Introducción

El acceso a una vivienda digna es un derecho fundamental, consagrado por diversos instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y promovido por organismos como ^{ONU-Hábitat (2017}). Este derecho no se limita al acceso físico a una unidad habitacional, sino que implica condiciones de habitabilidad, seguridad jurídica, accesibilidad, asequibilidad, ubicación adecuada y adecuación cultural. En América Latina, sin embargo, este derecho se encuentra profundamente mediado por desigualdades estructurales de género, clase y etnicidad (^{CEPAL, 2004}).

Según ^{ONU Mujeres (2020})³¹, ³³, el 32% de los hogares en la región son liderados por mujeres, quienes suelen percibir ingresos más bajos y desempeñarse en trabajos informales o precarios lo que obstaculiza su acceso al crédito hipotecario y a programas de subsidios (^{CEPAL, 2019}). A esto se suman una brecha salarial persistente del 16% respecto a los varones y una tasa de informalidad laboral superior al 60%, factores que refuerzan su exclusión estructural del mercado formal de vivienda (^{CEPAL, 2019}; ^{BID, 2020}) ⁴, ⁵.

En contextos como el Colombiano, estas desigualdades se intensifican por el impacto del desplazamiento forzado. Más de 8 millones de personas han sido desplazadas por el conflicto armado, muchas de ellas mujeres sin documentación legal ni acceso a información sobre rutas institucionales para obtener una vivienda digna (^{RUV, 2023}; ^{CNMH, 2019}). La violencia de género, además de ser un fenómeno estructural, restringe el desarrollo personal, afecta la salud pública y limita el acceso seguro y sostenido a una vivienda (^{PNUD, 2023}).

Frente a esta realidad, algunos países han diseñado políticas públicas que buscan incorporar la perspectiva de género en sus programas habitacionales. En México, por ejemplo, la Estrategia Nacional de Igualdad de Género 2023-2025 se propone reducir la pobreza y la exclusión femenina, en especial tras la pandemia (^{PNUD, 2023}). Sin embargo, los estereotipos de género entendidos como construcciones sociales que asignan a las mujeres roles pasivos, domésticos y de dependencia siguen influyendo en la formulación de estas políticas. Como plantea Joan ^{Scott (1986}), el género opera como una categoría social que organiza simbólicamente las relaciones de poder, y estos estereotipos refuerzan la percepción de las mujeres como “beneficiarias” pero no como sujetas políticas. Como consecuencia, muchas estrategias habitacionales operan desde una lógica instrumentalizada, orientada a resolver carencias inmediatas, como el acceso a subsidios o a la vivienda física (necesidades prácticas), sin abordar los elementos estructurales que reproducen la desigualdad.

De este modo, aspectos clave como la titularidad compartida de la propiedad, la autonomía económica, la redistribución del trabajo de cuidados, la participación en el diseño de políticas públicas o la protección frente a la violencia de género, que constituyen necesidades estratégicas de género (^{Molyneux, 1985}; ^{Moser, 1995}), quedan fuera de muchas de las políticas implementadas. En respuesta a estas omisiones, han surgido otras iniciativas, como manuales y estudios participativos, que buscan incorporar las experiencias, demandas y realidades diferenciadas de las mujeres en los procesos de formulación de políticas públicas (^{Echeverría, 2020}).

En este marco, el concepto de empoderamiento resulta clave para comprender la relación entre género y vivienda. Desde la perspectiva planteada por ^{Kabeer (1999}), empoderar implica ampliar las capacidades de las mujeres para tomar decisiones estratégicas en contextos donde previamente estaban excluidas. El acceso a la vivienda, entonces, no debe abordarse únicamente como una necesidad práctica o un recurso material, sino como un instrumento de transformación social, que puede fortalecer la autonomía económica, reducir la dependencia, ofrecer protección ante la violencia y brindar condiciones materiales para el ejercicio pleno de derechos.

Para evaluar si las políticas públicas en México y Colombia contribuyen efectivamente al empoderamiento de las mujeres, resulta fundamental diferenciar entre enfoques de desarrollo. Por un lado, el enfoque MED (Mujeres en el Desarrollo) busca integrar a las mujeres como beneficiarias de programas, pero sin modificar las estructuras sociales que reproducen la desigualdad. Por otro lado, el enfoque GED (Género en el Desarrollo) busca transformar esas estructuras, promoviendo la redistribución del poder, la participación activa y la equidad sustantiva (^{Moser, 1995}). De forma complementaria, es necesario distinguir entre políticas públicas que abordan necesidades prácticas de género como el acceso a subsidios o regularización de tenencia y aquellas que responden a intereses estratégicos, como el control sobre la propiedad, la corresponsabilidad de los cuidados o la participación efectiva en la toma de decisiones políticas (^{Molyneux, 1985}; ^{Dema et al., 2007}) ^{14 19}.

