Permanencias en el agro uruguayo

Un estudio de caso sobre el trabajo asalariado rural

The immutability of Uruguay’s agriculture: a case study about rural wage labor

 

Joaquín Cardeillac Gulla,
Alejandra Gallo y Agustín Juncal Pérez

 

Resumen

El artículo analiza los cambios productivos, sociodemográficos y en las condiciones de vida de una zona rural de Uruguay (Sequeira, departamento de Artigas). Para ello, se basa en un estudio de caso realizado mediante la triangulación de técnicas cuantitativas y cualitativas. Los resultados obtenidos de las fuentes de información secundaria muestran una imagen alejada de las que suelen asociarse al agro de comienzos del siglo xxi en Uruguay. A su vez, los discursos analizados muestran un proceso de reprivatización que remite la relación laboral al ámbito de lo doméstico ampliado de la explotación agropecuaria, despolitizando la negociación y reduciendo la posibilidad de reclamo colectivo y organizado.

Palabras clave: Desigualdades sociales / nbi / asalariados rurales / despolitización.

 

Abstract

The article analyzes the productive, socio-demographic and living conditions changes in a rural area of Uruguay by triangulating quantitative and qualitative techniques. The aggregated results obtained generate an extremely different image from that usually associated to agriculture in the early twenty-first century in Uruguay. Besides, the discourses analyzed show a reprivatization process which leads the labor relation to the broadened private sphere of the agricultural holding, depoliticizing the negotiation and reducing the possibility of conflict and collective and organized claim.

Keywords: Social inequalities / ubn / rural workers / depoliticization.

 

Joaquín Cardeillac Gulla: Magíster en Sociología. Docente e investigador dedicación total del Núcleo de Estudios Sociales Agrarios (nesa), Departamento de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República, Uruguay. E-mail: joaquin@fcs.edu.uy

Alejandra Gallo: Licenciada en Sociología. Docente e investigadora del Núcleo de Estudios Sociales Agrarios (nesa), Departamento de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República, Uruguay. E-mail: mariale.gallo@gmail.com

Agustín Juncal Pérez: Licenciado en Sociología. Docente e investigador del Núcleo de Estudios Sociales Agrarios (nesa), Departamento de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República, Uruguay. E-mail: agustin.juncal@cienciassociales.edu.uy

Recibido: 15 de mayo de 2015.
Aprobado: 15 de junio de 2015.

Introducción^[1]

En el ámbito académico existe un acuerdo generalizado respecto de la existencia de enormes transformaciones productivas en el sector agropecuario de Uruguay. Así, se ha ido generando un conjunto de conocimiento relevante sobre varias dimensiones en las que estas transformaciones han tenido un correlato más directo: las formas de organizar la producción, la distribución y los usos de los recursos productivos, y el impacto económico de las inversiones transnacionales que ambientan las mutaciones productivas. También en los últimos años se han registrado cambios de magnitud en el ámbito político, que transformaron el escenario institucional y modificaron en el plano formal la situación de los trabajadores agropecuarios uruguayos.

Con ese trasfondo, el artículo propone profundizar en un territorio rural tradicional, vinculado a la ganadería extensiva, poniendo el foco en el trabajo asalariado en ese sector, que en términos absolutos es el que más trabajadores directos ocupa. El artículo comienza por repasar los cambios productivos e institucionales que se dan desde 2000, a escala general en el país, para luego realizar una caracterización productiva de la zona en la que se realizó el estudio. Más adelante se analizan las condiciones de vida de la población seleccionada. Por último, a partir de la perspectiva teórica de Fraser (1991), sobre la política de interpretación de las necesidades, se profundiza en la comprensión de los mecanismos que operan como barreras para la apropiación de derechos por parte de los trabajadores rurales.

Un contexto de cambios

^     Transformaciones productivas del agro uruguayo

Desde comienzos del siglo xxi, hay una serie de acontecimientos que revierten un proceso de estancamiento dinámico (Piñeiro y Moraes, 2008) que caracterizó a la producción agropecuaria del país y permitió el crecimiento económico del sector agropecuario. En general, es habitual relacionar este proceso con el desarrollo de la cadena forestal y la agricultura de secano —en concreto, la soja— aunque también con innovaciones en rubros tradicionales, como la ganadería y la lechería, hacia los cuales algunas empresas multinacionales dirigieron capitales. Más de diez años después del comienzo de estas modificaciones, se evidencian algunos resultados sobre la estructura agraria y la composición de actores sociales del agro uruguayo. Al respecto, se puede mencionar los siguientes aspectos: a) la inserción de nuevos actores que lideran la innovación en la organización y gestión de la actividad agropecuaria, como mecanismo para alcanzar una mayor competitividad en los mercados internacionales (Errea, et al., 2011); b) cambios tecnológicos en la producción y en la productividad del trabajo agrario (Errea, et al., 2011); c) aumento del precio de la tierra (Piñeiro y Moraes, 2008; Dirección de Investigaciones Estadísticas Agropecuarias, 2015); d) proceso de concentración y extranjerización de la tierra, al igual que de varias cadenas globales de valor asociadas a la producción agropecuaria (Piñeiro, 2014); e) cambios en los usos del suelo por la expansión de la forestación y la soja (Piñeiro y Moraes, 2008); f) avance de la producción empresarial respecto a la familiar (Piñeiro y Moraes, 2008; Piñeiro, 2014); g) aumento relativo de los asalariados en la población económicamente activa (pea) agropecuaria (Cardeillac, et al., 2015); h) cambios en la identidad, la cultura y las formas de socialización de los pobladores de localidades rurales, en particular de los asalariados (Carámbula, 2011; Piñeiro y Moraes, 2008), entre otros.

