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Introducción y propuesta
Apoyado en la mirada crítica y multidimensional que provee la ecología política del sur (Machado Aráoz, 2017) y siguiendo una línea de pensamiento que comprende al hambre en el marco del capitalismo en tanto una producción política de orden histórica y sistémica (Polanyi, 2007; Davis, 2006; Wood, 2021), este trabajo busca conectar rasgos estructurales de esa problemática en diálogo con el contexto contemporáneo global, y de Argentina, en particular. Desde ese marco, se describen casos emblemáticos de acumulación originaria que permiten comprender al capitalismo en tanto régimen ecológico-político que ha tendido a la producción del hambre trastornando metabolismos sociales y formas de lo político. En un segundo apartado se releva, principalmente a partir de informes oficiales como de diversos estudios científicos del campo de la salud, la nutrición y la agricultura, el estado de situación planetario respecto del abasto y consumo alimentario global. En el tercer bloque se aborda, de forma general, el cuadro alimentario de Argentina en el siglo XXI, con énfasis en la cuestión del hambre, recuperando diversos abordajes socioantropológicos y nutricionales del tema. En el cuarto bloque, se abre una serie de reflexiones a modo de balance.
El hambre del capital
En este bloque interesa poner de relieve la correlación entre la producción material de la escasez de alimentos producto de la instauración de relaciones socioecológicas capitalistas y el desarrollo progresivo de una matriz de ideas que se gestan al calor de, a la vez que retroalimentan, esa forma de organización societal. Con ese propósito se tomarán a modo de ejemplo y de forma condensada, procesos históricos emblemáticos de acumulación originaria como la conquista de América (clave en la transición del feudalismo al capitalismo), el surgimiento del capitalismo agrario en Inglaterra y la colonización en la India británica (ambas relevantes por exhibir tanto la lógica interna como de fronteras afuera de la principal economía durante los siglos de formación/consolidación capitalista) que, con sus especificidades, permiten captar las dinámicas organizadas en torno al valor de cambio.
Cooperar para comer
La extensa historia del linaje humano exhibe una notable diversidad de formas de cooperación social para sostener la reproducción de la vida en las que la obtención de alimento se halló en el centro. En la modulación y puesta en acto de esa necesidad vital se fraguaron formas político-culturales situadas, de las cuales quedan registros que permiten intuir algunas cualidades. En tiempos preagrícolas, se han destacado rasgos extendidos como la caza compartida, el fogón comunitario, la distribución equitativa de raciones, aspectos que fueron dialécticamente afectando dimensiones orgánicas como socioculturales del linaje. Puesta en perspectiva de larga duración, la vida de los cazadores-recolectores ha modelado tanto la biología como aspectos económico-políticos clave en torno a la igualdad societal (Aguirre, 2017).
De entre quince a veinte mil años atrás, prácticas agroculturales fueron tornándose una opción privilegiada para obtener el sustento en diversos territorios del mundo. Combinadas con las formas preexistentes de procurarse alimentos como la caza, la horticultura y la recolección, la agricultura fue experimentada, expandida, y en algunos casos dejada de lado, según cada comunidad. Lejos de la mirada lineal que entiende a las técnicas de producción y obtención de alimentos como parte de etapas puras y sucesivas, la evidencia empírica exhibe otros matices, complejidades y superposiciones. Del mismo modo, diversos análisis (Graeber y Wengrow, 2022) cuestionan el relato que sitúa a la agricultura como fondo técnico de una flecha que va del acopio de granos a las jerarquías imperiales, al afán de dominio absoluto sobre otros congéneres y sobre la naturaleza. Las agroculturas en su enorme complejidad han sido -además de casos específicos asociados a colapsos- formas de producción de una enorme sociobiodiversidad. Esto último se manifestó al punto de que áreas amazónicas, de la selva del Petén o turberas altoandinas se ha constatado que tienen origen en prácticas de cultivo y manejos de comunidades agroculturales (Verzijl y Quispe, 2013; Nigh y Ford, 2019; Balée et al., 2023).
En torno a la cuestión específica del hambre, estudios del campo arqueológico como etnográfico han revelado rasgos extendidos en diversas culturas no capitalistas. Si bien en comunidades cazadoras o forrajeras se infiere que han prevalecido prácticas igualitarias de reparto alimentario, y esto puede haberse visto alterado en algunas sociedades agrarias estamentales, de igual forma en estas el hambre extrema se trataba genéricamente de un fenómeno que afectaba de forma genérica a la mayoría del cuerpo social ante situaciones específicas (normalmente emergencias climáticas o bélicas). Incluso grandes imperios han tenido acopios de granos para abastecer a los sectores populares ante catástrofes (Davis, 2006; Laudan, 2021), y dentro de los propios regímenes feudales en la aún no conformada unidad europea contaban con mecanismos morales de distribución alimentaria para evitar el hambre (Thompson, 1995). Progresiva y sistemáticamente este tipo de regulaciones societales se vieron erosionadas bajo un régimen de relaciones que hizo del valor abstracto su locus. El capitalismo implicó así aquello que Marx (2016) llamara una profunda fractura sociometabólica, desacoplando ritmos y flujos agroalimentarios entre las comunidades y los territorios que éstas habitaban (Foster, 2022; Saito, 2023), como así también una honda afectación sobre las formas de lo político que organizaban esa trama (Echeverría, 1984; Rossi, 2023).
