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Revista de Ciencias Sociales

versión impresa ISSN 0797-5538versión On-line ISSN 1688-4981

Rev. Cien. Soc. vol.36 no.53 Montevideo  2023  Epub 01-Dic-2023

https://doi.org/10.26489/rvs.v36i53.2 

Dossier

Criminalidades en Tamaulipas Un análisis de las reorganizaciones delictivas y economías ilícitas (2013-2021)

Criminalities in Tamaulipas. An analysis of the criminal reorganizations: 2013-2021

Criminalidades em Tamaulipas. Uma análise das reorganizações criminais:2013-2021

Marisol Ochoa Elizondo1 
http://orcid.org/0000-0002-7627-0280

1 Universidad Iberoamericana. Departamento de Historia. Ciudad de México Email: marisolochoa555@hotmail.com


Resumen:

En los años recientes, las lógicas delictivas en el caso mexicano y especialmente en Tamaulipas han desarrollo nuevas modalidades de incursión y control en sus espacios de operación, alteraron las relaciones entre los campos político, social y de seguridad, y modificaron las dinámicas criminales en algunas localidades, lo que les ha permitido ampliar sus modelos de cooptación a partir de la implementación de estrategias de intervención y control territorial, en donde la violencia y la intimidación contra diversos agentes sociales se han convertido en herramientas estratégicas centrales. Estas reorganizaciones criminales locales, regionales y estatales han logrado expandir sus espacios de operación y han contribuido al fortalecimiento y el desarrollo de dinámicas económicas ilícitas, a las cuales se han integrado nuevos actores sociales de la mano de nuevos métodos y logísticas.

Palabras clave: criminalidad; redes; control territorial; organizaciones delictivas; crimen organizado

Abstract

In recent years Mexican criminal logics and specifically Tamaulipas drug cartels have developed new modalities of incursions into their operational spaces, affecting the relations between the political, social and security fields, modifying the criminal dynamics, expanding territorial controls and innovating their cooptation models systems, implementing new strategies based in radical violence and intimidation as main resources to strengthen their control spaces and conspiracy nets. The criminal groups, have been capable to develop new economical illegal resources, such as migrant traffic, contraband gasoline trade, extortion and kidnapping, that allowed them to threaten local institutions and civil population. Criminal opportunities are increasing, as well as the rise of tension between different drug cartels fractions, that in recent years are fighting to control strategic routes, stablishing alliances with local and outsider criminal groups, destabilizing local spaces and increasing gray areas where corruption and institutional weakness grows and strengthens.

Keywords: criminality; nets; territorial control; illicit economies; organized crime

Resumo

Nos últimos anos, as lógicas criminais no caso mexicano e especialmente em Tamaulipas desenvolveram novas modalidades de incursão e controle em seus espaços de atuação, alterando as relações entre os campos político, social e de segurança, modificando a dinâmica criminal em algumas localidades., o que lhes permitiu expandir os seus modelos de cooptação baseados na implementação de estratégias de intervenção e controlo territorial, onde a violência e a intimidação contra vários agentes sociais se tornaram ferramentas estratégicas centrais para fortalecer as suas redes de controlo e conivência criminosa. Essas reorganizações criminais locais, regionais e estaduais conseguiram ampliar, a partir de redes de conluio, seus espaços de atuação, o que tem contribuído para o fortalecimento e desenvolvimento de dinâmicas econômicas ilegais.

Palavras-chave: criminalidade; redes; economias ilegais; crime organizado

Introducción

Las dinámicas criminales en los años recientes de la historia de México se han visto afectadas por factores internos -modificaciones de regímenes políticos, esquemas de cooptación territorial criminal, bases de protección social y cooptación de esquemas de seguridad a nivel local, regional o estatal- y nuevas inercias delictivas logísticas de control poblacional. También han resultado afectadas por factores externos, enfocados en la oferta y la demanda, tanto nacional como internacional, de sustancias ilegales y armas, pero, a su vez, de productos y mano de obra que poco a poco han logrado posicionarse como recursos de empoderamiento económico delictivo en el caso mexicano, como lo son el tráfico de combustible, la trata de personas y el control logístico del fenómeno migratorio.

Esta ampliación de actividades económicas ilegales es un terreno que requiere ser explorado en nuestro tiempo, para comprender cómo las lógicas delictivas actuales y sus reconfiguraciones operativas, tanto logísticas como territoriales, han logrado ser efectivas en torno al control de espacios locales-regionales y transregionales, y, a su vez, cómo han generado alteraciones y afectaciones en la vida social donde se desarrollan. Por otra parte, las lógicas criminales han permitido que algunos grupos delictivos expandan sus horizontes de acción y perfeccionen el uso de armamento, tácticas, tecnologías y estrategias, lo que ha repercutido en la factibilidad de incursionar en territorios de interés, cooptar espacios estratégicos -instituciones, áreas de la esfera política local-estatal- y desarrollar bases de operación y protección social, sea por cooptación o corrupción.1 Esto aparece aunado a la gestión de puntos vitales de control de vías de tránsito y comunicación para reconfigurar (Garay Salamanca, Salcedo-Albarrán, León-Beltrán y Guerrero, 2008, pp. 20-21)2 espacios logísticos de acción, que son cada vez más eficientes, estratégicos y prolíficos para la expansión de actividades criminales, que han llegado a producir una inestabilidad de los espacios políticos, sociales y de seguridad de los territorios donde estas organizaciones deciden incursionar y disputar los espacios de interés logístico.3

Esto puede provocar que sus acciones sean eficientes a nivel operativo, pero más violentas, inestables e invasivas en los contextos sociales donde despliegan sus controles territoriales y desarrollan sus actividades económicas de interés criminal local-regional y estatal. En este sentido, cada localidad tiene una funcionalidad logística y estratégica, que influye en su capacidad organizacional delictiva y en su “acoplamiento estructural” (Torres, 1999, p. 98),4 donde la base social, el entorno político o de seguridad en algunos casos funge como soporte estructural criminal -sea por acuerdos o por sumisión- para facilitar el desarrollo de lógicas delincuenciales a través del tiempo.

Los estudios en torno al fenómeno criminal, desde la sociología y la criminología, entre otras disciplinas, principalmente se han enfocado en analizar las operaciones de los agentes delictivos como “unidades de sentido”, es decir, a partir de una epistemología moderna, que en mayor medida se focaliza en las conciencias individuales de dichos agentes, sus vínculos y sus mecanismos de acción, reduciendo la complejidad de la operación criminal a un asunto de “grupos, redes y organizaciones” con agencia propia. En el presente caso, se pretenden trazar aproximaciones de estudio a partir de una observación de observaciones, es decir, a partir de una historia sistémica (Mendiola, 2000, pp. 196-199)5 que permita analizar desde una postura reflexiva la operación y distinción que emprenden las organizaciones criminales en relación con su entorno (Luhmann, 2006, p. 40)6 y tratar de comprender las variaciones y reconfiguraciones socioespaciales7 que no pueden ser analizadas desde una aproximación de análisis unitario y homogéneo, donde el fenómeno criminal parte de la unidad de sentido, sino desde la multiplicidad, heterogeneidad y “policontexturalidad, es decir desde su complejidad” (Luhmann, 1993, p. 17).8 Desde esta aproximación de la teoría de sistemas es desde donde se busca plantear el análisis, para estudiar cómo se articulan, desarrollan y operan las lógicas criminales en la actualidad, junto con la reconstrucción de su proceso organizacional y comunicativo (Mendiola, 2000, p. 198).

