Introducción

Las familias y las calles, “lo privado y lo público”, establecen relaciones dialécticas, un camino de ida y vuelta en la vida de muchos jóvenes. En ciertos entornos familiares -broken homes o disrupted families (^{Rebellon, 2002}; ^{Farrington, et al., 2001}; ^{Juby y Farrington, 2001})- y determinadas comunidades -comunidades desordenadas (^{Sampson y Raudenbush, 2004}) o broken windows (^{Kelling y Coles, 1996})- esta encrucijada está cargada de “factores de riesgo” (^{Farrington, 2003}) históricos y presentes relacionados con la socialización cotidiana y los círculos sociales (^{Simmel, 1939}) de los jóvenes, así como elementos estructurales históricos y presentes nucleados en, siguiendo a ^{Taylor, Walton y Young (2007)}, condicionamientos mediatos e inmediatos. Estos elementos hacen que algunos adolescentes² estén más expuestos a la posibilidad de cometer infracciones³ y que no sea tan sencillo encontrar espacios de bienestar, aunque, como se desarrollará, las valoraciones de estos entornos también tienen sus vueltas y revueltas.

Con el propósito de focalizar las ideas, el artículo realiza un abordaje específico de las influencias familiares y de la calle (espacio de la comunidad de residencia) en el comportamiento infraccional de los adolescentes montevideanos. Las preguntas que guían el trabajo son, por un lado, ¿cuáles son los factores familiares de riesgo que influyen en la infracción adolescente? Y, por otra parte, ¿qué “estrategias para rescatarse”⁴ utilizan los adolescentes frente a los factores familiares de riesgo? Tanto los factores de riesgo como las estrategias para rescatarse se observan a partir de un análisis de trayectorias de los adolescentes desde el punto de vista de la historia familiar y personal, la convivencia en la comunidad de residencia y su experiencia en el sistema punitivo.

Siguiendo a David ^{Farrington (2003}), los factores de riesgo son, básicamente, aquellos eventos en el curso de vida de las personas que incrementan la exposición al riesgo de cometer un delito. Si bien los factores de riesgo como categoría explicativa se analizan, generalmente, en el marco de los estudios cuantitativos -a menudo con diseños longitudinales-, esta investigación se sirve de dicha categoría para indagar y comprender en profundidad los procesos y mecanismos que configuran los factores de riesgo en la trayectoria infraccional de los adolescentes. Por otra parte, las estrategias para rescatarse son las alternativas que utilizan los adolescentes para descubrir entornos de bienestar. Los espacios o entornos de bienestar son lugares de encuentro entre personas que brindan comodidad e identidad de pertenencia porque comparten valores, intereses y experiencias en común, al menos, en un tiempo dado y en un contexto determinado. Estos espacios de bienestar pueden o no favorecer el desistimiento delictivo, o sea, la finalización, suspensión o ausencia del comportamiento infraccional en un periodo de tiempo significativo en la vida de las personas (^{Bottoms, et al., 2004}).

La hipótesis de estudio es que los factores familiares de riesgo “expulsan” a los adolescentes del hogar, directa o indirectamente, por un tiempo parcial o total⁵. Esto motiva que los adolescentes busquen nuevos espacios de bienestar, sitios que, frecuentemente, intensifican la posibilidad de cometer infracciones. Ello sucede por la acumulación de factores familiares de riesgo y factores de riesgo de la calle. Esta situación se presenta a pesar de que, en un momento dado, los adolescentes conciban que se encuentran insertados en un espacio de bienestar.

Estudiar a los jóvenes en Uruguay no es un capricho. Aunque “… continuamente los jóvenes se encuentran sujetos a una evaluación moral e interpelación por sus formas de hacer las cosas” (^{Tenenbaum, 2014}, p. 48), en los últimos años la sociedad uruguaya señaló y recargó buena parte de la problemática de seguridad en un puñado de la población: los adolescentes en conflicto con la ley⁶. Así, con apoyo de los legisladores, el sistema punitivo nacional destinado a los adolescentes incrementó su grado de represión. Algunos ejemplos son la ^{Ley n.º 18.777, de 2011}, que sancionó la tentativa de hurto; la ^{Ley n.º 18.778, de 2011}, que permite, llegado el caso, considerar los antecedentes de los adolescentes en la Justicia Penal de adultos; la ^{Ley n.º 19.055, de 2013}, que estableció que las rapiñas (la infracción más frecuente en los adolescentes), además de otros ilícitos, deben ser sancionadas con medidas privativas de la libertad de, al menos, un año de duración. También se dispuso la privación cautelar preceptiva, o sea, la internación de los adolescentes antes de que la justicia demuestre la responsabilidad y defina la infracción cometida. Entre otros eventos importantes, se puede mencionar el plebiscito de 2014, cuyo resultado estuvo muy cerca de concretar la reducción de la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años. Por estas razones, el estudio del delito y la justicia juvenil es una línea de investigación que merece la atención de las ciencias sociales uruguayas.

