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1. Introducción
Luego de cinco años, la izquierda política retorna al gobierno uruguayo. Tras el ciclo electoral de 2024, los votantes uruguayos eligieron a Yamandú Orsi, candidato del Frente Amplio, como nuevo presidente de la República, por delante de Álvaro Delgado, candidato del Partido Nacional respaldado por los demás partidos integrantes de la derrotada coalición de gobierno. El Frente Amplio retoma las riendas del gobierno nacional siendo nuevamente, al igual que en las últimas cinco elecciones, el partido más votado, esta vez con mayoría en la Cámara de Senadores, pero no así en la de Diputados.
El período de gobierno finalizado tuvo al menos dos notables particularidades. Primero, la novedad de una coalición de centro-derecha gobernando cohesionada durante todo el período, que no solamente integró a los viejos partidos fundacionales, Nacional y Colorado, sino que se comprendió también a más recientes expresiones políticas, como Cabildo Abierto y el Partido Independiente. La segunda, el contexto global signado por la pandemia de covid-19 y los impactos económicos y sociales consiguientes, que configuraron escenarios políticos inciertos a lo ancho del mundo (Landman y Splendore, 2022).
Las elecciones generales de 2024 fueron destacadas por varios motivos adicionales a la alternancia en el gobierno. En primer lugar, y de especial relevancia, confirmaron la consolidación de dos bloques políticos establecidos: el Frente Amplio y la coalición de centro-derecha. La configuración de estos bloques políticos responde a un proceso de largo aliento en el desarrollo del sistema de partidos uruguayo. El surgimiento del Frente Amplio en 1971 y su creciente prevalencia electoral fueron alterando progresivamente la dinámica competitiva del sistema, en la cual el histórico bipartidismo se vio desafiado por la irrupción de este nuevo rival político. A consecuencia, luego del retorno democrático, los partidos fundacionales emprendieron un camino de coincidencia ideológica, cooperación electoral, e intentos de gobernar en conjunto cuyo corolario radica en una disputa entre dos bloques diferenciados que define la presente política uruguaya (González, 1999; Alles, 2005; Lanzaro, 2012; Buquet y Piñeiro, 2014). En este sentido, las presentes elecciones reafirmaron la baja volatilidad constatada entre estos bloques políticos, su estabilidad intrabloques, así como la consistencia ideológica de los votantes que los integran.
Por otro lado, y a pesar de un relativo rezago regional, los comicios confirmaron los avances en el acceso de mujeres en el Parlamento. Para la nueva Legislatura, el 27,9 % de los escaños serán ocupados por legisladoras, siendo el Frente Amplio el partido que en mayor proporción contribuyó a ello. Finalmente, tanto el plebiscito que buscaba eliminar las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (entre otras modificaciones al sistema de seguridad social), como el que se proponía habilitar los allanamientos policiales nocturnos, no alcanzaron la mayoría absoluta para su aprobación.
El resto del artículo se estructura de la siguiente forma. La sección dos presenta un recorrido por el contexto político y socioeconómico en el cual se enmarcaron los comicios. La sección tres ofrece una descripción detallada de los resultados de cada instancia del ciclo electoral. La sección cuatro presenta mayor evidencia respecto a la conformación de dos bloques políticos ideológicamente diferenciados. Finalmente, la sección cinco concluye el artículo.
2. Antecedentes y contexto político
Las elecciones generales de 2019 marcaron un punto de inflexión en la política uruguaya al consolidar una nueva dinámica de gobernabilidad multipartidaria con la victoria de Lacalle Pou y la formación de la Coalición Republicana. Se puso así un impasse a quince años de gobiernos del Frente Amplio, signados por mayorías parlamentarias propias. El triunfo de la coalición de centro-derecha, formada por el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente, Cabildo Abierto y el Partido de la Gente, asumió con el mandato de orden fiscal, seguridad pública y dejar atrás el estancamiento económico.
Durante el periodo 2020-2025, la novel coalición enfrentó una serie de desafíos significativos que marcaron su gestión. La pandemia de covid-19 representó una crisis sanitaria y económica sin precedentes, que requirió implementar medidas urgentes como la ampliación de la capacidad hospitalaria, la implementación de un plan de vacunación masivo y la creación de subsidios especiales para trabajadores informales y pequeños empresarios afectados por las restricciones.
