Introducción

El crecimiento exponencial de la pandemia del coronavirus conocido como SARS-CoV-2 (por su sigla en inglés),¹ surgido en diciembre de 2019, en Wuhan, China, ocasionó que el número de contagiados en el mundo, hasta mediados de mayo de 2021, rondara los 165 millones de personas y se contabilizan 3.400.000 pérdidas humanas. Aunque la pandemia comenzó como una crisis de salud, velozmente se cristalizó en una crisis socioeconómica, humanitaria y política que exhibió las limitaciones de los países de primer mundo para enfrentarla y agudizó la debilidad de las naciones subdesarrolladas.

En el caso de América Latina, al llegar la pandemia a principios de 2020, los gobiernos de la mayoría de los países ya enfrentaban severas crisis económico-políticas, debido al desmantelamiento del Estado, la privatización de las empresas estatales y el endeudamiento de las economías nacionales, que derivaron en una amplio oleaje de movilizaciones sociales contra la precariedad generalizada y la incapacidad de los gobiernos para garantizar la seguridad social, situación que empeoró a partir de que el número de infectados por COVID-19 superó en el primer trimestre de 2021 los 15 millones y un millón de fallecidos, que representan el 23,5% de los fallecidos a nivel mundial. La paralización de la economía como medida para detener los contagios ha quebrantado las economías y se calcula que por lo menos 30 millones de personas entrarán a la línea de pobreza, en tanto que los desempleados se incrementarán en más de 44 millones, y, debido a la caída en la productividad, será hasta 2023 cuando se retornará al nivel de crecimiento que se tenían en 2019, en la antesala de la crisis (^{Acuña, 2020}).

Previamente, durante todo 2019 y principios de 2020, una oleada de protestas emergía en el continente, generalmente motivadas por la crisis del modelo neoliberal, la desconfianza en las instituciones estatales y la corrupción de las élites políticas. Al expandirse la pandemia, muchas de estas manifestaciones entraron en pausa, mientras que unas pocas pudieron mantenerse activas enarbolando sus causas y demandas con la misma fuerza (^{BBC, 2020}). En Chile, el alza al transporte propuesta por el gobierno piñeirista ocasionó que miles de personas salieran a las calles para exigir un alto a la desigualdad social y el cumplimiento de derechos básicos como la salud y la educación. No obstante el decreto de toque de queda y la represión que lo acompañó, la manifestación obligó a que el gobierno diera marcha atrás a la medida y el 25 de octubre de 2020, mayoritariamente, los chilenos votaran a favor de una nueva Constitución, con lo cual se derogaba la constitución pinochetista y se abría una nueva etapa democrática en el país andino (^{Anfossi, 2020}).

Bolivia fue otra de las naciones convulsionadas después del golpe de Estado perpetrado el 10 de noviembre de 2019, cuando se obligó a la salida de Evo Morales del país y se constituyó un gobierno de facto que duró once meses. No obstante, en las elecciones posteriores el Movimiento al Socialismo volvió a tomar el poder, con Luis Arce, con lo cual se diluyeron las acusaciones de fraude en las elecciones anteriores, que habían servido de argumento golpista para asaltar el poder. Perú, por su parte, enfrentó agitaciones sociales por la estela de corrupción histórica de sus gobiernos, ocasionando que en tan solo nueve días tuvieran tres presidentes interinos: Martín Vizcarra, Manuel Merino y Francisco Sagasti, designado el 17 de noviembre de 2020. Amplias movilizaciones sacudieron también varias ciudades de Colombia a finales de 2019 y principios de 2020, convocadas por el Comité Nacional del Paro para protestar contra las políticas económicas, sociales, ambientales y la corrupción en el gobierno del presidente Iván Duque, el manejo que le habría dado el gobierno a los acuerdos de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), el homicidio de líderes sociales (campesinos, indígenas y reinsertados exguerrilleros), a lo que se unió el repudio contra la represión y muerte de un hombre a manos de la policía cuando protestaba. Algo similar sucedió en Guatemala cuando el congreso intentó aprobar el presupuesto para 2020, enfilado a un mayor endeudamiento y menos inversión (lo cual limitaba los programas sociales). El mal manejo de la pandemia y el malestar acumulado por la corrupción dieron origen a una intempestiva manifestación el 21 de noviembre de ese mismo año, que culminó con el incendio del Congreso en la capital y la renuncia del presidente Alejandro Giammattei, con lo que se logró revertir y rencauzar la iniciativa (^{Grinberg, 2020}). En todos los casos, las movilizaciones, conformadas mayoritariamente por jóvenes, han sido originadas por la percepción social de la corrupción política, las demandas por la igualdad social, la necesidad generalizada de un alto a la represión, así como el derecho a la libertad de expresión.²

En este contexto de movilización social en tiempos de pandemia, resulta importante analizar cómo resurgieron distintas expresiones de impugnación del movimiento feminista³ en América Latina, que como movimiento progresista oxigenó las ruta de las protestas sociales, cuyas demandas se centraron en cuestionar el modelo de sociedad patriarcal, exigir igualdad y autonomía, alto a la violencia de género, derecho al aborto legal, freno a la violencia sexual y física, al machismo, a la misoginia y al feminicidio. El colectivo feminista Las Tesis, en Chile, convirtió la performance “Un violador en tu camino” en el himno de las manifestaciones en pro de los derechos de las mujeres en varias partes del mundo; otra acción en esta dirección fue la demanda articulada de diversos colectivos feministas en Argentina, que culminó con la aprobación de la Ley de Aborto Legal el 29 de diciembre de 2020, apoyada por el gobierno de Alberto Fernández.

En el caso particular del movimiento feminista en México, se emprendió una nueva etapa de movilización callejera en repudio al incremento de la violencia contra las mujeres en prácticamente toda la geografía nacional, frente a un Estado incapacitado para abordar la violencia estructural. Esto hizo evidente, además, que durante el confinamiento la violencia que experimentan las mujeres se mantuviera en aumento y se expandieran sin control los feminicidios. De ello se deriva que, en 2020, de marzo a noviembre, 2781 mujeres fueron asesinadas, cifra similar a la de 2019, cuando 2895 mujeres fueron ultimadas, lo cual significa que 10 mujeres fueron privadas de la vida diariamente y que 1 de cada 3 es víctima de violencia física o sexual (^{Barragán, 2021}; ^{SESNSP, 2020}).

Cabe destacar que los contenidos del presente artículo contemplan, una vez expuesta la metodología de investigación, un primer apartado donde se analizan las dimensiones del Estado en América Latina. Una segunda sección contempla el manejo político de la información y el contexto material en que el hecho se efectúa en el hemisferio. El artículo continúa con el análisis de la instrumentación política de la COVID-19 en los casos de México y Chile, destacando las particularidades de cada país. El trabajo finaliza con un apartado de reflexiones finales, centrado en el encuadre de la interacción Estado-protesta social con las tipologías de Estado formuladas por las ciencias sociales en Latinoamérica.

