Cambios en el territorio de la Laguna Merín: período indígena - siglo XX

La cuenca de la Laguna Merín reúne importantes testimonios de los pueblos originarios y su relación con el agua (Figura 1). Las evidencias abarcan desde las primeras ocupaciones humanas durante la transición Pleistoceno-Holoceno (^{López-Mazz, 2013}; ^{Nami, 2022}) hasta períodos históricos recientes, ca. 200 años AP (López-Mazz, 2001). En estas tierras bajas las oscilaciones del nivel marino durante el Pleistoceno final-Holoceno ha acompañado a las sociedades desde su poblamiento inicial (^{Inda et al., 2011}; López Mazz, Gascue y Moreno, 2003). La voluntad de controlar las zonas de concentración de recursos por estas poblaciones, queda evidenciada por el frecuente establecimiento de los asentamientos en las cercanías de cursos y espejos de agua. El poblamiento más antiguo se caracteriza por numerosas puntas “Cola de Pescado” o “Fell I” halladas en contextos superficiales, y por un sitio estratificado (Los Indios) localizados en ambientes lacunares, fluviales y costeros (^{Gascue et al., 2009}; ^{López-Mazz et al., 2003}; López-Mazz, 2013; Nami, 2022).

El registro arqueológico mejor estudiado en la cuenca, está representado por los cerritos de indios. Se compone de miles de estructuras cronológicamente situadas entre los 5000 años AP y el s. XVIII, sitios domésticos, marcadores territoriales, plataformas agrícolas y/o cementerios (^{Bracco, Del Puerto e Inda, 2008}; ^{Iriarte, 2006}; ^{López-Mazz, 2001}; ^{Milheira y Gianotti, 2018}). La mayor proporción de cerritos se halla en las llanuras, en coincidencia con las áreas destinadas a la producción arrocera. Los cerritos aislados o agrupados acompañan los cursos de las aguas corrientes y lagunas (Bracco et al., 2008; ^{Gazzán et al., 2022}; Gianotti, 2015). La estrecha relación de estas poblaciones con el agua se manifiesta también al considerar su subsistencia. Las especies más capturadas son de humedales y cursos hídricos e incluyen peces (bagres, viejas de agua, anguilas, tarariras) (^{Moreno, 2016}; ^{Bica, 2020}), mamíferos acuáticos (ciervo de los pantanos, coipo) (^{Pintos, 2000}), especies de la llanura inmediata al humedal (venado de campo, ñandú) (Moreno, 2016; Pintos, 2000) y malacofauna dulceacuícola (^{Gascue, Scarabino, Bortolotto, Clavijo y Capdepont, 2019}). Se aprecia así la conformación del territorio hidrosocial de los constructores de cerritos y su relación con las zonas de mayor productividad dentro de un contexto económico cazador recolector.

La llegada de los europeos junto con la introducción del ganado vacuno y caballar a comienzos del siglo XVII en territorio uruguayo, modificaron el hábitat, la demografía, territorialidad y la cultura de los grupos indígenas (^{Bracco, Bracco y Fariña, 2016}). Conjuntamente, la introducción de enfermedades europeas, los procesos de esclavización-reducción y la apropiación colonial del territorio, diezmaron sus poblaciones interrumpiendo así el proceso de desarrollo cultural originario (^{Bracco, 2004}) dando lugar a la “Historia oficial” del Uruguay europeo y blanco que las clases dirigentes del país siempre alimentaron.

A partir de la colonización europea, y sobre todo a fines del siglo XVIII, con la creación de la propiedad privada y los primeros grandes latifundios, se traen contingentes poblacionales esclavizados desde África que pasarán a formar parte, junto a indígenas, de la mano de obra de las estancias coloniales (^{Palermo, 2008}; ^{Borucki, Chagas y Stalla 2009}). Esta población, una vez creado el Estado Nación uruguayo (1825), tras la abolición legal de la esclavitud (1842) y el alambramiento de los campos (1872-1882), continúa trabajando en estancias, bajo nuevas formas de explotación, pasando a formar parte del proletariado rural asentado en los numerosos caseríos rurales dispersos en esta región (^{López-Mazz et al., 2020}; ^{Gianotti, Del Puerto, Courtoisie, Coen, 2022}). Los sitios arqueológicos de estos períodos constituyen, en la actualidad, patrimonios que dan cuenta de las violencias que supuso la implantación del poder colonial en la región (Figura 1).

