Introducción

Las dinámicas criminales en los años recientes de la historia de México se han visto afectadas por factores internos -modificaciones de regímenes políticos, esquemas de cooptación territorial criminal, bases de protección social y cooptación de esquemas de seguridad a nivel local, regional o estatal- y nuevas inercias delictivas logísticas de control poblacional. También han resultado afectadas por factores externos, enfocados en la oferta y la demanda, tanto nacional como internacional, de sustancias ilegales y armas, pero, a su vez, de productos y mano de obra que poco a poco han logrado posicionarse como recursos de empoderamiento económico delictivo en el caso mexicano, como lo son el tráfico de combustible, la trata de personas y el control logístico del fenómeno migratorio.

Esta ampliación de actividades económicas ilegales es un terreno que requiere ser explorado en nuestro tiempo, para comprender cómo las lógicas delictivas actuales y sus reconfiguraciones operativas, tanto logísticas como territoriales, han logrado ser efectivas en torno al control de espacios locales-regionales y transregionales, y, a su vez, cómo han generado alteraciones y afectaciones en la vida social donde se desarrollan. Por otra parte, las lógicas criminales han permitido que algunos grupos delictivos expandan sus horizontes de acción y perfeccionen el uso de armamento, tácticas, tecnologías y estrategias, lo que ha repercutido en la factibilidad de incursionar en territorios de interés, cooptar espacios estratégicos -instituciones, áreas de la esfera política local-estatal- y desarrollar bases de operación y protección social, sea por cooptación o corrupción.¹ Esto aparece aunado a la gestión de puntos vitales de control de vías de tránsito y comunicación para reconfigurar (^{Garay Salamanca, Salcedo-Albarrán, León-Beltrán y Guerrero, 2008}, pp. 20-21)² espacios logísticos de acción, que son cada vez más eficientes, estratégicos y prolíficos para la expansión de actividades criminales, que han llegado a producir una inestabilidad de los espacios políticos, sociales y de seguridad de los territorios donde estas organizaciones deciden incursionar y disputar los espacios de interés logístico.³

Esto puede provocar que sus acciones sean eficientes a nivel operativo, pero más violentas, inestables e invasivas en los contextos sociales donde despliegan sus controles territoriales y desarrollan sus actividades económicas de interés criminal local-regional y estatal. En este sentido, cada localidad tiene una funcionalidad logística y estratégica, que influye en su capacidad organizacional delictiva y en su “acoplamiento estructural” (^{Torres, 1999}, p. 98),⁴ donde la base social, el entorno político o de seguridad en algunos casos funge como soporte estructural criminal -sea por acuerdos o por sumisión- para facilitar el desarrollo de lógicas delincuenciales a través del tiempo.

Los estudios en torno al fenómeno criminal, desde la sociología y la criminología, entre otras disciplinas, principalmente se han enfocado en analizar las operaciones de los agentes delictivos como “unidades de sentido”, es decir, a partir de una epistemología moderna, que en mayor medida se focaliza en las conciencias individuales de dichos agentes, sus vínculos y sus mecanismos de acción, reduciendo la complejidad de la operación criminal a un asunto de “grupos, redes y organizaciones” con agencia propia. En el presente caso, se pretenden trazar aproximaciones de estudio a partir de una observación de observaciones, es decir, a partir de una historia sistémica (^{Mendiola, 2000}, pp. 196-199)⁵ que permita analizar desde una postura reflexiva la operación y distinción que emprenden las organizaciones criminales en relación con su entorno (^{Luhmann, 2006}, p. 40)⁶ y tratar de comprender las variaciones y reconfiguraciones socioespaciales⁷ que no pueden ser analizadas desde una aproximación de análisis unitario y homogéneo, donde el fenómeno criminal parte de la unidad de sentido, sino desde la multiplicidad, heterogeneidad y “policontexturalidad, es decir desde su complejidad” (Luhmann, 1993, p. 17).⁸ Desde esta aproximación de la teoría de sistemas es desde donde se busca plantear el análisis, para estudiar cómo se articulan, desarrollan y operan las lógicas criminales en la actualidad, junto con la reconstrucción de su proceso organizacional y comunicativo (Mendiola, 2000, p. 198).

