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Revista de Ciencias Sociales

Print version ISSN 0797-5538On-line version ISSN 1688-4981

Rev. Cienc. Soc. vol.30 no.40 Montevideo Jan. 2017

 

Afrodescendencia y restauración democrática en Uruguay

¿Una nueva visión de ciudadanía?

 

Afro-descendants and the restoration of democracy in Uruguay:

how about a new vision of citizenship?


 

Mónica Olaza

 

Resumen

Este trabajo se propone exhibir la visibilidad de la dimensión racial como novedad en el proceso de restitución de la democracia en Uruguay, a partir de los años ochenta. En 2005 es cuando se encuentra mayor evidencia que permite afirmar la presencia de lo étnico-racial y, particularmente, de lo afro dentro de las preocupaciones y compromisos del Estado uruguayo. Estos compromisos y preocupaciones están ligados a un escenario internacional de cambio en materia de reconocimiento de derechos, legislación, emergencia del indigenismo y la afrodescendencia. A tales efectos, la autora se vale de investigaciones en torno al tema, en las que se consultó a informantes clave como integrantes de la sociedad civil organizada, sus representantes en el espacio estatal y se revisaron fuentes documentales.

Palabras clave: Raza / política pública / Estado / ciudadanía / afrodescendencia.

 

Abstract

This paper will show the visibility of the racial dimension as a novelty in the process of restitution of democracy in Uruguay, since the eighties. The largest amount of evidence to support the presence of ethnic-racial, and specifically Afro considerations, within the interests and commitments of the Uruguayan government can be found in 2005. These commitments and interests are linked to a changing international scene in terms of recognising rights, legislation, emergence of indigenismo and Afro-descendants. To these effects, the author reviews documentary sources and analyses the research carried out on the topic in which key actors were interviewed, such as components of the organised civil society and its representatives in the government.

Keywords: Race / public policy / government / citizenship / Afro-descendant.

 

Mónica Olaza: Doctora en Sociología. Profesora adjunta en régimen de dedicación total del Instituto Fundamentos y Métodos en Psicología de la Facultad de Psicología, Universidad de la República (udelar), Uruguay. Coordinadora del Diploma en Afrodescendencia y Políticas Públicas de la Facultad de Ciencias Sociales, udelar. Integrante del Sistema Nacional de Investigadores (sni-anii). E-mail: monicaolaza@hotmail.com

 

Recibido: 14 de diciembre de 2015.
Aprobado: 27 de agosto de 2016.

 

Introducción

“Aspiramos a una sociedad con raíces multiculturales y multiétnicas que afirme el concepto de armónica convivencia que debe regir a la misma. Apuntamos a que la sociedad uruguaya sea, en su conjunto, defensora y transmisora de esta visión, dando un mensaje positivo para los países y sociedades civiles, siendo tarea impostergable el transformar las desigualdades y exclusiones, aportando a la diversidad cultural. Una nueva cultura multicultural, de equidad entre géneros y de respeto profundo por todos, apuntará al desarrollo de una cultura de paz.”

(Coordinadora Uruguaya de Apoyo a la Conferencia Mundial Contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las formas conexas de Intolerancia, 2003, p. 3)

 

La idea de la relevancia del enfoque étnico-racial ha cobrado recientemente visibilidad en la sociedad uruguaya. Teniendo en cuenta que el 8% de la población censada en 2011 ha declarado que su principal ascendencia es afro o negra, e indígena otro 5% (Instituto Nacional de Estadística, 2011), estimamos pertinente analizar este proceso de emergencia, ateniéndonos al período que va desde el restablecimiento de la democracia (1985) a la actualidad (2015). Entre los años 1973 y 1984, Uruguay vivió un período dictatorial que respondió a similares estímulos externos, implementó políticas públicas semejantes y practicó la violación de los derechos humanos y civiles al igual que varios países del Cono Sur americano (Caetano y Rilla, 1994). En 1985, al asumir un presidente electo según mandato del voto emitido en las urnas, se puede datar el comienzo de la restauración democrática. A partir de la fecha señalada resurge un movimiento social organizado, que ahora contará con una sostenida demanda étnico-racial.

Consideramos el racismo como un fenómeno social total (Wieviorka, 1992), en tanto tiene origen, permanencia y consecuencias en los diferentes espacios sociales. A partir de la conquista y la colonización de América (entre los siglos xv y xix), y en el ámbito académico desde el siglo xix, se apeló al concepto de raza para justificar la exclusión como un hecho natural, que presume discapacidades adaptativas por parte de los miembros de las minorías marginadas (Pujadas, 1993). Para el caso de la población negra, van Dijk (2007) menciona que la abolición de la esclavitud en el siglo xix no terminó con la colonización en algunas zonas del mundo. Incluso en África y Asia, hasta el período de descolonización, subsistieron formas de explotación y opresión de absoluta brutalidad con formas explícitas de racismo y racismo académico. Este último tomó expresión en los trabajos de numerosos científicos que buscaron demostrar la superioridad del hombre blanco. En América Latina, también los africanos y sus descendientes, al igual que los indígenas, fueron tratados como seres inferiores, con variadas prácticas discriminatorias, y, en general, los mapeos de nivel de vida los muestran en los sectores más bajos de la estratificación social. De esta forma es que se puede decir que “racismo”, “raza” y “clase” están estrechamente vinculados, lo que, en parte, es herencia colonial.