A modo de ilustración, se pueden observar algunos datos que proceden del último Censo General Agropecuario (cga) de 2011, para confirmar parte de lo mencionado. Primero, se aprecia una notoria modificación del paisaje agrario en ciertos territorios, debido a nuevos usos del suelo asociados a la forestación y los cultivos de cereales. La forestación aumentó su área de 70.259 hectáreas (1990) a 1.265.843 hectáreas (2011) en tan sólo 20 años. Algo similar ocurre con los cultivos de cereales y oleaginosas, pero en un período más acotado: aumentó su superficie de 716.008 hectáreas (2000) a 2.068.703 hectáreas en 2011 (Saavedra y Fagúndez, 2013). Segundo, la concentración de la tierra se aprecia por el pronunciado descenso de las explotaciones agropecuarias, que pasan de 57.131 a 44.890, entre 2000 y 2011 (Saavedra y Fagúndez, 2013). Ahora bien, lo que resulta más significativo es que todos los estratos (según tamaño de superficie) presentan una disminución del número de explotaciones, a excepción de aquellos de más de 1.000 hectáreas. Por lo tanto, durante el período se aprecia un desplazamiento de tierras desde explotaciones “chicas” y “medianas” (conformadas por las que tienen entre 1 y 999 hectáreas) hacia explotaciones “grandes” (de 1.000 hectáreas y más). Tercero, en el período referido se acentuó el proceso de extranjerización de la tierra. El dato más revelador resulta del aumento de la participación de sociedades anónimas en el total de la superficie agropecuaria explotada del país, al pasar del 1% (2000) al 43% (2011). Si bien no es posible determinar con exactitud cuáles son las nacionalidades que integran las diferentes sociedades anónimas, siguiendo a Piñeiro (2014), es posible afirmar que existen indicios que permitirían sostener que buena parte de ellas están conformadas por inversiones extranjeras.

En relación con la ganadería, más concretamente, Bervejillo y Tambler (2014) consignan que el rubro perdió un 10% del número total de explotaciones y un 6% del área ocupada. La hipótesis sobre este cambio guarda estrecha relación con los efectos de la crisis (1999‑2003) y el posterior avance de la agricultura de secano en detrimento de la superficie ganadera.

^     Transformaciones institucionales en
las relaciones laborales del agro uruguayo

Desde 2005, y como nunca antes en la historia del país, se comenzó a implementar una serie de políticas públicas de mediación y control de las relaciones laborales del agro. Esto se da en un contexto más amplio de protección y extensión de derechos laborales y sociales de los trabajadores uruguayos. La principal modificación fue la incorporación del sector rural a los Consejos de Salarios (Ley 10.449 de 1943), realizada por el decreto 105/005 del Poder Ejecutivo. Esta convocatoria fue acompañada por un conjunto de modificaciones sobre normas específicas para los asalariados agropecuarios, entre las que se destacan: a) limitación de la jornada laboral y descansos en el sector rural (Ley 18.441); b) decreto 321/009 sobre seguridad y salud en el trabajo agrícola; c) derogación parcial del Estatuto del Trabajador Rural de 1978 por decreto 216/012; y d) la fijación del Día del Trabajador Rural como feriado no laborable y pago por la Ley 19.000 (Mascheroni, 2011; Juncal, 2012).

Además, se impulsaron actividades desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (mtss). En 2011 se incluyó una actividad sobre empleo rural en el Diálogo Nacional por el Empleo, promovido por la Dirección Nacional de Empleo (dinae)  del mtss. Al año siguiente (2012) se creó la Unidad de Empleo Rural (uer) y, más recientemente, en 2013, se lanzó una campaña de sensibilización sobre derechos de los trabajadores asalariados rurales, poniendo énfasis, por ejemplo, en los derechos sindicales^[2].

A lo anterior se suman normas de carácter general, pero con especial incidencia en el sector agropecuario: la ley de libertad sindical (Ley 17.940 de 2005), que protege la sindicalización en un ámbito en el cual el sector empleador históricamente fue reacio a este tipo de acciones; las leyes que regulan la tercerización laboral (Leyes 18.099 de 2007 y 18.251 de 2008); y la reciente regulación de responsabilidad penal empresarial (Ley 19.196 de 2014) que adquiere relevancia debido al alto número de accidentes del sector agropecuario.