Este artículo analiza los principales programas de vivienda implementados en México (Programa Nacional de Vivienda, ^INFONAVITpara Todas) y en Colombia (Mi Casa Ya, Vivienda de Interés Social, ^{Mujer y Hábitat}, Ciudad Mujer), con el propósito de identificar si sus enfoques responden a una lógica de Mujeres en el Desarrollo (MED) o de Género en el Desarrollo (GED). Desde una perspectiva crítica del desarrollo y mediante una revisión documental, se observan las formas en que estos programas integran o no transformaciones orientadas a la igualdad de género. El análisis se centra en las implicaciones de estas políticas para el empoderamiento de las mujeres y en los límites que presentan cuando se mantienen dentro de marcos asistencialistas o instrumentales, en el contexto actual.

1. El acceso de las mujeres a la vivienda en México.

En México, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) es responsable de analizar índices de desarrollo humano como la pobreza y el rezago social, además de evaluar programas gubernamentales. Más de la mitad de la población enfrenta dificultades para acceder a la vivienda (^{CONEVAL, 2019}), con los sectores más pobres destinando hasta el 61% de su ingreso al pago de renta, superando el límite del 30% recomendado por ^ONU-HABITAT (ENVI, 2014).

En cuanto a las condiciones de vivienda, 14 millones de hogares (44.7%) presentan rezago. Este porcentaje aumenta en comunidades indígenas (79.1%) y rurales (78.3%), mientras que en zonas urbanas es del 35.4%. En términos de acceso a servicios básicos, en 2016 el 19.3% de la población (23.7 millones de personas) carecía de alguno de estos servicios: 7.6% sin acceso a agua potable, 6.8% sin drenaje, 0.4% sin electricidad y 11.7% aún usa leña o carbón para cocinar. Además, el acceso a servicios comunitarios es limitado: solo hay 20 parques, 10 centros culturales y 4 centros comunitarios por cada 100,000 habitantes (^{CONEVAL, 2019}).

Respecto a la seguridad en la tenencia, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (^{INEGI, 2020}) reportó que hay 23.9 millones de viviendas habitadas de propiedad privada, de las cuales 17.4 millones cuentan con escrituras. Sin embargo, el 56.9% de los propietarios son varones y solo el 41.5% son mujeres, reflejando una desigualdad de acceso a la propiedad inmobiliaria influenciada por factores culturales.

ONU-HABITAT (2016) estima que el 38.4% de los mexicanos viven en condiciones inadecuadas, incluyendo hacinamiento, viviendas con materiales de baja calidad o falta de servicios básicos. Las mujeres, históricamente relegadas en el ámbito laboral y político, también enfrentan barreras en el acceso a la vivienda. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (^{INFONAVIT, 2020}) reportó que solo el 34% de sus créditos hipotecarios fueron otorgados a mujeres, lo que indica una brecha de género significativa en el financiamiento para la vivienda.

Para abordar estas desigualdades, en México existen programas y políticas públicas que buscan garantizar el acceso de las mujeres a una vivienda digna.

En este sentido, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 contempla medidas para la igualdad de género, incluyendo el acceso a vivienda para mujeres en situación de vulnerabilidad. Dentro de este marco, por ejemplo, el Programa Nacional de Vivienda (PNV) 2021-2024, incorpora la perspectiva de género como eje transversal y prioriza a mujeres jefas de familia, madres solteras y víctimas de violencia de género para la asignación de créditos y subsidios (^{SEDATU, 2021}). Asimismo, la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), a través de su Programa de Vivienda Social, otorga subsidios para adquisición o mejora de vivienda a personas de bajos ingresos con prioridad a mujeres jefas de familia y mujeres indígenas (CONAVI, 2021).

Por otro lado, el programa Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (^FOVISSSTE) para todos, permite a mujeres trabajadoras del Estado, acceder a créditos hipotecarios con tasa competitiva, buscando fortalecer la igualdad de oportunidades (^{FOVISSSTE, 2021}); y el Programa de Mejoramiento Urbano, operado por la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (^SEDATU), que incluye componentes de vivienda y mejoramiento integral de barrios, priorizando mujeres jefas de hogar en zonas de marginación (^{SEDATU, 2021}).

