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Este artículo analiza las representaciones sociales de la vivienda social y la innovación desarrollada por los residentes en procesos de apropiación, para abordar la discusión sobre los alcances y límites de la política habitacional en Perú. Se explora este escenario en dos ciudades intermedias: Arequipa y Piura, localizadas en un medio socioeconómico, físico y urbano con características diversas. El actual programa de vivienda social Techo Propio (TP), creado en 2002, otorga en provincias la mayor parte del subsidio Bono Familiar Habitacional: 94,7%, cuya distribución se concentra en la costa norte y sierra (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2020). Se estudia del mencionado programa la modalidad Adquisición de Vivienda Nueva (TP-AVN), que entrega módulos de 36 m2, en un área de lote promedio de 54 m2, y los núcleos básicos en Urbanizaciones Populares de Interés Social (UPIS) de la Empresa Nacional de Edificaciones (ENACE), adjudicados en la década de 1980, que son de 45 m2, en un área de lote promedio de 105 m2. Ambos programas otorgan viviendas ampliables.
En el sistema urbano peruano, Arequipa ocupa el segundo lugar, después de Lima Metropolitana, con una población de 1.080.635 habitantes, y se destaca como centro urbano de la región sierra-sur; Piura ocupa el sexto lugar, con 799.321 habitantes, y es una ciudad representativa de la región costa-norte. En estas ciudades, durante el período 2007-2017, la población se incrementó por encima de la tasa de Lima Metropolitana, de 1,2%. Tanto en Arequipa como en Piura la población creció 2,3% y constituyen ciudades capitales de región de notable expansión urbana (Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2018). Ambas ciudades intermedias son interesantes observatorios urbanos para analizar:
i) las representaciones sociales y las prácticas de adaptación del entorno construido por los habitantes en los proyectos de vivienda social;
ii) el potencial que tiene la innovación social para las políticas de vivienda que se orientan a desarrollar barrios inclusivos y sostenibles dirigidos a sectores sociales de bajos recursos.
Cuadro 1: Crecimiento poblacional de las principales ciudades capitales de región en Perú, 2007-2017
Fuente: INEI (2018).
En general, los habitantes de una vivienda la modifican para adaptarla a sus necesidades; cuando esto ocurre en la vivienda formal (por ejemplo, en la vivienda social ampliable), se inicia la adaptación al ser ocupada (Cubillos, 2006). Las políticas urbanas tienen un rol central en la discusión acerca de sus efectos en las necesidades de habitabilidad y de construcción social del hábitat. Al respecto, nos preguntamos: ¿cuáles son las dinámicas de lo urbano popular que la política urbana ignora?; ¿por qué los habitantes de la vivienda social cambian el hábitat que ocupan?; ¿contribuyen las políticas urbanas a revertir la segregación socioespacial y la inequidad en el acceso a los servicios urbanos? Para argumentar sobre esta problemática identificaremos las estrategias de los actores sociales en la producción del espacio popular, frente a las limitaciones de la política habitacional. Se muestra la capacidad innovadora de la gente, que, en la acción de habitar, interviene el medio construido.
Este artículo tiene la siguiente estructura: en primer lugar, se hace una revisión de la política habitacional en Perú en el contexto latinoamericano. Luego se analiza el entorno urbano de la vivienda social y el perfil socioeconómico de los residentes. A continuación, se reflexiona sobre las representaciones sociales y las prácticas de apropiación de los habitantes concernientes a la vivienda, el barrio y el medio urbano. Se estudian las estrategias que desarrollan para mejorar las condiciones de vida, en particular la innovación social en la vivienda y los espacios colectivos. Se concluye con la presentación de algunas reflexiones finales.
