1. Introducción

A los viejos problemas de la comunicación pública en América Latina, como la concentración de los sistemas de medios, el acceso limitado a la información pública, los ataques a trabajadores de la prensa, etcétera, en los últimos años se sumó la difusión masiva, instantánea y en red de fake news, hechos alternativos, discursos de odio y expresiones discriminatorias y ofensivas. Estos problemas -como se verá-, si bien no son nuevos, adquirieron características particulares con el desarrollo de las plataformas digitales de redes sociales.

Aunque los problemas de la comunicación pública actual son conocidos y ampliamente investigados -de hecho, algunas de estas pesquisas son referenciadas más adelante-, pocas investigaciones abordan las formas de superarlos. Además, no todas ellas estudian alternativas como respuestas a los retos articulados tal y como se definen aquí. Tampoco se conocen análisis integrales de los problemas y de las estrategias para superarlos, como el que aquí se propone. Del mismo modo, la mayoría de los trabajos disponibles sobre este tema se centran en los países centrales, por lo que es necesario investigar con mayor precisión estos fenómenos en los países periféricos, incluidos los de América Latina.

El objetivo de este artículo es examinar los tipos de alternativas propuestas e implementadas por gobiernos, organizaciones de la sociedad civil y empresas en América Latina para democratizar la comunicación pública y superar estos problemas: el retroceso en la libertad de expresión y el derecho a la comunicación, el avance del discurso anticientífico, la difusión de desinformación y negacionismos, los discursos hostigadores, discriminatorios y de odio, los discursos antiderechos humanos y antidemocráticos y el desprecio por la llamada corrección política. Estas alternativas, del mismo modo que los problemas que abordan, incluyen estrategias digitales, pero exceden a la comunicación en línea.

Latinoamérica es un lugar excepcional para estudiar los problemas, las causas y las soluciones alternativas de la comunicación democrática porque tiene desafíos similares a los de otras partes del mundo y reúne algunos de los líderes de diverso origen político que promueven la desinformación, atacan a científicos y periodistas e ignoran a las mujeres, LGBTTQI y personas de color. La región también tiene una historia particular de antiguos y recientes genocidios, guerras civiles y dictaduras que dan forma a la actual polarización social y política. Es la región más desigual económica y socialmente y, por tanto, la más fragmentada del mundo; y, a pesar de los esfuerzos de la sociedad civil, todavía tiene los sistemas de medios más concentrados del mundo. En contrapartida, algunos países tienen también fuertes movimientos de derechos humanos comisiones de verdad, memoria, justicia y paz; movimientos feministas que han influido en otros en el mundo; e importantes movimientos de afrodescendientes y de pueblos originarios, además de prestigiosas organizaciones de periodismo de investigación y de datos, así como de verificación de hechos, entre otras iniciativas que apuntan a democratizar la comunicación pública.

El problema central que se aborda es: ¿cómo contribuyen estas iniciativas a promover el diálogo democrático -y, al hacerlo, una sociedad más democrática-, y cuáles son sus límites y potencialidades? Para eso, antes se diagnostican los problemas de la comunicación pública, sus causas -las nuevas condiciones tecnológicas, pero también las políticas- y sus efectos.

La preocupación fundamental que subyace a este problema es la siguiente: ¿sobre qué bases es posible fundar la esperanza de construcción de una comunicación para un mundo más amable, más democrático, más humano e igualitario?

En primer lugar, se presenta la perspectiva teórica y la metodología utilizada en el estudio. Luego, se definen los problemas, los sujetos intervinientes, las condiciones que favorecen su multiplicación y el impacto que producen. En tercer lugar, se analizan las potencialidades y limitaciones de las estrategias desarrolladas por organizaciones sociales latinoamericanas para superar estos problemas. Finalmente, se identifican las alternativas propuestas por movimientos sociales históricos de la región.

2. Enfoque teórico-metodológico

Este estudio se basa en aproximaciones teóricas y normativas sobre la comunicación democrática desde los estudios de comunicación, sociológicos y políticos. Esta articulación es necesaria para producir un enfoque integral y matizado de los problemas de comunicación pública y las iniciativas alternativas de solución y superación.

Se trabaja con una perspectiva sociológica para comprender y explicar las prácticas de comunicación y la cultura. Esta perspectiva se abreva, principalmente, en ^{Bourdieu (2000}), ^{Williams (2000}), ^{Foucault (1992}) y ^{Mozejko y Costa (2007}). Desde este enfoque, se concibe a las prácticas como opciones que toma un agente social -individual o colectivo- en ciertas condiciones que las limitan al tiempo que las hacen posibles. En consecuencia, las prácticas se comprenden y explican no tanto según la intencionalidad del agente que las produce, sino más bien en relación con el poder relativo, las competencias y la trayectoria de quien las produce y con las condiciones en que son producidas (^{Costa y Mozejko, 2001}). Entendemos por estrategia al conjunto de tácticas empleadas en torno a un interés común para alcanzar objetivos específicos. Si bien las estrategias que se analizan aquí son parte de programas deliberados de acción, no todos sus componentes son necesariamente conscientes ni racionales (^{Costa y Mozejko, 2001}).

