Las víctimas, en general, y las víctimas del delito, en particular, han ganado centralidad política, social y cultural en los procesos contemporáneos. Dada su relevancia y complejidad, se han transformado en sujetos que desafían los marcos teóricos para su estudio. A lo largo del último tiempo, desde las ciencias sociales es posible identificar sintéticamente cuatro grandes carriles de aproximación a las víctimas del delito. En primer lugar, aparecen los aportes de la llamada victimología, la que ha jugado un papel decisivo a la hora de jerarquizar a la víctima en el marco del conflicto del delito y ofrecer distintas tipologías y clasificaciones. En segundo lugar, han prosperado importantes estudios que revelan las claves interpretativas sobre el lugar de las víctimas del delito en el contexto de los discursos y las políticas de seguridad que han predominado en las últimas décadas. En tercer término, abordajes más cuantitativos sobre las lógicas de la victimización han sido de especial utilidad para conocer la cantidad y los perfiles de las víctimas, y las variables que influyen en su producción. Por último, hay investigaciones que asumen los retos conceptuales a la hora de estudiar el problema del temor al delito y las complejas relaciones ―mediadas por emociones y sentimientos― entre la victimización y la inseguridad.

A pesar de la existencia de estas líneas de estudios, hay que reconocer que la gran mayoría de los trabajos sobre violencia, criminalidad y seguridad les han dedicado un lugar secundario a las víctimas del delito. En general, estas eran analizadas bajo formas abstractas (la víctima como resultado de procesos de victimización) o con cierto recelo: se trataba de un sujeto negativo, propenso a la manipulación y a la exageración. Las víctimas del delito eran observadas con desconfianza y, en alguna medida, se les atribuía alguna responsabilidad a la hora de alimentar los engranajes simbólicos y materiales de las maquinarias de la inseguridad (^{Rodríguez Alzueta, 2019}).

Sin embargo, un conjunto influyente de estudios dio marco a la preocupación más general sobre las víctimas y sobre sus derivaciones en clave de una “cultura del victimismo” (^{Gatti, 2017}; ^{Lefranc y Mathieu, 2015}; ^{Giglioli, 2017}). La profundidad y los desafíos interpretativos de estas investigaciones sitúan las problemáticas de las víctimas en un sentido mucho más abarcador que el de las meras víctimas del delito. La víctima aparece ahora como una auténtica clave de época. Al mismo tiempo, siendo un sujeto esquivo y difícil, interpela las teorizaciones habituales sobre los sujetos colectivos y obliga a retos mayores en materia de aproximación metodológica. Si bien la víctima tiene una fuerte presencia en distintos espacios sociales, no es tarea sencilla acceder a ella para estudiarla en profundidad.

Entre la incidencia de estos nuevos trabajos que ponen el foco en la identidad, las formas de socialidad y la capacidad de agencia de las víctimas, y la necesidad de priorizar a las víctimas del delito como actores relevantes en los contextos actuales marcados por el “momento punitivo” (^{Fassin, 2018}), en el último tiempo hemos dedicado un esfuerzo importante a la investigación sobre las víctimas del delito en el Uruguay (^{Paternain, 2021}; ^{Paternain, 2020}; ^{Paternain, Scaraffuni y López, 2021}).¹ Si bien el diseño de la investigación estuvo más orientado a la descripción y comprensión de los distintos perfiles, situaciones y posiciones de las víctimas del delito que a una reconstrucción más completa de cada uno de los tipos, la visión panorámica del campo de las víctimas del delito en Uruguay es una puerta de entrada para visualizar fenómenos hasta ahora considerados secundarios. De esta forma, según su ubicación dentro de una “escala de visibilidad”, es posible identificar a las víctimas visibles y reconocidas, a las víctimas emergentes, a las víctimas negadas y a las víctimas invisibilizadas (^{Paternain, 2021}).

Este dossier pretende ofrecer algunos avances de ese esfuerzo y, sobre todo, dialogar con abordajes académicos sobre las víctimas, tanto de delitos como de otras circunstancias violentas. Del mismo modo, se pretende visibilizar las bases conceptuales y metodológicas de una experiencia de institucionalización de políticas para las víctimas del delito, como es el caso de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de la Nación de Uruguay. En definitiva, el dossier está integrado por cinco artículos: tres con aportes académicos uruguayos y los restantes provenientes del campo de la investigación social de la Argentina.