Apelar a esta forma de análisis del fenómeno criminal implica enfocarse en la observación de observaciones, como se ha referido antes, centrándose en las distinciones y operaciones que el fenómeno criminal -como subsistema- selecciona en relación con su entorno -autorreflexibilidad- y, a su vez, analizar

la observación de los acoplamientos estructurales entre mecanismos simbióticos-parasitarios que ordenan la manera en que las relaciones delictivas interactúan con distintos sistemas, mismos que se dejan irritar, generando códigos de convivencia que valen y dejan de valer para la misma sociedad, habilitando espacios -producto de exclusiones-inclusiones-, donde nuevas formaciones delictivas se articulan, aparecen, desaparecen o se transforman. (^{Luhmann, 1993}, p. 10)

Proponer estos estudios nos convoca a pensar en generar nuevas posibilidades para estudiar las formas con las cuales la sociedad interactúa en relación con los sistemas funcionales diferenciados, con sus mecanismos simbióticos particulares y sus códigos -como son, por ejemplo, en el caso del fenómeno criminal, su vinculación con el recurso de la ilegalidad, de la mano de las nuevas oportunidades económicas delictivas en espacios que, frente a las conexiones globales, modifican y alteran las variables operativas de la logística criminal local y regional-, y con los mercados y sus reglas variables, que se encuentran en constante transformación, como lo veremos en el caso de Tamaulipas.

Así, en el contexto que desde hace más de veinte años se ha vivido en el caso mexicano y especialmente en Tamaulipas, donde los aumentos en los niveles de violencia y la presencia de operaciones criminales se normalizan y alteran la sociedad de la sociedad, es posible plantearse las siguientes preguntas de análisis:⁹ ¿qué podría significar en estos tiempos que el sistema político ya no pueda asegurar la estabilidad y seguridad en sus territorios ni a sus ciudadanos?, ¿qué significa para el sistema jurídico que las organizaciones de seguridad -policías o fuerzas federales- pierdan su vinculación con los principios de Estado de derecho y de la ley? o ¿qué significa para el sistema económico que parte de la población esté excluida de sus reglas y funcionamiento, ya no pueda subsistir y desarrolle otros códigos de sobrevivencia? En definitiva, las interpenetraciones entre sistemas políticos y económicos a lo largo del tiempo han provocado que la criminalidad pueda “organizarse” y “desorganizarse” a partir de estos acoplamientos y desacoplamientos con sus sistemas de interacción, generando componentes con alta densidad de variación en los espacios sociales, lo que en este sentido puede considerarse como una alta racionalidad para desarrollar oportunidades de ejecución, donde organizaciones criminales diferenciadas pueden obtener el poder y la capacidad para emplear la fuerza suficiente para controlar el recurso de la ilegalidad con permisividad de agentes de esferas políticas y de seguridad, convirtiéndose así en un vínculo indispensable, a pesar de sus altos niveles de variación externos.

La pregunta que invita a pensar en la actualidad es qué papel juegan dichas organizaciones delictivas en sus espacios de operación y qué interacciones sociales -códigos- producen en relación con los sistemas políticos y económicos para convertirse en vías de gestión de la ilegalidad, indispensables para la propia función operativa de los sistemas. Así, esta aproximación permite analizar cómo dichas redes operativas se vuelven cada vez más funcionales e integradoras y producen formas de organización parasitarias y corrompidas (^{Luhmann, 1993}, p. 10). Para abordar esta perspectiva, partimos de la premisa de que los sistemas funcionales diferenciados se han complejizado a partir de la interacción sistemática de las operaciones de inclusión y exclusión, desarrollando diferenciaciones sociales que producen en el plano semántico formas de sociabilidad contingentes, donde la criminalidad puede ser observada en su autoobservación y es posible analizar sus distinciones e indicaciones para reproducirse e interactuar a partir de sus relaciones sistémicas, cada vez más autónomas y racionales en sus operaciones y organizaciones logísticas de conformidad con el entorno que habitan.

Fenómeno criminal como racionalidad y caos

Las dinámicas delictivas de los últimos 13 años¹⁰ en la realidad mexicana han posibilitado áreas de oportunidad para aproximarnos al análisis del fenómeno criminal desde diversas aristas, como lo son las observaciones espaciales y la autoorganización logística delictiva, con base en la demanda de mercado y el debilitamiento crónico de las instituciones. Si bien es cierto que la reflexión en torno a la criminalidad se ha vuelto un proceso de aprendizaje recurrente desde la sociología, el derecho, la economía, la criminología y la psicología, entre otras disciplinas, a su vez, los espacios interdisciplinarios han creado nuevas sinergias y aproximaciones para analizar dicho fenómeno desde la complejidad en sus dimensiones policontextuales y multidimensionales.

