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Revista de Ciencias Sociales

versión impresa ISSN 0797-5538versión On-line ISSN 1688-4981

Rev. Cien. Soc. vol.34 no.48 Montevideo jun. 2021  Epub 01-Jun-2021

https://doi.org/10.26489/rvs.v34i48.1 

Dossier

Ambiente y crisis en Uruguay. La agroecología como construcción contrahegemónica

Environment and crisis in Uruguay. Agroecology as a counter-hegemonic construction

1 Universidad de la República (UDELAR) Grupo de Agroecología de la Facultad de Agronomía. igazzano@fagro.edu.uy

2. Universidad de la República (UDELAR). Facultad de Ciencias. Laboratorio de Desarrollo Ambiental y Gestión Sustentable del Territorio machkar@fcien.edu.uy

3Universidad de la República (UDELAR). Facultad de Agronomía. Grupo de Agroecología elenasetelich@gmail.com

4 Universidad de la República (UDELAR). Facultad de Agronomía. Grupo de Agroecología. jariza@fagro.edu.uy


Resumen

En Uruguay se consolida la intensificación agraria, que conecta el agronegocio extractivista con el régimen alimentario corporativo mundial y con una crisis ambiental-civilizatoria sin precedentes. Frente a esto, emergen conflictos y disputas socioambientales, movimientos de cambio y acciones contrahegemónicas que cuestionan y construyen formas de resistencia orientadas hacia otros marcos de relación, gestión de bienes, formas de producción, comercialización, consumo y organización. Desde el desarrollo conceptual, el análisis bibliográfico y la autorreflexión, se busca visibilizar estas acciones y reflexionar sobre ellas. Se identifican elementos comunes y sinergias con abordajes críticos de investigación y formación para plantear nuevas reflexiones a partir de la aprobación de la Ley Nacional de Agroecología.

Palabras clave: Plan Nacional de Agroecología; organizaciones sociales; Uruguay; soberanía alimentaria; política pública

Abstract

In Uruguay, agrarian intensification is consolidated, connecting extractivist agribusiness with the global corporate food regime and an unprecedented environmental-civilizational crisis. Confronted with this, socio-environmental conflicts and disputes emerge, movements for change and counter-hegemonic actions that question and build forms of resistance to other frameworks of relationship, asset management, forms of production, marketing, consumption and organization. From conceptual development, bibliographic analysis and self-reflection, we seek to make these actions visible and reflect on them. Common elements are identified as well as synergies with critical research approaches and professional training to raise new reflections as from the approval of the National Law of Agroecology.

Keywords: National Agroecology Plan; social organizations; Uruguay; food sovereignty; public policies

Introducción

El régimen alimentario actual configura la agricultura y la alimentación en función de la economía capitalista mundial, que pasó, entre el siglo XIX y el XXI, de un régimen colonial a uno mercantil e industrial (consolidado en 1950-1970), y, desde las décadas del setenta y del ochenta, con la transición al neoliberalismo, a un régimen corporativo que se extiende hasta la actualidad (Rodríguez, 2010), propagado en Latinoamérica con la llamada revolución verde y el discurso de la seguridad alimentaria. Este “imperio alimentario” (McMichael, 2005; Ploeg, 2010) está dirigido a la expansión y acumulación de capital sin límites y no a la satisfacción de necesidades alimentarias. Para expandirse, orienta esfuerzos a eliminar límites sociales y ecológicos, conformando enclaves agroexportadores basados en sistemas locales de extracción y apropiación de riqueza, con explotación intensiva de recursos y especificidades locales con estrategias que, desde lo global, gobiernan los sistemas productivos locales (González de Molina y Fernández, 2010).

En los últimos veinte años, a escala mundial, la expansión agrícola se estabilizó en 4.900 millones de hectáreas y ralentizó las pérdidas de cobertura forestal en 50% (período 2010-2015), pero regiones tropicales y subtropicales perdieron siete millones de hectáreas anuales de bosques entre 2000 y 2010 y la superficie agrícola aumentó seis millones de hectáreas por año. La degradación de suelos por erosión, hídrica o eólica, se estima en diez millones de hectáreas anuales, un 20% de las tierras cultivadas muestran disminución de productividad y un 24%, procesos de desertificación. La agricultura es responsable del 70% de la extracción de agua dulce. En los últimos cincuenta años, las emisiones de gases de efecto invernadero de la agricultura, la silvicultura y otros usos del suelo se cuadruplicaron y todo indica que seguirán aumentando para 2050. El cambio climático se relaciona con el aumento en el número e intensidad de desastres naturales y el número de plagas y enfermedades transfronterizas, que, junto al aumento de los conflictos territoriales, la competencia por los recursos naturales, las migraciones y los riesgos del efecto de enfermedades animales sobre la salud humana, configuran una situación preocupante para la seguridad alimentaria y la humanidad (FAO, 2017, 2018).

La crisis asociada al modelo agroalimentario, intensifica la “epidemia global de malnutrición”, con más de 820 millones de personas con hambre, de los cuales 42,5 millones viven en América Latina. En 2018, cuatro millones de niños menores de 5 años y 262 millones de adultos (59,5%) tenían sobrepeso u obesidad. En 2017, en el mundo murieron once millones de personas por causas asociadas a la alimentación inadecuada, de los cuales 600.000 eran de nuestra región (FAO, FIDA, PMA-OMS y UNICEF, 2019).

La alimentación y la agricultura evidencian un riesgo alarmante asociado a la disminución de la biodiversidad: de seis mil especies vegetales para alimentación, seis representan el 66% de la producción agrícola total. De cuarenta especies animales domesticadas, cinco tienen importancia comercial y de 8.803 razas notificadas, 7.745 son locales, 594 ya fueron extintas y un 26% corren riesgos de extinción. Por su parte, un 33% de la población de peces está sobreexplotada. Las pérdidas de colonias de abejas aumentan, un 17% de los polinizadores vertebrados está en peligro de extinción. La biodiversidad del suelo está en peligro en todo el mundo y los pastizales están entre los ecosistemas más degradados (FAO, et al., 2019). Sin embargo, en las últimas décadas se ha dado un avance científico sin precedentes en la historia de la humanidad, que posibilita la evaluación de los sistemas ambientales y potencia el desarrollo de nuevas estrategias productivas, en un contexto creciente de preocupación por la calidad de la alimentación de las personas.