Un hito de esta coyuntura excepcional consistió en la convocatoria gubernamental del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), con el fin de recabar recomendaciones basadas en evidencia (Presidencia, s. f.). Asimismo, el presidente Lacalle Pou acompañó estas medidas junto a una estrategia comunicacional basada en el concepto de «libertad responsable», un enfoque discursivo que intensificó los debates políticos de la época y contrastó con pedidos de establecer una cuarentena obligatoria, como el del expresidente Tabaré Vázquez (Frente Amplio, 2020).
Simultáneamente, se promovieron reformas del marco normativo a través de la Ley de Urgente Consideración (LUC), un instrumento legal compuesto por más de 470 artículos que abordaron una amplia gama de temas, desde seguridad pública hasta educación y economía. La LUC incluyó medidas como el aumento de penas para ciertos delitos, cambios en la estructura organizativa de la administración de educación púbica o la regulación del derecho a huelga y ocupación. Este dispositivo legal fue aprobado mediante un procedimiento rápido en el Parlamento, lo que también fue objeto de críticas por limitar el tiempo para un debate más amplio sobre su contenido y alcances (Luján y Puig, 2022). La aprobación de la LUC se convirtió en un tema polarizante que marcó la discusión política durante el comienzo del período de gobierno (Schmidt y Repetto, 2022), y desencadenó un plebiscito derogatorio de parte de su contenido que se llevó a cabo con resultado negativo en marzo de 2022 (Lissidini, 2022).
La economía uruguaya enfrentaba desafíos importantes en términos de actividad económica y desequilibrios macroeconómicos previos al impacto del covid-19. En 2019, el PIB creció solamente un 0,2 %. La inflación anual alcanzó el 7,9 %, mientras que el déficit fiscal llegó al 4,7 % del PIB, el más alto en una década. El mercado laboral tampoco mostraba señales positivas: la tasa de empleo bajó al 56,7 % (frente al 57,2 % en 2018) y el desempleo subió al 8,9 % (desde el 8,2 % en 2018), afectando principalmente a los trabajadores del sector privado (Lanzilotta y Mordecki, 2023).
El impacto económico de la pandemia se concentró en el primer año de gobierno de Lacalle Pou con una contracción del PIB de un 5,9 % en 2020. No obstante, la actividad económica comenzaría un proceso de recuperación en los años siguientes. El crecimiento fue del 4,4 % en 2021, del 4,9 % en 2022 y de un magro 0,4 % para el 2023. El nivel de desempleo acompañó este panorama y luego de culminar el primer año en un 10,6 %, emprendió una tendencia decreciente y a octubre de 2024 alcanzó el 7,3 %. Por su parte, el total de personas bajo la línea de la pobreza (estimado de acuerdo al método del ingreso) subió del 8,8 % en 2019 al 11,6 % en 2020. No obstante, dicho indicador también comenzó a decrecer para estabilizarse en el 10,6 % en 2021, 9,9 % en 2022, 10,1 % en 2023 y 9,1 % para el primer semestre de 2024. En cuanto al poder de compra de los uruguayos, trazando la evolución entre noviembre de 2019 y noviembre de 2024, el índice medio de salarios real aumentó en un 2,9 %. Por último, y también comparando el mes de noviembre entre estos años, el déficit fiscal se mantuvo prácticamente sin cambios, superior al 4 % del PIB (Banco Central del Uruguay, s. f.; Instituto Nacional de Estadística, s/f).
Si la pandemia y la LUC caracterizaron los primeros años del gobierno de la Coalición, la segunda parte del mismo estuvo marcada tanto por la recuperación económica como por una serie de escándalos políticos. El «caso Astesiano», que involucraba al jefe de seguridad presidencial en una red internacional para la falsificación de pasaportes y documentación, y el «caso Marset», que implicó la emisión de un pasaporte a un reconocido narcotraficante, tuvieron repercusiones en la opinión pública y la imagen del gobierno (Vairo y Antía, 2023). Asimismo, la administración debió lidiar con un contexto de seguridad pública desafiante, en el cual el alto número de homicidios acontecidos en estos años significó una marcada problemática para su gestión.