Otra justificación y contribución del estudio es la utilización de la literatura criminológica internacional contemporánea (sobre todo anglosajona y europea) para dialogar con la información empírica. Este diálogo se plantea para mostrar la pertinencia para el caso uruguayo de ciertas categorías explicativas y observaciones empíricas, que se discuten en otras partes de Occidente. Esta tarea no se hace sin tener presente el contexto de la literatura y su tradición metodológica, aunque en este último punto el texto está más interesado en profundizar en la teoría desde el punto de vista de su comprensión y aplicación empírica al caso uruguayo, que en el resultado descriptivo “duro” y los métodos para la construcción del dato.

A continuación, se detalla la estrategia metodológica de la investigación, se desarrollan las principales teorías criminológicas y sociológicas de la desviación, y se presentan estudios empíricos acerca de las familias y las comunidades en relación con la criminalidad. Posteriormente, el artículo avanza hacia el análisis y la interpretación de la información surgida en el trabajo de campo, para, finalmente, cerrar con algunas reflexiones.

Estrategia metodológica

La investigación se inscribe en el marco de los estudios de caso (^{Gundermann, 2008}; ^{Yin, 1989}) que pretenden maximizar la variabilidad de los contenidos (^{Ragin, 2007}; ^{Mills, van de Bunt y de Bruijn, 2006}; ^{King, Keohane y Verba, 2005}). Se implementa un estudio retrospectivo que toma como punto central del análisis la vida anterior y posterior a la infracción -captada por el sistema punitivo- de los adolescentes de Montevideo en conflicto con la ley.

La elección de los adolescentes como población de estudio permite investigar de manera inmediata la relación de la infracción adolescente con el entorno familiar y comunitario. Dicha generación mantiene un estrecho vínculo familiar, vive en sus hogares familiares de origen y da inicio a la vida comunitaria con sus pares. Con las medidas alternativas a la privación de la libertad (medidas en libertad⁷) se profundiza lo que se viene diciendo, porque son sanciones judiciales que subrayan la importancia de la familia, dado que los adolescentes continúan -a diferencia de las medidas privativas de la libertad- viviendo en el hogar familiar y la comunidad que residían antes de la infracción. El antecedente histórico de las medidas en libertad es la probation de la ley criminal británica (^{Cid, 2009}). La sistematización y el impulso mundial a la probation se dio a partir de las Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad: Reglas de Tokio (^{Organización de las Naciones Unidas, 1990}). Las reglas fueron adoptadas en 1990, pero tardaron varios años en incorporarse a la mayoría de las legislaciones nacionales latinoamericanas⁸. Uruguay incorporó este tipo de medidas en el año 2004.

Los casos se seleccionaron a través de un muestreo teórico (^{Strauss y Corbin, 2002}) con el fin de controlar la comparación sistemática y la maximización de la variabilidad de los casos. Dicha elección se emparenta con la propuesta de ^{King, Keohane y Verba (2005}), en el sentido de que las observaciones fueron seleccionadas intencionalmente de acuerdo con las variables explicativas. De esta manera, las variables independientes para la selección de los casos son: sexo y edad de los adolescentes, tipo de infracción, arreglo familiar de los adolescentes, sanciones judiciales en el marco de las medidas en libertad, comunidad de residencia y condiciones socioeconómicas de la comunidad de residencia.

El trabajo recoge las voces de quince adolescentes⁹ de Montevideo en conflicto con la ley, cinco mujeres y diez varones de entre 14 y 18 años de edad. La información se obtuvo a través de la técnica de entrevista abierta, aunando a ella ciertas características de la entrevista biográfica (^{Reséndiz, 2008}; ^{Rojas, 2008}; ^{Pujadas, 2002}). Mientras la entrevista abierta generó un clima de comodidad, al no pautar los encuentros y deslindarse de los interrogatorios inquisitivos y los formularios institucionales, los atributos de la entrevista biográfica permitieron profundizar en la historia familiar y personal, enfatizando en los puntos de inflexión y las transiciones (^{Elder y Pellerin, 1998}; ^{Hareven y Masaoka, 1988}) que destacan los adolescentes de su vida¹⁰. Las entrevistas a los adolescentes se realizaron entre noviembre de 2014 y febrero de 2015.