Asistimos a un momento histórico de desborde, en el que el entrelazamiento de impactos y la imposibilidad de controlarlos y predecirlos devienen en una crisis estructural, que, dentro de un marco más amplio, puede reconocerse como crisis civilizatoria (Maya, 1995; Bartra, 2009; Agoglia, 2012; Giraldo, 2018). Pero también asistimos a movimientos de cambio, disputas y acciones que cuestionan y construyen formas de resistencia y propuestas orientadas hacia otros marcos de relación, En esta disputa, la agroecología integra acciones surgidas en distintos ámbitos, transformadoras y de cambio social.

Este trabajo parte de la inquietud de visibilizar y reflexionar sobre estas acciones que cuestionan y proponen opciones al modelo dominante y confluyen en torno a la agroecología, aportando al debate y la construcción actual en la implementación de la Ley Nacional de Agroecología (Ley n.o 19.717, Plan Nacional para el Fomento de la Producción con Bases Agroecológicas). Contempla técnicas cualitativas de análisis bibliográfico y documental y triangulación de fuentes de información, para integrarlos en la reflexión. Se estructura en cinco apartados: esta introducción; una breve presentación agrario-ambiental de Uruguay; un marco conceptual sobre ambiente y crisis, hegemonía/contrahegemonía y agroecología; la presentación de las acciones, y la síntesis-reflexión, acompañada por nuevas interrogantes.

Uruguay: breve caracterización agroambiental

Uruguay integra el bioma Pampa, la región de pasturas naturales más extensa y biodiversa del planeta. En las últimas décadas, profundizó su situación como enclave agroexportador de commodities. Disminuyó el área sembrada de trigo, maíz, sorgo y caña de azúcar e incrementó levemente la de cebada. Desapareció el cultivo de girasol, se estabilizó el área de arroz irrigado, emergió el cultivo de colza y se incrementó exponencialmente el área de soja (DIEA, 2019). La “sojización” asocia siembra directa, semillas transgénicas, sustitución de rotaciones agrícola-ganaderas tradicionales por agricultura continua y uso masivo de agrotóxicos (Arbeletche, Ernst y Hoffman, 2011; Gazzano, Achkar y Díaz, 2019).

En esta dinámica, se evidencian procesos de erosión y disminución del contenido de carbono orgánico (Morón, 2003; Achkar, Domínguez, Pesce y Díaz, 2016; Beretta Blanco, Pérez y Carrasco Letelier, 2019); deterioro productivo de los suelos de mayor potencial agrícola del país (Gazzano, Achkar y Díaz, 2019); impactos sobre la salud humana (Burguer, Alonso, Heuhs y Laborde, 1992; Laborde, Martínez, Martínez López, Méndez Acuña, Morador, Fuster, Sponton y Tomasina, 2006; Bozzo, Cadenazzi y De Souza, 2015) y los ecosistemas; creciente conflictividad en torno al binomio transgénicos-agrotóxicos (CURE-UDELAR, 2019); amplios impactos negativos en la biodiversidad, malezas tolerantes a herbicidas, insectos resistentes y contaminación transgénica de variedades criollas de maíz (Galeano, 2016). Se observan también una diferenciación mayor entre empresarios agrícolas vinculados a la exportación y productores familiares vinculados al mercado interno; profundas transformaciones en el mercado de trabajo; procesos de concentración, anonimato y extranjerización de la propiedad y uso de la tierra; disputa por el acceso y uso de los bienes naturales y aumento de la fragilidad ambiental de los sistemas productivos (Carámbula, 2015).

Entre 2000 y 2011, desaparecieron 12.000 explotaciones agropecuarias (21% del total), concentradas en las de menor superficie y el rubro ganadería de carne. En lechería, disminuyeron un 20% los establecimientos entre 2008 y 2018, con mayor impacto en los de menos de 50 hectáreas (34%) que en los de más de 500 hectáreas (10%) (DIEA, 2019). La horticultura, concentrada en el sur y en Salto, perdió el 55% de las explotaciones de horticultura a campo (3.795 explotaciones y 19.646 hectáreas). En horticultura protegida la disminución fue de un 14,5%, pero con fuerte aumento del área (40%) (DIEA 2000, 2011). En fruticultura de hoja caduca, que abastece el mercado de frutas frescas, concentrada en Montevideo y Canelones, se redujo el número de productores un 41% entre 2005 y 2016 (DIEA, 2016), la gran mayoría con superficies de menos de 10 hectáreas. Diversos trabajos analizan factores de insustentabilidad (Aguirre y Chiappe, 2009; Díaz y Achkar, 2009; Álvarez, Pedemonte, Abdala y Marisquirena, 2011; Pedemonte, Molina y Álvarez, 2014) y señalan desde distintas dimensiones los procesos de alteración y degradación del sistema ambiental.

En seguridad alimentaria, dos de cada tres personas corren riesgos de sufrir enfermedades crónicas no transmisibles asociadas a sobrepeso y obesidad, que afectan al 64,8% de los adultos, a un 37% de los jóvenes de entre 15 y 24 años y a un 27,2% adolescentes de entre 13 y 15 años. Uruguay ocupa el tercer lugar en Latinoamérica en consumo de alimentos y bebidas ultraprocesadas (OPS y OMS, 2015). A la vez, la población de menos de 2 años es vulnerable a subalimentación, con 10% de retrasos en la talla y 30% de incidencia de anemia (Ministerio de Salud Pública, 2016). Hay esfuerzos para mejorar hábitos de alimentación, como se señala en la Guía alimentaria para la población uruguaya. Para una alimentación saludable, compartida y placentera (Ministerio de Salud Pública, 2016), aunque son limitados por la insuficiente producción nacional de frutas y hortalizas para consumo interno, que es 50% de la recomendada per cápita anual (Gómez Perazzoli, 2019). En este sentido, sería fundamental contar con una perspectiva histórica sobre el tema, pero es un trabajo de investigación aún no realizado.

El despliegue extractivista y sus consecuencias globales y locales, la dinámica paradojal de la sobreproducción de alimentos, junto al hambre y la mal nutrición, son parte de la crisis sin precedentes de la modernidad, que no se agota en las desigualdades del sistema capitalista, sino que se amplía a estructuras de dominación políticas, pedagógicas, epistémicas, religiosas, ecológicas, espaciales, lingüísticas, sexuales, de género y generacionales, es decir, en todos los órdenes de la vida (Grosfoguel, 2016). Svampa (2012) plantea que la explosión de conflictos ambientales ligados al acceso y control de los recursos naturales y el territorio supone el enfrentamiento de actores, intereses y valores divergentes, pero con asimetría de poder. Los conflictos expresan diferentes concepciones sobre territorio, naturaleza y ambiente y establecen una disputa acerca de lo que se entiende por desarrollo y también por democracia.