Luego de una prolongada luna de miel en la cual el gobierno logró capitalizar la gestión de la pandemia en sus primeros dos años de administración (Rocha-Carpuic, Burian, y Nilson, 2023), la aprobación presidencial comenzó a deteriorarse al adentrar el 2022 para estabilizarse en 2023. Finalmente, el último año de gobierno observó una recuperación y tendencia al alza en la valoración presidencial, reflejando el comportamiento típico de este indicador durante los últimos ciclos electorales (Selios et al., 2019). Cabe destacar que, a pesar de los episodios mencionados anteriormente, dicha aprobación configura niveles comparativamente altos. Si bien se encuentra por debajo del primer gobierno de Vázquez y el de Mujica, ha sido históricamente superior a los gobiernos de los partidos fundacionales posdictadura y al segundo gobierno de Vázquez (Unidad de Métodos y Acceso a Datos, s. f.).
Las prácticas coalicionales de gobierno no son nuevas en el desarrollo político uruguayo. Sin embargo, es importante subrayar que a diferencia de experiencias anteriores, la Coalición Republicana logró mantenerse unida hasta el final de su mandato y aprobar leyes fundamentales, como la del Presupuesto Quinquenal y la mencionada LUC. De hecho, tomando en cuenta las coaliciones posdictadura formadas por los partidos fundacionales, únicamente la liderada por Sanguinetti (1995-2000) pudo culminar su administración intacta como coalición mayoritaria; tanto la de Lacalle Herrera (1990-1995) como la de Batlle (2000-2005) sufrieron deserciones de los socios a lo largo de sus respectivos períodos (Buquet, 1998; Chasquetti, 1998, 2006; Maga y Moraes, 2008). Esto no significa que el funcionamiento de la Coalición Republicana haya estado libre de fricciones internas y momentos que rozaron el punto de quiebre, principalmente vinculados al relacionamiento de Cabildo Abierto con el Poder Ejecutivo.
Debe notarse que en el caso uruguayo, la llegada al gobierno del Partido Nacional y la Coalición Republicana, si bien constituyó el fin del giro a la izquierda y un alineamiento con el ciclo político de derecha observado en la región (Monestier, 2021; Rossel y Monestier, 2021), no implicó un cambio estructural en términos de políticas públicas ni un realineamiento del sistema de partidos como en otros casos en la región (Rocha-Carpuic et al., 2023). Por el contrario, los socios mayoritarios de la Coalición Republicana en el gobierno fueron los partidos fundacionales, Nacional y Colorado, con más de 180 años de historia. Por último, el Frente Amplio, coalición de partidos y sectores de izquierda formada en 1971 y que ocupó el gobierno los quince años anteriores, ocupó el lugar de principal oposición, sin evidenciar fracturas internas e incluso fortaleciendo su organización (Pérez Bentancur, 2023).
3. Elecciones 2024
Uruguay cuenta con un sistema electoral robusto, caracterizado por instituciones consolidadas y un alto nivel de confianza pública (Lupu, Rodríguez, Wilson y Zechmeister, 2023). La Corte Electoral, creada en 1924, juega un rol clave en la organización y fiscalización de los comicios, garantizando la transparencia en todo el proceso electoral (Buquet y Yaffé, 2024; Cardarello y Castiglia, 2024). Históricamente, Uruguay ha mantenido niveles de participación electoral próximos al 90 % en elecciones nacionales, debido en parte al voto obligatorio, aunque es menor en elecciones primarias y municipales (Buquet, Cardarello y Schmidt, 2024; Buquet y Piñeiro, 2011).
El ciclo electoral uruguayo se compone de cuatro momentos fundamentales. En junio del año electoral se realizan elecciones primarias, abiertas y obligatorias para los partidos políticos, no así para los votantes, quienes pueden optar por su participación. En octubre se celebran elecciones generales que combinan la elección presidencial con la legislativa. Si ningún candidato presidencial alcanza la mayoría absoluta, se realiza un balotaje en noviembre entre los dos candidatos más votados. Esta instancia define la presidencia y, por ende, la composición final del poder ejecutivo. Además, coincidente con las elecciones nacionales, los ciudadanos deben votar por las iniciativas de democracia directa que hayan recorrido exitosamente el proceso formal para ser sometidas a votación popular en la fecha electoral. El ciclo electoral culmina con las elecciones departamentales y municipales llevadas a cabo en mayo del siguiente año. Cada partido puede presentar hasta tres candidatos al ejecutivo departamental por cada uno de los 19 departamentos, validados por las convenciones departamentales de los partidos. Además, se eligen los legislativos departamentales y los alcaldes y consejos de los 125 municipios.