Metodología

La situación sociopolítica previa a la pandemia en América Latina presentaba signos de convulsión regional derivados de los distintos tipos de protesta social⁴ en medio de crisis sociopolíticas, que debido al confinamiento por la pandemia fueron postergadas. En medio de las crisis de legitimidad que enfrentaban los gobiernos de la región, la aplicación de medidas disciplinares implementadas por el Estado y sus gobiernos de izquierda, derecha o centro como mecanismo de control biopolítico⁵ se yergue como una nueva coyuntura para la vigorización de las acciones colectivas encaminadas a impugnar todo tipo de dominación y a construir una nueva relación entre el Estado y la sociedad.⁶ Considerando esto, el presente artículo ofrece una reflexión teórica en torno al vínculo Estado-protesta social en México y Chile. La pregunta rectora del trabajo, por tanto, se formula de la siguiente manera: ¿cuáles fueron las dimensiones simbólicas y organizacionales de esta relación de poder y sus efectos en la protesta social? Surge, como hipótesis principal, que esta relación de poder se establece desde distintas dimensiones simbólicas y organizacionales biopolíticas que originan una gran diversidad de estrategias populares como respuesta. En este sentido, los estados en México y Chile emplearon una serie de estrategias biopolíticas de control de la población, fundadas en la instrumentación política de la pandemia. Para ello, se valieron tanto de la construcción de opinión hegemónica desde los medios de comunicación dominantes como del empleo del aparato coercitivo del Estado. Sobre esta base, los grupos subalternos respondieron con estrategias de sobrevivencia combinadas con mecanismos digitales y callejeros de protesta social.

La reflexión teórica sobre este vínculo de poder se apoyará tanto en el debate latinoamericano en torno a la relación Estado y sociedad como en las experiencias políticas de México y Chile. Para alcanzar este objetivo, nos valdremos tanto de los aportes procedimentales de la metodología de estudio de casos (^{Gundermann, 2013}) como del debate politológico en torno a la investigación comparada (^{Nohlen, 2008}; ^{Landman, 2011}). Nuestra idea es considerar a México y Chile como casos ilustrativos que permitan ejemplificar la reflexión teórica propuesta. La ejemplificación se apoyará en información hemerográfica de ambos países. La reflexión se funda en un corpus de textos de prensa digital, integrados tanto por artículos de opinión, como por columnas de noticias presentes en estos medios de comunicación. Se trata de un conjunto de materiales caracterizados por presentar distintos niveles de opinión medial. Debido a que constituyen un objeto de estudio en sí mismo, las fuentes serán analizadas desde la perspectiva crítica sobre la prensa y las representaciones sociales de Jürgen ^{Habermas (2009}) e Irene ^{Vasilachis (2013}). Con base en este enfoque se reflexionará sobre este material, considerando tanto las dimensiones de opinión de las fuentes como la dimensión informativa de estas. De esta manera, dispondremos metodológicamente de una primera aproximación panorámica⁷ al vínculo entre Estado y protesta social en los casos seleccionados.

Discusiones sobre las dimensiones del Estado

La llegada de la pandemia a América Latina ha puesto de relieve la incapacidad de los países para enfrentar los retos que implica, ya que la mayoría de ellos estaban inmersos en problemas económicos y sociales derivados de modelos de desarrollo de corte neoliberal, carentes de políticas y estrategias para renovarse.

De acuerdo con Weber, el Estado ha sido la principal

… asociación de dominación con carácter institucional que ha tratado, con éxito, de monopolizar dentro de un territorio el monopolio de la violencia legítima como medio de dominación y que, con este fin, ha reunido todos los medios materiales en manos de sus dirigentes y ha expropiado a todos los seres humanos que antes disponían de ellos por derecho propio, sustituyéndolos con sus propias jerarquías supremas. (¹⁹⁷⁹, p. 92)

Este carácter omnímodo del Estado le asigna la potestad para mantener el control, ser el generador de bienestar y el encargado de garantizar los derechos a la población. Sin embargo, hay que destacar que en la construcción del Estado también resulta determinante el activismo de grupos opositores al régimen, cuyas acciones contrahegemónicas propician el rediseño del contrato social y permiten la emergencia de nuevas relaciones sociales, tal como ha sucedido en la etapa posdictatorial o de tránsito democrático en América Latina en las últimas tres décadas del siglo XX (^{Domínguez, 2016}). Esto nos lleva a sostener que este proceso depende estrictamente de las características sociohistóricas donde se construye, por lo cual existe una amplia tipología de estas en función del contexto.

En América Latina, la conformación del Estado ha transitado por múltiples facetas que le dan distintas dimensiones, aunque aquí solo nos referiremos a la etapa autoritaria y a la de la transición democrática. La primera tuvo lugar desde la década de los sesenta hasta finales de los ochenta, y se dio mediante el establecimiento de dictaduras militares, configurándose Estados de excepción (^{Agamben, 2006}) con altos niveles de violencia social. La segunda, llevada a cabo en la década de los noventa, configuró un amplio proceso de instauración democrática con interrupciones y regresiones, donde el Estado se asumió como promotor del desarrollo, bajo los basamentos de una cultura autoritaria frente a la cual la democracia fue restringida a un “rol secundario de una ideología subversiva o, en el mejor de los casos, de una legitimación ficticia” (^{Lechner, 1977}, p. 390).

En estos diversos procesos sociales, políticos, económicos y culturales que ha vivido el continente, el Estado tuvo un papel central en el control de la economía y la sociedad (^{Kaplan, 1997}). Sin embargo, a partir de la década de los ochenta y noventa enfrentó múltiples problemas derivados del agotamiento neoliberal, reflejados en el desbalance ocasionado por la concentración de la riqueza y el crecimiento exponencial de la pobreza y la desolación social, así como de las constantes depreciaciones, las devaluaciones, el desempleo y la contracción económica, que exhibieron su fragilidad para responder con eficiencia a las demandas sociales y consolidar su funcionamiento institucional. Esta crisis del Estado abrió la puerta a las denominadas reformas de primera generación, dirigidas a adelgazar el Estado, a adoptar nuevos patrones económicos y su relación con el mercado, a sanear la crisis económica sin reformar las instituciones del Estado, tarea que cumplirían a destiempo las reformas de segunda generación (^{García Chourio, 2003}), cuyo objetivo fue construir un andamiaje institucional que replanteara la nueva dimensión del Estado, sus funciones y competencias tradicionales para enfrentar las nuevas condiciones que generaba el proceso de globalización (^{Rivas y Aranque, 2003}).⁸