La expresión de los cambios en la zona seleccionada

^     Caracterización productiva 2000‑2011

Para estudiar los cambios productivos en la zona, se delimitó un área próxima a la localidad en que se realizó el estudio de caso. La información corresponde a tres áreas de enumeración de los Censos Generales Agropecuarios^[3], que rodean a la localidad de Sequeira. En el mapa, esas áreas de enumeración son las que se presentan enmarcadas por un óvalo y la localidad de Sequeira aparece señalada.

 

 

En la zona próxima a la localidad de Sequeira, existían en 2000 unas 180 explotaciones y se redujeron a 167 en 2011 (Cuadro 1), lo cual implica una reducción de un 7,2%, de menor magnitud que la registrada por los censos para el total de explotaciones, aunque con el mismo sentido. Al mismo tiempo, se registra una caída del 3,5% en el número de hectáreas explotadas y, adicionalmente, un aumento del 4% de la superficie promedio de las explotaciones.

También se observa que la disminución de explotaciones no se da con la misma intensidad en todos los estratos de tamaño. De hecho, la tendencia involucra a los dos extremos de la distribución: se pierden 17 explotaciones de menos de 500 hectáreas y 4 explotaciones de más de 2.000 hectáreas. El resultado de esta disminución en los extremos es un aumento leve de la escala promedio de las explotaciones en 2011, al tiempo que la superficie mediana aumenta un 34%, pasando de 418 hectáreas en 2000 a unas 560 hectáreas en 2011. En síntesis, se da un aumento de la escala a cuenta de una disminución del número de explotaciones más pequeñas, una tendencia general en el agro uruguayo entre 2000 y 2011 (Saavedra y Fagúndez, 2013).

 

 

En relación con la especialización productiva, la mayoría de las explotaciones se dedican a la ganadería vacuna (65% en 2000 y 62,3% en 2011), seguida de los ovinos (25,6% en 2000 y 26,3% en 2011). El otro rubro que se realiza en la zona es el cultivo de arroz, que pasó de representar el 3,9% de los predios en 2000 al 4,8% en 2011.

En términos de uso del suelo, los cambios son un poco más marcados. Mientras en 2000 un 97,6% de la tierra se dedicaba a la ganadería vacuna u ovina, en 2011 la participación de estos rubros cae a un 94,8%, y este cambio permite que el arroz duplique el área entre 2000 y 2011.

En resumen, la imagen de la zona es de gran estabilidad: la ganadería vacuna y ovina son las especializaciones productivas que durante estos once años han acumulado el 90% de las explotaciones y, aproximadamente, el 95% de la tierra de uso agropecuario.

Otro aspecto que resulta de interés analizar es el de los cambios en el uso de mano de obra.

 

 

Los resultados muestran tendencias contradictorias; por un lado, el número de trabajadores permanentes desciende un 7,5%, aun cuando en el promedio esta disminución no se hace notar, dado el descenso del número de explotaciones. Por otro lado, aumenta el número de jornales contratados al año. Mientras en 2000 las explotaciones contrataron 3.864 jornales, en 2011 contrataron 49.599. Es decir, 13 veces más jornales que once años antes. Este aumento responde sólo a un conjunto reducido de explotaciones que son las que más jornales contratan. De hecho, el 50% de las explotaciones no contrató ningún jornal en el año, tanto en 2000 como en 2011. En síntesis, el aumento en la demanda de mano de obra jornalera se da en un grupo reducido de explotaciones que contratan muchos jornales. En particular, una explotación arrocera contrata el 36% de esos jornales en 2011 y un 45% adicional se concentra en 54 explotaciones ganaderas de más de 1.000 hectáreas.

Si se estima el número de trabajadores equivalentes al número de jornales contratados y se suma a los asalariados permanentes, se observa que el número total de asalariados pasó de 413 en 2000 a 565 en 2011, lo que implica un aumento del 37% en la demanda de mano de obra. Un aumento compuesto de una disminución leve de la demanda por trabajadores permanentes y un aumento muy importante de la demanda de trabajadores jornaleros o zafrales.

Otro componente significativo del trabajo total realizado en los predios agropecuarios de Uruguay es el trabajo no remunerado, que fundamentalmente (aunque no únicamente) es realizado por familiares del productor y, entre ellos, predominantemente por las mujeres y los jóvenes. En el caso de esta zona, el número de trabajadores no remunerados pasó de 229 en 2000 a 166 en 2011, lo que implica un descenso del 27,5%.

En síntesis, el número total de trabajadores empleados por las explotaciones en 2011 aumentó en un 14%, aunque este cambio se compone de tres tendencias distintas: primero, una disminución del número de asalariados permanentes, que cayó un 7,5%. Segundo, un aumento de los jornales contratados, que en 2011 fueron 13 veces más que en 2000. Y tercero, una disminución de un 27,5% del número de trabajadores no remunerados.