Elecciones internas
Las elecciones primarias, realizadas en junio del año electoral, son obligatorias para los partidos políticos y abiertas para la ciudadanía. Su objetivo formal es definir un candidato único a la presidencia por partido y órganos decisorios partidarios llamados convención nacional y departamental. Estas instancias no solo cumplen un rol formal en la selección de candidaturas (a vicepresidente e intendentes departamentales), sino que también reflejan la estructura interna, el equilibrio de poder y las tensiones ideológicas dentro de cada partido.
Como se muestra en la Figura 1, las elecciones internas vieron como ganadores a Yamandú Orsi por el Frente Amplio, Álvaro Delgado por el Partido Nacional y Andrés Ojeda por el Partido Colorado. Además, otros 11 partidos sobrepasaron el umbral mínimo de 500 votos requeridos para la participación en instancias electorales posteriores.
La fragmentación de la oferta electoral en esta instancia acompaña la tendencia creciente desde 2014 señalada por Luján (2021), en este caso presentándose 29 precandidatos a la presidencia por 18 partidos políticos. Sin embargo, la convalidación de esta fragmentación por el electorado fue parcial. El Número Efectivo de Candidatos (NEC) del sistema fue de 5,1. Dentro de los partidos que presentaron múltiples precandidaturas a la presidencia, el Frente Amplio tuvo 2,03 candidatos efectivos, el Partido Nacional 1,68 y el Partido Colorado 3,64.
Elecciones generales
En las elecciones generales, a finales de octubre del año electoral, se combina la elección presidencial con la legislativa. Los ciudadanos votan simultáneamente para presidente, senadores y diputados. Uruguay utiliza un sistema de lista cerrada y bloqueada para la elección de legisladores, lo que significa que los ciudadanos eligen entre listas partidarias completas sin la posibilidad de modificar el orden de los candidatos. Además, las listas son indivisibles, por lo que el voto cruzado entre partidos políticos no está habilitado.
La elección presidencial se realiza mediante voto directo, y para que un candidato resulte electo como presidente debe obtener una mayoría absoluta en primera vuelta. En caso de que ningún candidato logre alcanzar dicho umbral, una segunda vuelta o balotaje se celebra a finales de noviembre, donde la presidencia se dirime entre los dos candidatos más votados de la primera instancia electoral.
Como muestra la Figura 2, el Frente Amplio fue el partido más votado, obteniendo el 43,9 % de los votos. Dicho resultado lo continúa consolidando como la fuerza política con mayor respaldo a nivel nacional, una posición de primacía que ocupa ininterrumpidamente desde las elecciones generales de 1999. Como se observa, el Frente Amplio históricamente concentra su apoyo en áreas urbanas como Montevideo, y más recientemente en los departamentos al oeste del país.
El Partido Nacional, por su parte, se posicionó como la segunda fuerza política más votada, con un 26,8 % de los votos. Si bien redujo moderadamente su caudal electoral en relación con 2019, logró amortiguar su caída luego de cinco años de desgaste gubernamental. Asimismo, tuvo una significativa presencia territorial, como lo muestra el mapa donde predomina el color azul en muchos departamentos del interior del país, lo que refleja una base de apoyo más distribuida geográficamente.
El Partido Colorado se ubicó como la tercera fuerza política, alcanzando el 16,1 % de los votos. En un contexto de renovación de liderazgos históricos a su interna, este resultado refleja un aumento en comparación a las pasadas elecciones. Su representación territorial es más limitada, pero sigue siendo significativa en algunos departamentos del norte y centro del país.