En este sentido, una de las propuestas para aproximarnos al análisis del fenómeno criminal y sus lógicas operativas en nuestra actualidad sería desde el espacio de operación y las lógicas funcionales que se constituyen en las operaciones de las acciones criminales espaciales. Las aproximaciones al “espacio operativo”¹¹ de la criminalidad, de la mano de la observación de sus lógicas operativas funcionales, permiten distinguir cómo los grupos criminales de distinta orientación, filiación y dimensión cooptan, organizan y reconfiguran, mediante sus actividades delictivas, espacios institucionales, económicos, sociales y políticos, promoviendo prácticas -por acuerdo, coerción, sujeción, dominación-, gestionando una reorganización de la vida cotidiana.¹² En esa reorganización de la vida, entendida como variedad de circunstancias, en muchos casos, la aproximación al análisis de las localidades develan la inestabilidad y variabilidad de las lógicas criminales, tanto en su organización como en sus operaciones, lo cual tampoco debería pensarse como una fortaleza o debilidad, sino simplemente como una forma de organización funcional que permite posibilidades en torno a su funcionalidad delictiva.

En este sentido, es importante considerar que las lógicas criminales, al estar determinadas por los espacios de interacción con los sistemas políticos y económicos, en los cuales incurren, no necesariamente de forma azarosa o deliberada, pueden facilitar y condicionar una suerte de acciones delictivas que generen un nuevo estado de las cosas -reconfiguración-, que no será estable ni permanente, sino performativo de conformidad a las posibilidades para producir oportunidades que habiliten diversas formas para gestionar la ilegalidad y reproducirla (^{Espósito, 2020}, pp. 29-32).¹³ Hemos aprendido en los últimos años de estudio que las organizaciones criminales mantienen o modifican sus jerarquías y control territorial a partir de la gestión de tiempos que pueden garantizarles controles de larga, mediana o corta duración, según su espacio de operación y autoorganización logística. Así, los tiempos de cooptación territorial tampoco son específicos y atienden a una multiplicidad de variables y factores que modifican las lógicas de producción y operación de actividades ilegales. Como lo explica Espósito, “las decisiones económicas nunca son aleatorias. Son dirigidas por motivos y proyectos. A menudo decepcionan y se comportan imprevisiblemente” (2020, p. 33). Al respecto, se pueden considerar como ejemplo las gestiones de ilegalidad que aparecen como recursos indispensables para que los proyectos económicos se planteen y se desarrollen y que, a su vez, generan mecanismos de represión o de inhabilitación de acciones en sectores de la sociedad. Para ejemplificar esto se puede tomar como referente el número de asesinatos de protectores del medioambiente ocurridos en los últimos años en México, donde la violencia estructural ha permeado de facto, eliminando personas cual “obstáculos” ante proyectos económicos y políticos, situación que en otros momentos históricos no era frecuente en el ámbito social.¹⁴ Así, se puede situar el análisis de las logísticas delictivas que se desarrollan en espacios de interés variable, auspiciadas por las interacciones de nuevas oportunidades económicas y políticas, que, a su vez, producen irritaciones y crisis que generan incertidumbres no aleatorias (^{Espósito, 2021}, p. 41).

En este sentido, podemos plantear la siguiente pregunta: ¿qué sucede cuando observamos al crimen desde una mirada de segundo orden? En nuestros tiempos, la criminalidad puede ser estudiada a partir de la observación de observaciones, así, nuestro enfoque puede dirigirse hacia una sociedad funcionalmente diferenciada, que permite analizar qué distinciones se producen en las lógicas delictivas a partir de operaciones de inclusiones y exclusiones para operar, en relación con la interacción de los sistemas políticos, sociales y económicos. Desde esta aproximación, la incertidumbre y el riesgo pueden ser considerados como factores centrales para el estudio de las operaciones criminales en espacios estratégicos para desarrollar sus procesos de sustracción de recursos, más o menos violentos.

Tamaulipas: el caso de un fenómeno criminal organizado y variable

En el caso de Tamaulipas, los tiempos de cooptación espacial y autoorganización de lógicas delictivas han sufrido variaciones específicas en los últimos años, lo cual permite analizar las diversas acciones que las distintas organizaciones criminales han implementado, de la mano de sus formas de organización variable y los niveles de uso de violencia o cooptación en los espacios de operación. Es evidente que actualmente la forma en la cual operan y se organizan estos grupos no corresponde a las formas operativas ni logísticas de hace quince o treinta años y, a su vez, sus recursos para generar desestabilización y controles territoriales también se han modificado. El reto de este trabajo es que busca, a partir de una postura reflexiva -observación de observaciones-, como se señaló anteriormente, analizar desde una aproximación de historia sistémica cómo estos agentes distinguen y construyen -en vinculación con su entorno- sus relaciones de reciprocidad o irritabilidad con el campo político y económico y, en este sentido, estudiar cómo habilitan sus “formas” de interacción, a partir de la gestión de sus logísticas delictivas en espacios de interés para llevarlas a cabo.