 

 

Para culminar, resulta de interés analizar el cambio en la población residente en las explotaciones. En 2000 se contaron 645 personas residentes y en 2011 se censaron 472 personas. Esto implica que aun cuando la reducción del número de explotaciones fue apenas superior al 7%, las explotaciones de la zona perdieron un 27% de su población entre 2000 y 2011. Estos resultados muestran que la tendencia a dislocar la residencia y el trabajo también se corrobora en el caso de los productores agropecuarios vinculados a los rubros más tradicionales (Piñeiro y Moraes, 2008; Piñeiro y Cardeillac, 2014).

^     Caracterización sociodemográfica de la población de la zona

Para analizar los cambios que se generaron entre los pobladores de la zona, se optó por seleccionar la sexta sección censal de Artigas. Esta delimitación es la que mejor se superpone con las áreas de enumeración seleccionadas para el caso de los Censos Generales Agropecuarios cuyos resultados se comentaron antes^[4].

La variación en el número de pobladores de la zona permite discutir elementos interesantes, tanto para comprender mejor el caso específico que está siendo aquí estudiado, como para comenzar a desentrañar algunos de los cambios que están por detrás de las grandes tendencias que se suele difundir en relación con los cambios de la población urbana y rural de Uruguay. Los resultados muestran que la población en la zona aumentó un 3,4%, pasando de 1.557 personas, según el Censo de Población de 1996, a 1.610 personas en 2011. Este crecimiento de la población fue diferente según el sexo: entre las mujeres se dio un aumento de un 10,5%, mientras que entre los varones el número cayó en un 1,9%. Como resultado, aun cuando la zona sigue estando masculinizada, el índice de masculinidad pasó de 133,8% a 118,8%.

En cuanto a los lugares de residencia, se aprecian cambios muy significativos. Así, la población “rural” de la sección censal 6 pasó de 550 personas a 69: una reducción del 87%. Al mismo tiempo, se observó un aumento del 53% de la población “urbana”, que pasó de 1.007 a 1.541 personas. Respecto a este cambio, concordante con la tendencia al aumento de la población urbana según los datos que reporta el Instituto Nacional de Estadística (2012), resulta interesante analizar su composición. El aumento de la “población urbana” se compone del aumento registrado en Sequeira, de 877 habitantes en 2000 a 1.149 en 2011; del aumento de población de la localidad de Paso Campamento, que crece un 103%, pasando de 130 personas a 264 en 2011; y de la aparición en 2011 de una localidad que no había aparecido en el Censo de 1996, Diego Lamas, con 128 personas en 2011^[5]. Finalmente, esa desaparición relativa de la población rural en la sección censal se da en favor de la formación o el aumento de localidades pequeñas (de menos de 2.000 habitantes en el caso de Sequeira) o muy pequeñas, menos de 300 habitantes en cualquiera de las otras dos^[6].

Corresponde ahora profundizar en el análisis de la población de Sequeira, seleccionada en la investigación como ejemplo del tipo de ámbito de socialización de los asalariados vinculados al tipo de rubro productivo que más trabajadores rurales emplea en el país, y donde se realizaron las entrevistas en profundidad que completan el estudio.

Sequeira aumentó su población un 31% entre 1996 y 2011. Este aumento fue diferente según el sexo, pero en un sentido opuesto al observado para toda la sección censal. Entre 1996 y 2011 el número de mujeres aumentó un 21%, mientras que el aumento de varones fue 41,4%. Este aumento diferencial de la población masculina puede interpretarse vinculado a dos fenómenos: por un lado, a las mejoras en las posibilidades de transporte que se tienen en 2011 con respecto a 1996 y, por otro lado, al cambio en la modalidad de trabajo, desde empleos permanentes a los que suele asociarse la residencia en los predios agropecuarios hacia empleos zafrales con residencia en los centros poblados cercanos. Estos cambios impactan más en el caso de los hombres, dada la mayor participación de varones que de mujeres en el mercado de trabajo agropecuario (Cardeillac, Juncal y Gallo, 2014; Cardeillac y Juncal, 2014; Juncal, et al., 2014).

En relación con la actividad económica, entre 1996 y 2011 se observa un aumento del 43,6% en el número de ocupados. Así, la población ocupada pasó de representar un 26,9% del total en 1996 a un 29,5% en 2011. La desocupación, por su parte, se mantuvo en el mismo valor de 1996, alcanzando a un 1,1% de la población de Sequeira. En cuanto a las categorías de ocupación, se observan cambios significativos. Así, el aumento de un 43,6% en el número de ocupados se compuso de variaciones con diferente sentido entre las categorías de ocupación (Cuadro 4).

 

 

Las tendencias que se desprenden del análisis de la categoría de ocupación son claras y concordantes con las tendencias observadas en las explotaciones agropecuarias a partir de los cga de 2000 y 2011. Así, destaca el aumento de los asalariados privados, que pasan de representar menos de un 50% de los ocupados en 1996 a más del 80% en 2011, mientras que en todas las categorías restantes se registran fuertes disminuciones y particularmente en aquellas categorías que representan el trabajo no remunerado.