El primer artículo, escrito por Rafael Paternain, tiene una impronta teórica y se orienta a reconocer a las víctimas desde el desafío interpretativo de un sujeto que se mueve entre los factores estructurales y el dolor singular. La heterogeneidad de las víctimas del delito obliga a adoptar un enfoque multidimensional que enlaza distintos momentos. En este sentido, el artículo propone tres dimensiones para la aproximación analítica a las víctimas. En la primera dimensión, denominada pasiva, la víctima es definida por las acciones de fuerzas externas, es decir, por los acontecimientos y situaciones que pautan los procesos de victimización. Pero esas fuerzas externas también se vinculan con narraciones y discursos que juegan un importante papel performativo sobre las víctimas, conformando un campo de la discursividad que se delimita entre una perspectiva predominante, como el populismo punitivo, y otra más secundaria, como la que proviene de la lógica restaurativa. La segunda dimensión refiere a la víctima reactiva y alude a la variedad de experiencias que se asientan en sentimientos y emociones. El sufrimiento de las víctimas opera dentro de un mundo social de la vida, se organiza en torno a reglas y tiene distintos grados de visibilidad. Estudiar a las víctimas desde este espacio de heterogeneidad permite medir las distancias y las cercanías con las interpelaciones discursivas y con el arraigo de las nuevas políticas de víctimas en materia de contención y reparación. Por último, se aborda a las víctimas desde la acción creadora: aquí las experiencias y las emociones adquieren un carácter político a través de distintas formas de organización social de víctimas y de respuestas estatales. En este contexto, muchas veces ocurre que las demandas de las víctimas son un insumo decisivo para la expansión de los dispositivos de control y castigo. En paralelo, puede advertirse cómo el campo de las víctimas del delito se va profesionalizando y adopta nuevas técnicas morales para la gestión institucional del dolor y la reparación.

El segundo artículo está escrito por los investigadores argentinos María Pita y Sebastián Pereyra, y se enfoca en el análisis de las distintas formas de movilización de las víctimas en Argentina. Aquí puede apreciarse la legitimidad de la figura de las víctimas y sus familiares, y el alcance y la diversidad de sus demandas. En este sentido, se sostiene que nos enfrentamos a nuevas formas de concebir la ciudadanía y a modalidades bien específicas de definir la actividad política. El protagonismo de las víctimas impacta directamente en las políticas públicas y en las respuestas estatales. Sobre la base de una amplia trayectoria de investigación en estos asuntos, lo que les permite un análisis comparativo de los variados casos de movilización de víctimas en Argentina, los autores reparan en distintos tipos de víctimas (no solo de delitos), con la intención de analizar cómo trabajan, cómo llegan a ser activistas y cómo construyen su propia condición de víctimas. Desde los asuntos de los derechos humanos hasta la violencia policial, la movilización de las víctimas registra una gran amplitud dentro del universo de hechos y situaciones que producen dolor. En este trayecto, construyen una gramática que anuda la tradición de las movilizaciones sociales con el mundo del derecho. La búsqueda de la justicia se convierte en un principio rector de la acción y, desde allí, se sitúa en un espacio de distancia y oposición al sistema político institucional y al Estado, lo que no cancela por completo las negociaciones con los actores políticos y hasta el involucramiento de muchas víctimas y familiares en la arena político-electoral. La descripción y el análisis de estos procesos singularizan el caso argentino, lo que permite identificar diferencias marcadas, por ejemplo, con el caso uruguayo.

El artículo elaborado por Luciana Scaraffuni pone foco en las representaciones, las vivencias y las emociones de algunas víctimas del delito. Sobre la base de las experiencias de victimización de pequeños y medianos comerciantes de Montevideo y la zona metropolitana, el mundo de las emociones deja de ser una mera cuestión de sentimientos y pasa a constituirse en un vector de relaciones sociales que configuran comunidades morales y habilitan distintos tipos de acción política para el reconocimiento. A su modo, estas experiencias son un germen de acción colectiva y de demandas que se dirigen al Estado. El artículo explora el asunto de la identidad, que en el caso de los comerciantes, antes que en torno a la condición de víctima, gravita alrededor de su referencia como propietarios. En definitiva, desde ese lugar de reconocimiento social y barrial, los comerciantes se reconfiguran como víctimas para poder aumentar su incidencia en los espacios territoriales y su articulación con los actores de la política pública de seguridad. Pero, al mismo tiempo, esa identidad se inscribe en la trayectoria de las clases medias y medias bajas afectadas por una inestabilidad estructural. El “nosotros” de los pequeños y medianos comerciantes es parte de un imaginario mayor y traduce una visión escéptica sobre la vida social y la realidad del país que es propia del lugar estructural que estos sectores ocupan. El desafío para el análisis que plantea el artículo es comprender cómo esa trama de emociones y sentimientos que surge de las experiencias con el delito logra expresarse en medio de relaciones sociales más amplias. En su vulnerabilidad y en sus padecimientos, estos comerciantes encarnan y reproducen las visiones hegemónicas y punitivas sobre la seguridad, garantizando así sus cuotas de poder e incidencia para controlar a los sectores sociales subalternos.