Así, una aproximación a los espacios logísticos delictivos, desde hace trece años, permitirá estudiar cómo se han modificado las estructuras de las organizaciones delictivas, sus transformaciones vinculantes con otros agentes políticos o criminales, las relaciones de cooptación, contubernio y control, y las afectaciones directas o indirectas a la sociedad civil. Por otra parte, es necesario delimitar los posibles factores para que estas modificaciones se hayan podido llevar a cabo. La realidad en el estado de Tamaulipas ha sufrido cambios paulatinos en sus contextos violentos. Gráfico 1. Durante el año 2010 los niveles de violencia colocaban a la entidad entre los primeros tres lugares de homicidios a nivel nacional, con una alta densidad en sus niveles de violencia.¹⁵

Gráfico 1. Histórico de homicidios en Tamaulipas 

Pero el comportamiento criminal, a su vez, ha mostrado modificaciones. Desde finales de la década de los noventa y hasta 2009, los niveles de violencia en la entidad eran relativamente bajos.¹⁶ Según las actas presentadas ante ministerio público en el período 2010-2021, el comportamiento de las dinámicas criminales a partir del ejercicio de prácticas violentas muestra cambios en la entidad. En este sentido, los niveles históricos de homicidios se han registrado principalmente en los municipios de Reynosa, Matamoros, Miguel Alemán y Ciudad Victoria. Por otra parte, las logísticas criminales espaciales y sus formas de organización en el mismo período se vieron alteradas a partir de dos factores: la incursión de una estrategia militarizada de seguridad en el estado, que se enfocó en la desarticulación de liderazgos en organizaciones históricas en la entidad y, por otra parte, la rearticulación de grupos delictivos, que optaron por una transformación de sus operaciones logísticas a partir de una configuración con perfil militar, en donde el objetivo de confrontación y extracción de recursos se volcó contra la sociedad civil en distintas zonas de la entidad (^{Aguayo et al., 2016}).

Es importante recordar, desde un análisis sociohistórico, que la operación criminal en la entidad desde finales de los años ochenta se gestionaba en la órbita de un grupo criminal (^{Flores Pérez, 2013}, p. 23). Una de las primeras contracturas se dio con los cambios de liderazgo a partir de la captura de Juan García Ábrego y, a finales de los años noventa, con la incursión del Grupo Aerodinámico de Fuerzas Especiales (GAFFE), que dio nacimiento a otra organización delictiva con corte militar bajo el mando de Osiel Cárdenas Guillén.¹⁷ Durante la década del 2000 y hasta 2009, los contrapesos en el sistema político comenzaron un proceso de reconfiguración que fue dando paso a controles territoriales criminales específicamente enfocados en las rutas de tráfico de sustancias ilegales y migración en el estado. Estos cambios se dieron paulatinamente, pero ¿cómo explicar las nuevas dinámicas de los agentes criminales en el estado, más violentas e inestables?, ¿cómo analizar las reconfiguraciones espaciales y sus lógicas de operación en la entidad?

Si se observan estas reconfiguraciones desde una historia sistémica, se puede aludir que los cambios en las rutas de trasiego de sustancias ilegales a nivel internacional sufrieron modificaciones importantes a finales de los años noventa. En este sentido, el tráfico de cocaína y heroína provenientes de Colombia utilizaba ocho puertos para llegar a Estados Unidos y Europa. Posteriormente, la incursión de los Estados Unidos y sus campañas para combatir el tráfico de estupefacientes alteraron las rutas tradicionales de tráfico, transformando los puertos del Golfo como destino de entrada y, entre ellos, los puertos de Tampico y Altamira (^{Fazio, 2007}). Para finales de la década de los noventa, la operación y trasiego de sustancias ilegales se hacía por medio de transportes de carga de empresas fachada, lo cual requería implícitamente redes de complicidad del campo político, empresarial y de seguridad, a nivel local, estatal y federal, lo cual mantenía una suerte de organización operativa delictiva enfocada en la oferta y la demanda de estupefacientes principalmente y un contubernio entre las esferas política y empresarial, de la mano de la protección provista por los campos de seguridad (Fazio, 2007).¹⁸ Para la década del 2000, nuevas posibilidades económicas se incorporaron a las actividades delictivas. Rutas de trasiego de sustancias ilegales se mantuvieron, pero con nuevas posibilidades y conexiones, bajo los esquemas históricos de contubernio, tanto en vinculaciones con la esfera política como con la criminal.¹⁹