Metodología
Desde el enfoque cualitativo, se analizan e interpretan las representaciones sociales y las prácticas de innovación social relacionadas con la vivienda de interés social y se procesa la información recogida mediante:
a) Una encuesta semiestructurada que permite conocer el perfil sociodemográfico de los ocupantes de la vivienda, las características de las viviendas, el entorno del barrio y las percepciones acerca de la vivienda que revelan actitudes y comportamientos. Durante el trabajo de campo realizado en 2017, considerando un universo de 1.828 viviendas en Piura, se encuestó una muestra representativa de 70 residentes de la Urbanización Sol de Piura (TP) y de la UPIS Ignacio Merino. En Arequipa, sobre un universo de 3.620 viviendas, se aplicó la encuesta a 72 residentes en el Proyecto Monte Verde (TP) y en la UPIS Dean Valdivia (ver figura 1).
b) Entrevistas en profundidad que exploran trayectorias sociales y residenciales de los habitantes, destacando la llegada al barrio y la transformación progresiva de la casa (Ward, Jiménez y Di Virgilio, 2014). Se elaboró un registro etnográfico de los recorridos por los espacios públicos y las visitas a las viviendas.
c) Documentos públicos e investigaciones relativos a la vivienda de interés social.
Tomando en cuenta el contexto sociocultural y urbano, se analiza la transformación de la vivienda social y la gestión colectiva de los espacios públicos, interpretando la información recopilada en la encuesta, los documentos y el discurso contenido en los testimonios que revelan las vivencias de las habitantes en los barrios mencionados.
La política de vivienda social en Perú: 1980-2000
En la década de 1980, la política habitacional peruana construye las UPIS, en el marco de la política desarrollista que consolida la intervención estatal en la provisión de la vivienda social. Se asume la participación del usuario en la construcción incremental de los núcleos básicos de las UPIS, que son adquiridos a través de créditos hipotecarios de la banca estatal. A partir de 1990, se aplica la política económica neoliberal y el Estado deja de planificar y ejecutar los proyectos de vivienda social. Las empresas constructoras desarrollan estos proyectos y la banca privada gestiona los créditos para acceder a los módulos de TP (2002), orientados a sectores de bajos ingresos que reciben el subsidio estatal (Cámara Peruana de la Construcción, 2011).
El debate sobre la vivienda ampliable considera dos enfoques centrales, uno referido a la apropiación de la vivienda y el otro a los efectos de la penetración del sector privado en las soluciones para familias de bajos recursos en el marco de políticas neoliberales (Mathéy, 2017). La apropiación muestra la capacidad de los residentes de introducir en lo planificado sus propias aspiraciones y cualidades topológicas para lograr un espacio social articulado (Boudon, 1971). Esto puede ser interpretado como la utopía del habitar y la vida autodeterminada o simplemente como una solución de emergencia (Harms, 1983). Esta última visión prevalece en América Latina. La política habitacional debe entender a la vivienda como un satisfactor social, pero la influencia neoliberal en la gestión pública convierte a los beneficiarios en clientes del mercado habitacional.
La vivienda social del Estado neoliberal latinoamericano constituye, según Hidalgo et al. (2017), un dispositivo de control social, porque incorpora a los propietarios al pago de impuestos y la demanda creciente de servicios, en un contexto marcado por la asociación público-privada en la reproducción de la renta del suelo y la disputa entre los sectores vulnerables para acceder a los subsidios.
Un estudio comparativo de Imilan, Olivera y Beswick (2016) sobre el impacto socioespacial de la política habitacional neoliberal en las ciudades de México, Santiago de Chile y Londres argumenta que la crisis global de la vivienda presenta elementos específicos en cada país, como efecto de las políticas neoliberales y la mercantilización de la vivienda. El sector público de la vivienda en los países latinoamericanos, según Magri (2013), con ciertos matices entre países, se define por su carácter sistémico, porque los gobiernos nacionales asumen la responsabilidad de proveer bienes colectivos como estrategia de competitividad de la política pública en relación con el contexto global.
Diversos estudios en América Latina (Salinas, 2016; Fique, 2008) sostienen que la elevación del precio del suelo es un obstáculo para el desarrollo de las políticas de vivienda. En Perú, la situación de la vivienda se complejiza por la gran fragmentación del mercado inmobiliario, donde coexisten los sectores formal e informal, el tráfico ilegal de tierras y los alquileres legales e informales (Calderón, 2015; Seminario y Ruiz, 2008).