Marco conceptual

Ambiente y crisis

Según el pensamiento ambiental crítico, la crisis ambiental emerge como una manifestación de la exclusión de la naturaleza, la cultura y la subjetividad del núcleo duro de la racionalidad de la modernidad (Gazzano y Achkar, 2013).

Svampa (2013), en un recorrido por las movilizaciones en América Latina, evidencia la consolidación de enclaves agroexportadores que amplían el modelo extractivista mediante un proceso de reprimarización de las economías, pérdida de soberanía alimentaria e incremento de impactos ambientales y sociales. La autora señala luchas con “giro ecoterritorial”, identificando la sinergia entre las luchas ancestrales por la tierra de movimientos indígenas y campesinos, junto con nuevas formas de movilización y participación ciudadana centradas en la defensa de los bienes naturales, la biodiversidad y el ambiente. Este encuadre reúne el carácter ambiental, integra la noción de territorialidad, opuesta al discurso ecoeficientista y la visión desarrollista dominante, se vincula a la justicia ambiental y los derechos de la naturaleza y representa nuevos “marcos comunes de acción colectiva, que funcionan no solo como esquemas de interpretación alternativos, sino como productores de una subjetividad colectiva” (Svampa, 2013). En estas luchas, se despliega un conjunto de acciones y actores que se vinculan a estrategias de resistencia y búsquedas de cambio en el sistema alimentario corporativo, cuestionando y generando opciones ante los efectos negativos biofísicos, sociales, económicos, políticos y culturales en torno a la soberanía alimentaria y más allá de ella, en la definición de las formas de habitar.

Hegemonía y contrahegemonía

El concepto de hegemonía propuesto por Gramsci (1971) permite abordar la complejidad que presenta el proyecto de modernidad como estructura dominante de fuerzas sociales y políticas diferentes que se mantienen unidas a través de una concepción del mundo y sus posibles vías de superación en clave de construcción contrahegemónica. La hegemonía es dinámica; se instala a través de la cultura, es decir, los modos de producción y reproducción de la vida cotidiana, buscando naturalizar una determinada forma de vivir, de ver el mundo, definiendo lo que “debe ser”. Pero no se ejerce en su totalidad en la sociedad, sino que en el ámbito de las relaciones sociales, constituidas por la ideología, se evidencian contradicciones y tensiones que abren un escenario cambiante y de disputa permanente (Rauber, 2008, 2016; Yagenova, 2010), donde es posible defender la creación de una hegemonía nueva y liberadora (Alves, 2010).

Esta disputa abre paso al análisis de vías y posibilidades de construcción contrahegemónica. Al respecto, la posición de Rauber (2008) es tajante: a partir de una salida de la lógica del capital, plantea una superación de la trampa cultural del modo de vida que esta sostiene, la construcción de un poder propio desde los sectores populares, que refleje el modo de vida cotidiano, individual, comunitario y de sus organizaciones sociales y políticas en un proceso de deconstrucción de la ideología y la cultura del capital. Uruguay comienza a transitar este proceso en el siglo XXI, mediante una serie de leyes que incluyen instancias participativas.

Para captar esos ángulos de mirada, es medular dar espacio a procesos de construcción amplia y popular, que tienen como una de sus características la incorporación de los micropoderes como terreno de disputa cultural. Guattari (2016) señala la desterritorialización del poder del capital y su influencia sobre el conjunto de la vida económica, social, cultural y en la subjetividad individual, planteando afrontar también sus efectos en el seno de la vida cotidiana doméstica, de vecindad, de trabajo, en el seno de la cultura y la ética personal. Desde esta perspectiva, es posible la construcción de poderes contrahegemónicos populares a partir de la vida cotidiana en los territorios, de la capacidad instituyente de los movimientos sociales, componente ineludible para la construcción y consolidación de una transformación sistémica profunda, con las microexperiencias como bases en las que asentar la macropolítica (Rebellato, 2008; Rauber, 2016).

La revaloración de la cotidianeidad tiene la fuerza de preservar niveles de organización que contienen a los micropoderes y potencian la disputa cultural de diversos actores, donde los vínculos con la clase trabajadora fortalecen la trama social que imbrica en forma permanente la vida cotidiana, la cultura y la ética con las formas históricas de organización y de lucha. Un aspecto clave en esta línea es lograr una correlación de fuerzas que trascienda el cuestionamiento del sistema y avance hacia la construcción de formas alternativas de vida, articular en forma orgánica la resistencia de una pluralidad de sujetos (vinculados a movimientos ambientalistas, luchas feministas, indígenas, por la tierra, de trabajadores, contra la exclusión, entre otros) que sufren las consecuencias del sistema, deconstruyendo la dominación y construyendo cultura propia y capacidad organizativa e incluyendo las relaciones intrafamiliares en vinculación con los procesos de descolonización y despatriarcalización.

El poder hegemónico tiene capacidad de transformación o renovación permanente (Kioupkiolis, 2018), pero los poderes contrahegemónicos populares también presentan una renovación permanente a través de la construcción de formas alternativas de vida, la acción social colectiva y la disputa al poder hegemónico, características que se reúnen en la agroecología, que, junto a su planteo de gestión ecológica, constituye una propuesta de cambio del sistema alimentario.

Agroecología

Sevilla Guzmán (2011) plantea la agroecología como matriz sociocultural que emerge del diálogo entre el conocimiento científico y el conocimiento popular y contribuye a nuevos conocimientos para abordar la comprensión crítica del modelo industrial de agricultura y para generar una propuesta transformadora a partir de la construcción de principios ecológicos y sociales que adoptan formas técnicas específicas y estrategias de organización, participación y acción propias (Altieri, 2007; Gliessman, Rosado May, Guadarrama Zugasti, Jedlicka, Méndez, Cohen, Trujillo, Bacon y Jaffe, 2007; Caporal, 2013; Sevilla Guzmán, 2011). Así, las estrategias sistémicas de transformación a través de la gestión ecológica de los bienes naturales permitirían modificar las causas de la crisis en la cual las unidades de producción están inmersas y en conflicto.