Figura 1.  Línea de tiempo de los paisajes arqueológicos de la región de India Muerta, Rocha 

Cambios recientes: agroextractivismo, arroz y soja

Los sitios arqueológicos son la materialización de la conformación histórica y de los componentes étnicos del proletariado rural en esta zona del país (Figura 1). Las herencias del territorio colonial y de sus prácticas se mantienen en la actualidad bajo nuevas formas de despojos y explotación del modelo extractivista. Por extractivismo entendemos “un patrón de acumulación basado en la sobreexplotación de recursos naturales -en gran parte no renovables- y en la expansión de las fronteras hacia territorios antes considerados como “improductivos” (^{Svampa y Viale, 2015}, p. 18). Este modelo tiene una tendencia al monocultivo, escasa diversificación económica, gran escala y una lógica destructiva de ocupación de los territorios. La expansión del agroextractivismo tiene su origen a fines del siglo XIX con el primer régimen alimentario global, concepto que explica cómo “el capitalismo depende de circuitos alimentarios específicos los cuales apoyan la reproducción ampliada del capital y el ejercicio de formas particulares de poder” (^{Giraldo, 2018}, pp. 52-53). El agroextractivismo ha sido impulsado en América Latina en el marco del llamado “consenso de los commodities” desde inicios del siglo XXI, consenso que busca garantizar el abastecimiento de materias primas y alimentos a los países centrales, y se establece sobre la base de supuestas ventajas comparativas que posee América Latina, como exportadora de bienes primarios -o naturaleza- a gran escala, entre los que podemos encontrar: productos agrarios, hidrocarburos, metales, minerales y biocombustibles (Svampa, 2011). Consecuencias de este consenso y la alianza entre grandes corporaciones y gobierno, son el despojo y la concentración de tierras, recursos y territorios, y con ellos el agua (^{Svampa, 2013}). De esta forma, el agua pasa a ser entendida -y reducida- por la racionalidad del gobierno nacional (gubernamentalidad, según ^{Boelens et al. 2017}), alineada a la racionalidad internacional hegemónica, a un insumo más que alimenta las cadenas globales de valor (^{Boelens et al., 2017}) de mercancías (^{Delbene, 2022}).

El territorio hidrosocial de la Laguna Merín comenzó a ser fuertemente transformado para la producción agrícola a inicios del 1900 reemplazando los humedales naturales principalmente por arroz (Figura 1). En la década del treinta comienza la producción industrial del arroz que hacia fines de 1960 se convierte en el principal rubro de exportación, aumentando en función de las exportaciones, y con ellas los molinos arroceros (^{Alegre et al., 2014}). La superficie cultivada se multiplica por 4 y la producción y rendimiento por 8, alcanzando valores máximos en 1990 (Alegre et al., 2014). Este crecimiento resulta de la aplicación de un paquete tecnológico con control del agua, mecanización de la producción y procesamiento, uso de fertilizantes, pesticidas y variedades de plantas seleccionadas (Alegre et al, 2014; ^{Bueno et al., 2021}). Hacia fines del siglo XX, favorecido por el aumento del precio internacional y los tratados multilaterales entre Mercosur y China se incorpora la soja al territorio, que se incrementa hasta alcanzar áreas similares al arroz en 2013 (Bueno et al., 2021). En la actualidad 43,6% de la superficie tiene uso antrópico intensivo mientras que el 56.4% tiene un uso natural o con ganadería extensiva (Figura 2).

Tanto el arroz como la soja producidos en el país se exportan casi en su totalidad, por ello el resultado comercial de ambos es fuertemente dependiente de los mercados internacionales. Las altas demandas por ambos granos es esperable que se mantengan. En el caso del arroz por el crecimiento demográfico y la existencia de población con menores ingresos, y en el caso de la soja por su uso para la alimentación animal (^{Lanfranco, 2013}). Sin embargo, estos cultivos se diferencian en la posibilidad de definir su precio de venta antes de su siembra. Para la soja el precio se fija con anterioridad, mientras que para el arroz no es posible saberlo hasta el final del proceso (Lanfranco, 2013). Por estas razones, la combinación de ambos cultivares se sugiere (Lanfranco, 2013) y aplica en la zona Este (^{Bueno et al., 2021}). Esto deja en claro como dos producciones, con objetivos diferentes en el mercado, se basan por un lado en la escasez (poblaciones pobres, consumo de arroz), y por otro en la abundancia (poblaciones ricas, consumo de carne), extrayendo del suelo más de lo que se necesita, siendo el único objetivo el lucro constante.

Figura 2 Distribución de los usos del suelo para los años 2000 (A) y 2019 (B) 

Raconto de obras hídricas

La ejecución de obras hidráulicas en los bañados del Este uruguayo, para maximizar la producción agropecuaria (desecación de humedales y riego), es un tema presente en la agenda nacional desde el último cuarto del siglo XIX hasta la actualidad. Esto se ve reflejado desde la obra de construcción del canal Andreoni y canales adyacentes (^{Rubio, 2013}) dirigida por los Ingenieros Andreoni y Lamolle entre 1898 y 1910, hasta la implementación de numerosos kilómetros de canales, diques, represas, esclusas y obras defensivas (Tabla 1). Entre estas la esclusa sobre el canal San Gonzalo que afectó el balance hídrico en la cuenca, impidiendo el ingreso de agua salobre a la Laguna Merín (^{Couto Rochedo, 2005}; ^{Bueno et al., 2021}). Es difícil realizar una valoración definitiva de la pérdida total del ecosistema humedal en la región Este, producto de las mencionadas modificaciones antrópicas. No obstante, según ^{Altamirano y Sans (1998}) se puede afirmar que la superficie afectada se encuentra entre un 30-35% de la original, que rondaba las 56.000 Há (^{Clara y Maneyro, 1999}).