Además, se utiliza un enfoque normativo para pensar el cambio posible, que tiene un eje comunicacional y otro político estrechamente relacionados. Por un lado, el que concibe a la comunicación como derecho humano y, vinculado a eso, la noción de la democratización de la comunicación como proceso, basado en el Informe ^{MacBride (1980}) y otros documentos de Naciones Unidas; en las resoluciones y declaraciones de la Comisión y de la Corte Interamericanas de Derechos Humanos; y ^{Fraser (2006}). Por otro lado, el que propone la democracia deliberativa, participativa o fuerte, como lo hacen, entre otros, ^{Habermas (1994}), ^{Mouffe (2011}) y Fraser (²⁰⁰⁶). Por lo tanto, las prácticas estratégicas son evaluadas desde la perspectiva normativa que define a la comunicación como un derecho humano en base a los principios de: universalidad, acceso, pluralismo, diversidad, participación y equidad (^{Loreti y Lozano, 2014}; ^{MacBride, 1980}).

El derecho a la comunicación implica tanto el derecho individual a la libre expresión como el derecho social a estar informado (^{Loreti y Lozano, 2014}). Por lo tanto, los procesos de democratización de la comunicación son aquellos que consideran las posibilidades de acceso al consumo de productos y servicios de comunicación y de participación en su producción, así como en la definición de políticas en el área. Además, contemplan los principios de diversidad en la representación de grupos sociales, culturales, étnicos, religiosos, políticos y regionales y de equidad en el acceso y participación a la esfera pública y a los medios de comunicación. Con ello, la democratización de la comunicación se define como políticas y prácticas que contribuyen a hacer visibles, audibles y legítimos en el espacio público a los sujetos invisibilizados, silenciados o poco valorados; a ampliar los patrones culturales de expresión legítima; a hacer más accesibles a todos los medios económicos de propiedad de los medios; y a introducir nuevos temas en la agenda pública (^{Fraser, 2006}).

El análisis se basa en fuentes primarias con 25 entrevistas realizadas por la autora a referentes de movimientos de derechos humanos, de mujeres, disidencias sexuales, afrodescendientes y pueblos originarios de Colombia, Brasil, Bolivia y Argentina, y de las instituciones públicas de verdad, justicia y paz de Colombia y Argentina. También en fuentes secundarias, especialmente en estudios realizados por otras y otros colegas, y en los documentos producidos por organizaciones de la sociedad civil y organismos intergubernamentales sobre estos temas.

Las técnicas aplicadas son, por lo tanto, las entrevistas semiestructuradas y el relevamiento y análisis bibliográfico y documental. Los criterios de selección de entrevistados fueron los siguientes: Primero, se eligieron movimientos sociales e instituciones públicas que agrupan a los sujetos que se identifican, según se verá más adelante, como predominantemente atacados por discursos de odio, desinformación y negacionismos: mujeres y disidencias, afrodescendientes, pueblos originarios y víctimas de dictaduras y guerras civiles. Luego, de esos movimientos e instituciones, se escogieron los que se pueden considerar más exitosos de la región según: su antigüedad y perdurabilidad en el tiempo, su incidencia en políticas públicas y en la opinión pública, su influencia en otras organizaciones similares en otros países. Finalmente, se entrevistó a las y los principales referentes de esas organizaciones y a las autoridades o las y los encargados de comunicación de las instituciones públicas.

Lo que se presenta aquí está desarrollado en el libro Public Communication and Democracy in Latin America. Is democratic dialogue possible in fragmented societies? (^{Palgrave Macmillan, 2024}).

3. Paso 1: definir los problemas

Para analizar y diseñar estrategias para superar problemas es necesario primero diagnosticar los problemas y definirlos con precisión. ¿Cómo se definen desinformación, discursos de odio y negacionismos?

De acuerdo con el sistema interamericano de derechos humanos, la desinformación no es cualquier divulgación de noticias falsas. Es la información falsa, engañosa o no verificable distribuida deliberada e interesadamente con el fin de promover la ignorancia; implica una manipulación maliciosa (^{IACHR, 2019}). Por eso, la distribución de información falsa de buena fe no constituye desinformación.

Su equivalente para los discursos históricos y científicos son lo que, por la traducción del inglés, se denominan los hechos alternativos, o lo que en español se llama negacionismos: los negacionismos de los genocidios (^{ICC, 1998}) y otros negacionismos científicos como las posiciones antivacunas y terraplanistas (^{Waisbord, 2022}).

En tanto, también según el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el discurso de odio no es tampoco cualquier discurso agraviante, discriminatorio u agresivo, sino que es el que incita directa y públicamente a la violencia contra una persona o grupo por el hecho de pertenecer a cierto grupo social. Apuntan, en última instancia, a la eliminación de un otro por el mero hecho de ser otro: de tener determinadas características de género, etnia, clase o religión (^{IACHR, 2015}). Es, por lo tanto, un discurso fascista, si por fascista entendemos supremacista: que considera que hay grupos sociales superiores a otros y que esos otros no solo son inferiores, sino que también deben ser eliminados (^{Garzón, 2022}).