Pero, más allá de hacer una historia de la reconfiguración de redes criminales, interesa analizar qué tipo de actividades económicas y logísticas delictivas se implementaron y transformaron, a partir de las relaciones sistémicas -política y económica-, entre la década del 2000 hasta la fecha, de la mano de las estrategias y tácticas criminales para llevarlas a cabo. Así, es posible observar que la reconfiguración de grupos delictivos en la entidad y sus espacios de operación no responde exclusivamente a conflictos de dimensión jerárquica, sino a una transformación de la lógica de mercado y de acceso a tomar riesgos en la oferta y la demanda del tráfico de sustancias ilegales, junto a estrategias de control territorial y cooptación institucional, la intervención de tácticas de combate a la criminalidad diseñadas por el Estado y la reproducción de la violencia ejercida contra la población civil.

Entre los años 2009-2011, la entidad sufrió una vinculación de actividades y presencia criminal, que utilizó como táctica la violencia de corte militar, donde las operaciones delictivas y las reconfiguraciones de grupos criminales tomaron posesión de espacios logísticos para el desarrollo de sus negocios ilegales (^{Secretaría de la Defensa Nacional, 2010a}).²⁰ Esto se puede analizar, a la par de un incremento y reproducción de una violencia sistémica, a partir del aumento del número de homicidios a nivel nacional y estatal, como se vio anteriormente. Así, la violencia como recurso de control por parte de las organizaciones delictivas contra la población civil y agentes de la esfera política y de seguridad, permitió una articulación de logísticas criminales que posibilitaron el desarrollo de nuevos modelos económicos a las organizaciones de la delincuencia organizada extractivos y predatorios. En este sentido, a partir de 2010 las relaciones criminalidad-institución se modificaron. Los enfrentamientos entre las fuerzas federales y los grupos delictivos se volvieron una constante en distintas zonas del estado.²¹ Diversos ataques contra las bases militares se suscitaron en distintos puntos de la entidad durante ese período (^{El Economista, 2010}). Con atentados contra las fuerzas federales, a su vez, las operaciones criminales se dirigieron a agentes políticos, lo cual trastocó los límites de contención de las organizaciones delictivas y generó nuevas modalidades de cooptación de recursos económicos (^{Cattan, 2010}).²²

En el caso de Tamaulipas se puede observar un comportamiento similar. Las relaciones entre la esfera política y de seguridad produjeron nuevos vínculos y redes de complicidad con la criminalidad, que mantuvieron durante la década de los noventa y hasta 2009 lógicas de contubernio para continuar con los negocios ilegales, entre los cuales destacaba primordialmente el tráfico de sustancias ilegales (^{Expansión, 2017}). En este escenario, la violencia contra la población civil y la esfera política se mantenía en niveles de peligrosidad relativamente bajos. A partir de las rupturas de reciprocidad -inclusiones, exclusiones- de grupos delictivos en 2009 y hasta 2019, las modificaciones de lógica mercantil, auspiciadas por la oferta y la demanda en los mercados estadounidenses, y la incursión en espacios de interés vital delictivo comenzaron a generar procesos de desestabilización mediante el uso sistemático de la violencia contra las esferas políticas, de seguridad y la sociedad civil (^{INEGI, Reporte histórico de homicidios en Tamaulipas, 1990-2021}).

Durante el período comprendido entre 2010 y 2019, la recurrencia de eventos violentos se volvió una constante en distintas zonas de la entidad. De igual manera, las operaciones delictivas de los grupos criminales desarrollaron esquemas y lógicas operativas en las que los niveles de violencia sufrieron variaciones, principalmente aquellos enfocados contra la población civil. Los negocios ilegales durante el período trazado mostraron una recurrencia en el aumento de los niveles de secuestro, extorsión y desaparición forzada en distintas localidades de la entidad, con acciones pandilleriles en las que grupos criminales comenzaban a cobrar derecho de piso a otras bandas delictivas por operar y, a su vez, también a miembros de la sociedad civil. Para 2014, la entidad habría rebasado la media nacional en casos de secuestro (^{Arrona-Palacios et al., 2011}, pp. 70-74)²³ y extorsión, situación que prevaleció hasta finales de 2018 (Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, Recuento histórico de casos de secuestro, Tamaulipas 2015-2022).²⁴