Al hacer referencia a la raza, debemos tomar en cuenta que los estudios provenientes de la diversidad humana y la genética de poblaciones demuestran la inexistencia de grupos humanos clasificados como razas y la falsedad de considerarlos como tales. Las líneas de ruptura entre las poblaciones humanas no existen: lo que habría es una infinidad de pequeñas diferencias diseminadas a través de todas las regiones. André Langaney, director del laboratorio de Antropología del Museo del Hombre, declara que todas las poblaciones humanas tienen más o menos los mismos genes, pero no en las mismas proporciones (Porzecanski, 1995). No obstante, diversas investigaciones han constatado la existencia de una mirada racializada (Quijano, 2009; Segato, 2010; Margulis y Urresti, 1998; Walsh, 2010; Arias y Restrepo, 2010) por parte de las sociedades hacia algunos de los sectores que la componen. La mirada racializada se vincula con aspectos biológicos como el fenotípico (los rasgos faciales y corporales, el cabello, el movimiento del cuerpo), negativamente valorados, y con aspectos culturales y simbólicos, por eso también se usa el término “étnico-racial. Todo ello va unido a la consideración de estas poblaciones no sólo como diferentes sino como inferiores (aunque esto no siempre se manifieste abiertamente). Por lo antes dicho, entendemos el término “raza” como una construcción social basada en las diferencias fenotípicas, descartando la idea de sobredeterminación biológica, más precisamente genética, de las capacidades físicas y las conductas, desde las cuales se dividieron ideológicamente diferentes categorías raciales y sus estereotipos. Sin embargo, como si esto no fuera suficiente consecuencia negativa de la clasificación racial, además de ausencia de reconocimiento positivo (Fraser, 2001; Taylor, 1993), estas poblaciones padecen problemas relacionados con una mala redistribución socioeconómica (Fraser, 2001). Particularmente, hemos constatado que los afrouruguayos enfrentan problemas de reconocimiento, redistribución y representación (Olaza, 2015).

Para ubicar y comprender mejor los orígenes históricos de esta problemática, parece pertinente precisar que las formas de discriminación basadas en la racialización no son del mismo tipo ni se originan en las mismas racionalidades que todas las formas de maltrato discriminatorio, porque las primeras se ubican dentro de las formas de instrumentación del proceso de acumulación y concentración del capital (Segato, 2010).

La asociación entre color y raza comenzó con la expansión de la esclavitud de los africanos en las Américas, cuando los dominadores europeos construyeron su identidad como blancos en contraposición a los dominados negros. Desde entonces, las otras identidades “indios”, “mestizos” comenzaron a ser asociadas también con el color de la piel, haciendo consolidar y naturalizar un sistema de clasificación y superioridad racial enraizado, más que en las diferencias fenotípicas, en las facultades humanas identificadas con el par superioridad  -  inferioridad (Walsh, 2010).

A su vez, la referencia a la raza es el resultado de una selección cognitiva de rasgos que marcan a grupos poblacionales a los cuales se atribuye un destino en la jerarquía social y en las relaciones de producción. Para ello se distinguieron en cada contexto signos que señalaban la no-europeidad, la no-blancura, el no-poder. En relación con esto es que la raza remite a un pasado, a la vez que permite afirmar que lo que hoy se percibe como no-blancura es resultado de la identificación de una lectura contemporánea de los cuerpos, que los vincula a los pueblos vencidos. Por lo tanto, la raza es un fenómeno cognitivo o mental, que constituye una huella de quien se fue y quien se es (Segato, 2010).

Pero, ¿cómo se ha mantenido semejante desigualdad? Intentaremos brindar algunas pistas para responder a esta pregunta tan amplia, que además trasciende los objetivos de este trabajo. En primer lugar, porque la colonialidad del poder opera en cada uno de los planes, ámbitos y dimensiones materiales y subjetivas de la existencia social cotidiana y a escala societal (Quijano, 2000); porque es central a la universalización de la civilización capitalista, incluyendo la explotación del trabajo, la modernidad, la formación de las sociedades nacionales emergentes criollo-mestizas y el proyecto de Estado-nación (Walsh, 2010); porque la percepción del carácter más o menos legítimo de un cierto tipo de desigualdad guarda relación con la forma en la cual se articulan los planos simbólico y material en la producción de consensos. Hay desigualdades y formas de dominación socialmente legitimadas e ilegítimas; las ilegítimas no logran mantenerse en el consenso social, mientras que las desigualdades legítimas son aceptadas por una sociedad en un momento específico, como parte del sentido común y del estado razonable o aparentemente “natural” de las cosas (Badaró y Grimson, 2010).

Así, agentes individuales y colectivos disponen disímiles beneficios y herramientas o mecanismos de apropiación-expropiación de la riqueza y el bienestar, a la vez que formas diferenciales de institucionalizar, reproducir y perpetuar las posiciones de poder y prestigio en el tiempo.

Las organizaciones de afrouruguayos reclaman, justamente, el reconocimiento de sus raíces africanas en conjunción con su pertenencia a la sociedad uruguaya. En sentido weberiano, estas organizaciones presentan, junto con los rasgos de grupo étnico en cuanto colectividad (como grupo creído), el rasgo de clan como comunidad efectiva con acción comunitaria, reconociéndose con el sentimiento subjetivamente compartido de posesión de características físicas heredadas y a su vez transmisibles. Generalmente, la discriminación antecede al cierre de las posibilidades de acceso a recompensas y oportunidades a los individuos o grupos sobre los que se aplica. Estos individuos o grupos, como el que aquí referimos, ocupan en su mayoría posiciones sociales inferiores dentro de la escala social: son, por tanto, dominados y explotados, manifestándose sobre ellos ambas formas de desigualdad. Al reclamo de reconocimiento se suma el de redistribución.