En el marco del crecimiento sostenido de la economía peruana, la pobreza monetaria en el año 2019 se reduce a 20,2% y como secuela de la pandemia por COVID-19 se incrementa a 30,1% (INEI, 2021). Perú es uno de los países más desiguales de América Latina, con un coeficiente de Gini de alrededor de 0,5 (Yamada, Castro y Oviedo, 2016). La adquisición de una vivienda formal es inaccesible para el 55% de la población. La mayoría de las familias peruanas podrían pagar menos de 70.000 soles por una vivienda, pero la mayor parte de las opciones disponibles en el mercado superan los 100.000 soles2 (Banco Mundial, 2016). La autoconstrucción de la vivienda informal es la principal alternativa de los sectores empobrecidos. Existen diversas investigaciones acerca de esta experiencia, mientras que son pocos los estudios sobre las adaptaciones de la vivienda ampliable. En las últimas dos décadas las ocho ciudades principales del Perú han triplicado su población y aproximadamente dos tercios de los nuevos asentamientos urbanos son resultado de la autoconstrucción (Turner, 2018). El impacto de los programas de vivienda social es restringido y no logra atender el déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda.
El entorno urbano de la vivienda de interés social y sus residentes
Los barrios de vivienda social presentan contextos urbanos diferentes. En Arequipa, los barrios TP y UPIS se encuentran en un espacio que mezcla lo rural y lo urbano. Se congregan en el distrito de Cayma y presentan un crecimiento limitado, porque se localizan en un territorio accidentado de la sierra sur, atravesado por torrenteras3 (Municipalidad de Cayma, 2015). En Piura, los proyectos de TP se sitúan en el distrito periférico Veintiséis de Octubre, en una planicie costera que es zona de expansión urbana hacia el norte de la ciudad, y la UPIS en un borde del área central de la ciudad (ver figura 2).
En ambas ciudades, las UPIS, dada su mayor antigüedad, presentan una imagen urbana consolidada. Fueron construidas entre 1984-1990, mientras que los barrios de TP surgieron entre 2004 y 2012 y se encuentran en plena transformación. Al respecto, nos interesa conocer quiénes son los habitantes de los barrios de vivienda social. Para identificarlos se analizan sus rasgos socioeconómicos y culturales.
La mayoría de los jefes y las jefas de familia laboran en oficios independientes del sector informal urbano, son subempleados. Los reducidos niveles de ingresos revelan un problema estructural del mercado laboral peruano. En el año 2019, a nivel nacional, 72,7% de la población económicamente activa (PEA) ocupada trabajaba en actividades informales. En la región Arequipa, la PEA ocupada informal era de 66%; en la región Piura representaba el 78%. El impacto del COVID-19 ha incrementado el empleo informal a 75,3% en Perú, tendencia que se reproduce en las regiones (INEI, 2020).
La diferenciación social en los barrios comprende grupos de clase media baja que coexisten con sectores populares empobrecidos. Se desarrollan estrategias en la construcción social del hábitat, a través de prácticas de apropiación y uso del espacio que es intervenido de distintas formas a partir de diferencias socioeconómicas, culturales y de ubicación socioespacial (Duhau y Giglia, 2008). La mayoría de las personas se trasladan desde zonas degradadas del centro de la ciudad y de las barriadas, conviven pobladores nativos e inmigrantes procedentes de ciudades pequeñas y pueblos campesinos de las regiones de Arequipa y Piura. Los habitantes de los barrios de vivienda social comparten experiencias previas de exclusión socioterritorial. La vivienda es un activo decisivo que contribuye a reducir su vulnerabilidad y un bien esencial para la reproducción social que acumulan a lo largo de su trayectoria vital.
Representaciones sociales y prácticas de los habitantes en relación con la vivienda, el barrio y el entorno urbano
Interpretamos las representaciones sociales contenidas en los relatos urbanos para indagar sobre las construcciones simbólicas del espacio, que se materializan en prácticas sociales. Según Moscovici (1979), las representaciones sociales son una forma de conocimiento compartido socialmente y se considera su naturaleza individual y psicológica. Surgen en un contexto de intercambios cotidianos de pensamientos y acciones sociales entre los agentes de un grupo social. Como señala Bourdieu (2007), el espacio social está vinculado a los habitus de los agentes, que abarcan dos dimensiones: la objetiva (estructura) y la subjetiva (percepción, clasificación, evaluación), es decir, se reproducen en las representaciones sociales y en las prácticas desplegadas por ellos. Ambos autores contribuyen a la comprensión de las representaciones sociales sobre la vivienda, desde una perspectiva integral de la habitabilidad urbana, que abarca los imaginarios y las prácticas sociales.
