1. Las elecciones generales de Guatemala en 2023: ¿el comienzo de una nueva primavera?

Guatemala es un país que, a lo largo de su historia, ha tenido dos estaciones políticas: inviernos autoritarios largos y primaveras democráticas efímeras. De esta forma, el país ha reflejado dos caras de una misma moneda: algunas de las peores y más brutales dictaduras conocidas en América Latina y el Caribe, como también la esperanza y el optimismo que suelen brotar junto a las democracias. Ambas caras se volvieron a enfrentar en las elecciones generales de 2023. En la antesala de la contienda, Guatemala había sufrido un severo deterioro democrático. Las protestas multitudinarias que forzaron la renuncia del presidente Otto Pérez Molina en 2015, en medio de acusaciones de corrupción, lograron profundizar la democracia. Pero la respuesta de una oligarquía criminal (^{Schwartz e Isaacs, 2023}), que veía sus intereses amenazados por el avance de las investigaciones anticorrupción y la democracia, fue implacable. Fue así como los gobiernos conservadores de Jimmy Morales (2016-2020) y Alejandro Giammattei (2020-2024) hicieron retroceder a la democracia, a tal punto que el régimen podía ser catalogado como un autoritarismo electoral (^{Schwartz e Isaacs, 2023}).

Todo parecía indicar que Guatemala seguiría el mismo rumbo en 2023. La oligarquía criminal, responsable de cooptar las instituciones, había intercedido para deshacerse de las candidaturas presidenciales que consideraban como amenazas. Pero todo cambió, sorpresivamente, la noche del 25 de junio, cuando el candidato anticorrupción, Bernardo Arévalo, y el partido socialdemócrata, el Movimiento Semilla, pasaron a la segunda vuelta presidencial (^{Meléndez-Sánchez y Perelló, 11 jul. 2023}). A pesar de sufrir la embestida del régimen, Arévalo logró lo que parecía imposible: triunfar en la segunda vuelta electoral del 20 de agosto y, de esta forma, convertirse en el presidente constitucional de Guatemala por el período 2024-2028.

2. Inviernos autoritarios y primaveras democráticas

Para comprender el significado de la elección de Guatemala de 2023 es necesario contextualizar el resultado de dicha elección en la historia política del país. Guatemala, al igual que el resto de América Latina, comenzó el siglo xx como un país profundamente autoritario. Caudillos poderosos, élites terratenientes y la influencia de empresas extranjeras, tales como la United Fruit Company, contribuyeron a la instauración de una serie de dictaduras. Jorge Ubico, caudillo militar que gobernó con mano de hierro entre 1931 y 1944, fue uno de los máximos exponentes de aquel largo invierno autoritario. No obstante, en la década de los cuarenta floreció una primavera democrática en Centroamérica que se extendió por Guatemala. En julio de 1944, una serie de protestas organizadas por una coalición de estudiantes y trabajadores presionaron a favor de la renuncia de Ubico. Una facción de militares liderados por Francisco Javier Arana, Jacobo Árbenz y Jorge Toriello Garrido evitaron las aspiraciones dictatoriales de Juan Federico Ponce Vaides en octubre del mismo año, evento que culminó en la Revolución de 1944.

La figura 1 utiliza datos de v-dem para graficar el índice de democracia liberal para Guatemala y América Latina. El índice consiste en un intervalo que varía desde cero a uno para niveles nulos y plenos de democracia liberal, respectivamente. Tal como lo indica la figura, la Revolución de 1944 marcó el inicio de una primera primavera democrática en el país. En 1944, Juan José Arévalo, padre de Bernardo Arévalo, se convirtió en presidente al recibir 86 % de votos en una elección con mayores libertades democráticas. Entre los principales hitos del gobierno de Arévalo padre estaban la promulgación de un nuevo Código del Trabajo, la protección a la libertad de expresión y, notoriamente, transferir el poder democráticamente a su sucesor presidencial, Jacobo Árbenz, tras la elección de 1950. Árbenz, por su parte, buscó profundizar las reformas «revolucionarias.» Entre otras medidas, su gobierno expropió algunos terrenos de la United Fruit Company, a través de su reforma agraria. Como respuesta, el gobierno estadounidense, a través de la Agencia Central de Inteligencia (cia), orquestó un golpe de Estado contra Árbenz en 1954 (^{Gleijeses, 1992}).