Apelar a esta forma de análisis del fenómeno criminal implica enfocarse en la observación de observaciones, como se ha referido antes, centrándose en las distinciones y operaciones que el fenómeno criminal -como subsistema- selecciona en relación con su entorno -autorreflexibilidad- y, a su vez, analizar

la observación de los acoplamientos estructurales entre mecanismos simbióticos-parasitarios que ordenan la manera en que las relaciones delictivas interactúan con distintos sistemas, mismos que se dejan irritar, generando códigos de convivencia que valen y dejan de valer para la misma sociedad, habilitando espacios -producto de exclusiones-inclusiones-, donde nuevas formaciones delictivas se articulan, aparecen, desaparecen o se transforman. (Luhmann, 1993, p. 10)

Proponer estos estudios nos convoca a pensar en generar nuevas posibilidades para estudiar las formas con las cuales la sociedad interactúa en relación con los sistemas funcionales diferenciados, con sus mecanismos simbióticos particulares y sus códigos -como son, por ejemplo, en el caso del fenómeno criminal, su vinculación con el recurso de la ilegalidad, de la mano de las nuevas oportunidades económicas delictivas en espacios que, frente a las conexiones globales, modifican y alteran las variables operativas de la logística criminal local y regional-, y con los mercados y sus reglas variables, que se encuentran en constante transformación, como lo veremos en el caso de Tamaulipas.

Así, en el contexto que desde hace más de veinte años se ha vivido en el caso mexicano y especialmente en Tamaulipas, donde los aumentos en los niveles de violencia y la presencia de operaciones criminales se normalizan y alteran la sociedad de la sociedad, es posible plantearse las siguientes preguntas de análisis:9 ¿qué podría significar en estos tiempos que el sistema político ya no pueda asegurar la estabilidad y seguridad en sus territorios ni a sus ciudadanos?, ¿qué significa para el sistema jurídico que las organizaciones de seguridad -policías o fuerzas federales- pierdan su vinculación con los principios de Estado de derecho y de la ley? o ¿qué significa para el sistema económico que parte de la población esté excluida de sus reglas y funcionamiento, ya no pueda subsistir y desarrolle otros códigos de sobrevivencia? En definitiva, las interpenetraciones entre sistemas políticos y económicos a lo largo del tiempo han provocado que la criminalidad pueda “organizarse” y “desorganizarse” a partir de estos acoplamientos y desacoplamientos con sus sistemas de interacción, generando componentes con alta densidad de variación en los espacios sociales, lo que en este sentido puede considerarse como una alta racionalidad para desarrollar oportunidades de ejecución, donde organizaciones criminales diferenciadas pueden obtener el poder y la capacidad para emplear la fuerza suficiente para controlar el recurso de la ilegalidad con permisividad de agentes de esferas políticas y de seguridad, convirtiéndose así en un vínculo indispensable, a pesar de sus altos niveles de variación externos.

La pregunta que invita a pensar en la actualidad es qué papel juegan dichas organizaciones delictivas en sus espacios de operación y qué interacciones sociales -códigos- producen en relación con los sistemas políticos y económicos para convertirse en vías de gestión de la ilegalidad, indispensables para la propia función operativa de los sistemas. Así, esta aproximación permite analizar cómo dichas redes operativas se vuelven cada vez más funcionales e integradoras y producen formas de organización parasitarias y corrompidas (Luhmann, 1993, p. 10). Para abordar esta perspectiva, partimos de la premisa de que los sistemas funcionales diferenciados se han complejizado a partir de la interacción sistemática de las operaciones de inclusión y exclusión, desarrollando diferenciaciones sociales que producen en el plano semántico formas de sociabilidad contingentes, donde la criminalidad puede ser observada en su autoobservación y es posible analizar sus distinciones e indicaciones para reproducirse e interactuar a partir de sus relaciones sistémicas, cada vez más autónomas y racionales en sus operaciones y organizaciones logísticas de conformidad con el entorno que habitan.

Fenómeno criminal como racionalidad y caos

Las dinámicas delictivas de los últimos 13 años10 en la realidad mexicana han posibilitado áreas de oportunidad para aproximarnos al análisis del fenómeno criminal desde diversas aristas, como lo son las observaciones espaciales y la autoorganización logística delictiva, con base en la demanda de mercado y el debilitamiento crónico de las instituciones. Si bien es cierto que la reflexión en torno a la criminalidad se ha vuelto un proceso de aprendizaje recurrente desde la sociología, el derecho, la economía, la criminología y la psicología, entre otras disciplinas, a su vez, los espacios interdisciplinarios han creado nuevas sinergias y aproximaciones para analizar dicho fenómeno desde la complejidad en sus dimensiones policontextuales y multidimensionales.

En este sentido, una de las propuestas para aproximarnos al análisis del fenómeno criminal y sus lógicas operativas en nuestra actualidad sería desde el espacio de operación y las lógicas funcionales que se constituyen en las operaciones de las acciones criminales espaciales. Las aproximaciones al “espacio operativo”11 de la criminalidad, de la mano de la observación de sus lógicas operativas funcionales, permiten distinguir cómo los grupos criminales de distinta orientación, filiación y dimensión cooptan, organizan y reconfiguran, mediante sus actividades delictivas, espacios institucionales, económicos, sociales y políticos, promoviendo prácticas -por acuerdo, coerción, sujeción, dominación-, gestionando una reorganización de la vida cotidiana.12 En esa reorganización de la vida, entendida como variedad de circunstancias, en muchos casos, la aproximación al análisis de las localidades develan la inestabilidad y variabilidad de las lógicas criminales, tanto en su organización como en sus operaciones, lo cual tampoco debería pensarse como una fortaleza o debilidad, sino simplemente como una forma de organización funcional que permite posibilidades en torno a su funcionalidad delictiva.

En este sentido, es importante considerar que las lógicas criminales, al estar determinadas por los espacios de interacción con los sistemas políticos y económicos, en los cuales incurren, no necesariamente de forma azarosa o deliberada, pueden facilitar y condicionar una suerte de acciones delictivas que generen un nuevo estado de las cosas -reconfiguración-, que no será estable ni permanente, sino performativo de conformidad a las posibilidades para producir oportunidades que habiliten diversas formas para gestionar la ilegalidad y reproducirla (Espósito, 2020, pp. 29-32).13 Hemos aprendido en los últimos años de estudio que las organizaciones criminales mantienen o modifican sus jerarquías y control territorial a partir de la gestión de tiempos que pueden garantizarles controles de larga, mediana o corta duración, según su espacio de operación y autoorganización logística. Así, los tiempos de cooptación territorial tampoco son específicos y atienden a una multiplicidad de variables y factores que modifican las lógicas de producción y operación de actividades ilegales. Como lo explica Espósito, “las decisiones económicas nunca son aleatorias. Son dirigidas por motivos y proyectos. A menudo decepcionan y se comportan imprevisiblemente” (2020, p. 33). Al respecto, se pueden considerar como ejemplo las gestiones de ilegalidad que aparecen como recursos indispensables para que los proyectos económicos se planteen y se desarrollen y que, a su vez, generan mecanismos de represión o de inhabilitación de acciones en sectores de la sociedad. Para ejemplificar esto se puede tomar como referente el número de asesinatos de protectores del medioambiente ocurridos en los últimos años en México, donde la violencia estructural ha permeado de facto, eliminando personas cual “obstáculos” ante proyectos económicos y políticos, situación que en otros momentos históricos no era frecuente en el ámbito social.14 Así, se puede situar el análisis de las logísticas delictivas que se desarrollan en espacios de interés variable, auspiciadas por las interacciones de nuevas oportunidades económicas y políticas, que, a su vez, producen irritaciones y crisis que generan incertidumbres no aleatorias (Espósito, 2021, p. 41).