Si bien no cualquier discurso ofensivo es discurso de odio, sí contribuyen a generar un clima hostil y eso no es socialmente inocuo. Por eso, hay un tercer conjunto de discursos problemáticos: las expresiones agresivas, humillantes, despectivas, ofensivas, discriminatorias (^{Parodi y Cuesta, 2022}) que, si bien no incitan a la violencia, sí contribuyen a generar un entorno social más violento (^{Ipar et al., 2021}). Son las expresiones que desprecian la llamada corrección política. Acusan de censura, control del lenguaje y fundamentalismo ideológico a discursos que son sensibles, respetuosos y cuidadosos con las formas en que se refieren a los demás, sobre todo si los demás pertenecen a grupos vulnerables.

Es muy importante considerar que estos tres conjuntos de discursos suelen funcionar de manera articulada e inseparable.

4. Paso 2: caracterizar los sujetos

En tercer lugar, a la hora de diseñar soluciones, es imprescindible tener en claro cuáles son los actores en disputa, sus características e intereses. En el caso de las campañas de desinformación, negacionismos, discursos de odio y expresiones discriminadoras y ofensivas -como es usual en todo proceso comunicacional- se identifican tres grupos de sujetos: los productores y emisores, los destinatarios directos y los paradestinatarios (^{Verón, 1987}) que se convierten, ocasionalmente, en emisores.

Estos discursos problemáticos son producidos por usinas de pensamiento internacionales ultra-conservadoras, con intereses y proyectos específicos, que desarrollan, difunden y financian estas campañas en diversos países (^{Waisbord, 2018}). Red Atlas desde Estados Unidos y CitizenGo desde España son de las que más financian a influencers de extrema derecha latinoamericanos (^{Fisher y Plehwe, 2013}).

Estos discursos son difundidos por élites de derechas en cada país, que también tienen intereses y proyectos específicos: dueños de medios, periodistas y comunicadores, dirigentes políticos, sociales, religiosos, intelectuales y otros que tienen influencia en la opinión pública (^{Kessler et al., 2022}). Es crucial esa capacidad de influencia de quienes los enuncian (^{Thus, 2022}).

Y son reproducidos a veces de manera intencional, pero muchísimas veces de manera no intencional -fenómeno que, como se verá, está facilitado por la tecnología-. Esto no constituiría desinformación sino lo que, en inglés, sin traducción literal en castellano, se llama misinformation, que es la divulgación de información falsa de manera no intencionada. Entre los destinatarios directos, se identifica a dos grupos de sujetos atacados.

En primer lugar, las mujeres y disidencias sexuales, las personas racializadas, empobrecidas, migrantes y demás grupos sociales históricamente vulnerabilizados son los principales objetivos de ataque de las campañas de desinformación, los discursos de odio y demás discursos discriminadores, agresivos, humillantes y despectivos (^{Posetti et al., 2020}). Y si se conjugan más de una de esas características, aún peor.

El segundo grupo atacado son los intelectuales, líderes políticos y sociales, periodistas y todos los que luchan por los derechos de esos grupos vulnerabilizados y la democracia. Incluso muchísimo menos: no pocas veces, también son objetos de ataque quienes solo no los atacan (^{Alcaraz et al., 2021}).

Pero hay un tercer tipo de actor en juego que es crucial: quienes aparentemente adhieren a estos discursos. Quienes garantizan altos niveles de rating a comunicadores agresivos y mentirosos, votan a dirigentes políticos violentos y autoritarios y reproducen discursos reñidos con la solidaridad más elemental y el más básico respeto por los demás. Varios estudios demuestran que en esas aparentes adhesiones no hay una total convicción ideológica, sino más bien desesperación, desesperanza, incertidumbre, imposibilidad de proyectar a futuro (^{Cuesta y Prestifilippo, 2021}).

5. Paso 3: identificar sus causas

Para definir y comprender los problemas es preciso también identificar cuáles son las condiciones que favorecen su emergencia y multiplicación. Esto permitirá encontrar alternativas de superación adecuadas a los factores que los favorecen o restringen.

Considerando que estos problemas de la comunicación pública no son nuevos, sino tan antiguos como la historia de la humanidad pero que, en esta época adquieren características y alcance particulares, se identifican, por un lado, causas históricas y estructurales y, por otro, causas coyunturales.

Las condiciones históricas y estructurales que, en América Latina, favorecen la diseminación de desinformación, discursos de odio y negacionismos, son las siguientes: los altísimos niveles de desigualdad social -Latinoamérica sigue siendo la región más desigual del mundo (^{Amnesty International, 2022}; ^{Burchardt, 2012})-; las historias de polarización y violencia política extrema que condujeron a los países de la región a dictaduras, genocidios y guerras civiles (^{Contursi y Porto, 2022}); el autoritarismo, no solo político, sino también social -en las relaciones familiares o laborales- (^{Araujo, 2016}); el modo específico y complejo de racismo de nuestra región caracterizado por el mestizaje (^{Wade, 2021}); la misoginia -las tasas de femicidio en América Latina son las más altas del mundo (^{UN, 2017})-, la homofobia; y el clasismo estructurantes de estas sociedades.

