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Revista de Ciencias Sociales

Print version ISSN 0797-5538On-line version ISSN 1688-4981

Rev. Cien. Soc. vol.34 no.48 Montevideo June 2021  Epub June 01, 2021

 

Presentación

Actores sociales y ambiente

Soledad Nión Celio


Hace ya diez años de la publicación del número 26 de la Revista de Ciencias Sociales, el último dedicado al vínculo entre las ciencias sociales y el ambiente. En esa oportunidad, se señalaba la relevancia de las ciencias sociales en el estudio de las temáticas ambientales, los desafíos para el desarrollo sustentable y los límites que la visión exclusiva desde las ciencias naturales imponía para comprender cuáles eran los fenómenos que estaban emergiendo desde este ámbito con paulatina claridad.

En la última década, las ciencias sociales lograron abrirse un espacio notorio en el tratamiento de los temas vinculados a la salud ambiental y humana, articulados en debates sobre los modos de producir, los bienes ecosistémicos y la participación ciudadana en la gestión del riesgo. No obstante, es menester seguir consolidando el aporte desde el campo de lo social, que debe continuar desarrollándose en interdisciplinariedad y con espíritu crítico, nutriéndose de las experiencias empíricas y de las teorías globales, pero también de aquellas americanistas desarrolladas más recientemente.

Gazzano y Achkar (2013) señalan que la irrupción de la temática ambiental en los ámbitos sociales, culturales, científicos y políticos constituye un nuevo factor cuestionador, que pone en debate conceptos como desarrollo, tecnología y ciencia, entre otros. Desde hace varios miles de años, ya desde el surgimiento de la agricultura, la temática ambiental es objeto de reflexión humana. No obstante, recién en la década del sesenta del siglo XX se transformó en un campo de estudio sistemático y acumulativo, donde se produce conocimiento científico.

A fines de la década del setenta y comienzos de la del ochenta, el tema ambiental ya había ganado un espacio importante en la preocupación científica internacional. En parte, el desarrollo de esta preocupación estuvo vinculado a grandes desastres y sus efectos en la desigualdad social (García Acosta, 2005). Paulatinamente, comenzaron a identificarse elementos que influyen, en distintos grados, en el funcionamiento de los ecosistemas en diferentes dimensiones de nuestra vida:

  • a) ambiental (degradación, contaminación, nuevos problemas);

  • b) alimentaria: pérdida de seguridad y soberanía alimentaria y nutricional;

  • c) económica y social: sobreacumulación, concentración de riqueza, pobreza, diferenciación social, asimetrías de poder y acceso a los bienes naturales, los alimentos y las decisiones;

  • d) político-social (conflictos, ecodesplazamientos, exclusión, hambre, desnutrición, violencia, entre otros)

(Bartra, 2009).

Los modelos productivos actualmente preponderantes se basan en una división internacional del trabajo, con avance del extractivismo, reprimarización de las economías, sobreexplotación de los bienes naturales, pérdida de soberanía tecnológica, alimentaria, cultural, social y económica (Svampa, 2012). Los efectos de estas formas de producir afectan la salud humana, animal y ambiental, acumulándose con la contaminación producida por las tecnologías pasadas, intensificando el cambio climático y la insostenibilidad en el largo plazo de estas formas de vida (Beck, 1986).

Si bien la explotación y la exportación de bienes naturales no son actividades nuevas en la región, en los últimos años del siglo XX y primeros del siglo XXI se intensificó la expansión de proyectos orientados a ellas (Svampa, 2012). En la medida en que los diferentes megaproyectos reconfiguran territorios, no solo ponen en jaque las formas económicas y sociales preexistentes, sino también el alcance de la democracia y la justicia social, pues se imponen sin el consenso de las poblaciones y generan así fuertes divisiones en la sociedad. En tal sentido, otra de las consecuencias de este modelo ha sido la explosión de conflictos socioambientales, visibles en la potenciación de las luchas por la tierra, en particular encarnadas en los movimientos indígenas y campesinos, así como en el surgimiento de nuevas formas de movilización y participación ciudadana, centradas en la defensa de los bienes naturales, la biodiversidad y el ambiente. Estos conflictos socioambientales suponen intereses y valores divergentes, en un contexto de gran asimetría de poder; es decir, expresan diferentes concepciones (y disputas) sobre el territorio, la naturaleza y el ambiente (Svampa, 2012).