Si bien en Latinoamérica los estudios socioculturales y de etnografía urbana sobre el hábitat residencial consideran los complejos procesos culturales que lo imaginan, crean e innovan (Imilan, 2017), existen pocas investigaciones en las ciencias sociales que vinculen representaciones y vivienda. Entre ellas, el trabajo de Morillo (2011) analiza las representaciones sociales de la vivienda urbana indígena en Venezuela y Navas (2016) estudia las representaciones sociales sobre la vivienda en asentamientos precarios de El Salvador.
La vivienda: el significado otorgado por los residentes
Concebimos la vivienda como resultado de la intervención público-privada para solucionar el déficit habitacional y, a la vez, gestionada por sus habitantes. Entendemos, según Kemeny (1992), la vivienda como un hecho social a través del concepto de residencia, que relaciona la estructura social con la realidad de habitar una vivienda.
Para dilucidar el proceso de adaptación-ampliación de las viviendas según los requerimientos de los habitantes, recuperamos la perspectiva de Ortiz (2015), quien diferencia la vivienda como producto terminado y como proceso. El primer tipo carece de flexibilidad para adaptarse a las posibilidades de las familias y cuando es destinado a sectores de bajos ingresos, corresponde al concepto de vivienda mínima. El segundo tipo reconoce la práctica social de las personas de acuerdo con sus recursos y necesidades; si está bien diseñada, es más flexible para adaptarse a largo plazo a la dinámica familiar y concuerda con el concepto de vivienda incremental y progresiva.
En Perú, a pesar de la diversidad geográfica y sociocultural, el modelo de vivienda de la política habitacional es homogéneo y constituye una solución estandarizada que desconoce las formas particulares de habitar la ciudad. Precisamente, este estudio analiza cómo la inventiva popular enfrenta este desafío y convierte dicho modelo en una vivienda en proceso, mostrando la innovación social de los residentes para solucionar problemas constructivos, debido a que reciben una vivienda ampliable, aunque técnicamente no es viable porque tienen que invertir en el reforzamiento estructural para realizar ampliaciones. Las empresas inmobiliarias diseñan y construyen las viviendas sin considerar los rasgos socioculturales vinculados al patrimonio individual o familiar. Los residentes establecen relaciones afectivas con las viviendas, como testimonia uno de ellos: “Conseguir tener mi casa es un logro personal y familiar que demanda mucho esfuerzo y sacrificio” (Francisco, 54 años, barrio TP).
En los barrios analizados, que fueron planificados como áreas residenciales monofuncionales y luego adaptados por los residentes, se puede identificar dos tipos de apropiación:
i) en las unidades de vivienda y
ii) en el espacio público (Caldas, 2016).
Se realizan intervenciones habitacionales para acoger a la familia extensa o para generar renta a través del alquiler de habitaciones, la instalación de una bodega o un taller de servicios. El ingreso generado es particularmente importante para las mujeres jefas de hogar. Una de ellas, del barrio TP de Piura, declara: “Yo me mantengo de lo que gano de esta bodega en mi casa, pago agua, luz y lo que necesitan mis dos niños que van al colegio” (Luisa, 28 años, barrio TP). Asimismo, los residentes mantienen en los espacios públicos áreas verdes entre la vereda y la vía vehicular, construyen mobiliario en los parques, instalan tranqueras y casetas en las calles para garantizar la seguridad ciudadana. Esta lógica de apropiación de lo construido crea un tejido urbano informal que se mezcla con el proyecto basado en decisiones formales y funcionales.