En tanto, entre las condiciones que favorecen y le dan particulares características a estas problemáticas en la actualidad, se destacan las novedades tecnológicas, políticas y de crisis sanitaria y socio-económica.

La novedad tecnológica consiste en el rápido y enorme desarrollo, crecimiento y expansión en términos técnicos, económicos, de usuarios y de centralidad en el espacio público de las plataformas de redes sociales. Esta novedad permite la descentralización de las estrategias de manipulación que antes estaban centralizadas en el Estado, las grandes corporaciones y los medios de comunicación masiva. Esto es posible porque las redes sociales -digitales- permiten la difusión reticular y la amplificación instantánea de la información y promueven este tipo de intercambios (^{Calvo y Aruguete, 2020a}). Además, el funcionamiento mismo de las redes sociales recompensa los discursos disruptivos y sorprendentes, por lo que también promueve estas expresiones en línea.

Otra novedad es política: la reacción conservadora. Estos problemas se profundizaron en la región a partir de 2015 con la llegada al poder de gobernantes de derecha y extrema derecha, junto con la creciente presencia pública de movimientos sociales conservadores (^{Segura, 2015}; ^{Waisbord, 2018}; ^{Latinobarómetro, 2021}). Esto sucede después de la llamada ola rosa de gobiernos que habían avanzado en el reconocimiento de derechos y en la representación política de sectores sociales relegados (^{Benza y Kessler, 2020}).

La tercera novedad que favorece la proliferación de discursos públicos problemáticos es la crisis sanitaria del COVID-19 y la consecuente crisis económica (^{ECLAC, 2022}). Está demostrado que, en momentos de incertidumbre y desesperación, se tiende a buscar respuestas fáciles y rápidas y, en particular, chivos expiatorios (^{Cuesta y Prestifilippo, 2021}).

Por lo tanto, estos problemas no son específicos de Latinoamérica, pero sí hay aquí condiciones particulares que los facilitan especialmente -y, como se demostrará, hay también aprendizajes para enfrentarlos-. Aunque sus modos de producción y su alcance son novedosos, los problemas en sí no lo son. Y las causas de estos problemas no son solo técnicas, sino también sociales y políticas.

6. Paso 4: reconocer sus consecuencias

Para buscar soluciones a los problemas de comunicación pública, además de definirlos con claridad, también es preciso identificar qué impacto tienen, qué tipos y niveles de daño provocan.

La primera y más evidente consecuencia de la desinformación, los discursos de odio y los negacionismos es, a nivel individual, la inducción a la autocensura en el espacio público a ciertos sujetos sociales, como las personas directamente atacadas y también quienes comparten con ellas grupo social y características. Hay, por ejemplo, numerosos informes locales, nacionales y a nivel internacional -como el de UNESCO (^{Posetti et al., 2020})- que demuestran el incremento de la autocensura de mujeres periodistas, investigadoras y dirigentes.

(En 2002, cuando se canceló la negociación con las FARC y se eligió a un presidente que propuso acabar con la guerrilla por la fuerza) hubo una suspensión de todo tipo de producción informativa nacional o comunitaria que hablara de paz. (…) En muchos municipios, que alguien saliera con ese rollo lo ponía en peligro. Llamaba alguien a la emisora: «¿Ustedes de qué están hablando? Cállense, ustedes no pueden hablar de eso». Eso era una orden y una amenaza (Activistas por la paz, integrantes de red de radios comunitarias, Colombia).

Este silenciamiento puede hacerse estructural, producto de décadas, siglos y generaciones de sometimiento. Una integrante de una organización travesti trans de Argentina, quien además es afroindígena, decía sobre su infancia: «Yo era una persona muy calladita, que evitaba hablar para no recibir insultos o burla». Sin embargo, algo similar relataba una experimentada activista feminista, blanca y adulta, que fue la primera secretaria de género de una de las centrales sindicales de ese país. Ella contaba que «(en las reuniones de la Mesa Ejecutiva de la central sindical), se juntaban todos en una mesa grande y yo ni hablaba, porque yo decía algo y me miraban todos así (desaprobatoriamente)».

La segunda consecuencia es a nivel social: las comunicaciones problemáticas debilitan los lazos sociales y la solidaridad al promover la confusión y la desconfianza, y al habilitar el incremento de los niveles de violencia no solo discursiva, sino también física y material.

También buscan cambiar las reglas de la comunicación pública al incrementar la confusión y el temor y al desafiar los consensos sociales que regulan, fundan y hacen posible nuestro debate público. Las campañas de desinformación y los negacionismos históricos y científicos cuestionan nuestro consenso social sobre el modo de definir la verdad que, en las sociedades occidentales, desde la Ilustración hasta ahora, se define predominantemente a partir de la demostración empírica y la argumentación lógica. Por su parte, los discursos de odio desafían el consenso social sobre cómo se define lo justo que, en estas mismas sociedades occidentales, desde el momento posterior a la Segunda Guerra Mundial, se basa en el respeto a los derechos humanos y la democracia. Las expresiones de incorrección política cuestionan los límites socialmente aceptados de lo que se considera auténtico o sincero. En la película Denial (La Negación) (2016), la protagonista, una historiadora judía, mujer y joven, dice: «Puede haber distintas opiniones sobre el Holocausto, pero no que el Holocausto no ocurrió». Incluso para estar en desacuerdo, es preciso acordar sobre qué se está hablando. Cuando esos consensos sociales no son posibles, solo queda como opción el ejercicio puro y duro de la violencia.

