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Introducción. Hacia la definición del problema
Durante 2017, las muertes por autoagresión invadieron la escena penitenciaria federal argentina: ese año, se registraron diez fallecimientos por ahorcamiento solo en el Complejo Penitenciario Federal I (CPF I) de Ezeiza, una de las principales cárceles federales del país, duplicando la media registrada en los ocho años anteriores en la misma prisión. Fue, además, junto a 2014, el año con mayor cantidad de muertes por autoagresión en la totalidad del Servicio Penitenciario Federal (SPF), con quince casos.
Entre el 1º de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2018, 425 personas fallecieron mientras se encontraban detenidas bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal argentino. Esto supone una tasa anual que ha oscilado entre las 31 y las 57 muertes cada 10.000 personas detenidas, valores similares a los registrados en Uruguay para el período 2010-2018 -con tasas que han variado entre las 30 y las 61 muertes anuales cada 10.000 personas presas- y muy superiores a las que arrojan las estadísticas más actualizadas para Brasil (Departamento Penitenciário Nacional, 2017, p. 67). De acuerdo con las estadísticas del Consejo de Europa, la media de muertes anuales bajo custodia en ese continente para el año 2016 es de 29 cada 10.000, con registros especialmente elevados en Estados como Serbia, Moldavia y Armenia (Aebi, Tiago y Burkhardt, 2017, p. 115). Gráfico 1
Fuentes: Para Argentina, se calculó el promedio de fallecimientos en el SPF para el período 2009-2018 según los datos registrados por la Procuración Penitenciaria de la Nación; para Uruguay, se calculó para el período 2010-2018, de acuerdo con los datos suministrados por el Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario; para Brasil, los datos son relativos al año 2015, según Departamento Penitenciário Nacional (2016); para Europa, los datos son relativos al año 2016, según Aebi, Tiago y Burkhardt (2017)
Gráfico 1. Tasa de muertes bajo custodia cada 10.000 personas detenidas, por país
De acuerdo con una clasificación tradicional, las muertes pueden ser catalogadas como violentas o no violentas, dependiendo de si existió un factor externo que las provocó o de si, en cambio, fueron consecuencia de un proceso patológico (Procuración Penitenciaria de la Nación, 2016, p. 237). Las muertes violentas, asimismo, pueden ser categorizadas principalmente como homicidios -en los que la autoría material puede ser de otra persona detenida o de oficiales penitenciarios-, autoagresiones -entre las que posible diferenciar entre suicidios y muertes autoprovocadas en el marco de medidas extremas de fuerza, pero en las que la víctima no tenía intención de quitarse la vida, sino de forzar una intervención concreta y urgente- y muertes violentas accidentales, una categoría residual que incluye desde caídas de altura, electrocuciones y atragantamientos, hasta muertes por sobredosis. En la década analizada, las estadísticas de la Procuración Penitenciaria de la Nación registran 189 muertes violentas: 75 suicidios, 58 homicidios, 26 muertes por autoagresión en el marco de medidas de fuerza, 17 accidentes y 13 muertes violentas dudosas, para las que el organismo de control no ha alcanzado una categorización definitiva (Procuración Penitenciaria de la Nación, 2019). Gráfico 2
Fuente: Base de datos de fallecimientos en prisión (Procuración Penitenciaria de la Nación).
Gráfico 2. Muertes bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal, totales y violentas, 2009-2018
En la década analizada, entonces, y para lo que interesa en este trabajo, 107 casos pueden ser definidos como muertes por autoagresión bajo custodia penitenciaria en el Sistema Penitenciario Federal, resultado que surge de reunir en esa categoría los suicidios y las autoagresiones en el marco de medidas de fuerza y excluir aquellas muertes autoinfligidas accidental o involuntariamente. Gráfico 3
Fuente: Base de datos de fallecimientos en prisión (Procuración Penitenciaria de la Nación)
Gráfico 3. Muertes bajo custodia por autoagresión y su incidencia en la totalidad de fallecimientos bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal, 2009-2018
Esas muertes muestran una tasa anual que varía entre 7 y 14 cada 10.000 personas detenidas, valores nuevamente similares a los registrados en Uruguay -3 a 14 cada 10.000 en el período 2010-2018- y muy superiores a las últimas estadísticas actualizadas en Brasil (Departamento Penitenciário Nacional, 2017, p. 67). Las cifras del Consejo de Europa informan de una media continental de 5 suicidios cada 10.000 personas detenidas, valor que al menos se duplica en ciertos estados centrales como Francia, Alemania, Países Bajos e Inglaterra y Gales (Aebi, Tiago y Burkhardt, 2017, p. 117). Gráfico 4
Fuentes: Para Argentina, se calculó el promedio de fallecimientos en el SPF para el período 2009-2018 según los datos registrados por la Procuración Penitenciaria de la Nación; para Uruguay, se calculó para el período 2010-2018, de acuerdo con los datos suministrados por el Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario; para Brasil, los datos son relativos al año 2015, según Departamento Penitenciário Nacional (2016); para Europa, los datos son relativos al año 2016, según Aebi, Tiago y Burkhardt (2017)
Gráfico 4. Tasa de muertes por autoagresión bajo custodia cada 10.000 personas detenidas, por país
El Servicio Penitenciario Federal, administración que reúne todas las cárceles dependientes del Estado nacional en Argentina, está compuesto por 32 establecimientos a lo largo y ancho del territorio. Como consecuencia de la estructura federal del Estado argentino -lo que lo acerca en la región al sistema brasilero y lo distancia de los sistemas uruguayo y chileno-, cada provincia cuenta además con sus propios centros de detención, en muchos casos como estructuras penitenciarias independientes y en otros como secciones dentro de las fuerzas policiales locales. Precisamente, para diferenciar al sistema federal de las prisiones provinciales, se utilizan aquí como sinónimos del Servicio Penitenciario Federal las expresiones sistema penitenciario nacional o federal.
La muerte por autoagresión se registra en la mitad de las 32 cárceles del sistema federal, incluidos establecimientos para jóvenes y adultos, hombres y mujeres, de mediana y de máxima seguridad. Sin embargo, 65 de las 107 muertes registradas se concentran en solo dos establecimientos, CPF I, de Ezeiza, y CPF II, de Marcos Paz, lo que permite advertir que el fenómeno se encuentra disperso por todo el sistema penitenciario federal, aunque especialmente concentrado a la vez en algunas prisiones específicas.
Estrategia metodológica
Este trabajo se concentra en las muertes bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal argentino causadas por autoagresión, definición que incluye a aquellas catalogadas como suicidios y a las autoagresiones en el marco de medidas de fuerza.