Orígenes del Plantacionoceno
En el caso de la conquista de América, fueron las minas y las plantaciones azucareras modos paradigmáticos de (des)organizar los circuitos entre poblaciones y territorios con profundos efectos sociales, ambientales, alimentarios, sanitarios y subjetivos, con secuelas de larga duración que llegan hasta el presente. Diversas investigaciones han dado cuenta de la alteración, erosión y pérdida de sofisticados regímenes de obtención y distribución alimentaria precolombinos a partir de la instauración forzada de formas económico-políticas coloniales (De Castro, 1961; Gligo, 2001) acompañadas de la sistemática persecución o control sobre aquellas tramas del comer alternativas, tanto de comunidades afro, de nativos como de criollos en tiempos de auge de la exportación azucarera. Bartolomé de las Casas (1484-1566) dejó testimonio sobre lo que acontecía en esas primeras fases de invasión en La Española:
No daban a los unos ni a las otras de comer sino yerbas y cosas que no tenían sustancia; secábaseles la leche de las tetas a las mujeres paridas, y así murieron en breve todas las criaturas (…). Murieron ellos en las minas de trabajos y hambre, y ellas en las estancias o granjas de lo mesmo, y así se acabaron tantas y tales multitúdines de gentes de aquella isla. (2011, p. 32).
En esa tónica puede evocarse la recreación que hace Rivera Cusicanqui (2010) de Waman Poman de Ayala y su Nueva Crónica de las Indias (1612-1615): «¿Este oro comes? / Este oro comemos…», se recupera del diálogo entre el conquistador y el indígena. «El oro como comida despoja al visitante de su condición humana y sintetiza el estupor y la distancia ontológica que invadió a la sociedad indígena». Este intercambio es una «metáfora central de la conquista y la colonización» que permite dimensionar la profanación del alimento subsumido en valor abstracto, signo de «la perdición humana como una herida a la naturaleza y al cosmos» (Rivera Cusicanqui, 2010, p. 30).
Respecto a la plantación azucarera se puede decir que implicó una tecnología ecológico-política que prefiguraría el devenir de la ecología-mundo capitalista (Moore, 2020). Se trata del montaje de una dinámica de trasvase de energías de la tierra y del trabajo humano -mayoritariamente esclavo y, en casos específicos, asalariado- de un continente a otro sostenida en la deforestación a gran escala, expoliación del suelo y la implantación de enormes superficies monocultivadas; de un régimen alimentario de subsistencia mínimo y deficiente, situado en los umbrales del hambre como regulador de la súper explotación de la fuerza de trabajo; del control oligárquico de la tierra (concebida como propiedad privada) y de los bienes allí extraídos. En definitiva, una dinámica organizada sobre la lógica del valor abstracto que fraguó el patrón civilizatorio moderno-capitalista. Producto de esta gran fractura sociometabólica originaria, Haraway (2019) señala que habitamos la era del Plantacionoceno1.
Un ejemplo revelador es el nordeste de Brasil, descripto en detalle por De Castro en su Geografía del Hambre (1961). Esa región, próspera en términos de diversidad agroecológica y suficiencia alimentaria, pasó a convertirse, plantación mediante, en una de las zonas de hambre endémica del continente. Además de destruir las tramas que organizaban políticamente las prácticas agroalimentarias, los colonizadores devastaron enormes territorios selváticos y boscosos que eran la fuente misma de la dieta de los nativos.
Los efectos demográficos de la conquista son otra arista central de este gran trastorno sociometabólico. Según diversos estudios, la población pre-hispánica de lo que luego sería el centro de México se estima en torno a veinte millones de personas. Un siglo después de la primera invasión, el número de habitantes nativos se había desplomado y rondaba el millón, mientras que otras regiones como las Antillas vieron desaparecer casi la totalidad de sus poblaciones para mediados del siglo XVI (Tudela et al., 1992). Nuevas indagaciones señalan que la Gran Mortandad se trató del acontecimiento de caída demográfica más significativo en más de 10.000 años. En tan sólo un siglo la población continental se habría reducido de unos sesenta millones de personas (aproximadamente el 10 % del total mundial) a solo cinco o seis millones (Lewis y Maslin, 2015). Si bien suele asociarse este proceso a la violencia directa y a las enfermedades importadas por los conquistadores, no menos significativo fue el rápido impacto producido por las repentinas y graves hambrunas combinadas con nuevos cuadros sanitarios, y de forma general, la rápida desestructuración de las formas agroalimentarias que soportaban redes de abasto local y tramas de intercambio regional.