La caída de Árbenz marcó el fin de la primera primavera democrática en Guatemala (ver figura 1). En su lugar, comenzó un nuevo invierno autoritario que duraría décadas. Una serie de dictaduras militares contribuyeron a que estallara una guerra civil en la década de los sesenta, enfrentando a las Fuerzas Armadas contra las guerrillas de izquierda, que en 1982 se fusionarían al crear la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (urng). La lucha entre ambos bandos duraría 36 años; culminó en 1996 y cobró cerca de doscientas mil vidas. En uno de los capítulos más oscuros de la guerra, el dictador Efraín Ríos Montt (1982-1983) ordenó el exterminio de la población indígena del país. Décadas después, una corte encontró a Ríos Montt culpable por genocidio y crímenes de lesa humanidad.

Fue en medio de uno de los episodios más violentos en la historia de Guatemala que comenzó a brotar una segunda primavera democrática. En 1984, aún en guerra civil, el país sostuvo elecciones para elegir la Asamblea Nacional Constituyente, cuyo mandato era redactar una nueva carta magna. En 1985, Vinicio Cerezo y la Democracia Cristiana Guatemalteca (dcg) llegaron a la presidencia, después de ganar en un balotaje. Cabe señalar que la segunda primavera democrática no estuvo exenta de desafíos. En 1993, el presidente Jorge Serrano Elías lideró el «Serranazo» e intentó, sin éxito, suspender la Constitución y disolver el Congreso. Pero la nueva democracia logró sobrevivir dicho golpe e incluso dio pasos que hacia su profundización. En 1996, durante la presidencia de Álvaro Arzú (1996-2000), el gobierno y la urng firmaron el Acuerdo de Paz Firme y Duradera, que ponía fin a la guerra civil.

La democracia en Guatemala fue fortaleciéndose de manera paulatina. Otro paso en dicha dirección fue el acuerdo suscrito entre el gobierno de Óscar Berger (2004-2008) y las Naciones Unidas en 2006 para crear la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (cicig). La tarea principal de la cicig era asesorar al Ministerio Público en su lucha contra la corrupción, que a esa altura se mantenía como uno de los flancos más débiles de la democracia guatemalteca. Así, la cicig colaboró en la investigación contra el expresidente Alfonso Portillo (2000-2004). Pero el caso de mayor notoriedad fue «La Línea», un fraude que involucraba a aduanas, a la vicepresidenta Roxana Baldetti y el presidente Otto Pérez Molina. El trabajo de la cicig, en conjunto con fiscales nacionales, reveló la magnitud de la corrupción en el país. Protestas multitudinarias obligaron a que ambos renunciaran a sus cargos y fuesen enjuiciados.

Figura 1: Índice de democracia liberal para Guatemala y América Latina, 1900-2022 

La caída de Pérez Molina y Baldetti marcó un nuevo hito en la democracia de Guatemala. En 2015, los votantes concurrieron a las urnas y eligieron a Jimmy Morales como presidente, en una segunda vuelta electoral. Pero la presidencia de Morales marcó el inicio de un nuevo retroceso autoritario. En su momento, como candidato, Morales prometió cooperar y fortalecer a la cicig a tal punto que invitó a la Comisión para que investigara las finanzas de su partido, el Frente de Convergencia Nacional (fcn). Pero cuando la cicig puso a Morales y a su círculo íntimo -incluyendo a su hermano e hijo- en la mira, el presidente se volcó en contra de la Comisión. La tensión escaló a tal punto que Morales puso fin anticipado a la cicig al ordenar su expulsión del país, en 2019. De esta forma, se desencadenó una respuesta autoritaria, y la oligarquía corrupta logró cooptar aún más a las instituciones.

Fue durante este contexto que transcurrieron las elecciones generales de 2019. La oligarquía corrupta, a través de su control de las instituciones, fue capaz de determinar qué candidatos y partidos podían participar y cuáles no. El retroceso democrático fue evidente cuando, en mayo de dicho año, la Corte de Constitucionalidad rechazó las candidaturas de Thelma Aldana, una exfiscal que colaboró con la cicig, y Zury Ríos, hija del dictador Efraín Ríos Montt. La caída de ambas candidatas, que lideraban la intención de voto, según los sondeos de opinión pública, despejó el camino para que Alejandro Giammattei, un candidato con el visto bueno del régimen, ganara la presidencia.