Desde una articulación armónica entre seres humanos y naturaleza, la agroecología avanza hacia niveles de mayor justicia social (Altieri, 1999; Sevilla Guzmán y Soler Montiel, 2009). Producto de la coevolución sociedad-naturaleza (Norgaard, 1994), involucra las dimensiones ecológico-técnico-productiva, socioeconómico-cultural y sociopolítica (Guzmán Casado, González de Molina y Sevilla Guzmán, 2000). Supera el concepto de seguridad alimentaria y se orienta hacia la búsqueda de soberanía alimentaria, al centrarse en el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias de producción, distribución y consumo de alimentos para garantizar el derecho a la alimentación para toda la población. Implica también cambios más allá de los aspectos técnico-productivos, en las relaciones sociales y de poder, en el acceso y la gestión de los bienes naturales, la distribución de los alimentos y el acceso a ellos, la organización social, la toma de decisiones sobre la orientación del sistema productivo y las formas de creación de conocimiento. Ello configura cambios profundos que hacen de la agroecología una estrategia transformadora, que integra la dimensión política en su vínculo con las organizaciones sociales y los cambios institucionales necesarios.

Agroecología en Uruguay

La capacidad de propuesta transformadora resulta de un acumulado en el que primero se generan mecanismos de resistencia y luego de organización (Rauber, 2016). Hoy, la agroecología sintetiza elementos de resistencia, de organización y de propuesta transformadora, constituyendo así uno de los proyectos sociales con mayor vitalidad en América Latina.

En Uruguay, la resistencia se vincula fundamentalmente a organizaciones de agricultura familiar, formadas por productores que aluden a una condición campesina y productores capitalizados. El sector gremial surge por la necesidad de resistir los efectos de los intereses de estancieros vinculados a sectores exportadores y financieros (Piñeiro, 1985).

Diferentes trabajos aportan miradas sobre esta resistencia. Oreggioni (2011) analiza la resistencia de una sociedad de fomento rural con más de seis décadas de historia en el sur de Uruguay, señalando que estrategias asociativas y económicas contribuyeron a la resistencia ante las condiciones de competencia del mercado, pero no alcanzan para definir un proyecto que proponga otro tipo de relaciones sociales. Díaz (2009) y Oyhantçabal y Carámbula (2011) aportan elementos de análisis de procesos de resistencia y conflictos en el medio rural, referidos al acceso a la tierra de los trabajadores de la caña de azúcar. Rossi y Notaro (2016) estudian las acciones de la Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR). Mencionan a los discursos y posicionamientos como principal estrategia de resistencia colectiva y señalan la naturaleza gremial alternativa a las organizaciones dominantes de ganaderos empresariales, así como la trayectoria histórica, la identidad de la CNFR como referente de la producción familiar y su representatividad nacional, y sitúan en “la permanencia” el principal indicador de éxito de resistencia al modelo. Florit y Piedracueva (2015) analizan discursos de la CNFR y la Red de Grupos de Mujeres Rurales (RGMR) y sitúan como central su resistencia antagónica, que busca reformas estructurales con configuraciones sociales por fuera de los límites del sistema dominante.

La agroecología se presenta como un espacio de confluencias políticas, culturales, económicas, ambientales y ontológicas. Se reconoce en ella la acción de sectores poco visibilizados o a los que no se les atribuye mayor relevancia en la composición de un proyecto transformador, en los que se identifican acciones que se diferencian y definen, se solapan, imbrican y contribuyen a la matriz sociocultural de la agroecología en Uruguay, desplegadas a partir de la década del ochenta.

En el tema ambiental, los primeros aportes se vinculan a la necesidad de conocer los recursos naturales para su gestión. Pero la agenda ambiental crítica se consolida hacia fines de la última dictadura cívico-militar uruguaya, en un contexto internacional que integra la creciente conciencia social (Bookchin, 1999), la búsqueda de saberes integrales sobre los sistemas ambientales (Gazzano y Achkar, 2013) y el reconocimiento de una nueva perspectiva del desarrollo (Noguera y Pineda, 2009).

Junto con el reconocimiento de la problemática ambiental como manifestación multidimensional de la estructuración de la sociedad moderna, se procesa a principios del siglo XXI un nuevo ciclo de intensificación agraria (Gazzano, Achkar y Díaz, 2019). El movimiento ambiental cuestiona los impactos del modelo que tensiona la economía de mercado, cuestiona la propiedad y las formas de gestión dominantes de los bienes naturales, realiza denuncias, construye alternativas de gestión y aporta a fortalecer los movimientos sociales y la dimensión participativa.

Un ejemplo de ello, en Uruguay y América del Sur, son las campañas por el agua. En la década del noventa, los Estados nacionales fomentaron el ingreso de empresas transnacionales, cediendo soberanía de los territorios (Puello Socarrás y Gunturiz, 2013), con acciones, que, mediante la expropiación de fuentes de agua dulce y el control de los territorios productores de agua, profundizaron los problemas de las comunidades para acceder al agua potable y al saneamiento (Domínguez y Achkar, 2019).

En respuesta, los movimientos consolidaron estructuras de alcance regional, como Red Vida, con propuestas como la creación en 2006 de una Convención Sudamericana del Agua, en Cochabamba, y en el ámbito nacional, en 2002, formaron la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida (CNDAV), integrada por movimientos sociales, sindicatos, organizaciones no gubernamentales ambientalistas, grupos de académicos y sectores políticos de izquierda, que presentaron una propuesta de reforma constitucional plebiscitada en 2004 y apoyada por el 64,7% de la ciudadanía.

Este conflicto por el agua permitió visibilizar y conectar rápidamente a la población con una problemática socioambiental y logró la defensa de un componente esencial para la vida, poniendo en cuestión los modos de acceso y gestión y sus impactos. Estos rasgos de conservación de un bien natural, la participación, la acción y la construcción de una alternativa a través del movimiento ambiental, en forma contrahegemónica al control privatizador y trasnacional del agua, conectan en forma sinérgica con la agroecología.

Un capítulo importante, más directamente relacionado con la cuestión alimentaria, es la conformación y la consolidación de organizaciones sociales de producción-conservación, distribución y consumo, que, con aportes diversos, fortalecen el entramado social contrahegemónico, presentadas a continuación.

Red de Agroecología del Uruguay

La Red de Agroecología del Uruguay (RAU) articula a agricultores ecológicos, personas vinculadas al consumo, el procesamiento y la distribución de alimentos y organizaciones sociales, instituciones y personas que visualizan el impacto positivo social y ambiental de la agroecología y asumen el compromiso de contribuir a su desarrollo. Se consolidó en 2005 por el impulso dado por la Asociación de Productores Orgánicos del Uruguay (APODU) para convocar, junto a otros actores y organizaciones, a la creación de un sistema participativo de garantía con amplios niveles de participación para la agricultura familiar ecológica del Uruguay.