En este sentido, podemos plantear la siguiente pregunta: ¿qué sucede cuando observamos al crimen desde una mirada de segundo orden? En nuestros tiempos, la criminalidad puede ser estudiada a partir de la observación de observaciones, así, nuestro enfoque puede dirigirse hacia una sociedad funcionalmente diferenciada, que permite analizar qué distinciones se producen en las lógicas delictivas a partir de operaciones de inclusiones y exclusiones para operar, en relación con la interacción de los sistemas políticos, sociales y económicos. Desde esta aproximación, la incertidumbre y el riesgo pueden ser considerados como factores centrales para el estudio de las operaciones criminales en espacios estratégicos para desarrollar sus procesos de sustracción de recursos, más o menos violentos.

Tamaulipas: el caso de un fenómeno criminal organizado y variable

En el caso de Tamaulipas, los tiempos de cooptación espacial y autoorganización de lógicas delictivas han sufrido variaciones específicas en los últimos años, lo cual permite analizar las diversas acciones que las distintas organizaciones criminales han implementado, de la mano de sus formas de organización variable y los niveles de uso de violencia o cooptación en los espacios de operación. Es evidente que actualmente la forma en la cual operan y se organizan estos grupos no corresponde a las formas operativas ni logísticas de hace quince o treinta años y, a su vez, sus recursos para generar desestabilización y controles territoriales también se han modificado. El reto de este trabajo es que busca, a partir de una postura reflexiva -observación de observaciones-, como se señaló anteriormente, analizar desde una aproximación de historia sistémica cómo estos agentes distinguen y construyen -en vinculación con su entorno- sus relaciones de reciprocidad o irritabilidad con el campo político y económico y, en este sentido, estudiar cómo habilitan sus “formas” de interacción, a partir de la gestión de sus logísticas delictivas en espacios de interés para llevarlas a cabo.

Así, una aproximación a los espacios logísticos delictivos, desde hace trece años, permitirá estudiar cómo se han modificado las estructuras de las organizaciones delictivas, sus transformaciones vinculantes con otros agentes políticos o criminales, las relaciones de cooptación, contubernio y control, y las afectaciones directas o indirectas a la sociedad civil. Por otra parte, es necesario delimitar los posibles factores para que estas modificaciones se hayan podido llevar a cabo. La realidad en el estado de Tamaulipas ha sufrido cambios paulatinos en sus contextos violentos. Gráfico 1. Durante el año 2010 los niveles de violencia colocaban a la entidad entre los primeros tres lugares de homicidios a nivel nacional, con una alta densidad en sus niveles de violencia.15

Gráfico 1. Histórico de homicidios en Tamaulipas 

Pero el comportamiento criminal, a su vez, ha mostrado modificaciones. Desde finales de la década de los noventa y hasta 2009, los niveles de violencia en la entidad eran relativamente bajos.16 Según las actas presentadas ante ministerio público en el período 2010-2021, el comportamiento de las dinámicas criminales a partir del ejercicio de prácticas violentas muestra cambios en la entidad. En este sentido, los niveles históricos de homicidios se han registrado principalmente en los municipios de Reynosa, Matamoros, Miguel Alemán y Ciudad Victoria. Por otra parte, las logísticas criminales espaciales y sus formas de organización en el mismo período se vieron alteradas a partir de dos factores: la incursión de una estrategia militarizada de seguridad en el estado, que se enfocó en la desarticulación de liderazgos en organizaciones históricas en la entidad y, por otra parte, la rearticulación de grupos delictivos, que optaron por una transformación de sus operaciones logísticas a partir de una configuración con perfil militar, en donde el objetivo de confrontación y extracción de recursos se volcó contra la sociedad civil en distintas zonas de la entidad (Aguayo et al., 2016).

Es importante recordar, desde un análisis sociohistórico, que la operación criminal en la entidad desde finales de los años ochenta se gestionaba en la órbita de un grupo criminal (Flores Pérez, 2013, p. 23). Una de las primeras contracturas se dio con los cambios de liderazgo a partir de la captura de Juan García Ábrego y, a finales de los años noventa, con la incursión del Grupo Aerodinámico de Fuerzas Especiales (GAFFE), que dio nacimiento a otra organización delictiva con corte militar bajo el mando de Osiel Cárdenas Guillén.17 Durante la década del 2000 y hasta 2009, los contrapesos en el sistema político comenzaron un proceso de reconfiguración que fue dando paso a controles territoriales criminales específicamente enfocados en las rutas de tráfico de sustancias ilegales y migración en el estado. Estos cambios se dieron paulatinamente, pero ¿cómo explicar las nuevas dinámicas de los agentes criminales en el estado, más violentas e inestables?, ¿cómo analizar las reconfiguraciones espaciales y sus lógicas de operación en la entidad?

Si se observan estas reconfiguraciones desde una historia sistémica, se puede aludir que los cambios en las rutas de trasiego de sustancias ilegales a nivel internacional sufrieron modificaciones importantes a finales de los años noventa. En este sentido, el tráfico de cocaína y heroína provenientes de Colombia utilizaba ocho puertos para llegar a Estados Unidos y Europa. Posteriormente, la incursión de los Estados Unidos y sus campañas para combatir el tráfico de estupefacientes alteraron las rutas tradicionales de tráfico, transformando los puertos del Golfo como destino de entrada y, entre ellos, los puertos de Tampico y Altamira (Fazio, 2007). Para finales de la década de los noventa, la operación y trasiego de sustancias ilegales se hacía por medio de transportes de carga de empresas fachada, lo cual requería implícitamente redes de complicidad del campo político, empresarial y de seguridad, a nivel local, estatal y federal, lo cual mantenía una suerte de organización operativa delictiva enfocada en la oferta y la demanda de estupefacientes principalmente y un contubernio entre las esferas política y empresarial, de la mano de la protección provista por los campos de seguridad (Fazio, 2007).18 Para la década del 2000, nuevas posibilidades económicas se incorporaron a las actividades delictivas. Rutas de trasiego de sustancias ilegales se mantuvieron, pero con nuevas posibilidades y conexiones, bajo los esquemas históricos de contubernio, tanto en vinculaciones con la esfera política como con la criminal.19

Pero, más allá de hacer una historia de la reconfiguración de redes criminales, interesa analizar qué tipo de actividades económicas y logísticas delictivas se implementaron y transformaron, a partir de las relaciones sistémicas -política y económica-, entre la década del 2000 hasta la fecha, de la mano de las estrategias y tácticas criminales para llevarlas a cabo. Así, es posible observar que la reconfiguración de grupos delictivos en la entidad y sus espacios de operación no responde exclusivamente a conflictos de dimensión jerárquica, sino a una transformación de la lógica de mercado y de acceso a tomar riesgos en la oferta y la demanda del tráfico de sustancias ilegales, junto a estrategias de control territorial y cooptación institucional, la intervención de tácticas de combate a la criminalidad diseñadas por el Estado y la reproducción de la violencia ejercida contra la población civil.