Tabla 1 Proyectos, obras hidráulicas y alcance de las mismas, registradas en la bibliografía  

Fuente: Modificado de ^{Altamirano y Sans (1998}) y Probides (1999). MTOP: Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Estos registros bibliográficos contrastan notoriamente con la situación actual, calculada a partir de la información cartográfica, que muestra una amplia distribución espacial y muy alta densidad de canales hídricos (Figura 3). La suma de la extensión de los canales fue 17.324 km, mostrando profundas diferencias con los 728 km (724 veces menor) realizados por el Estado (Tabla 1). La incidencia de obras privadas¹, sin control ni registro por parte del Estado, se encuentra entre los principales factores que explican estas diferencias.

Figura 3.  Carta de distribución de canales de irrigación y drenaje de la Región Este que alcanzan un total de 17.324 km de extensión 

Asociado a la intensificación en la construcción de canales a nivel diacrónico, se da un aumento de la superficie de humedales afectados por obras de riego, canalización y desecación. Se trata de un impacto sumamente relevante, debido a la difícil reversibilidad del mismo. Las obras de canalización y la dinámica del agua necesarias para un cultivo exitoso del arroz, hace que millones de litros de agua dulce sean vertidos al mar a través del Canal Andreoni y a la Laguna Merín a través de sus afluentes, constituyendo no sólo un impacto directo sobre los bañados que son desecados, sino también sobre la playa La Coronilla y los cuerpos de agua interiores. Uno de los impactos observados de la construcción de este canal fue la afectación de invertebrados que viven en playas arenosas como resultado de la disminución de la salinidad (^{Lozoya y Defeo, 2006}), la alteración de funcionamiento y organización del ecosistema (^{Romero, Lercari, Ortega y Defeo, 2019}) y el impacto no letal de los herbicidas (^{Sauco, Eguren, Hizen y Defeo, 2010}).

A comienzos de la década de los noventa, principalmente motivado para buscar soluciones ante la situación descrita para La Coronilla, han existido intentos del Estado de emprender acciones de regularización hídrica de la zona. En el año 2004 con el Decreto 229/04 se aprueba el Plan de Obra “Variante 2001”, en el marco del proceso de regulación hídrica de los Bañados de Rocha (^{Uruguay, 2004}). Este tiene como objetivos: producción agrícola-ganadera, conservación del agua dulce, desarrollo del turismo, ordenación del manejo del agua, protección de zonas de interés histórico, conservación de bañados, cuidado del monte natural, y protección contra inundaciones de San Luis y Barrancas. Las obras proyectadas se dividen en cuatro etapas que implican devolver los escurrimientos que drenan al océano Atlántico a través de los canales N.° 1, N.° 2 y Andreoni, hacia la Laguna Merín. Esto a partir de la construcción de cinco canales de derivación (con alcantarillas de concreto), “adecuación” de cauces naturales, y construcción de numerosos diques y esclusas. También se construirán dos represas (Paso del Álamo y Sauce Caído), para amortiguar caudales en crecidas importantes (^{Uruguay, 2004}: Decreto 229/04 Art. 2; Figura 4).

Analizando críticamente el decreto del plan y normativa relacionada, se destaca como un aspecto positivo la prohibición por parte de privados de “ejecutar todo tipo de obras hidráulicas […] sin la aprobación previa del Ministerio de Transporte y Obras Públicas” (Decreto 229/04, Inciso II, Uruguay, 2004). Sin embargo, es cuestionable que el plan contribuya a los objetivos que se propone, particularmente a la conservación del agua dulce, bañados y monte natural y zonas históricas.

Figura 4 Plano general de obras del Plan de Regulación Hídrica Bañados de Rocha  

Problemáticas patrimoniales

La arqueología de la cuenca de la Laguna Merín tuvo un importante y singular desarrollo a partir de 1980, cuando se crea la Comisión de Rescate Arqueológico de la Cuenca de la Laguna Merín (CRALM; ^{Bracco et al., 2008}). Los esfuerzos no se centraron tanto en prevenir (e.g. catálogos de sitios arqueológicos) y/o mitigar los efectos (e.g. rescates de cerritos), sino en explicar los modos de vida de los constructores de cerritos analizando un reducido número de sitios fuera de riesgo. Entre 1985 y 1995, la mayor parte de las investigaciones se centraron en el Bañado y Sierra de San Miguel (Bracco et al., 2008), extendiéndose luego a otras áreas (^{López-Mazz, 2001}; ^{Bracco, Cabrera y López-Mazz, 2000}; ^{Gazzán et al., 2022}).