Durante estos procesos coloniales y las avanzadas frente al campesinado europeo, se consolida un marco de referencia teórico que cristaliza una ontología política organizada en torno al individuo que va dejando de lado su inter y ecodependencia (Sahlins, 2011; Hernando, 2019). En ese cuadro, y en especial entre los siglos XV y XVII, se erigen figuras como Locke, que podríamos situar como intelectual orgánico del proceso de fractura sociometabólica. Vale la pena retomar un pasaje del Segundo Tratado del Gobierno Civil, donde además de instar al cercamiento y privatización de la tierra, celebra la descomunalización de los territorios y de los frutos que estos ofrecen:
Dios ha dado a los hombres el mundo en común; pero como se lo dio para su beneficio y para que sacaran de él lo que más le conviniera para su vida, no podemos suponer que fuese la intención de Dios que el mundo permaneciese siendo terreno comunal y sin cultivar. (Locke, 2006, p. 39).
Romper los lazos comunales del pan
En torno a la instauración de una lógica organizada alrededor del mercado en el mundo agrario inglés alrededor del siglo XVI pueden rastrearse en gran medida las formas básicas del capitalismo, que nace en el campo antes que en la ciudad (Wood, 2021). En tanto el sistema feudal colapsaba frente a límites ecológicos y tensiones económico-distributivas, se sucedían las revueltas campesinas, de un lado, y los procesos de privatización de la tierra, destrucción de bosques y tierras comunales mediante, del otro. Los cercamientos fueron el gran símbolo de este proceso. Mientras la tierra y los alimentos pasaban a subsumirse a la lógica del valor de cambio, la carestía alimentaria y la pérdida abrupta de la calidad nutricional de las dietas en los sectores populares atravesaron a la sociedad inglesa durante casi dos siglos (Thompson, 1995; Federici, 2015). Las revueltas del pan, con ataques a graneros, como resistencia y las masas de vagabundos mendigando comida son dos íconos de esta época germinal del capitalismo.
Las narrativas que fueran fraguando el ideario liberal pueden rastrearse tanto en la justificación de la apropiación privada de la tierra y destrucción de las regulaciones de solidaridad comunal como en los debates sobre el precio de los cereales. Como recupera Thompson (1995), las discusiones públicas entre 1767 y 1772 acerca de si regular o liberar el comercio de granos implicaron una inflexión societal. «Sea revocado todo decreto relacionado con las leyes de cereales (…); dejemos que el cereal corra como el agua, y encontrará su nivel», se planteaba entre quienes priorizaban comerciar con otros territorios antes que garantizar la alimentación de la comunidad local (p. 30). La fractura sociometabólica se ponía de manifiesto en los cuerpos y en los campos, como así también en los discursos e ideas que estructuraban la sociedad. Bajo esta lógica, el mercado se convirtió en un «imperativo» (Wood, 2021) que fue organizando la vida social, rompiendo lazos de cooperación comunitaria y desestructurando las tramas alimentarias que garantizaban que los coterráneos no pasaran hambre. Como dijera Thompson (1995), «un cuadro que es en sí mismo un producto de la economía política que redujo las reciprocidades humanas al nexo salarial» (p. 292).
Esta gran transformación (sensuPolanyi, 2007) se aceleraría entre fines del siglo XVIII y principios del XIX, provocando una precipitada desaparición del campesinado, reconvertido mayormente en migrante empobrecido en la ciudad o en proletario rural. La relación salarial regulaba entonces el acceso alimentario, y en paralelo se disponía una nueva generación de leyes de asistencia pública para aplacar el hambre del enorme «ejército de reserva» que vagaba por urbes y sus periferias en condiciones de indigencia. Las tensiones al interior de los sectores dominantes discurrían entre si sostener o no, o en todo caso de qué modo, el asistencialismo en tanto un mercado de trabajo verdaderamente libre tenía que eliminar ese tipo de intervenciones. Un pasaje emblemático de la época es el de Townsend:
El hambre domesticará a los animales más feroces, enseñará a los más perversos la decencia y la civilidad, la obediencia y la sujeción. En general, únicamente el hambre puede espolear y aguijonear (a los pobres) para obligarlos a trabajar; y, pese a ello, nuestras leyes han decretado que nunca deben pasar hambre (…) la fuerza engendra mala voluntad y no inspira nunca un buen y aceptable servicio, el hambre no es sólo un medio de presión pacífico, silencioso e incesante, sino también el móvil más natural para la asiduidad y el trabajo; el hambre hace posibles los más poderosos esfuerzos, y cuando se sacia, gracias a la liberalidad de alguien, consigue fundamentar de un modo durable y seguro la buena voluntad y la gratitud. El esclavo debe ser forzado a trabajar, pero el hombre libre debe ser dejado a su propio arbitrio y a su discreción (…). (Como se citó en Polanyi, 2007, pp. 190-191).