En este contexto, desde hace unas décadas se comenzó a señalar que la crisis ambiental es, en realidad, una crisis civilizatoria, en la que no se puede separar la degradación de la dimensión físico-biológica del deterioro social (Leff, 1998). El problema ambiental se presenta entonces, en primera instancia, fundamentalmente desde un contexto biofísico, y, cuando se intenta incorporar a su interpretación la dimensión económica y social, puede ser reformulado como “crisis civilizatoria” (Bartra, 2009).

La constatación de estas problemáticas interpela a la sociedad a través de dos preocupaciones centrales: la primera es que la sociedad se ve afectada en su conjunto, no existen mecanismos que permitan a individuos o grupos aislarse y evitar sus efectos, es decir, “nadie se salva”, y la segunda es la certeza del fracaso, al menos hasta hoy, en la identificación de soluciones (Gazzano y Achkar, 2013). En línea con lo anterior, Machado Aráoz (2015) señala que la exacerbación consumista y fosilista experimentada durante el siglo XX desembocó en lo que Beck (1986) llama “sociedades del riesgo”. Los riesgos actuales muestran los límites de las sociedades industriales y aparecen como efectos no deseados del desarrollo científico-tecnológico.

Según Galindo (2015), la teoría de la modernidad reflexiva de Beck apunta al potencial de conflicto social derivado de las relaciones entre las definiciones de los riesgos. En este sentido, Luhmann (1991), Giddens (1995) y Beck (1986) -teóricos clásicos de las ciencias sociales- muestran cómo el concepto de riesgo se puede asociar a cambios profundos en las relaciones sociales, en las formas de autoridad y en las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad. Los efectos no deseados producidos por la alta complejidad alcanzada por los procesos de racionalización en la sociedad implican riesgos tanto de alcance personal como global. En este marco, las teorías sobre el riesgo se esfuerzan por señalar que existe una creciente reflexividad: los individuos son cada vez más conscientes de su contexto social y de su papel como actores dentro de él, y son capaces de reflexionar sobre sus propias prácticas y sus consecuencias (Giddens, 1995). La aceptación activa de los riesgos es parte importante del clima de riesgo con que se vive en la modernidad actual. Específicamente, los debates en torno a la “naturaleza” se vuelven una nueva fuente de legitimación moral por la cual se justifican los distintos saberes en pugna (Wilkinson, 2001; Douglas, 1996). En estos procesos de definición y atención de los riesgos se ponen en juego diferentes recursos de poder.

La noción de políticas del riesgo vincula riesgo con poder y conocimiento con valores políticos de libertad, equidad, justicia, derechos y democracia. La “pérdida de inocencia” de esta era inspira nuevos movimientos políticos relacionados con una nueva forma de racionalidad ambientalmente responsable en el marco de esa modernidad reflexiva (Wilkinson, 2001; Beck, 2010). Así, se producen debates que suponen procesos de concentración del conocimiento y de las decisiones sobre el riesgo vinculadas a los modelos de desarrollo y productivos a escala nacional e internacional.

La idea de crisis civilizatoria que mencionábamos en párrafos anteriores tiene, entonces, profundas implicancias para los actores sociales, ya que, como advierte Agoglia (2010), la gran crisis es un llamado a la acción. La crisis ambiental o civilizatoria y las consecuencias negativas de la aplicación de algunas propuestas o aparentes soluciones han generado reacciones y tensiones en diversos actores sociales que comienzan a problematizar, a buscar nuevas soluciones y a centrar su mirada en estos fenómenos.

El desarrollo de la ciudadanía ambiental está íntimamente relacionado con las oportunidades para participar en la gestión ambiental y con las demandas de los actores sociales vinculadas a ello. La visibilidad de los conflictos ambientales y el incremento de las demandas por la participación en temas de calidad ambiental o en proyectos que potencialmente tienen alto impacto en el medioambiente no terminan de abrirse un lugar pleno en las políticas públicas ni en el ámbito empresarial o académico (Gudynas, 2009). A modo de ejemplo, los gobiernos progresistas que hubo en las últimas décadas en la región latinoamericana mantuvieron los estilos de desarrollo con altos impactos ambientales, basados en la apropiación de bienes naturales, y la participación ciudadana (bajo el paraguas de los derechos ambientales) se presenta como una solución que no tiene cabida en los Estados que se autodefinen como representantes de los derechos “del pueblo” (Gudynas, 2009).