Son varios los problemas que enfrenta la conservación de los bienes arqueológicos en la región. La falta de inventarios y catálogos profundiza la retórica del blanqueamiento y la inexistencia de comunidades descendientes de pueblos originarios. A pesar de avances en la geolocalización y catalogación de sitios (ver ^{Gianotti, 2015}: Figura 5) los vacíos geográficos son enormes, lo que dificulta la cuantificación de los impactos. La falta de consideración de la existencia y manejo de estos bienes en las políticas públicas por parte de diferentes instituciones: como la Dinagua; Dinacea (Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental); DINOT (Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial), MGAP (Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca), entre otras, sigue siendo uno de los mayores problemas. La principal fuente de presión es la producción agropecuaria, en particular la arrocera (canalización y laboreo, Figura 5) y en menor proporción la ganadería y la forestación.

Los primeros registros de afectación de cerritos de indios por obras de canalización se remontan al período de la dictadura cívico-militar cuando por Decreto 179/79 (^{Uruguay, 1979}) se construye el Canal N.° 2. En el documental “Uruguay Hoy” Nro. 20², realizado por la Dirección Nacional de Relaciones Públicas en el año 1979, se aprecia el seccionamiento y sepultamiento de dos cerritos de indios (Figura 5A). Existe además un número indeterminado de sitios afectados por la producción agropecuaria. Estas surgen de 1) seccionamiento por canalizaciones, caminería y extracción de sedimentos³, 2) alteración de contextos arqueológicos sub-superficiales, por implantación de infraestructura y laboreo, 3) erosión de estratos superficiales por sobrepastoreo y tránsito de ganado (Figura 5B-E).

Trabajos recientes muestran cómo las obras realizadas en el marco del Plan Nacional de Regulación Hídrica Bañados de Rocha (Etapa 1-b; Derivación y conducción del A.° Averías Decreto 229/004) (^{Uruguay, 2004}), han producido severos impactos sobre sitios con cerritos en el Bañado de San Miguel. En este se constataron falencias diversas debidas a fallas administrativas y avance de obras sin control arqueológico, evaluaciones técnicas insuficientes, insuficiente registro (ver de ^{León Fleitas, 2009}) así como también superposición entre control de obra y evaluación de impacto. Estas circunstancias generaron daños arqueológicos críticos e irreversibles sobre dos cerritos de indios, incluyendo afectación de restos óseos de cuerpos inhumados en estos cementerios indígenas, y pérdida de información para la reconstrucción de los modos de vida indígenas de la región (Anexo I). El despliegue extractivista avanza avasallando cuerpos-territorios de pasados-presentes, sin mediar ninguna consideración ética y con la idea de que los territorios son páginas en blanco que hay que escribir (^{Verdesio, 1999}).

Figura 5.  Tipos de impactos sobre cerritos de indios en el bañado de San Miguel 

Agrotóxicos utilizados en la producción

Sumado a las grandes modificaciones físicas del territorio es fundamental considerar los químicos utilizados en la producción agropecuaria intensiva. En la zona este se cultiva el 75% del arroz de Uruguay (95.946 ha) (^{Molina et al., 2021}). Todas las variedades de arroz requieren el uso de fertilizantes y diversos biocidas, por ejemplo, la variedad INIA Merín alcanza altos rendimientos con dosis de nitrógeno de 90-100 kg/ha (^{Pérez de Vida, Blanco y Molina, 2016}). El cultivo del arroz requiere el uso de herbicidas (pre y post siembra), fungicidas (tres aplicaciones) e insecticidas (Molina et al., 2021). En la pre-siembra se utiliza glifosato solo o en mezcla, y en la post siembra al menos 14 herbicidas solos o en al menos 19 mezclas (2 a 4 productos) siendo clomazone, imidazolinas, cyhalofop, quinclorac, penxuma y bispiribac, los más usados. Los fungicidas se aplican en tres momentos del crecimiento con un porcentaje de área tratada en la zona de 99 %, 61,4 % y 1,5 % respectivamente. Se utilizan al menos 14 principios activos en al menos 16 mezclas, siendo los más utilizados azoxistrobina, ciproconazol y kresoxim-metil. Finalmente, los insecticidas son usados en un menor porcentaje del área (1,5 %), incluyendo 7 principios activos, principalmente dinotefuran y chlorantraniliprole (Molina et al., 2021). Para la soja, actualmente en rotación con arroz en el Este, se usan también varias sustancias químicas fertilizantes y pesticidas (^{Fabre et al., 2021}).

Los agrotóxicos son aplicados de distintas formas (ej. avión, mosquitos) sobre los cultivos y por el aire, por la superficie del terreno o a través de éste se integran en el ciclo hidrosocial con distintos efectos secundarios en la trama trófica, la biodiversidad, el estado trófico y la vida de los organismos, incluyendo efectos directos e indirectos sobre las personas (Acción por la ^{Biodiversidad, 2020}). Si bien en nuestro país son aún pocos los trabajos confirmando la presencia y efectos de estas sustancias en la trama trófica, los existentes muestran resultados contundentes (ej. ^{Ernst et al, 2018}). Los efectos y su relación con las actividades productivas en el territorio fueron también demostrados por investigaciones independientes (^{Sauco et al. 2010}, ^{Bueno et al., 2021}) y por el gobierno nacional (^{Fabre et al., 2021}).