Economía política del hambre
Las élites británicas llevaron esas prácticas a niveles más extremos en regiones colonizadas, con la India como un caso paradigmático. Esta región se había destacado por una rica cultura agrícola, en combinación, según las regiones, con tribus nómadas de pastores, y con cazadores y pescadores (Mazoyer y Roudart, 2016). Antes de la colonización europea existían en el extenso territorio indio, organizaciones políticas-tributarias jerárquicas, pero articuladas con formas comunales que sostenían la autoproducción alimentaria y diversos mecanismos de solidaridad distributiva (Guha, 2019). Con procesos coloniales previos de holandeses y portugueses, el arribo de la Compañía Británica implicó un quiebre radical en términos cualitativos y cuantitativos.
En 1665 Bombay se convirtió en colonia inglesa. La Corona cedió su poder a la Compañía, que en 1690 se estableció en Calcuta. Finalmente, desembarcaron en Bengala, y para fines del siglo XVIII, la Compañía devino administrador político y militar. Un informe contrastaba en 1878 las treinta y una hambrunas graves ocurridas en los 120 años de dominio británico con las diecisiete registradas en los dos milenios anteriores (Davis, 2006). Es aguda la descripción que sostiene que «el imperio británico comienza con una hambruna (1769-1770) y termina con una hambruna (1943)» y «eso define al imperio en sí mismo» (Prashad, 2019, p. 7). Durante la hambruna de 1770 en Bengala, los miembros de la Compañía se garantizaron no pasar riesgo de estar desabastecidos. Durante ese ciclo de carestía que mató alrededor de un tercio de la población de Bengala, buena parte de los cereales que sí se habían logrado cosechar en la región fueron comprados por miembros de la administración y exportados.
Vale detenerse en las hambrunas del último tercio del siglo XIX. Ese tiempo es una radiografía de cómo «millones de personas murieron, no porque estaban fuera del “sistema mundial moderno”, sino porque fueron violentamente incorporadas a sus estructuras económicas y políticas» (Davis, 2006, p. 21). Estimaciones sostienen que, entre 1876 y 1878, más de siete millones de personas murieron por la falta de comida. Y en total se vieron afectadas por la carencia de acceso a una alimentación adecuada, 58 millones de habitantes en toda la India. Las zonas más integradas a los mercados fueron las más vulnerables. La combinación de sequías, comercio mundial de granos e imperialismo configuraron una brutal «economía política del hambre» (Davis, 2006).
Los hambrientos de la India perecían en los «tiempos gloriosos» del capitalismo liberal «por la aplicación teológica de principios sagrados» de teorías liberales (Davis, 2006, p.21). En la escuela de Haileybury por donde habían pasado los administradores y mercaderes ingleses se enseñaba la doctrina smithiana contra los intentos estatales de regulación de los precios de los granos durante las hambrunas. En ese marco, «los principios maltusianos, actualizados por el darwinismo social, eran invocados regularmente para legitimar en Inglaterra las políticas respecto a la hambruna en la India» (Davis, 2006, p. 46). Eran las ideas en torno a cantidad de población y capacidad productiva de subsistencia las que se aplicaban de forma selectiva sobre poblaciones expoliadas. La voz malthusiana emergía desde la boca de funcionarios como Lytton, quien acusaba a la población de tener «una tendencia a aumentar más rápidamente de lo que se incrementan los alimentos extraídos de la tierra» (Davis, 2006, p. 46).
La Comisión sobre la Hambruna (1878-1880) dejaba asentada la posición oficial británica:
La doctrina que afirma que en tiempo de hambruna los pobres tienen derecho a exigir auxilio (…) probablemente nos conducirá a una doctrina que afirme que los pobres tienen derecho a dicho auxilio en todo momento y con ello se pondrán los cimientos de un sistema de asistencia general a los pobres, lo que no podemos más que mirar con seria aprehensión (…). (Como se citó en Davis, 2006, p. 47).
Se estima que 36 millones de habitantes rurales estaban acechados por el hambre a pesar de que las cosechas de Birmania y Bengala de 1877 habían sido normales. La violencia colonial, el mercado agrícola global, y las narrativas liberales se articularon en una extensa geografía para desgarrar física, social, económica y ecológicamente a comunidades históricamente autosuficientes, y convertirlas en hambrientas crónicas.