Adicionalmente, se han implementado programas específicos para mujeres víctimas de violencia, en colaboración con refugios y centros de atención, garantizando viviendas seguras y accesibles. También, instituciones como el INFONAVIT y FOVISSSTE ofrecen condiciones preferenciales para mujeres, incluyendo tasas de interés reducidas y facilidades de pago. Un ejemplo es el programa "INFONAVIT para todas", diseñado para fomentar la igualdad en el acceso a financiamiento de vivienda y aumentar la cantidad de mujeres propietarias (Tabla 1).

Tabla 1: Matriz comparativa de Programas y Políticas públicas de acceso a la Vivienda en México, con perspectiva de Género. 

No obstante, es importante mencionar que, a pesar de estos avances, persisten retos en la implementación de estas políticas, como la falta de recursos suficientes, la necesidad de ampliar la cobertura en zonas rurales y garantizar que los programas lleguen a las mujeres más vulnerables, especialmente aquellas en situación de violencia o pobreza extrema; pero estos esfuerzos representan un paso importante en la reducción de la brecha de género en el acceso a la vivienda, mejorando la calidad de vida de muchas mujeres y sus familias en México.

1.1. El acceso de las mujeres a la vivienda en Colombia

En el contexto colombiano, el acceso a la vivienda para las mujeres, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad, ha sido un tema relevante dentro de las políticas públicas. Los programas de vivienda social y los subsidios habitacionales, como Mi Casa Ya y la Vivienda de Interés Social (VIS), han sido claves para proporcionar acceso a vivienda. No obstante aún enfrentan barreras significativas, particularmente las mujeres jefas de hogar y aquellas desplazadas por el conflicto armado.

Mi Casa Ya es uno de los principales programas del gobierno colombiano orientado a facilitar la adquisición de vivienda para las familias con ingresos bajos y medios. Este programa ofrece un subsidio que cubre una parte del valor de la vivienda y una tasa preferencial para créditos hipotecarios. Sin embargo, aunque el programa ha sido crucial para mejorar el acceso a la vivienda, las mujeres jefas de hogar, que constituyen una parte significativa de los hogares en situación de vulnerabilidad en Colombia, enfrentan mayores dificultades para beneficiarse de estas políticas. Según datos de la Unidad de Víctimas y el Ministerio de Vivienda, en 2021, aproximadamente el 40% de los subsidios otorgados bajo este programa se destinaron a mujeres jefas de hogar, lo que refleja un esfuerzo por empoderar a este grupo vulnerable (^{Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2021}).

^{Ceballos y González (2019}) señalan que las mujeres jefas de hogar, aunque son un grupo prioritario en la política de vivienda colombiana, enfrentan obstáculos económicos y sociales adicionales. Las limitaciones en los ingresos y el acceso al crédito hipotecario, debido a la precariedad laboral y a la brecha salarial de género, limitan su capacidad para adquirir vivienda, incluso con los subsidios del programa Mi Casa Ya. Además, las mujeres jefas de hogar suelen tener una carga mayor de responsabilidades familiares, lo que afecta su capacidad para cumplir con los requisitos financieros de los programas.

En el caso de la Vivienda de Interés Social (VIS), que está destinada a familias con ingresos más bajos, las mujeres han sido beneficiarias significativas, pero se ha observado una falta de enfoque de género integral en la planificación y asignación de estas viviendas. Según ^{García y Pérez (2020}), los programas VIS a menudo no consideran las necesidades específicas de las mujeres como la seguridad física, el acceso a servicios educativos y de salud, y la proximidad a redes de apoyo social, lo que impacta negativamente en su calidad de vida tras acceder a una vivienda.

Por otro lado, un fenómeno que ha tenido consecuencias estructurales en el acceso a la vivienda es el conflicto armado en Colombia, que ha dejado a millones de personas desplazadas, muchas de las cuales son mujeres que han perdido sus hogares y medios de vida. El acceso a la vivienda para estas mujeres desplazadas presenta retos particulares dado que muchas de ellas carecen de los recursos económicos y de la documentación necesaria para acceder a programas de vivienda social (fuente). Un informe de ^{ACNUR 1}(2021) destaca que las mujeres desplazadas por el conflicto enfrentan discriminación en el acceso a la vivienda debido a su condición de desplazamiento y a los estigmas asociados a su situación. Además, la inseguridad jurídica sobre la propiedad de la tierra es un problema recurrente para las mujeres desplazadas, especialmente en áreas rurales. Según ^{Villegas (2018}), muchas mujeres desplazadas no tienen la titularidad de sus tierras, lo que limita su acceso a los subsidios de vivienda y a programas como Mi Casa Ya.