Algunas sociedades usan la palabra “raza”, por ejemplo, las de Estados Unidos y Brasil; en cambio, en otras como Argentina y Uruguay no es una palabra frecuente ni bien vista (pero esto no impide la valoración de los otros según la tonalidad de su piel, por ejemplo, como más o menos negro). Otro aspecto importante del tema es dónde ubicamos el origen de la clasificación racial o racialización, que mantiene sus consecuencias al día de hoy, específicamente para aquellos grupos que la padecen a diario (como es el caso de las poblaciones indígenas, afro y mestizas). Según Aníbal Quijano (2009) es casi imposible rastrear la clasificación racial surgida en lo que luego se denominó América y, más precisamente, Latinoamérica, y su permanencia en otro momento histórico, porque una de sus características es su persistencia como componente estructural en las sociedades latinoamericanas. Según este autor, la llegada de los que luego serán denominados europeos al continente americano fue lo que dio comienzo a la utilización de una jerarquización racial como justificación de dominio de las poblaciones indígenas e hizo que la esclavitud virara hacia el Atlántico y se ennegreciera. Estas ideas resultan esclarecedoras para pensar la importancia de la raza y sus consecuencias actuales en las sociedades latinoamericanas y las excolonias. A su vez, muestran que estos hechos, históricamente relevantes, lo son más aún debido a su vigencia expresada en la situación de desventaja que padecen las poblaciones afro, indígenas y mestizas.

¿Hablar de raza en Uruguay?

Al estudiar la historia de los afrouruguayos y al cotejar algunos aspectos con otros países de la región, el historiador George R. Andrews (2010) encontró algunas características presentes en varios de ellos y postuló una relación entre los conceptos de democracia social, democracia política y democracia racial. Con esta última idea, se refiere a que una sociedad es, o debería ser, racialmente igualitaria y armónica. Según el autor, estas ideas son imprescindibles para los debates en torno a la raza para los países latinoamericanos, pero no para el caso de Uruguay, pues los uruguayos piensan en materia de justicia social o de equidad, no en términos raciales, sino universalistas, aludiendo a la democracia social y política en relación con la clase. Compromiso reflejado en la implementación de programas sociales a lo largo del siglo xx en Uruguay (Andrews, 2010). Analizando la utilización del concepto de raza en Argentina, Alejandro Frigerio (2008) coincide en afirmar la extrañeza para los argentinos frente el término raza, dado el predominio que adquirió la referencia a la clase. Este aspecto asemeja la realidad uruguaya a la argentina y la diferencia de Brasil, en cuanto a lo concerniente a la democracia racial (aunque no tanto de la concepción de blanqueamiento, homogeneización y supuesta igualdad que esta encierra y está presente en el imaginario colectivo de los uruguayos) y de Estados Unidos, donde lo habitual es hablar de raza y no de clase. No obstante, aunque la sociedad uruguaya se constituyó con un imaginario más cercano a la Suiza de América que al correlato de su dependencia económica y sociocultural que la asemejaba a sus vecinos latinoamericanos, finalizando el siglo xx le llegó el momento histórico de percibir sus diferencias dentro de la diversidad que constituye Latinoamérica, junto a las similitudes de un pasado histórico compartido, que dejó su huella en el presente. Y comenzó a recordar que, a consecuencia de la conquista y colonización en América Latina, se consideró a los indígenas, los africanos inmigrantes forzados, los mulatos, zambos y mestizos, y sus mundos, como subalternos e inferiores, en comparación con un universo blanco, desarrollado de acuerdo a cánones definidos por el etnocentrismo europeo de la época. Esta fue una forma de reconocer al otro: racializado, inferiorizado, empobrecido, explotado (Margulis y Urresti, 1998; Quijano, 2000; Segato, 2010; Walsh, 2010). A pesar de que estas imágenes continúan vigentes, entre 1980 y 1990 se produjo la adopción de nuevas estrategias por parte de las comunidades históricamente invisibilizadas, y se dieron avances en el plano legal y de políticas públicas, aunque aún insuficientes. Comenzó así un proceso de visualización de las sociedades latinoamericanas como multiculturales y algunas como pluriétnicas (Arocena, 2012; García Canclini, 1990).

A nuestro criterio, para remover y rememorar el pasado colonial uruguayo, ocurrieron al menos cuatro hechos sustanciales en el marco de la globalización, las transformaciones de la modernidad (Bauman, 2002; Garretón, et al., 2004; Touraine, 1997) y el ascenso de la hipermodernidad (Lipovetsky, 2006; Araújo, 2013): a) la reorganización del movimiento afrouruguayo en reclamo de reconocimiento y redistribución en el período de la restauración democrática; b) un contexto internacional nuevo, con discurso y legislación a favor del ejercicio sustantivo de los derechos ciudadanos (entre los que se destaca el valor positivo de lo diverso); c) la emergencia de las poblaciones indígenas y afro en América Latina en la década de los noventa; y d) las iniciativas desde el Estado uruguayo que permitieron comenzar a visibilizar la existencia de la raza, principalmente con los gobiernos frenteamplistas, a partir de 2003 en el ámbito municipal y de 2005 en lo nacional. A continuación retomamos los aspectos señalados.