3. La elección de 2023: de la resignación al optimismo

Guatemala celebra elecciones generales cada cuatro años. En dicha instancia, los votantes eligen a presidente y vicepresidente, y renuevan la totalidad de los 160 escaños del Congreso Nacional (unicameral), todos los cargos de elección popular en 340 corporaciones municipales y 20 escaños al Parlamento centroamericano. Los artículos 184 y 157 de la Constitución de 1985 regulan la elección de presidente y vicepresidente, y de diputados, respectivamente. La elección de presidente y vicepresidente requiere de mayoría absoluta, y todas las elecciones desde 1985 han sido definidas mediante una segunda vuelta electoral. Por su parte, los diputados son electos mediante un sistema electoral proporcional que utiliza el método D’Hondt, con listas cerradas. En 2023, 128 diputados fueron electos en 23 distritos, y 32 en una lista única nacional (los diputados pueden aspirar a la reelección).

A pesar de mantener la apariencia de elecciones competitivas, el deterioro democrático de Guatemala se acentuó durante la presidencia de Giammattei. La respuesta gubernamental a la pandemia de covid-19 estuvo marcada por polémicas, incluidas varias acusaciones de corrupción. El declive democrático fue evidente en la cooptación institucional en la arena judicial y electoral. Efectivamente, el poder judicial lideró una purga contra los fiscales anticorrupción, particularmente aquellos que mantenían vínculos con la difunta cicig. Más de una docena de fiscales se exiliaron del país; varios, en Estados Unidos (^{Blitzer, 29 abr. 2022}). El Ministerio Público, al mando de Consuelo Porras, y la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (feci), a cargo de Rafael Curruchiche, se convirtieron en el brazo armado de la oligarquía corrupta.

Mientras tanto, la Corte de Constitucionalidad continuó interviniendo para remover a candidatos de la elección presidencial y, de esta forma, despejar el camino para favorecer el statu quo autoritario. Así fue el caso de Thelma Cabrera. En 2019, Cabrera, activista indígena y líder del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (mlp), un partido de izquierda, dio la sorpresa al lograr el cuarto lugar en la elección presidencial, tras recibir el 10,4 % de los votos. De cara a la elección de 2023, Cabrera y el mlp nombraron a Jordán Rodas, ex Procurador de los Derechos Humanos, como candidato vicepresidencial. Pero en enero de 2023, el Registro de Ciudadanos, el Tribunal Supremo Electoral y la Corte de Constitucionalidad rechazaron la figura de Rodas. La decisión fue ampliamente interpretada como una táctica de lawfare para deshacerse de Cabrera, quien, hasta ese entonces, era uno de los rostros más visibles de la oposición.

Pero Cabrera no sería la única candidatura rechazada. Roberto Arzú y Carlos Pineda, en su momento, serían obligados a abandonar la carrera. El caso más emblemático fue el de Pineda, un empresario populista cuyo discurso crítico del establishment e incursión en redes sociales como TikTok lo llevó a la cima de las encuestas electorales en el transcurso de pocas semanas (ver tabla 1). Al final, la elección presidencial contó con 23 candidatos, un reflejo de la alta fragmentación y volatilidad que ha sido la norma por décadas en el sistema de partidos de Guatemala (^{Navia et al., 2022}; ^{Isaacs, 2010}) que incluso han llevado a cuestionar la existencia de un sistema de partidos (^{Sánchez, 2009}). Cabe señalar que el régimen permitía que candidatos críticos del sistema, como Bernardo Arévalo y Semilla, compitieran. Pero esto solo ocurría cuando no representaban una amenaza real a los intereses de la oligarquía corrupta. Es más: su presencia servía para «legitimar» el sistema.

Entre las candidaturas con vínculos con el establishment estaban las de Zury Ríos, Sandra Torres, Manuel Conde y Edmond Mulet. Zury Ríos era una de las principales cartas del régimen; era la abanderada de la coalición de derecha conservadora, compuesta por Valor y el Partido Unionista, y tuvo un rol protagónico en el regreso de su padre, Efraín Ríos Montt, a la primera línea de la política en los noventa. A su vez, fue diputada entre 1996 y 2012. Después de una fallida candidatura presidencial en 2010, Ríos apostó de nuevo por la presidencia en 2015, cuando obtuvo el 6 % de los votos. En 2019 buscó la presidencia nuevamente; su perfil público y plataforma conservadora llevaron a que se ubicara en los primeros lugares en la intención de voto. Pero la Corte de Constitucionalidad, a esa altura cooptada por el régimen, declinó su candidatura, argumentado que el artículo 186 de la Constitución prohíbe que los parientes de caudillos o jefes de un golpe de Estado o que hayan alterado el orden constitucional puedan ocupar el cargo de presidente o vicepresidente. Un acuerdo entre el estado guatemalteco y la Corte Interamericana de Derechos Humanos permitió que Ríos compitiera en 2023. Su partido, Valor, fue un aliado clave de Giammattei en el Congreso. Según los sondeos de opinión pública, Ríos lideró la intención de voto en Guatemala hasta principios de abril de 2023.