Aun con diferencias sustanciales -el segundo grupo, al decir de Liebling, reúne muertes en las que aquellos que se lastiman desean vivir y no morir (1992, p. 22)-, ambos tipos de muerte se entrelazan mediante una estructura común: es posible hipotetizar que la autoagresión es el resultado de presiones estructurales, sumadas a vulnerabilidades personales para lidiar con el sistema penitenciario, que avanzan hacia el acto a partir de eventos desencadenantes que la precipitan. Además de la matriz que comparten ambos fenómenos, el material a disposición del organismo de control en el momento de la clasificación es en muchos casos limitado, la definición en cada caso concreto no deja de ser una decisión subjetiva y la diferencia en muchos de ellos resulta demasiado tenue como para asumir los riesgos que supondría su tratamiento por separado: la posibilidad de contabilizar falsos positivos o desechar falsos negativos. Cierta literatura específica, de hecho, opta por borrar esa distinción y considera toda autoagresión como suicidio. Scott y Codd (2010, citados en Drake, 2018, p. 164), por ejemplo, sostienen que la mayoría de los suicidios en prisión son esencialmente accidentados pedidos de ayuda.
La principal fuente de información para este trabajo es el análisis realizado sobre las investigaciones administrativas iniciadas por la Procuración Penitenciaria de la Nación ante cada muerte por autoagresión bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal.
La Procuración Penitenciaria de la Nación es el organismo estatal encargado de la promoción y la protección de los derechos humanos en el sistema penitenciario nacional argentino. Entre sus tareas está la aplicación de un procedimiento estandarizado ante cada caso registrado de muerte bajo custodia penitenciaria. Además, interviene en las causas judiciales que se inician en consecuencia, en algunas ocasiones asumiendo el rol de querellante. Cada muerte registrada supone el inicio de un expediente administrativo en la Procuración Penitenciaria, que incluye entre sus estrategias la inspección de la prisión, la entrevista en condiciones de confidencialidad a personas detenidas, la obtención de documentación administrativa y el seguimiento de la causa judicial iniciada ante el fallecimiento.
Para este trabajo, se relevaron los expedientes administrativos iniciados ante las 107 muertes por autoagresión registradas en el período 2009-2018. La fecha de inicio fue definida por la puesta en vigor del mencionado procedimiento. Las investigaciones administrativas, que incluyen trabajo de campo realizado en 16 cárceles federales, reúnen datos objetivos cuantitativos registrados para cada caso -información personal y judicial, registros de agresiones previas o imposiciones de regímenes de aislamiento-, pero, principalmente, las percepciones sobre el fallecido de otras personas detenidas, familiares y funcionarios penitenciarios entrevistados, relativas a los factores personales y situacionales que podrían haber desencadenado la autoagresión. Se ha asumido así una estrategia de triangulación de métodos de investigación (Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio, 1995, p. 439).
Aun con sus limitaciones, se trata de la única fuente disponible en el ámbito federal, con información consistente y para todo el universo de muertes bajo custodia, lo que explica el potencial de su utilización en un contexto signado por la falta de información estadística rigurosa y disponible (Gual, 2016).
Este trabajo se ha propuesto, en consecuencia, rastrear en esas investigaciones administrativas los registros objetivos y las percepciones de las personas detenidas sobre los factores personales que definen el riesgo de autoagresión, las situaciones de encierro que provocan un mayor nivel de estrés y explican en gran medida el paso a la autolesión, así como los desencadenantes que precipitan las muertes bajo custodia.
Algunas preguntas iniciales guiaron este proceso: ¿Qué factores individuales se encuentran presentes en las muertes por autoagresión bajo custodia penitenciaria federal en Argentina? ¿Qué dimensiones del régimen penitenciario pueden ser consideradas factores situacionales que provocan un mayor nivel de estrés y contribuyen a explicar esas muertes? ¿Qué desencadenantes se registran? ¿Cuáles de ellos demuestran una mayor incidencia en el fenómeno? ¿Cómo han respondido las autoridades estatales ante cada uno de esos factores? ¿En qué medida las autoridades estatales pueden ser consideradas responsables por haber profundizado condicionamientos personales, generado estrés carcelario u omitido intervenir ante distintos desencadenantes para evitar los resultados más graves?
Aun cuando parte de las preguntas antes enunciadas queda respondida por los informes anuales de la Procuración Penitenciaria de la Nación (2016, 2018), se encuentra todavía pendiente en Argentina un trabajo académico que sume a las preocupaciones de este organismo de control una mirada teórica y analítica más profunda sobre las muertes por autoagresión.
Estado del arte
Diversos estudios llevados adelante en el norte global han intentado avanzar sobre parte de estos problemas de investigación. Desde la década de 1990, la muerte bajo custodia penal se ha consolidado como un tema de interés para la sociología del castigo anglosajona, principalmente británica (Liebling, 1992; 1998; Liebling y Ward, 1994). Mediante una evaluación diferenciada de las muertes bajo custodia policial o penitenciaria (Liebling, 1998), la literatura se ha concentrado principalmente en algunas modalidades de fallecimiento, como los suicidios (Liebling, 1992), y también en ciertas víctimas específicas, colectivos particularmente vulnerados por el sistema penal, como los jóvenes (Goldson, 2006), los afrodescendientes en el Reino Unido (Moss, 2006) y las comunidades de pueblos originarios en Australia (McDonald, 1998; Cunnen, 2006).
Las investigaciones administrativas y judiciales de las muertes bajo custodia, por su parte, han demostrado globalmente una escasa gravitación como objeto de estudio. Se destacan, por oposición, los trabajos británicos que han indagado en los procedimientos inquisitoriales denominados inquest, investigaciones destinadas a conocer las circunstancias en que las muertes violentas se producen -y, en este caso, aquellas bajo custodia-, antes de la decisión de iniciar actuaciones judiciales por posibles reproches penales (Ryan, 1998; Liebling, 1992, p. 86).
En Argentina se registran escasas investigaciones sobre la ocurrencia de muertes bajo custodia penitenciaria. Se observan algunas reflexiones más amplias sobre fallecimientos causados por el sistema penal (Zaffaroni, 1993) o mucho más concretas, pero pensadas para otras fuerzas de seguridad, como la policía (Daroqui, 2009). Sobre muertes bajo custodia penitenciaria, la literatura local se limita en buena medida a dos trabajos sobre un mismo crimen de Estado: el asesinato por agentes penitenciarios de 64 personas detenidas en la cárcel de Devoto en 1978, en la denominada Masacre del Pabellón Séptimo (Neuman, 1985; Cesaroni, 2013).
Este vacío en el ámbito académico local se ha visto parcialmente contrarrestado por el trabajo de diversas instituciones y organismos de derechos humanos que producen información empírica rigurosa sobre fallecimientos bajo custodia, aunque suelen limitarse a jurisdicciones particulares y mantienen como cuenta pendiente el avance en la reflexión teórica sobre el fenómeno.