Adicionalmente, la inserción de los asalariados en el sector agropecuario se ha mantenido estable y supera el 88% de los casos, aun cuando el número de asalariados es una vez y media más que el de 1996^[7]. Así, en 2011 se observa que cuatro de cada cinco ocupados de la localidad de Sequeira son asalariados privados, de los cuales nueve de cada diez se desempeñan en el sector agropecuario. La evidencia construida resulta suficiente para corroborar la fuerte vinculación y dependencia de la localidad con la actividad agropecuaria y, más en particular, del trabajo asalariado vinculado a ella.

^     Análisis de las condiciones de vida de la población
de una localidad vinculada a la producción agropecuaria
ganadera tradicional, en el período 2000 - 2011

Para analizar la situación de esta población en relación con el bienestar y el acceso a derechos, se ha optado por seguir el enfoque de las Necesidades Básicas Insatisfechas (nbi). Este enfoque puede conceptualizarse como una alternativa dentro de las aproximaciones a la medición de la pobreza. En ese marco, el enfoque de las nbi es parte de una definición de pobreza correspondiente a una aproximación no-utilitarista (Duclos y Araar, 2006; Ravallion, 2000). Muy esquemáticamente, se puede caracterizar la corriente de los utilitaristas por concentrarse en el bienestar económico, de modo más restrictivo aún en el ingreso, y por tener una estrecha relación con la teoría económica clásica o tradicional (Duclos y Araar, 2006). La no utilitarista, en cambio, se caracteriza por haber sido históricamente defendida por otros científicos sociales —no economistas— además de constituir, al menos en parte, una reacción al enfoque utilitarista. Dentro de la corriente no utilitarista es posible caracterizar el enfoque de las necesidades básicas a partir de cuatro elementos. Primero, por explicitar que el objetivo del desarrollo es brindar a todos la oportunidad de una vida plena. Segundo, porque permite ir más allá de abstracciones como el empleo, los ingresos y el dinero. Tercero, el enfoque de las necesidades básicas tiene un potencial movilizador muy importante, en la medida en que los bienes y servicios que permiten superar las necesidades tienen algo de la naturaleza de un bien público. Y cuarto, el enfoque contribuye a organizar e integrar intelectual y políticamente problemas que parecen separados pero que en realidad van juntos (Streeten, et al., 1981).

Para el caso de Uruguay, y con ocasión de los Censos de 2011, se procedió a una actualización de la metodología de las nbi. De acuerdo con la publicación en la cual la nueva metodología propuesta fue presentada, el enfoque se considera:

“… una herramienta para la identificación de población potencialmente beneficiaria de políticas públicas orientadas a asegurar el ejercicio de derechos (habitar una vivienda decorosa, acceder a la educación o a la atención de salud), a fijación de prioridades de intervención del Estado y el seguimiento de los resultados de dichas intervenciones (De los Campos, 2005; Fernández, 2012)”. (Calvo, 2013)

Partiendo de estas consideraciones, resulta interesante analizar qué resultados se obtiene al estudiar las dimensiones que definen las nbi, tanto entre la población de Sequeira como entre los asalariados agropecuarios de esa localidad.

Desde el punto de vista operativo, la metodología propone seis dimensiones: vivienda decorosa, abastecimiento de agua potable, servicio sanitario, energía eléctrica, artefactos básicos de confort, y educación. A continuación, se presentan los resultados obtenidos en cada una y en el indicador general que discrimina entre personas con al menos una nbi y aquellas sin nbi.

 

 

Los resultados muestran un avance. El porcentaje de pobladores con nbi pasó de 98% en 1996 a 72% en 2011. Adicionalmente, en cada una de las dimensiones definidas, se observa que el porcentaje de población carenciada respecto de la población total de 2011 ha disminuido, comparando con el mismo dato para 1996.

Ahora bien, al comparar el número absoluto de población con carencias de 1996 con el de 2011 en cada una de las dimensiones, se observa que el acceso a la energía eléctrica y al agua potable son las que registran las disminuciones más importantes, con un 80,7% y un 62,3% respectivamente. Estas dos dimensiones, junto con la de servicio sanitario, que está muy vinculada al acceso a saneamiento y es la tercera con una mayor disminución en el período (46,7%), además de ser las que aportan la mayor parte de la disminución del número de personas con nbi, son claramente dependientes de políticas públicas. Así, resulta claro el rol fundamental que ha tenido el Estado para explicar la mejora observada en el período.

Adicionalmente, el acceso a la educación de los integrantes menores de edad de los hogares ha mejorado mucho, para lo cual es requisito que exista una oferta de centros de estudios gratuitos, como es el caso en la zona, y también ha mejorado el acceso a vivienda decorosa, muchas veces mediado por planes del mevir^[8].

En cambio, y en contraste con las tendencias analizadas para las dimensiones vinculadas a bienes y servicios de provisión estatal, la dimensión de elementos básicos de confort, que depende directamente de la capacidad de los hogares para acceder a bienes de forma privada, es la que registra una mejora menos marcada: en 2011 se observa 16,2% menos personas con carencias en esa dimensión respecto de 1996.

Finalmente, el resultado de la comparación del número de personas con al menos una nbi entre 1996 y 2011 muestra una mejora, pero de muy escasa magnitud (3,3%), dados el aumento de población que registró la localidad y la aún fuerte incidencia de nbi en ella.