      Logros del movimiento afrouruguayo en materia de reconocimiento y redistribución

Desde 1989 puede hablarse del comienzo de un movimiento negro organizado o reorganizado (Olaza, 2008), con la creación de la Organización Mundo Afro (oma) en Montevideo (Ferreira, 2003). Alrededor del año 1999, el mismo presidente uruguayo, por ese entonces Julio María Sanguinetti, quien negaba la existencia de un exterminio indígena, expresó públicamente: “… heredamos discriminaciones no oficialmente asumidas, pero reales en la vida social” (Ferreira, 2003, p. 7). Además, se logró la promesa de buscar indicios de la presencia de discriminación y racismo en el Servicio Exterior, ante la denuncia de que circularon folletos que declaraban la ausencia de negros en Uruguay. En 1990 oma organizó el Primer Encuentro de Entidades Negras del Cono Sur, que congregó a 20 delegados de 25 organizaciones de la región (Ferreira, 2003). Según el autor, en esa instancia, la organización denunció la existencia de estereotipos, y de situaciones de discriminación y pobreza del colectivo negro uruguayo, y propuso una relectura del pasado con la inclusión de la diversidad, en este caso a través de la expresión de la cultura negra. Dos años después, oma participó como uno de los actores más importantes en la organización de los contrafestejos del “descubrimiento de América” y convocó para el 11 de octubre como último día de la libertad americana, con el eslogan “500 años, el tambor es rebelde y no olvida” (Ferreira 2003, p. 19). Desde ese entonces, todos los años en esa fecha se sigue realizando esta conmemoración que enlaza el problema indígena con el de los afrodescendientes. Seis meses después, en el mismo año (1992), el periódico The New York Times International publicaba: “Uruguay is on notice: blacks ask recognition” (Ferreira, 2003, p. 25). Esto fue difundido por los medios de comunicación locales que, según Ferreira (2003), transmitieron la noticia como si se estuviera hablando de algo irreal. Agrega que lo mismo ocurrió con las voces de los políticos que integraban el gobierno en aquel momento. En 1993 y 1994 oma organizó dos campañas de solidaridad, la primera con el pueblo de Somalia y la segunda, con el de Ruanda (Ferreira, 2003). Pero la segunda, contó con mayor difusión porque fue cercana a la visita de Mandela a Uruguay. Incluso oma obtuvo apoyo del gobierno para la campaña de “Recolección de suero para Ruanda” (Ferreira 2003, p. 37). La campaña invocó la solidaridad del pueblo uruguayo con otro pueblo hermano. Para Ferreira, esta fue una forma de presentar una identidad diversa, tornando visible al ancestro africano que vivía en la sociedad uruguaya. La campaña fue un éxito en la recolección del suero y para la unión del colectivo afro organizado, e intensificó la conexión internacional de la organización. También en 1993, oma logró negociar con la Intendencia Municipal de Montevideo un salón en refacción para su funcionamiento, ubicado en un barrio con tradicional población negra. El logro de un espacio propio era un anhelo por el cual otros luchadores como Marcelino Bottaro batallaban ya en 1934 (Ferreira, 2003, p. 37). En 1996 se comenzó a conversar con el Ministerio de Vivienda para proyectar un acuerdo de construcción de 40 viviendas en el Barrio Sur. En 1998 se inauguró la muestra cultural Afrouruguayos y su Historia, que funcionó en el local de oma, tuvo el apoyo de unicef, y consistió en un recorrido que partía de la representación del mundo civilizatorio africano y finalizaba en una galería de fotos de destacados afrouruguayos (Ferreira, 2003). La muestra contó con la participación de las máximas autoridades nacionales y municipales.

Los avances no han cesado hasta el día de hoy, logrando que el Estado asuma paulatinamente responsabilidades ante la situación del colectivo afrouruguayo. En 2003, bajo la resonancia de las decisiones de la Conferencia de Durban (2001), en la que participaron integrantes del movimiento negro uruguayo, se adoptó mayoritariamente la denominación de “afrodescendiente”, habiendo tomado desde la década de los ochenta una posición ofensivo-defensiva (Touraine, 1997). Principalmente a partir de entonces, la sociedad civil afrodescendiente organizada comenzó a buscar un aumento de su visibilidad, por ejemplo, presionando para incluir la identificación étnico-racial en los relevamientos censales, demandando un nuevo espacio donde funcionar y organizando actividades para difundir la llegada forzada de personas esclavizadas a esta zona geográfica. Como se puede advertir, el movimiento negro o afrodescendiente uruguayo fue y es el actor primordial en el logro de conquistas para su colectivo. Este movimiento capitalizó las luchas que llevaron a cabo sus antecesores y fue un protagonista fundamental de los avances que el país realizó en materia de cuestión racial, además de coordinar sus demandas con otros sectores discriminados por sexo, género, por su condición de inmigrante y por pertenencia etnocultural.