A esta altura de la argumentación, resulta evidente que estos consensos no son solo comunicacionales, sino que son profundamente políticos, porque expresan una disputa sobre el proyecto de sociedad en el que se desea vivir, sobre las jerarquías sociales y la existencia misma -o no- de ciertos grupos sociales. Por eso, estos discursos buscan también, en definitiva, cambiar las reglas de la organización política y apuntan a desmantelar la democracia.

7. Paso 7: analizar las alternativas existentes

El liberalismo clásico sostenía que «más comunicación es mejor comunicación», pero, en las actuales condiciones de la comunicación pública plataformizada, esa máxima no se cumple (^{Becerra y Waisbord, 2021}). Al contrario, en un momento en que muchas más personas pueden producir mensajes públicos y conectarse en red con muchas otras, proliferan la desinformación, los negacionismos y los discursos de odio, agresivos y discriminadores.

Frente a esto, organismos intergubernamentales, gobiernos y organizaciones sociales de la región desarrollan diversas estrategias para superar estos problemas de la comunicación pública. Es posible agrupar a esas alternativas en dos conjuntos.

Por un lado, algunas propuestas son útiles en el sentido de contribuir a una comunicación más democrática y respetuosa de las personas, pero son insuficientes para superar los problemas que entorpecen el debate público. Incluyo aquí tres tipos de estrategias: las pedagógicas, como la alfabetización mediática y digital (^{Garro-Rojas, 2020}); las de producción y difusión de conocimiento, como el periodismo de investigación y datos o la comunicación pública de la ciencia; y las de monitoreo y seguimiento, como los observatorios y el fact-checking (^{Calvo y Aruguete, 2020b}).

Estas acciones son limitadas por varias razones. Pretenden dirigirse a públicos amplios, pero no los alcanzan, no son masivas. Suelen alcanzar, en cambio, solo a públicos calificados como periodistas, científicas y científicos, funcionarias, funcionarios y políticos (^{Nyhan y Reifler, 2014}). Usualmente son también iniciativas aisladas y puntuales, no sistemáticas ni regulares (^{Jeong et al., 2012}; ^{Waisbord, 2019}).

Además, se enfocan en uno de los tres grupos de problemas por separado-principalmente, la desinformación y, en ocasiones, también los negacionismos-, pero no los abordan en conjunto y de manera interrelacionada, que es la forma en que funcionan, según se demostró más arriba. Buscan ampliar las competencias de conocimiento y actúan especialmente sobre el consenso social sobre cómo se define la verdad -y la falsedad- y dejan de lado los otros dos consensos sociales que las comunicaciones problemáticas buscan fracturar. Por lo tanto, operan sobre la dimensión racional de la comunicación, pero prácticamente nada sobre las dimensiones normativo-colectiva y expresivo-emocional.

Son iniciativas desarrolladas por profesionales de la comunicación, el periodismo y la ciencia; no son estrategias populares ni que puedan popularizarse. Se trata de diseños técnicos, porque los enfocan como problemas meramente comunicacionales, no eminentemente políticos, como se demostró que son.

Finalmente, algunas de estas propuestas pueden tener el efecto adverso de amplificar el discurso que pretenden cuestionar.

Por todas estas razones, si bien estas medidas contribuyen a democratizar la comunicación, las sociedades y las subjetividades, la mayoría de ellas resultan limitadas en su alcance e impacto.

Por otra parte, las estrategias punitivas, las que establecen distintos tipos de sanciones, son riesgosas porque pueden producir más perjuicios que beneficios. Son desarrolladas por estados y por empresas privadas -las plataformas de redes sociales-.

La regulación privada de las plataformas agrava los problemas cuando eliminan, etiquetan, ocultan o desjerarquizan contenidos o cuentas de manera poco transparente, sin derecho a revisión, con sesgos socio-culturales y, en ocasiones, arbitraria (^{Pérez Bertrán y Martínez Elebi, 2022}; ^{WSJ, 2021}). En vistas de estas dificultades y riesgos, organismos intergubernamentales y algunos estados nacionales están discutiendo regulaciones a estas corporaciones hoy centrales en el espacio público (^{Observacom et al., 2020}; ^{UNESCO e Internet for Trust, 2023}).

Por su parte, la mayoría de las regulaciones y proyectos de ley que se discuten en los congresos de los países latinoamericanos buscan establecer restricciones a la libertad de expresión y sanciones a su incumplimiento, pero sin definir claramente las figuras penales y con penas desproporcionadas al daño ocasionado (^{Díaz Hernández, 2020}; ^{Thus, 2022}). Esto había sucedido ya en la región con figuras como la injuria y la calumnia, que también empeoran la situación que pretendían atender, por lo que en muchos países se habían logrado eliminar o despenalizar en la década pasada (^{Segura y Waisbord, 2016}). Todas estas normas deben cumplir los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Es necesario evitar que, como dice la sabiduría popular, no sea peor el remedio que la enfermedad.