Concentrando la atención en las muertes bajo custodia por autoagresión, es sin dudas Suicides in prison (Liebling, 1992) la investigación más compleja disponible sobre este objeto de estudio. Durante la década del ochenta, los suicidios de jóvenes bajo custodia penitenciaria estallaron como problema mediático y se volvieron parte de la agenda pública en el Reino Unido (Liebling, 1992, p. 1). A partir de un trabajo de campo desplegado en cuatro prisiones para adultos jóvenes en Inglaterra y Gales, que incluyó ciento ochenta entrevistas con agentes penitenciarios y personas detenidas, la investigación permitió comprender al suicidio bajo custodia como el resultado de la complementación entre factores personales, condiciones situacionales producidas por un cierto nivel de estrés carcelario y eventos desencadenantes concretos, en muchas ocasiones considerados problemas triviales.
(Liebling, 1992, p. 128)“Se demostró que los detenidos más vulnerables pueden encontrarse a menudo en las peores situaciones, muchos sin trabajo ni actividad alguna dentro de la prisión, y manteniendo poco contacto con sus familiares. Hacen pocos amigos, experimentan mayores dificultades con otros detenidos y describen su experiencia en prisión como especialmente estresante. Combinadas con los efectos de la falta de esperanza, sus historias, su situación de encierro actual y su inhabilidad para generar soluciones a sus problemas, impulsan a los jóvenes detenidos al suicidio. Desencadenantes situacionales pueden ser decisivos en un intento de suicidio en diferentes momentos, dependiendo de su vulnerabilidad y los niveles de estrés que experimenta en la prisión.”
La íntima relación entre autoagresiones y dificultades para lidiar con la privación de libertad (to cope) ha sido indagada en la literatura especializada del norte global, incluso antes de las investigaciones de Liebling (Zamble y Porporino, 1988).
Este trabajo busca contribuir a completar uno de los tantos vacíos en la temática en el contexto argentino: indagar en qué medida las conclusiones alcanzadas por Alison Liebling resultan una guía adecuada para comprender los factores personales y estructurales que inciden en las muertes por autoagresión bajo custodia penitenciaria.
Factores explicativos
En su trabajo para el contexto británico, Liebling logró identificar que las muertes por autoagresión resultaban en parte consecuencia de una situación de especial vulnerabilidad vivenciada por ciertas personas detenidas. Pese a ello, la investigación acabó poniendo un mayor énfasis en el impacto del estrés carcelario:
(Liebling, 1992, p. 84).“(…) a medida que las investigaciones sobre suicidios bajo custodia han progresado, más variables situacionales han sido agregadas a la lista de factores que pueden predecir las autoagresiones, y las investigaciones comenzaron a sugerir cautelosamente que un detenido suicida puede ser difícil de predecir, pero una situación suicida puede serlo mucho menos.”
Además, para la autora, ciertos eventos, representados en muchas ocasiones por los mismos actores como triviales, operan como desencadenantes situacionales para el paso de una situación de vulnerabilidad en un contexto de estrés carcelario a una autoagresión.
(Liebling, 1992, p. 169).“El desencadenante a un intento de suicidio puede consistir en algo aparentemente ‘trivial’: una amenaza de otro detenido, una carta pesimista, una visita que no se materializa, demasiado tiempo solo, una noche de insomnio, pero el contexto para ese desencadenante es un estado emocional de desesperanza. El momento en que el estrés provocado por la prisión se vuelve intolerable varía, y el dolor del encarcelamiento puede variar según la situación de la persona detenida y sus recursos para enfrentarlo.”
El relevamiento de diez años de muertes por autoagresión bajo custodia penitenciaria en el ámbito federal argentino ha permitido constatar la presencia de factores personales, situacionales y desencadenantes, así como la reiteración de prácticas estatales que los crean y refuerzan, mientras omiten intervenir oportuna y adecuadamente. A continuación, se enumeran los factores más reiterados y relevantes, y se evalúan continuidades y rupturas con las conclusiones alcanzadas por Liebling en las prisiones para jóvenes en Inglaterra y Gales.
Factores personales
En la enumeración recuperada por Liebling se incluyen entre los antecedentes biográficos y personales un reducido apoyo familiar y un notorio aislamiento respecto de las relaciones con el exterior, incluso antes de la detención; baja autoestima, impulsividad, propensión a la ansiedad y la depresión, y antecedentes de tratamiento psiquiátrico; limitada perspectiva de futuro y poco tiempo destinado a pensar en él; y poca capacidad de adaptación al encierro, reflejada especialmente en las dificultades para obtener una ocupación y hacer nuevas amistades (1992, p. 236).
Al igual que en la investigación desarrollada por Liebling, las variables sociodemográficas han demostrado una escasa relevancia en la ocurrencia de muertes por autoagresión bajo custodia penitenciaria en Argentina, aun con los riesgos estadísticos que supone la valoración de un universo reducido de poco más de cien casos.
Las mujeres y las personas extranjeras se encuentran subrepresentadas entre las víctimas de muertes por autoagresión, al compararlas con las estadísticas oficiales para todo el servicio penitenciario federal: mientas las mujeres representan el 8% y los extranjeros el 20% de las personas detenidas en el SPF, pertenecen a esos colectivos el 5% y el 8% de las víctimas de muertes por autoagresión, respectivamente. Por su parte, las personas jóvenes están sobrerrepresentadas: mientras el 14% de las personas detenidas en el SPF son menores de 24 años, el 32% de las víctimas puede ser incluido en ese rango etario.
No se evidencia sobrerrepresentación alguna asociada a la situación procesal de la persona fallecida por autoagresión: carecía de condena firme el 55% de las víctimas y ese colectivo representa el 57% de la totalidad de las personas detenidas bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal. La sobrerrepresentación de víctimas que estaban cumpliendo condenas menores a los tres años de prisión podría permitir asociar ese tipo de pena a ciertas dificultades para lidiar con la privación de libertad, aunque similar sobrerrepresentación se observa con respecto a las condenas largas, en particular para aquellas de entre 8 y 20 años.
La sobrerrepresentación de víctimas acusadas de cometer delitos contra la propiedad y la subrepresentación de personas acusadas de infracciones a la Ley de Drogas podría permitir hipotetizar un vínculo entre nivel de violencia en el delito cometido y muertes por autoagresión. Sin embargo, esta lectura parece refutarse por la ausencia de sobrerrepresentación entre las personas acusadas de otros delitos violentos, como las lesiones y homicidios, las agresiones sexuales y los secuestros.
Otros factores personales, por el contrario, han demostrado una relación mayor con las muertes por autoagresión bajo custodia penitenciaria. Al menos veintiuna investigaciones administrativas registran testimonios de familiares u otras personas detenidas que perciben que la víctima se encontraba deprimida o ansiosa o presentaba rasgos de impulsividad. De acuerdo con los registros de entrevistas en las investigaciones administrativas consultadas, al menos seis personas fallecidas tenían un reducido contacto con sus familias incluso antes de ser detenidas. Cuatro presentaban distintas alteraciones en su interrelación personal cotidiana que eran representadas por las personas entrevistadas como patologías de salud mental, seis registraban antecedentes de intentos de suicidio antes de ser detenidas y trece experimentaban una situación de consumo problemático que se extendía en muchos casos incluso durante la privación de libertad.