Los habitantes de las UPIS que recibieron núcleos básicos coinciden en sus testimonios en que el diseño tenía cierta flexibilidad y un área que facilitaba la ampliación. Uno de ellos declara que en el proceso de adaptación de su vivienda había logrado ampliarla de 45m2 a más de 100m2, mientras que los residentes de los barrios de TP consideran que los módulos entregados como vivienda ampliable tienen un diseño rígido, el área es muy pequeña (36 m2) y presentan una baja calidad estructural, lo que dificulta las ampliaciones (ver figura 3). Las representaciones sociales sobre los espacios públicos, como los parques, son positivas en la UPIS de Arequipa, donde los habitantes han incorporado infraestructura recreativa para mejorar el mobiliario urbano. En el barrio TP de Arequipa se percibe la carencia de parques como un aspecto que afecta la calidad de vida. En Piura, en los casos de UPIS y TP los residentes solo recibieron un terreno, pero se encargaron de construir los parques y, al respecto, comparten en sus representaciones el logro de brindar a la comunidad un espacio público.
La vivienda es un escenario de socialización, no es solamente una estructura espacial. Aun cuando presenta deficiencias en su diseño y construcción, hacer realidad el ideal de la casa propia tiene especial valoración en los imaginarios compartidos, como declara una vecina:
Para conseguir mi casa he trabajado bastante y renunciado a muchas cosas, (…) porque el módulo que recibimos no era suficiente para acomodar a la familia, con el tiempo hemos hecho cambios, lo importante es que ahora tengo mi casa. (Esther, 40 años, barrio TP)
En las construcciones simbólicas de los residentes, ser propietario de una vivienda no solo tiene un valor material, es también un símbolo de progreso, sobre todo si la comparan con las viviendas precarias del centro de la ciudad o de las barriadas donde habitaron anteriormente. Con el entorno no ocurre lo mismo: se critica su localización en la periferia urbana, que dificulta el acceso a servicios urbanos y encarece el costo del transporte. Se trata de una relación compleja de los habitantes con el territorio, que está ligada a la imposibilidad de acceder a otra vivienda, dados sus escasos recursos. Acceder a una vivienda de interés social contribuye al arraigo en un determinado lugar.
Si bien los lazos comunitarios en los sectores populares urbanos son afectados por el individualismo que la influencia neoliberal refuerza en el contexto global (Calderón y Vega-Centeno, 2016), en los barrios de vivienda social, ante la ausencia del Estado, se observan estrategias individuales y colectivas para cubrir carencias. Esta experiencia de los sectores populares en Perú (Lobo, 1984; Adams y Golte, 1990; Degregori, Blondet y Lynch, 2014) evidencia cómo el ingenio popular aprovecha limitados recursos para acondicionar progresivamente la vivienda a los requerimientos de las familias, quienes mejoran también espacios colectivos. Esta capacidad de agencia convierte al sujeto en actor social y gestor de su propia vida, aprovechando los beneficios sociales también para el colectivo.
El barrio y su entorno urbano como escenario de sociabilidad
Según Turner (2018), para comprender el significado de la vivienda no podemos limitarnos al objeto en sí, sino considerar las relaciones de las personas con el entorno habitacional. Contextualizar las unidades de vivienda en el entorno urbano permite revelar la vinculación entre la vivienda, el barrio y la ciudad que conforman la calidad del hábitat. El barrio es una parte de la ciudad con rasgos propios, escenario de relaciones sociales que en la sociedad global son transformadas en su dimensión espacial por las tecnologías de la información y la comunicación. La visión tradicional de la comunidad urbana sustentada en relaciones cara a cara es cuestionada por la emergencia de comunidades urbanas que perduran sin cercanía física permanente, conectadas a través de redes virtuales (Castells, 2006). En los barrios estudiados, los encuentros presenciales son importantes, aunque de manera variada y fragmentada. Los vecinos se congregan en el parque para las asambleas de las juntas vecinales, la convocatoria y los acuerdos son difundidos por medios virtuales, y así la experiencia real y la virtual se complementan como formas de sociabilidad. Los vínculos comunitarios son más laxos y, a la vez, los barrios de vivienda social son un espacio de representación simbólica que genera un sentido de pertenencia, aun cuando cierta interacción social se despliega fuera, en otros lugares de la ciudad o del mundo.