Los tres partidos mantuvieron un peso electoral acorde a su desempeño histórico en las últimas décadas. No fue este el caso de Cabildo Abierto, que pasó del 11,5 % en su primera elección en 2019 al 2,5 % en 2024, delegando el lugar de cuarto partido por caudal electoral al novedoso Identidad Soberana. Esta debacle electoral representó la pérdida total de su bancada de senadores y de cuatro quintos de sus diputados. En total, los partidos que integraron la coalición de gobierno lograron el apoyo del 47,1 % de los electores, considerablemente por debajo del 56,1 % que corresponde a la suma de los votos obtenidos por dichos partidos en las elecciones nacionales de 2019.
Ya que ninguno de los partidos contendientes alcanzó la mayoría absoluta, los votantes uruguayos tuvieron que concurrir nuevamente a las urnas para elegir entre dos fórmulas: Orsi-Cosse por el Frente Amplio, y Delgado-Ripoll por el Partido Nacional. Del total de votos emitidos, Orsi obtuvo 49,8 % frente al 45,9 % de Delgado, logrando así la presidencia del Uruguay para el período 2025-2030, y marcando el retorno del Frente Amplio al poder. Si se tiene en cuenta únicamente los votos válidos emitidos hacia los candidatos (es decir, exceptuando los votos en blanco, anulados y los observados que fueron rechazados), Orsi consiguió el 52 % y Delgado el 48 %.
Finalmente, es necesario mencionar que la literatura especializada ha señalado la fraccionalización, o fragmentación interna, de los partidos como una particularidad del sistema de partidos uruguayo (Buquet, 2001; Mieres, 1997; Piñeiro, 2004). Esta se evidencia en la diversidad de sublemas1 y listas que compiten. Esta estructura permite una competencia intrapartidaria significativa, donde las fracciones partidarias actúan con considerable autonomía. En este evento electoral el número efectivo de sublemas a nivel nacional fue 1,83 dentro del Frente Amplio, 1,05 dentro del Partido Nacional y 1,90 dentro del Partido Colorado. Por su parte, como referencia, el número efectivo de listas en Montevideo fue de 3,75 en el Frente Amplio, 4,80 en el Partido Nacional y 4,17 en el Partido Colorado.
Elecciones legislativas
El poder legislativo es bicameral. Tanto para la Cámara de Senadores como la de Representantes, su integración se determina por representación proporcional y se utiliza el sistema D’Hondt para la asignación de escaños.
Como muestra la Figura 3, el Senado quedó conformado por mayoría frenteamplista, obteniendo 16 senadores más la presidencia de la cámara, que corresponde al vicepresidente de la República. El bloque de la Coalición Republicana obtuvo 14 senadores.
La Cámara de Representantes, en cambio, no tiene mayorías de ninguno de los bloques. El Frente Amplio obtuvo 48 diputados, mientras que los legisladores nacionalistas, colorados, de Cabildo Abierto y del Partido Independiente suman 49. Un nuevo partido, Identidad Soberana, obtiene representación legislativa por primera vez, mientras que dos pequeños partidos, el Partido de la Gente y el Partido Ecologista Radical Intransigente, abandonan el legislativo.
Mujeres electas
A pesar de su sólida tradición democrática, Uruguay ha estado históricamente rezagado en comparación con otros países de la región en cuanto a la representación descriptiva de género en el Parlamento. Hasta la década de 1990, el porcentaje de mujeres en la Cámara de Representantes y el Senado era sistemáticamente bajo, reflejando tanto barreras estructurales como una cultura política dominada por hombres (Johnson, 2000; Pérez Bentancur, 2006).
La aprobación de la Ley 18.476 en 2009, posteriormente modificada por la Ley 19.555 en 2017, que introdujo cuotas de género en las listas electorales, constituyó un hito relevante en el proceso de aumentar el número de mujeres electas como legisladoras. Este tipo de mecanismos, ampliamente estudiados en la región, han demostrado ser efectivos para aumentar la representación femenina en los parlamentos (Krook, 2010; Schwindt-Bayer, 2009). En Uruguay, la aplicación de la ley en las elecciones nacionales de 2014 marcó un avance significativo: como se ve en la Figura 4, la proporción de mujeres en el Legislativo pasó del 14,6 % al 20 %.