  • i) construcción de sistemas productivos económicamente viables, ambientalmente sustentables y socialmente justos;

  • ii) preservación de la biodiversidad y no explotación de recursos naturales;

  • iii) promoción de la soberanía alimentaria;

  • iv) promoción de sistemas de producción, distribución y comercialización que frenen y reviertan la concentración de riquezas, dando especial importancia al desarrollo de los mercados locales, solidarios y al fomento de una cultura de responsabilidad ciudadana en el consumo;

  • v) rescate y fortalecimiento de una cultura asociativa, solidaria y de complementación, que contribuya a la organización de consumidores y al empoderamiento de pequeños productores agropecuarios;

  • vi) participación igualitaria de integrantes de la red en todos los procesos y tomas de decisiones, considerando especialmente las diferencias de género, edad y otras asociadas a cualquier tipo de discriminación;

  • vii) promover la dignificación del trabajo de la familia de agricultores, respetar los derechos de trabajadores contratados y de los niños, niñas y jóvenes, cuidando que las tareas no afecten negativamente su desarrollo personal o el acceso a la educación.

Sus principales áreas de acción son: la certificación participativa; la promoción de mercados locales y circuitos cortos de comercialización; la promoción de la producción ecológica de alimentos; la incidencia en políticas públicas; la capacitación; la organización de encuentros nacionales cada dos años; los encuentros de consumidores y la organización de la Muestra Nacional de la Agroecología. Está compuesta por siete regionales, reúne a unas trescientas personas y el 70% de sus integrantes son agricultores familiares dedicados a diversos rubros, principalmente hortalizas y frutas y, en menor medida, ganadería, apicultura y procesamiento de alimentos (Gómez Perazzoli y Galeano, 2006; Rieiro y Karageuzián, 2018).

Red de semillas nativas y criollas

El avance de los procesos de acumulación de capital en la agricultura ha puesto en el centro la amenaza a las semillas, a través de mecanismos como las biotecnologías, los tratados de libre comercio y las leyes de derechos de obtentor, de certificación, de comercialización o de registro de variedades, entre otras. En consecuencia, estas amenazas se extienden hacia los saberes colectivos y la subsistencia de millones de familias agricultoras, y atentan contra la posibilidad de los pueblos de construir soberanía alimentaria.

La Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas (RNSNC) se consolidó en 2004 y tiene como objetivo principal el rescate y la revalorización de variedades criollas o tradicionales, para aumentar la disponibilidad de semillas para la producción familiar, tanto para el autoconsumo como para el abastecimiento de mercados locales, fortaleciendo la soberanía alimentaria (RNSNC, 2020). Propone la conservación in situ, mediante la generación de un reservorio vivo asociado a saberes transmitidos generacionalmente y la diversidad de conocimientos y adaptaciones locales. Está integrada por familias rurales, suburbanas y urbanas, organizados en 350 emprendimientos que conforman 33 grupos en el país (Redes, 2014).

Los ejes principales de trabajo son: la realización de actividades de fitomejoramiento participativo; la distribución de semillas y la realización de cultivos semilleros en hortícolas, medicinales, aromáticas, forrajeras, agrícolas y árboles nativos; la implementación de charlas-talleres en centros educativos; la capacitación y formación para productores; la difusión de conocimiento; la organización de espacios de intercambio de semillas y saberes; la integración regional con organizaciones de Brasil, Argentina, Paraguay, Bolivia, Perú y Colombia y la integración de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones Campesinas (CLOC-Vía Campesina) (RNSNC, 2018).

Organizaciones de mujeres rurales

Las mujeres rurales y urbanas comparten desigualdades de género, pero en el medio rural estas adoptan formas específicas dadas por la superposición entre las unidades doméstica-reproductiva y productiva. La invisibilización del trabajo femenino en las actividades productivas ha sido discutida por Peaguda (1996), Chiappe y García y Santos (2005), Vitelli (2013), Gallo y Peluso (2013) y Florit (2015), destacando la relevancia de plantear este tema en el debate nacional. En el censo de 2011 (INE, 2011), un 43, 8% de la población que vivía en el medio rural disperso uruguayo estaba representado por mujeres y, a su vez, las mujeres rurales representaban un 4,5% de la población femenina del país. La propiedad de la tierra es un elemento bisagra que conecta la redistribución de bienes y recursos económicos con el reconocimiento como base del poder de negociación y empoderamiento de las mujeres y hace referencia a aspectos de identidad, subjetividad y cultura (León, 2008, citado en Mascheroni, 2016).

En la apertura democrática durante la década del ochenta, en la búsqueda de soluciones comunes al aislamiento, la crisis económica, la falta de empleo, el éxodo rural, especialmente de jóvenes, y el debilitamiento de las comunidades rurales, se destaca el papel pionero jugado por las organizaciones sociales, especialmente por la RGMR, fundada en 1991, y la Asociación de Mujeres Rurales (AMRU), fundada en 1994. Ambas tuvieron el apoyo de organizaciones de promoción y desarrollo rural de la época (el Centro Cooperativista del Uruguay, el Plenario de Mujeres del Uruguay, el Programa Mujer Rural de la CNFR y diversas organizaciones no gubernamentales). Para la RGMR, fue importante la participación en el V Encuentro Feminista de Latinoamérica y el Caribe (Argentina, 1990). De acuerdo con Florit y Piedracueva (2015), la RGMR parte de una mirada crítica de la mujer rural en su contexto y del papel de las organizaciones de productores, planteándose como objetivos fundamentales el desarrollo integral de la mujer rural, la valoración de su rol, la búsqueda de alternativas productivas autosustentables, la formación política de sus integrantes y la generación de espacios de intercambio en defensa de los derechos humanos. Está integrada por aproximadamente noventa mujeres, organizadas en dieciséis grupos. Asume una posición crítica frente al agronegocio, ha internalizado el concepto de soberanía alimentaria e integra la CLOC-Vía Campesina.

La AMRU, desde sus orígenes, tuvo mayor difusión nacional y elevada complejidad organizativa, con seis regionales y cuatros áreas de trabajo (institucional, social, productiva y comercial), pero con énfasis en las actividades productivas. La organización de la Mesa Criolla, en 2001, le dio visibilidad y reconocimiento nacional. En 2003 alcanzó a 190 grupos, 70% dedicados a actividades productivas, mayoritariamente la preparación de conservas. Integra desde 2004 la Confederación de Organizaciones de Productores Familiares del Mercosur Ampliado (COPROFAM).