Estos casos punteados son sintomáticos de un sistema organizado sobre la desestructuración del alimento entendido como bien político comunal (Rossi, 2023). Con el correr del tiempo, la expansión del capitalismo fue estructurando sucesivos regímenes agroalimentarios de orden global (McMichael, 2009), especializando a las periferias en las producciones que los centros fueron requiriendo, a la vez que erosionando la autonomía alimentaria de gran cantidad de territorios. En ese sentido, y dejando de lado contextos bélicos -que asimismo hacen parte central de la dinámica capitalista- la escasez alimentaria desacoplada de los volúmenes de producción y circulación global de alimentos se ha consolidado como un patrón global más allá de cambios geopolíticos. A su vez, ha atravesado naciones con gobiernos de diverso signo ideológico con impactos marcadamente diferenciados entre países centrales y periferias, y al interior de los mismos según componentes de clase, etarios, de género y raciales (FAO et al., 2024; GHI, 2024).
Una sindemia planetaria y múltiples colapsos
Transcurriendo la segunda década del siglo XXI, el régimen agroalimentario capitalista se encuentra hace tiempo en el centro de los grandes problemas ecológico-civilizatorios. En este contexto debe comprenderse que como humanidad atravesamos una sindemia de orden global (Swinburn et al., 2019), donde desnutrición masiva, sobrepeso y obesidad a gran escala y afecciones sanitarias derivadas del calentamiento planetario se retroalimentan, y tienen como agente causal al sistema alimentario hegemónico. En este sentido, la producción de cuerpos humanos como enfermos crónicos, el colapso de múltiples ecosistemas y regularidades climáticas, como la gran anomalía societal de contar con super tasas de producción agrícola, combinada con enormes franjas de subalimentados remiten a esa fractura sociometabólica originaria.
Mercancías alimentarias: escasez, toxicidad y sucedáneos que enferman
Según Naciones Unidas, alrededor de 733 millones de personas pasaron hambre2 en 2023 y alrededor de 2330 millones de personas en todo el mundo se enfrentaban a una inseguridad alimentaria moderada o grave (FAO et al., 2024), sobredeterminada por el poder adquisitivo de sus ingresos monetarios o el alcance o límite de políticas asistenciales. En la faceta más crítica, durante 2023 más de 300 millones de personas afrontaron crisis alimentarias agudas, 36 millones alcanzaron la emergencia, y cerca de 700.000 se situaron en los límites de la hambruna (FSIN, 2024). Esto sucede dentro de un sistema que tiene una alta ineficiencia: según FAO (2022), un 14 % de la producción alimentaria global se pierde entre la cosecha y la distribución, y otro 17 % entre la venta y los hogares, un volumen que podría alimentar a 1.260 millones de personas hambrientas cada año.
Como se apuntó, otras de las grandes afecciones sanitarias provocadas por el sistema agroalimentario del capital tienen que ver con la obesidad y el sobrepeso como problemáticas extendidas: a nivel global se pasó del 12,1 % (591 millones de personas adultas) de prevalencia en obesidad en 2021 al 15,8 % (881 millones de personas) en 2022; América Latina y el Caribe es la región con la mayor prevalencia, que en 2022 registró casi el 30 % de la población adulta con obesidad (FAO et al., 2024). La doble carga de la malnutrición -que se define como la coexistencia de la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad- lleva los dos últimos decenios en aumento (FAO et al., 2024). Directamente relacionado a estas problemáticas y a otras como enfermedades cardiovasculares, cáncer, afecciones respiratorias y diabetes, entre otras, se encuentra el aumento en el consumo de alimentos ultraprocesados, con saltos abruptos a nivel global. Por ejemplo, creció 43,7 % en poco más de una década -entre 2000 y 2013- (OPS, 2015).
Agrocapitalismo, combustible del Capitaloceno
El régimen agroalimentario actual centrado en el afán de lucro es una máquina de perturbar ecosistemas e intensificar el metabolismo hidroenergético de la producción de alimentos. La transformación de selvas y bosques en campos de cultivo y praderas para ganado es parte fundamental de la sexta extinción masiva de especies en la historia planetaria (IPBES, 2019). De forma correlativa a estos procesos, los humanos y algunas especies domesticadas, mayormente el ganado hoy criado extendidamente de forma confinada, representan en torno al 94 % del total de los mamíferos terrestres, en una avanzada sostenida sobre formas de vida silvestres y todas las cadenas tróficas asociadas (Greenspoon et al., 2023).
Estudios recientes apuntan que el comercio de productos agrícolas representa alrededor del 90 % del total de agua virtual desplazada para el consumo humano; y el volumen de agua en el comercio agrícola internacional se ha duplicado entre 1986 y 2007 (Vallino, Ridolfi y Laio, 2021). Se ha observado que dentro de los flujos de comercio de agua virtual asociados a cultivos primarios casi la mitad de los volúmenes de agua fluyen desde países que están en peor situación con respecto a los países receptores en cuanto a escasez hídrica (Vallino, Ridolfi y Laio, 2021). Además de la enorme extracción, la producción agrícola capitalista es una de las grandes responsables de multiplicar las «zonas muertas» de diversos cuerpos de agua, ríos y costas, mediante los desechos de la ganadería en confinamiento como por el uso masivo de biocidas y fertilizantes (FAO, 2018).