Se modifica la morfología de lo construido a través de las reformas realizadas por los residentes para amoldar el lugar a sus necesidades y modos de habitar, produciendo tensiones en las dinámicas de apropiación del espacio urbano. Como sostiene Harvey:
El derecho a la ciudad no es simplemente el derecho de acceso a lo que ya existe, sino el derecho a cambiarlo a partir de nuestros anhelos más profundos. Necesitamos estar seguros de que podremos vivir con nuestras creaciones (un problema para cualquier planificador, arquitecto o pensador utópico). (2008, p. 1)
Para dilucidar la política habitacional plasmada en los barrios estudiados recuperamos el concepto de hábitat (vivienda más entorno más sostenibilidad) de la Nueva Agenda Urbana, que, desde una perspectiva holística, considera el derecho a una vivienda digna no solamente como el derecho al refugio, sino con la inclusión de atributos del hábitat de carácter colectivo como: adecuada localización para evitar riesgos físicos, ambientales, acceso a servicios públicos, equipamiento urbano, espacios verdes y de recreación. Esto implica una planeación urbana a la vanguardia del desarrollo urbano sostenible (ONU-Hábitat, 2016).
En un país pluricultural como el Perú se soslayan los rasgos socioeconómicos y culturales de los habitantes, así como sus expectativas en relación con la vivienda. En el entorno urbano de estos conjuntos habitacionales son escasos el equipamiento y los espacios públicos para la interacción social. En el imaginario colectivo, ocupar el bien inmueble significa el inicio de la apropiación de la obra construida.
Por su localización, la segregación socioespacial es más evidente en el caso de los proyectos TP en Arequipa. En Piura, el barrio de TP colinda con asentamientos informales afectados por la pobreza y la exclusión social, y con urbanizaciones mesocráticas. Su entorno urbano presenta un cambio acelerado impulsado por el mercado inmobiliario que construye viviendas para la clase media. Al diversificarse los sectores socioeconómicos que habitan el lugar, se atenúa la segregación socioespacial, porque se desarrollan estrategias de integración con el resto de la ciudad. El barrio TP en Piura se encuentra en una zona no inundable que es apropiada para desarrollar proyectos inmobiliarios, dada la recurrencia del fenómeno de El Niño en la costa norte peruana (Instituto Nacional de Defensa Civil-OEA, 2009). Los dos barrios de vivienda social en Arequipa y la UPIS en Piura se localizan en zonas de alto riesgo de inundación, en suelo barato debido a las complicaciones ambientales.
En el acontecer cotidiano de los barrios estudiados se valoran las juntas vecinales; los vecinos reconocen que la participación ciudadana facilita los proyectos comunitarios y fortalece la cohesión social. En Piura, la organización vecinal del barrio TP contribuye a la seguridad ciudadana, brindando un servicio de vigilancia financiado por los vecinos. Estas prácticas revelan el aporte del capital social, basado en relaciones de confianza y normas orientadas al beneficio mutuo, para lograr condiciones adecuadas de habitabilidad (Putnam, 1993).
En una sociedad diversa y con brechas de desigualdad profundas es notorio cómo en los patrones de concepción de la vivienda, el entorno y las relaciones vecinales se expresan los códigos culturales. En Arequipa, ciudad ubicada en la sierra sur, la cosmovisión andina caracterizada por la ayuda mutua se recrea en la ciudad y constituye un recurso que aporta a la acción colectiva. En Piura, ciudad de la costa, los pobladores comparten también vínculos comunitarios, reflejados en la gestión de los espacios colectivos para mejorar la calidad de vida. Al recorrer las calles de estos barrios y visitar sus casas, se observa cómo se gestiona la escasez de recursos en el marco de una coexistencia social que favorece la acción de los residentes, que dejan su huella en la configuración urbana en constante transformación. La heterogeneidad de la morfología construida evidencia los cambios en el uso del espacio a través del tiempo.
Las prácticas de innovación social de los residentes
La innovación social alcanza especial importancia en contextos de vulnerabilidad (Moulaert et al., 2005; Tello-Rozas, 2016). Es relevante evaluar sus limitaciones y ventajas para desarrollar políticas habitacionales que institucionalicen prácticas socialmente innovadoras. El tejido urbano informal construido por la gente en los barrios de vivienda social requiere el interés de las políticas públicas para lograr condiciones adecuadas. Es resultado del esfuerzo de las familias y de otros actores que participan en la construcción: maestros de obra y albañiles, experiencia que denominamos innovación social y es entendida como la capacidad creativa de los residentes para adecuar el medio construido a necesidades concretas y a patrones socioculturales. Según Hernández-Ascanio, Tirado-Valencia y Ariza-Montes: “el estudio de la innovación social presta atención a los valores, sistemas de creencias y prácticas sociales que se ponen en juego a la hora de diseñar e implementar acciones de innovación social” (2008, p. 1).