Las infracciones tipificadas a los quince entrevistados por la justicia montevideana para adolescentes fueron: cinco rapiñas, cuatro lesiones personales, dos hurtos, una tentativa de hurto, un homicidio culposo, una receptación, un abigeato y un accidente de tránsito¹¹. La distribución de los casos se asemeja a lo que sucede en la población adulta en la cual, por ejemplo, en el año 2015, el 44,4% de las infracciones fueron rapiñas y el 30,6% hurtos. Distribución similar se observó en el año 2014, con 48,6% rapiñas y 28,4% hurtos (^{Poder Judicial, 2015}, ²⁰¹⁴).

Respecto a las medidas dictaminadas, diez casos fueron sentenciados con libertad asistida (uno de los casos también fue imputado con medidas de reparación del daño) y cinco casos tuvieron libertad asistida como medida sustitutiva a la privación de la libertad (uno de ellos también fue imputado con medida de prisión domiciliaria). La amplitud temporal de todas las medidas en libertad va de 2 a 18 meses. También hay que considerar que buena parte de los adolescentes tuvo prisión preventiva.

La mayoría de los arreglos familiares de estos adolescentes se alejan de los tradicionales hogares nucleares, a saber: ocho tienen hogares ampliados o extendidos, cinco viven en hogares monoparentales con mujeres jefas de familia (en todos los casos hay hermanos) y solamente dos viven en hogares nucleares. La distribución de los arreglos familiares refleja la relevancia que tienen las mujeres, pues en ocho de los quince hogares hay madres solteras jefas de hogar.

En cuanto a las condiciones socioeconómicas de las comunidades de residencia de los adolescentes, utilizando la pobreza como indicador proxy, la mayoría vive en zonas con vulnerabilidades económicas. Según datos de la Intendencia Departamental de Montevideo (2015), sobre las personas en situación de pobreza a escala municipal, siete de los adolescentes entrevistados viven en el municipio A, donde el 29,6% de los habitantes está en situación de pobreza. Cuatro adolescentes residen en el municipio D (23,7% de las personas está en situación de pobreza), uno en el municipio F (23,1% de las personas está en situación de pobreza), uno en el G (14,1% de las personas está en situación de pobreza), uno en el municipio C (2,7% de las personas está en situación de pobreza) y uno en San José¹².

Aunque no se expone el material empírico por restricciones de espacio, es importante aclarar que los discursos de los adolescentes fueron triangulados con entrevistas a sus referentes familiares (madres, padres y abuelas), operadores judiciales (jueces, fiscales, defensores y peritos) y operadores sociales de las instituciones de ejecución de medidas en libertad. También se realizó un análisis documental de expedientes e informes técnicos y de observación participante (^{Tenenbaum, 2016})¹³.

Para finalizar, entiendo importante aclarar que el estudio toma los factores de riesgo como una categoría explicativa de referencia -no las estrategias metodológicas por las cuales, frecuentemente, se las estudia- para, a partir de lo que dice la literatura, profundizar en los procesos que configuran a tal o cual fenómeno social en un factor de riesgo en la vida de los adolescentes.

Familias, cuidados, comunidad e infracción adolescente

Hay múltiples formas de hacer familias (^{Lerner y Melgar, 2010}). Las familias varían de acuerdo con las asimetrías internas de poder y la desigualdad de recursos materiales y simbólicos de sus integrantes (^{Arriagada, 2004}; ^{Ariza y Oliveira, 2001}), además de los aspectos que refieren a su estructura y dinámica de socialización.

El cuidado familiar depende, grosso modo, de las habilidades cognitivas y emocionales, del tiempo y la predisposición que tienen los progenitores u otros integrantes responsables del cuidado (abuelas/os, hermanas/os mayores, etcétera) para contribuir al desarrollo intelectual y afectivo de los niños y adolescentes. Sobre la base de esta delimitación, queda claro que, aunque no se profundiza en ello en este artículo, el cuidado familiar inmaterial (afecto, comunicación, confianza, enseñanza de valores, convivencia, etcétera) está estrechamente asociado al cuidado que recibieron los propios progenitores, y que el cuidado familiar material se relaciona con la “educación formal”, la remuneración, la ocupación laboral (por ejemplo, manual y no manual) y el tipo de mercado de trabajo (por ejemplo, precariedad laboral) de los responsables del cuidado de cada generación (^{Tenenbaum, 2016}). Por otro lado, es importante tener en cuenta que el cuidado, como tarea reproductiva, es una actividad que “concierne” a las mujeres en el marco de la división sexual tradicional del trabajo. En este esquema de dominación masculina, en las medidas en libertad -sanción que mantiene el vínculo de los adolescentes con sus hogares y que necesita del compromiso familiar para el cumplimiento de la medida judicial- las mujeres (madres, hermanas, abuelas, tías, etcétera) de los adolescentes en conflicto con la ley tienen un lugar protagónico.