Otras de las principales perturbaciones ecológicas refieren al uso intensivo de combustibles fósiles. El movimiento de maquinaria, la irrigación, la producción de biocidas y fertilizantes, el acopio y transporte se encuentran organizados en la petrodependencia. Si en la década de 1930 para obtener una caloría de comida se requería alrededor de 2,5 calorías de energía, actualmente son necesarias entre 15 y 20 calorías de energía (Moore, 2023). En directa relación, algunas estimaciones responsabilizan al sector en toda su cadena con hasta un 40 % de las emisiones de gas con efecto invernadero globales (Shiva, 2017). Como un círculo de degradación, estos impactos están generando alteraciones climáticas que asimismo afectan en el rendimiento de las cosechas y ponen en riesgo el abasto alimentario (Ortiz-Bobea et al., 2021).
Civilización deshumanizada
Mientras que el alimento ha devenido prohibitivo para gran parte de la población, un vector de insalubridad para enormes contingentes humanos y una fuente principal de trastornos ecológico-climáticos, el negocio de las mercancías alimentarias no ha frenado su crecimiento. Según FAO (2024), en las últimas dos décadas, el comercio alimentario y agrícola per cápita al día aumentó de 930 kcal en 2000 a 1640 kcal en 2021; y el valor del comercio alimentario y agrícola se quintuplicó en ese lapso. En este marco, son agentes específicos los grandes beneficiarios: por ejemplo, en el sector semillero, entre Corteva y Bayer alcanzaron a controlar el 40 % del mercado; en agroquímicos entre Syngenta, Bayer y Basf pasaban el 50 % (ETC, 2022). Las principales empresas de alimentos y materias primas agrícolas acumularon más de medio billón de dólares en ingresos en 2020, cuando el comercio de todos los productos agrícolas alcanzó un estimado de 1,33 billones de dólares en 2019. Las diez principales compañías, entre las que se incluyen Cargill, ADM, COFCO y Bunge, entre otras, representan al menos el 40 % del mercado mundial (ETC, 2022). A esta estructura debe añadirse la influencia creciente del sector financiero especulativo, en tanto solo tres de las firmas de gestión de activos más grandes del mundo (State Street, Vanguard y Blackrock) controlaban para 2022 más de una cuarta parte de todas las acciones de corporaciones agroindustriales líderes (ETC, 2022). La actualidad exhibe así una civilización que en nombre de la producción de alimentos socava las bases ecológicas de las cuales depende su propia vida; trastorna gravemente la salud colectiva intoxicando los organismos de forma sistémica; a la vez que destruye y erosiona los lazos sociales en torno al alimento exhibiendo super tasas de comercio global y ganancias, de un lado, y millones de hambrientos, del otro.
Argentina: espiral de aceleración y contención del hambre
Desde tiempos de formación del Estado nacional, Argentina fue incorporada a las cadenas agroalimentarias globales como proveedor de alimentos baratos para los países centrales. Desde la exportación cárnica de fines del siglo XIX y la provisión de trigo en las primeras etapas del siglo XX como rubros destacados, el país lleva un siglo y medio con vaivenes atados al sector agroexportador. Ya entrados en la actualidad, debe señalarse que esta nación del sur global se ha posicionado en las últimas décadas como un proveedor principal de los mercados granarios.
La demanda internacional actual se centra en especial en los cultivos transgénicos de soja y maíz, y sus derivados. Entre fines de los años ochenta del siglo XX y la actualidad se pasó de poco más de cuatro millones de hectáreas sembradas con soja a superar los veinte millones de hectáreas. Este proceso ha implicado graves trastornos sociometabólicos, manifiestos en diversas conflictividades ecológicas, sanitarias y sociales desplegadas por amplias zonas del país (Pengue, 2016; Verseñazzi y Vallini, 2019). Este modelo se sostiene en un régimen de poder marcadamente oligárquico. Por un lado, 10 empresas acapararon el 88 % de las exportaciones granarias (82 millones de toneladas) en 2022 (BCR, 2023). Asimismo, más allá de que existen corporaciones que arriendan miles de hectáreas, como el emblemático caso de Los Grobo, la propiedad de la tierra exhibe otro rasgo de esta matriz: 3,9 % de las unidades (promedio de 5427 hectáreas) alcanzan el 38,4 % de la superficie productiva a nivel nacional. Del otro lado, quienes en su mayoría se dedican a producir alimentos para mercado interno, con unidades de hasta 100 hectáreas, son el 34,3 % del total, pero tienen solo el 2,7 % de la superficie productiva (Azcuy Ameghino y Fernández, 2019).