Crímenes y modalidades variables

La dimensión de las operaciones criminales en el Estado, a partir de un análisis de observación de segundo orden de los últimos 22 años, puede arrojar algunas pistas para estudiar las dimensiones y modificaciones en torno de los niveles de cooptación institucional a partir de la interpenetración con el sistema político, pero, a su vez, también las alteraciones que el propio sistema económico, que desarrollaron inestabilidad en las dinámicas delictivas para satisfacer mercados negros con diversas demandas, de la mano de las estrategias de intervención de contención de delincuencia por parte del estado y la federación. Lo anterior implica el uso de la fuerza y las complicidades articuladas entre instituciones y esquemas de seguridad mediante redes de contubernio para consolidar los controles de rutas de tráfico y apoyos de base social en los espacios de interés. Así, en la entidad, las lógicas operativas económicas y los usos de violencia de los grupos delictivos no han sido los mismos en su dimensión económica, política y social, ni tampoco sus recursos para desarrollarlas, como se ha visto hasta ahora. ¿De qué depende que las organizaciones delictivas sean más o menos violentas? ¿Las lógicas económicas para ganar oportunidades en los mercados negros influyen en los vínculos que construyen con los campos políticos, de seguridad o con la sociedad civil? ¿Las estrategias de Estado para contener la criminalidad pueden volverse factores vitales para acrecentar o disminuir las tácticas de violencia de las organizaciones delictivas? ¿Qué papel han desempeñado las fuerzas armadas en el territorio desde su incursión?

En la entidad, las configuraciones de redes -entre la esfera política, económica y de seguridad- y el comportamiento criminal pueden dar algunas claves para contemplar cómo las organizaciones delictivas utilizan o no el recurso de la violencia en sus zonas de interés y a partir de qué situaciones la lógica económica de actividades ilegales se privilegia.²⁵ En este sentido, en los momentos de mayor confrontación y “escisión” de los grupos criminales en el estado, entre 2009 y 2018, los niveles de violencia, los ataques y el amedrentamiento contra la población civil se volvieron la táctica operativa de los grupos delictivos, donde la incursión de las fuerzas federales fue necesaria. Pero a partir de los últimos tres años, entre 2019 y 2021, se produjo un descenso significativo tanto en los niveles de homicidios como en los de secuestros, contradictoriamente con el aumento de flujos migratorios ilegales y desapariciones en la entidad.²⁶ Esto colocó a la entidad como una de las más seguras del país para el año 2021. ¿Qué se modificó? ¿La estrategia de seguridad por parte del Estado produjo una reconfiguración en las lógicas delictivas y afectó las operaciones a nivel local de los grupos criminales? Para el año 2019 el número de organizaciones delictivas que operaban en la zona era el mismo que se había configurado desde finales de 2014, con sus transformaciones internas (^{Dalby, 2021}). A su vez, la presencia de fuerzas federales en la entidad mantenía su apoyo y coordinación en seis bases, ubicadas en Reynosa, Nuevo Laredo, Matamoros, Victoria, Tampico y Madero.²⁷ En el estado se inició un proceso para desarrollar policías confiables para apoyar en tareas de seguridad ciudadana, que no termina de concretarse (^{Gobierno del Estado de Tamaulipas, 2021}).²⁸

Para finales del año 2018 se pueden trazar cambios en las dinámicas y logísticas delictivas, de la mano del comportamiento criminal en algunas zonas de la entidad. Por una parte, las rutas de tráfico de migrantes comenzaron a sufrir alteraciones y redes logísticas criminales aparecieron, a partir de dinámicas que involucraban a nuevos agentes. Como ejemplo de esto se pueden estudiar la apertura de rutas de tráfico de migrantes que del 2019 al 2022 se reportaron por parte de las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado. En este sentido, las diez rutas se configuran desde los vínculos de la zona sur-centro de la entidad y posibilitan diez caminos distintos para llegar a la frontera chica del estado. En este sentido, el tráfico migratorio se vuelve un negocio relevante, que implica ganancias recurrentes a las organizaciones delictivas que operan en el estado, pero no solo eso, internamente, estas actividades generaron redes operativas de complicidad que se han detectado en los últimos tres años (^{Reséndiz, 2022}).²⁹