El enfoque de derechos humanos y las constituciones nacionales de prácticamente todos los países postulan a la familia como el motor o núcleo de la sociedad, debido a que es un espacio privilegiado para el desarrollo integral de las capacidades de los niños. No obstante, una vasta literatura evidencia que las familias no son, sin discusión y en todo momento, un entorno propicio para el cuidado de los niños y adolescentes. La criminología dedicada al estudio de la incidencia de las familias en la infracción de los adolescentes comienza a inicios del siglo xix (^Juby y ^{Farrington, 2001})¹⁴, pero empieza a desarrollarse en 1960 gracias al interés que puso la psicología en este tema (^{Theobald, Farrington y Piquero, 2013}). En Inglaterra y Estados Unidos se han desarrollado las investigaciones más significativas para responder a la pregunta: ¿la estructura y la dinámica familiar explican el comportamiento antisocial del hijo? Si la respuesta es positiva, ¿cómo afecta? A partir de ^{Rebellon (2002}), se destacan tres perspectivas:

“… la teoría de la tensión centrada en los conflictos familiares asociados al trauma y las situaciones estresantes, la teoría del control social que visualiza a la familia como una institución de afecto y control directo así como destaca la importancia del autocontrol y la teoría del aprendizaje que resalta la capacidad que tienen las personas de ser influenciadas”.

A partir de ^{Juby y Farrington (2001}), se pueden agregar otros dos enfoques¹⁵: el curso de vida que atiende la dinámica del proceso familiar con las metodologías longitudinales y la teoría de la selección de índole biologicista que subraya el carácter hereditario de ciertos comportamientos. Otra perspectiva en este campo de estudio es la “medioambiental”. Este enfoque se refiere al contexto de socialización inmediato de las personas y, por tanto, remite al cuidado familiar de los niños y los adolescentes (^{Farrington, et al., 2001}). Más allá de las diferencias de enfoque, los estudios son bastantes similares en lo relativo a medición de las variables. La dimensión más indagada es la “ruptura de los hogares” (broken homes o disrupted families) a través de la separación de los padres por el fallecimiento de uno de ellos, por conflictos entre los padres o por la privación de libertad de uno de ellos. Buena parte de las pesquisas demuestran que la separación de los padres por conflictos de pareja afecta de manera significativa a los niños, haciéndolos más propensos a cometer infracciones que quienes han padecido el fallecimiento de uno de sus padres¹⁶ y, más todavía, que aquellos niños con familias “intactas” (intact family). A su vez, la inestabilidad posterior a la separación es un factor que puede predecir la infracción juvenil (^{Theobald, Farrington y Piquero, 2013}). Todo ello se puede intensificar con la falta de afecto y empatía de los padres, en especial, los que derivan de la madre (^{Mack, et al., 2007}).

Otro elemento importante a considerar, dentro de los condicionamientos mediatos de la infracción de los adolescentes, es que, a menudo, ante mercados de trabajos precarios, los referentes familiares tienen dificultades para priorizar a sus hijos. Por ejemplo, ^{Laub y Sampson (1988}) expresan que la inestabilidad laboral de los padres incide en la supervisión de los hijos. En esta dirección, para la Ciudad de México y Montevideo, ^{Tenenbaum (2016}) observa que la precariedad laboral de los responsables del cuidado incide negativamente en la predisposición psíquica (las preocupaciones económicas y laborales consumen prácticamente toda la atención de los padres) y la disposición temporal (largas jornadas de trabajo para obtener ingresos mínimos -suficientes o no- para mantener el hogar) para el cuidado familiar inmaterial. Hay que tener en cuenta que la separación parental puede causar la disminución de los ingresos económicos del hogar. Ello afecta directamente la supervisión parental cuando conlleva la salida o el aumento de horas en el mercado de trabajo por parte de la madre o el padre que viven en el hogar del adolescente. Por esta razón, ^{Mack, et al. (2007}) afirman que existe una tensión entre las preocupaciones económicas y el cuidado en los hogares monoparentales con hijos a cargo.