      Innovaciones en la mirada legislativa supranacional

El segundo hecho al que aludimos fue la legislación internacional, que tuvo transformaciones que inciden en las políticas de los Estados que las ratifican. Por ejemplo, el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas hace constar, en la Observación General N° 20, que el crecimiento económico no condujo a un desarrollo sostenible, y constata que la desigualdad perdura tanto en personas como en grupos, que continúan padeciendo sus consecuencias socioeconómicas, ya sea de origen histórico como bajo nuevas formas contemporáneas de ella, y que la discriminación obstaculiza el ejercicio de esos derechos. En el entendido de que la no discriminación y la igualdad están contenidos en la normativa internacional sobre derechos humanos, y son primordiales para el goce y ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales, según figura en el artículo 2.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los Estados parte deben garantizar su pleno ejercicio sin discriminaciones por motivos de “raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica o cualquier otra condición social” (Consejo Económico y Social, 2009, p. 1). Para garantizar y hacer efectivo el cumplimiento de la no discriminación, los Estados deben erradicar a la vez la discriminación formal y la sustantiva. A través de la primera, testifican que su Constitución, leyes y políticas cumplen con no discriminar, de acuerdo con los motivos prohibidos tanto en el Pacto como en otros tratados, o lo establecido en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. Para prevenir el segundo tipo de discriminación, la discriminación sustantiva o de facto, los Estados parte deben atender a grupos o individuos “… que sufren injusticias históricas o son víctimas de prejuicios persistentes en lugar de limitarse a comparar el trato formal que reciben las personas en situaciones similares” (Consejo Económico y Social, 2009, p. 4).

Al mismo tiempo, el Consejo Económico y Social insta a los Estados a la adopción de medidas tendientes a prevenir, reducir y eliminar cualquier condición y actitud generadora de alguna forma de discriminación, sea esta directa o indirecta. La directa refiere a aquellos casos en que los individuos, por alguna razón concerniente a cualquiera de los motivos prohibidos de discriminación, reciben trato menos favorable que otros en similar situación. La discriminación indirecta alude a leyes, políticas o prácticas que, detrás de una aparente neutralidad, activan mecanismos de discriminación.

      Resurgimiento de las colectividades indígenas y afro en América

La conmemoración de los quinientos años de la conquista de América fue motivadora de la organización reivindicativa de poblaciones indígenas y afrodescendientes en Latinoamérica. La crisis del modelo propuesto por la modernidad, el avance del modelo neoliberal de globalización, los adelantos tecnológicos, las migraciones, los cambios en la explotación de las zonas de riquezas en los países latinoamericanos y una nueva mirada a partir de la conmemoración de 1992, habrían sido elementos dinamizadores para una nueva visión de las diferentes comunidades que integran las sociedades latinoamericanas en relación a su composición étnico-racial. Estos últimos puntos estuvieron acompañados por la emergencia de las comunidades negras o afrodescendientes e indígenas, que fueron impulsadas y también dieron impulso al comienzo de reivindicaciones relacionadas con el respeto de los derechos, entre ellos los culturales. Se reclamaba el reconocimiento en distintos planos, como el cultural, por sus aportes al desarrollo de los países, a la identidad nacional. Asimismo, se reivindicaba la visibilización de situaciones de desigualdad económica y social a través de demandas de inclusión social, acceso a las tecnologías, respeto por sus tradiciones y, en algunos puntos, combinando lo económico con lo cultural. Por ejemplo, en los reclamos por el reconocimiento de la propiedad colectiva de la tierra y de las desventajas en que viven numerosas poblaciones afro e indígenas. Esta etapa en la organización de las comunidades indígenas y afrodescendientes se llevó a cabo en un momento nuevo del escenario internacional, proclive, esta vez, a escuchar algunas de sus demandas y a llamar la atención de los Estados al respecto (García Canclini, 1990; Arocena, 2012). En ese escenario de transformaciones en la elaboración y mirada de las identidades, lo local sigue conservando su peso y especificidad, y, en muchos casos, persiste la puesta en práctica de una creatividad de resistencia cultural combinada con la necesidad de supervivencia de las comunidades locales (García Canclini, 1990), en un marco en el que la posmodernidad rescata lo tradicional y la hipermodernidad lo mixtura con cualidades de la modernidad (Lipovetsky, 2006; Araújo, 2013). De esta manera, algunas tradiciones son revisitadas. En Uruguay, la práctica del candombe ha sido un ejemplo, al constituirse en punto de disputa cultural, identitaria, de reconocimiento y de visibilización de la situación de desigualdad que el colectivo afrouruguayo y la mayoría de sus integrantes ha experimentado en la vivencia de discriminación racial institucional, en las prácticas de la vida cotidiana y en las limitaciones a sus posibilidades de ascenso social y desarrollo humano (Olaza, 2015).

      El compromiso del Estado uruguayo: políticas públicas especialmente vinculadas a la afrodescendencia

Coincidentemente con la reorganización del movimiento afrodescendiente y los cambios internacionales, fue a partir de la década de los noventa que encontramos evidencias de que Uruguay comenzó a revisar el tema en relación con las diferencias entre mayorías y minorías, en documentos e informes presentados a organismos y conferencias nacionales e internacionales, así como también recibió sugerencias al respecto. El año 1994 presentó dos ejemplos, con las aprobaciones del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en materia económica, social y cultural, y el Protocolo de San Salvador aprobado por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (Altamiranda, 2004). Antecedentes más lejanos en el tiempo se encuentran, por ejemplo, en 1968, cuando la Asamblea General aprobó la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación y Racismo, que realizó la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 1965. En 1987, por Ley N.º15.892, se aprobó la adhesión de la República a la Convención Internacional contra el Apartheid en los Deportes, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en Resolución A/40/64 (Altamiranda, 2004).