Entre los años 2009-2011, la entidad sufrió una vinculación de actividades y presencia criminal, que utilizó como táctica la violencia de corte militar, donde las operaciones delictivas y las reconfiguraciones de grupos criminales tomaron posesión de espacios logísticos para el desarrollo de sus negocios ilegales (Secretaría de la Defensa Nacional, 2010a).20 Esto se puede analizar, a la par de un incremento y reproducción de una violencia sistémica, a partir del aumento del número de homicidios a nivel nacional y estatal, como se vio anteriormente. Así, la violencia como recurso de control por parte de las organizaciones delictivas contra la población civil y agentes de la esfera política y de seguridad, permitió una articulación de logísticas criminales que posibilitaron el desarrollo de nuevos modelos económicos a las organizaciones de la delincuencia organizada extractivos y predatorios. En este sentido, a partir de 2010 las relaciones criminalidad-institución se modificaron. Los enfrentamientos entre las fuerzas federales y los grupos delictivos se volvieron una constante en distintas zonas del estado.21 Diversos ataques contra las bases militares se suscitaron en distintos puntos de la entidad durante ese período (El Economista, 2010). Con atentados contra las fuerzas federales, a su vez, las operaciones criminales se dirigieron a agentes políticos, lo cual trastocó los límites de contención de las organizaciones delictivas y generó nuevas modalidades de cooptación de recursos económicos (Cattan, 2010).22

En el caso de Tamaulipas se puede observar un comportamiento similar. Las relaciones entre la esfera política y de seguridad produjeron nuevos vínculos y redes de complicidad con la criminalidad, que mantuvieron durante la década de los noventa y hasta 2009 lógicas de contubernio para continuar con los negocios ilegales, entre los cuales destacaba primordialmente el tráfico de sustancias ilegales (Expansión, 2017). En este escenario, la violencia contra la población civil y la esfera política se mantenía en niveles de peligrosidad relativamente bajos. A partir de las rupturas de reciprocidad -inclusiones, exclusiones- de grupos delictivos en 2009 y hasta 2019, las modificaciones de lógica mercantil, auspiciadas por la oferta y la demanda en los mercados estadounidenses, y la incursión en espacios de interés vital delictivo comenzaron a generar procesos de desestabilización mediante el uso sistemático de la violencia contra las esferas políticas, de seguridad y la sociedad civil (INEGI, Reporte histórico de homicidios en Tamaulipas, 1990-2021).

Durante el período comprendido entre 2010 y 2019, la recurrencia de eventos violentos se volvió una constante en distintas zonas de la entidad. De igual manera, las operaciones delictivas de los grupos criminales desarrollaron esquemas y lógicas operativas en las que los niveles de violencia sufrieron variaciones, principalmente aquellos enfocados contra la población civil. Los negocios ilegales durante el período trazado mostraron una recurrencia en el aumento de los niveles de secuestro, extorsión y desaparición forzada en distintas localidades de la entidad, con acciones pandilleriles en las que grupos criminales comenzaban a cobrar derecho de piso a otras bandas delictivas por operar y, a su vez, también a miembros de la sociedad civil. Para 2014, la entidad habría rebasado la media nacional en casos de secuestro (Arrona-Palacios et al., 2011, pp. 70-74)23 y extorsión, situación que prevaleció hasta finales de 2018 (Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, Recuento histórico de casos de secuestro, Tamaulipas 2015-2022).24

Crímenes y modalidades variables

La dimensión de las operaciones criminales en el Estado, a partir de un análisis de observación de segundo orden de los últimos 22 años, puede arrojar algunas pistas para estudiar las dimensiones y modificaciones en torno de los niveles de cooptación institucional a partir de la interpenetración con el sistema político, pero, a su vez, también las alteraciones que el propio sistema económico, que desarrollaron inestabilidad en las dinámicas delictivas para satisfacer mercados negros con diversas demandas, de la mano de las estrategias de intervención de contención de delincuencia por parte del estado y la federación. Lo anterior implica el uso de la fuerza y las complicidades articuladas entre instituciones y esquemas de seguridad mediante redes de contubernio para consolidar los controles de rutas de tráfico y apoyos de base social en los espacios de interés. Así, en la entidad, las lógicas operativas económicas y los usos de violencia de los grupos delictivos no han sido los mismos en su dimensión económica, política y social, ni tampoco sus recursos para desarrollarlas, como se ha visto hasta ahora. ¿De qué depende que las organizaciones delictivas sean más o menos violentas? ¿Las lógicas económicas para ganar oportunidades en los mercados negros influyen en los vínculos que construyen con los campos políticos, de seguridad o con la sociedad civil? ¿Las estrategias de Estado para contener la criminalidad pueden volverse factores vitales para acrecentar o disminuir las tácticas de violencia de las organizaciones delictivas? ¿Qué papel han desempeñado las fuerzas armadas en el territorio desde su incursión?

En la entidad, las configuraciones de redes -entre la esfera política, económica y de seguridad- y el comportamiento criminal pueden dar algunas claves para contemplar cómo las organizaciones delictivas utilizan o no el recurso de la violencia en sus zonas de interés y a partir de qué situaciones la lógica económica de actividades ilegales se privilegia.25 En este sentido, en los momentos de mayor confrontación y “escisión” de los grupos criminales en el estado, entre 2009 y 2018, los niveles de violencia, los ataques y el amedrentamiento contra la población civil se volvieron la táctica operativa de los grupos delictivos, donde la incursión de las fuerzas federales fue necesaria. Pero a partir de los últimos tres años, entre 2019 y 2021, se produjo un descenso significativo tanto en los niveles de homicidios como en los de secuestros, contradictoriamente con el aumento de flujos migratorios ilegales y desapariciones en la entidad.26 Esto colocó a la entidad como una de las más seguras del país para el año 2021. ¿Qué se modificó? ¿La estrategia de seguridad por parte del Estado produjo una reconfiguración en las lógicas delictivas y afectó las operaciones a nivel local de los grupos criminales? Para el año 2019 el número de organizaciones delictivas que operaban en la zona era el mismo que se había configurado desde finales de 2014, con sus transformaciones internas (Dalby, 2021). A su vez, la presencia de fuerzas federales en la entidad mantenía su apoyo y coordinación en seis bases, ubicadas en Reynosa, Nuevo Laredo, Matamoros, Victoria, Tampico y Madero.27 En el estado se inició un proceso para desarrollar policías confiables para apoyar en tareas de seguridad ciudadana, que no termina de concretarse (Gobierno del Estado de Tamaulipas, 2021).28

Para finales del año 2018 se pueden trazar cambios en las dinámicas y logísticas delictivas, de la mano del comportamiento criminal en algunas zonas de la entidad. Por una parte, las rutas de tráfico de migrantes comenzaron a sufrir alteraciones y redes logísticas criminales aparecieron, a partir de dinámicas que involucraban a nuevos agentes. Como ejemplo de esto se pueden estudiar la apertura de rutas de tráfico de migrantes que del 2019 al 2022 se reportaron por parte de las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado. En este sentido, las diez rutas se configuran desde los vínculos de la zona sur-centro de la entidad y posibilitan diez caminos distintos para llegar a la frontera chica del estado. En este sentido, el tráfico migratorio se vuelve un negocio relevante, que implica ganancias recurrentes a las organizaciones delictivas que operan en el estado, pero no solo eso, internamente, estas actividades generaron redes operativas de complicidad que se han detectado en los últimos tres años (Reséndiz, 2022).29