Sandra Torres le seguía de cerca, en segundo lugar. Al igual que Ríos, Torres era una veterana de la política guatemalteca. Fue primera dama durante el gobierno de Álvaro Colom (2008-2012), desde donde jugó un rol fundamental en los programas de asistencia social. En 2011, con la presidencia en la mira, Torres se divorció de Colom en un intento de pasar por alto un artículo constitucional que prohíbe que familiares de un mandatario en ejercicio sean presidentes. Sin embargo, el Tribunal de Constitucionalidad la descalificó. Aquel intento fallido no sepultó sus ambiciones presidenciales. En 2015, como abanderada de la Unidad de la Esperanza (une), un partido con orígenes socialdemócratas, Torres obtuvo el 19,7 % de los votos y logró pasar a segunda vuelta, pero perdió contra Jimmy Morales. En 2019, Torres obtuvo, una vez más, un cupo en el balotaje presidencial, pero fue incapaz de ganarle a Giammattei. A esa altura, se confirmaba un hecho: Torres tenía las bases para pasar a segunda vuelta, pero en dicha instancia, sus detractores siempre superaban a sus simpatizantes. La dinámica de «todos contra Torres» es similar a la observada en otros países, donde partidos y candidatos son capaces de pasar a segunda vuelta solo para perder dichas contiendas: Keiko Fujimori en Perú y, más recientemente, el Correísmo en Ecuador. A pesar de la derrota, la une obtuvo un buen desempeño legislativo, al lograr 52 de los 160 escaños en disputa y convertirse, de esta forma, en el partido con mayor presencia en el Congreso unicameral y un poderoso aliado del presidente, Giammattei. Meses después de la elección, Torres fue detenida y enviada a prisión en el marco de una investigación por financiamiento ilícito de campañas. Por un instante, parecía que la une arriesgaba ser disuelta, pero en 2022, un juez desestimó la causa contra Torres, y en 2023 se convirtió nuevamente en la abanderada de la une. A esa altura, el partido había experimentado una transformación programática. Bajo el liderazgo de Torres, la une concretó un giro conservador que apelaba, principalmente, a un electorado evangélico y nombró a Romeo Guerra, un pastor, como candidato vicepresidencial. Este giro conservador de Torres fue evidente en materia de matrimonio igualitario. En 2015, a través de Twitter, Torres había publicado que «el matrimonio igualitario es el resultado de una ciudadanía activa y una política igualitaria. Al final, #LoveWins». Pero en medio de la campaña de 2023, publicó un video en el que indicaba: «Yo lo respeto, pero no lo comparto. La Biblia dice Adán y Eva, no dice Adán y Esteban» (^{Llamas, 5 jul. 2023}).

La lista de candidatos presidenciales no terminaba ahí. Por el partido oficialista, Vamos, de tendencia conservadora, competía Manuel Conde. Conde era un fiel reflejo del sistema de partidos de Guatemala, en el que los partidos simplemente sirven como vehículos para ambiciones personales (^{Isaacs, 2010}). Efectivamente, Conde había militado en cuatro agrupaciones políticas distintas y había sido candidato presidencial en 2003 y 2007; en ambas instancias, obtuvo menos del 1 % de los votos. En 2016 tuvo mayor éxito, al ser electo diputado por el Partido de Avanzada Nacional (pan) y reelecto por un nuevo período en 2019. Conde aún era secretario general del pan cuando se convirtió en el candidato presidencial de Vamos. También estaba la candidatura de Edmond Mulet, un producto más del sistema de partidos desarraigado. Mulet había sido diputado y, brevemente, presidente del Congreso. A su vez, tenía una amplia trayectoria como diplomático, tras haber sido embajador de Guatemala en Estados Unidos (1993-1996) y la Unión Europea (2000-2006). En los ochenta, estuvo involucrado en un escándalo de adopciones irregulares que lo hizo blanco de ataques durante la campaña (Torres acusó a Mulet de «vender niños»). Mulet, quien había militado en tres agrupaciones políticas (Unión del Centro Nacional, el Partido Humanista de Guatemala y Cabal), alcanzó el tercer lugar en la elección presidencial de 2019, con el 11,2 % de los votos.