8. Propuesta

Si las estrategias que se intentaron hasta ahora para superar la desinformación, los negacionismos, los discursos odiantes y los discriminadores son insuficientes o riesgosas, ¿qué opciones quedan?

Si las soluciones que es preciso buscar no deben ser meramente técnicas, sino políticas, sociales y culturales, y no deben ser focalizadas, sino integrales, es urgente y fundamental recuperar los históricos aprendizajes sociales acumulados en América Latina sobre diversos modos de lidiar con distintos tipos de violencias. Como dice Calvino (²⁰⁰²), es necesario «buscar y saber reconocer quién y qué, en medio del infierno, no es infierno, y hacer que dure, y dejarle espacio».

Por eso, en este texto se propone recuperar lo aprendido por los feminismos, los movimientos de mujeres y disidentes, las organizaciones de pueblos originarios y afrodescendientes, los organismos de derechos humanos y por las instituciones públicas de memoria, verdad, justicia y paz. La propuesta se basa en las siguientes razones: se trata de los grupos que históricamente fueron atacados y son el principal objeto de estos discursos problemáticos, pero estos grupos no se victimizaron ni se quedaron pasivos, sino que se organizaron, asumieron una voz pública y se convirtieron en sujetos políticos. Se enfrentan a las élites políticas y económicas que se oponen a la ampliación de derechos y son los principales productores de estas campañas discursivas violentas y mentirosas. Muchas de esas experiencias han resultado, en alguna medida, exitosas en términos de su incidencia en reformas de políticas públicas, construcción de nuevo sentido común, inspiración de organizaciones en otros países y prestigio.

De manera organizada, frente a esos ataques desarrollan tres líneas estratégicas cruciales.

En primer lugar, no aceptan sus reglas de juego comunicacionales, sociales y políticas violentas, odiantes, discriminadoras y mentirosas; no responden de la misma manera. Para esto se requiere templanza, mesura e inteligencia. La demanda «Queremos justicia, no queremos venganza», de los organismos de derechos humanos de Argentina, por ejemplo, es un norte a recuperar. Es central que estos movimientos e instituciones se distingan de sus atacantes y no acepten el cambio de las reglas de juego comunicacionales que estos impulsan.

Hacerlo, sin embargo, no significa permanecer pasivos o practicar la no respuesta, sino, por el contrario, responder de manera clara y contundente, pero apegándose a las definiciones socialmente aceptadas de verdad, justicia, sinceridad y respeto. De este modo, protegen los lenguajes, los modos de expresión y los patrones culturales de la comunicación democrática.

Hay gente que cree que cuando trabajas en temas de derechos humanos o de paz tu respuesta siempre tiene que ser pasiva. Yo no creo que el silencio o la evasión sean buenas (respuestas), hay ataques a los que hay que responder, no con la misma agresividad, (…), pero sí con muchísima más contundencia que un comunicado de prensa o una comparecencia pública (Ex Integrante de la Comisión de la Verdad, Colombia).

En segundo lugar, buscan convencer a incrédulos, indecisos, dubitativos, con múltiples tácticas de sensibilización, arte, comunicación, educación formal y no formal, movilización callejera y articulación con el Estado cada vez que hay oportunidad.

Al buscar modos de persuasión, frente a la disyuntiva entre apelar a la razón o a la emoción, argumentar o movilizar los sentimientos y la empatía, estos colectivos también toman decisiones pragmáticas según las condiciones tanto de la situación de habla como de las relaciones de fuerza en las disputas sociales. Procuran convencer, con una combinación o con el uso alternativo de testimonios de testigos directos o indirectos, la reconstrucción de la propia historia y cotidianeidad y de información estadística, pruebas empíricas, fotografías o videos.

Esto es fundamental porque de este modo superan la dicotomía entre la verdad, entendida como producto de la racionalidad neutra y aséptica, y la emotividad como el terreno de lo confuso y las pasiones viles. Por el contrario, trabajan para promover la razón democrática tanto como las emociones democráticas -respeto, solidaridad, empatía- (^{Nussbaum, 2011}) que son, junto con la racionalidad, cruciales para sostener un espacio público democrático.

Hemos producido mucho material audiovisual con narrativas de mujeres en primera persona, trabajando con sus historias de vida y no solo con los datos. ¿Cómo decir que cada 23 minutos un joven negro es asesinado en Brasil, y que una mujer negra que es madre, que es tía, que es amiga, que es pariente, desaparece y una familia negra se destruye? ¿Cómo comunicar eso? Entendemos que son historias vivas que se escapan de los números porque dan sentido y claridad: traen el dolor, la lucha, el luto, todo lo que ese dato quiere transmitir. (…) Esto es importante para nosotros porque los medios hegemónicos van a tratar de criminalizarnos y los datos son muy fríos. No revelan el impacto y el daño, la barbaridad que un asesinato así provoca en una familia negra. Entonces para nosotros es fundamental contar la historia (Activista por los derechos de las mujeres negras, Brasil).