El Departamento Nacional de Planeación (^{DNP, 2019}) también señala que la atención a las mujeres desplazadas en los programas de vivienda social ha sido insuficiente. Las barreras burocráticas y la falta de programas específicos que atiendan las necesidades de este grupo han contribuido a una exclusión continua, a pesar de la priorización formal que tienen en la política pública. No obstante, a nivel local, algunas ciudades han implementado programas piloto que buscan integrar un enfoque de género en la provisión de vivienda para mujeres en situación de vulnerabilidad. Dos de los casos más notables son Bogotá y Medellín.

Bogotá

En Bogotá, la alcaldía ha impulsado varios programas con enfoque de género, entre ellos, la iniciativa Mujer y Hábitat, que busca proporcionar vivienda a mujeres en situación de vulnerabilidad, incluyendo mujeres desplazadas y víctimas de violencia de género. Esta política incluye, además de la provisión de vivienda, acompañamiento psicosocial y capacitación en habilidades para la vida, con el objetivo de fortalecer la autonomía de las mujeres beneficiarias.

Estos programas han tenido éxito en mejorar la seguridad habitacional de las mujeres, pero la falta de recursos y la alta demanda han limitado su impacto a largo plazo (^{Rodríguez y Sánchez, 2022}). El acceso a los subsidios sigue siendo un reto debido a la burocracia y a la insuficiente oferta de viviendas asequibles en la ciudad.

Medellín

En Medellín, el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), adoptado mediante el Acuerdo 048 de 2014 y actualizado en 2020, incluye un Sistema de Gestión para la Equidad Territorial que articula instrumentos de planificación, financiación y uso del suelo con enfoque de equidad social y territorial (^{Alcaldía de Medellín, 2020}). Este marco institucional ha permitido la implementación de proyectos piloto como Ciudad Mujer, que no solo prioriza la asignación de vivienda de interés social para mujeres en situación de vulnerabilidad, sino que también promueve espacios comunitarios seguros y accesibles, integración de servicios sociales y participación activa de las mujeres en la toma de decisiones.

El Informe de ^{ONU Mujeres(2020a}) sobre el programa resalta que esta iniciativa ha sido pionera en la región, integrando las necesidades de las mujeres de manera más inclusiva que los programas nacionales. Sin embargo, sigue existiendo un desfase entre la demanda y la capacidad de entrega de viviendas.

Resultados

Como resultado del análisis documental de políticas habitacionales en México y Colombia, se construyó una matriz que organiza y sintetiza los principales hallazgos en torno al enfoque de género presente en diversos programas de vivienda. Esta herramienta permite identificar si dichas políticas se inscriben en una lógica de Mujeres en el Desarrollo (MED), centrada en incorporar a las mujeres como beneficiarias sin cuestionar las estructuras existentes, o si avanzan hacia un enfoque de Género en el Desarrollo (GED), orientado a transformar relaciones de poder y promover la equidad sustantiva. Para ello, se emplearon nueve categorías analíticas: nivel de intervención, marco normativo vinculado a género y vivienda, foco poblacional, tipo de enfoque (MED o GED), atención a necesidades prácticas e intereses estratégicos, igualdad formal versus equidad sustantiva, participación de las mujeres en el diseño de políticas, instrumentos interseccionales, protección ante violencias de género y evaluación con enfoque de género. Lejos de una comparación directa entre países, la matriz ofrece una lectura crítica que permite visibilizar tanto los avances como los vacíos estructurales de estas políticas, y su potencial o limitaciones para contribuir al empoderamiento de las mujeres en contextos de desigualdad estructural. Tabla 2.

Tabla 2: Matriz de análisis del enfoque de género en políticas habitacionales de México y Colombia: entre la inclusión instrumental (MED) y la transformación estructural (GED) 

El análisis revela que tanto México como Colombia han avanzado en el diseño de políticas públicas de vivienda que nombran a las mujeres como población prioritaria, pero la inclusión de un enfoque de género estructural y transformador es aún incipiente y fragmentada. Predomina una lógica asistencialista y técnica, centrada en facilitar el acceso a vivienda como una necesidad básica, sin cuestionar ni transformar las condiciones que hacen de ese acceso una desventaja estructural para las mujeres.