“Él estaba depresivo, y estaba así porque estaba ciego, además estaba esperando unos estudios y no se los hacían, es decir, no le daban importancia a lo que tenía y él siempre hablaba conmigo y yo le levantaba el ánimo (…).” (Testimonio de persona detenida ante la Procuración Penitenciaria de la Nación. Muerte por ahorcamiento. Unidad n.º 7 de Resistencia, marzo de 2012. Expediente administrativo EF 134/PPN/12)
“Tenía un tiro en la nuca y estaba medio inválido. Decía que lo habían arruinado, que no quería vivir más.” (Testimonio de persona detenida ante la Procuración Penitenciaria de la Nación. Muerte por ahorcamiento. Complejo Federal para Jóvenes Adultos, diciembre de 2017. Expediente administrativo EF 415/PPN/17)
“Sobre el vínculo con el afuera, los profesionales señalaron que la familia era de la Provincia de Chubut, en la localidad de Gral. Sarmiento. Destacaban que no tuvo visitas durante la detención -vivía en situación de abandono ya antes-, y solo una vez recibió una carta con encomienda. Una vez lo entrevistó el juez provincial, junto con su secretario.” (Informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Muerte por ahorcamiento en Servicio Psiquiátrico para Varones, junio de 2012. Expediente administrativo EF 140/PPN/12)
“El tipo no hablaba con nadie. Un mes y pico estuvo. Le faltaba un tornillo, no hablaba con nadie, no tenía nada. Caminaba de un lado para el otro, no socializó con nadie. Solo observaba a todos, caminando de un lado para el otro. No aceptaba nada de nadie, no hablaba con nadie.” (Testimonio de persona detenida ante la Procuración Penitenciaria de la Nación. Muerte por incendio. CPF I de Ezeiza, diciembre de 2016. Expediente administrativo EF 371/PPN/16)
“Ella lo que pensó es que se había cortado o algo parecido, lo que no se imaginó era que iba a estar colgada (…) porque era muy impulsiva y ya había tenía esos arranques.” (Declaración judicial de persona detenida. Muerte por ahorcamiento. CPF IV de Mujeres, febrero de 2009. Expediente administrativo EF 4/PPN/09)
“El encierro les hace mal a los pibes que recién ingresan. Algunos vienen con alguna adicción de la calle (‘paqueros’), piensan cualquier cosa, cuando les abren (la celda) están alterados y muertos de hambre.” (Testimonio de persona detenida ante la Procuración Penitenciaria de la Nación de persona detenida. Muerte por caída de altura. CPF II de Marcos Paz, agosto de 2009. Expediente administrativo EF 22/PPN/09)
Fuente: Investigaciones administrativas ante fallecimientos en prisión (Procuración Penitenciaria de la Nación)
Gráfico 5. Factores personales observados en casos de muerte por autoagresión bajo custodia penitenciaria. Registros objetivos y subjetivos, 2009-2018
Pese a los niveles de subregistro que las investigaciones administrativas compulsadas puedan detentar, el Gráfico 5 permite advertir ciertos factores personales especialmente relevantes en la ocurrencia de muertes por autoagresión bajo custodia: registros objetivos de consumo problemático e intentos de suicidio previos a la detención, así como percepciones de terceros sobre cuadros anímicos, alteraciones en la salud mental y escaso contacto social y familiar antes de ingresar al sistema penitenciario.
La lectura de los registros anteriores se enfrenta con una complejidad propia de este tipo de trabajos: las dificultades para identificar si las vulnerabilidades percibidas por las personas entrevistadas preexisten a la prisión o son agravadas o provocadas por el encierro. Sin poder arribar a afirmaciones concluyentes al respecto, esos factores individuales de ningún modo eximen la responsabilidad estatal: los funcionarios judiciales y penitenciarios resultan, de acuerdo con la normativa vigente, responsables de identificarlos oportunamente y diseñar estrategias para reducir su impacto negativo.
Factores situacionales
Como observó Liebling, los factores situacionales que predisponen a las autoagresiones bajo custodia resultan más previsibles que los individuales. El análisis de las investigaciones administrativas ante muertes por autoagresión bajo custodia en Argentina también ha aportado indicios que permiten sostener el mayor impacto que genera el régimen penitenciario como productor de estrés.
A lo largo de este trabajo, se utiliza la noción de estrés carcelario como el conjunto de experiencias y representaciones asociadas al régimen penitenciario que generan en la persona detenida una mayor dificultad para lidiar con el encierro. Entre los factores situacionales y las dimensiones del régimen penitenciario asociados a suicidios, Liebling ha remarcado los siguientes: quiebre de relaciones y pérdida de contacto familiar; incertidumbre y miedo respecto de la situación de encierro; hastío y soledad; victimización por otros detenidos, aislamiento y falta de actividades; y malas condiciones de detención (1992, p. 236).
En los registros que integran las investigaciones administrativas consultadas, por su parte, las muertes por autoagresión bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal se han visto asociadas fuertemente a diversas dimensiones de la vida en prisión. Al menos dieciocho de las personas fallecidas por autoagresión habían sufrido durante su privación de libertad agresiones físicas de parte de personal penitenciario, trece habían sido victimizadas por otras personas detenidas y misma cantidad había sido sometida a regímenes de aislamiento constante durante buena parte del tiempo de encierro. En cuatro investigaciones, los entrevistados relacionaron el estrés sufrido por la persona fallecida con las malas condiciones edilicias y de higiene, en tres al sometimiento a traslados constantes entre prisiones y en una a la interrupción intempestiva del acceso de la víctima a actividades laborales.
(Informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Muerte por ahorcamiento. CPF II de Marcos Paz, febrero de 2014. Expediente administrativo EF 240/PPN/14)“Luego de una grave lesión por herida de arma blanca en su brazo, producto de un conflicto entre detenidos en septiembre de 2012, en octubre de 2013 volvió a sufrir torturas físicas en la Unidad Residencial IV del CPF I de Ezeiza, para ese entonces destinada ya a detenidos adultos. En la denuncia que aceptó radicar judicialmente, relató que el 31 de octubre había mantenido una discusión con agentes penitenciarios que insultaron a su madre. Luego de eso, prendió fuego un colchón en señal de protesta. Minutos más tarde, ingresó al pabellón un grupo de treinta agentes del cuerpo de requisa, con los escudos y cascos habituales, sin identificación, quienes entraron efectuando aproximadamente siete disparos de escopeta que impactaron en el cuerpo de la víctima, produciéndole heridas en las piernas. (…) Producto de estos impactos, la víctima cae al piso y entre seis y siete agentes del SPF se le tiraron encima, le aplicaron gas pimienta en la cara y lo golpearon con una Ithaca en la cabeza. También mientras seguía sujetado y en el piso, le pegaron con bastonazos en los pies, en los genitales y en la cabeza, produciéndole la pérdida del conocimiento.”