El nombre de Bernardo Arévalo, del partido socialdemócrata, Semilla, no estaba en la lista de candidatos con posibilidades de pasar al balotaje presidencial. A pesar de su plataforma crítica del régimen, Arévalo y Semilla carecían de apoyo en los sondeos de opinión pública y, por ende, no representaban una verdadera amenaza para el statu quo. El abanderado presidencial de Semilla era el hijo de Juan José Arévalo, uno de los dos presidentes icónicos de la Revolución de 1944 y de la primera primavera democrática de Guatemala. Bernardo Arévalo tenía un perfil académico y contaba con un doctorado de la Universidad de Utrecht. Antes de ser candidato presidencial, había sido embajador de Guatemala en España y colaboró, junto con estudiantes y académicos, en la formación del grupo de reflexión que, tras las protestas anticorrupción que obligaron la renuncia de Otto Pérez Molina, se convertiría en el Movimiento Semilla. Arévalo ocuparía su primer cargo de elección popular recién en 2020, al convertirse en uno de los pocos diputados de Semilla.

Desde su posición minoritaria en el Congreso, Arévalo y Semilla lideraron la oposición durante el gobierno de Giammattei. Junto a otras figuras clave del partido, como Lucrecia Hernández Mack, Samuel Pérez y Román Castellanos, Semilla mantuvo viva la esperanza democrática en medio del retroceso autoritario. Pero era difícil para Semilla competir contra la máquina oficialista y sus aliados. Las elecciones presidenciales «justas» y «competitivas» eran cosa del pasado. Una oligarquía corrupta había cooptado el Estado, incluyendo el Ministerio Público, la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral y el Registro Nacional de Personas. Las instituciones de gobierno se habían encargado de remover a Thelma Aldana de la carrera presidencial en 2019 y a Thelma Cabrera-y otras posibles amenazas al statu quo, como Carlos Pineda- en la antesala a las elecciones de 2023. A su vez, el oficialismo y sus aliados contaban con amplios recursos gubernamentales para alimentar una poderosa red clientelar.

Semilla, por su parte, estaba compuesto por una red de voluntarios. Los recursos escaseaban constantemente. Durante la campaña, fui testigo de cómo voluntarios pintaban lienzos durante sus fines de semana. Un coordinador territorial me señaló que solo eran capaces de comprar un número determinado de pancartas. Eran tan escasas que sabía, con exactitud, dónde se ubicaban. También, después de un banderazo, vi cómo uno de los líderes de Semilla martillaba de rodillas uno de los pocos carteles que tenían bajo la lluvia, asegurándose de que no lo botara el viento. Ni Sandra Torres, ni Zury Ríos, ni Edmond Mulet, ni Manuel Conde, ni ninguno de los candidatos afines al régimen mantenían tal nivel de compromiso con sus campañas; tenían los recursos para delegar el trabajo de terreno. En Semilla, dicho trabajo era realizado por sus propios candidatos.

A pesar de ser una de las pocas voces de la oposición, Arévalo y Semilla no lograban subir en las encuestas. Al contrario: apenas figuraban en los sondeos de opinión pública (vertabla 1). De acuerdo con la encuesta de Prensa Libre, una de las más reconocidas en el país, Arévalo y Semilla ni se asomaban a la segunda vuelta electoral. Arévalo se encontraba en octavo lugar, con el 2,9 % de la intención de voto. Si bien Arévalo había aumentado su respaldo presidencial -de 0,7 % en abril a 2,9 % en junio-, su candidatura estaba virtualmente descartada para el balotaje. Las encuestas anticipaban que Torres pasaría a segunda vuelta, donde se enfrentaría a Ríos o Mulet. Los integrantes de Semilla eran los primeros en reconocer que no obtendrían un buen resultado. Varios se mostraban escépticos de poder retener el puñado de legisladores que habían alcanzado en 2019. Todo parecía indicar que el deterioro democrático seguiría su rumbo.