Por otra parte, el tráfico de fentanilo en el estado tuvo un aumento considerable, lo cual pudo haber incrementado nuevos intereses económicos ilegales para las organizaciones delictivas. Así, la producción de fentanilo se ha vuelto atractiva para los agentes criminales, debido a su bajo costo -en laboratorios- y a que no depende de ciclos naturales, como es el caso de la cocaína. El tráfico de fentanilo ha tenido un desarrollo considerable en el país, donde organizaciones delictivas han logrado distribuir dicho narcótico mediante redes sociales, aprovechando las nuevas condiciones estratégicas que la actualidad les ofrece. De conformidad con estas novedades en los mercados de la oferta y la demanda, las reglas de transformación y operación entre las organizaciones criminales y la sociedad se transforman, proponiendo variaciones no siempre positivas para la interpenetración con otros sistemas (Deleuze, 2016, pp. 28-32). En este sentido, la aparición de nuevos precursores químicos y tecnologías de comunicación necesariamente altera las lógicas operativas delictivas y, a su vez, sus mecanismos para competir en los mercados de la oferta y la demanda, al amparo, de ser necesario, de nuevas redes de complicidad (Castañeda, 2021).30 En el caso de Tamaulipas, la producción y el tráfico de fentanilo fueron detectados por las instituciones de seguridad a finales de 2018 y principios de 2019. El producto provenía de Culiacán, Sinaloa, vía San Luis Potosí, con destino a Matamoros, Tamaulipas. A su vez, en 2019 se localizaron cargamentos que contenían este precursor por el puerto de Altamira, Tamaulipas (El Sol de San Luis, 2019). A partir de 2019, Reynosa, Tamaulipas, fue señalado por las autoridades americanas como el centro de distribución de este precursor químico en la entidad (Expreso, 2019).31 Así, las variaciones y transformaciones de las organizaciones criminales, de conformidad con la oferta y la demanda, generan nuevas formas de articular tácticas para competir en los negocios de tráfico ilegal de sustancias, para lo cual requieren de nuevos presupuestos operativos: armamento, tácticas violentas y esquemas de cooptación de instituciones para habilitar oportunidades que les permitan competir en la incursión de nuevas prestaciones económicas delictivas (Gómez, 2021).32

Como lo hemos propuesto a partir de un análisis de reflexión sistémica en esta aproximación de segundo orden, las trasformaciones logísticas y operativas de las organizaciones delictivas atienden a factores que alteran sus propias condiciones de posibilidad organizativa: soportes materiales, mercados, instituciones y valoraciones sociales sobre consumo y estrategias de contención en el ámbito de la seguridad. De este modo, no solo se trata de meras voluntades independientes que deciden juntarse a delinquir, sino de todo un entramado que se organiza, transforma y reconfigura relacionalmente con otros subsistemas y reacciona frente a su entorno. Como lo refiere Luhmann (2015), en la construcción de sistemas sociales debemos recurrir a los procesos evolutivos, donde las estructuras sistémicas tienen funciones centrales en cuanto combinan sus “propiedades” de la mano de su génesis de sistemas complejos que ofrecen, así, posibilidades operativas infinitas que pueden ser utilizadas selectivamente, de ahí que estas condiciones sean satisfechas por los sistemas interactivos, que a partir de sus procesos de interpenetración pueden ser estructurados, sin ser necesariamente determinados, lo cual se socializa en la percepción común sobre necesidades a satisfacer social o asocialmente que la sociedad autoorganiza (Luhmann, 2015, pp. 46-47).

Conclusiones

Este análisis de segundo orden buscó trazar una radiografía en torno a la organización y reconfiguración del fenómeno criminal en el estado de Tamaulipas y los efectos que se producen en las localidades. En este sentido, se privilegiaron las lógicas operativas delictivas y sus marcos de acción, a partir de sus esquemas de cooptación territorial y operaciones económicas delictivas. Así, a través de una aproximación sociohistórica y una reflexión sistémica se pueden estudiar las variaciones -formas- que los grupos criminales implementan, a partir de sus operaciones de inclusión y exclusión en relación con otros sistemas -político, económico, social-, sus reconfiguraciones de estructuras operativas, en vías de generar controles territoriales y ganancias en algunos casos más violentos que otras, privilegiando actividades ilegales, conforme a las reglas de oferta y demanda de los mercados ilícitos, auspiciados por la flexibilidad en los controles políticos y sus mecanismos operativos, que en algunos casos se enfocan contra la población civil y en otros en la dimensión de la extracción económica parasitaria, o en ambos.

Por otra parte, las redes de contubernio entre las esferas económicas, políticas y criminales han sido un elemento de análisis crucial para comprender cómo pueden generar nuevos comportamientos en las lógicas delictivas, de conformidad con los niveles de contención -mediante acuerdos o contrapesos- que los actores políticos logren establecer e imponer en las dinámicas de los grupos criminales. Casos históricos en la entidad lo demuestran desde los años noventa, cuando los niveles de violencia se exacerban y logran ser contenidos, a partir de acuerdos de intervención o de no intervención en las economías ilegales que las lógicas delictivas implementan, aumentando o disminuyendo los niveles de violencia. La historia de la vida política y las redes de contubernio en el estado de Tamaulipas es un ejemplo interesante para estudiar los contrapesos y las alteraciones en las lógicas y los mecanismos de operación criminal, que no han mantenido una constante en su comportamiento.

Nos interesó no solo observar las transacciones entre individuos como miembros de una sociedad, sino también analizar, a partir de las operaciones de inclusión y exclusión -mirada de segundo orden-, que los propios sistemas sociales regulan sus diferencias relacionales con otros subsistemas, así como estudiar los efectos sociales y los problemas estructurales específicos que se desarrollan en una sociedad funcionalmente diferenciada, a partir del fenómeno criminal como irritación (Urteaga, 2010, p. 313) en el sistema social.

En nuestros tiempos, concebimos que

una sociedad funcionalmente diferenciada es capaz de producir y tolerar desigualdades extremas en la distribución de sus bienes, tanto privados como públicos. Pero la semántica de este tipo de sociedad pone a dicho efecto dos restricciones: por un lado, es visto como algo solo temporal y susceptible de modificarse rápidamente, por otro, se considera un fenómeno limitado, a los concretos ámbitos funcionales, entre los cuales se interponen discontinuidades a la interdependencia. (Lumann, 1998, p. 6)

Es así como esta aproximación permite analizar el fenómeno criminal como ruido que altera las relaciones con otros sistemas y, a su vez, desarrolla posibilidades, a partir de reglas de transformación o variación, que contribuyen a desestabilizar los espacios y a producir otros. Por otra parte, desde esta observación de observaciones pudimos estudiar que las relaciones de producción de violencia contra la población civil se atribuye a factores variables, que no necesariamente corresponden a una lógica horizontal, sino a condiciones espaciales, privilegiadas por la inercia de los mercados y las flexibilidades de los sistemas políticos y sociales, lo cual implica que la disminución de los niveles de violencia no signifiquen un estado de mejora paulatina en los espacios de operación, sino una nueva relación espacial reconfigurada a partir de la gestión de las actividades delictivas. Así, estas aproximaciones muestran las variaciones relacionales que el fenómeno criminal ha articulado, desarticulado y reorientado a partir de nuevas condiciones de posibilidad que permiten desarrollar vínculos inestables e inciertos con su entorno.