(Testimonio de persona detenida ante la Procuración Penitenciaria de la Nación. Muerte por ahorcamiento. Sector para jóvenes en CPF I de Ezeiza, mayo de 2010. Expediente administrativo EF 64/PPN/10)“Estaba hacía unos dos días, lo iban a llevar a pabellón al otro día. Si sos ingreso, entrás de madrugada. En Módulo IV (de CPF I, por entonces destinado a jóvenes adultos) a los ingresos no se los sacaba a recreo, 48 horas de encierro en celda, después los entrevistaba el jefe de módulo (para asignarles pabellón). Ese día (la noche de la muerte) me dice, ‘no me dieron comida, no me dan agua’. Si él no pedía (durante el tiempo de aislamiento), no lo sacaban. No pidió, así que el encargado no lo sacó ni le dio para comer, ni tomar. Eran como las doce de la noche y me golpea ‘el 19’ y me dice que si no tenía agua, que estaba sediento.”
(Testimonio de persona detenida ante la Procuración Penitenciaria de la Nación. Muerte por ahorcamiento. CPF I de Ezeiza, abril de 2017. Expediente administrativo EF 384/PPN/17)“Tenía miles de problemas. De un día para el otro lo dejaron sin trabajo. Todo tipo de problemas. Le decían que le iban a pasar (abonar) nada más que treinta horas (mensuales). El pibe estaba contenido porque por lo menos lo sacaban a trabajar, pero nos tuvieron dos semanas ahí adentro del pabellón, todo el día. ¿Sabés como empezás a ‘cajetear’ (pensar en los problemas)? (…) Acá en Módulo III estamos todo el tiempo encerrados. ¿Sabés lo que es para nosotros ir a trabajar afuera? Era un re logro, nos sentíamos que estábamos para salir a la calle, y de repente nos lo sacan. Venía decaído, pero se levantaba. Por lo menos salía y tenía una rutina. De repente lo dejaron acá adentro, y se cayó (anímicamente).”
La situación de encierro puede implicar otras experiencias estresantes, como en los casos de las nueve víctimas que perdieron contacto con sus familiares a partir de su encarcelamiento: visitas en condiciones inclementes, costos excesivos, traslados a lugares lejanos e inhóspitos suelen ser mencionados como las principales prácticas que desincentivan el contacto entre las personas detenidas y sus familiares (Gual, 2011).
(Testimonio de persona detenida ante la Procuración Penitenciaria de la Nación. Muerte por ahorcamiento. CPF I de Ezeiza, febrero de 2014. Expediente administrativo EF 238/PPN/14)“Estaba cansado, quería irse para la Unidad 7 y no lo atendía nadie. Quizás tanta soledad… tanta soledad, tanta angustia, tanta reja. El sistema te vuelve loco. Ya me quiero ir, estoy cansado. Era formoseño. Allá tenía visita, pero cuando lo trajeron para acá no tuvo más. Yo lo veía angustiado (…).”
Las sensaciones de agobio y frustración son otras consecuencias que puede provocar la situación de encierro en las personas detenidas. En la representación de presos y familiares, al menos cuatro víctimas de muerte por autoagresión evidenciaron sentimientos de hastío durante la detención, cuatro experimentaron miedo durante su situación de encierro y a dos les provocó sentimientos de profunda incertidumbre.
(Testimonio de persona detenida ante la Procuración Penitenciaria de la Nación. Muerte por ahorcamiento. CPF I de Ezeiza, diciembre de 2011. Expediente administrativo EF 121/PPN/12)“Estoy en el Pabellón E hace dos meses. Yo no tengo deseo de nada acá, me hace mal. Estoy (alimentándome) solo a mate y llorando en el teléfono. Quisiera que hablen con las autoridades para que me saquen de acá, de ingreso. En la Unidad 20 yo tenía educación y trabajo y acá no tengo nada.”
(Testimonio de persona detenida ante la Procuración Penitenciaria de la Nación. Muerte por ahorcamiento. CPF II de Marcos Paz, diciembre de 2018. Expediente administrativo EF 457/PPN/18)“Ellos saben que los de delitos sexuales acá tienen que estar separados del régimen común. Algunos acá quieren hacer justicia por mano propia. Los prenden fuego, los lastiman. (…) No pudo manejar la presión de saber eso, las causas que le estaban apareciendo.”
Además, en reiteradas ocasiones ese alto nivel de estrés carcelario ha sido identificado como causa de solicitudes de medidas de resguardo físico, inicio de medidas de fuerza, autolesiones y hasta intentos de suicidio. A lo largo del período de privación de libertad, de acuerdo con las investigaciones administrativas analizadas, al menos veinte víctimas de muertes por autoagresión se habían producido cortes y otras heridas, siete habían intentado suicidarse, treinta y tres habían puesto su cuerpo en riesgo mediante el inicio de una medida de fuerza y dieciocho habían solicitado algún tipo de protección en la modalidad de resguardo de la integridad física.
(Testimonio de persona detenida ante la Procuración Penitenciaria de la Nación. Muerte por ahorcamiento. CPF I de Ezeiza, abril de 2013. Expediente Administrativo EF 199/PPN/13)“En marzo, para que le den bola, se tragó el mango de la máquina de afeitar. Ya se había prendido fuego como cuatro veces antes de eso. De ahí creo que lo mandaron al pabellón H. Volvió, se prendió fuego de nuevo y después se termina ahorcando. Nunca lo llevaban al hospital, ni acá adentro ni al extramuros.”
Todas esas situaciones, una vez más, suponen una innegable responsabilidad penitenciaria. No solo porque es a partir de las propias prácticas del sistema penitenciario que muchas de ellas suceden, sino porque una vez experimentadas es obligación del sistema dar respuesta para ponerles fin o, al menos, reducir su impacto. No obstante, el régimen carcelario federal argentino se caracteriza por una irregular prestación de servicios de salud mental, combinada con una desregulación de la provisión de medicación psiquiátrica y distintos niveles de participación penitenciaria en el comercio y circulación de drogas (Procuración Penitenciaria de la Nación, 2018), dimensiones que se encuentran presentes por lo menos ocho de las investigaciones administrativas analizadas.
(Testimonio de persona detenida ante la Procuración Penitenciaria de la Nación. Muerte por ahorcamiento. Unidad n.º 7 de Resistencia, marzo de 2012. Expediente administrativo EF 134/PPN/12)“Cuando abrí la puerta lo encontré ahorcado, algo que él me había dicho que iba a hacer si le decían que no iba a ver más (la víctima padecía de ceguera avanzada). Lo bajé de la reja y lo llevé al ‘HPC’, el hospitalito del penal, al hombro lo llevé, ya estaba muerto. (…) Él se mató, nadie se ocupó de él cuando estaba vivo y ahora me traen a declarar, ahora se ocupan, después de muerto, no sé qué quieren averiguar, él se mató, se ocupan de él ahora cuando está dos metros bajo tierra.”