A partir de 1996, la Encuesta Nacional de Hogares incorporó el ítem raza, y en 2006 lo hizo la Encuesta Nacional de Hogares Ampliada (Instituto Nacional de Estadística, 2006). Así, fue posible obtener información sobre ascendencia racial de la población uruguaya y la situación de las minorías. Posteriormente, el Censo 2011 incorporó preguntas sobre ascendencia racial. Disponer de información confiable relativa a las características étnico-raciales de la población del país ha sido una prolongada carencia de la producción estadística sociodemográfica nacional. Una de las consecuencias de dicha situación, señalada por los especialistas, ha sido la “invisibilización” estadística de las diferentes minorías que componen la población (Instituto Nacional de Estadística, 2011). La primera clasificación proviene del Censo de 1852, en el cual se clasificaba a la población por “color” (blancos, negros, mestizos y no especificados), criterio inaceptable en nuestros días (Organización Panamericana de la Salud, 2005). Posteriormente, en censos y registros como los de defunciones, la población afrodescendiente aparece asimilada dentro del rango de las “nacionalidades” como “africanos” (ops, 2005). Esta denominación recoge, seguramente, la información de población de ascendencia afro en su gran mayoría nacida en el país. Estos severos problemas de registro comenzaron a subsanarse recién en 1996, oportunidad en la cual se incorporó, por vez primera, como se mencionó líneas arriba, un módulo que indaga sobre rasgos étnico-raciales de la población en la Encuesta de Hogares 1996-1997, como respuesta a diversos reclamos presentados por personas integrantes de la colectividad afrodescendiente. En la línea del mejoramiento de la información estadística, y teniendo en cuenta la postergación del Censo Nacional, el Instituto Nacional de Estadística (ine) realizó, en el año 2006, la Encuesta Nacional de Hogares Ampliada (enha) que introdujo la indagación de varias temáticas, dentro de las cuales se destaca la inclusión de la pregunta sobre ascendencia étnico-racial.

La introducción de la indagación referida a raza-etnia en la Encuesta Continua de Hogares (ech) desde 2006, por otra parte, produjo varias consecuencias, como se destaca en el documento metodológico del ine, preparatorio del Censo Nacional 2011:

“… el concepto de ascendencia resultaba difícil de comprender por parte de la población, generaba confusión en varios informantes y, en varios casos, se confundía con nacionalidad (obteniendo respuestas del tipo “italiano”, “español” o “uruguayo”). Asimismo, constataron cierto grado de sorpresa en los censados al momento de formularle la pregunta, dando claras muestras de que la población uruguaya no está habituada a pensarse a sí misma de acuerdo con categorías étnico-raciales. Por último, en casos de personas con ascendencias múltiples, la indagatoria sobre la ascendencia “principal” no siempre fue bienvenida y en algunas situaciones los informantes se negaron a responderla, aduciendo que todas sus ascendencias tenían la misma importancia”. (ine, 2011, p. 16)

A partir de esas fechas se viene recogiendo en forma permanente información sobre ascendencia étnico-racial, a través de la ech. Debido a eso, ha podido obtenerse información acerca de la composición de la población de acuerdo con dicha variable, incluyendo su perfil demográfico y socioeconómico. Esta información permitió la realización de estudios demográficos que han logrado evidenciar la permanencia de situaciones de inequidad étnico-raciales en diversos campos (laborales, educativos, económicos, etcétera), de largo arraigo y con frecuencia soslayados (Buchelli y Cabella, 2008). La incorporación de la variable étnico-racial en encuestas y el censo permitió acceder al conocimiento de un nuevo Uruguay multicultural, “… un país más diverso que su imaginación” (Arocena, 2013, p. 137) y a la situación en la que viven poblaciones hasta el momento sin visibilidad estadística (aunque su realidad ha estado presente durante años a los ojos de la sociedad uruguaya, para quien la quisiera ver). De modo contrario, quizás habría surgido antes la pregunta acerca de por qué las generaciones de personas negras o afrodescendientes uruguayos continúan siendo pobres.