La transición democrática de finales de los ochenta se caracterizó por la traslación hacia Estados democráticos, que comprendía dos etapas: por un lado, la liberalización política que daba paso a la alternancia en el poder por la vía electoral y, por otro, el afianzamiento institucional que hiciera efectivo o consolidara el funcionamiento de ese régimen democrático (^{Flores, 2013}, p. 49). Este proceso presentó configuraciones diversas en cada país, derivadas de las complejas condiciones que el contexto sociopolítico regional y global le imprimió. Aunque no se configuró la presencia de Estados fallidos, caracterizados por alcanzar una alta disfuncionalidad que los imposibilita para normar la vida social y preservar el monopolio legítimo de la violencia (^{Zapata, 2014}), no podemos sostener que hemos presenciado la construcción de Estados colapsados, incapaces de suministrar identidad jurídica y seguridad física, que dejaran en manos de entidades políticas privadas algunas de sus funciones (^{Rojas, 2005}), pero sí podemos hablar de la existencia de experiencias de países internamente conflictuados donde se conformaron Estados débiles,⁹ caracterizados por tener funcionalidad media, pues aunque no enfrentan una guerra o conflicto violento interno generalizado, tienen instituciones deficientes en su funcionamiento, pero no se ha llegado a la parálisis del aparato estatal. En estos tres casos subyace una baja estatalidad que manifiesta una limitada capacidad para cumplir funciones jurídicas y regular los altos niveles de impunidad y violencia en territorios completos, tal como sucedió con algunos países de Centroamérica, como Guatemala, El Salvador y Nicaragua, sometidos a guerras civiles o presiones externas que prácticamente colapsaron su andamiaje institucional. En esta debilidad estatal también se inscribe el gobierno de Colombia, que en las décadas de los ochenta y noventa no tuvo capacidad para enfrentar la violencia generada entre los cárteles de la droga y el Estado. Subyace también el caso de México, particularmente de 2006 en adelante, cuando el gobierno de Felipe Calderón les declaró la guerra a los cárteles de la droga, los cuales han logrado controlar territorios completos, han sometido a administraciones locales y han cooptado instituciones judiciales, con lo cual se constituyeron en una suerte de Estado paralelo que funciona en la ilegalidad (^{Rice y Stewart, 2008}).

Esta etapa de transición permitió la redefinición del contrato social, que posibilitó la construcción de nuevas relaciones sociales con una participación activa de la sociedad civil organizada en colectivos y movimientos opositores contra el régimen político autoritario, así como contra el desmantelamiento del Estado de bienestar ocasionado por la puesta en marcha del modelo neoliberal, que en los casos de México y Chile representa dos claros ejemplos de los efectos del proceso privatizador y del debilitamiento estatal. Esta imposición de procesos acelerados de privatización en sectores que antes estaban bajo el control del Estado los convirtió en una representación técnico-administrativa que posibilitó el crecimiento de una economía global corporativa (^{Sassen, 2007}) que “no tuvo por resultado su transformación en aparatos estatales más eficientes, sino que mermó su capacidad para regular distintos aspectos de la convivencia comunitaria que se desarrolla dentro de sus propias fronteras” (^{Flores, 2013}, p. 63).

Si bien es cierto que esta oleada de conflictos internos allanó la construcción de una nueva estatalidad que redefinió el papel de las fuerzas de seguridad estatal y de la sociedad civil en un orden no dictatorial, también propició que muchos Estados no tuvieran la capacidad de enfrentar las convulsiones internas con bases democráticas y que, en muchas ocasiones, recurrieran a la represión social como mecanismo para imponer el orden, tal como ha sucedido en países con gobiernos neoconservadores como los de Chile, Colombia, Perú y México. Esto dio lugar a la configuración de Estados frágiles, ineficaces para cumplir las funciones que la gobernabilidad emergente les demandaba, y en algunos casos tomaron la fisonomía de Estados fracasados (^{Tedesco, 2007}),¹⁰ debido a su notoria incapacidad para instaurar igualdad legal, para combatir los poderes oligárquicos, las prácticas y los valores de una cultura política clientelar y corporativa, para enfrentar con eficacia los altos niveles de corrupción en las estructuras políticas y sociales, y consolidar el equilibrio entre los poderes del Estado.

En este sentido, en la etapa prepandémica, en América Latina ya estaba establecido lo que ^{Rodríguez (2019)} denomina un Estado de malestar, que se construyó a partir del desmantelamiento del Estado benefactor y derivó en la normalización de la ineficacia estatal para gestionar el bienestar social. En una coyuntura de emergencia como la pandémica, el Estado de derecho y particularmente los derechos humanos quedaron en vilo y sujetos a los criterios establecidos por el Estado, que parece nutrirse del conformismo social “que inhabilita la conciencia y paraliza la posible acción colectiva en un estupor que se presenta como responsable” (^{Roitman, 2020}), lo cual permite que la gestión de la vida y la muerte dependa estrictamente de quienes detentan el poder del Estado o están en condiciones de manipularlo.

Esta condición pandémica asemeja una especie de estado de guerra, donde está ausente la prudencia y el poder se ejerce según criterios de excepcionalidad, más allá de los límites democráticos. En tal sentido, el carácter monopólico del Estado le otorga toda la capacidad de decidir sobre los criterios de control biopolítico propios de una sociedad disciplinar (^{Foucault, 2002}),¹¹ con medidas de vigilancia y castigo que subyacen en las políticas de seguridad sanitaria. Esto se debe a que los Estados en el mundo, de manera diferenciada, asumieron todas las prerrogativas de decisión para el manejo estratégico de la información, tales como cerrar las fronteras, confinar a la población, segregar a los individuos contaminados, que propiciaron que la vida privada quedara en manos de las instancias del poder estatal que distingue, clasifica, ordena, encierra y, por lo tanto, sujeta, aísla e inmoviliza (^{Borrillo, 2020}).¹²

Este control estatal que se da mediante el empleo de una narrativa política con base en el saber científico constituye una forma de biopoder o de biologización que se emplea como mecanismo de gobierno. En este sentido, la emergencia sanitaria genera condiciones de excepción que permite a los Estados, en el marco de democracias liberales, suspender libertades fundamentales y obliga a que los gobernados se conviertan en aliados del Estado y se ciñan al orden público sanitario, cuyos casos extremos los encontramos en Brasil o Colombia, donde los gobiernos delegaron la responsabilidad de la coacción a las fuerzas armadas en la contingencia pandémica (^{Salazar, R. 2020}).

El uso de la información

En estas condiciones, los ciudadanos comenzamos además a experimentar una profunda transformación en nuestras formas de vida, donde la tecnología se ha convertido en la herramienta más importante para la subsistencia. El mundo está transitando el ascenso del llamado capitalismo digital, donde

Las grandes inversiones aplicadas a los negocios de las nuevas tecnologías (y) la ampliación significativa de las transformaciones digitales ha forjado cambios estructurales en la infraestructura global de las TIC para allanar el camino para la conectividad móvil y la datación masiva. (^{Salazar, R. 2020}, p. 12)

Estas transformaciones impactarán a futuro gravemente en los modelos de productividad económica, así como en los modelos de control y vigilancia que implementarán los Estados.