Ambas organizaciones han abierto el camino para la discusión de las problemáticas de género en el medio rural, la visibilidad y el empoderamiento de las mujeres rurales. Hoy aparecen debilitadas por dificultades de recambio generacional, el peso de la institucionalidad pública en la temática y el fortalecimiento de la CNFR y las sociedades de fomento rural, que concentran la asignación pública de recursos para proyectos productivos. Actualmente, estas dos organizaciones, junto a la CNFR, representan a la sociedad civil en el Espacio de Diálogo de Mujeres Rurales.

Nuevas experiencias de acceso de los jóvenes a la tierra

En un proceso relativamente reciente, que “aún está ocurriendo”, diversos grupos de jóvenes accedieron a tierras del Instituto Nacional de Colonización (INC): en 2014, el colectivo Aldea Avatí, en Canelones; en 2017, el grupo Los Parientes, en Treinta y Tres, y el colectivo agroecológico El Ombú, en Paysandú, que estuvo en calidad de cuidador de la tierra hasta inicios de 2020.

Un elemento de conexión y potenciación entre estos colectivos, y también de otros que no necesariamente están en tierras públicas, han sido los Campamentos Nacionales de Jóvenes por la Soberanía Alimentaria, organizados por la RNSNC (2016 en Canelones, 2017 en Paysandú, 2018 en Treinta y Tres y 2019 en Lavalleja). En el proceso de los campamentos, los grupos de jóvenes ganaron protagonismo, identidad colectiva y autonomía para pautar sus espacios de trabajo e intercambio.

Estos colectivos valorizan el medio rural como forma de vida, pero su identidad y condición no pueden entenderse desde la categoría de “joven rural” (Durston, 1998; Caggiani, 2004; Espíndola, 2004; Romero, 2004; Kessler, 2006). El acceso a la tierra en el caso de estos grupos no se da por sucesión familiar, sino como resultado de estrategias de organización en red y movilización hacia el restablecimiento de derechos. De igual forma, los principales conocimientos para la práctica de la agricultura no provienen del relevo generacional. En el ámbito del trabajo son procesos orientados a generar dinámicas de autoempleo alejadas de estructuras patronales. Estos jóvenes conforman sus grupos desde la estrechez de los lazos de amistad, por lo que no existe una figura de autoridad ni relaciones de subordinación prestablecidas y se apela, en cambio, a formas de organización más horizontales, que privilegian la participación entre iguales (Ariza, 2018).

Algunos rasgos de estas experiencias señalan que: son colectivos reivindicativos que emergen en forma autoorganizada y movilizados por la satisfacción de necesidades, levantando una demanda de fuga a la marginalidad; presentan una propuesta agroecológica y de soberanía alimentaria asumida como modo de vida y mediación con el ambiente; se articulan en redes flexibles; se oponen a la tendencia migratoria de jóvenes del campo a la ciudad; se desarrollan en tierras administradas por el Estado a través del INC y plantean un cuestionamiento a las estructuras de la modernidad, al desarrollar procesos de aprendizaje más allá de lo formal, de trabajo más allá de las relaciones patronales, de habitar los espacios más allá de la aspiración de vida individualizada y de intercambios más allá de los circuitos económicos. Estos cuestionamientos se traducen en un hacer cotidiano en el que se recrean alternativas orientadas a la construcción de autonomía (Ariza, 2018).

Circuitos cortos, organizaciones de consumo y certificación ecológica

Los agricultores ecológicos desarrollan estrategias de circuitos cortos de comercialización, buscando un contacto más directo con la población consumidora y una mayor autonomía y control del proceso. En 1995, se generó el primer punto de venta, que funciona hasta la actualidad, la Feria de Alimentos Ecológicos, en Montevideo, que también tiene dos puestos fijos (Ecotienda, creada en 2005, y Ecomercado, en 2015), ambos gestionados por cooperativas de agricultores. Las ferias y los puntos fijos, el reparto de canastas y las ventas directas han crecido en todo el país y se han implementado espacios de promoción y difusión de alimentos ecológicos y de formación práctica en comercialización para agricultores.

Los alimentos se venden en un sistema de confianza directa productor-consumidor, sin certificar, respetando las normas de producción orgánica, o certificados mediante el Sistema Nacional de Certificación de la Producción Orgánica. La RAU es la certificadora habilitada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP). La evaluación se realiza mediante un sistema participativo de garantías integrado por agricultores, consumidores y técnicos, en el que se articula y fomenta el encuentro de personas implicadas en generar modelos de producción y consumo vinculados a la agroecología y la soberanía alimentaria, y constituyen también herramientas ricas para impulsar acciones colectivas.

Hay 160 agricultores certificados, fundamentalmente familiares, que comercializan en el mercado interno hortalizas, frutas y lácteos, con predios que tienen en promedio siete hectáreas, junto con un sector no cuantificado de agricultores rurales y urbanos, miembros de redes de semillas criollas, escuelas, centros educativos o terapéuticos que desarrollan prácticas agroecológicas (Gómez Perazzoli, Gazzano, Cartelle y Bizzozero, 2018; Rieiro y Karageuzián, 2018). Por su parte, en Uruguay se registran 1.207.000 hectáreas orgánicas certificadas de ganadería de carne, con fines de exportación. Se trata de 400 predios extensivos con superficies promedio de 2.900 hectáreas, integrados en cadenas agroexportadoras cuyo núcleo son las mismas empresas transnacionales que operan en Uruguay en la exportación de carne.

Agricultura urbana y periurbana

La agricultura urbana es un fenómeno creciente en Uruguay y en el mundo, que se vincula a la alta densidad de población en las ciudades, donde vive más de la mitad de la población mundial (95% en Uruguay), y a la necesidad de reducir el hambre y la desnutrición enfrentando la vulnerabilidad económica y social ante los eventos climáticos extremos (inundaciones, tornados), junto con un fenómeno también creciente de demanda de los sectores urbanos de acceder a circuitos de alimentos “sanos” y frescos y de propuestas institucionales locales que impulsan “ciudades sostenibles”.

Las huertas urbanas aparecen ya en la década del cincuenta, vinculadas a propuestas institucionales de fomento hortícola, y en su trayectoria histórica se “reactivan” frente a las crisis por fenómenos naturales (inundación de 1959 en Uruguay, por ejemplo) (Miller, 1957) o económicas y sociales, como en 2002, cuando surgió el Programa de Producción de Alimentos y Organización Comunitaria (PPAOC) integrado por vecinos y distintos servicios universitarios (Bellenda, Galván, García, Gazzano, Gepp, Linari y Faroppa, 2018).