Los avances se profundizaron en la legislación, en la creación de institucionalidad y en la atención de la afrodescendencia en la planificación de algunas líneas de trabajo. En materia legislativa, se destaca la modificación del artículo 149 del Código Penal que, en lo que a nuestro tema atañe, agrega los artículos 149 bis y 149 ter que penan, respectivamente,  la  incitación pública y la comisión de actos que impliquen odio, desprecio o violencia contra determinadas personas en razón (entre otras) del color de su piel, su raza o su origen étnico (Ley N.º 16.048 del 6 de junio de 1989); la Resolución Municipal N.º3.895/3, del 26 de setiembre de 2003, que crea, en Montevideo, la Unidad Temática Municipal por los Derechos de los Afrodescendientes, con el fin de promover y ejecutar políticas dirigidas a generar situaciones de igualdad para la población afrouruguaya; la Ley N.º17.817, de Lucha Contra el Racismo, la Xenofobia y la Discriminación, del 18 de agosto de 2004, que declara de interés nacional la lucha contra el racismo, la xenofobia y toda otra forma de discriminación; la Resolución del Ministerio de Educación y Cultura (mec), del 18 de octubre de 2005, que establece la creación de la sección encargada de coordinar y promover políticas públicas de acciones afirmativas para afrodescendientes a escala nacional de la Dirección Nacional de Derechos Humanos-mec; la Ley N.º18.059, del 20 de noviembre de 2006, que establece que anualmente, el 3 de diciembre se celebrará como el Día Nacional del Candombe, la Cultura Afrouruguaya y la Equidad Racial; la Ley N.º18.315, Principios de conducta policial, de 2008, que establece —entre otros aspectos— el respeto a los derechos humanos en los procedimientos y la no discriminación por razones de género, edad, etnia, religión, posición económica u otro; la Ley N.º18.437, Ley General de Educación, que incluye objetivos de lucha contra la discriminación, instando a estimular la transformación de los estereotipos discriminatorios por motivos de edad, género, raza, etnia u orientación sexual; la Ley N.º19.122, Afrodescendientes: normas para favorecer su participación en las áreas educativa y laboral, de 2013; el Plan Quinquenal de Vivienda (2005-2009) del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (mvotma); los Convenios (2009 y 2011) entre el mvotma y la Intendencia Municipal de Montevideo para generar medidas reparatorias, a través de la construcción de viviendas y centros culturales para el retorno de personas afrodescendientes expulsadas de barrios tradicionales por la dictadura militar; la Resolución del mides 1.686/2009, que aplica un enfoque étnico-racial en todas las direcciones, planes y programas de ese ministerio, enfoque que se incorpora en direcciones, planes y programas de esa secretaría de Estado, dirigido hacia el Plan de Equidad, al aplicar el criterio de focalización como subsidiario al de universalidad y asistencia y asesoramiento técnico de las diversas direcciones desde el Departamento de las Mujeres Afrodescendientes; la Resolución del Ministerio de Educación y Cultura, del 20 de octubre de 2011, que creó un grupo de trabajo destinado a impulsar la revisión histórica del aporte de los afrodescendientes a nuestro Estado nación.

En el plano de creación de institucionalidad, en 2005 se crearon los “mecanismos de equidad racial” (mer). Estos funcionan —aunque no todos se mantienen— como asesorías, unidades, áreas o secretarías. Se establecieron en Presidencia de la República (2006); el Instituto Nacional de la Juventud del mides (2006); el mvotma (2008); la Coalición de Ciudades contra el Racismo, la Discriminación y la Xenofobia de la Intendencia Municipal de Montevideo (2009); la Dirección de Derechos Humanos del mec (2006); el Instituto Nacional de las Mujeres del mides (2005); la Intendencia Municipal de Montevideo (2004); el Programa Nacional sobre vih/sida del Ministerio de Salud Pública (2006) y la Intendencia Municipal de Rivera (2009). En 2013, tuvo su primera edición el Diploma en Afrodescendencia y Políticas Públicas, organizado por el Departamento de Mujeres Afrodescendientes (mides) y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Este diploma constituye el primer espacio institucionalizado que permitió dar visibilidad al tópico de la afrodescendencia en Uruguay en el interior de la máxima casa de estudios uruguaya, sin desconocer los esfuerzos grupales e individuales de docentes que ya incluían la temática en cursos, investigaciones o trabajos de extensión, por el contrario este nuevo espacio permite potenciarlos. Cabe agregar que, en este mismo período, se aprobó la Ley N.º 18.589, que consagró el Día de la Nación Charrúa y de la Identidad Indígena. Esta ley consta de dos artículos: el primero declara que cada año se reconozca el 11 de abril como el Día de la Nación Charrúa y de la Identidad Indígena y el segundo, que en esa fecha el Poder Ejecutivo y la Administración Nacional de Educación Pública deberán disponer la ejecución o coordinación de acciones públicas para fomentar la información y sensibilización de la ciudadanía sobre el aporte indígena a la identidad nacional, los hechos históricos relacionados a la Nación Charrúa y lo sucedido en Salsipuedes en 1831. También se destaca la Ley N.º 18.250, sobre Migración: normas, del año 2008, que establece disposiciones en lo que atañe a la admisión, ingreso y permanencia de las personas extranjeras al territorio nacional y su interpretación y aplicación de modo compatible con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Refugiados y especialmente con las disposiciones de la Ley N.º 18.076, de 19 de diciembre de 2006, sobre el Estatuto del Refugiado. A escala internacional, en el año 2009 unesco declaró el Candombe y el Tango como parte del Patrimonio Cultural de la Humanidad, a solicitud de Argentina para el tango y Uruguay para el candombe.

Si trazamos una línea de tiempo, abarcando el período de diez años de 2003 a 2013, se observa un lapso casi ininterrumpido de decisiones concernientes a la cuestión de la discriminación y específicamente relativo a la cuestión racial y afro. Esto exhibe la emergencia del interés por lo étnico-racial y lo ubica con mayor presencia en materia de decisiones de política pública estatal en el período señalado.

Las medidas de política pública con enfoque afro se resumen en el siguiente cuadro:

 

Hemos presentado las cuatro transformaciones principales que, a nuestro juicio, habilitaron a remover y rememorar el pasado colonial uruguayo y permiten afirmar que la cuestión racial ya no es totalmente ajena a la sociedad uruguaya: a) logros del movimiento afrouruguayo en materia de reconocimiento y redistribución; b) innovaciones en la mirada legislativa supranacional; c) resurgimiento de las colectividades indígenas y afro en América; d) el compromiso del Estado uruguayo: políticas públicas especialmente vinculadas a la afrodescendencia.