En este contexto, desde comienzos del siglo XXI, en diversos ámbitos de la sociedad uruguaya se observa una creciente asignación de importancia a la temática ambiental, especialmente a la urgencia de encontrar soluciones, acordes con la realidad regional, a los problemas ambientales emergentes. Las configuraciones productivas de las últimas décadas dejaron en evidencia la sobreexplotación de la naturaleza y sus consecuencias para la vida humana, requiriendo la atención de una serie de problemas de diversa índole. Desde lo público-estatal, se desarrollan políticas y acciones para hacer frente a estos problemas, que se presentan con argumentos que van desde lo paliativo a la transformación del sistema. Por su parte, desde las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades, se buscan tanto soluciones paliativas como acciones transformativas, que muchas veces entran en tensión con las propuestas estatales.

El presente dossier pretende ser un aporte a este campo, mediante la contextualización del debate sobre las relaciones entre sociedad y ambiente en el Uruguay actual, donde las características de las llamadas sociedades del riesgo comienzan a ser cada vez más visibles. Por un lado, especialmente en el plano ambiental, se observa el avance del agronegocio, la contaminación de los ríos, la degradación de los suelos, el creciente uso de agroquímicos, etcétera. Por otro lado, hay un resurgimiento de formas “alternativas” de producción, normativas y controles, “tecnologías limpias” aplicadas a la industria, áreas protegidas, ciudadanías ecológicas, entre otros.

Diez años después de aquel número de la Revista de Ciencias Sociales que trataba temas de ambiente y ciencias sociales, este dossier se propone darle continuidad y mostrar el empuje de esta línea investigativa abordando las temáticas de medioambiente y ciencias sociales desde una mirada interdisciplinaria, con artículos que unen los grandes debates políticos y científicos sobre ambiente, ciencia y tecnología con las problemáticas específicas que afronta el Uruguay en materia de desarrollo, sustentabilidad, ambiente, sociedad y producción. Estos son algunos de los debates en los cuales el país se encuentra hoy en día, en el marco de un fenómeno regional y mundial donde los riesgos ambientales, sociales y políticos conviven en un espacio de disputa de poderes y visiones encontradas de los diferentes actores involucrados.

Los artículos incluidos abordan una diversidad de problemáticas vinculadas al medioambiente, las relaciones sociedad-ambiente y los actores involucrados, los modelos de producción y los riesgos asociados a ellos, buscando cubrir una amplia gama de perspectivas y miradas sobre estas temáticas.

En primer lugar, Gazzano, Achkar, Apezteguía, Ariza, Gómez Perazzoli y Pivel abordan la noción de agroecología como herramienta emancipatoria y contrahegemónica en la transformación social, dada la actual crisis civilizatoria ligada a los riesgos ambientales. El trabajo realza la importancia de las unidades de producción, la organización comunitaria, el conocimiento local, la biodiversidad y las formas de vinculación con la naturaleza.

En el caso de Filardo y Rossi, el artículo refiere a la cuestión de las áreas protegidas por medio del análisis de los conflictos entre actores locales, los intereses que proclaman y los servicios ecosistémicos que disputan para el área de Montes del Queguay (Paysandú, Uruguay).

Por su parte, Evia Bertullo estudia los conocimientos populares sobre el uso de plaguicidas, en los que se combinan saberes corporales y del habitar el territorio con saberes expertos que se resignifican.

Por último, Pereyra se aproxima al estudio de la instalación de las industrias de pasta de celulosa en el Uruguay, pero desde las valoraciones que diversos actores sociales (por ejemplo, la academia, las organizaciones de la sociedad civil y los sindicatos) hacen de este sector productivo, buscando caracterizar los modelos de desarrollo implícitos en sus discursos.

Soledad Nión Celio y Valentina Pereyra Ceretta. Coordinadoras del dossier

Referencias bibliográficas

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