Estas formas de operación-distinción, que estudiamos desde una observación sociohistórica y socioepistemológica (Mendiola, 2000, p. 205), permiten analizar cómo las actividades delictivas, su cooptación y su gestión en los espacios locales se modificaron con el paso del tiempo y no necesariamente se mantienen estables jerárquicamente. Esto se puede evidenciar a partir de un análisis sobre cómo en la actualidad acciones que pudieran parecernos “incómodas” o “perturbadoras” (Luhmann, 1998, p. 8) quedan como remanentes de viejas prácticas que organizaron a los subsistemas operativos y funcionales entre diferentes campos criminal-políticos o criminal-económicos en su interacción, promoviendo oportunidades para delinquir, a partir de relaciones de reciprocidad y ruptura de estas, en las cuales las operaciones de diferenciación entre estos subsistemas y sistemas y su entorno generaron posibilidades tanto en la esfera legal como ilegal, de oferta y demanda, que condicionaron la disolución de antiguos órdenes relacionales en favor del desarrollo de otros.

La intervención de las variaciones operativas delictivas, a su vez, permite observar si los modelos de seguridad implementados en el estado están teniendo incursión en las formas de redefinir o no las operaciones delictivas, lo cual, a nivel local, puede percibirse. Observar la observación del crimen como irritación permite ver bajo qué factores exógenos o endógenos se reconfigura, dando la oportunidad de hacer autorreflexiones sobre los modelos de seguridad y su efectividad en los espacios de incidencia. Por otra parte, renovar las aproximaciones analíticas y de categorías de estudio al fenómeno criminal puede contribuir a condicionar nuevos paradigmas y formas de problematización para aproximarnos a una comprensión distinta, que implique no aludir a clasificaciones y formas de referir a partir de esquemas jerárquicos y relacionales solamente, sino también a partir de relaciones sistémicas que permitan repensar a partir -no de estratos, sino de funciones diferenciadas- cómo se organiza y opera la criminalidad en entornos que no cesan de transformarse.

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Contribución de autoría Este trabajo fue realizado en su totalidad por Marisol Ochoa Elizondo.

Disponibilidad de datos El conjunto de datos que apoya los resultados de este estudio no se encuentra disponible

Nota: Marisol Ochoa Elizondo: Doctora en Historia. Académica de tiempo completo en el Departamento de Historia de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México.

1 En este sentido, se puede estudiar el caso de la columna armada Pedro J. Méndez en el estado de Tamaulipas, que, desde su aparición a finales del año 2013, ha logrado consolidar controles territoriales locales en los municipios de Hidalgo, Mainero, Villagrán, San Carlos y San Nicolás. Este grupo, denominado a sí mismo “autodefensa”, en los últimos años ha edificado dominio de las zonas en mención. De conformidad con reportes del Centro de Inteligencia del Paso, Texas, esta organización estaría vinculada a organizaciones delictivas del estado —en este caso el grupo denominado Golfo—, para defender la zona de grupos antagónicos como lo son Zeta y Noroeste. En el mismo sentido, las acciones de cooptación en este caso aluden a mecanismos que estos grupos delictivos ejercen sobre territorios o poblaciones para apropiarse, contra su voluntad, de propiedades, materia prima y mano de obra. A su vez, los ejercicios de corrupción para sobornar, convencer y generar colaboración por parte de actores de las esferas públicas y privadas para participar en el entramado criminal pueden estudiarse en el tipo de operaciones de la columna armada Pedro J. Méndez.

2En este trabajo se establece que la “reconfiguración” es una cooptación que tiende a “modificar el régimen al interior del régimen mismo”. A su vez, y para efectos de este escrito, el término “reconfiguración” se utilizará a partir de la aproximación desde la teoría de sistemas de Niklas Luhmann. En este sentido, este término orienta en una distinción frente a la cual el fenómeno criminal genera sus prácticas y resiste para desarrollar controles que, de conformidad con los intereses económicos, de dominación y sujeción, le permiten organizar sus lógicas de control territorial y generar violencias para mantenerlas. La teoría de sistemas es la que habilita a pensar la relación del sistema y su distinción con el entorno, donde los límites que se imponen para hacer dicha distinción son las operaciones realizadas por un observador en su observación. Así, la pertinencia de aplicar la teoría de sistemas en las lógicas operativas delictivas de la criminalidad atiende a observar el fenómeno criminal como un sistema que se reproduce y se distingue de su entorno —económico y jurídico—, el cual lo hace posible. Observar el fenómeno criminal como una herramienta de análisis permitirá estudiar la criminalidad como un sistema, es decir, como un efecto de la sociedad y, al mismo tiempo, aproximarse a sus operaciones y lógicas desde una perspectiva no redundante. Para mayores referencias sobre esta perspectiva se puede consultar el trabajo de Niklas Luhmann (2009, pp. 8 y ss.).

3Es importante considerar que los espacios logísticos habilitados por la criminalidad han generado efectos heterogéneos en el país. Esto permite deducir que las capacidades logísticas criminales para desestabilizar los campos políticos, económicos y sociales dependen del tipo de interpenetración que se dé en las relaciones con las esferas antes mencionadas y sus capacidades de relación en términos de subordinación. Este proceso de interpenetración se mencionará en distintos momentos a lo largo de este trabajo.

4Con acoplamiento estructural nos referimos a las operaciones y distinciones que realizan los sistemas-sistema/entorno, es decir, a los mecanismos que los sistemas detectan de su entorno para seleccionarlos e incluirlos en su propia autopoiesis. En este sentido, el sistema criminal detecta atributos de su entorno —social— mediante comunicaciones que integra en sus operaciones —distinciones—, las cuales pueden ser prácticas económicas —necesidades de la oferta y la demanda— producidas a partir de códigos (legal/ilegal) que permitan generar nuevas formas de identidad en sus diferencias a partir de las funciones y operaciones —selecciones— que el propio sistema/entorno organiza, es decir, a partir de la diferenciación funcional de la sociedad. Así, para la teoría de sistemas sociales, “la persona representa operativamente el acoplamiento estructural entre conciencia y comunicación (…) en este sentido se trata de observar los acoplamientos estructurales entre sistemas psíquicos y económicos, y entre sistemas psíquicos y sociales, nos puede permitir observar las operaciones y analizar las dinámicas de los sistemas sociales” (Torres, 1999, p. 10).

5Con postura reflexiva se hace referencia a la mirada de segundo orden, es decir, a cómo se ve lo que se ve y no otra cosa. Así, la intención es analizar cómo se produce el conocimiento a partir de la autobservación y la autodescripción. Esta forma de aproximarnos al fenómeno criminal, considerándolo un subsistema funcional operativo, implica que nos interesa estudiar sus formas comunicativas o su sistema de interacciones mediadas simbólicamente, es decir, su sociabilidad, donde el crimen es un tipo de comunicación particular que opera en la sociedad.

6Desde una aproximación sistémica se parte de observaciones y distinciones que la sociedad realiza. En este sentido, los sistemas son producto de sus distinciones-observaciones en relación con el entorno. Así, el sistema es en sí mismo una condición de posibilidad relacional con el entorno. Aquí podemos pensar, en un primer momento, que toda diferenciación social alude en sí misma a la estructuración de comunicación en la dimensión social del sentido.