Este programa articuló actores y generó vínculos e intercambio de saberes, al tiempo que contribuyó a desarrollar y fortalecer el capital social. Al crearlo se buscaba generar un plan para paliar las carencias alimenticias y contribuir al fortalecimiento de los vínculos sociales de las familias, planteando que:

“En la búsqueda de alternativas de supervivencia, la creación de huertas constituye una forma de resistencia social y un elemento mediante el cual es posible aproximarse a mejorar la dieta en cantidad y calidad, en situaciones de desempleo y caída real del ingreso.” (Programa de Producción de Alimentos y Organización Comunitaria, 2002, citado por Bellenda, et al., 2018, p. 142)

Se buscaba construir “una alternativa no asistencialista, sustentable, basada en el desarrollo humano y en el desarrollo de la capacidad de las personas participantes de organizarse, generar sus propias soluciones” (Programa de Producción de Alimentos y Organización Comunitaria, 2002, citado por Bellenda, et al., 2018, p. 143). La propuesta tuvo orientación agroecológica, implementada en espacios reducidos, con escasez de recursos biofísicos y económicos, considerando la necesidad alimenticia y la participación de las familias, cuestiones estas que determinaron la diversificación productiva, y se generaron sistemas autorregulados en plagas y enfermedades y reciclaje. Un censo en el área de influencia del programa mostró que, en 2005, había 120 emprendimientos, con 186 familias y aproximadamente 670 personas involucradas, que cubrieron parte de su alimentación.

En el ámbito urbano-educativo, se creó en 2005 el Programa de Huertas en Centros Educativos (PHCE), con apoyo de la Intendencia de Montevideo, la Administración Nacional de Educación Pública y la Facultad de Agronomía de la UDELAR, para promover un cambio cultural hacia una nueva forma de dignificar a la persona en comunidad y en relación con la naturaleza, que se mantiene a la actualidad. De este programa derivaron acciones hacia la formación integral de estudiantes universitarios (2011) y de estudiantes de secundaria y primera infancia (2016), así como hacia el trabajo con personas privadas de libertad y agricultores en eventos de inundación.

Por su parte, la Red de Huertas Comunitarias (RHC) se consolidó en 2017, producto de una larga trayectoria que integra procesos de formación y acción con participación de múltiples actores, organizaciones e instituciones en agricultura urbana. La RHC se plantea coordinar acciones entre huertas; compartir recursos, conocimientos y experiencias; fomentar la activación de huertas comunitarias barriales, familiares y educativas; generar un espacio de transformación social y contribuir en la economía familiar con alimentos de bajo costo y alta calidad. Nuclea a varios grupos activos, y ha instalado procesos de huertas en varios departamentos.

Formación, investigación y extensión

La articulación de formación, investigación y actividades de extensión en agroecología surge como propuesta crítica en un contexto generalizado de formación en ciencias agrarias fuertemente orientado por un enfoque de ciencia reduccionista, fragmentaria y positivista, asociado a la perspectiva de la “revolución verde” y a la conceptualización del ambiente “al servicio de la producción”.

A partir de la década del ochenta, y con mayor impulso en la del noventa, se comenzó a generar diversas actividades de formación, con inicio en la Facultad de Agronomía, que consolidó a partir del año 2000 un grupo en agroecología. Al mismo tiempo, comenzó una demanda creciente y sostenida de formación, asesoramiento técnico e investigación, que se mantiene hasta la actualidad. Además, a nivel terciario se iniciaron cursos de grado y posgrado, se ampliaron vínculos hacia afuera y hacia adentro del país, con organizaciones, productores y el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIA), junto con acciones de la Asociación de Estudiantes de Agronomía (AEA) y la contribución de la UDELAR en temáticas relacionadas con la agroecología, mediante programas integrales y aportes desde las ciencias sociales, la extensión, la nutrición, la veterinaria, la psicología, entre otras disciplinas. Simultáneamente, se desplegaron actividades de educación no formal en el ámbito de las organizaciones sociales.

En los últimos veinte años, en el marco de la UDELAR, la investigación aportada en agroecología y temáticas relacionadas, con una fuerte presencia de la Facultad de Agronomía, aumentó significativamente la diversidad de temas y la conformación de equipos multidisciplinarios, a los que entre 2008 y 2014 se sumó el INIA, mediante el Programa de Agricultura Orgánica, así como el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable (IIBCE) y la Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC). No obstante, Gazzano y Gómez Perazzoli (2017) mencionan que no existen fondos focalizados para investigar en agroecología en ninguna de las instituciones y agencias de investigación del país, y plantean la necesidad de priorizar una agenda de investigación nacional y destinar recursos para consolidar la investigación y la propuesta planteada desde la agroecología de un abordaje de sistemas complejos, con un enfoque holístico, sistémico, participativo, pluralista y dialéctico que privilegie la relación sujeto-sujeto e involucre múltiples escalas espacio-temporales e institucionales, vinculando actores desde un enfoque territorial, para plantear estrategias transicionales. Aun en este contexto de ausencia de apoyos específicos, la trayectoria construida socialmente, que articula saberes y acciones, asume un rol fundamental y logró reunir más de novecientos trabajos científicos y relatos de experiencias en el VIII Congreso Latinoamericano de Agroecología-2020, del cual Uruguay fue sede.

Políticas públicas y el Plan Nacional de Agroecología

Existen distintos instrumentos y políticas públicas que, directa o indirectamente, aportan en agroecología: la creación del Sistema Nacional de Certificación de la Producción Orgánica, en 2008; el programa Plantar es Cultura, del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), que fomenta desde 2014 la agricultura urbana y las huertas comunitarias; el Programa Pequeñas Donaciones, del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), que, desde 2005, apoya acciones ambientales y de producción agroecológica; y la implementación de acciones por las intendencias.

En el último caso, podemos citar la declaración de interés departamental de la agricultura ecológica, en 2015, por la Intendencia de Montevideo, así como el apoyo de esta al PHCE y el desarrollo de capacitaciones. En Canelones se impulsaron medidas pioneras, como la prohibición de las fumigaciones aéreas, medidas cautelares en la cuenca de la Laguna del Cisne y el apoyo a procesos de transición agroecológica en predios afectados y el Plan de Ordenamiento Rural de Canelones. Por otra parte, en Treinta y Tres se creó el Programa de Soberanía Alimentaria; en Rocha, el Padrón Productivo; en Paysandú, Paysandú Agroecológico; en Río Negro, el Programa Cultivando Saberes; y en Florida, el programa Huertas Orgánicas y Frutos Nativos.