Al indagar sobre esta iniciativa, se perciben entre las partes (propietarios y maestros de obra) acuerdos económicos basados en relaciones amicales y de parentesco. Existe un potencial para catalizar el capital social e impulsar redes sociales informales que difunden prácticas y técnicas orientadas a favorecer la innovación social. Este recurso puede facilitar el desarrollo económico urbano de los barrios, al propiciar el encuentro de iniciativas creativas y emprendedoras para resolver problemas vinculados a la calidad de vida. Para darles sostenibilidad a estas prácticas ciudadanas, la política pública puede cumplir un rol importante, porque el resultado no es siempre óptimo y los problemas de funcionalidad pueden resolverse con asistencia técnica incorporada en los programas de vivienda social.
El encuentro del conocimiento técnico-científico con el saber popular genera complejas relaciones culturales, que redimensionan el diseño urbano y arquitectónico original en función de los intereses de las familias. Las prácticas constructivas del conocimiento local se superponen a las racionalidades arquitectónicas, dando paso a la vivienda en proceso, que incorpora elementos que el diseño técnico omitió, para adaptar las edificaciones al medio físico natural, así como a los deseos e idiosincrasia de sus ocupantes. Esta situación demanda vincular la propuesta técnica de las empresas constructoras con la innovación social de los habitantes, que asumen costos adicionales para mejorar la vivienda que otorga la política habitacional. En Arequipa, se instalan paneles solares en las casas, lo que evidencia un potencial para el planeamiento de barrios sostenibles de vivienda social. En Piura, se incorporan elementos de sombra en las viviendas para protegerlas de las altas temperaturas y las fuertes lluvias; el área diseñada para garaje se convierte en una terraza construida con materiales de la zona, para bajar la sensación térmica. La gente ha desarrollado un modelo local de acondicionamiento climático: la casa sombrero, fruto de la inventiva popular, que tiene una cobertura metálica sobre la superficie construida, la que atempera la vivienda y la guarece de las lluvias del verano, tipo de vivienda que, con el apoyo técnico de la política pública, podría consolidarse como vivienda sostenible. Figura 4.
El proceso de innovación puede ser indefinido en el tiempo y depende de los recursos económicos, el crecimiento de las familias y sus aspiraciones. El conocimiento empírico rescata las tecnologías convencionales y genera soluciones constructivas. Lo construido por los residentes tiene un efecto positivo en el sentido de pertenencia y en la integración a la comunidad. A partir del modo de habitar las personas, familias y organizaciones vecinales se apropian del medio construido, aspecto clave a considerar en la concepción de las edificaciones en los barrios de vivienda social. La iniciativa popular tiene limitaciones, se enfrenta con los intereses del Estado y del mercado en la gestión de la producción del hábitat, y surgen contradicciones entre la racionalidad técnica formal y la racionalidad popular en la recreación del espacio urbano.