Y mientras cada año el sector del agronegocio se encuentra expectante de alcanzar récord de cosechas, en muchos territorios próximos a esos campos de cultivo, crecientes franjas sociales no alcanzan las cuotas mínimas alimentarias. Por caso, existe una relación de casi once toneladas de cultivos cosechadas por habitante en la provincia de Córdoba, bastión del esquema agroexportador. En tanto que, a diario, el 12,8 % de la población de la capital provincial y sus alrededores no alcanza los ingresos suficientes para cubrir sus necesidades nutricionales básicas (Indec, 2024).
Con esas tendencias consolidadas, el gobierno actual de Javier Milei apuntó a profundizar la lógica corporativa en el sector productivo y desalentar las políticas públicas que aún con limitaciones alentaban a la pequeña y mediana producción. Según un relevamiento (FRL y CELS, 2024), en los primeros nueve meses de gestión, de 51 políticas vinculadas a la producción de alimentos, 49 fueron implementadas en detrimento de los sectores productivos orientados al consumo interno. Políticas específicas para la agricultura familiar, el «compre nacional» por parte del Estado o en defensa de sectores frente a la importación, entre otras, fueron discontinuadas o directamente eliminadas (FRL y CELS, 2024).
En este recorrido, el país ha atravesado situaciones en extremo críticas como la entrada al siglo XXI con la crisis social y económica que puso al hambre como tema privilegiado de discusión pública. Como recuperan Longhi et al. (2018), la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (2004-2005) dio cuenta de un 16,5 % de niñas y niños, de entre 6 a 72 meses, afectados con anemia (desnutrición oculta), la cual alcanzaba en la provincia de Chaco al 36 %. Esta tendencia fue gradualmente revertida desde 2003 a partir de una intensiva aplicación de programas públicos y el mejoramiento de las condiciones económicas del país (FAO, 2015), aunque persistieron magnitudes elevadas con relación al bajo peso, con marcadas diferencias entre regiones y específicamente entre localidades (Longhi et al., 2018).
A pesar de variaciones y cambios de gestión gubernamental3, en los últimos quince años el cuadro fue agravándose con saltos pronunciados. En un análisis macro, se plantea que, tras dos décadas con mejoras y estancamiento, en los últimos siete años se ha consolidado «un tercio de la infancia en situación de riesgo alimentario, de los cuales casi la mitad experimenta situaciones de privación severa» (ODSA, 2024). Este escenario convive con resonancias internas de las problemáticas presentadas en el apartado internacional: aumento en el consumo de ultraprocesados, y expansión de la obesidad y de diversas patologías asociadas al modelo agroalimentario dominante (Secretaría de Salud, 2019).
Luego de un gobierno (presidencia de Alberto Fernández, 2019-2023) que inició presentando un Plan contra el Hambre y dejó mayores índices de pobreza que al comenzar su gestión, el país se encuentra ante un tipo de gestión presidencial inédita (Javier Milei, 2023-2027) desde el regreso democrático respecto a este tema. La actual presidencia ha reivindicado públicamente que el mercado capitalista resuelva de forma autorregulada la cuestión del hambre4, rememorando debates de siglos pasados. «Si queremos luchar contra el hambre y erradicar la pobreza, la solución está en corrernos del medio», sostuvo el presidente en un foro internacional (Casa Rosada, 2024).
El gobierno actual encontró un escenario donde al menos el 13,2 % de niñas, niños y adolescentes residían en hogares con pobreza extrema o indigencia -ingresos inferiores a los necesarios para comprar una canasta básica de alimentos- (Unicef, 2023). A pesar de ese contexto crítico, el Ejecutivo llegó a suspender el envío de alimentos a 40 mil comedores comunitarios que operan como base de la alimentación cotidiana en los sectores más empobrecidos (CELS, 2024). Los primeros seis meses de la actual gestión arrojaron que el consumo de alimentos se redujo, en promedio, un 16 % en supermercados y un 11 % en autoservicios mayoristas entre noviembre de 2023 y julio de 2024, con caídas del 12 % en lácteos, 9 % en carnes, y 7 % en frutas y verduras (FRL y CELS, 2024). Una de las comidas más populares como el guiso, aumentó 151 % de costo entre noviembre de 2023 y julio de 2024 (FRL y CELS, 2024).
Con el correr de los meses, y ese shock inicial de inflación, esta se desaceleró enmarcada en una caída general de la actividad económica. Luego de un crecimiento abrupto de la pobreza, que alcanzó el 54,8 % de la población, para el último tramo de 2024 esta se redujo a niveles de inicio de gestión, en torno al 38,9 %. En esos pasajes, el gobierno, autodenominado anarcocapitalista, dispuso aumentos de los montos en un programa de asistencia masiva como la Asignación Universal por Hijo, incluso marcadamente por encima de la inflación5. En este escenario, la pobreza estructural se mantiene en niveles cercanos al 50 % para las niñeces y ciertos programas asistenciales clave persisten, pero ahora combinados con una retórica que los desprecia.