Las elecciones de 2024 conformaron una Cámara Baja con el 28,3 % y un Senado con tan solo el 26,6 % de mujeres en su composición. Notoriamente, el Frente Amplio, que estableció internamente paridad de género en sus listas, fue el partido con mayor proporción de mujeres electas: más del 40 % de legisladores electos por el partido fueron mujeres, guarismos que más que duplican a los Partidos Nacional y Colorado.
Es menester mencionar que, mientras la representación descriptiva en términos de género en Uruguay ha avanzado constantemente en las últimas elecciones, la posición del país en términos comparados es de relativo rezago. Si bien Uruguay se encuentra por delante de países como Brasil (17,5 % de legisladoras mujeres) o Paraguay (22,5 %), queda aún muy por detrás de otros como Argentina (43,2 %) o Chile (35,5 %) (Banco Mundial, s. f.).
Plebiscitos
En Uruguay, existen dos mecanismos de votación donde los ciudadanos pueden pronunciarse sobre una iniciativa legislativa. Por un lado, los referéndums posibilitan rechazar una ley sancionada por el Parlamento, con hojas para «Sí» y «No», donde los votos en blanco se cuentan como «No». Por el otro, los plebiscitos permiten aprobar reformas constitucionales con al menos el 50 %+1 de los votos emitidos y utilizan solo hojas de votación por el «Sí», excluyendo a los extranjeros residentes. En ambos casos, los votos anulados no se contabilizan y la participación es obligatoria, al igual que en elecciones generales. La promoción de estos mecanismos de democracia directa se ha convertido en una característica distintiva del sistema político uruguayo en la región (Lissidini, 2020, 2022; Zovatto, 2015).
En 2024 se llevaron a las urnas dos plebiscitos. El primero, identificado con una papeleta blanca e impulsado por la central sindical PIT-CNT, buscaba eliminar las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (Afap), estatizando el componente privado del sistema de retiro, además de establecer la edad de jubilación en 60 años y garantizar que ninguna jubilación o pensión fuera inferior al salario mínimo nacional. La iniciativa fue rechazada con el 39,6 % de votos afirmativos. El segundo, identificado con la papeleta amarilla, proponía eliminar la disposición constitucional que prohíbe los allanamientos policiales nocturnos. Esta iniciativa fue igualmente rechazada alcanzando un insuficiente 40,2 % de apoyo.
4. ¿Hacia una dinámica bipartidista?
Desde la década de 1990, el impacto de los acuerdos preelectorales y poselectorales en el sistema multipartidista uruguayo ha sido objeto de análisis en la ciencia política (Chasquetti, 1998; Mancebo, 1996; Mieres, 1990). La creciente práctica de formar coaliciones, tanto gubernamentales como electorales, ha incorporado progresivamente este concepto al lenguaje político del país (Chasquetti, 1998).
Si bien el Frente Amplio fue en su orígen una coalición de partidos de izquierda, se constituyó rápidamente en partido político, incorporando otros partidos de izquierda durante la década de 1990 (Yaffé, 2004). En cambio, en el caso de los partidos fundacionales las coaliciones comenzaron como acuerdos informales tras la transición democrática, evolucionando hacia compromisos más estructurados en las elecciones de 1994 y 1999. Este último incluyó un acuerdo formal previo a la recién implementada segunda vuelta electoral, que derivó en la representación del Partido Nacional a nivel ministerial. Por otro lado, la izquierda se caracterizó por acuerdos preelectorales bajo un lema partidario común. Estas dinámicas llevaron a los analistas a identificar tempranamente dos bloques principales: tradicionales y desafiantes (Buquet y Piñeiro, 2014; González y Queirolo, 2000). Con el tiempo, estas categorías fueron reinterpretadas en términos ideológicos como centro-derecha y centro-izquierda (Queirolo, 2020; Selios y Vairo, 2012).
El gráfico izquierdo en la Figura 5 muestra la volatilidad electoral entre 2019 y 2024 por partidos a nivel de serie electoral calculada según el índice de Pedersen (1979) con datos de la Corte Electoral. Esta figura da indicios de probables patrones geográficos relacionados a cambios en el comportamiento electoral de votantes. Las zonas más oscuras, con mayor volatilidad, se localizan en los departamentos del oeste, y en el departamento de Treinta y Tres. Análisis más detallados serían requeridos para explicar estos patrones.