Reflexiones finales

Históricamente, Uruguay presentó un Estado nacional casi moderno, al decir de Real de Azúa, que tempranamente incorporó signos del Estado de bienestar desde las reformas del primer batllismo. A su vez, se cumplió la fórmula del Estado occidental moderno: un Estado, un territorio y una nación. A partir de esto último, desde el punto de vista étnico-racial y cultural se homogeneizó dando prioridad al patrón europeo e invisibilizando a las culturas y etnias no blancas. Desde ese patrón normalizador, pero también favorecedor de igualitarismo, se crearon políticas sociales universales adheridas fundamentalmente al mundo del trabajo, en sociedades que respondían al modelo de varón proveedor y mujeres en general encargadas, de manera no remunerada, de los diferentes cuidados y tareas dentro del hogar. Este tipo de sociedades buscó integrar, borrando la diversidad y forjando homogeneidades. Sin embargo, para algunos sectores esto no siempre significó disminución de la desigualdad. Es el caso de la mayoría del colectivo afrodescendiente, que no ha podido superar situaciones de necesidades básicas insatisfechas y de pobreza, además de la invisibilización de sus aportes etnoculturales.

Sin embargo, posteriormente a la restauración democrática (1985) se produjeron algunas transformaciones y es por esto, que este trabajo se propuso evidenciar que el tema étnico-racial ya no es ignorado en la política pública uruguaya, mostrando un registro de decisiones de este orden. Si partimos de la pregunta: ¿está presente la dimensión racial en la configuración de la restauración democrática uruguaya?, según en qué momento nos situemos estará más o menos presente. A partir del año 2005 es cuando se encuentra mayor evidencia que permite afirmar la presencia de lo étnico-racial dentro de las preocupaciones y compromisos del Estado uruguayo. Para la incorporación de este enfoque —que forma parte del ejercicio de viejos y la inclusión de nuevos derechos: los derechos económicos, sociales y culturales (desc)— fueron decisivos: la presencia sostenida de los afrouruguayos en la escena nacional, al inicio de la década de los noventa; la emergencia de organizaciones de los pueblos indígenas y afro en Latinoamérica por esa misma década; la celebración de conferencias y encuentros internacionales que retomó e impulsó una nueva legislación en clave de derechos y el comienzo del cumplimiento por parte de Uruguay de los compromisos asumidos en esos espacios. En este último aspecto, se observa una política continua, desde 2003 en lo municipal y 2005 en lo nacional, en tres ejes que podemos resumir como: la legislación, que va desde el combate al racismo hasta la creación de políticas de acción afirmativa; el diseño e implementación de líneas de trabajo con enfoque racial; y la creación de institucionalidad dentro del Estado uruguayo, con la instauración de los mecanismos de equidad racial. Aun teniendo en cuenta que no todos se mantienen y que los que lo hacen enfrentan varias problemáticas, mediante ellos se han desplegado esfuerzos, principalmente dentro del espacio estatal, implementando campañas de sensibilización hacia la población en su conjunto, en torno a la visualización y concientización de la existencia de racismo en el lenguaje, en las relaciones interpersonales, en los programas escolares y en los procesos de selección en el acceso al empleo. Estos mecanismos han implementado políticas de vivienda, de reconocimiento cultural del legado afrouruguayo, becas para estudiantes de enseñanza media, y participación y coordinación antirracista en la región.

No obstante y aun considerando la importancia de estos logros, de acuerdo con los datos del Censo 2011, la desigualdad que afecta al colectivo afrodescendiente se mantiene y, por lo tanto, se advierte la necesidad de intensificar las políticas públicas, con el fin de reparar las situaciones de desventaja histórica que padecen numerosos integrantes de este colectivo. Estas situaciones no se han atenuado con políticas sociales universales enfocadas hacia las personas comprendidas en sectores pobres y excluidos de la población, pero se visualiza una paulatina inclusión del enfoque étnico-racial con especificidad afro en decisiones de política pública y, por tanto, la consideración del aspecto racial y sus relaciones con las desigualdades. En este sentido, la asunción de responsabilidad por parte del Estado respecto de las desigualdades, entre ellas la racial —especialmente con la aprobación de la Ley N.º 19.122, que establece acciones afirmativas para afrodescendientes en trabajo y educación—, es fundamental para evidenciar la oculta presencia y la influencia de la raza en las acciones cotidianas de la sociedad uruguaya. Asimismo, se hace necesario intensificar el proceso de reconocimiento, redistribución y en parte de representación afrodescendiente, porque este aspecto es apenas contemplado por esta ley. Todo parece indicar que, en adelante, será sustancial el estudio de su implementación y las repercusiones de esta en la situación de desventaja en la que se encuentran las personas afrodescendientes. Al mismo tiempo, será importante cuestionar las bases del sentido común de la sociedad uruguaya en lo que respecta al tema étnico-racial, para desentrañar los factores culturales, simbólicos y subjetivos que podrían estar reforzando el mantenimiento histórico-estructural de este tipo de desigualdad, evidenciada por los datos sociodemográficos y narrada en relatos de entrevista. Porque las jerarquías sociales son construidas y presuponen estatus simbólicos y morales que distinguen a personas y grupos. De esa forma, se disponen barreras de distinción y diferenciación social que sirven de base a la articulación de relaciones de explotación y exclusión, y son, además, mecanismos fundamentales en los procesos de creación, perpetuación e institucionalización de la desigualdad.

 

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