“Con respecto a la medicación dice que es ‘como sacar a los chicos al quiosco’: quieren todo y ahora; la medicación no está controlada (...). La presencia de los psicólogos en el pabellón no es muy frecuente, a pesar de las audiencias que efectúan otros (detenidos).”
(Testimonio de persona detenida ante la Procuración Penitenciaria de la Nación. Muerte por ahorcamiento. CPF IV de Mujeres, febrero de 2012. Expediente administrativo EF 129/PPN/12). Gráfico 6“Es todo por audiencias, cuando una necesita una psicóloga. Hace dos o tres meses yo necesité una psicóloga y lo que me contestaron era que la psicóloga que me atiende no estaba. Lo único que saben hacer es llevarte al Centro Médico a que te pongan un inyectable, te dejan dormir tres días, y cuando te despertás te sentís peor. A mí me pasó cuando perdí a mi mamá.”
Fuente: Investigaciones administrativas ante fallecimientos en prisión (Procuración Penitenciaria de la Nación).
Gráfico 6. Factores situacionales observados en casos de muertes por autoagresión bajo custodia penitenciaria. Registros objetivos y subjetivos, 2009-2018
Una vez más, los datos volcados en las investigaciones administrativas desplegadas por la Procuración Penitenciaria adolecen, sin dudas, de ciertos niveles de subregistro. Sin perjuicio de ello, logran identificar algunos factores situacionales que definen el estrés carcelario vivenciado actualmente en las prisiones federales argentinas y que se relacionan, en consecuencia, con la ocurrencia de muertes por autoagresión: registros de agresiones físicas, imposiciones de aislamiento, solicitud de medidas de resguardo, intentos de suicidio, autoagresiones y medidas extremas de fuerza se complementan con percepciones de terceros sobre el impacto que supuso en las víctimas la restricción de actividades laborales y visitas, la imposición de denigrantes condiciones materiales de encierro y traslados constantes, y sentimientos prolongados de hastío, miedo e incertidumbre.
Eventos desencadenantes
En las actuaciones administrativas analizadas, ha sido posible detectar también la percepción de situaciones críticas que operan como desencadenantes y precipitan el paso a la autoagresión. Desencadenantes que, al igual que en la investigación de Liebling, pueden ser de una evidente gravedad, pero también eventos calificados por los mismos actores como triviales.
En su investigación sobre suicidios en prisiones para jóvenes en Inglaterra y Gales, Liebling apuntó el siguiente listado de eventos desencadenantes: malas noticias familiares, ruptura de pareja o fracaso de una visita; reveses judiciales; conflictos con otros detenidos, evidenciados en prácticas de amenazas, bullying o “apriete” por deudas contraídas en prisión; incremento del estrés, por ejemplo, ante un ingreso reciente, la imposición de una sanción o un traslado a otro establecimiento (1992, p. 236).
Los desencadenantes relevados en las investigaciones por muertes bajo custodia del SPF, por su parte, parecen concentrarse en tres grandes grupos: los originados por la misma prisión, los causados por reveses judiciales y los relacionados con conflictos familiares.
Treinta y tres víctimas se encontraban, al momento de su muerte, atravesando alguna situación de aislamiento y al menos veintiséis experimentaban ese confinamiento en solitario desde escasos momentos antes de avanzar hacia la autoagresión. Diez habían sufrido poco tiempo antes una agresión física por parte de personal penitenciario, y doce habían padecido alguna situación conflictiva con otras personas detenidas. Nueve habían enfrentado un cambio de alojamiento recientemente, o se encontraban reclamándolo, y ocho habían visto fracasar un encuentro o comunicación telefónica con sus familiares. En muchos casos, estas situaciones se registraron combinadas, lo que incrementó aún más el nivel de estrés carcelario.
(Declaración judicial de persona detenida. Muerte por ahorcamiento. CPF I de Ezeiza, agosto de 2013. Expediente administrativo EF 216/PPN/13)“El día lunes 27 alrededor de las 23 horas, escucho ruidos y me asomo por el pasaplatos. Ahí veo, en la entrada del pabellón estaba un grupo de agentes penitenciarios del cuerpo de requisa, eran muchos, más de quince. Estaban vestidos como para hacer un procedimiento, con cascos, escudos, palos, rodilleras. Veo que traían a una persona detenida mientras le pegaban golpes de puño, patadas, palazos. Venía esposado y gritaba que no le peguen más, que ya estaba, que él solo quería ir con su hermano. (…) Luego él se recuesta un rato, me dice que estaba muy dolorido porque le habían pegado mucho.”
(Testimonio de persona detenida ante la Procuración Penitenciaria de la Nación. Muerte por incendio. Complejo Federal para Jóvenes Adultos, junio de 2013. Expediente administrativo EF 212/PPN/13)“Cuando pedimos que nos sacaran a recreo, y no lo hacían, empezaron a prender fuego. No creo que se haya querido suicidar, me parece que fue el contexto de que no nos dejaban salir (del aislamiento).”
(Testimonio de persona detenida ante la Procuración Penitenciaria de la Nación. Muerte por ahorcamiento. CPF II de Marcos Paz, febrero de 2014. Expediente administrativo EF 240/PPN/14)“Entró la semana pasada. Estuvo tres o cuatro días en el pabellón. No estaba mal. Estaba bajoneado porque esta es una cárcel inaccesible. Acá la familia casi no llega. No tenés transporte, te dan más vueltas con los trámites.”
(Testimonio de persona detenida ante la Procuración Penitenciaria de la Nación. Muerte por incendio. CPF II de Marcos Paz, enero de 2018. Expediente administrativo EF 419/PPN/18)“Se prendió fuego por las condiciones (en las celdas de aislamiento). Lo metieron en una celda llena de caca, sin agua. El pibe estaba reclamando sus derechos. Quería que lo cambiaran de celda. Lo entraron (al sector de aislamiento) a las 4.00 p.m., le dijo al encargado: ‘¿Cómo es? No quiero entrar. Esto está todo lleno de caca, no entro’. El encargado lo encerró igual. A las 8.00 p.m. con el cambio de guardia lo vuelve a pedir y le dijo que no, que los cambios de alojamientos se hacen de día. Siguió reclamando y nada. Como a las 10 o 12.00 de la noche, prendió fuego.”
Momentos antes de producirse estas muertes, las investigaciones administrativas registran al menos otras nueve medidas de fuerza, seis intentos de autolesiones y dos manifestaciones de ideación suicida recientes.
(Testimonio de persona detenida ante la Procuración Penitenciaria de la Nación. Muerte por ahorcamiento. CPF I de Ezeiza, julio de 2017. Expediente administrativo EF 395/PPN/17)“Hace una semana se mató un muchacho. Del Pabellón J vino (sancionado). La ‘gorra’ lo dejó morir. El día anterior prendió fuego la celda y el encargado estaba en la pecera con el celular y no hizo caso. No fue ni a apagar el fuego. Todavía están las cenizas, la puerta negra está. Lo dejaron pasar la noche ahí. Él no quería quedar ‘engomado’ en el pabellón. A la mañana lo escuché gritar que quería un colchón y frazadas, no tenía nada, no le habían dejado llevar ni el ‘mono’. Al día siguiente lo sacan y lo vuelven a meter todo ‘embartulado’, pasado de pastillas. Lo medicaron de más. A la noche se ponen a mirar una película y a dormir, no hacen nada, esto se pudo haber evitado.”