Por otra parte, el tráfico de fentanilo en el estado tuvo un aumento considerable, lo cual pudo haber incrementado nuevos intereses económicos ilegales para las organizaciones delictivas. Así, la producción de fentanilo se ha vuelto atractiva para los agentes criminales, debido a su bajo costo -en laboratorios- y a que no depende de ciclos naturales, como es el caso de la cocaína. El tráfico de fentanilo ha tenido un desarrollo considerable en el país, donde organizaciones delictivas han logrado distribuir dicho narcótico mediante redes sociales, aprovechando las nuevas condiciones estratégicas que la actualidad les ofrece. De conformidad con estas novedades en los mercados de la oferta y la demanda, las reglas de transformación y operación entre las organizaciones criminales y la sociedad se transforman, proponiendo variaciones no siempre positivas para la interpenetración con otros sistemas (^{Deleuze, 2016}, pp. 28-32). En este sentido, la aparición de nuevos precursores químicos y tecnologías de comunicación necesariamente altera las lógicas operativas delictivas y, a su vez, sus mecanismos para competir en los mercados de la oferta y la demanda, al amparo, de ser necesario, de nuevas redes de complicidad (^{Castañeda, 2021}).³⁰ En el caso de Tamaulipas, la producción y el tráfico de fentanilo fueron detectados por las instituciones de seguridad a finales de 2018 y principios de 2019. El producto provenía de Culiacán, Sinaloa, vía San Luis Potosí, con destino a Matamoros, Tamaulipas. A su vez, en 2019 se localizaron cargamentos que contenían este precursor por el puerto de Altamira, Tamaulipas (^{El Sol de San Luis, 2019}). A partir de 2019, Reynosa, Tamaulipas, fue señalado por las autoridades americanas como el centro de distribución de este precursor químico en la entidad (^{Expreso, 2019}).³¹ Así, las variaciones y transformaciones de las organizaciones criminales, de conformidad con la oferta y la demanda, generan nuevas formas de articular tácticas para competir en los negocios de tráfico ilegal de sustancias, para lo cual requieren de nuevos presupuestos operativos: armamento, tácticas violentas y esquemas de cooptación de instituciones para habilitar oportunidades que les permitan competir en la incursión de nuevas prestaciones económicas delictivas (^{Gómez, 2021}).³²

Como lo hemos propuesto a partir de un análisis de reflexión sistémica en esta aproximación de segundo orden, las trasformaciones logísticas y operativas de las organizaciones delictivas atienden a factores que alteran sus propias condiciones de posibilidad organizativa: soportes materiales, mercados, instituciones y valoraciones sociales sobre consumo y estrategias de contención en el ámbito de la seguridad. De este modo, no solo se trata de meras voluntades independientes que deciden juntarse a delinquir, sino de todo un entramado que se organiza, transforma y reconfigura relacionalmente con otros subsistemas y reacciona frente a su entorno. Como lo refiere ^{Luhmann (2015}), en la construcción de sistemas sociales debemos recurrir a los procesos evolutivos, donde las estructuras sistémicas tienen funciones centrales en cuanto combinan sus “propiedades” de la mano de su génesis de sistemas complejos que ofrecen, así, posibilidades operativas infinitas que pueden ser utilizadas selectivamente, de ahí que estas condiciones sean satisfechas por los sistemas interactivos, que a partir de sus procesos de interpenetración pueden ser estructurados, sin ser necesariamente determinados, lo cual se socializa en la percepción común sobre necesidades a satisfacer social o asocialmente que la sociedad autoorganiza (Luhmann, 2015, pp. 46-47).

Conclusiones

Este análisis de segundo orden buscó trazar una radiografía en torno a la organización y reconfiguración del fenómeno criminal en el estado de Tamaulipas y los efectos que se producen en las localidades. En este sentido, se privilegiaron las lógicas operativas delictivas y sus marcos de acción, a partir de sus esquemas de cooptación territorial y operaciones económicas delictivas. Así, a través de una aproximación sociohistórica y una reflexión sistémica se pueden estudiar las variaciones -formas- que los grupos criminales implementan, a partir de sus operaciones de inclusión y exclusión en relación con otros sistemas -político, económico, social-, sus reconfiguraciones de estructuras operativas, en vías de generar controles territoriales y ganancias en algunos casos más violentos que otras, privilegiando actividades ilegales, conforme a las reglas de oferta y demanda de los mercados ilícitos, auspiciados por la flexibilidad en los controles políticos y sus mecanismos operativos, que en algunos casos se enfocan contra la población civil y en otros en la dimensión de la extracción económica parasitaria, o en ambos.