Más relevante para el punto aquí sostenido es el panel derecho de la Figura 5, que muestra en la línea roja el comportamiento histórico de la volatilidad electoral entre 1989 y 2024 con respecto a la elección previa respectiva. Como es notorio, la volatilidad electoral entre partidos se mantiene contenida en un intervalo entre 5 y 15 % para todo el período, excepto para el 2004, coincidente con una crisis económica de magnitudes históricas y el triunfo electoral a nivel nacional, por primera vez y en primera vuelta, del Frente Amplio.
La línea azul en la Figura 5 muestra la volatilidad entre bloques electorales, coincidentes en esta última elección con el Frente Amplio y la Coalición Republicana. La volatilidad entre bloques alcanzó niveles bajos en las elecciones de 2009 y 2014, aumentando en 2019 y 2024, ambas elecciones de alternancia en el gobierno. La línea verde, correspondiente a la volatilidad electoral intrabloque, es decir, entre partidos del mismo bloque ideológico, muestra valores similares o superiores a la volatilidad entre bloques durante el período posterior a 2004. Esto indica que los votantes tienden a moverse entre partidos que conforman el mismo bloque, por ejemplo el Nacional y el Colorado dentro de la Coalición Republicana, en lugar de cambiar a partidos del bloque opuesto. Es notable la estabilidad de este indicador en los últimos cuatro ciclos electorales. Esta evidencia respalda la afirmación hecha sobre la importancia de la dinámica entre bloques en la estructuración de la competencia electoral en Uruguay.
La división por bloques ideológicos reportada por la literatura (Queirolo, 2020; Selios y Vairo, 2012) tiene, como muestra la Figura 6, sustento empírico a nivel del electorado. El test de Tukey para comparaciones múltiples es una prueba estadística diseñada para determinar si las diferencias entre los promedios de grupos específicos son estadísticamente significativas. En este caso, este test toma en cuenta todas las combinaciones posibles de pares de partidos seleccionados y calcula las diferencias entre los promedios ideológicos de sus simpatizantes de acuerdo a datos de LAPOP (2023). De esta forma, el test de Tukey permite identificar qué partidos tienen posicionamientos ideológicos significativamente distintos entre sí.
Como se puede ver en el panel superior de la Figura 6, las diferencias entre posicionamientos ideológicos de los partidos del bloque correspondiente a la Coalición Republicana y el Frente Amplio son estadísticamente significativas. Sin embargo, para las comparaciones entre partidos dentro de la Coalición Republicana, como se muestra en el panel inferior, no se pude rechazar la hipótesis nula de igualdad de medias en los posicionamientos ideológicos de los simpatizantes de los distintos partidos con un nivel de confianza del 95 %.
Esta alineación por bloques correspondiente a ubicaciones ideológicas generales se puede apreciar igualmente en posicionamientos en asuntos concretos. La Figura 7 muestra, con la serie electoral como unidad de análisis, la correlación entre porcentaje de votos a cada bloque electoral y porcentaje de votos a los plebiscitos que modificaban el sistema de seguridad social, promovido por la Central de Trabajadores y algunos sectores de izquierda, y el que habilitaba los allanamientos nocturnos, promovido por sectores de derecha.
Nótese que, si bien en ninguno de los dos casos estas iniciativas fueron homogéneamente promovidas dentro de ningún bloque o partido, la correlación entre votos al bloque y a los plebiscitos son fuertes. En aquellas series electorales donde el bloque de izquierda obtuvo relativamente más votos, la proporción de votos al plebiscito para modificar el sistema de Seguridad Social fue mayor (el coeficiente de correlación de Pearson es 0,91 con un p-value < 0,001), en cambio, la asociación es fuerte y negativa con el plebiscito que tocaba temas de seguridad pública (r = - 0.61, p-value < 0,001). Inversamente, la asociación es negativa entre el desempeño electoral por serie del bloque de derecha y la votación obtenida por el plebiscito sobre la seguridad social (r = - 0,91, p-value < 0,001) y es positiva entre el desempeño de dicho bloque y la votación para eliminar la prohibición constitucional de allanamientos nocturnos (r = 0,57 con un p-value < 0,001).