La búsqueda de persuadir a más personas implica pensar estratégica y pragmáticamente qué, cuándo, cómo y a quiénes decir y qué, cuándo, cómo y ante quiénes callar. El silencio se asoció históricamente a la censura, la auto-censura, la complicidad y el negacionismo; pero también hay silencios elegidos y estratégicos.

En ocasiones, los colectivos afectados no responden a los ataques o difamaciones para no darles mayor importancia y difusión, especialmente cuando los ataques tienen poca capacidad de influencia, bien porque circulan en medios o redes sociales de escaso alcance o porque sus autores son marginales y poco conocidos. Si no hay respuesta, no se amplifica el mensaje: esto es clave entender en redes sociales, pero también en las épocas de predominio de medios analógicos. Una integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto de Argentina contaba: «El silencio fue muchas veces una estrategia para no salir a hacer olas (…)aprendimos que no siempre había que salir a contestar públicamente porque le daba prensa a los sectores más conservadores». En el mismo sentido se expresó un funcionario de la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia: «No nos enganchamos a responder ataques directos para no amplificarlos. Esperamos a que baje la espuma».

También guardan silencio para preservar sus logros, para no alertar a grupos reaccionarios que puedan obstaculizarlos. Otra integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto dijo: «Muchas veces hay políticas públicas que están buenas y que se podrían felicitar públicamente, pero decidimos no hacerlo. (…) porque si lo haces, estás anoticiando a los sectores conservadores que se movilizan».

A veces, deciden no responder directamente al atacante o al difusor de información falsa, sino informar a la sociedad sobre el tema o dar charlas a públicos específicos, entre otras acciones. En estos casos, se guarda silencio frente a los atacantes, pero no públicamente. Se responde, pero eligiendo a los destinatarios. Una activista de Mujeres Trans Argentina dijo: «No nos queremos desgastar discutiendo con personas que no van a cambiar o con trolls. Pero sí hemos propuesto conversatorios, eventos».

Hablar o callar también está ligado a las posibilidades de ser escuchado o ignorado. Así, a veces es posible plantear un tema en un debate público y otras no es aceptable. Como dice un activista por los derechos humanos de Argentina: «En 1984, cuando salió el informe “Nunca Más” de la CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas), ya estaba todo dicho sobre el horror de la dictadura, pero habían cambiado las condiciones de escucha».

Ocasionalmente, las condiciones de escucha se amplían debido a acontecimientos imprevistos. Estas nuevas coyunturas pueden aprovecharse positivamente si los movimientos sociales se preparan con estrategias desarrolladas mucho tiempo antes. De este modo, callan o toman la palabra pública de manera estratégica, según las condiciones sociales de escucha, cuando algo se vuelve socialmente audible y potencialmente aceptable. Una periodista y activista del movimiento de mujeres negras de Brasil, decía: «Lo que estalló en el mundo (con el asesinato de George Floyd) (…) hizo que el movimiento negro demandara (mayor cobertura) a los medios privados. (…)Y hoy casi todos los diarios tienen todos los días alguna denuncia de un caso de violencia racista».

En cualquier caso, las condiciones de escucha y aceptabilidad de determinados temas no son estáticas. Por eso, como forma de modificar esas condiciones, las organizaciones sociales y las instituciones públicas avanzan en la presentación pública de demandas y propuestas, aunque inicialmente no tengan mucha capacidad de incidencia.

¿Cómo abrís esa puertita para que te escuchen? Después ya podemos empezar a dialogar en otros términos y a debatir un poco más en profundidad. Pero, al principio, ¿cómo abrimos esa puerta sin ir en detrimento de nuestra idea, de lo que necesitábamos comunicar? (…)para poder empezar a sensibilizar y generar un poco más de empatía sobre la temática (…)Hay que ir muy de a poco (Activista feminista, integrante de Ni Una Menos, Argentina).

La posibilidad de hablar o callar también está vinculada a la legitimidad y credibilidad que la organización o institución haya alcanzado en cada momento histórico.

Cuando se fortalecen y consiguen consenso y apoyo, tienen más opciones estratégicas entre las que elegir. En estos casos, cuando callan y se retiran del debate público, no lo hacen por debilidad, sino, al contrario, por fortaleza. Una integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto decía:

La balanza se iba inclinando muy lentamente a favor nuestro. Y cambiamos de estrategia. (…)Íbamos a los medios si nos convocaban a nosotras (…) pero no aceptamos más debates en televisión en los que nos enfrentaban (con alguien que estaba en contra de la legalización del aborto) y nos violentaban (…)Fue siempre midiendo fuerzas.

Además, cuando consiguen influir en la opinión pública y su propuesta es más aceptable, en muchos casos ni siquiera necesitan responder a los ataques o difamaciones porque otras personas lo hacen por ellos. La integrante de Ni Una Menos decía:

Si posteo algo, en los comentarios la gente sola se modera. Cuando sale alguien a decir una barbaridad como: «Salen todas en tetas y nos quieren romper todo», empiezan a responderles otras pibas desde otro lugar, como pueden, jugando el juego de las redes. Y eso está buenísimo porque no hay que intervenir permanentemente y porque ya es más popular y cotidiano.