La trayectoria de acumulación histórica permitió que un conjunto de actores presentara en 2015 un proyecto de ley, que se aprobó en diciembre de 2018, la Ley n.o 19.717, Plan Nacional para el Fomento de la Producción con Bases Agroecológicas. El proyecto fue presentado por la RAU, la RNSNC y la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología-Capítulo Uruguay (SOCLA-UY). Esta ley declara de interés general la promoción y el desarrollo de sistemas de producción, distribución y consumo de productos con base agroecológica, con el objetivo de “fortalecer la soberanía y la seguridad alimentaria, contribuyendo al cuidado del ambiente, de manera de generar beneficios que mejoren la calidad de vida de los habitantes de la República” (Ley n.o 19.717). Reconoce como sujetos principales a los productores familiares agropecuarios y a los sistemas de producción urbana y suburbana. La comisión honoraria prevista por ley elaboró los lineamientos generales del plan, para continuar trabajando territorialmente a través de la participación y el diálogo social y cocrear el contenido y las acciones específicas.

Discusión y nuevos puntos de reflexión

Las contradicciones, las tensiones y los conflictos entre la propuesta de producción agroecológica y el modelo de producción convencional generan un contexto que pone de manifiesto una disputa de paradigmas de producción, lo que da paso, a su vez, al análisis de vías y modos posibles de construcción contrahegemónica. Las acciones antes expuestas reúnen algunos rasgos contrahegemónicos: la predominancia de la organización en redes (RAU, RNSNC, RHC, RGMR y jóvenes), de carácter flexible, horizontal y descentralizado en su funcionamiento y toma de decisiones, vinculadas a la construcción de redes de intercambio y comerciales, pero también de creación de vínculos e identidades sociales con expresión territorial.

Es central aquí la identificación de objetivos con algunos elementos comunes contrarios al modelo dominante y propositivos de uno nuevo, nucleados en torno al concepto de soberanía alimentaria, la calidad de vida y la búsqueda de autonomía y modos de organización hacia una sociedad sostenible, justa, equitativa y en defensa de los derechos humanos y de la lucha de las mujeres contra la desigualdad. También es clave la construcción de estrategias que confrontan la concentración, la deslocalización, la homogeneidad, la serialidad y el control del sistema alimentario corporativo, a través de una cierta identidad compartida con expresión territorial en torno al manejo conservacionista de los bienes naturales, así como las estrategias de articulación de producción y consumo mediante propuestas de cercanía, conocimiento y confianza, el rescate, la conservación y la lucha por las garantías en el acceso y la distribución de semillas nativas y criollas, el acceso a bienes y el aumento de la resiliencia de los sistemas de producción.

Por otro lado, estas construcciones se imbrican en un relacionamiento entre diversos actores en torno a la defensa de “lo ambiental”, dentro de procesos de mayor amplitud que actúan en clave de denuncia, defensa y construcción participativa en la disputa ambiental, con un giro ecoterritorial. En este desarrollo intervienen los enfoques críticos en los procesos de investigación, formación y acción, que disputan el campo del conocimiento a través de la transdisciplina, la integración de saberes y el abordaje de sistemas complejos, desde una perspectiva holística, pluralista y dialéctica. Fenómenos sociales crecientes como la agricultura urbana, abierta y difusa, pero que implican una reconexión con la naturaleza y se vinculan con la producción de alimentos como un factor de importancia clave en la disminución de la vulnerabilidad social, se relacionan también con los movimientos mencionados.

En esta trayectoria, parece evidenciarse un contexto generador de algunos marcos comunes para la acción colectiva, que confrontan el sistema alimentario en el marco de la crisis ambiental, desde esquemas de interpretación alternativos que pueden operar como productores de una subjetividad colectiva. Un hito en este sentido ha sido el logro de la aprobación de la ley para la construcción del Plan Nacional de Agroecología.

En un despliegue de la potencialidad de esta propuesta, donde la hegemonía se actualiza permanentemente, se vuelve fundamental el espacio contingente de la acción colectiva, en el que las identidades y las acciones se deconstruyen y reconstruyen. También se vuelve fundamental el carácter instituyente de los movimientos sociales para avanzar en una transformación profunda, que permita ligar las microexperiencias a la macropolítica, consolidando los vínculos con la clase trabajadora, los jóvenes y las mujeres, en una trama social que imbrica en forma permanente la vida cotidiana, la cultura y la ética, con las formas históricas de organización y de lucha.

El logro de la aprobación de la Ley Nacional de Agroecología posiciona al movimiento agroecológico ante a una serie de interrogantes: ¿Es posible dar pasos hacia la reafirmación de la subjetividad colectiva? ¿Es posible un profundo diálogo con la clase trabajadora y los sectores populares, en un diálogo intergeneracional y que internalice la lucha de jóvenes y mujeres hacia una mayor equidad? ¿Es posible consolidar la identidad del proyecto desde el territorio o desde la institucionalidad?

Estas preguntas impulsan los marcos de interpretación, desde el acomodo de la resistencia dentro del modelo actual a la unificación de sentidos para oponerse creativamente a él, construyendo nuevos significados y definiciones que permiten subvertir la “naturalidad” del poder redefiniendo el sentir, el ser, el saber y la relación con la naturaleza, en un nuevo proyecto alimentario-ambiental-civilizatorio, en clave del “buen vivir”. En este sentido, la agroecología es una de las propuestas con mayor potencia en América Latina y en el mundo para lograrlo.

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Contribución de autoría Este trabajo fue realizado en partes iguales por Inés Gazzano, Marcel Achkar, Elena Apezteguía, Julián Ariza, Alberto Gómez Perazzoli y Julio Pivel.

Nota: Inés Gazzano: Doctora en Recursos Naturales y Sostenibilidad, profesora agregada de Agroecología, integrante del Grupo de Agroecología de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República (UDELAR). Marcel Achkar: Doctor en Ciencias Agronómicas, Laboratorio de Desarrollo Ambiental y Gestión Sustentable del Territorio. Facultad de Ciencias (UDELAR). Elena Apezteguía: Doctora en Zootecnia, integrante del Grupo de Agroecología de la Facultad de Agronomía (UDELAR). Julián Ariza: Magíster en Ciencias Agrarias y Ciencias Sociales, doctorando en Ciencias Agrarias, integrante del Grupo de Agroecología de la Facultad de Agronomía (UDELAR). Alberto Gómez Perazzoli: Magíster en Desarrollo Rural Sostenible. Julio Pivel: Economista, maestrando en Ciencias Agrarias.

Nota: Este artículo fue aprobado por el editor de la revista Dr. Felipe Arocena

Recibido: 19 de Mayo de 2020; Aprobado: 22 de Septiembre de 2020

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