Aunque el sistema de partidos uruguayos es formalmente multipartidista, la dinámica de bloques estructura la competencia electoral de una manera similar al bipartidismo, con bloques ideológicos estables que actúan como unidades que definen las disputas en las urnas, la conformación de gobiernos y las estrategias opositoras.
5. Conclusiones: de cara a un nuevo gobierno (y una nueva oposición)
Las elecciones del 2024 ratificaron el presente estadío del sistema de partidos uruguayo. A través de una evolución que recorre décadas, la contienda política ha devenido en torno a una dinámica competitiva que enfrenta a dos grandes bloques definidos y estables: el Frente Amplio y la coalición de centro-derecha. El rasgo que define esta lógica de competencia es su marcado componente ideológico, permitiendo una clara distinción programática entre ambos lados que se encuentran en pugna.
En esta línea, el ciclo electoral uruguayo culminó a nivel nacional con la victoria del Frente Amplio en el balotaje de noviembre. Luego de cinco años marcados por una férrea oposición al gobierno, y con el desafío de reorganizarse desde otro rol después de dejar el poder luego de 15 años, la coalición de izquierda logró recomponer su vínculo con la sociedad, capitalizar a su favor los escándalos que sacudieron al gobierno y presentarse como una alternativa de cambio confiable ante la ciudadanía.
A diferencia de su experiencia anterior de gobierno, el Frente Amplio no comenzará su gestión con mayoría en ambas cámaras. Este nuevo escenario político lo pone en la necesidad de negociar y tejer acuerdos interpartidarios en la Cámara Baja para poder promover las leyes deseadas. En ese sentido, cabe esperar acercamientos con los dos diputados electos de Cabildo Abierto, ya que ambas fuerzas han mostrado puntos de coincidencia en materia de políticas públicas en el pasado.
Grosso modo, en cuanto a la orientación programática del nuevo ciclo progresista que comenzará en marzo del 2025, la designación de Gabriel Oddone como futuro ministro de Economía y Finanzas, exreferente de una de las principales consultoras económicas del país, ofrece señales de moderación y continuidad en el manejo macroeconómico. Los nuevos jerarcas del Ministerio del Interior asumen con el desafío de reducir la cantidad de homicidios, el punto débil de la gestión del gobierno saliente en seguridad ciudadana. Por su parte, Juan Castillo, histórico dirigente comunista y sindical, tomará las riendas de Trabajo y Seguridad Social y deberá, entre otros aspectos, liderar la anunciada convocatoria al diálogo social para nuevamente reformar el esquema de seguridad social.
La Coalición Republicana, y en particular el Partido Nacional, debieron aceptar el golpe de la derrota electoral con la paradoja de que el presidente Lacalle Pou se despide con altos niveles de aprobación ciudadana. De acuerdo a una de las últimas encuestas, su aprobación para el mes de diciembre (un mes después de la segunda vuelta) se situó en el 58 % y su desaprobación en solo el 25 % (Equipos Consultores, 2025). A la vista de los resultados, es razonable pensar que dicha aprobación es puramente capital político de Lacalle Pou y no se ve traducida al gobierno en su conjunto.
Pasadas las elecciones, surgen desafíos respecto a la continuidad de la Coalición Republicana en un rol de oposición. Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto, ya ha sembrado dudas que ponen en tela de juicio la supervivencia del bloque político en el llano, al menos bajo su conformación actual (El Observador, 2024). Por su lado, el Partido Nacional deberá definir la presidencia de su nuevo directorio para delinear el perfil de oposición que ejercerá, aunque es notorio que su líder natural será Lacalle Pou, quien ya decidió que renunciará al Senado y tampoco asumirá en el directorio (El Observador, 2025). El Partido Colorado se encuentra en un contexto de renovación de liderazgos históricos: el expresidente Sanguinetti ya no será su secretario general, asumiendo el excandidato Andrés Ojeda dicha responsabilidad (Búsqueda, 2024). Finalmente, la novel Identidad Soberana, a la vez que representa una incógnita dado su perfil antisistema, será un jugador clave en la Cámara Baja debido a la importancia de sus dos diputados electos ante la ausencia de mayorías parlamentarias de ambos bloques políticos.