En este marco, las políticas se enmarcan mayoritariamente en el enfoque MED (Mujeres en el Desarrollo), lo que implica que buscan integrar a las mujeres como beneficiarias sin alterar la estructura social. Solo en iniciativas locales muy específicas, especialmente en Medellín y Bogotá, se vislumbra un avance hacia el enfoque GED (Género en el Desarrollo), con propuestas que abordan el empoderamiento, la participación y la creación de entornos seguros.

Asimismo, ambas experiencias comparten una escasa capacidad para atender los intereses estratégicos de género, como la redistribución del poder, el control de recursos, o la corresponsabilidad en los cuidados. La participación activa de las mujeres en el diseño e implementación de estas políticas es débil o simbólica, y no existen sistemas de evaluación con enfoque de género que permitan monitorear el impacto diferencial de estas políticas habitacionales.

Para que el acceso a la vivienda deje de ser un simple alivio material y se convierta en una herramienta de transformación social, es necesario superar el enfoque de “techo” y adoptar una visión de derechos con perspectiva interseccional, feminista y territorial, que reconozca las múltiples violencias y desigualdades que enfrentan las mujeres en el ejercicio de su derecho al hábitat.

Reflexiones Finales

El derecho a la vivienda, y consecuentemente el acceso a la misma, en México es un tema complejo que involucra una serie de factores sociales, económicos y políticos. Asimismo, enfrenta desafíos significativos relacionados con desigualdades de género, económicas y sociales que, a pesar de los avances en legislación y programas y políticas públicas, persisten dificultades derivadas de la brecha salarial. Esto limita su capacidad para adquirir o rentar una vivienda; de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (^{CEPAL, 2017}), en América Latina, muchas mujeres dependen de empleos informales o de tiempo parcial, lo que les dificulta acceder a créditos hipotecarios, aunado a las responsabilidades de cuidado, que recaen mayormente sobre ellas, lo que restringe sus oportunidades laborales y su capacidad de generar ingresos suficientes para cubrir gastos de vivienda. Así como a la heterogeneidad regional y la falta de un enfoque interseccional que articule, género, etnicidad y condición socioeconómica, situación que dificulta el acceso de las mujeres a viviendas, sobre todo en contextos rurales y periurbanos, en dónde la vulnerabilidad es mayor y la informalidad predomina; así como la limitada cobertura presupuestal y la burocratización de los trámites que también perpetúan las barreras que generan la exclusión de las mujeres con mayor vulnerabilidad para el acceso a una vivienda digna.

Es importante mencionar que en México, a través de por ejemplo, el Programa Nacional de Vivienda, los subsidios de CONAVI, o las acciones afirmativas de INFONAVIT y FOVISSSTE que representan avances significativos en el reconocimiento formal del derecho a la vivienda con enfoque de género, estas iniciativas enfrentan múltiples desafíos en su implementación y alcance. Pues, a menudo no abordan de manera específica las necesidades de las mujeres, quienes también enfrentan obstáculos para acceder a financiamiento adecuado o al otorgamiento de créditos y en este sentido, si partimos del argumento en el que la vivienda no debe concebirse únicamente como un bien físico o financiero, sino como un espacio de seguridad, autonomía y bienestar para las mujeres, se asume que las políticas públicas deben trascender el otorgamiento de créditos o subsidios para incorporar la participación activa de las mujeres en los procesos de diseño, producción y gestión del hábitat, garantizándoles así este espacio de seguridad, autonomía y bienestar que se traduce en una vivienda digna y adecuada.

Por otro lado, a pesar de los avances normativos y la creación de políticas públicas orientadas a la igualdad de género en Colombia, la realidad demuestra que estos esfuerzos aún enfrentan obstáculos significativos que limitan su efectividad y alcance. Las cifras de violencia de género, discriminación y desigualdad económica persisten, evidenciando que las políticas no han logrado transformar de manera efectiva las estructuras sociales que perpetúan la opresión y marginación de las mujeres. Primero, es fundamental reconocer que la implementación de las políticas de género no solo depende de su formulación legal, sino también de un cambio cultural en las instituciones y en la sociedad en general. Los estereotipos de género arraigados en la cultura colombiana siguen influyendo en la toma de decisiones y en la percepción del rol de la mujer en la sociedad, lo que dificulta que las políticas públicas se traduzcan en acciones concretas y cambios tangibles en la vida de las mujeres. Esto subraya la necesidad de llevar a cabo campañas de sensibilización y educación que fomenten una cultura de igualdad y respeto.