El panorama reseñado acerca de los factores familiares de riesgo y las condiciones mediatas de la infracción adolescente pueden recrudecer desde las perspectivas criminológicas que estudian la relación entre crimen y comunidad. Por ejemplo, habitar la calle por un tiempo parcial o total influye en el comportamiento infraccional de los adolescentes si residen en “comunidades desordenadas” (^{Sampson y Raudenbush, 2004}) o comunidades broken windows (^{Kelling y Coles, 1996}). Estas dos categorías explicativas de la potencialidad que tienen ciertas comunidades para atraer el fenómeno delictivo ponen atención en el ordenamiento territorial, la calidad de las estructuras físicas (viviendas particulares, estatales, espacios públicos), las desigualdades económicas entre los barrios colindantes y en el interior del barrio, el capital social, la presencia territorial de las organizaciones de la sociedad civil y del Estado, entre otras dimensiones (^{Aiyer, et al., 2015}; ^{Sampson y Raudenbush, 2004}; ^{Visher y Travis, 2003}; ^{Sampson y Laub, 1995}). A estos aspectos hay que agregarles las relaciones sociales que entablan los adolescentes en su comunidad. En este sentido, una de las conclusiones más consistentes de la criminología es que el comportamiento delictivo está correlacionado con tener amistades que cometen delitos (^{Matsueda y Anderson, 1998}). Mutatis mutandis, se asevera lo mismo acerca de las relaciones familiares cercanas. Es más probable cometer delitos con otras personas que en soledad. Ello está relacionado con una clásica categoría explicativa, la asociación diferencial (^{Sutherland, 1940}). Se cometen delitos, en parte, por medio del aprendizaje a través de la socialización con personas que infringen la ley. Hay que advertir que el desorden social de una comunidad no es necesariamente un impedimento para el desarrollo de los adolescentes en conformidad con el orden social, pero sí es un obstáculo importante que se debe sortear. Finalmente, desde la teoría del etiquetamiento, es posible pensar que la selectividad y la estigmatización delictiva que carga la familia, la comunidad y los amigos pueden generar que el sistema punitivo reaccione contra los adolescentes por un simple mecanismo de inferencia, por estar y socializar con los desacreditados¹⁷. La desviación social no es independiente de su etiquetamiento.

Brevemente, para finalizar el apartado, en América Latina hay algunos trabajos empíricos que quiebran las prenociones tradicionales sobre la familia. Por ejemplo, un estudio de la población adulta privada de libertad en México expresa que hay “… un claro deterioro en las familias donde crecieron los delincuentes. Cada vez son mayores los índices de violencia, de consumo de alcohol y drogas, de abandono, de deserción escolar, de ingreso temprano a la economía informal y de pertenencia a núcleos familiares que cuentan con varios integrantes en prisión” (^{Azaola y Bergman, 2009}, p. 61). En esta dirección, otro trabajo, realizado en Chile, argumenta que los adolescentes tienen “… un cúmulo de vivencias expulsivas dentro del núcleo familiar” (^{Labra, 2011}, p. 36). Esta es una de las razones que justifica la aseveración de que “… el hogar es el lugar más inseguro para las mujeres, niñas, niños y adolescentes” (^{Saucedo, 2010}, p. 188). Una consulta realizada en 17 países de Latinoamérica¹⁸, entre los cuales se encuentra Uruguay, concluye que “… niñas, niños y adolescentes identificaron a la familia como un espacio de aprendizaje y socialización de la violencia” (Organización de las Naciones Unidas, 2006, p. 26)¹⁹. Todos estos aspectos pueden desencadenar problemas relacionados con la reducción de la supervisión, el rechazo parental y la carencia de afecto en razón de la tensión, el estrés y las preocupaciones que tienen los padres.

Los factores familiares de riesgo que influyen en el comportamiento infraccional

En los siguientes apartados se desarrolla la evidencia empírica y el análisis sobre los factores familiares de riesgo que inciden en la infracción adolescente²⁰. Antes de eso, es importante aclarar que no todos los factores de riesgo que aparecen en el hogar se originan necesariamente en las familias. Los hogares e integrantes de una familia acumulan diversas desventajas por motivos que trascienden su capacidad de agencia y que pueden estar relacionados con la posición en la estructura social. Dichas desventajas pueden ser heredadas y ocasionadas por otras personas, grupos, instituciones, elementos estructurales y macrocoyunturas. Por otra parte, también hay que advertir que, si bien hay factores familiares de riesgo que aparecen con regularidad en los adolescentes que cometen infracciones, dichos factores no siempre son condiciones suficientes para que un joven concrete infracciones -pero sí aumentan la exposición a cometer delitos²¹-. Además de otros factores de riesgo no familiares que pueden influir en la infracción, es importante estudiar las maneras en que los adolescentes viven y aprehenden los factores familiares de riesgo. ¿Por qué? Porque la sola presencia de uno o más factores de riesgo no condiciona inevitablemente el comportamiento de una persona. Hay que conocer el significado que los adolescentes atribuyen a los factores de riesgo. De este modo, como se leerá, hay eventos de la vida familiar que son vividos como puntos de inflexión por parte de los adolescentes. En otros jóvenes, sucesivos acontecimientos familiares son vividos como una acumulación de hechos trascendentes. Por otra parte, hay adolescentes que naturalizan o se resignan ante los eventos problemáticos de su familia.