Calidad de agua

La calidad del agua se define en nuestra sociedad según los usos que se hacen de la misma. En nuestra constitución “las aguas superficiales, así como las subterráneas, con excepción de las pluviales, integradas en el ciclo hidrológico, constituyen un recurso unitario, subordinado al interés general, que forma parte del dominio público estatal, como dominio público hidráulico” (Art. 47, plebiscito 2004). Asimismo, el agua potable y el acceso al saneamiento se reconocen como derechos humanos fundamentales. Se identifica a “la cuenca hidrológica” como unidad para la planificación, control y gestión del recurso, indicando que esta estará dirigida a satisfacer las necesidades de la sociedad y la prioridad para el uso del agua será el abastecimiento de agua potable a las poblaciones (artículos 8, 12 y 47 de la Ley Nº 18-610) (Uruguay, 2009). Por lo tanto, toda agua (superficial o subterránea) utilizada para consumo debe ser potable o ser exitosamente potabilizable con las técnicas disponibles en cualquier lugar de nuestro país (^{Obras Sanitarias del Estado: OSE, 2012}). Sin embargo, en la cuenca de la Laguna Merín son otros los usos preponderantes, para los cuáles las exigencias son menores (^{Decreto 253/79, Uruguay, 1979}) lo que resulta en la afectación de la calidad del agua para su uso por la población, requiriendo monitoreos y procesos de potabilización más exigentes (^{OSE, 2012}).

El territorio de la Laguna Merín es la región de nuestro país donde se extrae mayor volumen de aguas superficiales a través de la modificación de la hidrografía natural con canales y embalses (^{Fabre et al., 2021}). En sus suelos se desarrollan diversas actividades productivas que sumadas a la eliminación de áreas de amortiguación naturales (ej. humedales) afectan la calidad ambiental de los ecosistemas acuáticos (^{Fabre et al., 2021}). Sin embargo, no existen análisis sistemáticos del agua de la Laguna o de las aguas subterráneas, éstas últimas principal fuente de agua potable de la zona (al menos 48 tomas de agua subterránea y 12 superficiales) (Visualizador Ministerio de Ambiente⁵). Si se realizan monitoreos bianuales de los principales tributarios de la laguna en territorio uruguayo incluyendo parámetros de calidad de agua. Presentamos aquí un breve análisis de los resultados recabados disponibles en el Observatorio Nacional Ambiental para 58 muestras de agua de 15 estaciones de monitoreo y para el período disponible del 2015 al 2021 (OAN Ministerio de Ambiente⁶).

Los resultados muestran bajo porcentaje de cumplimiento del Decreto 253/79 (^{Uruguay, 1979}) en relación a coliformes termotolerantes, oxígeno disuelto, pH, turbidez, fósforo total y amoniaco libre coincidiendo con análisis previos (^{Fabre et al., 2021}). El fósforo total presenta el menor cumplimiento estando en todos los puntos por encima del límite permitido. Asimismo, se encontraron concentraciones cuantificables de 92 sustancias de origen agropecuario: 20 fungicidas, 20 herbicidas, 40 insecticidas algunos de amplio espectro y 3 productos veterinarios, así como algunos derivados (Tabla 2). Fueron también importantes los compuestos orgánicos halogenados adsorbibles, el glifosato y su producto de descomposición, AMPA (Tabla 2).

Estimaciones realizadas por el Ministerio de Ambiente (^{Fabre et al., 2021}) indican que las principales fuentes de nutrientes (N: nitrógeno y P: fósforo) en el territorio de la Laguna Merín son difusas. Su origen es la agricultura, siendo el 90 a 98 % del total mientras que el resto (2 a 10 %) sería originada en establecimientos lecheros y de ganado confinado, efluentes domésticos e industriales (^{Fabre et al., 2021}). En 2015 el territorio uruguayo de la cuenca exportó hacia la Laguna una carga de 6855 t/año de N y 1750 t/año de P, de la cual el 97 % del N y el 96 % del P provinieron de la agricultura. Asimismo, la concentración de P en el agua estuvo directamente relacionada con el porcentaje de cultivo total en la cuenca (^{Fabre et al., 2021}).

El aporte sostenido de nutrientes desde la cuenca favorece las floraciones de cianobacterias y el deterioro de la calidad del agua en la Laguna (^{Fabre et al., 2021}). En este sentido, ^{Bueno y colaboradores (2021}) en su estudio paleolimnológico de la laguna muestran que antes de 1990 presentaba un estado oligotrófico que cambió hacia eutrófico debido a la intensificación productiva. Hoy en día la Laguna está eutrofizada con floraciones de cianobacterias así como también se observan en otros cuerpos de agua de aguas quietas, naturales y artificiales, inclusive fuera de la temporada estival (Figura 6; ^{Migliaro, 2014}).

Tabla 2 Agroquímicos y valores máximos detectados en los monitoreos realizados en la cuenca de la Laguna Merín período 2014-2021  

Fuente: Observatorio Nacional Ambiental (OAN), Ministerio de Ambiente. En la guía SATA⁷ y en el OAN⁸ se puede consultar información toxicológica y ambiental de la mayoría de estos compuestos.