También, distintas resoluciones de la agencia judicial agravan el nivel de estrés carcelario, especialmente aquellas que suponen avances significativos en la acusación, sentencian a penas no esperadas o especialmente elevadas, o rechazan libertades. Al menos en dieciocho investigaciones administrativas, las personas entrevistadas identificaron reveses judiciales como desencadenantes de relevancia, entre ellos nueve rechazos de libertad y seis imposiciones de condena. La comunicación indolente de información tan sensible entre las agencias judiciales y penitenciarias, y la ausencia de estrategias en la prisión para enfrentar sus posibles consecuencias fatales, impiden exculpar a ambas esferas estatales por estas muertes.
(Testimonio de persona detenida ante la Procuración Penitenciaria de la Nación. Muerte por ahorcamiento. CPF I de Ezeiza, sector para jóvenes adultos, octubre de 2009. Expediente administrativo EF 28/PPN/09)“Vino desde tribunales. ‘Malas noticias’, dijo. Pidió asistencia social, psicólogo y enfermería. Se lo escuchó llamar al encargado; y después no se lo escuchó más. Cuando vino el recuento lo encontraron.”
(Testimonio de persona detenida ante la Procuración Penitenciaria de la Nación. Muerte por ahorcamiento. Alcaidía Judicial Unidad 28, ingreso reciente, enero de 2012. Expediente administrativo EF 123/PPN/12)“La primera charla la tuvimos cuando él bajó del juzgado, a eso de las 2 y media o 3 de la tarde. Cuando escuché que había vuelto, le pregunté, ‘eh, guachín, ¿qué te pasó?’. Ahí me dijo, ‘quedé re en cana, me saltó un secuestro’. Ahí se puso a ‘cajetear’ porque la vio a la mujer llorando y me preguntó a mí cuánto (tiempo de pena) le podrían dar. Le dije que no sabía cuánto le podían dar por un secuestro. Ahí le preguntó a los de la celda de enfrente, que son los que están al lado del baño, y le dijeron que le daban de 10 a 25 años. Ahí agarró y me dijo, ‘si tengo un cordón, me ahorco’. Yo le dije que no fuera tonto.”
En al menos veintidós casos las personas detenidas y sus familiares identificaron un desencadenante asociado a una mala noticia familiar -la muerte de una madre, la enfermedad de un hermano, la agresión sufrida por una hija- o una discusión o ruptura con la pareja.
(Testimonio de persona detenida ante la Procuración Penitenciaria de la Nación. Muerte por ahorcamiento. CPF I de Ezeiza, noviembre de 2016. Expediente administrativo EF 366/PPN/16)“El hermano tenía una piedra en el hígado, parece. Él se preocupaba mucho por el hermano. Hace tres semanas se lo llevaron al hospital. Mínimo tendrían que haberlo llevado a ver al hermano. Quería hablar con la familia, pero no tenía el teléfono, la agenda había quedado en el pabellón (el acababa de ser sancionado y trasladado al sector de aislamiento). Probó (de hablar por teléfono), se vio que no recordaba el teléfono, y se ‘engomó’. Ahí le vuelve a decir al encargado que se iba a ahorcar.”
Este tipo de desencadenante, los preferidos en los relatos oficiales, tampoco eximen de responsabilidad a la agencia penitenciaria, obligada a identificarlos de manera oportuna e intervenir adecuadamente para evitar un desenlace fatal.
Además, estos desencadenantes pueden ser comprendidos como fenómenos que actualizan a cada momento los elevados niveles de estrés que supone el ingreso a la prisión. Es por eso que además de verificarse un alto índice de muertes por autoagresión en el primer mes de detención (15%) y en el primer año (53%), vuelve a observarse un elevado porcentaje entre los doce meses y los cinco años de privación de libertad (39%). El escaso número de víctimas que fallecen por autoagresión pasados los cinco años de privación de libertad (7%) podría explicarse por el incremento de la capacidad de resistir el encierro una vez que las personas se adaptan al proceso de prisionización.
Por último, las investigaciones administrativas registran prácticas sumamente arraigadas en la cultura de la agencia penitenciaria asociadas al desmerecimiento de las amenazas latentes de autolesión, así como intervenciones inoportunas en el rescate.
(Testimonio de persona detenida ante la Procuración Penitenciaria de la Nación. Muerte por ahorcamiento. CPF I de Ezeiza, enero de 2015. Expediente administrativo EF 293/PPN/15)“Cuando estaba en la celda nos decía ‘por favor, golpeen la puerta así me abren y me cosen la cabeza’. Ahí entró de nuevo el encargado y le dijo ‘jodete por pelotudo’. Le cerraron nuevamente la puerta cuando él pidió que lo atiendan.”
(Testimonio de persona detenida ante la Procuración Penitenciaria de la Nación. Muerte por ahorcamiento. CPF I de Ezeiza, abril de 2017. Expediente administrativo EF 384/PPN/17). Gráfico 7“Alrededor de las doce de la noche se le escuchó decirle (algo) al celador. Le reclamaba que lo hiciera ver por el médico. Seguramente era para medicación psiquiátrica, él tomaba medicación. A las tres de la madrugada se lo escuchaba golpeando la puerta ¡Y gritaba! Y no se acercó nadie, se ve que en la pecera no había nadie. En toda la noche no se lo vio al celador, por eso lo encontró recién a las ocho de la mañana y no cuando ocurrió.”
Fuente: Investigaciones administrativas ante fallecimientos en prisión (Procuración Penitenciaria de la Nación)
Gráfico 7. Factores situacionales observados en casos de muertes por autoagresión bajo custodia penitenciaria. Registros objetivos y subjetivos, 2009-2018
Con las mismas salvedades realizadas en los apartados anteriores respecto a los indudables niveles de subregistro, los siguientes desencadenantes han sido registrados en las distintas investigaciones administrativas desplegadas por la Procuración Penitenciaria ante muertes por autoagresión: desde la imposición de aislamientos, agresiones físicas y traslados, hasta el padecimiento de autoagresiones, interrupciones de contactos familiares o malas noticias provenientes del núcleo familiar, incluyendo también la notificación de reveses judiciales como rechazos de libertades anticipadas e imposición de condenas sorpresivas o elevadas.
Conclusiones
Este trabajo se propuso analizar el fenómeno de las muertes por autoagresión bajo custodia penitenciaria en el sistema federal argentino, que tiene una relevancia significativa, al igual que en otros países en la región y en el mundo: las tasas anuales en Argentina resultan similares a las registradas en Uruguay, pero mayores a las de Brasil, mientras son igualadas o superadas por países del norte global como Francia, Alemania, Países Bajos e Inglaterra y Gales.