Durante las últimas cuatro décadas, una batería de políticas públicas nacionales, provinciales y municipales se han ido solapando para abordar la problemática de acceso alimentario con diversos objetivos, resultados y narrativas que los acompañaron (Abeyá Gilardon, 2016; Boito y Salguero Myers, 2022; De Sena y Sordini, 2023). «La vigencia permanente de estos programas, el sistemático cierre y apertura de intervenciones y la ampliación de la cobertura mediante la focalización de distintos grupos etarios no revirtió el problema alimentario, más bien lo acompañó en diversas modalidades de asistencia» (Sordini, 2022, p. 9). Como se indicó, se atravesaron diversas etapas a nivel país, con casos diferenciados por regiones y provincias. No obstante, en términos generales la política alimentaria nacional «se fundamenta en múltiples y simultáneos “programas de asistencia directa” que, lejos de intervenir sobre las causas estructurales de producción, distribución, comercialización, acceso y consumo de los alimentos, despliegan acciones sobre los “síntomas” de la desigualdad social» (Sordini, 2022, pp. 13-14).
En el marco de profundización del neoliberalismo a nivel global, la alternancia entre las llamadas gestiones progresistas y variantes de las nuevas derechas han redundado en lo que Feldmann y Barbosa (2022) señalan para Brasil como retroalimentación entre «aceleración y contención» sin horizonte de abordaje de fondo y estructural de este tipo de problemáticas nodales. Como plantean Feldmann y Barbosa (2022):
Cuando la política se reduce a la dualidad entre contención y aceleración, y los remedios aparecen como un tómalo o déjalo, se bloquea la reflexión sobre el metabolismo social que provoca la enfermedad. La totalidad social queda suprimida, y la enfermedad se reduce a sus síntomas. (p. 128).
Recuperar el alimento como bien comunal
Como se ha descripto, el metabolismo del capital ha tenido en el sistema agroalimentario uno de sus grandes núcleos de perturbación de las comunidades y los territorios. En el actual escenario global de crisis múltiple, inestabilidad e incertidumbre irrumpen, como novedad, fenómenos como el anarcocapitalista amenazando con dar una nueva fisonomía a problemáticas como el hambre, reeditando narrativas de vieja data. El análisis no debe perder de vista la complejidad de que los planteos anarcocapitalistas como los presentados son realizados haciendo un uso intensivo de la gestión pública con regulaciones e intervenciones estatales que se traducen en una mayor concentración de la riqueza y crecimiento-estancamiento de la pobreza, tal como -se ha mostrado- ya ocurrió desde los orígenes mismos de las narrativas y prácticas en los extremos liberales. Como otra arista de esta compleja trama, este discurso «antiestatal» ocluye el rol determinante del Estado capitalista en la destrucción directa e indirecta de las formas políticas comunales para imponer la lógica del mercado como así también el rol del mismo en un mundo actual con los problemas agroalimentarios presentados.
Como plantean las perspectivas comunales, más allá de las disputas a su interior, la gestión del estado moderno implica la expropiación de la autonomía política de comunidades concretas y la privatización de la toma de decisión política que hace a la reproducción de la vida (Gutiérrez y Navarro, 2019; Pérez Orozco, 2021). Desde esa base, el binomio capital-Estado ha cabalgado entre alternativas infernales (Stengers, 2017): despojo acelerado de diversas mediaciones públicas y uso selectivo de otras, para intensificar o conservar los efectos más dramáticos del hambre; del otro lado, asistencialismo crónico, siempre insuficiente, obturando horizontes emancipatorios para esta problemática. Recuperar la genealogía de la ecología política del hambre permite rastrear las estructuras profundas que trascienden coyunturas, nombres propios y países en torno a esta temática; comprender las tecnologías políticas sobre las que se asienta el modelo agroalimentario del capital y sus efectos ecosociopolíticos; identificar las diferencias concretas implicadas entre diversas gestiones del hambre con consecuencias prácticas para millones de personas, como asimismo reconocer sus puntos de encuentro en aspectos nodales, más allá de narrativas radicalizadas; y por oposición reconocer aquellas tramas que muchas veces menos visibles puedan brindar pistas en torno a la recuperación del alimento como bien político comunal (Rossi, 2023).
Si la privatización de la tierra-alimento y perturbación/aniquilación de las formas sociopolíticas que organizaban esas tramas avanzaron en procesos correlativos, la búsqueda por una radical lucha contra el hambre en todas sus manifestaciones, no puede omitir bajo qué formas de lo político se dará ese proceso para que la obra no sea un paliativo más. En tanto el estado actual de la agricultura y la alimentación llaman urgentemente a una verdadera revolución agrocultural, esta no puede pensarse como una mera cuestión agronómica y económico-distributiva, sino que debe implicar una profunda transformación ecológico-política para que el hambre sistémico y masivo y la destrucción de la Tierra pasen a ser parte del pasado, un ejemplo histórico de una civilización fallida.