Figura 6.  Imágenes tomadas del satélite Sentinel Hub para el día 26/2/2021 en el Represa de India Muerta 

Situación del sector pesquero artesanal

En Uruguay existen actualmente 59 puertos, o comunidades artesanales, dos de ellas ubicadas en la Laguna Merín (Río Branco-Lago Merín, La Charqueada, Zona J de la Dinara: Dirección Nacional de Recursos Acuáticos). La flota total está compuesta por 47 embarcaciones de tamaño medio a grande, donde el 70% de las mismas presentan una eslora entre 6 y 7 metros de longitud. El tamaño estaría más relacionado con la operativa pesquera que con el poder de pesca, dado que las salidas son de varios días con campamento o pernocte en la propia barca e incluye el traslado de la cadena de frío (e.g conservadoras, hielo) ocupando espacio para herramientas y bodega.

Esta flota podría generar cerca de noventa empleos directos y 267 indirectos (fileteros, rederos, etc) (^{Puig, Grunwaldt, y González, 2010}). En base a análisis de datos de desembarque de Dinara se observa que si bien constituye una pesquería multiespecífica (9 a 12 especies), la tararira (Hoplias spp.) representa más del 50% de los desembarques (62,8 % en La Charqueada y 41,6 % en Río Branco) debido a la demanda del mercado brasilero. Le siguen en orden importancia los bagres (negro: Rhamdia quelen; pintado: Pimelodus sp.) 20% de los desembarques. El resto de las especies son sábalo (Prochilodus lineatus), pejerrey (Odonthestes sp), pati (Luciopimelodus pati), boga (Megaleporinus obtusidens), armado (Familia Doradiadae indet.) y dorado (Salminus brasiliensis). “Otras especies de agua dulce” ocupan el 23% de lo declarado en los partes de pesca, en casi la cuarta parte de los casos se desconoce la especie desembarcada (Figura 7A).

La captura por unidad de esfuerzo (CPUE nominal: biomasa en kg/N.° de embarcaciones) tiene una variabilidad estacional que podría estar vinculada al ciclo de vida de las especies, al ciclo hídrico de la laguna y al régimen de lluvias. Las máximas CPUE se registran entre verano tardío y principios de invierno (Figura 7B), y las menores en primavera y verano tempranos, coincidiendo con los menores y mayores valores de la cota de agua en la laguna (^{Hirata, Osmar, Moller Junior y Mata, 2010}). Esta dinámica estaría asociada al ciclo reproductivo de los peces, siendo que la mayoría de estos migran a zonas de desove (ej. tarariras) entre septiembre y noviembre (Coment. pescador e informante calificado).

Las mayores amenazas a la pesca continental mundial son la sobrepesca, la pérdida de conectividad ecológica (e.g. represas, canalizaciones), los usos intensivos de la tierra y el agua (e.g. nutrientes, plaguicidas) y la contaminación asociada (e.g. metales pesados, productos farmacéuticos (^{FAO, 2020}). Las investigaciones sobre pesca en Laguna Merín se han realizado principalmente en Brasil y muestran un preocupante aumento en el esfuerzo pesquero y una disminución de las capturas (^{Noguez et al., 2012}; ^{Pereira Basaglia, 2008}). En la actualidad, la flota artesanal brasileña está constituida por 276 embarcaciones distribuidas en 4 puertos (Noguez et al., 2012). El cultivo de arroz también podría estar afectando la pesca por el uso intensivo del agua, la contaminación química y la remoción de los humedales. Los pescadores manifiestan que las arroceras afectarían a los peces por disminuir los montes nativos y zonas de bañado (ie. lugares de desove para los peces) (^{Junk, Mota Soares y Bayley, 2007}; ^{Migliaro, 2014}; ^{Reis et al. 2016}; ^{Foubert, Lecomte, Broudeur, Le Pichon y Mingelbier, 2020}). Así como también por contaminación por plaguicidas lo cual genera mortandades instantáneas de peces a partir de las aplicaciones realizadas por los mosquitos (Migliaro, 2014). Además, el período de toma de agua de las arroceras coincide con el período de desove de los principales recursos pesqueros (Coment. pescador e informante calificado).

Hasta el momento se han realizado pocas investigaciones sobre el impacto de los pesticidas del arroz en la fauna de esta cuenca. No obstante, ^{Melo, Stenert, Schmidt Dalzochio y Maltchik (2015}) reportaron una disminución en número de taxa y densidades de invertebrados en campos de arroz del sur de Brasil que podrían también verse afectados por las floraciones de cianobacterias (^{Migliaro, 2014}).