El encierro, autoimpuesto por los ciudadanos, por los sistemas de salud, por casi todos los gobiernos del mundo, responde a una realidad asignada por la emergencia sanitaria, eso no se cuestiona, pero también ha abierto importantes oportunidades para estimular los negocios digitales. Vemos, desde hace varias décadas, el ascenso de las redes sociales y de las tecnologías de la información y la comunicación, y bien sabemos que para las nuevas generaciones eso ya no es una novedad. Lo que sí es novedoso es que la cuarentena, si bien ha servido para prevenir los contagios, también ha aumentado la plusvalía de las empresas digitales, “porque (ha transferido) a los trabajadores los gastos de operación de las oficinas corporativas: luz, internet, agua y hasta café. Sin traslados ni salidas nos hacemos más productivos” (^{Salazar, R. 2020}, p. 242).¹³ Aunado a esto, y lo que se torna más preocupante, el encierro “actual nos disciplina para la inmovilidad, para recluir los cuerpos y proyectar nuestros avatares profesionales a través de plataformas digitales, reformulando la percepción del tiempo y el espacio de la globalización” (Estévez, 2020, citado en Salazar, 2020, p. 13), incrementando el control sobre la población mundial y, ante todo, controlando la movilidad personal y colectiva de los ciudadanos.

En estos contextos ha sido inevitable, también, presenciar el ascenso de las fake news. Durante meses, los medios de comunicación han intentado “imponer un relato dominante sobre esta crisis” (^{Ramonet, 2020}, p. 23) y los estragos ocasionados por esa infodemia se tornan cada vez más profundos. El miedo al enemigo invisible generó hondas incertidumbres que los usuarios pretendimos resolver a través de la información que nos brindaban las redes sociales e internet, y así,

el ansia de entender todo lo relacionado con la plaga ha creado las condiciones para una tormenta perfecta de noticias tóxicas. Estas se han propagado con igual o mayor velocidad que el nuevo virus. Montañas de embustes han circulado por las redes sociales. Los sistemas de mensajería móvil se han convertido en verdaderas fábricas continuas de infundios, bulos y engaños. En algunos países, se calcula que el 88% de las personas que acudieron a las redes sociales para informarse sobre el SARS-CoV-2 fueron infectadas por fake news. Es conocido que las noticias falsas se difunden diez veces más rápido que las verdaderas; y que, incluso desmentidas, sobreviven en las redes porque se siguen compartiendo sin ningún control. (^{Ramonet, 2020}, p. 23)

Sin las menores garantías de credibilidad, los usuarios nos volcamos sobre las páginas de internet y las redes sociales, que nos prometen proporcionar información pertinente y de primera mano sobre los contextos mundiales y nacionales de desarrollo y la propagación de la pandemia, lo que torna cada vez más urgente la necesidad de estimular (y generar) habilidades informativas en los usuarios, con las que podamos acceder a información confiable y objetiva sobre nuestra actualidad, sin ser víctimas (ni difusores involuntarios) de las especulaciones sobre la desinformación que circula por la red y que nos ayude, al mismo tiempo, a ejercer libremente nuestro derecho a informarnos y sin distorsiones. Porque no solo hablamos de las fake news, sino también de los modelos implementados por las agencias de información dominantes que moldean a su gusto y conveniencia lo que denominan opinión pública, y que no es otra cosa que la construcción de una idea generalizada (y comúnmente manipulada) que intentan imponer los medios de comunicación convencionales sobre los aconteceres políticos y sociales de la actualidad nacional, que, además,

cumplen una función de apuntalamiento social (…) modelando socialmente a un público que de forma pasiva consume contenidos prediseñados, emitidos en una sola dirección, sobre la que no está en condiciones de poder elegir, modificar o devolver al emisor original. (^{Sádaba y Roig, 2005}, p. 108)

Esto último en ocasiones resulta más peligroso, como instrumento de control y manipulación, que las construcciones de las mismas fake news, ya que se instrumentalizan y legitiman desde las lógicas de control que establece el Estado o según las que rigen al mercado. En ambos casos, el resultado es el entorpecimiento del ejercicio de una participación política activa, real y debidamente informada.

Y mientras navegamos por internet y nos sumergimos en las redes sociales, ya sea con conocimiento de las tecnologías de la información o sin ese conocimiento, sabedores de la presencia de las fake news o sin ese saber, determinados por la dirección de las noticias que los consejos administrativos y de redacción de los medios de información dominantes selección a discreción, “Vivimos aislados, pero nos observan en su conjunto (…) cada paso nuestro es espiado” (^{Salazar, R. 2020}, p. 6). Y no, no hablamos de una reseña de una película de espías y conspiraciones internacionales de Netflix. Byung-Chul ^{Han (2020}), ^{San Miguel y Almeida (2020}), Ignacio ^{Ramonet (2020}), así como distintos intelectuales a lo largo y ancho del planeta han llamado la atención (y con mucha más insistencia durante los últimos meses) sobre las nuevas realidades que experimentará el mundo pospandémico dentro del contexto del ascenso del capitalismo digital y su impacto en la acción colectiva y los organismos de control del Estado.

Si bien, como ha afirmado Byung-Chul ^{Han (2020}), varios de los países de Asia Pacífico (Japón, Corea, China, Vietnam o Taiwán, entre ellos) tuvieron una respuesta inmediata, efectiva y contundente para la contención de la pandemia desde los primeros meses de la presencia del virus (algo que para los países occidentales y de América Latina sigue siendo un inmenso reto, convertido en martirio), es evidente que gran parte de ese control “sanitario”¹⁴ ha levantado serias dudas sobre los usos que se les puede dar a las nuevas tecnologías digitales y la información que atesoran los gobiernos mundiales y sus mecanismos de control sobre los activistas y los movimientos sociales.

Porque tras el telón de fondo florece la antigua sospecha de cuál será el papel que jugará en la pospandemia y los fines para los que será usada la vigilancia digital realizada a través de teléfonos celulares y “cámaras de seguridad en todos los espacios sean públicos o privados, reconocimiento facial, capacidad absoluta de control poblacional, sumisión completa al Estado (o confianza si nos gustan los eufemismos)” (^{San Miguel y Almeida, 2020}, p. 4); porque es una realidad que el uso de los datos para control sanitario ya ha puesto sobre la mesa de discusión la siguiente pregunta: ¿cómo funcionarán estas nuevas tecnologías para controlar a la población, para anticipar la presencia de los movimientos sociales y el activismo político, entre otras formas de control de la población mundial?

En estos contextos de apertura de la información (que incluye la presencia de la biopolítica digital y la formación de corrientes de opinión pública manipulables), de explosión documental (que incluye las múltiples estampidas de información ocasionadas por las fake news) y de aislamiento físico (que durante meses dejó el espacio público vacío), ¿cuál es la perspectiva que les espera a los movimientos sociales? Porque el confinamiento, como explica ^{Salazar, R. (2020}), también ha servido como una herramienta de control y obediencia, y la pregunta es: “cuánto va a durar y para qué lo van a usar” (Salazar, 2020, p. 18). La amplia ola de protestas que el mundo estaba experimentando hasta antes de la pandemia cambió radicalmente con la llegada de la enfermedad, aplacando y apaciguando las movilizaciones que nacían en múltiples ciudades del mundo y que hoy vemos resurgir sin poder pronosticar al cien por ciento cuáles serán las nuevas rutas que han de seguir y las estrategias de comunicación y acción digital que las determinarán.

