990 un conjunto de políticas públicas que apostaban por la privatización de servicios hídricos bajo la premisa de mejorar la eficiencia del sector público (^{Jaglin y Zérah, 2010}). Esto dio paso a una modernización de las infraestructuras de tratamiento de agua a través de empresas constituida por capitales extranjeros con el objetivo de mejorar la cobertura y eficiencia de los servicios, pero a costa de dejar de lado el garantizar el acceso universal al agua (^{Bascans et al., 2022}). Carlos Santos, investigador de la Udelar, describe la situación generada como «un saqueo» y destaca que se trataba de «una crisis con precedentes» (^{Santos, 2020}) tras reiterarse las alertas a lo largo de la intensificación de la sequía:

El saqueo viene porque esta empresa viene a aprovechar la riqueza de recursos naturales sin pagar por ellos. La plantación de estos árboles (eucaliptos para la celulosa de la planta de UPM 2) parte de una dinámica extractiva a los nutrientes del suelo, al agua subterránea (…) Estas acciones son de corte colonial. (…) En este caso saqueo -que se suma a los graves efectos de la sequía- implica el deterioro de la calidad de agua potable para el abastecimiento humano, en un contexto de «ofertas» de iniciativas privadas que incluyen tecnologías desalinizadoras para el Río de la Plata y -eventualmente- algunos puntos de la costa Atlántica. (Santos, 31 de mayo 2023).

Coincidiendo con las Marchas de Memoria Histórica, el 26 de junio (Anexo 5), en la Vigilia por la Democracia se usaron todos los residuos plásticos de garrafas y botellas generados a lo largo de los meses. Se trató de una jornada que culminó iluminando a la luz de las velas -protegidas por estas garrafas- al Palacio Legislativo para dar comienzo al 50.º aniversario del golpe de Estado de la última dictadura cívico-militar uruguaya, que se desarrolló entre 1973 y 1985 y dejó cientos de asesinatos y desapariciones y más de 5000 detenciones. Este ejemplo concreto se enmarcó en el conjunto de acciones que se llevaron a cabo como respuesta comunitaria ante un aumento de residuos plásticos. De hecho, entre el 20 de mayo y el 4 de julio de 2023, en Montevideo se recolectaron 24.310 kilos de residuos reciclables, triplicándose los plásticos recibidos en puntos de acopio como el Ecocentro Buceo.

La respuesta del gobierno nacional y del Municipio B de Montevideo

La crisis hídrica supuso una crisis política a nivel nacional. Dado que el servicio responsable del abastecimiento del agua potable en la República Oriental del Uruguay, Obras Sanitarias del Estado (OSE), es un organismo estatal, el gobierno municipal, en este caso del Municipio B, carecía de competencias o recursos para cualquier tipo de acción. Sin embargo, el papel de las organizaciones comunitarias en el municipio fue clave, así como el rol del gobierno municipal para facilitar su acción y organización. Este es el caso de las organizaciones universitarias, como la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) (Anexo 4), que se organizó para realizar un servicio de recarga de agua Figura 8. Recogían bidones vacíos, iban al interior del país o a la costa atlántica a recargarlos y los repartían a la ciudadanía y en ollas populares. El Municipio B garantizó el agua a las ollas populares así como a hospitales, centros escolares y otros espacios públicos. Las ollas se siguen consolidado como un espacio de cocina colectiva, un lugar de encuentro e identidad donde alimentar a la comunidad. Desde 2020, la Intendencia de Montevideo, realiza compras de alimentos que, junto al Plan de Apoyo Básico a la Ciudadanía (ABC), busca fortalecer estas iniciativas comunitarias.

La propuesta del Municipio B parte del paradigma de la sostenibilidad de la vida. La importancia del agua ya era una de las claves cuando se empezó a elaborar el Plan de Desarrollo Municipal 2020-2025, por lo que trabajar en conjunto con la intendencia y hacer presión a nivel nacional partía de un trabajo previo para generar espacios terapéuticos de resistencia afectiva y cura, produciendo conocimientos desde nuevos lugares (^{Rodríguez-Giralt y Tironi, 2017}: 95), como se observa en el programa «Plantar es cuidar». El cuidado se entiende aquí no como un concepto estático, sino un conjunto fluido y adaptable de prácticas y potencialidades, enfocado en los bienes naturales, como el agua, y el papel que cumple en el país.

Necesitamos una visión más integral de la sostenibilidad de la vida (…) La población se organiza para resolver problemas que van desde el agua -si no tienen saneamiento, agua potable, como parte de las luchas urbanas-. Hay una gran asociatividad vinculada a situaciones emergentes que tienen que ver con los cuidados (infancia, redes de adultos mayores, esparcimiento, espacios de generación de comunidad) que nos hace preguntarnos qué pasará si contaminamos el agua, que es esencial para la vida. Es más, en un planeta hay vida porque hay agua dulce. Si no hay agua dulce no es posible que la vida se desarrolle, y no solo la vida humana. (Celiberti, 29 de marzo de 2023).

Sin embargo, no ha habido una respuesta concreta respecto a la situación de emergencia, lo que ha supuesto también la oposición movimientos y organizaciones del propio Municipio B de Montevideo. Respecto al gobierno departamental, también se muestran críticas, destacando la ausencia de respuestas relevante en los tres niveles de gobierno y la falta de ayudas. A pesar de la apuesta por la articulación comunitaria, faltaron propuestas desde lo municipal, quedando la acción relegada al asistencialismo. En este sentido, se puede observar que, a pesar de integrar una clara intencionalidad ecofeminista de poner los cuidados en el centro de las decisiones políticas, la capacidad de acción municipal quedó limitada frente a la crisis hídrica vivida en la ciudad y área metropolitana a lo largo de 2023.