Cuando se toma la palabra y se logra incidir en la opinión pública, a veces se logra hacer hablar a testigos, incluso, a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad, y romper el silencio negacionista y encubridor, que hace daño no solo a las víctimas, sino a la sociedad en su conjunto. Esto sucedió en el proceso post-dictatorial en Argentina y luego del último proceso de paz en Colombia. Se restaura así el acceso a la información pública y el derecho la verdad.

La tercera línea estratégica de los movimientos sociales y las instituciones públicas que trabajan para superar las múltiples expresiones de las violencias en América Latina consiste en algo que es tanto o más importante que lo ya enunciado: proponen un horizonte de ampliación de derechos y de mayor equidad. Seguir trabajando por un mundo más justo es crucial para superar los discursos de odio, discriminatorios, mentirosos y negacionistas de la comunicación pública. Esto es así porque, si ahí se juegan en gran medida las razones por las que tantas personas adhieren a este tipo de discursos, con más justicia habrá más tranquilidad, más apertura, más esperanza.

De este modo, no solo procuran evitar y superar los ataques, sino que buscan construir nuevos consensos. Para eso, es fundamental la disputa por los modos de nombrar, categorizar y significar el mundo. Todo consenso social pugna por cuestionar el sentido común y redefinir narrativas acordes con los cambios por los que lucha para que tenga cabida una nueva visión del mundo. Así, por ejemplo, lo decía una comunicadora y educadora popular, consultora de organismos nacionales e internacionales de Colombia:

El ejercicio que hacíamos y que siguen haciendo muchas organizaciones es básicamente el mismo: no podemos dejar que la violencia siga creciendo, no nos podemos comer el cuento de que somos naturalmente violentos y que así nacimos y así nos vamos a morir. Esto se puede cambiar.

Esto implica una disputa sobre lo que se define como verdadero, sobre los temas y los enfoques para abordarlos. Los conceptos alternativos producidos y difundidos por movimientos sociales desestabilizan los significados culturales predominantes de machismo, misoginia, homofobia, heteronormatividad, racismo y clasismo. Al mismo tiempo, y de manera articulada, se disputa por la noción de justicia. Se impulsan valores alternativos sobre el modo de vincularnos, sobre las jerarquías sociales aceptables, sobre los bienes sociales deseables. Y se disputa también por las formas de la sinceridad y el respeto. Los movimientos sociales buscan ampliar las formas respetuosas de expresión acerca de ciertos grupos. Redefinen así los límites de lo que es aceptable -o no- cuando se categoriza o caracteriza a grupos subalternizados, estigmatizados e invisibilizados como las mujeres o las personas racializadas.

Todo esto no tiene impacto solo subjetivo e individual, ni tampoco solo simbólico y comunicacional. Incide sustancialmente en los lazos sociales, al cambiar hábitos arraigados y las formas de relacionarnos, iniciar otras formas posibles de comunidad y construir formas alternativas de coexistencia, así como en el diseño de otras políticas públicas y, en definitiva, de otro modelo político.

Esos consensos se construyen a largo plazo por medio de tres tácticas centrales: la demostración de que las reivindicaciones son en beneficio de toda la sociedad, no solo de las poblaciones directamente afectadas; el trabajo con las nuevas generaciones de niños y jóvenes; y la articulación con las instituciones centrales del espacio público y de producción simbólica: los medios, las redes sociales, las escuelas y los Estados.

Estas estrategias de movimientos sociales e instituciones participativas de derechos humanos, paz y verdad ponen el acento en aspectos tanto racionales como emocionales de la comunicación y la política orientados a la construcción de la verdad histórica y la memoria colectiva, de nuevos conceptos, significados, valores y prácticas democráticos, de nuevas nociones de justicia y respeto, y en todos los casos compartidos.

Por lo tanto, son -en comparación con las focalizadas y las punitivistas- más complejas y poseen mayor potencial no solo para superar los problemas de la comunicación pública, sino también para proponer nuevos consensos.

9. Conclusiones

El estudio demuestra una vez más que la comunicación es política y que las desigualdades que operan en otras áreas de lo social también se expresan y refuerzan en la esfera pública. Por lo tanto, las alternativas no pueden ser solo comunicacionales y técnicas. Deben tener en cuenta las desiguales relaciones de poder entre los actores implicados y la inseparable relación entre los problemas de comunicación entre sí y con las disputas políticas generales.

Por eso, es preciso desplazar el eje del debate. Situar el eje de la discusión y el diseño de estrategias en la cuestión del poder y la inequidad obliga a pensar en formas de fortalecer a los más débiles y de controlar los abusos de los más poderosos en la comunicación pública y la sociedad. Esto no puede lograrse solo con técnicas de comunicación, sino con estrategias de comunicación insertas y acompañadas de políticas públicas de mayor alcance.

Por eso y porque los problemas que entorpecen el debate público -aún con las particularidades de la época- no son una novedad histórica, es preciso recuperar los aprendizajes de los movimientos sociales e instituciones públicas de grupos sociales que fueron y son objeto privilegiado de ataque de estos discursos de odio, desinformadores y negadores, que se organizaron y enfrentaron y enfrentan a las élites que los producen y proponen nuevos consensos para construir sociedades más justas.