Por otra parte, las redes de contubernio entre las esferas económicas, políticas y criminales han sido un elemento de análisis crucial para comprender cómo pueden generar nuevos comportamientos en las lógicas delictivas, de conformidad con los niveles de contención -mediante acuerdos o contrapesos- que los actores políticos logren establecer e imponer en las dinámicas de los grupos criminales. Casos históricos en la entidad lo demuestran desde los años noventa, cuando los niveles de violencia se exacerban y logran ser contenidos, a partir de acuerdos de intervención o de no intervención en las economías ilegales que las lógicas delictivas implementan, aumentando o disminuyendo los niveles de violencia. La historia de la vida política y las redes de contubernio en el estado de Tamaulipas es un ejemplo interesante para estudiar los contrapesos y las alteraciones en las lógicas y los mecanismos de operación criminal, que no han mantenido una constante en su comportamiento.

Nos interesó no solo observar las transacciones entre individuos como miembros de una sociedad, sino también analizar, a partir de las operaciones de inclusión y exclusión -mirada de segundo orden-, que los propios sistemas sociales regulan sus diferencias relacionales con otros subsistemas, así como estudiar los efectos sociales y los problemas estructurales específicos que se desarrollan en una sociedad funcionalmente diferenciada, a partir del fenómeno criminal como irritación (^{Urteaga, 2010}, p. 313) en el sistema social.

En nuestros tiempos, concebimos que

una sociedad funcionalmente diferenciada es capaz de producir y tolerar desigualdades extremas en la distribución de sus bienes, tanto privados como públicos. Pero la semántica de este tipo de sociedad pone a dicho efecto dos restricciones: por un lado, es visto como algo solo temporal y susceptible de modificarse rápidamente, por otro, se considera un fenómeno limitado, a los concretos ámbitos funcionales, entre los cuales se interponen discontinuidades a la interdependencia. (Lumann, 1998, p. 6)

Es así como esta aproximación permite analizar el fenómeno criminal como ruido que altera las relaciones con otros sistemas y, a su vez, desarrolla posibilidades, a partir de reglas de transformación o variación, que contribuyen a desestabilizar los espacios y a producir otros. Por otra parte, desde esta observación de observaciones pudimos estudiar que las relaciones de producción de violencia contra la población civil se atribuye a factores variables, que no necesariamente corresponden a una lógica horizontal, sino a condiciones espaciales, privilegiadas por la inercia de los mercados y las flexibilidades de los sistemas políticos y sociales, lo cual implica que la disminución de los niveles de violencia no signifiquen un estado de mejora paulatina en los espacios de operación, sino una nueva relación espacial reconfigurada a partir de la gestión de las actividades delictivas. Así, estas aproximaciones muestran las variaciones relacionales que el fenómeno criminal ha articulado, desarticulado y reorientado a partir de nuevas condiciones de posibilidad que permiten desarrollar vínculos inestables e inciertos con su entorno.

Estas formas de operación-distinción, que estudiamos desde una observación sociohistórica y socioepistemológica (^{Mendiola, 2000}, p. 205), permiten analizar cómo las actividades delictivas, su cooptación y su gestión en los espacios locales se modificaron con el paso del tiempo y no necesariamente se mantienen estables jerárquicamente. Esto se puede evidenciar a partir de un análisis sobre cómo en la actualidad acciones que pudieran parecernos “incómodas” o “perturbadoras” (Luhmann, 1998, p. 8) quedan como remanentes de viejas prácticas que organizaron a los subsistemas operativos y funcionales entre diferentes campos criminal-políticos o criminal-económicos en su interacción, promoviendo oportunidades para delinquir, a partir de relaciones de reciprocidad y ruptura de estas, en las cuales las operaciones de diferenciación entre estos subsistemas y sistemas y su entorno generaron posibilidades tanto en la esfera legal como ilegal, de oferta y demanda, que condicionaron la disolución de antiguos órdenes relacionales en favor del desarrollo de otros.

La intervención de las variaciones operativas delictivas, a su vez, permite observar si los modelos de seguridad implementados en el estado están teniendo incursión en las formas de redefinir o no las operaciones delictivas, lo cual, a nivel local, puede percibirse. Observar la observación del crimen como irritación permite ver bajo qué factores exógenos o endógenos se reconfigura, dando la oportunidad de hacer autorreflexiones sobre los modelos de seguridad y su efectividad en los espacios de incidencia. Por otra parte, renovar las aproximaciones analíticas y de categorías de estudio al fenómeno criminal puede contribuir a condicionar nuevos paradigmas y formas de problematización para aproximarnos a una comprensión distinta, que implique no aludir a clasificaciones y formas de referir a partir de esquemas jerárquicos y relacionales solamente, sino también a partir de relaciones sistémicas que permitan repensar a partir -no de estratos, sino de funciones diferenciadas- cómo se organiza y opera la criminalidad en entornos que no cesan de transformarse.