En un intento por avanzar en la comprensión del fenómeno se utilizó como soporte teórico de especial relevancia la investigación sobre muertes de jóvenes bajo custodia desarrollada en el Reino Unido por Alison Liebling. Se intentó en este trabajo salvar algunas de sus preocupaciones metodológicas: se tuvo por fuente principal a las investigaciones administrativas iniciadas por la Procuración Penitenciaria de la Nación ante cada muerte por autoagresión bajo custodia, las que, a su vez, muestran una especial preocupación por sumar las voces de los propios actores como fuente primordial, en lugar de contentarse con relevar registros oficiales. Allí donde fue posible, se utilizaron además estadísticas sobre población alojada en el Servicio Penitenciario Federal para que operase como grupo de comparación, y se exploró en qué medida ciertas variables muestran diferencias relevantes entre las víctimas de muertes por autoagresión y la totalidad de las personas detenidas en el SPF.
Algunas reflexiones permanecen pendientes para próximos trabajos, como un análisis focalizado en ciertos grupos sobrevulnerados, en particular mujeres, jóvenes adultos y el colectivo LGBTI, y la profundización del modo en que la agencia judicial investiga las muertes por autoagresión bajo custodia penitenciaria y construye una versión oficial sobre la responsabilidad estatal.
Retomando el diálogo con la investigación de Liebling, las muertes por autoagresión bajo custodia penitenciaria en el ámbito federal argentino también pueden ser comprendidas como la consecuencia de factores individuales y condiciones estructurales de detención. Se registró además la existencia de desencadenantes situacionales que fuera de la situación de encierro podrían ser considerados triviales, pero que observados de manera contextualizada precipitan la ocurrencia de autoagresiones de suma gravedad, en algunos casos fatales.
Aun sosteniendo la relevancia analítica de esa propuesta, en algunas ocasiones la división entre factores ajenos y propios de la prisión no resulta tan clara: la ruptura de una pareja puede ser consecuencia del encierro (traslado a una prisión lejana, pésimas condiciones para el ejercicio de las visitas) y la enfermedad de un familiar afecta de manera diferente cuando una persona esta privada de su libertad y siente un nivel de impotencia mayor.
Lejos de manifestarse como una situación imprevista, en reiteradas ocasiones la muerte por autoagresión es percibida como el desenlace explosivo de un conflicto persistente en el tiempo y agravado ante la inacción de la agencia penitenciaria. De la misma manera que al trazar las distancias entre indicadores de vulnerabilidad consecuencia de la prisión o preexistentes a la situación de encierro, también resulta complejo diferenciar en ciertos casos si las condiciones gravosas de privación de libertad deben ser comprendidas como factores de provocación de estrés carcelario o, más precisamente, como desencadenantes directos del acto.
De todos modos, si se pretendiera actualizar aquella propuesta pensada para el norte global, el Gráfico 8 reflejaría los principales emergentes identificados en casos de muertes por autoagresión bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal argentino en la última década.
Fuente: Elaboración propia, adaptdo de Liebling (1992)
Gráfico 8. Diagrama de factores y desencadenantes de muertes por autoagresión
El vínculo entre regímenes carcelarios gravosos y autoagresiones resulta, de todos modos, sumamente complejo: no todas las personas con antecedentes de autolesiones ni víctimas de tortura avanzan al recibir una sentencia condenatoria hacia la autoagresión. Una cuenta pendiente en esta línea de indagación es explicar por qué algunas personas presentan una menos capacidad para lidiar con el estrés carcelario y por qué un mismo régimen penitenciario se vuelve más mortificante en algunos casos que en otros.
Los factores personales, y hasta el impacto del proceso judicial, son los argumentos preferidos en las representaciones estatales sobre las muertes por autoagresión bajo custodia penitenciaria. De acuerdo con las investigaciones administrativas consultadas: algo andaba mal con las víctimas, les había afectado la noticia de una sentencia demasiado larga o una discusión con sus parejas. En contraposición, este trabajo permite reconocer una mayor relevancia de los factores situacionales. Se enumeran a continuación algunas pautas para sostener esta afirmación.
Los Complejos Penitenciarios Federal I de Ezeiza y II de Marcos Paz fueron habilitados en la misma época, con diseños arquitectónicos y capacidad de alojamiento similares, y están destinados a un mismo tipo de población. Construidos a principios del siglo XXI, de alojamiento predominantemente celular y con una capacidad superior a las dos mil plazas, cumplen la función de ser, junto al Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CPF CABA), las primeras prisiones para varones adultos mayores detenidos en la Ciudad de Buenos Aires. En la decisión sobre el alojamiento en una cárcel u otra no operan criterios de personalidad como psicopatologías previas, antecedentes de autolesiones o consumo problemático, ni inciden variables procesales como el tipo de delito o la condición de preso cautelar o reincidente. Pese a la consecuente semejanza en los factores personales, durante la década estudiada Ezeiza registra más del doble de muertes por autoagresión que Marcos Paz, 37 y 17 casos respectivamente.
Son los factores situacionales, y no individuales, los que explican también los diferentes registros de muertes por autoagresión entre los siete módulos o unidades residenciales en el CPF I de Ezeiza: lo que caracteriza a la Unidad Residencial IV -donde se concentran 13 de las 37 muertes por autoagresión- no son datos biográficos de las personas que la habitan, sino un nivel mucho más marcado de estrés carcelario.
Las variaciones en los casos registrados anualmente en distintas prisiones y para colectivos específicos sin haberse alterado significativamente las características personales de quienes allí se alojan resultan otro argumento para sostener la preeminencia de los factores situacionales sobre los individuales. En la identificación de alteraciones en el régimen penitenciario podría indagarse la explicación para la ausencia de muertes por autoagresión en el CPF IV de Mujeres en el período previo a la década estudiada, el registro de seis casos en los años 2009-2012 y nuevamente la ausencia de muertes por autoagresión desde entonces.
Para finalizar, la presencia de distintos factores preponderantes y experiencias vitales pone en evidencia diferentes grados de responsabilidad estatal ante las muertes por autoagresión, responsabilidades que superan las irregulares intervenciones ante las crisis ya desatadas, tanto mediante el desmerecimiento de la amenaza latente de autolesión como a través de la intervención inoportuna en el rescate.
Los factores individuales y los reveses judiciales, por ejemplo, no eliminan esa responsabilidad: a veces la prisión genera o acrecienta esos factores de riesgo, en otras ocasiones la agencia penitenciaria omite enfrentarlos a tiempo. Pero, por su carácter preponderante, resulta necesario continuar profundizando en la identificación empírica de las causas que hacen a la cárcel mortífera, o irresistible, provocadora de muertes por autoagresión bajo custodia, todas ellas responsabilidad del Estado.