En el Cuadro 6 se presentan los resultados para la población de asalariados privados del sector agropecuario de la localidad de Sequeira^[9].

 

 

Lo primero que surge al comparar los datos del Cuadro 6 con el Cuadro 5 es la fuerte asociación existente entre los movimientos y tendencias del total de la población de la localidad en relación con su acceso a bienes y servicios básicos, con los movimientos y tendencias observados en relación con esos mismos bienes y servicios entre los asalariados agropecuarios. Esta constatación valida la elección de la localidad por su vinculación con las actividades agropecuarias a los fines de esta investigación. Ahora bien, más allá de esto, es posible detectar especificidades: aun cuando la incidencia relativa de personas con nbi en 2011 es menor a la incidencia en 1996, dado que el aumento del número de asalariados ha sido mayor al aumento de la población, las variaciones relativas a 1996 tienen sentidos distintos en diferentes dimensiones.

Por una parte, se detectan tres dimensiones en las que el número de personas con nbi en 2011 es menor al de 1996, aun cuando el número total de asalariados ha aumentado marcadamente. Esas tres dimensiones son, una vez más, aquellas más estrechamente vinculadas a políticas estatales orientadas a universalizar el acceso a bienes y servicios, que son, por orden de magnitud de la disminución: agua potable, energía y saneamiento.

Por otra parte, se observan tres dimensiones en las que se registra un aumento del número de personas con nbi entre 1996 y 2011. Esas dimensiones son la vivienda (16%), la educación (40%) y el acceso a bienes de confort (60%). Una vez más, la dimensión con peores resultados es aquella menos sensible a los efectos de las políticas estatales y que por el contrario depende totalmente de esfuerzos privados.

Finalmente, como en la localidad se da un aumento del número de ocupados y, en particular, del número de asalariados agropecuarios, superior en magnitud a las mejoras en la incidencia de nbi que se observan en el período, el resultado global respecto de 1996 es un aumento del 84,3% en el número de asalariados privados agropecuarios con nbi hacia 2011.

Para finalizar, en el próximo apartado se presentan los resultados obtenidos al analizar los discursos de asalariados de la localidad a la luz de los aportes teóricos de Fraser (1991), con la finalidad de comprender los mecanismos que obstaculizan los procesos de apropiación de derechos por parte de esta población y que pueden considerarse parte de las condiciones que generan la situación de privación observada.

El enfoque de la interpretación de las necesidades

Fraser (1991) establece una propuesta teórica para comprender cómo determinadas demandas logran tornarse político - públicas y son incorporadas en la agenda como problemas legítimos. Para ello, asume que las necesidades de las personas o grupos no están dadas sino que se encuentran en disputa y se debe prestar atención a qué grupos logran establecer definiciones sustantivas y autorizadas sobre estas necesidades. También propone estudiar cuáles son las relaciones sociales vigentes entre los interlocutores, para romper con la idea de que las formas socialmente aceptadas del discurso público para interpretar las demandas son justas y adecuadas, reconociendo que están orientadas hacia los intereses de los grupos dominantes. La lucha por las necesidades es esa contienda por expandir (o comprimir) los límites de aquello que es político y como complemento, de aquello que es doméstico y económico. Y también es el conflicto por incidir en la mejor manera de satisfacer esa necesidad desde la política pública.

Esta autora muestra que habitualmente son los movimientos sociales quienes buscan establecer el estatuto político de una necesidad dada, desanclándola de su estatus privado (doméstico o económico), y propone un esquema para clasificar los distintos tipos de discursos que se pueden encontrar sobre las necesidades. Por un lado, define las formas opositoras del discurso, que surgen cuando las necesidades se politizan desde abajo. Por otro lado, ubica los discursos de reprivatización, aquellos que aparecen como respuesta a los anteriores. La reprivatización constituye una forma de defensa de los límites establecidos que separan las esferas política, económica y doméstica (Fraser,  1991).

A partir de estos aportes, parece interesante realizar un recorrido por las elaboraciones discursivas de los sujetos entrevistados en relación con la manera en la que se establecen como asalariados de la ganadería, las apreciaciones que tienen sobre sus condiciones de trabajo, la acción colectiva sindicalizada y las políticas y derechos que los amparan.

^     La negociación de derechos

Del análisis se desprende una vinculación temprana de los entrevistados (en su mayoría hombres) con el trabajo asalariado rural. Generalmente, el vínculo se inicia en la adolescencia, aunque en algunos casos comienza en la niñez.

Habitualmente, esta iniciación se da de la mano de sus padres, quienes también se desempeñaron como trabajadores asalariados rurales. Este proceso de vinculación temprana es tan marcado, que algunos de los entrevistados hablan de las tareas que desarrollan como algo innato:

“Claro, para ir aprendiendo […], en mis tiempos teníamos 13, 14 años y empezábamos. No ganábamos sueldo […]. Andábamos a caballo por todos lados, unos salvajes éramos [Se ríe]”. (Entrevista 3)

“— Empecé muy jovencito por suerte […]. Yo tuve la oportunidad de ir con mi viejo a trabajar ahí.