Ejemplo de ello son las protestas que comenzaron a surgir el 28 de febrero de 2021 en varias ciudades de Argentina, ante el escándalo protagonizado por la denominada “vacunación VIP”, que dejó al descubierto cómo personajes influyentes y cercanas al gobierno lograron acceder a la vacuna de forma anticipada, secreta y, por lo mismo, sin los menores principios de ética e igualdad, que orilló a dimitir al entonces ministro de Salud. Días después, el 5 de marzo, en Paraguay, comenzó a surgir una serie de disturbios ocasionados por las protestas de ciudadanos molestos ante el evidente colapso del sistema sanitario del país sudamericano, que también acarreó la renuncia de varios ministros del gabinete paraguayo. Tres días más tarde, en México, tal como había sucedido en 2020, en el marco del Día Internacional de la Mujer, colectivos feministas se enfrentaron con cuerpos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, dejando un saldo de 81 mujeres heridas (la gran mayoría de ellas policías). El 28 de abril las protestas contra la reforma tributaria impulsada por el presidente Duque, en Colombia, ensangrentaron a esta nación sudamericana.

En tal contexto, resulta pertinente reflexionar sobre la morfología que el Estado en México y Chile asumió en la pandemia para establecerse como poder hegemónico, frente a las causas y demandas de los grupos y movimientos sociales, así como sobre el rumbo que tomaron las nuevas experiencias organizativas en medio del disciplinamiento, donde pareciera que la población se quedó en casa durante meses, sin protestar, callada, ausente, inmovilizada, y el Estado concentró cada vez más el núcleo de poder.

México y Chile, ejemplos de instrumentación política ante la COVID-19

La morfología que toma el Estado ante la protesta social bajo el contexto del COVID-19 se expresa de modo ejemplar en América Latina en casos como México y Chile. Ambos países presentaban una serie de irrupciones sociales hasta fines del año 2019 y principios del 2020, producto de la crisis de legitimidad de los sistemas políticos y de las instituciones sociales que le daban soporte. Ante el desafío político que implicó tanto el marzo feminista en México durante el 2019, como el estallido social de octubre de ese mismo año en Chile, los gobiernos de estos países se encontraron en una difícil situación de gobernabilidad, trabando la posibilidad de una interacción circular Estado-sociedad.

En México, en la década de los noventa y como resultado de la imposición neoliberal, el país experimentó el mayor oleaje de protestas provocadas por el desmantelamiento del Estado benefactor. Las movilizaciones tuvieron como exigencia central la equidad electoral, los derechos y la autonomía de los territorios indígenas, los derechos laborales y políticos, el endeudamiento ocasionado por las altas tasas inflacionarias y la devastación de la seguridad social. Para la década del 2000, en los gobiernos de la transición del Partido Acción Nacional (2000-2012) y, posteriormente, del Partido Revolucionario Institucional (2012-2018), se mantuvieron las demandas del derecho a la educación, al empleo, a la seguridad pública, y emergieron otras, como la búsqueda de las víctimas desaparecidas por la violencia derivada del narcotráfico y el crimen organizado, el rechazo a la agricultura depredadora y el saqueo de recursos naturales por parte de las empresas trasnacionales. La llegada al gobierno de México de Andrés Manuel López Obrador, en 2018, con un respaldo de 30 millones de votos (que representaban el 53% de la votación total en ese momento), despertó esperanzas en una amplia franja de población agobiada por la pobreza y fatigada por la corrupción. Con la expectativa de reconstruir el país y la relación entre el gobierno y los sectores sociales marginados, la nueva administración optó por establecer un Estado centralista y autorreferencial, responsable del bienestar y la justicia social.

Con este fin, el nuevo gobierno puso en marcha “La cuarta transformación” (eslogan empleado para referirse a modificaciones estructurales en la vida pública de México), mediante la cual dice impulsar un cambio de régimen que desplazará al viejo andamiaje neoliberal que había fusionado el poder económico y el poder político en beneficio de un reducido grupo. Esta tarea dice querer recobrar la rectoría del Estado sobre la economía, combatir la corrupción institucional y la impunidad barriendo “de arriba hacia abajo”, mediante la activación de un extenso paquete de políticas sociales que promete distribuir la riqueza en los sectores empobrecidos. Con este fin, el gobierno canalizó una mayúscula inversión a la política social, que ascendió a 2797 millones de pesos, en 2019, a 2797 millones de pesos, en 2020, y a 3317 millones, en 2021, que representa prácticamente la mitad del ejercicio fiscal de los años respectivos (^{Aristegui Noticias, 2021}).

El derrame dirigido al desarrollo social alcanzó a 24,5 millones de personas de sectores abandonados: adultos mayores, jóvenes, campesinos, madres solteras y discapacitados (^{Forbes, 2020}), lo que, asociado al aumento del 15% del salario mínimo, permitió que algunos sectores sociales damnificados en el período neoliberal pudieran paliar, aunque todavía con muchas dificultades, la crisis económica que se yergue sobre el país. Sin embargo, en 2020, el confinamiento de la población y el cierre de la economía por la pandemia de COVID-19 han ocasionado que la economía tenga un declive superior al 8%, provocando que cerca de 10 millones de mexicanos hayan ingresado al círculo de la pobreza y 8,8 millones de alumnos hayan abandonado las aulas, impactando severamente en los propósitos gubernamentales (^{Enciso, 2020}). El derrame económico hacia los más vulnerables ha ocasionado que el gobierno lopezobradorista empiece a enmendar parcialmente la relación gubernamental con esta población ubicada en la base piramidal de la economía y que las inconformidades contra el ejecutivo federal, históricamente provenientes de estos sectores, momentáneamente bajaran de intensidad, aunque se mantienen activos un sinnúmero de conflictos estatales y municipales relacionados con el acceso y los usos de recursos naturales, acaparados por grupos hegemónicos locales y empresas nacionales y trasnacionales, así como el movimiento feminista continuamente cuestionado y veladamente desacreditado por la administración actual.

En este tenor, el mayor reto del gobierno se centra en paliar las secuelas que genera la disputa territorial sostenida entre 19 bandas criminales organizadas y 400 bandas delictivas locales (^{Infobae, 2020}). Frente a esta hegemonía criminal, el gobierno federal permitió que el Ejército mexicano realizará tareas de seguridad pública y, en paralelo, creara la Guardia Nacional, cuya estructura física la conforman 141 cuarteles (de 236 que se proponen construir) y más de 100.000 elementos, el 80% de ellos provenientes de fuerzas militares. Sin embargo, la expansión y operación de los cárteles y la criminalidad no cede, pues en 2019 el número de homicidios dolosos alcanzó la cifra de 37.315 y en 2020 aumentó a 40.863, cifra récord en este rubro.