Figura 7. Captura por unidad de esfuerzo (CPUE) acumulada para el período 2000-2013. A) Proporción de CPUE por especie; B) Proporción de CPUE por especie discriminada por mes 

Producción de arroz y afectaciones a la vida

La contaminación ambiental que compromete la producción de alimentos y altera el funcionamiento del ecosistema, no afecta a todos y todas por igual, sino que afecta de mayor o menor manera a distintas comunidades y grupos sociales. Aquellas personas, grupos o pueblos que sufren los daños, no suelen ser quienes obtienen la renta del tipo de producción que genera dichos daños (^{Berlinguer, 1999}). La preocupación por la lenta pero sostenida expulsión del campo a la ciudad, la pérdida de monte nativo, la contaminación de la tierra y del agua, el incremento de ciertas enfermedades en la zona asociadas al uso de agrotóxicos como el cáncer, problemas de tiroides, alergias en la piel, dolores de huesos, enfermedades respiratorias y malformaciones, han sido planteadas por las agricultoras familiares de manera recurrente en la zona norte de Rocha (^{Cantieri y Rodríguez Lezica, 2020}; ^{Cantieri, González Jiménez, Rodríguez Ferreira y Rodríguez Lezica, 2019}; ^{Rodríguez Lezica, 2022}).

Existen para la zona estudios que dan cuenta de los impactos en la salud de los trabajadores asalariados en la producción de arroz y de la población expuesta en zonas arroceras, realizados en el marco de la Udelar especialmente en espacios de extensión universitaria (^{Alegre et al., 2014}; ^{Segura et al., 2018}). En estos se devela la percepción del impacto sobre la salud humana y consecuencias devastadoras del modelo agroindustrial químico-dependiente sobre bienes comunes y actividades recreativas, así como también sobre la salud de los trabajadores en el campo y los molinos, la de su familia y de la población en general. Alegre et al. (2014) aborda la salud desde la epidemiología crítica y da cuenta de las condiciones laborales y de trabajo en el sector y en el territorio en las fases agraria e industrial de la producción de arroz. Segura, Pérez y Frank (2018) analizan las tensiones y conflictos ambientales en la región y destacan que si bien el arroz en Uruguay es promocionado como un cultivo amigable con el ambiente “los efectos de la plantación de arroz son extensivos e intensivos en varios ecosistemas de la región y sus efectos en la salud humana poco evaluados”. Destacan además que si bien ha habido mejoras a partir del uso de tecnologías de localización satelital para las fumigaciones aéreas, suprimiendo el puesto de trabajo de “banderilleros/as”, no ha cambiado la tarea del “aguador” que realiza su tarea de pie en el agua con alta exposición a las sustancias tóxicas. Otro ejemplo es el polvillo emanado por la industrialización del arroz que está asociado a patologías del sistema respiratorio, y a enfermedades como la asbestosis o el “Rice Miller’s Syndrome” (Segura et al., 2018).

Gestión del agua y planes para el territorio

Entre los mayores problemas que enfrenta la gestión del agua en la zona está precisamente el de la articulación y coordinación interinstitucional y la compatibilización de los distintos usos de este bien común (^{Zappettini, 2014}). Para ello, el plan nacional de aguas define ámbitos de participación y articulación nacional, regional y local entre los que se encuentran: el Consejo Nacional de Agua, Ambiente y Territorio, los Consejos Regionales de Recursos Hídricos y las Comisiones de Cuencas y Acuíferos. Por otro lado, la Ley n.° 18.610 (Uruguay, 2009) de la Política Nacional de Aguas consagra el derecho a participar de manera efectiva y real en la formulación, implementación y evaluación de los planes y de las políticas que se establezcan; y define la participación como “el proceso democrático mediante el cual los usuarios y la sociedad civil devienen en actores fundamentales en cuanto a la planificación, gestión y control de los recursos hídricos, ambiente y territorio”.

Para el área que estamos abordando, en 2011 se crea el Consejo Regional de Recursos Hídricos para la Cuenca de la Laguna Merín (^{Decreto 263/011, Uruguay, 2011)} como órgano consultivo, deliberativo, asesor y de apoyo a la Dinagua en la formulación y ejecución de planes en materia de recursos hídricos. A su vez, en el año 2014 se crea la Comisión de Cuenca del Río Cebollatí (^{Decreto 258/013, Uruguay, 2013}), la cual integra las cuencas de los ríos Cebollatí y Olimar grande, así como parte de la cuenca de la Laguna Merín en los cauces del río Cebollatí y el arroyo San Miguel. En esta cuenca funcionaban además las Juntas Regionales Asesoras de Riego cuyas funciones son modificadas a partir del año 2018 por reglamentación de la Ley n.° 16.858 se regulariza el riego con destino agrario y el aprovechamiento de las aguas de dominio público (^{Uruguay, 1997}).