7Con reconfiguraciones socioespaciales se hace referencia a las transformaciones en su dimensión espacial y a las formas de articulación social que el propio fenómeno criminal, como subsistema, desarrolla en relación con otros sistemas parciales a partir de sus operaciones funcionales diferenciadas.

8Uno de los cambios centrales propuestos por la teoría de sistemas parte de la modificación que se da desde la ontología al funcionalismo, que desplaza así la idea de unidad y se enfoca en las diferencias. De ahí que el plano semántico sea el que permita analizar las operaciones y transformaciones del orden social, que antes se analizaban de manera estratificada y que actualmente es posible observar funcionalmente diferenciadas. Así, la complejidad impone la selección. En este sentido, un sistema complejo surge por selección y otorga cualidad a sus elementos y, por ende, produce relaciones lógicas y oportunidades de realización.

9Para tener referentes más claros sobre los aumentos de niveles de violencia en el caso mexicano durante los últimos años, y específicamente en el caso de Tamaulipas, se pueden consultar los informes de Índice de Paz México (https://www.indicedepazmexico.org). Por otra parte, para tener una perspectiva del número de aumento de homicidios por entidad federativa anual, se sugiere acercarse al registro del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (https://.gob.mx/sesnsp).

10Partimos del año 2006, en donde las organizaciones criminales denominadas del Golfo y recién originado grupo Zeta —proveniente del Grupo Aerodinámico de Fuerzas Especiales—, que rompe con el grupo hegemónico, aparecen en los espacios públicos y comienzan a generar estrategias violentas en el estado de Tamaulipas, en donde la población civil se convierte en un recurso táctico entre sus mecanismos operativos.

11Por espacio operativo propongo una aproximación a los territorios en los cuales las actividades delictivas en manos de organizaciones criminales, grandes y pequeñas, establecen sus operaciones y cooptaciones territoriales de interés. Este término, a su vez, surge de un trabajo de investigación previo (Ochoa Elizondo, 2020, pp. 55 y ss.). En este primer acercamiento a la observación de dinámicas criminales se trabajó sobre el concepto de microterritorio para observar la lógica delictiva territorial y su divergencia con la noción homogénea de la lógica criminal, ya que esta se determina en muchos casos por la viabilidad y el interés que el territorio pueda habilitar para generar cooptaciones territoriales criminales.

12Para reflexionar en torno al fenómeno criminal como sistema es importante considerar que no puede observarse la criminalidad fuera de la sociedad. La criminalidad de la sociedad ayudaría a trazar un análisis más amplio de las variabilidades de las lógicas delictivas y sus capacidades de recodificación territorial.

13Es importante considerar que la performatividad implica el poder hacer o crear cosas. Debido a que el concepto proviene de la lingüística, la intención es referirlo a su uso en operaciones de comunicación, como refiere la autora, así es que esta noción no queda restringida solo a operaciones de lenguaje, sino que puede ser llevada a otros territorios en los que la observación de observaciones —observador de su observador— está implicada y soporta sus consecuencias. Así, la performatividad permite pensar en la incertidumbre e indeterminación, en las cuales los observadores y sus observaciones están implicados en este sitio, donde la obligación para replantearnos, tanto los métodos como las categorías de investigación, es requerida. Para efectos de este trabajo, la performatividad será analizada a partir de cómo el sistema económico tiene la capacidad de transformar el mundo y, por ende, la capacidad de transformar las funciones operativas de los sistemas con los que interactúa, al mismo tiempo de analizar las redes que se constituyen —en este caso en el ámbito de la ilegalidad— para que determinadas logísticas criminales operen considerando la incertidumbre como recurso fundamental de la actividad económica.

14El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (2021) informó que entre 2019 y 2021 las agresiones y asesinatos contra protectores del medioambiente en México se han incrementado. Este informe reportó que durante 2019 se llevaron a cabo 15 asesinatos de ambientalistas y en 2020 la cifra arrojó un acumulado de 18 asesinatos. Para 2021, la cifra aumentó a 25 asesinatos. Las causas, según el reporte de Global Witness (2021), es que México se ha convertido en uno de los lugares más peligrosos del mundo para los defensores ambientales al sumar 154 activistas asesinados en la última década, de los cuales 131 fueron asesinados entre 2017 y 2021. En el mismo reporte se evidencia que las causas parten de las denuncias en torno a los sectores petrolero, minero, maderero y del gas, en los que se ha podido evidenciar el dinero obtenido de forma ilícita a través del sistema financiero internacional que afecta a los estados y a sus localidades en el caso mexicano.

15A partir de la base de datos históricos de homicidios (2000-2021) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se identificó que se registraron en Tamaulipas las siguientes cantidades de casos por año: 2011, 1077; 2012, 1561; 2013, 880; 2014, 913; 2015, 682; 2016, 807; 2017, 1204; 2018, 1437; 2019, 883; 2020, 800; 2021, 739.

16De acuerdo con de la base de datos históricos (2000-2021) del INEGI, entre 2000 y 2009 la tendencia de homicidios se mantuvo entre los 200 y los 395 casos, sin rebasar los 400 homicidios anuales. Durante 2010 surgió el primer pico de eventos, que llegó a los 965 homicidios.

17La aparición de nuevos agentes criminales, de la mano de nuevas dinámicas que se evidencian desde finales de la década de los noventa hasta nuestros días en la entidad, se puede ilustrar del siguiente modo: a finales de los noventa aparece un grupo Zeta, primero operando como protección de miembros de grupo Golfo y posteriormente articulado como sus opositores. El grupo Golfo sufrió rearticulaciones internas, debido a modificaciones de liderazgo y operaciones económicas ilegales, con funciones para proteger a sus miembros y territorios de interés criminal: Metros en Reynosa, Ciclones en Matamoros, Rojos en Camargo y Mier, Escorpiones en Matamoros. Por su parte, la organización Zeta sufrió transformaciones y reconfiguraciones que terminaron, a la fecha, en dos grupos articulados: Zeta Vieja Escuela y Grupo del Noreste (Dalby, 2021).

18Las relaciones y los vínculos entre los sistemas político, criminal y de seguridad han estado en constante transacción en la historia moderna y reciente de México. Las formas de organización entre estos sistemas y subsistemas han reorientado sus lógicas operativas en relación directa con la oferta y la demanda, de la mano de las oportunidades y los riesgos que las mismas interacciones les permiten desarrollar.

19Las rutas de trasiego de sustancias ilegales de 2000 a 2018 fueron generando nuevos esquemas operativos, que se vincularon con las rutas para el tráfico de armas, combustible y migración. La disputa por los controles territoriales y regionales, a su vez, desarrolló nuevos mecanismos de cooptación territorial en la entidad y, con ello, disputas por parte de los grupos criminales. A finales de los noventa, las rutas de trasiego de sustancias ilegales por vía marítima utilizaban el puerto de Tampico. A partir de 2010, el puerto de Altamira comenzó a ser el punto de interacción para tráfico de sustancias ilegales. Esto influyó en la reorganización de bandas delictivas que controlaban los puntos de entrada de enervantes para distribuirlos hacia la frontera chica. Para 2010, el interés por desarrollar nuevas rutas de trasiego de sustancias ilegales se hizo evidente, de ahí que cuatro rutas de conformidad, según información de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), se crearan para que los insumos llegaran a los Estados Unidos: la ruta Golfo, que proviene de Guatemala y se vincula con México, cruza por Campeche y Tabasco y llega hasta Veracruz y se vincula por Tamaulipas con su punto de entrada que es Tampico y desde este punto, se transita hasta la frontera chica; La ruta Pacífico, que inicia su vínculo por Chiapas hasta llegar a Jalisco, con destino final en Nogales y Tijuana; la ruta Centro, desde Ciudad de México y el sur de Veracruz, pasando por Zacatecas, se integra a la ruta del Golfo y se fusiona por la zona sur de Tamaulipas (Milenio Digital, 2020).