La cultura innovadora en los barrios de vivienda social debe llamar la atención de diseñadores, empresas constructoras y Estado, para que la política urbana renueve la concepción del urbanismo y valore la dimensión sociocultural expresada en el significado otorgado por los habitantes a la innovación que realizan. Como señala Lefebvre:
Los urbanistas (…) creen dominar el espacio y únicamente ejecutan (…). Esta estrategia oprime al “usuario”, al “participante” o al simple “habitante”. Se le reduce no sólo a la función de habitar (a la habitación como habitar) sino también a la función de comprador de espacio que realiza la plusvalía. (1983, p. 159)
Los testimonios recogidos valoran la oportunidad de ampliar y mejorar la casa “de a poco con el paso del tiempo”, “de acuerdo a nuestra necesidad y gusto”. Se destaca la preferencia por la vivienda unifamiliar asentada en un terreno y se expresa un vínculo ancestral con la tierra, en una sociedad de tradición andina. Esta visión es justificada también con un criterio pragmático: “Una casa independiente tiene mayores posibilidades para las ampliaciones y redistribución de los ambientes” (Miguel, 32 años, barrio TP). En el espacio privado de la casa se despliegan relaciones de parentesco, de género, económicas y religiosas, entre otras, que constituyen, según Augé (2000), un lugar antropológico que confiere sentido a aquellos que lo habitan. Al ingresar a las viviendas, se observan los roles en el espacio doméstico, las relaciones de género, los recintos con símbolos de la religiosidad popular y, en la puerta de entrada, la sábila para proteger el hogar de maleficios, ya que cohabitan referentes religiosos con creencias de la cultura tradicional. En este espacio cotidiano resalta el rol de la mujer, en algunos casos como jefa de hogar y activa participante en el proceso de reforma de la vivienda. Lo señalado da sentido a un modo de habitar, la casa no es solo un objeto construido, sino que muestra la inventiva que la gente plasma en el uso del espacio, a la vez que es imaginario que ayuda a comprender cómo viven y sienten la ciudad los residentes de los barrios de vivienda social. Esta experiencia transcurre en el escenario de una sociedad globalizada y entendemos que concibe el lugar no solo como el espacio de la vida real, sino también como espacio virtual en el cual los actores sociales interactúan a través de los flujos informáticos, dentro y fuera del espacio local.
Reflexiones finales
Como ocurre a nivel global, en Perú la política habitacional neoliberal privatiza el acceso a la vivienda. El hábitat y, en particular, la vivienda, se mercantilizan, el sector privado produce en serie viviendas de interés social, y ninguno de ellos se constituye en un satisfactor adecuado como lugar de residencia. La localización de la vivienda social en la periferia urbana de las ciudades intermedias agudiza las desigualdades socioeconómicas de los sectores de bajos recursos, beneficiarios de la política habitacional.
El tipo de vivienda adjudicado es homogéneo, diseñado y construido en distintas ciudades del país sin considerar las características del medio físico natural ni la diversidad sociocultural de la población. Se ignoran los desafíos del cambio climático, distintos en cada región. Los residentes, para adecuar el modelo de vivienda estandarizado y el entorno a sus modos de habitar, desarrollan estrategias de adaptación-apropiación de la vivienda y los espacios colectivos, y reflejan así su capacidad de innovación. Las viviendas son modificadas, a pesar de los problemas técnicos que obstaculizan su adecuación. El costo adicional asumido por los habitantes encarece el acceso a la vivienda.
El análisis de las representaciones sociales y las prácticas de los residentes en los barrios de vivienda social aproxima a la experiencia cotidiana. Los imaginarios compartidos por los habitantes expresan la carga simbólica del lugar, así como la demanda por mejorar las condiciones de habitabilidad. Esta perspectiva sociocultural puede contribuir a orientar las políticas habitacionales.
Se han identificado distintas prácticas de apropiación y valoración del espacio que parten de la experiencia de habitar en estos barrios y de relacionarse con el resto de la ciudad. Existen representaciones diferenciadas entre los residentes de los barrios UPIS y TP que inciden en el diseño y área de las viviendas, como aspectos que facilitan o dificultan el proceso de adaptación. Las UPIS y el barrio TP en Piura cuentan con espacios públicos que propician la identificación con el lugar. En Arequipa, el barrio TP no dispone de espacios para el encuentro ciudadano que contribuyan a consolidar el sentido de pertenencia, lo que acentúa la marginación urbana.
Si bien la vivienda social tiene un valor de uso central, cumple a la vez un rol fundamental en la reproducción social de las familias, porque las ampliaciones realizadas constituyen en muchos casos un activo que genera ingresos. Las redes familiares y amicales, que son parte del capital social de los residentes de estos barrios, no solo han contribuido a la integración social, sino también a crear un sentimiento de arraigo que es muy importante para la identidad del barrio.
En el contexto global, la sociabilidad entre los habitantes de los barrios estudiados es influenciada por el individualismo y no está exenta de conflictos; sin embargo, existen relaciones de confianza que se recrean en el espacio compartido y son el punto de convergencia ante la ausencia del Estado, para tratar de resolver las carencias en la vida urbana.