Sin embargo, como hemos expuesto en las secciones previas esta forma de articulación y gestión del agua (modelo de gobernanza) no ha logrado evitar las pérdidas patrimoniales, culturales, laborales, de salud y calidad de agua. Esto puede resultar de una participación no efectiva, por la no representación de todas y todos los actores en el territorio, pero además por lo no vinculante de la participación en el consejo (Deci Agua⁹). El consejo de la cuenca tiene una representación mayor de actores con intereses productivos¹⁰. Entre los 7 representantes del gobierno incluye a los Ministerios de Ambiente, Ganadería Agricultura y Pesca, de Relaciones Exteriores y de Transporte y Obras Públicas y tres delegados a consideración del Congreso de Intendentes Actualmente: Cerro Largo, Rocha y Treinta y Tres. En usuarios a Obras Sanitarias del Estado, Asociación Nacional de Productores de Leche, Asociación de Cultivadores de Arroz, Cámara de Industrias del Uruguay, Asociación Rural del Uruguay y Sociedad de Productores Forestales. Finalmente, como representantes de la sociedad civil aparecen el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIA-Treinta y Tres), el Centro Agronómico de 33, Cultura Ambiental¹¹, la Universidad de la República representada por la Facultad de Ciencias y la de Agronomía, la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida y el Centro de Comercios e Industrias de 33. También con una mayor proporción de actores con intereses en la producción. Quedan por fuera del consejo actores con intereses en la salud, en la educación (MEC, ANEP, Escuelas Rurales), trabajo, en los valores patrimoniales, representantes del tercer orden de gobierno local, los y las productoras familiares, que se integran en otros espacios como los Consejos agropecuarios o las Comisiones de Fomentos Rural con menor injerencia en cuestiones hídricas, o la Comisión Nacional de Patrimonio Cultural. De esta manera, el territorio es visto solo desde la dimensión productiva de gran escala y los intereses representados sean desde la centralidad dejando fuera de los ámbitos de mayor discusión a comunidades rurales, representantes indígenas, infancias, trabajadores y trabajadoras, etc. Los intereses relacionados con la conservación de la biodiversidad, relevantes como área Ramsar, tampoco son exitosos, lo que condujo a reclasificar y reducir el área Ramsar en 2014 estableciendo nueva delimitación (ver nueva delimitación en https://www.probides.org.uy/sitio-ramsar.php) (^{Zappettini, 2014}).

Existen además para este territorio planes de desarrollo a distintos niveles desde el local al internacional. A nivel país encontramos los planes sectoriales y nacionales estratégicos, varios de ellos dirigidos a la producción agropecuaria y energética, incluyendo por ejemplo las modificaciones hídricas con fines agropecuarios, desarrolladas por el gobierno como el Plan Nacional de Regulación Hídrica de los Bañados de Rocha. Estos planes en conjunción con otros asociados a organismos internacionales plantean para la zona la regulación de las cuencas creando embalses “de doble finalidad” de regulación y de acumulación para riego de acuerdo con un modelo correctivo CLM/FAO en contraposición al actual donde la regulación hídrica está mayoritariamente en manos de privados, que entienden atiende las necesidades a nivel predial pero es ineficaz a nivel de estructura de la cuenca (CAF, 2013). Encontramos además planes binacionales, como la localización en la laguna y en algunos de sus efluentes del tramo 3 de la hidrovía del sistema Laguna Merín - Lagoa dos Patos y de los puertos intermodales (Acción por la ^{Biodiversidad, 2020}). Esta construcción involucra varios proyectos como el dragado del Río Tacuarí, Río Cebollatí y del sistema Laguna Merín - Lagoa dos Patos, y las terminales portuarias en La Charqueada y Río Tacuarí. A nivel continental, estos proyectos se sostienen en la iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA), un acuerdo realizado entre 12 países de América del Sur. El Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (Cosiplan) es la instancia de discusión e integra a los y las encargadas de las áreas de infraestructura y/o planeamiento por los Estados Miembros de Unasur (Unión de las Naciones Unidas Suramericanas). Estos planes se dirigen a desarrollar la estructura para la exportación de la producción agrícola hacia mercados internacionales acentuando el extractivismo y cambiando drásticamente la fisonomía de la región, los ecosistemas y la vida de las comunidades (Acción por la Biodiversidad, 2020). En referencia a los impactos esperados de estas obras “Si la zona Este llegara a experimentar un proceso de similar magnitud de expansión agrícola al ocurrido en el oeste, sin una ordenación, planificación y control adecuados, los efectos sobre los ecosistemas naturales y su diversidad podrían ser muy serios“ (CAF, 2013; ^Tiscornia, ^{Achkar y Brazeiro, 2014}). “Tradicionalmente, la región litoral oeste de Uruguay ha sido agrícola, mientras que la Región Este ha sido ganadera (con arroz en las planicies inundables y forestación reciente en las sierras). Por tanto, la eventual expansión sojera tendría mayores impactos en la Región Este, ya que el avance de la frontera agrícola se daría en gran medida sobre ecosistemas naturales (pastizales, matorrales, bosque abiertos)” (^{CAF, 2013}). Sin embargo, al acercarse el inicio de las obras, las voces autorizadas hablan de sus bondades “va a potenciar la producción y el desarrollo del noreste del país” (Carlos Foderé, Director Empresa Fadisol, entrevista radial: En perspectiva 24/11/21) o responderán a “La Anhelada prosperidad” (Sesión Cámara de Representantes, Miguel Mestre, Director RRII Cerro Largo, 29/6/2021).