Esta violencia permanente ha convertido a México en una gran fosa común, pues el gobierno calcula que de 2006 a 2020 se han localizado 3978 fosas clandestinas (de las cuales 1143 fueron localizadas por la actual administración), de donde se han exhumado 6625 cuerpos. Desde 1964, se encuentran desaparecidas 86.663 personas (^{La Jornada, 2021}), lo que ha propiciado que desde 2009 aparecieran un gran número de colectivos integrados por familiares de desaparecidos por la guerra del narcotráfico y la desaparición forzada ejercida por el Estado (^{Villarreal, 2016}). Aunque algunos de ellos actúan de manera independiente, como los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, otros, como el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, que aglutina a 49 colectivos familiares, han mantenido un perfil crítico hacia la administración federal, al mismo tiempo que han colaborado en el establecimiento de mesas de seguimiento (^{Animal Político, 2020}). Aunque estos colectivos dirigen sus exigencias de justicia hacia el Estado, su posición de colaboración y las intermediaciones que el gobierno ha creado para contenerlos a través de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, que permitió crear el Sistema Nacional de Búsqueda y la Comisión Nacional de Búsqueda, cuyo objetivo ha sido agilizar y priorizar la búsqueda de personas desaparecidas en México, los ha mantenido en una posición de colaboración crítica. Sin embargo, la debilidad del Estado para enfrentar las espirales de violencia que multiplican los casos de desaparecidos en toda la geografía nacional, aunada a las trabas burocráticas, merma la legitimidad estatal, incentiva y nutre las causas y demandas de nuevos grupos que reclaman justicia.

En contraste con la ausencia de movilización ciudadana y de una sociedad civil activa que debiera fungir como actor exigente frente al Estado, han surgido expresiones radicales de derecha, tales como el autollamado Frente Nacional AntiAMLO (FRENNA), que representa la inconformidad de un sector reducido de clase media-alta con posiciones ideológicas confesionales. Su demanda irreductible de exigir la renuncia del presidente por el mal manejo de la pandemia, su breve toma del Zócalo de la capital, acompañada de una narrativa anticomunista y anti-Foro de San Pablo, los ha colocado en una posición reduccionista que los aleja de otros sectores antagonistas al gobierno, incluso de derecha, con los cuales podrían conformar un bloque opositor sólido y consistente.

En contraposición, el movimiento feminista se ha mantenido y ha vigorizado sus demandas ante la ola creciente de violencia e impunidad contra las mujeres que aqueja al país. Las movilizaciones del 8 y 9 de marzo de 2020 y 2021 tuvieron resonancia en casi todos los estados del país, donde la muerte de mujeres y los feminicidios van en aumento. Esto se deriva de la falta de respuestas del gobierno lopezobradorista frente a la expansión de este fenómeno, ya que en 2018 se registraron 3663 homicidios de mujeres (891 fueron considerados feminicidios), en 2019 ocurrieron 3874 (1006 fueron considerados feminicidios) y en 2020 sucedieron 3752 (940 fueron considerados feminicidios) (^{Aristegui Noticias, 2020}). A casi la mitad del sexenio, se han registrado 8496 asesinatos contra mujeres, lo que implica que, en promedio, 10 mujeres, son asesinadas diariamente en el país, de cuyas muertes solo 2125 (25,01%) fueron considerados feminicidios (^{Gándara, 2021}).

El aumento de la violencia y la impunidad contra las mujeres ha provocado que el movimiento feminista haya alcanzado un importante protagonismo nacional y propiciado un inmenso debate en torno a la violencia de género y la desigualdad estructural que la sostiene. Este cuestionamiento a la hegemonía patriarcal, que marca las relaciones sociales en todas las esferas de la vida pública, ha trastocado al propio Estado y ha sacudido las estructuras normativas de convivencia. La demanda en sí constituye una oposición contra toda forma de dominio, por ello, el movimiento feminista al impugnar al poder público y los micropoderes que articulan las estructuras de dominación, y al ubicarse como un movimiento fuera de los controles políticos tradicionales del Estado, ha complicado la posición del gobierno y del presidente mexicano para comprender, posicionarse discursivamente y atender sus demandas.

La coyuntura pandémica ha propiciado una construcción diferenciada del Estado, regularmente centralizada en los gobiernos nacionales. En el caso de México, esta concentración tiene su basamento en el fuerte liderazgo que ejerce el presidente Andrés Manuel López Obrador, frente a la posición marginal de los gobiernos estatales (subnacionales), la falta de credibilidad e incapacidad de la oposición partidaria para cuestionar y usufructuar las carencias y los desaciertos gubernamentales en esta crisis.

Esta falta de contrapeso político ha permitido que el gobierno nacional mantenga el control de las medidas sanitarias. A través de la puesta en marcha del semáforo epidémico que determina la movilidad en los estados o disposiciones disciplinares para el uso de cubrebocas, el aislamiento obligatorio, la compra y aplicación de las vacunas, el manejo de cifras de contagios y fallecimientos. El gobierno nacional se ha posicionado como el centro decisorio y diseminador de la información y los bienes sanitarios. Esta concentración de las decisiones, propias de un régimen presidencialista, constituye un mecanismo efectivo para fortalecer vínculos entre el Estado y los sectores más desprotegidos, y para hacer de la pandemia un incentivo electoral indirecto en favor del partido gobernante.

Sin embargo, la coyuntura sanitaria también ha exhibido las limitaciones que propicia esta centralidad para atender las múltiples acciones de protesta atomizadas contra el manejo de la pandemia, así como otras demandas y movilizaciones, la feminista entre ellas, frente a la cual el gobierno se ha mostrado reticente para entenderlas y asumir una narrativa no patriarcal, en medio de un contexto social permeado por la violencia transversal, donde subyace la expansión de los feminicidios y distintos tipos de agresiones hacia las mujeres.

En este contexto, el papel jugado por los medios de comunicación dominantes en México ha entrado en clara resistencia con la narrativa oficial que defiende, según consideran ellos, la buena gestión de la pandemia. Entre la óptica del Estado y desde la posición de los medios de información convencionales, dominados por la lógica del mercado, ha iniciado una larga lucha por imponer un relato dominante que busca establecer las responsabilidades sobre las consecuencias que dejará la COVID-19. Por un lado, el oficialismo difunde el mensaje del control absoluto de la emergencia sanitaria, mientras que sus adversarios, en la prensa y en la oposición política, han insistido en señalar los alcances de la ruptura social que está siendo encabezada por el creciente desempleo, el mayor crecimiento de la inseguridad, el incremento descontrolado de los feminicidios, el masivo abandono de las aulas escolares y el derrumbe inminente, durante 2020, de la economía nacional.

En el caso de Chile, a su vez, la presencia de la pandemia mostró desde los inicios una instrumentación política muy precisa, el fin: apagar las llamas de la creciente irrupción social que experimentaba el país. En la segunda quincena del mes de marzo de 2020, en el contexto de la declaración de esta patología como pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud, el gobierno manifestó oficialmente la necesidad de generar políticas de salud centradas en “cuarentenas dinámicas”, estrategia que posteriormente debió modificarse por un plan de “cuarentena total” dentro del territorio nacional.