El cuarto artículo está escrito por Carolina Schillagi y Diego Zenobi, y analiza dos catástrofes ocurridas en Argentina. A partir del concepto de producción social de las víctimas, en el que intervienen la relación de atribución causal y la imputación de responsabilidades políticas, los autores profundizan acerca de la valoración social desigual del sufrimiento y estudian las implicancias de lo que se denomina “gobierno de los desastres”. Un punto central del abordaje consiste en reconocer las jerarquías del sufrimiento y la existencia de muertes especialmente dolorosas. En ese contexto, aparecen distintas categorías en conflicto -familiares, sobrevivientes, usuarios y consumidores- que logran tramitar sus intereses en la escena pública. La movilización social, la denuncia pública y las acciones judiciales dejan al descubierto que la producción de víctimas no es algo natural, sino que depende de la acción de distintos tipos de sujetos y estrategias. Estos dos episodios investigados revelan que hay muchas maneras de nombrar a los sujetos dañados más allá de la categoría de “víctimas”. Al mismo tiempo, la producción social de las víctimas no puede entenderse sin el papel de los dispositivos, tanto estatales como privados. Estos dispositivos introducen sus formas de clasificación y sus modelos de reparación, casi siempre orientados a la asistencia psicológica y a la ayuda económica. Pero en ese juego de demandas y respuestas, las víctimas también necesitan identificar las causas que produjeron su realidad. Las disputas públicas en torno a las interpretaciones sobre las responsabilidades de lo sucedido pasan a ser un insumo decisivo en el proceso de producción social de las víctimas de estas catástrofes.

El dossier se cierra con un artículo de Mariela Solari. Sobre la base de su experiencia técnica y académica, la autora reconstruye el proceso reciente de la reforma procesal penal en Uruguay y el nuevo lugar que se asigna a las víctimas de los delitos. El cambio de modelo en la justicia penal habilita una nueva institucionalidad en materia de atención y protección a las víctimas y los testigos. En este contexto, el dispositivo estatal más importante es la Unidad de Víctimas y Testigos, que funciona en la órbita de la Fiscalía General de la Nación. A partir de un intenso análisis documental, la autora identifica el punto estratégico del nuevo dispositivo: la irrupción de la lógica psicosocial en el corazón del mundo jurídico del derecho penal. La descripción de los procesos que llevan a la implementación de una política de “víctimas” se estructura a partir de tres ejes. El primero de ellos refiere al concepto de víctima como sujeto de derechos en el marco de la nueva política. El segundo eje identifica los derechos de las víctimas del delito consagrados en el nuevo Código del Proceso Penal. Por último, el artículo se detiene en las bases del nuevo modelo que sostiene el trato procesal, los servicios de atención y las respuestas en materia de protección. Entre los componentes de la nueva política, se destaca la priorización de las víctimas en condiciones especiales de vulnerabilidad. Además, el modelo de atención debe reparar en la complejidad de los efectos victimizantes, en los desafíos para un acceso pleno a la justicia y en la necesidad de articular respuestas de carácter interinstitucional. En la medida en que las víctimas son visualizadas en su radical heterogeneidad, pues tienen necesidades muy diferentes, las políticas pasan a tener una orientación en clave de individualización. Esto choca contra las tradiciones institucionales del campo penal, razón por la cual la autora realiza un balance del proceso reciente a partir de “sus luces y sus sombras”.

En definitiva, a partir del conjunto de estos artículos se puede apreciar cómo la realidad de las víctimas del delito se generaliza, sostiene discursos políticos y sociales, se abre a experiencias y subjetividades muy variadas e impacta en las capacidades de movilización y en las respuestas estatales. Las víctimas obligan a cambiar las prioridades políticas, habilitando consensos y disputas por su atención. Muchas víctimas alientan acciones punitivas, pero sobre todo sus demandas se dirigen a las medidas de control y vigilancia. La condición de víctima trae aparejados cambios en los comportamientos, las actitudes, las interacciones y los alcances de la vida social. Se inestabilizan viejas prácticas vinculadas con las formas de circular por los espacios públicos y de insertarse en las relaciones familiares y en la vida privada. Por fin, muchas víctimas hacen de sus sufrimientos oportunidades de movilización colectiva, repolitizando las relaciones sociales y obligando a constantes ajustes por parte del Estado.

El estudio de las víctimas del delito no puede disociarse de la consolidación actual del “momento punitivo”. Sin embargo, algunos de sus resultados pueden ser útiles también para dialogar con otras tendencias de época. Por un lado, se señala que vivimos en un tiempo de insensibilidad, de ceguera moral y de indiferencia ante el sufrimiento humano (^{Bauman y Donskis, 2015}). El abordaje de las víctimas (del delito o de otras) señala que el principio de la indiferencia opera con mucha fuerza, pero siempre tiene un carácter selectivo. Dicho de otra manera, la victimización desata pasiones focalizadas y el sufrimiento humano puede transformarse en un espacio de ásperas disputas. Por otra parte, esta época ha sido caracterizada por la expansión del victimismo y por la centralidad sociopolítica de los sentimientos. La vida social queda marcada por la presencia de identidades fuertes y susceptibles que desactivan los intercambios racionales y las pretensiones de universalidad (^{Giglioli, 2017}). Las víctimas cumplen la tarea de recordar las fuentes reales del dolor y el sufrimiento, y desde la heterogeneidad de sus experiencias dificultan la construcción de un imaginario único y compartido. Si la condición de víctima pudiera activar una suerte de ideología del victimismo, esta en realidad presentaría rasgos muy limitados y comparativamente menos gravitantes que las representaciones comunes que labran el “momento punitivo”. Como puede observase a partir de esas breves consideraciones, las posibilidades de investigación y reflexión sobre las condiciones de época son especialmente relevantes en este campo.