Ida y vuelta: de la familia a la calle y de la calle a la familia

Los factores familiares de riesgo mencionados, además de otros aspectos²⁵, conducen a que varios adolescentes busquen o escapen parcial (tramo temporal del día) o totalmente del hogar familiar. A pesar de que, idealmente, el hogar debería fungir como “refugio” del ámbito público; en un tiempo determinado y en estos casos, la calle pasa a ser el refugio de los adolescentes en contraposición a la esfera privada del hogar. En la calle (la esquina, la plaza, el parque, el muro, el cordón, el campito abandonado y otros espacios) los adolescentes encuentran relaciones sociales con experiencias, intereses y valores “subterráneos” (excitación, aventura, novedad, amenaza, etcétera) que comparten (^{Matza y Sykes, 1961}). Si bien en la calle estos jóvenes -también otros muchachos-satisfacen intereses y afectos que no obtienen en sus hogares familiares, habitar la calle acarrea otros factores de riesgo que aumentan la exposición de los adolescentes a fenómenos problemáticos (consumo desmedido de etílicos, consumo problemático de sustancias psicoactivas, riñas, conflictos vecinales, manipulación por parte de adultos, ociosidad, detenciones policiales arbitrarias, entre otras cosas):

“Pasaba todo el tiempo en la calle y ahora estoy todo el tiempo en mi casa … En ese momento estaba para la joda … hubo un año y medio o dos que estuve para la joda … no le hacía caso a mi madre, no quería estudiar, estaba en la esquina con amigos, fumaba porro, hacía cualquiera”. (Agustín)

“Andaba todo el día en la calle, me mandaba cualquiera, todo el día drogándome … me levantaba y me fumaba un porro … todos los días era lo mismo: fumar porro, robar, estar todo el día vagando”. (Enrique)

“Uno está acostumbrado a estar en la calle, a pelearse todo el día, no voy a cambiar de un día para otro … si iba para mi casa después de estar internado en un centro de tratamiento de adicciones, iba a ir para el barrio, me iba a pelear, me iba a lastimar, yo no quería ir”. (Michel)

“A los 11 años mi abuela me echó a la calle y ahí empecé a robar … yo tengo que alimentarme y vestirme, y me fui a robar … La calle es una escuela, es la escuela más grande. Si vos andas en la calle sabés manejarte, si te metés adentro de un cante y no sabés manejarte, te matan, te cazan de pinta … Es difícil, mi madre estuvo cuatro años en la pasta base, a mí madre no la reconocía”. (Patricia)

“En el barrio alguno fuma porro y todo eso, corte, están relocos, están repedo, y te empiezan a atomizar: ‘Ah, porque vos sos gil’. ‘Ningún gil’. ‘Tenés que pelear’ … cuando no quiero pelear no le doy bola y me meto a mi casa”. (Ernesto)

La calle es, sobre todo en las comunidades con desorden social (^{Sampson y Raudenbush, 2004}), un espacio difícil de sobrellevar, al igual que, en varios casos, el hogar familiar. Esta idea termina de sellarse cuando los adolescentes son detenidos por la policía, procesados por la justicia y sentenciados con alguna medida. En este momento, para los adolescentes que no hacen “carrera delictiva” -que son la amplia mayoría como demuestran los estudios sobre la curva de edad del delito (^{Sweeten, Piquero y Steinberg, 2013}; ^{Hirschi y Gottfredson, 1983}), la familia retorna a los primeros lugares de la axiología de los entornos de bienestar. De este modo, producto del impacto del sistema punitivo, la misma familia que en el tiempo anterior a la infracción fue “expulsiva” -factor que, entre otras cosas, acercó a los adolescentes a la calle e incrementó, con ello, la posibilidad de inicio de la infracción- es o vuelve a ser un espacio de contención, de bienestar:

“Mi familia está siempre, en las buenas y en las malas … yo estoy acá cumpliendo una medida y ellos están allá como si nada ‘amigos’. Los que están siempre conmigo es mi madre y mi padre, si no lo hago por ellos, por quién lo voy a hacer. Yo tengo la mente de cambiar”. (Michel)

“Después de todo esto el sistema punitivo las cosas fueron distintas. Ahora tengo una mejor relación con mi madre, paso todo el día en casa, hablamos, miramos la tv juntas, tomamos mate”. (Susana)

“Yo me sentía solo, nadie me decía te quiero, nada. Ahora, mi madre, ¿sabés qué?, me cuida como loco … me exigen mucho, corte, que estudie. Quieren que vaya adonde me dicen y hago caso porque es para bien … antes no hacía caso porque nadie me prestaba atención”. (Daniel)

“Mi padre, mi familia, y eso te hace cambiar. Lastimé a una familia se refiere a la familia de la víctima por hacer una bobada”. (Agustín)

“Mi madre tiene problemas y cada vez que me iba con él amigo que cometía infracciones se ponía renerviosa y todo. Ahí dije: ‘Ta’. Porque si no a mi madre la voy a matar … tiene problemas, corte, piensa mal y todo eso”. (Ernesto)

Los problemas familiares del hogar se ven disminuidos por las detenciones policiales abusivas y violentas (^{Tenenbaum, 2015}), el maltrato judicial (indagatorias inquisitivas, calabozo, desconocimiento de la dinámica judicial, etcétera) y los conflictos en los centros de privación de la libertad (robos y riñas entre internos, castigos de los guías / guardias, pérdida de la libertad, condiciones de vida paupérrimas, etcétera). Por otra parte, el impacto del sistema punitivo despierta la reflexión de los adolescentes sobre su familia, sus amigos, la calle, entre otros temas antecedentes de la infracción. Esta introspección, junto a los tratamientos socioeducativos en las instituciones que ejecutan medidas en libertad -y algún esporádico caso de instituciones privativas de la libertad con programas educativos con propósitos y actividades sólidas y sistemáticas-, hace que los adolescentes se “rescaten”: los adolescentes aceptan y se responsabilizan de la infracción, generan empatía con la víctima y su familia, así como empatía con su propia familia u otros grupos sociales de conformidad con el orden social (^{Tenenbaum, 2016}).

El regreso de la familia como entorno de bienestar, en el conjunto de los espacios de bienestar posibles, no se efectúa únicamente por parte de los adolescentes, algunos integrantes de las familias también se vuelcan hacia los jóvenes. Lo interesante es que la activación del sistema punitivo sobre el adolescente puede ser un punto de inflexión en la familia y, por medio de ese impacto, cambiar ciertos patrones de comportamiento en el hogar, de manera que los problemas familiares anteriores a la infracción se erosionen o minimicen en el tiempo posterior a la infracción. Un escenario alternativo es que la familia no haya cambiado sus formas y maneras de hacer las cosas dentro del hogar, pero aunque los problemas persistan, el adolescente los visualiza desde otro lugar. Los problemas familiares se reducen cuando el patrón de referencia negativo es una institución privativa de la libertad. Otra posibilidad es que la familia, la calle y el sistema punitivo, una vez conocidos los tres, no sean espacios donde los adolescentes deseen vivir y que, por esa razón, busquen opciones normadas -ya no medios no institucionales- para no habitar en los espacios mencionados. Sin embargo, dadas las restricciones que tienen estos adolescentes en su estructura de oportunidad laboral (ocupación manual, informalidad, remuneración insuficiente, inestabilidad laboral, edad para trabajar, etcétera), la emancipación es una expectativa lejana.

Finalmente, es propicio aclarar que, por la ecología del fenómeno de estudio, si bien, generalmente, los adolescentes vuelven a su hogar después de cumplir con la sanción judicial, cuando se habla de “retorno familiar” no se alude a un regreso físico sino a la resignificación y ponderación de la familia (o de algunos de sus integrantes) y de las condiciones de vida en el hogar; los adolescentes se “rescatan” en la familia.

Discusión final

La familia es un camino de ida y vuelta para los adolescentes en conflicto con la ley que no realizan una carrera criminal. Por una parte, es un camino de ida por los factores de riesgo del cuidado familiar: el abandono parental junto al sentimiento de soledad y rencor; la ausencia de apoyo familiar y los problemas de comunicación enredados con la falta de confianza; los conflictos familiares, la violencia generacional y de género en el hogar, la socialización con integrantes del hogar familiar con antecedentes penales. A todo ello se suma la complejidad que tiene desplegar un control informal y la supervisión directa cuando los referentes familiares se separan y tienen ocupaciones en mercados de trabajo precarios.