Tabla 1: Intención de voto en primera vuelta 

Ambas encuestas fueron realizadas por ProDatos. La primera consistió en 1,202 entrevistas cara a cara de guatemaltecos mayores de 18 años que residían en áreas urbanas y rurales, realizadas entre el 14 y el 23 de abril de 2023; tenía un margen de error del +/- 2,5 %, con un nivel de confianza del 95 %. La segunda encuesta consistió en 1,202 entrevistas cara a cara de guatemaltecos mayores de 18 años que residían en áreas urbanas y rurales, realizadas entre el 5 y 14 de junio de 2023; tenía un margen de error del +/- 2,5 % y un nivel de confianza del 95 %. Fuente: autor, con datos de Prensa Libre (²⁰²³).

Pero todo cambió súbitamente la noche del 25 de junio. El día de la elección transcurrió sin novedades. El Tribunal Supremo Electoral publicó los primeros resultados cerca de las ocho de la noche. Ahí, el mundo fue testigo de las primeras señales de un shock electoral: Torres lideraba el conteo preliminar de votos, y Arévalo, sorpresivamente, aparecía en segunda vuelta (^{Freeman y Perelló, 2023}). Cerca de la medianoche, el Tribunal Supremo Electoral confirmaba lo que ninguna encuesta fue capaz de predecir: Bernardo Arévalo y Karin Herrera, el candidato presidencial y la carta vicepresidencial de Semilla, pasarían a segunda vuelta, donde se enfrentarían a Torres y la maquinaria clientelar de la une. Si bien las encuestas acertaron con la candidatura de Torres, se equivocaron -notoriamente- con Arévalo, posiblemente debido a la existencia de una «rabia silenciosa» (^{Arroyo y Boche, 25 jun. 2023}) entre los votantes que los sondeos de opinión pública fueron incapaces de capturar.

La tabla 2 resume los resultados de la elección. Torres obtuvo el primer lugar, con el 21 % de los votos; Arévalo recibió el 15,6 %, mientas que el oficialista Conde terminó en tercer lugar con el 10,4 %. Los candidatos restantes, incluidos Ríos y Mulet, recibieron un apoyo menor al 10 % de los votos. La sorpresa se extendió a las elecciones legislativas. Vamos, el partido oficialista, obtuvo la primera mayoría de escaños (39 diputaciones). La une, por su parte, perdió cerca de la mitad de su bancada legislativa, aferrándose a 28 escaños. Semilla superó sus expectativas al recibir 23 escaños (16 más que en 2019).

4. El camino al balotaje

El triunfo de Arévalo y Semilla en primera vuelta sacudió a las élites corruptas de Guatemala. La respuesta de estas no se hizo esperar. En primer lugar, hubo un intento deliberado por cuestionar la legitimidad de la elección a través de una campaña que ponía en duda la integridad de los resultados. Nueve partidos políticos -incluidos Vamos, la une y Valor- presentaron un amparo en la Corte de Constitucionalidad contra el Tribunal Supremo Electoral. Aunque las acusaciones variaban, todas apuntaban a la supuesta existencia de un fraude electoral, a pesar de la ausencia de pruebas concretas. Debido a ello, los partidos demandaban suspender la adjudicación de resultados y, como resultado, la designación de cargos (tanto presidenciales como legislativos). Si bien algunos partidos eventualmente desistieron seguir aquel camino-tales como Cabal y Podemos-, el daño estaba hecho, y el recurso de amparo se mantuvo en pie. En segundo lugar, el Ministerio Público y la feci desempolvaron una investigación cuyo fin era terminar con la personería jurídica de Semilla. De acuerdo con Curruchiche, el fiscal a cargo de la feci, existían indicios de irregularidades en torno a la formación de Semilla como partido político. Específicamente, acusaban la falsificación de unas cinco mil firmas recolectadas al momento de formar el partido, en 2017. Así, los poderes fácticos buscaban, por una parte, prevenir la inscripción de Arévalo y Herrera en la papeleta electoral de segunda vuelta y, por otra, debilitar la bancada legislativa de Semilla.