—¿En el mismo establecimiento en el que estás?

—Sí, […] Mi viejo era el encargado, se jubiló, hoy no está más, falleció. Yo ocupé su lugar y sigo ahí”. (Entrevista 7)

El recorrido por sus biografías evidencia que muy pocos se han desempeñado como trabajadores de otras ramas de actividad. Casi la totalidad de los entrevistados ha permanecido en la misma zona geográfica. Esto es así porque las redes personales, basadas en “referencias y recomendaciones”, constituyen la principal forma de acceso al empleo. Esta modalidad de acceso al trabajo, basada en la apreciación de habilidades informales y en impresiones de carácter moral, se establece a partir de las valoraciones que la comunidad construye acerca de los sujetos, tal como señala Moreira (2009).

Estas características del mercado de trabajo ganadero favorecen la emergencia de un proceso de reprivatización de los derechos consagrados formalmente. La hipótesis es que las regulaciones relativas al trabajo asalariado ganadero son renegociadas puertas adentro de los establecimientos, de acuerdo con aquellas pautas que la comunidad rural ha definido como legítimas. Esta situación puede observarse en los discursos de los trabajadores más veteranos:

“—¿En invierno arrancan más tarde no?

—Sí, y si está muy frío se sale más tarde. Ahora está esta ley, pero es una cuestión muy difícil de aplicar […] Nos manejamos, […] nos quedamos toda la mañana en la casa si llueve y luego lo recuperamos”. (Entrevista 6)

Resulta útil observar las opiniones que se construyen en relación con la acción colectiva sindicalizada, en la que se reseñan dos tipos de discursos. Por un lado, quienes observan con buenos ojos la acción sindical pero entienden que sería altamente inconveniente participar de ella, por la valoración que de esta hacen los empresarios.

“… yo sé que está mal, pero yo no puedo ir a reclamar porque sé que me quedo sin trabajo, o mi patrón me va a empezar a mirar de reojo, ‘este es huelguista, este no me sirve porque me va a descomponer a todo el otro grupo de trabajo’”. (Entrevista 2)

Por otro lado, son las voces más veteranas quienes asumen directamente el punto de vista del empresario para referirse a la sindicalización, y lo ven como algo problemático e innecesario. En cualquier caso, la herramienta colectiva se deslegitima como medio apropiado para expresar necesidades. Vale señalar que en el momento de realizar el trabajo de campo en la zona de Sequeira, ninguno de los entrevistados manifestó conocer el Sindicato de Peones de Estancias (sipes), cuya área de mayor incidencia está en zonas de los departamentos de Tacuarembó y Salto^[10].

^     El punto de vista dominante como propio

Los discursos de los asalariados acerca de sus condiciones laborales nos aproximan elementos que favorecen la no apropiación de derechos y obstaculizan la superación de desigualdades. Por un lado, se encuentra una mirada negativa sobre la condición del peón ganadero. Esta mirada reconoce situaciones de privación frente a otro tipo de asalariados, en referencia a lo duro que es el trabajo de campo y a la baja paga que se recibe en relación con el esfuerzo físico que implica, entre otras. En los discursos, esta situación aparece como el resultado del mercado o de la coyuntura empresarial. En varias oportunidades, la baja paga recibida es “justificada” como consecuencia de los altos impuestos que tiene que pagar el empresario para poder llevar adelante el establecimiento.

“—Cosas para mejorar de la situación de los trabajadores… ¿cuáles son para vos?

— … hay muchas cosas que al estar al frente de una empresa… y yo veo, observo todos los gastos que tiene una empresa, lo costoso que es. Hay empresas que le han golpeado bastante a la ganadería en todos los impuestos y me parece que sacar un poquito para que eso se vuelque a que la empresa trabaje más, que beneficie más al trabajador…

—¿Vos decís que sacando unos impuestos que tiene la ganadería, esa plata se podría usar pagando mejores salarios?

—Claro”. (Entrevista 7)

“—Porque hoy en día las leyes nos están amparando mucho, que también nos sacaron un poco…

—¿En qué sentido?

—En mi casa me sacaron la asignación de los gurises. Porque le suman el sueldo bruto que pasa de una cantidad, no sé cuánto es, pero yo sumo en lo bruto y el patrón […] nos descuenta, casa, comida, todo. Yo ahora nomás mi sueldo bruto ha de ser, ni idea tengo, pero deben de ser como dieciocho mil pesos, pero sin embargo yo cobro doce porque me descuentan eso. El bps no los cubre, entonces nos sacaron las asignaciones”. (Entrevista 5)

Este tipo de discurso, que tiende a perpetuar la desigualdad y a cristalizar la situación de opresión del trabajador como legítima, es consecuencia de la hegemonía discursiva dominante en el medio rural, representada fundamentalmente por la voz del empresariado ganadero. Como resultado de ello, los asalariados han incorporado el punto de vista del patrón para leer su propia situación.