El cierre de las fronteras y el empleo de las fuerzas del orden por parte del Estado para controlar a la población ante la emergencia sanitaria fueron acompañados, a diferencia de México, por el uso de los medios de comunicación convencionales, que ayudaron a instalar una narrativa dominante sobre la emergencia sanitaria. Fue así como los medios televisivos, junto a la prensa escrita, abordaron una serie de temáticas de tragedia social ligadas al creciente desempleo, la quiebra de tiendas y negocios de distinta escala. De esta manera, la particularidad del caso de Chile estriba claramente en la instrumentación de los medios de comunicación tradicionales por parte del gobierno para generar un control biopolítico de la población nacional.¹⁵

Desde el siglo XIX el Estado chileno dispuso del monopolio de la violencia legítima dentro de su territorio. A este hecho se suma el papel de los medios de comunicación dominantes en el control político de la población, que en los últimos 45 años se caracterizaron por mantener el control simbólico de la información en el país (^{Harries, 2009}; ^{Santa Cruz, 2010}). Este último factor explica cómo el sistema político chileno instrumentó a los medios de comunicación convencionales para afrontar la pandemia. Considerando que el estallido social del año 2019 constituyó un fenómeno político reciente, el gobierno se apoyó en esta prensa para señalar bajo la condición de “delincuente” o “irresponsable” a todo aquel colectivo que no se encuadrara con la política oficial de salud, desacreditando permanentemente a los actores subalternos de la sociedad. Ante esto, tanto grupos vinculados a la llamada “Primera línea”¹⁶ como sujetos disociados de toda política orgánica formal respondieron mediante estrategias de contrainformación articuladas desde las redes sociales digitales, ofreciendo contrapuntos discursivos a las medidas sanitarias del gobierno, emplazando tanto al ministro de salud, como al resto de los miembros del gabinete. Este fenómeno da cuenta de la pérdida del control total de la llamada “opinión pública” por parte de los medios de información convencionales -tal como ocurrió en México-, producto de la creciente digitalización de la “dieta mediática” de los chilenos (^{Luna, Toro y Valenzuela, 2021}). Junto a ello, se generaron una serie de estrategias sociales de sobrevivencia en las poblaciones de las ciudades chilenas para enfrentar la crisis económica y el hambre. Así comenzaron a operar las denominadas “ollas comunes”¹⁷ en distintos barrios populares, sobre todo durante la crítica estación de invierno (mayo-julio) (^{Espinoza, 2020}).

Ante la crisis económica del grueso de la población, se produjeron distintas confrontaciones en el Congreso entre los agentes políticos de la oposición y los del gobierno. Estas se vincularon a la generación de iniciativas políticas para que la población económicamente activa retirara, con el propósito de reactivar la economía nacional, parte de sus ahorros para la jubilación, conocido en el lenguaje político mediático como el “retiro del 10%” de las Administración de Fondos de Pensiones (AFP). Esto condujo a una serie de conflictos entre el poder legislativo y el poder ejecutivo, una relación de estira y afloja que alcanzó a los congresistas del propio gobierno, complicando temporalmente el margen de acción de la administración en turno. A esto se sumó el proyecto que impulsó la idea de una nueva Constitución el 25 de octubre de 2020, proceso donde triunfó por amplia mayoría en las urnas la opción de una convención constitucional, postura contraria a la defendida por el oficialismo. Este punto es relevante considerando que la pandemia confinó al grueso de la población en sus hogares, producto tanto del temor al contagio como de las cuarentenas aplicadas por el Estado dentro del territorio. Frente a ello, el hecho de que el grueso de la población se movilizara electoralmente para exigir una nueva Constitución, mediante el mecanismo de la convención constitucional,¹⁸ es una clara muestra de que la inquietud política de la ciudadanía no había desaparecido por la pandemia. Estos episodios generaron un escenario de crisis disciplinar en los partidos de gobierno y en el propio gabinete gubernamental, mostrando la incapacidad de la presidencia de alinear a sus propias filas un proyecto político común ante la crisis sanitaria.

Finalmente, el movimiento ciudadano vivido desde octubre de 2019 -caracterizado por su desvinculación de los partidos políticos y de las organizaciones sociales formales e históricas- sufrió un importante impacto en sus dinámicas de funcionamiento durante el primer semestre de 2020 a causa de la emergencia sanitaria. No obstante, retomó su presencia de manera gradual durante el segundo semestre de ese año. En ese período, se generaron movilizaciones sociales los días viernes en la Plaza Italia -resignificada por la población durante el estallido como “Plaza Dignidad”- para manifestarse contra el gobierno. En el mes de marzo de 2021 las manifestaciones en este lugar atentaron contra el monumento principal de la plaza, la figura de un general chileno que encabezó el ejército durante la guerra del Pacífico, hito histórico del país en calidad de cimiento fundador de la identidad nacional. Los esfuerzos por “tumbar” el monumento por parte de los manifestantes condujeron a que este fuese retirado temporalmente de la plaza a solicitud del Ejército y con la orientación del Ministerio de Bienes Nacionales. El episodio simbolizó una nueva derrota gubernamental en su fallido esfuerzo por generar control biopolítico sobre la población chilena (^{Guerra, 2021}).¹⁹

En síntesis, el caso chileno se caracteriza por una relación Estado-sociedad donde el sistema político instrumenta la pandemia como estrategia de control biopolítico. Frente a esto, se observan una serie de prácticas ciudadanas de contrapunto al poder dominante, desvinculadas tanto de los partidos políticos como de las organizaciones sindicales. A pesar de que estas últimas tuvieron oportunidad de reemerger en la escena nacional con la convocatoria de paralización laboral general del 30 de abril de 2021 -convocada por los trabajadores portuarios y la histórica Central Unitaria de Trabajadores (CUT)-, la tendencia de la protesta social ha sido ejercer acciones políticas desvinculadas de las organizaciones tradicionales. Esta particularidad podría explicar el hecho de que el gobierno no haya podido generar un efectivo control sobre la población. Las actuales vías digitales de información que busca la ciudadanía chilena (más autónomas y menos dependientes, tanto de los medios de comunicación dominantes como del Estado) y la práctica de generar acciones sociales y políticas desde las redes digitales han puesto en evidencia la amplia colectividad que ha vivido las consecuencias de la mundialización del capital, tanto en su estilo de vida como en sus modos de hacer política.

Conclusiones

En los apartados anteriores se analizó la interacción entre el Estado y la sociedad desde el contexto de la pandemia de COVID-19 y su impacto en las escenas de irrupción social presentes en Latinoamérica desde el año 2019. De la reflexión se desprendió la constatación de ciertas semejanzas en esta relación en dos casos específicos -México y Chile-, a pesar de las evidentes particularidades identificadas en cada país. Para el caso de este apartado, aportaremos una serie de reflexiones finales centradas en las prácticas estatales y sociales identificadas, junto a un esfuerzo teórico de encuadre de estos comportamientos con tipologías clásicas sobre la idea de Estado.