Por lo tanto, Semilla tuvo que desplegar dos campañas paralelas. La primera fue una batalla legal que defendía los resultados de la primera vuelta electoral. Irónicamente, el partido de oposición mantenía que los resultados eran válidos, hecho que varios partidos afines al régimen cuestionaban. La segunda campaña consistió en hacerle frente a la maquinaria clientelar de la une y la oligarquía corrupta, que veían sus intereses protegidos por un triunfo de Torres. Semilla desplegó una campaña en todo el territorio nacional, incluidos los departamentos que eran bastiones de la une. A lo largo del camino, Semilla logró que varios movimientos y fuerzas sociales del país -incluidos los 48 cantones de Totonicapán, una organización indígena- se sumaran a su causa. A su vez, fueron capaces de alertar a la comunidad internacional de que el frágil avance de la democracia en Guatemala se encontraba bajo riesgo.

Arévalo y Semilla hicieron frente a las maquinaciones del régimen para removerlos de la competencia y avanzaron gradualmente hacia la segunda vuelta electoral. La oligarquía corrupta redoblaba sus esfuerzos cada vez más, especialmente al darse cuenta de que Torres sería incapaz de ganarle a Arévalo. Pero las maniobras del régimen comenzaron a fallar. El reconteo de votos reveló que no había indicios de fraude. Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea endurecieron sus posturas ante el gobierno de Guatemala. Poco a poco, la presión nacional e internacional comenzó a surtir efecto. El 10 de julio, la Corte Suprema ratificó el balotaje entre Arévalo y Torres. Días después, el Tribunal Supremo Electoral y la Corte de Constitucionalidad corroboraron dicha decisión. Sin embargo, el régimen continuó en sus intentos por prevenir la elección de Arévalo. El 12 de julio, la feci ordenó la suspensión de Semilla, decisión que ponía en jaque la posibilidad de que el partido, eventualmente, presidiera bancadas en el Congreso, lo que representaba un duro golpe a la agenda legislativa de Arévalo. La feci allanó las oficinas de Semilla y, en uno de los momentos más dramáticos, incautó las papeletas de votación del Tribunal Supremo Electoral. El forcejeo entre algunos integrantes del Tribunal y agentes de la feci fue transmitido en vivo, lo que evidenciaba qué tan delicada era la situación.

Fue en dicho contexto, marcado por una profunda reacción autoritaria, que se desenvolvió el balotaje presidencial, el domingo 20 de agosto. A pesar de los numerosos obstáculos, Arévalo y Semilla se mantuvieron firmes y lograron llegar a la meta de la segunda vuelta electoral. El escrutinio confirmó lo que las encuestas anticipaban: Arévalo se impuso holgadamente a Torres, al obtener el 60,9 % de los votos. Con Arévalo como presidente y Herrera como vicepresidenta, Semilla, el partido socialdemócrata anticorrupción, llegaba al poder.

Tabla 2: Resultados electorales 

(*) Partidos creados después de las elecciones generales de 2019. Entre paréntesis, el número de escaños obtenidos en comparación a 2019. Los resultados publicados por el tse en primera vuelta presidencial aparecen con el 99,1283 % de mesas procesadas. Los votantes inscritos reflejan el padrón electoral de las mesas procesadas. Fuente: elaboración propia, con datos del Tribunal Supremo Electoral (^2023a, ^2023b) y ^{Vega (16 jul. 2023}).

5. ¿Hacia una nueva primavera?

El triunfo de Arévalo y Semilla marcó un hito en la historia democrática de Guatemala. De paso, ofreció una luz de esperanza a todas las fuerzas democráticas que se enfrentan a regímenes autoritarios a lo largo de América Latina y el Caribe: es posible lograr grandes cambios con muy pocos recursos. Así lo demostraron Arévalo y Semilla, quienes fueron capaces de ganarle a un régimen autoritario en su propio terreno. El caso de Semilla se suma al de otros partidos de oposición que han sido capaces de sobreponerse a regímenes autoritarios en elecciones recientes (^{Freeman y Perelló, 2022}). A pesar de los avances, la floreciente primavera democrática guatemalteca se mantiene frágil. Antes de asumir el mando del país, Arévalo denunció un intento de golpe de Estado en su contra liderado por el Ministerio Público, aún en manos de fuerzas autoritarias. La presidencia de Arévalo camina sobre una cuerda floja, y las amenazas serán una constante. Pero, a su vez, existe una oportunidad única para profundizar los avances democráticos. Tal como lo señaló Arévalo en su discurso inaugural, desde el Palacio Nacional: «Estamos cerrando un doloroso ciclo de crisis e incertidumbre para dar paso al amanecer de Guatemala» (^{González, 15 ene. 2024}).