20Es interesante estudiar las intervenciones de las fuerzas armadas en operaciones para contener la violencia en el estado de Tamaulipas. Si bien es cierto que existieron decomisos, a su vez, los enfrentamientos entre grupos de la delincuencia organizada y miembros de las fuerzas federales se hicieron constantes. Estas intervenciones de las fuerzas federales en distintas entidades del país modificaron las relaciones entre las esferas criminales, políticas y económicas, generando esquemas operativos de resistencia asociados a nuevas lógicas de financiamiento para hacer frente a las fuerzas federales. Entre las estrategias de las fuerzas federales, en el marco de la denominada “guerra contra el narcotráfico”, se puede consultar Secretaría de la Defensa Nacional (2010b). Es importante considerar que es a partir del año 2009 que la proliferación de grupos delictivos cobra relevancia en el estado de Tamaulipas. Dichas organizaciones no corresponden a los perfiles históricos y familiares que se habían mantenido en la entidad históricamente. Las nuevas organizaciones eran más volátiles e inestables en sus operaciones y logísticas delictivas. Sus liderazgos eran de corta duración y no lograban mantener los controles espaciales ni los acuerdos políticos.

21Para mayores referencias se puede consultar información sobre la Operación Noreste, que comprendió una operación conjunta entre los estados de Tamaulipas y Nuevo León, y abarcó a los estados de San Luis Potosí y Coahuila (SEDENA, 2010c).

22Entre 2010 y 2013 los secuestros y las desapariciones de personas se volvieron recurrentes como táctica operativa por parte de los grupos criminales para condicionar sus controles territoriales.

23De conformidad con los datos del sistema de cómputo de la Procuraduría del Estado de Tamaulipas, durante 1997 y hasta 2014 se habían cometido en el estado aproximadamente 729 secuestros; en 2005, 9 secuestros; en 2006, 16; en 2007, 17; en 2008, 21; en 2009, 27; en 2010, 20; en 2011, 73; en 2012, 93; en 2013, 211; en 2014, 62. Si se hace una comparación, desde 1997 a 2014 Tamaulipas acumuló 729 casos de secuestro, lo que la coloca como una de las entidades más peligrosas del país.

24En 2015 se reportaron 230 secuestros; en 2016, 150; en 2017, 140; en 2018, 109; en 2019, 31; en 2020, 21; y en 2022, 10. Hay que destacar que respecto a este delito existe una cifra negra que no es reportada, debido a la falta de denuncias.

25Para finales del año 2021 y principios de 2022, Tamaulipas se posicionó entre los once estados más seguros del país. Esto de conformidad con los informes de Índice de Paz México 2022. Por otra parte, la ciudad de Tampico, Tamaulipas, se posicionó como la segunda más segura del país. A su vez, en 2015, el estado ocupaba el lugar número 27 por sus altos niveles de inseguridad (Mexico Peace Index 2005-Reporte en español).

26Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDO), durante el sexenio del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca se registraron 6750 desapariciones, de las cuales 2150 eran mujeres, es decir, un 32,5%. Esta comparación se da frente al gobierno de Eugenio Hernández Flores, en el período más complejo en temas de violencia en la entidad, en el cual se registraron 5439 personas, de las cuales 1647 eran mujeres. En este sentido, la desaparición de mujeres aumentó de conformidad a dicho registro aproximadamente 278,89%. Ahora bien, el sexenio con mayor número de desapariciones se registra en el gobierno del exgobernador Egidio Torre Cantú, cuando se registraron 7972 casos, de los cuales 2672 fueron mujeres.

27La desestabilización de los niveles de violencia y presencia criminal en las localidades se ha modificado, atendiendo a las lógicas de economías ilegales que los grupos criminales estructuran como bases operativas delictivas, en consonancia con sus intereses económicos ilegales. Así, la zona sur del estado de Tamaulipas sufrió afectaciones en sus economías ilegales entre 2008 y 2016, y posteriormente la presencia criminal modificó sus operaciones, que como resultado tuvieron menos impacto y afectación en la población civil. Por el contrario, las zonas del centro y noreste del estado han mantenido una constante presencia criminal, debido a las rutas de tráfico de sustancias ilegales, migración y robo de combustible, provocando que los municipios desde Ciudad Victoria, San Fernando y hasta la frontera chica sean áreas de alta densidad y actividad criminal. Para entender el comportamiento criminal local se recomienda una aproximación al Observatorio Ciudadano de Tamaulipas, disponible en el Observatorio Nacional Ciudadano.

28El gobierno en tres años conformó un estado de fuerza de 4204 policías. Por otra parte, fueron creados el Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) y el Grupo de Coordinación para la Construcción de la Paz, conformado por Ejército, Marina, Fiscalía General del Estado, Policía Estatal, Centro Nacional de Inteligencia y Fiscalía General de la República.. Por otra parte, Tamaulipas es el estado de la frontera con el mayor despliegue de miembros de la Guardia Nacional y el noveno a nivel nacional, con aproximadamente 4121 agentes enfocados en tareas de migración y robo de combustible. Este total es dirigido por cinco mandos de corte militar, dos son administradores de los puertos de Tampico y Altamira y otro es jefe de la delegación de la zona sur en la entidad a cargo de la Policía Estatal. Para mayores referencias se recomienda consultar García (2022). Por otra parte, en la entidad existen dos zonas militares y seis destacamentos. El 5 de octubre de 2022 arribaron a la entidad 400 elementos para coadyuvar en tareas de seguridad, de los cuales 200 se instalaron en la zona sur de la entidad.

29La lucha por el control de rutas de los grupos criminales ha generado que se desarrollen los riesgos migratorios, como fue el caso de la muerte de 19 migrantes asesinados por grupos criminales en la frontera norte del estado, aparentemente por un ajuste de cuentas entre bandas delictivas.

30Entre las aplicaciones más recurrentes para la oferta y la demanda de estas drogas sintéticas, se identificaron las siguientes: Snapshot, TikTok, Facebook, Instagram y YouTube. Por otra parte, según un reporte elaborado por el Centro Nacional de Estadísticas de Salud de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (citado en Castañeda, 2021), la denominada “epidemia de opiáceos” es la más dañina de la historia, con un acumulado entre abril de 2020 a abril de 2021 de aproximadamente 100.000 personas fallecidas por sobredosis.

31Uno de los recursos de transporte es el servicio postal de México-Estados Unidos.

32El tráfico de armas en la entidad la ha posicionado como una de las más prolíficas para este fenómeno. Entre 2000 y 2019, se decomisaron aproximadamente 35.355 armas en la entidad, dándole el primer lugar, seguida de Michoacán y Sinaloa. Lo anterior, según el reporte Percepción sobre el tráfico de armas y la violencia comunitaria en México, elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados (2023).

Nota: Aprobado por Paola Mascheroni (editora responsable)

Recibido: 13 de Abril de 2023; Aprobado: 27 de Mayo de 2023

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