Por otro lado, es posible identificar discursos en los que predomina una mirada positiva sobre los cambios normativos. Entre los que resultan positivos, señalan la reducción de la jornada laboral (con las reservas ya reseñadas), el establecimiento del Día del Trabajador Rural, mejoras en las condiciones de habitabilidad de la vivienda de quienes residen en las estancias, y los incrementos salariales. En los discursos, estos cambios normativos si bien son asociados a políticas públicas, en muchas ocasiones son presentados como consecuencia de la buena voluntad de los patrones.

“No, que han subido también… Los patrones empezaron a pagar más, el gobierno les exigió un poco y un poco ha subido el ganado, ha mejorado el precio de las carnes, ha mejorado el precio del ganado. No en el caso de la lana que no ha mejorado mucho, pero el tema del ganado ha subido bastante, […] Entonces a ellos les generó más ingresos y ellos pueden mejorar más el personal también”. (Entrevista 3)

“Nosotros, no es un escritorio, cumplís tus horas, cerrás y te vas, acá si hoy te pasaste quince minutos y luego media hora o más, pero mañana recuperás, te vas antes. Los días de lluvia, tormenta, ¿vas a mandar a la gente a trabajar? No, tomamos mate, descansamos y después lo recuperamos. Entonces está todo el mundo contento, se puso lindo y vamos y hacemos. Si trabajaste toda la semana bien, el sábado entonces al mediodía le decís a los gurises: el día esta pronto, ya están las ocho horas, vamos. Equilibramos las cosas”. (Entrevista 7)

Las demandas y derechos se interpretan como supeditadas al espacio privado (como consecuencia del mercado o la voluntad del patrón) y se niega el espacio político como tal. En este punto radica el verdadero éxito del discurso de los empresarios, en el hecho de que más allá del reconocimiento normativo y del estatus público-político de la regulación de las relaciones laborales, las normas son apreciadas como el resultado de los procesos domésticos encabezados por quienes detentan el gerenciamiento de las explotaciones ganaderas.

Conclusiones

La discusión previa procura brindar una imagen que complemente otros estudios recientes relativos al ámbito rural de Uruguay. En este sentido, se ha mostrado cómo se concretan (o no) las transformaciones que han operado en todo el sector agropecuario en una zona seleccionada intencionalmente por sus características productivas y sociales.

Focalizar en el análisis de una localidad fuertemente vinculada a una zona de ganadería tradicional, y a privaciones en relación con el bienestar, permite comprender mejor la realidad de la sociedad rural de Uruguay de los últimos 15 años. Así, aun en el marco de las grandes transformaciones reseñadas al inicio del trabajo, se observa que en el territorio seleccionado persisten formas tradicionales de producción. De este modo, el diagnóstico sobre las grandes transformaciones que acaecieron en estos 15 años no debería opacar la fuerte presencia que tienen aún las formas de producción tradicionales, que siguen siendo las que generan la mayor parte del trabajo asalariado agropecuario, y también buena parte de las condiciones en las que la vida de la población rural se desarrolla.

En lo referente a la población, se destacaron tendencias contradictorias. Por una parte, la población rural disminuye marcadamente, aun cuando, al mismo tiempo, la dependencia de la población del sector agropecuario aumenta. En cuanto a las condiciones de vida, el enfoque de las nbi permitió detectar también evoluciones dispares. En las dimensiones relacionadas  directamente con bienes y servicios de provisión estatal, las mejoras son muy destacadas. No obstante, en otras dimensiones, vinculadas a la capacidad de esos hogares dependientes de la actividad laboral asalariada en el sector agropecuario, el estancamiento relativo, e incluso el desmejoramiento en las condiciones de vida, entre 1996 y 2011 es lo que domina. El saldo global es una disminución muy pequeña (3,3%) en la incidencia de las nbi entre la población de la localidad estudiada, a pesar de las transformaciones productivas e institucionales que ocurrieron. A su vez, en 2011 el número absoluto de asalariados agropecuarios con carencias críticas es un 84% mayor al número de asalariados en esa situación en 1996. Estos resultados entran en contradicción con ciertas prenociones que se manejan respecto del desempeño del sector agropecuario y sus consecuencias en las sociedades más vinculadas al sector.

Finalmente, mediante un estudio del discurso de los asalariados agropecuarios de la localidad, se ha procurado mostrar los mecanismos que operan obstaculizando la apropiación de los avances logrados en el plano institucional y formal, además en un contexto de crecimiento económico. El análisis muestra las dificultades que tienen los trabajadores para construir demandas propias o para enfrentarse a sus empleadores cuando logran construirlas. Estos obstáculos hacen que los avances que se registran en el plano político institucional no se traduzcan en mejoras de igual magnitud en los asalariados del sector agropecuario.

A modo de conclusión, los resultados obtenidos mediante las distintas técnicas advierten sobre la necesidad de incidir en los procesos de reprivatización que se dan en el interior de las explotaciones agropecuarias y que amortiguan o anulan los avances promovidos en las condiciones de trabajo y de vida de la población rural de Uruguay.

 

 

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