Max ^{Weber (1979}) definió conceptualmente al Estado moderno como aquella entidad que monopolizaba la violencia física legítima dentro de un territorio. Si bien lo que aportaba el autor alemán era una herramienta heurística, la tipología se formuló desde el contexto material y orgánico de los países metropolitanos en la segunda revolución industrial. Para el caso de los países latinoamericanos, la nomenclatura permitía pensar a los Estados periféricos considerando el papel de los institutos armados en el control territorial en calidad de burocracia militar.

No obstante, la investigación sobre el Estado latinoamericano en el siglo XX arrojó una serie de elementos que cuestionaban el encuadre de esta organización social en la tipología weberiana. La polémica en torno al papel de los broker en la articulación de los estados en América Latina (^{Favre, 1987}) o el vínculo entre los autoritarismos militares de fines de los años sesenta con el capital metropolitano (^{O’Donnell, 2009}) daban cuenta de que el modelo weberiano presentaba problemas para comprender al Estado en el subcontinente.

Fue el propio Néstor ^{García Canclini (1990}) quien cuestionó la instrumentación del concepto de “campo” formulado por Bourdieu, argumentando que este presentaba un problema empírico: las clases dominantes del subcontinente jamás han logrado disponer de un control total del territorio y la población de sus países, hecho que explicaría la alta capacidad creativa de las clases populares latinoamericanas. Estimamos que esta apreciación es clave para una reflexión sobre la instrumentación política de la pandemia por parte de los estados en América Latina. En su afán de apagar las llamas de la irrupción social de 2019, las élites que encabezan el dominio político en estos países debieron enfrentar la histórica debilidad del Estado en el hemisferio. Este hecho se observa en los casos ejemplares de México y Chile, donde se aprecia cómo el manejo simbólico y orgánico de la población en los territorios presentó dificultades y contrapuntos a su hegemonía, principalmente en la nación sudamericana.

Las estrategias biopolíticas de control poblacional por parte de los Estados generaron el confinamiento de la población nacional, atenuando significativamente los movimientos sociales que azotaban a estos países desde el año 2019. Sin embargo, la historia social y cultural de los pueblos se hizo presente a la hora de afrontar la emergencia sanitaria y sus consecuencias materiales. El caso de Chile resulta arquetípico, considerando el fenómeno de la “olla común” y la contención de la crisis económica -y del hambre- que implicó la pandemia en este país. El hecho de que la COVID-19 no extinguiera el espíritu del movimiento social de octubre de 2019 y que este ganara nuevos bríos en el segundo semestre de 2020 hasta la fecha da cuenta de los límites en el control del que dispone uno de los Estados latinoamericanos con mayor poder en su territorio. En el caso de México, la narrativa presidencial ha puesto en situación de impase la movilización social, que tradicionalmente habían congeniado con las ideas de izquierda y de Andrés Manuel López Obrador, cuando fungía como cabeza principal de la oposición, pero que ahora buscan redefinirse y comprender las nuevas circunstancias bajo las cuales su existencia será o no será posible (caso aparte merece el estudio del movimiento feminista, que tiene serias y visibles diferencias con la postura del oficialismo).

La particularidad del caso chileno en torno a la relación Estado-protesta social se encuentra en la movilización de un importante volumen de población ciudadana, desvinculada tanto de los partidos políticos como de organizaciones sociales históricas, como es el caso de la CUT. Se trata de un fenómeno singular que contrasta no solo con otros casos latinoamericanos: este constituye un quiebre con la propia historia social y política de Chile. En su trayectoria, Chile presentó una serie de movimientos sociales organizados mediante mutuales, mancomunales y sindicatos obreros. Estos últimos, incluso, dieron origen a partidos políticos, como fue el caso del Partido Comunista. No obstante, entre 2019 y el presente se observa un movimiento de “individuos” altamente fragmentado, a ratos anómico, pero desafiante al orden establecido y que se explica por la generalizada crisis de legitimidad de las instituciones políticas chilenas. Este movimiento “ciudadanista”, como lo definió ^{Gabriel Salazar (2020}), toma distancia de las organizaciones sociales y políticas del pasado nacional, hecho que explica el uso de banderas, lienzos y eslóganes ligados tanto a identidades indígenas como a equipos de futbol nacionales y regionales. Se trata de un movimiento masivo, individualizado, fragmentado, que resignifica las identidades colectivas mediante estas autoadscripciones, rompiendo con la larga historia de identificación con partidos políticos y organizaciones sindicales.

En el caso de México, a partir de finales de los ochenta, los movimientos sociales representaron una amplia y diversa fuerza opositora a la privatización de las empresas estatales, el desmantelamiento de los derechos laborales, la falta de acceso a la educación, el empobrecimiento y la violencia, al mismo tiempo que respaldó la demanda de autonomía de los pueblos indígenas. Con la llegada de López Obrador a la presidencia se dieron importantes cambios que atenuaron la estridente relación del Estado con los movimientos sociales, debido a que muchos dirigentes sociales fueron incorporados al nuevo gobierno, al mismo tiempo que la política social ha asistido a amplios sectores empobrecidos, con lo cual se ha despresurizado la inconformidad social. En este escenario, en las elecciones intermedias que se avecinan no se vislumbra un cambio sustancial en la correlación de fuerzas que impacte en la acción del gobierno. Sin embargo, la vigencia del movimiento feminista y los grupos emergentes por las secuelas de la violencia empiezan a constituirse en los eslabones que vigorizarán las nuevas acciones colectivas, que pondrán a prueba la capacidad del gobierno lopezobradorista y redefinirán la relación Estado-sociedad.

Mientras México presenta movimientos sociales vinculados a identidades “duras” (^{Díaz Polanco, 2007}) o a la vigencia de un sistema de parentesco de matriz mesoamericana (^{Robichaux, 2002}), en Chile este tipo de estructuras se encuentra ausente en las principales áreas urbanas de un país que vive las consecuencias de treinta años de globalización en la evolución de su estilo de vida.

En este contexto, está por verse qué estrategias de dominio instrumentarán los Estados cuando finalice la crisis sanitaria en los territorios nacionales. Si bien la pandemia constituye un desafío diferente a escala planetaria, en el caso de los espacios controlados por los Estados pueden presentarse escenarios futuros complejos al momento en que la COVID-19 sea controlada mediante el proceso de vacunación. Es altamente probable que el escenario futuro sea reeditar la irrupción social congelada o pospuesta por la pandemia, con nuevas demandas y estrategias de contrapunto al Estado. En escenas nacionales donde el Estado jamás ha dispuesto del monopolio de la violencia -sea física o simbólica- dentro del territorio que dice controlar, el futuro político augura situaciones de conflicto de nuevo cuño, vinculadas a fisuras sociales y políticas de larga data. Solo el manejo político y la capacidad de diálogo y de negociación de los actores habilitarán una vía que permita generar un Estado consensuado por los principales agentes sociales, cerrando las puertas a la emergencia de escenarios de Estado fallido en América Latina, como ha sucedido hasta la actualidad.