El camino de regreso a la familia se efectúa por los factores de riesgo de la calle, el impacto del sistema punitivo o la reflexión y el tratamiento de las instituciones que ejecutan medidas en libertad. En este proceso, la familia que en un primer momento influyó en la infracción de los adolescentes es, en un segundo tiempo, parte de la solución como agente de control social en las medidas en libertad. Vale decir que en las dos instancias la familia es, por ley, el primer entorno responsable (patria potestad) del bienestar de los adolescentes. Este escenario es paradójico, porque la familia, que en un primer momento movilizó los factores de riesgo de la infracción adolescente, debe contribuir, en un segundo momento, al desistimiento infraccional de esos jóvenes. La familia es el origen y el destino de los adolescentes en conflicto con la ley. Para desactivar la paradoja es necesario que la familia, en el tiempo posterior a la infracción, minimice o anule los factores de riesgo que llevaron a los adolescentes a infringir la ley y a sentirse expulsados del hogar. De este modo, quizás, la vuelta al hogar familiar de origen pueda ser el comienzo, u otra etapa, en el proceso de desistimiento.

Se entiende que la suspensión parcial o definitiva de la infracción viene dada por la adaptación de los adolescentes a sus condiciones de vida y no, realmente, por un cambio en los factores de riesgos familiares y comunitarios (de la calle). Este cambio trasciende la capacidad de agencia de los adolescentes y sus familias. Por eso importa discutir e investigar si la reinserción social de los adolescentes en conflicto con la ley es un objetivo funcionalista de adaptación social a los factores de riesgo o un cambio real hacia factores de protección. Con esto no se desea desacreditar las medidas en libertad y la participación familiar en la reinserción social. Tampoco se pretende revalorizar las medidas privativas de la libertad, todo lo contrario. El análisis crítico permite observar la necesidad de implementar un trabajo dedicado al fortalecimiento familiar (generación de habilidades cognitivas, sociales y afectivas en los padres: confianza, comunicación asertiva, empatía, solidaridad, compartir espacios, apertura, amor, etcétera) durante el tratamiento de las medidas en libertad, así como mejorar las condiciones de las comunidades con desorden social y las condiciones de los mercados de trabajo. Estas propuestas superan lo que actualmente se conoce como tratamientos socioeducativos para adolescentes en conflicto con la ley, necesitan nuclearse en una política de inclusión social integral que contrarreste los distintos planos etiológicos del fenómeno delictivo juvenil, que busque fortalecer a las familias y las comunidades vulneradas, y generar o adecuar al enfoque de derechos humanos una política criminal y de castigo. Junto con ello, es necesario que Uruguay incorpore al Código de la Niñez y la Adolescencia una legislación que directamente exprese, como imperativo, que las familias deben participar activamente en los tratamientos socioeducativos de los adolescentes, obligando a las instituciones que ejecutan medidas judiciales a dar participación y crear capacidades en los referentes familiares. Para ello, la legislación laboral debe crear las condiciones jurídicas para que los referentes familiares puedan equilibrar su jornada entre el cuidado inmaterial y el trabajo productivo, recibiendo salarios dignos y disponiendo de tiempo libre cuando tengan que participar en las actividades que benefician el tratamiento socioeducativo de los adolescentes.

Por último, sería interesante que en el futuro se extienda este tipo de investigación a todo el país y a los adolescentes con medidas privativas de la libertad. También podría realizarse una pesquisa con grupo de control para poder comparar los factores de riesgo y los procesos que los configuran, que tienen presencia-ausencia en los adolescentes que cometen infracciones y en los que no infringen la ley. Idealmente, pensando de manera ambiciosa, sería recomendable aplicar un estudio longitudinal de curso e historias de vida de las trayectorias de los jóvenes uruguayos. Una investigación integral en la que participen diversas disciplinas y temáticas (criminalidad, sexualidad, consumo de drogas, aborto, deserción educativa, acceso al mercado de trabajo, etcétera) centrada en la juventud. Cada grupo temático de investigadores puede focalizar sus estudios a medida que se van conformando las submuestras de personas que concretan un evento. Por ejemplo, con una submuestra de individuos que cometieron infracciones -captadas o no por el sistema punitivo-, los investigadores de la desviación social pueden activar un análisis sobre diversos aspectos criminológicos, teniendo información de antemano sobre numerosas dimensiones que fueron relevadas previamente a la presencia del evento y establecer un grupo de control con una parte de la población de la muestra madre que no infringió la ley.