Además, la participación activa de las mujeres en la formulación de políticas es crucial. Aunque la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género (^PPMYEG) se desarrolló a partir de la consulta a miles de mujeres, es imperativo que este enfoque participativo se mantenga a lo largo de la implementación y evaluación de las políticas. Las voces y experiencias de las mujeres deben ser el eje central en la evaluación de la efectividad de las políticas, asegurando que estas realmente respondan a sus necesidades y realidades.

El papel del Movimiento Feminista se torna esencial en este contexto, no solo actúa como un catalizador para la concienciación sobre la desigualdad de género, sino que también es fundamental para la defensa de los derechos de las mujeres y para presionar por la rendición de cuentas de las instituciones gubernamentales. La historia muestra que los movimientos sociales han sido motores de cambio y que, a través de la organización y la resistencia, se han logrado avances significativos en el reconocimiento y promoción de los derechos de las mujeres.

Finalmente, es crucial que las políticas de género en Colombia se articulen de manera interseccional, reconociendo las múltiples identidades y experiencias de las mujeres. La diversidad en la experiencia femenina, ya sea por raza, clase, orientación sexual o condición de discapacidad, debe ser considerada en el diseño y la implementación de políticas para garantizar que todas las mujeres tengan acceso equitativo a los recursos y oportunidades; y aunque el camino hacia la igualdad de género en Colombia es complejo y está lleno de desafíos, el fortalecimiento de las políticas públicas desde una perspectiva de género, apoyado por la participación activa de las mujeres y el compromiso del Estado, puede conducir a una transformación significativa pues la búsqueda de una sociedad más equitativa no solo beneficiará a las mujeres, sino que también enriquecerá el tejido social y económico del país, contribuyendo al desarrollo sostenible y al bienestar de toda la población.

Como bien se sabe, a lo largo de la región latinoamericana, las diferencias económicas entre la población son significativas, situación que se refleja precisamente en la falta de igualdad con respecto al acceso a la vivienda. Por otro lado, el rápido crecimiento de las ciudades en América Latina, han provocado una expansión urbana descontrolada y, por lo tanto, la generación de asentamientos periféricos informales y precarios, que vulneran los derechos de las personas que los habitan. Esto, sumado a la falta de apoyo gubernamental para la población que carece de este derecho, son las principales razones del problema de acceso a la vivienda en México y Colombia (^{ONU-Hábitat, 2012})⁴⁹.

Por lo que, como parte de los esfuerzos de los gobiernos latinoamericanos para dotar a toda la población de este derecho, se han implementado programas, políticas e incentivos, no sólo para la adquisición de una vivienda por parte de la población menos favorecida, sino también para el mejoramiento de las condiciones físicas de la misma, con la finalidad de mejorar las condiciones de habitabilidad de las mismas y, por lo tanto, la calidad de vida de sus habitantes. No obstante, sigue existiendo un gran número de población que carece del acceso a la vivienda y, a su vez, si bien hay quienes cuentan con una vivienda esta está lejos de ser digna.

Por lo que, se concluye que, para mejorar el acceso de las mujeres a programas de vivienda en América Latina, se necesitan enfoques integrales que se terminen de eliminar principalmente las barreras culturales, en las que sólo el varón puede ser beneficiario de políticas públicas y/o programas sociales. Esto puede incluir la implementación de políticas que promuevan la igualdad de género, la mejora de la capacidad económica de las mujeres, y la sensibilización sobre los derechos de las mujeres en relación con la vivienda y la propiedad, además de fomentar la participación activa de las mujeres en la toma de decisiones relacionadas con la vivienda a nivel comunitario y nacional. No obstante, es importante mencionar que, aunque existen movimientos incentivados precisamente por esta falta de enfoque de género en la planificación y diseño de programas y políticas públicas para mejorar la calidad de vida de las mujeres, ya sea a partir de la vivienda o del acceso a servicios básicos e infraestructura, hay que seguir luchando por la inclusión integral y natural de las mujeres en todas las esferas de la vida pública, para fortalecer su autonomía, seguridad y desarrollo